RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00472-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00472-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00472-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00472-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante la SECCIÓN QUINTA.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

La PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN, actuando a través de

su representante, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN QUINTA al haber proferido en segunda instancia la

sentencia de 2 de noviembre de 2023, dentro de la acción de

cumplimiento identificada con el número único de radicación 05001-

23-33-000-2023-00822-01.

I.2. Hechos

Señaló que, en desarrollo de sus funciones, solicitó al CENTRO DE

RESOLUCIÓN DE COMPARENDOS DE LA ALCALDÍA DE

MEDELLÍN la posibilidad de aplicar la figura de pérdida de

ejecutoriedad del acto administrativo, prevista en el artículo 91 de la

Ley 1437 de 20112, a las sanciones y comparendos impuestos por la

POLICÍA NACIONAL a los ciudadanos que desacataron el

aislamiento preventivo y las medidas de autocuidado durante el

período de la emergencia sanitaria por Covid 19.

2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Indicó que con ocasión a dicha petición la SECRETARÍA DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA- SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

LOCAL Y CONVIVENCIA- CENTRO DE RESOLUCIÓN DE

COMPARENDOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN expidió la Orden

de Policía núm. 478 de 14 de octubre de 2022, por medio de la cual

se declara el decaimiento de unas medidas correctivas, se inaplican

unas ordenes de comparecencia y no se impone multa.

Manifestó que mediante oficio núm. 2022030123264EI de 29 de

noviembre de 2022, solicitó a la POLICÍA METROPOLITANA DEL

VALLE DE ABURRÁ el cumplimiento de la aludida orden. Sin

embargo, mediante oficio núm. GS-2022-283349-MEVAL DISPO-

ESTPO-29.25 de 5 de diciembre de 2022, la entidad informó acerca

de la solicitud de revocatoria directa formulada ante la ALCALDÍA

DE MEDELLÍN y la imposibilidad de atender la solicitud de

cumplimiento hasta tanto se tuviera una respuesta del ente

territorial.

Aseguró que presentó acción de cumplimiento contra la POLICÍA

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ con el fin de obtener

el cumplimiento de la Orden de Policía núm. 478 de 14 de octubre de

2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Adujó que el proceso aludido fue identificado con el número único de

radicación 05001-23-33-000-2023-00822-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA3 que, mediante sentencia de 4 de octubre de 2023,

declaró improcedente la acción.

Aseveró que inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de

apelación ante la SECCIÓN QUINTA que, en providencia de 2 de

noviembre de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto material

o sustantivo al considerar que no estaba legitimada en la causa por

activa para ejercer la acción de cumplimiento, bajo el argumento de

que las pretensiones recaen sobre un acto administrativo de carácter

particular cuya efectividad debe ser objeto de demanda por parte de

los infractores a quienes les asiste el interés y beneficio respecto del

cumplimiento del acto.

Manifestó que la acción de cumplimiento sí resulta procedente para

solicitar a la entidad demandada el cumplimiento de lo dispuesto en

3
En adelante el Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

el acto administrativo, pues no cuenta con otros mecanismos de

defensa para solicitar la ejecución de lo allí dispuesto.

Aseveró que la providencia cuestionada trasgredió el debido proceso,

en la medida en que la SECCIÓN QUINTA se apartó del debate

jurídico propuesto en la impugnación, efectuando apreciaciones sin

fundamento legal o jurisprudencial al desestimar las pretensiones de

cumplimiento.

Finalmente, aseguró que la acción de tutela resulta procedente para

invocar el amparo de los derechos fundamentales alegados, ya que

se configura la existencia de un perjuicio irremediable representado

en la afectación al principio de seguridad jurídica frente a la decisión

de la autoridad administrativa que, a pesar de estar en firme y

vigente, la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

es renuente en ejecutar su cumplimiento situando a los infractores

en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales

invocados como vulnerados, en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

“[…] Con fundamento en las consideraciones expuestas y en las
pruebas aportadas, con el debido respeto y de manera comedida
solicito al señor juez constitucional TUTELAR en favor de la
PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN los DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Artículo 29
Constitucional y ACCESO A LA JUSTICIA artículo 229 ibidem,
vulnerados por la entidad accionada en la decisión proferida dentro
del proceso contencioso administrativo del medio de control de
cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto
administrativo bajo radicado 05001233300020230082200, y, en
consecuencia de lo anterior, se solicita lo siguiente:

PRIMERO: La protección de los derechos fundamentales invocados
por la agenciada por las consideraciones expuestas en el libelo
genitor.

SEGUNDO: Dejar sin efecto la sentencia de fecha 02/11/2023
proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta y en consecuencia a lo anterior,
ordenar que profiera una decisión en la que atienda los reparos
expuestos contra dicha providencia […]” (Negrilla pertenece al
texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA manifestó que la acción de tutela no

supera el presupuesto general de la relevancia constitucional, pues

pretende crear una instancia adicional, con el propósito de obtener

la revisión de la decisión de cumplimiento en procura de que se

ordene acatar un acto administrativo que se considera incumplido.

Igualmente, señaló que para resolver el asunto analizó el material

probatorio obrante en el expediente y determinó que existe una

controversia jurídica acerca de la legalidad del acto que se pretende

cumplir, por lo tanto al estar pendiente la resolución de la petición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

de revocatoria directa, la acción de cumplimiento se torna

improcedente.

Finalmente, aseveró que la decisión adoptada se ajustó

estrictamente a lo dispuesto por la norma, sin que con ello pueda

endilgársele el quebrantamiento de las garantías fundamentales

invocadas por la actora.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La TRIBUNAL señaló que la decisión proferida por el superior

funcional fue acertada y no vulneró las garantías fundamentales

invocadas por la actora, comoquiera que respecto a la legitimación

en la causa por activa se determinó que cada ciudadano destinatario

de la Orden de Policía núm. 478 de 2022, podía acudir de manera

directa a incoar la acción correspondiente.

Asimismo, aseguró que en aplicación de los requisitos de

procedibilidad y procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, no se evidencia que la decisión proferida en

segunda instancia hubiere incurrido en el defecto material o

sustantivo alegado, pues la misma se encuentra debidamente

motivada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

I.6.2.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA

NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en

las resultas del proceso, manifestó que no goza de legitimación en la

causa por pasiva para atender las pretensiones formuladas por la

parte actora.

En ese sentido, señaló que la competencia para dirimir el problema

jurídico planteado en el escrito de tutela recae exclusivamente en la

SECCIÓN QUINTA.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-

POLICÍA NACIONAL formuló petición de desvinculación de la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-

POLICÍA NACIONAL fue vinculada como accionada en la acción de

cumplimiento identificada con el número único de radicación 2023-

00822-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a la

entidad, como tercera, le asiste interés en la decisión de la acción

constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la

solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 2 de noviembre de 2023,

proferida por la SECCIÓN QUINTA dentro de la acción de

cumplimiento identificada con el número único de radicación 05001-

23-33-000-2023-00822-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o

sustantivo, toda vez que el juez de instancia no cuestionó la

constitucionalidad y legalidad del acto administrativo y, por lo tanto,

la acción de cumplimiento sí resulta procedente para solicitar a la

entidad demandada el cumplimiento de lo dispuesto en el acto

administrativo, pues no cuenta con otros mecanismos de defensa

para solicitar la ejecución de lo allí dispuesto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Aseveró que la providencia cuestionada trasgredió el debido proceso

en la medida en que la SECCIÓN QUINTA se apartó del debate

jurídico propuesto en la impugnación, efectuando apreciaciones sin

fundamento legal o jurisprudencial al desestimar las pretensiones de

cumplimiento.

Finalmente, aseguró la acción de tutela resulta procedente para

invocar el amparo de los derechos fundamentales invocados, ya que

se configura la existencia de un perjuicio irremediable representado

en la afectación al principio de seguridad jurídica frente a la decisión

de la autoridad administrativa que, a pesar de estar en firme y

vigente, la entidad demandada es renuente en ejecutar su

cumplimiento situando a los infractores en una situación de

vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.

Por lo anterior, la Sala debe determinar i) si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la

Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación

y, de superarse tal derrotero, ii) si la autoridad judicial accionada

vulneró los derechos invocados por la parte actora.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la

[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

objeto de estudio es de carácter meramente legal, además de recaer

sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto,

sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

accionada se apartó de los planteamientos formulados en la

impugnación al desestimar las pretensiones de cumplimiento, pues

de acuerdo a su criterio, el juez de instancia no cuestionó la

constitucionalidad y legalidad del acto administrativo y, por lo tanto,

la acción de cumplimiento sí resulta procedente para solicitar a la

entidad demandada el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de

Policía núm. 478 de 14 de octubre de 2022, pues no cuenta con otros

mecanismos de defensa para solicitar la ejecución de lo allí dispuesto.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, lo cual fue resuelto por la

SECCIÓN QUINTA, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

“[…] 2.2. Problemas jurídicos para resolver en la presente
acción de cumplimiento

28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o
revoca la sentencia proferida el 4 de octubre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad,
que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad
encargada de acatar el numeral tercero de la Orden de Policía
N.º 478 del 14 de octubre de 2022?

(ii) ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento?

29. De ser afirmativas las respuestas, se deberá resolver el
siguiente interrogante:

(iii) ¿Debe ordenarse al comandante de la Policía Metropolitana
del Valle de Aburra que cumpla con el numeral tercero de la
Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022? […]

39. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió
con su carga de probar que constituyó en renuencia a la
accionada, antes de instaurar la demanda.

40. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es
importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que,
«el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»15, ya que no se ha dado por demostrado su
agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».

41. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé
respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»16.

42. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa
que la pretensión del señor William Yeffer Vivas Lloreda se dirige
a que se cumpla el numeral tercero17 de la Orden de Policía N.º
478 del 14 de octubre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

43. Revisado el expediente, se encuentra que el 25 de noviembre
de 2022 la Personería Distrital de Medellín elevó petición ante la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con el fin de que se
acatara la referida orden.

44. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá, mediante Oficio GS-2022-283349-MEVAL del 5 de
diciembre de 2022, contestó el requerimiento, así: […]

45. De acuerdo con lo expuesto, es claro que el requisito de
constitución en renuencia, frente a la disposición reclamada en
cumplimiento a través de este mecanismo constitucional, operó
de manera satisfactoria.

46. Lo anterior, por cuanto la petición que presentó el accionante
fue clara en solicitar el cumplimiento del numeral tercero de la
Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022 y la
respuesta dada por la autoridad accionada fue contraria al
querer del ciudadano.

2.3.3. Requisitos de procedencia

47. El señor William Yeffer Vivas Lloreda, en calidad de
personero Distrital de Medellín, pretende que se ordene a la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que cumpla con lo
dispuesto en el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478
del 14 de octubre de 2022.

48. La referida dependencia ha sido renuente en acatar ello, por
cuanto, a su juicio, dicha decisión es «abiertamente
inconstitucional» y por esa razón presentó una solicitud de
revocatoria directa ante la Alcaldía de Medellín.

49. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de
Oralidad, mediante sentencia del 4 de octubre de 2023, declaró
improcedente la acción de cumplimiento, al concluir que:

Así las cosas, es claro que, cada uno de los infractores que
hacen parte del Anexo 1, quienes se benefician de la
decisión adoptada mediante acto administrativo de carácter
particular, pueden acudir a los medios de defensa
administrativos o judiciales disponibles en el ordenamiento
jurídico para hacer efectiva dicha pretensión.

50. Inconforme con lo anterior, el accionante impugnó y precisó
que tenía legitimación en la causa por activa para promover el
trámite del vocativo de la referencia, por lo que se debían
proteger los derechos fundamentales vulnerados con ocasión de
la omisión de la administración y ordenar que se acatara lo
ordenado en el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

del 14 de octubre de 2022.

51. La Sala advierte que la acción de cumplimiento es
improcedente, por las razones que se exponen a continuación:

52. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
ha insistido en que la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre
de 2022 es contraria a la Norma Superior, toda vez que
considera que las autoridades que profirieron esa decisión no
tenían competencia para ello y, en consecuencia, puede inaplicar
la orden del numeral tercero por resultar «Inconstitucional».

53. Igualmente, precisó que se solicitó ante la Alcaldía de
Medellín la revocatoria directa de dicho «acto», pero a la fecha
no se ha emitido algún pronunciamiento. Sin embargo, el
demandante le ha reiterado en varias ocasiones que debe
cumplir con dicha orden.

54. En este punto, conviene precisar que el señor William Yeffer
Vivas Lloreda considera que el numeral tercero de la Orden de
Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022 contiene un mandato
claro, expreso y exigible; mientras que la autoridad demandada
estima que dicha disposición es inconstitucional e ilegal, al punto
que presentó una solicitud de revocatoria directa.

55. Lo anterior significa que existe controversia jurídica entre las
partes en cuanto a la constitucionalidad y legalidad de la decisión
que se pretende hacer cumplir, lo cual le corresponde resolver
al juez natural de la causa a partir del mecanismo judicial que a
bien tengan ejercer las partes, según los intereses que persigan.

56. Así, se concluye que en este caso no acreditaron los
presupuestos de procedencia del mecanismo constitucional del
vocativo de la referencia.

57. Al respecto, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció
que la acción de cumplimiento no procederá «cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo,
que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante».

58. Igualmente, esa misma disposición establece que el
mecanismo establecido en el artículo 87 de la Constitución «no
procederá para la protección de derechos que puedan ser
garantizados mediante la acción de tutela», como lo indicó
expresamente el señor William Yeffer Vivas Lloreda en la
demanda y en la impugnación que presentó, cuando afirmó que
el incumplimiento transgredía garantías subjetivas superiores.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

59. Debe aclararse que, el demandante indicó que los derechos
fundamentales que resultaban lesionados por el incumplimiento
alegado eran los de las personas infractoras y no los de él, razón
por la cual le correspondería a cada uno de esos ciudadanos, si
lo considerar, acudir al juez de tutela.

60. Además, también conviene precisar que las partes aceptaron
que se presentó una solicitud de revocatoria directa y no obra
prueba de que se haya resuelto, por lo que, ante una situación
administrativa que no se ha consolidado, le está vedado al juez
de cumplimiento proferir algún pronunciamiento sobre el fondo
de la constitucionalidad y legalidad de la Orden de Policía N.º
478 del 14 de octubre de 2022.

61. Desde ese panorama, es evidente que la acción
constitucional del vocativo de la referencia resulta improcedente.

62. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida
el 4 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta de Oralidad, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

2.4. Conclusión

63. La acción de cumplimiento del vocativo de la referencia
resulta improcedente, comoquiera que existe controversia en
cuanto a la constitucionalidad y legalidad de la Orden de Policía
N.º 478 del 14 de octubre de 2022, se busca la protección de
derechos fundamentales y, ante el trámite de la revocatoria
directa, la situación administrativa no se ha consolidado […]”.
(Negrilla pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se

evidencia que la autoridad judicial, en primer lugar, realizó un

estudio jurídico respecto del requisito de constitución de renuencia

y, concluyó que dicho requisito operó de forma satisfactoria, por

cuanto la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá contestó de

manera negativa la petición de cumplimiento mediante oficio núm.

GS-2022-283349-MEVAL del 5 de diciembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

En segundo lugar, la SECCIÓN QUINTA evidenció que la acción de

cumplimiento es improcedente, al advertir que existe una

controversia jurídica entre la actora y la entidad demandada, lo

anterior, en razón a que el comandante de la Policía Metropolitana

del Valle de Aburra ha insistido en que el acto administrativo objeto

de cumplimiento es contrario al ordenamiento jurídico y, por lo

tanto, solicitó ante la Alcaldía de Medellín la revocatoria directa del

mismo, petición que no había sido resuelta para la fecha en la que

se profirió la sentencia.

En ese sentido, la SECCIÓN QUINTA afirmó que la actora no

acreditó uno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de

cumplimiento, en tanto le corresponde al juez natural de la causa

resolver la constitucionalidad y legalidad de la decisión que se

pretende hacer cumplir.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada concluyó que contra el

acto administrativo del que se pretende el cumplimento estaba

pendiente por resolver una solicitud de revocatoria directa, razón por

la que no había lugar a proferir un pronunciamiento de fondo

respecto de la legalidad de la Orden de Policía núm. 478 del 14 de

octubre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Sobre el particular, la Sala destaca que las inconformidades

formuladas por la actora no tienen vocación de prosperidad, pues

resolver tal argumento sería realizar un estudio de mera legalidad

que ya se surtió dentro del medio de control de cumplimiento, pues

la parte actora pretende que en sede de tutela se estudie las razones

y fundamentos propuestos en el escrito de la demanda de

cumplimiento, lo que torna la acción de tutela improcedente, ya que

este mecanismo no está instituido para ser ejercido como una

instancia adicional a las establecidas por el legislador en los procesos

ordinarios.

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración del derecho fundamental al debido proceso o al acceso

a la administración de justicia, invocados por la actora y, por el

contrario, se destaca que sus argumentos fueron analizados y

resueltos por la SECCIÓN QUINTA y, en esa medida, solo se

procura su discusión en sede de tutela para buscar la oportunidad

de debatir, en sede constitucional, la posición de la parte actora, lo

cual resulta improcedente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado,

pues en la providencia objeto de censura, se explicaron las razones

por las cuales se encontraba ajustada a derecho la decisión de

declarar improcedente la acción de cumplimiento.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201714, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201815, se sostuvo

lo siguiente:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto lo pretendido por la actora era que se volviera a decidir sobre

la controversia resuelta por el juez natural, sin que se observara que

este actuó de forma arbitraria, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de relevancia

constitucional.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00472-00
Actora: PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.