Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2023-00929-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de noviembre de 2023
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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00929-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00929-01
Accionante: Paula Andrea Jaramillo Montoya
Accionados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, y otros
Temas: Acción de tutela vacaciones de secretaria de juzgado con
función de control de garantías. Expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal para nombramiento de reemplazo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, mediante su representante, en contra de
la sentencia del 6 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión.
ANTECEDENTES
La señora Paula Andrea Jaramillo Montoya, en nombre propio, instauró acción
de tutela, en aras de que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo; a
la dignidad humana; a la igualdad; a la salud; al descanso real, efectivo y
remunerado y a la recreación de los niños, los cuales considera vulnerados por
el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
ambulante de Antioquia, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
HECHOS
Manifestó que el 18 de agosto de 2023 solicitó junto con el titular del Juzgado
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Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías ambulante de
Antioquia, que se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal ante el
área financiera del Consejo Seccional de Antioquia, para disfrutar de sus
vacaciones, causadas del 03 de noviembre de 2020 al 02 del mismo mes de
2021, y nombrar su reemplazo.
Adujo que el 30 de agosto de 2023 el doctor Mauricio Alexander Avalo Ospina,
coordinador del área financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, expidió el CDP núm. 050323, mediante el
cual se aprobó el presupuesto para cancelar sus vacaciones y primas
respectivas, a partir del 29 de diciembre de 2023 y hasta el 19 de enero de 2024.
Asimismo, señaló que el 5 de septiembre de 2023 la directora Rosa Amelia
Moreno Orrego allegó Oficio DESAJME023-3785, a través del cual le informó al
juez titular del despacho, donde labora, que no era posible expedir el CDP para
autorizar el reemplazo, dado que de conformidad con la Circular DESAJME18-
5220, el rubro de “servicios prestados por vacaciones personal titular” tiene
restricciones presupuestales.
Aunado a lo anterior, precisó que cumple con los requisitos del Oficio
DESAJME023-3785 del 5 de septiembre de 2023, comoquiera que labora en un
juzgado, donde la planta de personal es inferior de 3 o menos cargos (lo
conforman el juez nominado y un secretario municipal) y su régimen de
vacaciones es individual.
Expuso que el 20 de septiembre de 2023 su nominador expidió la Resolución
núm. 5, mediante la cual le negó sus vacaciones, argumentando la imposibilidad
de otorgarlas, dada la necesidad del servicio y dispuso aplazar las mismas, hasta
tanto se disponga del presupuesto para su reemplazo.
La señora Paula considera que las accionadas vulneran sus derechos
fundamentales al trabajo; a la dignidad humana; a la igualdad; a la salud; al
descanso real, efectivo y remunerado y a la recreación de los niños, en la medida
en que es “madre cabeza de familia de una menor de 6 años, (tengo su custodia,
cuidado exclusivo y permanente) quien para esa fecha también se encontrará en las
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vacaciones de fin de año y este tiempo lo destinaré a su cuidado y a un paseo que valga
resaltar ya fue cancelado en su totalidad, puesto que apenas recibí el 30 de agosto de
los corrientes el C.D.P para el disfrute, empecé a planear las mismas cancelado (sic)
tiquetes aéreos a Punta Cana más hotel y crucero”.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo; a la dignidad
humana; a la igualdad; a la salud; al descanso real, efectivo y remunerado y a la
recreación de los niños y, en consecuencia, se le ordene a) al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público otorgar el presupuesto requerido, para el pago de su
reemplazo durante el periodo de vacaciones y b) a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia y al área financiera de la
Dirección Seccional de Antioquia, para que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes, en aras de expedir el
respectivo CDP que se requiere para que el señor juez Tercero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías ambulante de Antioquia, proceda a
conceder las vacaciones.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 25 de septiembre de 2023 el magistrado ponente de primera instancia admitió
la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las accionadas y vinculó al
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, como tercero interesado.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
ambulante de Antioquia presentó informe a través del cual señaló que mediante
la Resolución núm. 05 del 20 de septiembre de 2023 le negó las vacaciones a la
accionante, por necesidad del servicio, ya que de acuerdo al Oficio
DESAJME023-3785 del 5 del mismo mes y año, no hay apropiación presupuestal
para autorizar el reemplazo de la accionante, mientras su periodo de vacaciones,
por lo cual es imposible conceder el permiso, ya que es la única empleada del
despacho.
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La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
presentó informe donde argumentó que su labor fue acorde a la normatividad que
regula la materia; adicionalmente, señaló que la Dirección no es la encargada de
administrar, apropiar o adicionar el presupuesto, sino que actúa como simple
ejecutor.
El Ministerio de Hacienda guardó silencio.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia rindió informe a través
del cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que el CDP que requiere la accionante debe ser expedido
directamente por el área financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, por lo tanto, esta corporación no es la
dependencia responsable de atender el asunto objeto de tutela.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 6 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión tuteló los derechos fundamentales invocados por la accionante y le
ordenó, en primer lugar, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Medellín que en el término de 15 días siguientes a la notificación del fallo,
realizara las gestiones administrativas y presupuestales tendientes a obtener el
CDP que le permita al juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías ambulante de Antioquia nombrar el reemplazo de la accionante, quien
ocupa el cargo de secretaria y, en segundo lugar, al despacho antes
mencionado que en el plazo de 48 horas, siguientes a la notificación de la
providencia le informe a la señora Paula la fecha a partir de la cual empieza a
disfrutar de sus vacaciones.
Lo anterior teniendo en cuenta que, las razones que fundamentan la negativa
del derecho a las vacaciones de la accionante resultan insuficientes y contrarias
a las garantías del trabajador, pues el goce de sus vacaciones está íntimamente
ligado al derecho a un trabajo en condiciones dignas.
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Así las cosas, la Sala consideró que las decisiones emitidas por las accionadas
impiden el derecho al disfrute de las vacaciones de la señora Paula, máxime si
se tiene en cuenta que las razones que la limitan son meramente administrativas
y presupuestales, cargas que no debe asumir esta.
IMPUGNACIÓN
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
impugnó la sentencia con fundamento en los siguientes argumentos, en primer
lugar, señaló que la Dirección Seccional no es la responsable de la decisión que
pueda tomar el nominador de no autorizar el disfrute vacacional de la empleada;
en segundo lugar, expuso que los bienes y recursos que administra, dependen
de los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual proceder con la expedición
del CDP para cubrir los gastos por reemplazo de la accionante, no está en
manos de esta ordenadora del gasto.
En tercer lugar, mencionó que no es dable que el juez de tutela decida en todos
los asuntos públicos de orden presupuestal, pues ello contraría la Constitución
Política, ya que los jueces de tutela no pueden ordenar apropiaciones del gasto
del presupuesto nacional y, en cuarto lugar, alegó que “Para lograr el cometido de
la sentencia, tal como se evidencia en solicitudes presupuestales realizadas y aún no
atendidas por quien administra el presupuesto de la Rama Judicial, se hace necesario
la disponibilidad de recursos; los mismos que hasta la fecha de hoy no existen o ya
fueron comprometidos, tácitamente, sobre sentencias y fallos previos del mismo tenor
y frente a otros servidores judiciales”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará las siguientes temáticas: I) derecho al
descanso del servidor judicial y II) el caso concreto.
I) El derecho al descanso del servidor judicial
El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
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muy temprana1, como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7° determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7° del Protocolo de San Salvador2.
Las vacaciones son consideradas como la manera de recuperar las fuerzas,
tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar o en
ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de
dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se
denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar
de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda
el servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido receso que les
permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos,
dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el
ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.
Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual
1 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004 y C-035
de 2005.
2 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del
tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”.
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debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que
sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de
este derecho.
II) Caso concreto
A la Sala le corresponde examinar si en el presente asunto es procedente revocar
la sentencia de tutela de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y, en su lugar, acceder a los argumentos
expuestos en el recurso de impugnación interpuesto por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín.
Para resolver lo anterior, la Subsección advierte que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín insiste en que no le ha
vulnerado a la accionante los derechos invocados; en la medida en que, no es la
responsable de la decisión que tomó el nominador de no autorizar el disfrute
vacacional de la señora Paula, su función solo es administrar los recursos y
bienes que sitúen desde la Dirección Ejecutiva del nivel central y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y no tiene autonomía para apropiar y adicionar el
presupuesto.
Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente, se advierte que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín expidió el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal núm. 050323 del 30 de agosto de 2023, para
cancelar las vacaciones y primas correspondientes de la señora Paula Andrea
Jaramillo Montoya, a partir del 29 de diciembre del presente año; no obstante, a
través del Oficio DESAJMEO23-3785 del 5 de septiembre de la misma anualidad
negó el CDP para nombrar el reemplazo de la accionante.
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
ambulante de Antioquia a través de la Resolución núm. 005 del 20 de septiembre
de 2023 le negó las vacaciones a la accionante, en vista de que no fue posible
expedir el CDP para nombrar su reemplazo.
Al respecto, la Circular DESAJME18-5220 del 18 de julio de 2018 establece que
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la “apropiación presupuestal para el rubro “servicios prestados por vacaciones personal
titular” se encuentra con restricciones presupuestales para el presente año, solo la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial situara los recursos para los funcionarios
(jueces) que permanezcan al régimen de vacaciones individuales y excepcionalmente
cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren
en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos” (negrilla fuera de texto
original)
En esa medida, la Subsección advierte que el descanso ha sido reconocido por
la Corte Constitucional como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo emitido por el legislador.
Así, las vacaciones tienen como finalidad que los trabajadores obtengan un
descanso de las funciones del trabajo que han desempeñado por un tiempo
prolongado y, con ello, recuperen fuerzas intelectuales y materiales y disfruten
de espacios que proporcionen esparcimiento y relajación, con el propósito de
mantener el equilibrio mental y físico necesario para lograr su realización como
individuo.
En ese orden de ideas, se tiene que la señora Paula Andrea Jaramillo Montoya
se desempeña como secretaria del Juzgado 03 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías ambulante de Antioquia, despacho en el cual la planta de
personal es de 2 cargos, el del juez y el de la accionante, por lo tanto, procede la
excepción que contempla la Circular DESAJME18-5220 del 18 de julio de 2018,
antes citada.
Por lo tanto, no es de recibo el argumento que empleó la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín consistente en que no se cuenta
con la apropiación presupuestal para proveer el reemplazo de la accionante, pues
esta no solo es la encargada de administrar los recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial, sino también de gestionar ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial central la obtención de los mismos, tal y
como lo ha hecho a través de los oficios DESAJMEO23-2945 del 19 de julio;
DESAJMEO23-3038 del 25 de julio; DESAJMEO23-3762 y DESAJMEO23-3921
del 5 y 21 de septiembre de 2023, en los cuales ha solicitado ante la Dirección
central la apropiación presupuestal para gastos personales de nómina temporal
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reemplazo por vacaciones
Además, esto debió preverse porque es un derecho adquirido del funcionario
judicial que una vez cumpla con la prestación del servicio durante un año tenga
derecho al disfrute de sus vacaciones. En el presente asunto, sea del caso
señalar que la accionante tiene pendiente 2 periodos por vacaciones, esto es del
03 de noviembre de 2020 al 02 de noviembre de 2021 y del 03 de noviembre de
2021 al 02 de noviembre de 2022.
En esa medida, la privación del derecho al descanso impuesta a la accionante
configura un sacrificio que no tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, ya que
las implicaciones presupuestales no son un factor imprevisible para los
ordenadores del gasto, en tanto que el funcionario judicial tiene derecho a las
vacaciones y este requiere, en principio, la designación de un reemplazo, para
garantizar la debida prestación de la administración de justicia y más aún en este
caso, cuando este despacho solo cuenta con dos cargos en su planta de
personal.
De esta forma, se concluye que le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Medellín realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias,
en aras de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, para nombrar el
reemplazo de la accionante en el cargo de secretaria, durante sus vacaciones y
así, el Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
ambulante de Antioquia pueda realizar el respectivo nombramiento.
En consecuencia, de las razones expuestas, se confirmará la sentencia de
primera instancia del 6 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.
Por otro lado, no es demás precisar que, la Dirección en cumplimiento del fallo
del 06 de octubre de 2023 expidió el Oficio DESAJMEO23-4446 del 20 de octubre
del mismo año, a través del cual le informó al Juzgado tercero Penal Municipal
de Control de Garantías Ambulante de Antioquia sobre la disponibilidad
presupuestal para el reemplazo de las vacaciones de la señora Paula Jaramillo,
a partir del 29 de diciembre del presente año y hasta el 19 de enero de 2024
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(CDP 123).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 6 de octubre de 2023 de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
mediante la cual se amparó el derecho invocado, conforme a los motivos
señalados en la parte considerativa de este fallo.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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