Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01198-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
15 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-01198-001
Actora : Paola Andrea Arias Montoya
Accionados : Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Tema : Disponibilidad presupuestal para designar reemplazo durante
vacaciones
Derechos : Al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud y al
presuntament descanso remunerado
e vulnerados
Procede la Sala a dictar sentencia dentro del trámite de la acción de tutela
incoada por la señora Paola Andrea Arias Montoya en contra de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la salud y al descanso remunerado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el
expediente, así como los argumentos expuestos por la actora. Luego, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de esta acción de
tutela.
Hechos
a) El 26 de enero de 2024 la accionante, quien actualmente desempeña el cargo
de Juez Primero (1°) Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar – Antioquia, solicitó
ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín expedir el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de asignarle
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Expediente digital disponible en Samai.
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un reemplazo mientras disfruta de su periodo de vacaciones individuales
causadas entre el 11 de enero de 2022 al 10 de enero de 2023, para disfrutar del
1° al 25 de abril del presente año.
b) Mediante correo electrónico del 6 de febrero de 2024, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín allegó el C.D.P. 008424 del 6 del mismo mes
y año, con relación a la disponibilidad presupuestal para cancelar las vacaciones y
las primas vacacionales de la actora. Si embargo, con relación al certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo, le informó que lo estaría
remitiendo a finales de febrero del año en curso, cuando se adicionarán las
apropiaciones presupuestales para ese rubro.
c) El 29 de febrero de 2024 a través de correo electrónico, la Dirección Seccional
Medellín, le indicó a la actora que no era posible expedir certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo, en razón a que, de
acuerdo con la apropiación presupuestal, no había disponibilidad debido a las
medidas de austeridad en el gasto implementadas por el Gobierno Nacional.
d) El 04 de marzo siguiente, la accionante radicó ante la relatoría del Tribunal
Superior de Antioquia, solicitud de vacaciones detallando los motivos por los
cuales no adjuntó el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo
de sus vacaciones, recibiendo como respuesta que, mientras no se contara con la
totalidad de los documentos requeridos para esa clase de solicitudes, no se
tendría por debidamente formalizada, además de indicarle que aún contaba con
el término dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 para aportar el CDP
para reemplazo de vacaciones.
La demanda de tutela.
La señora Paola Andrea Arias Montoya, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales antedichos, presuntamente vulnerados por la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Medellín, Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.
Por consiguiente, solicitó ordenar a las entidades accionadas, «que eliminen las
barreras para que la suscrita pueda acceder al disfrute de las vacaciones […] las
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cuales dese[a] disfrutar del 1 al 25 de abril del presente año, expidiendo el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal para que el Tribunal
Superior de Antioquia pueda concederlas y hacer la designación para el
reemplazo de las mismas».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 13 de
marzo de 2024 admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión ordenó
notificar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y al Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia.2
Sostuvo que, certificó a través de CDP No. 008424 la disponibilidad presupuestal
para cancelar vacaciones y primas vacacionales a la accionante, sin embargo,
precisó que no se situaron los recursos para expedir el CDP para el reemplazo de
la actora en su periodo de vacaciones.
Por otra parte, advirtió que, debido a la falta de recursos, el 12 de marzo de 2024
fue remitida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial oficio
DESAJMEO24-998, solicitando apropiación presupuestal para gastos con el fin de
garantizar el derecho al descanso de los servidores judiciales, sin que a la fecha,
se hayan generado los recursos para cubrir el reemplazo de las vacaciones.
Finalmente, concluyó que, no es de su resorte la responsabilidad de la
administración del presupuesto institucional, pues dicha entidad actúa como mero
ejecutor, sin disponer de autonomía alguna para adicionar o apropiar
presupuesto.
2.1.2 Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
2
Por intermedio de Directora Ejecutiva Seccional.
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Actora: Paola Andrea Arias Montoya
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar el eventual quebranto de derechos
de linaje fundamental que pueda comportar la negativa de las autoridades
accionadas de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de
que se nombre el correspondiente remplazo laboral, para que la accionante pueda
disfrutar de su período de vacaciones causado entre el 11 de enero de 2022 y el
10 de enero del 2023, sin que ello afecte el normal funcionamiento del Juzgado
Primero (1°) Promiscuo de Familia del Circuito de Ciudad Bolívar – Antioquia, a
cargo de la funcionaria Paola Andrea Arias Montoya, con ocasión de la solicitud
formulada el 26 de enero de 2024.
3.3 Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos.
El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que esta, en
principio, únicamente procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, sin embargo, aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual
y subsidiario, procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento
constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección
de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.
La jurisprudencia constitucional3 ha anotado que, la acción de amparo resulta
improcedente para controvertir actos administrativos, por cuanto el marco jurídico
consagra otros mecanismos judiciales para debatir su presunción de legalidad,
3
Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actora: Paola Andrea Arias Montoya
que son los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho.
No obstante, la Corte Constitucional4, como excepción a la anterior regla, ha
indicado que la tutela es procedente cuando por conducto de ella, se controvierten
decisiones administrativas relacionadas con controversias en las que están
inmiscuidos derechos fundamentales de personas en condición de vulnerabilidad
manifiesta, porque imponerles la obligación de agotar los medios ordinarios, haría
más gravosa su situación.
De conformidad con lo expuesto, aunque la decisión administrativa, de no expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para que la actora pueda
disfrutar del descanso que reclama en estas diligencias, es susceptible de ser
atacada ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través de los medios de
control dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), estos no gozan de la efectividad suficiente
para salvaguardar con celeridad sus garantías constitucionales, máxime cuando
las vacaciones son un derecho laboral que prescribe dentro de los 4 años
siguientes a su causación5, lo que impone examinar de fondo la solicitud de
amparo.
3.4 Caso concreto.
Resulta necesario recordar que la Carta Política, en su artículo 25, incluyó el
derecho al trabajo dentro del listado de los fundamentales, así:
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Con el propósito de materializar dicha garantía superior de los trabajadores, el
artículo 53 de la Constitución Política autorizó al Congreso de la República para
expedir el estatuto del trabajo, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes
principios mínimos: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
4
Sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Decreto 1045 de 1978: “ARTÍCULO 23. De la prescripción. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de
vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero prescribe en
cuatro años, que se contarán a partir de la fecha en que se haya causado el derecho. El aplazamiento de las vacaciones
interrumpe el término de prescripción, siempre que medie la correspondiente providencia. Solo se podrán aplazar hasta las
vacaciones correspondientes a dos años de servicio y por las causales señaladas en este decreto”.
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Actora: Paola Andrea Arias Montoya
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos
y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad” (énfasis propio).
Conforme a lo anterior, se tiene que las vacaciones son un derecho laboral de
carácter fundamental e irrenunciable al que tienen derecho los trabajadores, cuya
finalidad es “permitir el descanso (…), cuando éstos han laborado por un lapso
considerable (…), con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el
desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además,
asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras de
procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad”6.
Sobre el particular, la Corte Constitucional7 sostuvo:
(…) 3. Salvo excepciones legales favorables, todo empleado público
o trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de
vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de
las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045
de 1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido
universalmente como una garantía laboral que “ofrece a los
trabajadores una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar
sus facultades”8.
Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter
remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los
servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues “sin
el descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las
condiciones físicas y mentales indispensables para trabajar”9. Así, el
artículo 18 del Decreto 1045 de 1978 establece que “el valor
correspondiente a las vacaciones que se disfruten será pagado, en
su cuantía total, por lo menos cinco (5) días (sic) de antelación a la
fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado”.
Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho
irrenunciable del trabajador, por lo que “se considerará nulo todo
6
Sentencia C-35 de 25 de enero de 2015, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
7
Sentencia T-76 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.
8
Considerandos de la Recomendación 47 “sobre las vacaciones anuales pagadas” de la OIT.
9
Sentencia T-09 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
6
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01198-00
Actora: Paola Andrea Arias Montoya
acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones
anuales pagadas o la renuncia a las mismas”10, de ahí que cuando
se adquiere el derecho a las vacaciones, estas deberán ser
concedidas por el jefe del organismo de oficio o a petición del
interesado11. No obstante, ello no significa que el empleado debe
disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el derecho,
pues el período de descanso podrá interrumpirse (art. 15 Decreto
1045 de 1978), aplazarse (art. 9 del Decreto 3135 de 1968) o,
excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada,
compensarse en dinero. Con relación a esta última opción, la Corte
dijo que “es igualmente razonable que, en casos especiales, como
el perjuicio para la economía nacional o la industria, el patrono deba
solicitar la autorización para compensar las vacaciones, pero sólo
en una proporción que no exceda la mitad de éstas. Es decir, el
trabajador siempre debe gozar efectivamente de un período en el
que pueda descansar.12
Por otra parte, de conformidad con la Sentencia SU-296 de 2023 de la Corte
Constitucional13, “la garantía del derecho al descanso no solo implica que se
observe su dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales como
la calidad del descanso, el bienestar físico y mental del trabajador, así como su
autonomía en la gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al
descanso se vería afectado si durante este período se le siguen asignando al
trabajador tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación
de las mismas al momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad de
repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como en su bienestar
general”.
De manera que, al ser el descanso un derecho fundamental del trabajador es
susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela cuando se evidencie
su quebranto.
Aunado a lo expuesto, para los servidores judiciales, la legislación ha previsto dos
regímenes de vacaciones: las colectivas y las individuales, que se encuentran
reguladas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199614, que prevé:
Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
10
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
11
Artículos 12 del Decreto 1045 de 1978 y 45 del Decreto 1848 de 1969.
12
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
13
M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
14
“Estatutaria de la administración de justicia”.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01198-00
Actora: Paola Andrea Arias Montoya
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en
los demás casos, por un término de veintidós días continuos por
cada año de servicio.
Por lo tanto, según la especialidad en la que presten sus servicios los funcionarios
y empleados judiciales, tienen derecho a gozar de vacaciones remuneradas
colectivas o individuales, las cuales son concedidas, en el caso de las últimas, por
el respectivo nominador15.
En el sub lite se recuerda que, el 26 de enero de 2024 la tutelante, quien labora
como juez en el Juzgado primero (1°) Promiscuo de Familia del Circuito de
Ciudad Bolívar – Antioquia, solicitó ante la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín, certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de
vacaciones, además del correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para asignarle un reemplazo por el período de vacaciones causado
entre el 11 de enero de 2022 y el 10 de enero del 2023, para ser disfrutadas
desde el 1° hasta el 25 de abril del presente año.
No obstante, mediante correo electrónico del 6 de febrero de 2024, se allegó el
C.D.P. 008424 del 06 del mismo mes y año, con relación a la disponibilidad
presupuestal para cancelar las vacaciones y las primas vacacionales de la actora.
Si embargo, con relación al certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo, se le informó que se le estaría remitiendo a finales de
febrero del año en curso, cuando se adicionarán las apropiaciones presupuestales
para ese rubro.
Empero, a través de correo electrónico del 29 de febrero del 2024, se le indicó
que no era posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo, en razón a que, de acuerdo con la apropiación
presupuestal, no había disponibilidad debido a las medidas de austeridad en el
gasto implementadas por el Gobierno Nacional.
15
Ley 0270 de 1996, Artículo 131 “Autoridades nominadoras de la rama judicial”.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01198-00
Actora: Paola Andrea Arias Montoya
Pues bien, a juicio de la Sala, la situación anteriormente señalada acredita que la
Administración impuso una barrera presupuestal para acceder de manera
adecuada al ejercicio del derecho fundamental al descanso remunerado, amén de
que ello alteraría directamente la correcta prestación del servicio de justicia que
atañe al Despacho en el que la actora presta sus servicios, dado que pueden
presentarse congestiones y atrasos por el cúmulo de trabajo.
Así las cosas, los vacíos en cuanto al presupuesto debido a las medidas de
austeridad en el gasto implementadas por el Gobierno Nacional, así como
cualquier otra restricción de índole administrativa, no pueden ni deben ser
soportadas por el trabajador, tampoco resulta viable efectuar una interpretación
que vulnere sus prerrogativas e incluso de los demás servidores.
Sobre el particular, el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento del 2 de
noviembre de 202316, al estudiar un asunto similar, sostuvo:
[…] la privación del derecho al descanso impuesta a la accionante
configura un sacrificio que no tiene respaldo en el ordenamiento
jurídico, ya que las implicaciones presupuestales no son un factor
imprevisible para los ordenadores del gasto, en tanto que el
funcionario judicial tiene derecho a las vacaciones y este requiere, en
principio, la designación de un reemplazo, para garantizar la debida
prestación de la administración de justicia y más aún en este caso,
cuando este despacho solo cuenta con dos cargos en su planta de
personal.
En ese orden de ideas, la Sala considera acreditada la vulneración de las
garantías superiores17 al trabajo, a la dignidad humana, a la salud y al descanso
remunerado de la demandante por parte de las autoridades accionadas, habida
cuenta de que no ha logrado el disfrute efectivo de sus vacaciones, ante la
negativa de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para asignarle un
reemplazo, debido a las medidas de austeridad en el gasto implementadas por el
Gobierno Nacional y se reitera que el derecho al descanso no puede
desconocerse, debido a barreras administrativas como la ausencia de un
procedimiento para la asignación de recursos que permitan el nombramiento del
reemplazo en orden a garantizar la continuidad del servicio, por lo que se debe
acceder al amparo de los derechos fundamentales.
16
Expediente 05001-23-33-000-2023-00929-01, C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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No se accederá al amparo del derecho fundamental a la igualdad invocado, porque la tutelante no determinó que otros
empleados que estén en sus mismas condiciones sí hayan accedido al disfrute de las vacaciones.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01198-00
Actora: Paola Andrea Arias Montoya
Ahora bien, teniendo en cuenta que, para la fecha de esta providencia ya ha
fenecido el periodo en el cual la actora solicitó el disfrute de sus vacaciones, ella
deberá poner en conocimiento de su nominador las nuevas fechas en las cuáles
se materializará dicho derecho y así efectivizar la orden que ahora se imparte.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala accede al amparo de los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la salud y al descanso
remunerado de la tutelante, ordenando a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y al
Consejo Superior de la Judicatura que, de manera coordinada y de acuerdo a sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para que el nominador del Juzgado Primero (1°) Promiscuo de
Familia de Ciudad Bolívar – Antioquia, nombre un reemplazo para la señora Paola
Andrea Arias Montoya, durante el tiempo en que disfrute de sus vacaciones
causadas entre el 11 de enero de 2022 y el 10 de enero del 2023,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la
salud y al descanso remunerado de la señora Paola Andrea Arias Montoya, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
2º. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y al
Consejo Superior de la Judicatura que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, de manera
coordinada y de acuerdo a sus competencias, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para que el nominador del
Juzgado Primero (1°) Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar – Antioquia,
nombre un reemplazo para la señora Paola Andrea Arias Montoya, durante el
tiempo en que disfrute de sus vacaciones causadas entre el 11 de enero de 2022
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01198-00
Actora: Paola Andrea Arias Montoya
y el 10 de enero del 2023, conforme con lo expuesto en las consideraciones de
esta providencia.
3º. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Con Aclaración de Voto
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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