Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2023-01118-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de agosto de 2024
Demandante: Víctor Andrés Córdoba Moreno
Demandados: Franklin Cuesta Obregón y Franchesca Gallón Alzate
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01118-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01118-01
Demandante: VÍCTOR ANDRÉS CÓRDOBA MORENO
Demandados: FRANKLIN CUESTA OBREGÓN y FRANCHESCA GALLÓN ALZATE,
representantes principal y suplente de las comunidades negras ante el
consejo directivo de CORANTIOQUIA
Temas: Debida interpretación del requisito del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076
de 2015, certificación sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en
trámite de adjudicación a las comunidades negras. -reiteración de jurisprudencia-
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el agente del
ministerio público contra la sentencia del 21 de mayo de 2024, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia1, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Víctor Andrés Córdoba Moreno, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solicitó la nulidad de la elección de los
representantes principal y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo
de CORANTIOQUIA, contenida en el acta del 2 de octubre del 2023.
1.2. Hechos
2. La parte actora los relató de la siguiente manera:
3. El artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ordena a las corporaciones autónomas
regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades
colectivas a las comunidades negras, que incluyan un representante de aquellos en sus
consejos directivos, en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno
Nacional.
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Compuesta por los magistrados Hirina del Rosario Meza Rhénals, Beatriz Helena Jaramillo Muñoz y Jairo Jiménez Aristizábal.
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Demandante: Víctor Andrés Córdoba Moreno
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4. A su turno, el artículo 3 del Decreto 1745 de 1995, estableció que las comunidades
negras podrán constituirse en consejos comunitarios que como persona jurídica ejerce
la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de estos, de acuerdo
con los mandatos constitucionales, legales y de derecho propio.
5. En temas de reconocimiento del representante legal de cada consejo comunitario, el
artículo 9 de ese mismo decreto señaló que: «Las Actas de Elección de la Junta del
Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte
de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término
no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de
representación legal.»
6. En la reglamentación del artículo 56 de la Ley 70 de 1993 no se tuvo en cuenta lo
preceptuado en los artículos 46 y 60 de esa norma y 5 y 6 de la Ley 21 de 1991, en
cuanto al mecanismo idóneo de la toma de decisiones de los consejos comunitarios; así
como tampoco, se compilaron las recomendaciones de la comunidad y el respeto por
los usos, costumbres y autonomía de los grupos étnicos.
7. El Decreto 1523 de 2003, en su artículo 2.b)2 vulnera derechos colectivos de los
afrocolombianos, en tanto, a juicio del actor, limita su participación al imponer el deber
de contar con la titulación.
8. Bajo el entendido que tales normas desconocen su autorregulación, los
representantes de las comunidades negras en el marco del presente proceso,
acordaron que la elección de su representante se realizaría por consenso conforme lo
ordena el artículo 46 de la Ley 70 de 1993.
9. No obstante su determinación, los funcionarios competentes de CORANTIOQUIA
hicieron caso omiso a los requerimientos de la comunidad e irrespetando su autonomía,
el 1° de septiembre de 2023, convocaron la elección cuestionada sin concertación
previa y sin tener en cuenta las recomendaciones de la entidad, referentes, entre otras
a limitar el requisito cuestionado.
10. «El día 2 de octubre, finalmente se realizó la asamblea citada, a la que la comunidad se
auto convocó con el propósito de defender el derecho a la autonomía y definir la forma y los
parámetros de elección, seguimiento y evaluación de la representación; más el hecho de que la
mayoría no cumplimos el requisito de la certificación permitió que la mayoría fuésemos
excluidos sin tener en cuenta el derecho a la autonomía de que habla la normatividad
especial».
11. A pesar de la múltiple exclusión de candidatos, por parte de CORANTIOQUIA, por
carecer del mencionado requisito, la entidad continúo el trámite, lo que conllevó a que
algunas comunidades participantes se retiraran del recinto y deliberaron en otro
espacio, por lo que, de forma paralela se desarrollaron dos asambleas eleccionarias.
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Artículo 2º. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el
Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha
de la elección, los siguientes documentos: (…) b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,
sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la
respectiva jurisdicción;
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12. En una participaron los consejos avalados por la autoridad medioambiental y, en el
otro, aquellos asistentes que carecían de requisitos3.
13. El 3 de octubre de 2023, los miembros de la comunidad excluidos, conocieron del
acta del sector minoritario contentiva de la presente elección, en la cual, insistió, no se
consideraron los argumentos presentados por la mayoría frente a su participación.
1.3. Concepto de la violación
14. La parte actora invocó el desconocimiento de los artículos 46 y 60 de la Ley 70 de
1993, 5 y 6 de la Ley 21 de 1991, el Convenio de la OIT 169 y sus derechos
fundamentales de participación y autodeterminación.
15. Señaló que exigirles requisitos innecesarios como ocurrió en este caso, como es la
certificación del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, es desproporcionado,
dado que no depende de cada comunidad el otorgamiento de aquel, sino del Estado;
por ello, cuando no se les hace ese reconocimiento, sus derechos electorales son
denegados.
1.4 Actuaciones procesales relevantes en primera instancia
16. El 21 de noviembre de 2023, se admitió el presente medio de control y se ordenó la
notificación. En el curso del traslado de la demanda, intervinieron:
1.4.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: frente a esta entidad, se
resolvió no tenerla como sujeto procesal, por lo que no se hace necesario detallar los
argumentos expuestos en su escrito de contestación.
1.4.2 CORANTIOQUIA: mediante apoderada judicial, solicitó denegar las peticiones del
actor por considerar que el acto electoral cuestionado está respaldado en la juridicidad
de las actuaciones adelantadas en sede administrativa.
28. Frente al proceso de elección, precisó que el Decreto 1523 de 2003 fue compilado
por el Gobierno Nacional en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y ahora el
procedimiento se encuentra regulado en el artículo 2.2.8.5.1.1 a 2.2.8.5.1.16 de este
último.
29. En cuanto a la inaplicación del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de
2015, relativo a la certificación de la Agencia Nacional de Tierras, sostuvo que tal
petición no era procedente, en tanto, no se advierte una contradicción directa y
manifiesta entre la norma de orden legal y los mandatos superiores, por ello, mantuvo
incólume la exigencia establecida en el reglamento.
30. Con todo, frente a este requisito en específico, adujo que la Sección Quinta4,
interpretó cómo debe acreditarse el mismo en el proceso eleccionario para evitar
3
Se dejó constancia que “de los 100 Consejos Comunitarios existentes en la jurisdicción de Corantioquia, 12 con título y 88 sin
título, asistieron a la convocatoria 65, de los cuales se retiraron 13 quedando en el recinto 52, con lo que se cumple el quorum
decisorio”. También se aportaron los documentos de registro de 44 de dichos consejos comunitarios, pero no de todos ellos, y un
listado de asistencia0, pero ningún registro de verificación de representantes.
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menoscabar los derechos fundamentales de las comunidades negras; para ello, señaló
que con la certificación de la Agencia Nacional de Tierras, en la que se demuestre que
el trámite de adjudicación se radicó, es suficiente para dar por satisfecho el literal b) del
artículo 2.2.8.5.1.2 idem.
31. En ese orden de ideas y ante el pronunciamiento de la Sala Electoral en torno al
mencionado precepto, la entidad no se encontraba facultada para inobservar el
mandato contenido en el Decreto 1076 de 2015.
32. Sobre la base de las normas fundantes del proceso de selección, indicó que la
directora general de CORANTIOQUIA, el 1º de agosto de 2023, publicó el aviso de
convocatoria en un diario de amplia circulación nacional, en un medio radial y en la
página web de la entidad.
33. Con radicado 190-CON2308-3306 la secretaría general de la entidad comunicó la
inscripción de 26 consejos comunitarios para el proceso de elección del representante y
suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
34. Luego de verificar los requisitos, encontró que en total se registraron 19 consejos de
los cuales 11 acreditaron las exigencias para participar en el proceso y fue con ellos
que se seleccionó el representante de las comunidades negras ante el consejo
directivo.
1.4.3 Demandado, Franklin Cuesta Obregón: a través de apoderado, solicitó se
denieguen las pretensiones al considerar que el demandante ataca de ilegales, las
exigencias contenidas en el Decreto 1076 de 2015, acusaciones que debió someter a
control judicial bajo el medio de control de nulidad (art. 137 del CPACA).
35. Sostuvo que en este caso, se cumplieron todas las ritualidades del proceso y por
ellos su acto de elección es legal.
1.5 Audiencia
36. El 21 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora de primera instancia, en el
curso de la audiencia inicial, resolvió las excepciones previas propuestas5, decretó
pruebas documentales aportadas y las testimoniales solicitas6 y fijó el litigio, en los
siguientes términos:
Se deberá resolver si es nulo el acto de elección de los representantes principal y su
suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA para el
periodo 2024-2027, contenido en el acta del 9 (sic) de octubre de 2023.
4
Sentencia del 2 de octubre de 2020, Rdo. 11001-03-28-000-2019-00071-00.
5
En la audiencia de pruebas determinó que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no funge como entidad
demandada en la presente acción, por lo que no se le dará ese tratamiento.
6
En virtud de lo consagrado en el artículo 218.1 del CGP prescindió de los testimonios solicitados por la parte demandante, al no
comparecer a la audiencia de pruebas y no allegar excusa para ello y práctico la solicitada por la entidad.
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1.6 Alegatos de conclusión
37. En lo que hace a los alegatos de conclusión, los sujetos procesales reiteraron sus
posiciones frente a las pretensiones de la demanda.
38. El procurador 143 judicial II administrativo, sostuvo en su concepto que debe
deprecarse la nulidad del acto demandado, conforme pasa a explicarse.
39. Consideró que el 20 de septiembre de 2023, se realizó la diligencia de verificación
de requisitos de los consejos comunitarios, en donde se concluyó que:
Los consejos comunitarios que según dicha acta de verificación cumplieron el requisito de
inscripción ante alcaldía, pero no el registro de Incoder, fueron los siguientes:
• Consejo Comunitario Afrocolombiano de La Quebrada Ciénaga “Coaquecie”.
• Consejo Comunitario de La Vereda Concepción "Coafrodecon”.
• Consejo Comunitario Afrocolombiano de Colorado "Cocoafroco".
• Consejo Comunitario de Negritudes Nuevo Desarrollo “La Congoja”.
• Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes.
• Consejo Comunitario “Afro Hoyorrico”.
Nótese que los anteriores son Consejos Comunitarios acreditados como tal, pero que
carecen del registro Incoder.
40. Ante esto, señaló que dicha disposición reglamentaria (artículo 2.2.8.5.1.2. del
Decreto 1076 de 2015), al ser aplicada en el procedimiento de elección cuestionado, si
fue lesiva para las comunidades negras, puesto que limitó su derecho de participación
en la elección de las autoridades ambientales al establecer una restricción que no
contempla la ley.
41. Sustentó su argumento, en que el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 no vincula el
derecho de las comunidades negras de nombrar representantes en las juntas directivas
de las CAR al trámite o titulación de un territorio colectivo.
42. A lo anterior agregó que, de acuerdo con la sentencia T-576 de 2014, la relación de
estas comunidades con la tierra no es el único factor ni el determinante para establecer
su condición de comunidad negra.
43. En síntesis, en concepto de esa agencia, procede la inaplicación, con efectos inter-
partes del literal b) del artículo 2 del Decreto 1523 de 2003 (compilado en el artículo
2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015), por ser manifiestamente contrario a la Ley 70 de
1993, al artículo 55 transitorio de la Constitución Política y al Convenio 169 de la OIT
aprobado mediante la Ley 21 de 1991.
44. En ese entendido, la elección efectuada el 2 de octubre de 2023, de los
representantes de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA deviene inválida, porque restringió la participación en la postulación y
elección de los consejos comunitarios que no acreditaron adjudicación de tierras
comunales o la existencia de un trámite de titulación.
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45. Concluyó solicitando se rehaga el proceso eleccionario « permitiendo la participación
de todos los consejos comunitarios asentados en el ámbito de competencia territorial de
Corantioquia, sin aplicar las limitantes establecidas en el literal b del Decreto 1523 de 2003,
compilado en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015».
1.7 Sentencia de primera instancia7
46. El 21 de mayo de 2024, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
47. Sobre el particular, referenció que la entidad medioambiental convocó a todos los
consejos comunitarios de su jurisdicción para que eligieran a quien sería su
representante ante el consejo directivo. En el mismo acto de reclutamiento, dejó claro
que los electores debían cumplir con lo normado en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto
1076 de 2015.
48. Encontró acreditado que el 2 de octubre de 2023, se llevó a cabo la «asamblea
general consejos comunitarios de comunidades negras de la jurisdicción de CORANTIOQUIA
avaladas por la ley para elegir los delegados ante el consejo directivo» en ella se eligió como
representantes a los señores Franklin Cuesta Obregón y Fanchesca Gallón Alzate,
como principal y suplente, respectivamente, lo cual fue consignado en el acta de esa
data.
49. De manera paralela según acta de
«asamblea de consejos comunitarios
afrocolombianos de la jurisdicción de CORANTIOQUIA», los consejos comunitarios no
habilitados para la postulación y la elección, se auto convocaron y decidieron varios
aspectos, entre ellos, la elección del representante de las comunidades negras ante el
consejo directivo de la CAR, siendo estos los señores Mónica Marcela Foronda Mesa y
Adolfo Echeverría Castañeda.
50. Señaló que este doble procedimiento se dio, en este caso, debido a que a juicio de
algunos consejos comunitarios, para el proceso de selección de su representante ante
las corporaciones autónomas o de desarrollo sostenible, no se debe exigir el literal b)
del artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015.
51. Para resolver el anterior planteamiento y determinar si la norma mencionada era o
no aplicable al caso concreto, sostuvo que el artículo 20 del Decreto 1745 de 1995 en
concordancia con el artículo 8 de la Ley 70 de 1993, contempla que en materia de
titulación de tierras, el trámite inicia con el escrito que la comunidad presenta ante la
entidad competente.
52. Con ello, precisó que para la acreditación del mencionado requisito, no se necesita
por parte del respectivo consejo comunitario, ni siquiera, que la petición de adjudicación
elevada ante la Agencia Nacional de Tierras sea admitida.
53. Sobre esta base, analizó el acta de acreditación de requisitos elaborada por la
entidad, en la que se determinó que en total se inscribieron 19 consejos comunitarios y
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En esta ocasión nuevamente se pronunció sobre la legitimación en la causa del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
declarando su falta de legitimación.
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11 de ellos cumplieron todos los requerimientos para participar en el proceso de
selección de su representante. Frente a ello sostuvo:
«En relación con el requisito puntual contenido en el literal b) de la norma en comento y
respecto del cual pesa el cuestionamiento de la demanda, se observa que los 8 consejos
comunitarios indicados como aquellos que no cumplieron los requisitos del artículo
2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, no acreditaron la exigencia de que trata el mencionado
numeral.
La Sala advierte que según lo consignado en la referida acta, es notorio que
CORANTIOQUIA al realizar la evaluación y análisis de los requisitos previstos en la norma
para los consejos comunitarios que aspiraban a participar en la elección, dio aplicación a la
norma atendiendo a la interpretación a la cual se hizo referencia en líneas precedentes, toda
vez que respecto del trámite de adjudicación, entendió como cumplido el requisito sin
distinción alguna respecto de si se había admitido o no la petitoria de adjudicación, en tanto,
se consignó sobre el consejo comunitario de la Vereda San Andrés “Oficio de la Agencia
Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, en el que indican que la titulación se
encuentra en trámite»
54. En ese orden de ideas, concluyó que la actuación de la entidad se acompasa con la
exigencia de la norma y a los criterios jurisprudenciales8 sobre el particular, que
procuran el desarrollo y garantía del debido proceso administrativo y la materialización
del derecho a elegir y ser elegido.
55. Finalizó negando la petición de inaplicar el mandato del literal b) idem, al considerar
que:
«… bajo las precisiones interpretativas antes enunciadas, se considera que no se vulneran
los derechos de las comunidades aspirantes a la elección de representante ante la CAR.
En otros términos, lo precedente implica que de la lectura del contenido del literal b) del
artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, no se desprende que se asigne a las
comunidades una carga desproporcionada o de imposible cumplimiento o, que no debiera
efectuarse tal exigencia prevista en la norma».
1.8 Recurso de apelación
56. El 29 de mayo de 2024, el procurador 143 judicial II administrativo, impugnó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda al considerar que en este caso se
debió inaplicar el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 por
establecer una limitación en la participación de las comunidades negras en la elección
de sus representantes, que no contempla la Ley 70 de 1993, lo que conlleva a
contradecir el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, el convenio 169 de la
OIT ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991. Para ello se sustentó en que:
I) La sentencia invocada como fundamento jurisprudencial principal del fallo
apelado, trata de un problema diferente al planteado en este proceso: sostuvo que
el precedente en que se sustenta9 se centró en determinar si existió una violación del
8
Consejo de Estado, sentencia del 2 de octubre de 2020, MP. Carlos enrique Moreno Rubio, expediente 11001-03-28-000-2019-
00071-00 y Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2020-
00094-00.
9
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2020-00094-00.
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debido proceso al limitar el cumplimiento del mencionado precepto a la titulación
efectiva.
57. A su juicio, la decisión impugnada, «fue interpretada por el honorable tribunal de forma
amplia, deduciendo de ella una regla jurisprudencial general que no contiene, puesto que la
sentencia comentada no dice de modo alguno que en ningún caso procede la inaplicación del
literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, ni hizo un pronunciamiento de fondo
sobre la validez de la exigencia de dicho requisito, ni señaló que, de inaplicar dicha disposición,
se estaría violando el debido proceso administrativo».
58. Sostuvo que en este caso se trata de consejos comunitarios que no fueron
admitidos a votar la designación de sus representantes por la corporación autónoma, a
pesar de haber sido reconocidos por las alcaldías municipales como ocupantes
ancestrales de territorios.
ii) El literal b del artículo 2 del Decreto 1523 de 2003 compilado por el Decreto
1076 de 2015, está viciado de ilegalidad e inconstitucionalidad y debió ser
inaplicado en el caso concreto
59. Luego de relatar el trámite del presente proceso eleccionario, se centró en el hecho
que en el acta de la asamblea celebrada el 2 de octubre de 2024, se hizo constar que,
ante la verificación de requisitos, los consejos comunitarios no habilitados para la
postulación y elección, realizaron una asamblea «a la que se autoconvocaron»,
designando a los señores Mónica Marcela Foronda Mesa y Adolfo Echavarría como
representantes ante CORANTIOQUIA. Allí se dejó constancia que «de los 100 Consejos
Comunitarios existentes en la jurisdicción de Corantioquia, 12 con título y 88 sin título, asistieron
a la convocatoria 65, de los cuales se retiraron 13 quedando en el recinto 52, con lo que se
cumple el quorum decisorio».
60. Ante esta situación, sostuvo que conforme el Convenio 169 de la OIT, los estados
se obligan a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, y a adoptar
medidas, para asegurar que sus miembros gocen, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.
61. Citó los artículos 6 [consulta previa] y 14 [derecho a la propiedad] del mencionado
convenio, para señalar que los derechos de las comunidades negras no solamente se
relacionan con tierras adjudicadas en propiedad o en trámite de adjudicación, sino
también con territorios que usen u ocupen, aún en conjunto o en el que desarrollen
actividades ancestrales.
62. Insistió que el concepto de comunidad negra es sociológico y no se ata a la
conformación de una persona jurídica. Indicó que el artículo 56 de la Ley 70 de 1993,
no circunscribió su participación en las corporaciones autónomas a ostentar un
territorio.
63. En concordancia con el mencionado precepto, sostuvo que el artículo 46 de la
misma ley, se estipuló que los consejos comunitarios pueden designar por consenso los
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representantes de los beneficiarios de aquella norma, por lo que, para la vista fiscal, con
que concurran los consejos comunitarios es suficiente para ejercer su derecho al voto,
dado que su identidad no está sometida al territorio.
iii) El requisito contenido en el literal b del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de
2015 no está contemplado en la ley y desconoce la Constitución Política
64. En contraste con las anteriores reflexiones, adujo que el Decreto 1076 de 2015, al
establecer los requisitos para los consejos comunitarios que aspiren a participar en la
elección del representante y suplente de los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales, ata la posibilidad de ejercer el derecho de participación a la
titulación o trámite de adjudicación de terrenos.
65. En ese entendido, la elección efectuada el 2 de octubre de 2023 de los señores
Franklin Cuesta Obregón y Franchesca Gallón Alzate, como representante de las
comunidades negras ante CORANTIOQUIA es inválida, porque restringió la
participación en la postulación y elección del representante, excluyendo los consejos
comunitarios que no acreditaron la adjudicación de tierras comunales o la existencia de
un trámite de titulación, limitación que no contempla la Ley 70 de 1993.
66. Mediante auto del 6 de junio de 2024, se concedió el recurso de apelación.
1.9 Actuaciones de segunda instancia
67. El 9 de julio de 2024, se admitió el recurso de apelación y se corrió el traslado
respectivo.
68. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó ser desvinculado del
presente medio de control.
69. CORANTIOQUIA reiteró sus argumentos de defensa y señaló que:
«no ha vulnerado el literal b) del artículo 2º del Decreto 1523 de 2003, (…), puesto que la
misma norma menciona los requisitos. Que son que los Consejos Comunitarios que aspiren
a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a
la Corporación Autónoma Regional respectiva, (…), los siguientes documentos: (…) b)
Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la
existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las
comunidades negras de la respectiva jurisdicción (…)” Norma que posteriormente fue
recogida, de manera textual, en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015».
70. Los demás sujetos procesales, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
71. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15010 y 152.7
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
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Demandante: Víctor Andrés Córdoba Moreno
Demandados: Franklin Cuesta Obregón y Franchesca Gallón Alzate
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01118-01
b)11 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
72. Conforme los argumentos de apelación, el problema jurídico se limita a determinar
si es nulo el acto de elección del representante principal y suplente de las comunidades
negras ante el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, contenido en el acta del 2 de
octubre de 2023, al haberse limitado los derechos de participación de aquellas.
73. Para la resolución del interrogante planteado se establecerá lo siguiente:
• Si la sentencia invocada como fundamento jurisprudencial principal del fallo
apelado, trata de un problema diferente al planteado en este proceso.
• El literal b del artículo 2 del Decreto 1523 de 2003, compilado por el Decreto
1076 de 2015, está viciado de ilegalidad e inconstitucionalidad y debió ser
inaplicado en el caso concreto por desconocer la Constitución y el Convenio 169
de la OIT.
74. Previo a resolver el planteamiento de fondo, se realizarán algunas consideraciones
sobre: i) el marco jurídico de la elección de los representantes principal y suplente de
las comunidades negras ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas -
reitera jurisprudencia-; ii) el proceso eleccionario de los representantes principal y
suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de CORANTIOQUIA y; iii)
el caso concreto.
2.2.1 Marco jurídico de la elección de los representantes principal y suplente de
las comunidades negras ante el consejo directivo de las corporaciones
autónomas -Reiteración de jurisprudencia12-
75. El artículo 2613 de la Ley 99 de 1993, dispuso que el consejo directivo sería el
órgano de administración de la corporación y estaría conformado, entre otros miembros,
11
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales [...].»
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021, MP: Rocío Araújo
Oñate, expediente 11001-03-28-000-2020-00094-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
auto del 15 de febrero de 2024, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra (E), radicado 11001-03-28-000-2023-00137-00.
13 Artículo 26º.- Del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de la Corporación y estará conformado por:
a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma
Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios
los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo;
b. Un representante del Presidente de la República;
c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente;
d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos por
la Asamblea Corporativa, para períodos de un (1) año por el sistema de cociente electoral, de manera que queden representados
todos los departamentos o regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación comprendiese un número plural
de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno
Nacional;
e. Dos (2) representantes del sector privado;
f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la
Corporación, elegido por ellas mismas;
g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación
y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas.
Parágrafo 1º.- Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida el
Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo 2º.- En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta
las disposiciones de la Ley 70 de1993.
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por 1 representante de las comunidades étnicas tradicionalmente asentadas en el
territorio de jurisdicción de la corporación, elegido por ellas mismas, lo anterior en
concordancia con lo establecido en la Ley 70 de 199314.
76. En garantía de los derechos fundamentales de las comunidades negras, el artículo
56 de la Ley 70 de 199315, estableció que las corporaciones autónomas regionales que
tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas
de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, tendrán 1
representante en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que
expida el Gobierno Nacional.
77. Estos preceptos fueron reglamentados por los decretos 106616 y 107617 de 2015, en
donde se estableció el proceso de elección del representante de las comunidades
negras ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, el cual establece:
Convocatoria: El director general de la respectiva corporación formulará invitación
pública a los respectivos consejos comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos
para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de
la reunión en la cual se hará la elección.
La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia
circulación regional o nacional con 30 días de anterioridad a la fecha de realización
de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo.
Requisitos: Quienes aspiren a participar en la elección del representante y suplente,
allegarán al ente medio ambiental con anterioridad mínima de 15 días a la fecha de
la elección, los siguientes documentos:
• Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste
la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante
legal;
• Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, lncoder,
sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de
adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;
• Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del
miembro de la comunidad postulado como candidato.
Informe de evaluación: La corporación autónoma regional revisará los documentos
presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente,
elaborará un informe el cual es presentado el día de la reunión de elección.
14
Parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
15
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política
16
CAPÍTULO 3 Procedimiento de elección del representante y suplente de las Comunidades Negras ante los Consejos Directivos
de las Corporaciones Autónomas Regionales.
17
CAPÍTULO 5 Procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de
las corporaciones autónomas regionales
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Elección: La elección se realizará por los representantes legales de los consejos
comunitarios y se llevará a cabo dentro de los primeros 15 días del mes de
septiembre del año anterior a la iniciación del período respectivo.
Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adoptarán la forma de elección de
su representante y suplente ante los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales, la cual deberá respetar el orden de votación.
El correspondiente ente medio ambiental, una vez instalada la sesión de elección
procederá a:
i) dar lectura del informe de evaluación para decantar los representantes legales que
tendrán voz y voto,
ii) de los legitimados se escogerá el presidente y secretario de la reunión,
iii) los candidatos podrán intervenir para exponer los aspectos que consideren
pertinentes y,
iv) se procederá a la elección.
De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el presidente y secretario
designados por los representantes legales de los consejos comunitarios.
Periodo: Los representantes principal y suplente ante los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales tendrán un periodo de cuatro (4) años que
comenzará el 1º de enero del año siguiente a su elección y terminará el 31 de
diciembre del cuarto año de dicho periodo.
2.2.2 El proceso eleccionario adelantado para elegir a los representantes principal
y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de
CORANTIOQUIA
78. La corporación a través de su directora general, publicó el 1º de agosto de 2023,
[periódico El Colombiano, emisora radial y página web corporativa] el respectivo aviso
de convocatoria indicando los requisitos de participación, así como el lugar, fecha y
hora en las que se llevaría a cabo la reunión en la cual se hará la elección.
79. En la convocatoria se precisó que los aspirantes deberían cumplir las exigencias
contenidas en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, para lo cual tenían que
allegar las certificaciones del: i) alcalde municipal que diera cuenta de la ubicación del
consejo comunitario, la inscripción de la junta y su representante legal; ii) Agencia
Nacional de Tierras, respecto de la existencia de territorios colectivos legalmente
titulados o en trámite de adjudicación y; iii) el documento donde conste la designación
del miembro de la comunidad postulado como candidato.
80. Según el acta de cierre de verificación de requisitos, que se expide según lo ordena
el artículo 2.2.8.5.1.3 del Decreto 1076 de 2015, se inscribieron un total de 19 consejos
comunitarios, de los cuales 8 no cumplieron requisitos.
81. El 2 de octubre de 2023, se llevó a cabo la asamblea electoral, en la que se designó
de forma unánime a los señores Franklin Cuesta Obregón y Franchesca Gallón Alzate,
como representante principal y suplente, respectivamente, de las comunidades negras
ante el consejo directivo de CORANTIOQUIA.
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82. De forma concomitante, se celebró asamblea de los consejos comunitarios no
habilitados, en la que determinaron que por consenso sus representantes ante el
órgano ambiental serían los señores Adolfo Echavarría y Marcela Foronda Mesa.
83. Teniendo claro lo anterior, se resolverán los argumentos de la apelación, de
conformidad con el problema jurídico establecido.
2.3 Caso concreto
2.3.1 La sentencia invocada como fundamento jurisprudencial principal del fallo
apelado, trata de un problema diferente al planteado en este proceso
84. El apelante, señala que el precedente en que se sustenta el fallo de primera
instancia18 se centró en determinar si existió una violación del debido proceso al limitar
el cumplimiento del mencionado precepto a la titulación efectiva y no hizo un
pronunciamiento de fondo sobre la validez de la exigencia de ese requisito.
85. Para responder el anterior planteamiento, corresponde a la Sala verificar el
problema jurídico planteado en el antecedente que cita el agente del Ministerio Público,
con miras a determinar si podía ser aplicable al caso concreto y, por ello, ser adecuado
para sustentar la decisión de negar las pretensiones del presente medio de control.
86. En este caso, se trata del fallo del 5 de agosto de 2021, en el que la Sección Quinta
declaró la nulidad del acto de elección del integrante del consejo directivo de
CORPOGUAJIRA.
87. En esa decisión se fijó el litigio en los siguientes términos:
«si es nulo el acto de elección de la representante principal y su suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA para el período 2020-
2023, contenido en el acta del 2 de octubre de 2020”.
88. Para la resolución del interrogante planteado se establecerá lo siguiente:
i) La presunta exclusión de forma irregular de los miembros de los consejos comunitarios
inscritos para el proceso de elección, por la errada interpretación de la exigencia
contemplada en el artículo 2.2.8.5.1.2. literal b) del Decreto 1076 de 2015. En este caso, se
analizará la petición de inaplicar el mencionado precepto por considerarlo excluyente
de los derechos de las comunidades afro al exigírseles ostentar un título colectivo de
adjudicación de tierras. (…)». Negrillas propias.
89. Al resolver este interrogante, la Sala Electoral determinó que su postura ante la
exigencia del mencionado requisito, es que no se requiere la constancia de haber sido
adjudicatario de un título de propiedad colectiva para tener por satisfecho el pedimento
del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, es decir, para el juez
contencioso, es suficiente la sola radicación de la solicitud por parte de la comunidad
ante la Agencia Nacional de Tierras.
18
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2020-00094-00.
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90. Y la razón de la decisión se concentró en señalar que:
«(…), entender para el proceso de elección del representante principal y suplente el requisito
del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, se satisface solamente
cuando la ANT admite formalmente la petición, no solo desconoce el debido proceso
administrativo en cabeza de las comunidades negras de quienes se inscribieron al
procedimiento eleccionario con una certificación de la autoridad competente en la que se da
fe que el proceso de titulación se encuentra en trámite, además, haría nugatorio su derecho
fundamental a elegir y ser elegido en tanto la efectividad de éstos, estaría supeditada al
pronunciamiento de la administración, decisión que en algunos casos puede tardar años,
barrera que se erige como desconocedora de los derechos de estas comunidades. (…)
Teniendo claro lo anterior, no advierte la Sala circunstancia que haga necesario
inaplicar el contenido del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015,
pues será suficiente con obedecer el criterio de interpretación antes expuesto para no
atentar contra los derechos de las comunidades que buscan hacer parte de los
procesos eleccionarios que adelanta CORPOGUAJIRA. (Negrillas propias).
91. De lo expuesto, es viable concluir que el juez electoral al analizar el caso concreto,
le dio un entendimiento a la norma que se solicitaba inaplicar, en un supuesto
semejante al ahora debatido, determinando que, en aras de proteger los derechos
fundamentales de participación de la comunidad negra, dicho precepto es predicable en
los trámites electorales, siempre y cuando se interprete de la forma en que se dictaminó
en aquella oportunidad.
92. Siendo así las cosas, no se advierte yerro alguno en la decisión del Tribunal de
Antioquia, al seguir el antecedente fijado por la Sección Quinta del Consejo de Estado
sobre el particular, dado que, en el mismo, se planteó un problema jurídico similar al
resuelto por el órgano de cierre en la materia.
93. Por manera que, en este asunto no se advierte irregularidad alguna que imponga
revocar el fallo apelado.
2.3.2 El literal b) del artículo 2 del Decreto 1523 de 2003 compilado por el Decreto
1076 de 2015, está viciado de ilegalidad e inconstitucionalidad y debió ser
inaplicado en el caso concreto porque el requisito allí establecido no está
contemplado la ley y desconoce la Constitución Política
94. Este aspecto recae en que, a juicio del Ministerio Público, el artículo 56 de la Ley 70
de 1993, no circunscribió la participación de las comunidades negras en las
corporaciones autónomas a ostentar un territorio, por lo que hacerlo en el caso concreto
delimita su derecho político en abierto desconocimiento del artículo 55 transitorio de la
Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
95. Corresponde a la sala determinar si, conforme el artículo 148 de la Ley 1437 de
201119, el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, debe ser
inaplicado en el presente proceso por vulnerar la Constitución y la ley.
19
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando
vulneren la Constitución Política o la ley.
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96. Las normas que aduce se desconocen con el mencionado texto, es el artículo 56 de
la Ley 70 de 1993, en concordancia con el artículo 55 Transitorio Superior y el Convenio
de la OIT 169 al supeditar los derechos políticos de la comunidad negra a la titulación
de tierras.
97. Para determinar la viabilidad de inaplicar el precepto alegado, se analizará el
contenido de las normas superiores presuntamente infringidas.
ARTICULO TRANSITORIO 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión
especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de
demarcar la misma ley.
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso
representantes elegidos por las comunidades involucradas.
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley.
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.
PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del
país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previo
estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.
PARAGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no
hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los
seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.
98. La Corte Constitucional20, respecto del mandato superior indicó que: «El artículo 55
transitorio (…), representa un logro en términos de reconocimiento político de las comunidades
afrocolombianas, resultante de las luchas y movilizaciones que se venían gestando desde los
años ochenta en particular en la región del Pacífico Colombiano y de la exigencia de los
campesinos negros de esas zonas para que se les reconociera la titularidad colectiva de
la tierra[11]. Con el artículo 55 transitorio se consolidó el discurso de la “alteridad de la
comunidad negra” antes centrado en el Pacífico chocoano, como auto-reconocimiento en
relación con un territorio y unos usos y costumbres propios y se contribuyó al proceso de
etnización y al reconocimiento de la misma como un sujeto político en el imaginario
nacional[12]».
99. La Ley 70 de 1993, por medio de la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política, tiene como fin, reconocer a las comunidades negras y fortalecer
los mecanismos de protección de sus derechos e identidad cultural en aras de fomentar
condiciones de igualdad real para estas poblaciones. Los principios que la orientan son:
i) los del reconocimiento, ii) la protección de la autonomía, iii) de la participación y la
protección del medio ambiente en los lugares donde habitan las comunidades, iv) el
derecho a la propiedad colectiva, el uso de la tierra y la protección de los recursos
20
Sentencia C 253 de 2013.
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naturales y los recursos mineros, v) la protección de los derechos a la identidad cultural
y, vi) la planeación y fomento del desarrollo económico y social21.
100. Nótese que el artículo 55 transitorio Superior, quiso reconocer a las comunidades
negras no solo su autonomía, sino el respeto por sus usos y costumbres, por lo que, en
aras de adoptar mecanismos para su protección, les reconoció los territorios que venían
ocupando.
101. Al respecto, el artículo 5 de la Ley 70 de 1993, estableció que:
Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un
Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios:
delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y
protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad
cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al
representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de
amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación.
102. Conforme con ello, el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 determinó que: «Las
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se
adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo
transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus
consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional».
103. Con la norma en comento, el legislador previó que el derecho a postular y elegir
un miembro de su comunidad en las corporaciones autónomas o de desarrollo
sostenible estaba condicionado a que en la jurisdicción se adjudicaran propiedades
colectivas de las que trata el artículo 55 Superior.
104. De la lectura sistemática de las reglas de conformación de los consejos directivos,
se tiene que, corresponde a cada corporación verificar si en su jurisdicción existen
comunidades étnicas en las que se adjudiquen las propiedades colectivas de que trata
el artículo transitorio 55 de la Constitución y en caso de ser afirmativo, les resulta
imperativo garantizar la representatividad de éstas en el mencionado órgano directivo.
105. Este ha sido el entendimiento que la Sección Quinta le ha dado al artículo 56 de la
Ley 70 de 1993, al considerar que22 «el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, estableció el deber
en cabeza de las corporaciones autónomas regionales de incluir a las comunidades
afrodescendientes que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las
propiedades colectivas.» (Negrilla propia).
106. Para cumplir con dicho cometido, el Decreto 1076 de 2015, estableció en su
artículo 2.2.8.5.1.2., lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en
la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la
21
Ídem.
22
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Álvarez Parra (E), Radicado 11001-03-28-000-2023-00137-00
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Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la
fecha de la elección, los siguientes documentos:
a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la
ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;
b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, lncoder,
sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de
adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;
c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la
comunidad postulado como candidato.
107. Es a partir del texto superior, que la Ley 70 de 1993 consagró el ingrediente
normativo «adjudiquen propiedades colectivas», por lo que, requerir que la entidad
competente, en este caso, la Agencia Nacional de Tierras, certifique la existencia de
tales territorios titulados o en trámite de adjudicación, no se advierte como un requisito
ajeno a las normas superiores que regulan la materia.
108. Del análisis sistemático de las normas de orden constitucional y legal que se
aducen para inaplicar el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, no
se observa vulneración alguna que deba ser declarada con efectos interpartes en el
presente medio de control, debido a que el requisito cuestionado tiene sustento
constitucional, legal y jurisprudencial
109. En lo que hace a los artículos 623 y 1424 del Convenio 164 de la OIT, en donde se
estipuló el establecimiento por parte del Estado de medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente y la adopción de medidas para
salvaguardar sus derechos, la Sala Electoral25, en aras de proteger la igualdad de las
comunidades y dotarlos de garantías reales que materialicen su derecho de
participación ciudadana, determinó frente a este requisito que:
«82. (…) el trámite de adjudicación de tierras, inicia con la solicitud de titulación, la cual
permite poner en marcha el aparato administrativo y con esta el inicio de las actuaciones
para lograr la entrega de las tierras a las comunidades negras, trámite que no puede tener
23
Artículo 6o.
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimiento apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
24
Deberán reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados.
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Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 18 de febrero de 2021, M.P: Rocío Araújo Oñate, Radicado
11001-03-28-000-2020-00094-00
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decisión administrativa sin que se radique la debida petición, con la que se activan las
competencias de la ANT para proceder a cumplir con el procedimiento, el cual debe ser
atendido bajo los parámetros legalmente establecidos so pena de vulnerar derechos
fundamentales. (…)
84. De otra parte, en un asunto de mora en la respuesta a una solicitud de titulación elevada
por un consejo comunitario al entonces INCODER, la Corte Constitucional en sentencia T-
909 de 2009, protegió el derecho fundamental de la comunidad negra y ordenó la resolución
del asunto puesto en su conocimiento. Lo que resulta importante de esta decisión, es que el
juez constitucional para determinar el exceso de la administración en resolver la adjudicación
pretendida, estableció como parámetro inicial la fecha de presentación del requerimiento, es
decir, la radicación de la petición de titulación es la que materializa el inicio del trámite de
adjudicación. Al respecto se tiene:
«… Ha subrayado la Corte Constitucional[40] que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento
jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea factible
deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al control y vigilancia. Esta
garantía debe hacerse efectiva del mismo modo en los trámites que las personas
inician con el objeto de ejercer sus derechos ante la administración o con el fin de
cumplir con una obligación y abarca el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la suerte de las personas quede al
albur de una decisión arbitraria o de una ausencia de decisión por dilación injustificada. /…/
A fin de establecer si en el asunto bajo examen se ha desconocido el derecho constitucional
fundamental al debido proceso administrativo, considera la sala indispensable efectuar un
recuento de los hechos que se encuentran acreditados en el expediente. De esa manera,
podrá determinar si el tiempo trascurrido entre la solicitud de titulación colectiva
elevada por el señor Isabelino Valencia Rodallega en calidad de representante legal del
Consejo Comunitario del Río Naya el día 23 de diciembre de 1999 y que aun se encuentra
pendiente de decisión en el año 2009, esto es, si el lapso de diez años contados a partir
del instante en que se presentó el requerimiento, hasta la fecha, constituye un término
razonable y proporcionado para que el asunto bajo examen permanezca todavía sin
solución…» Negrilla y subraya fuera de texto.
85. Por manera que, entender para el proceso de elección del representante principal y
suplente que el requisito del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, se
satisface solamente cuando la ANT admite formalmente la petición, no solo desconoce el
debido proceso administrativo en cabeza de las comunidades negras, quienes se
inscribieron en el presente proceso electoral con una certificación de la autoridad competente
en la que se da fe que el proceso de titulación se encuentra en trámite, sino que haría
nugatorio su derecho fundamental a elegir y ser elegido en tanto la efectividad de éstos,
estaría supeditada al pronunciamiento de la administración, decisión que en algunos casos
puede tardar años, barrera que se erige como desconocedora de los derechos de estas
comunidades».
110. De cara a lo expuesto, no se advierte que las normas aludidas y las decisiones
judiciales sobre la exigencia del mencionado requisito, desconozcan preceptos de
carácter internacional frente a la protección de las comunidades afrodescendientes, por
el contrario, las mismas se han dotado de eficacia al darles en su entendimiento la
efectividad necesaria para garantizar el derecho de participación en las decisiones que
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les incumben y, concretar el fin último que es el de respeto por su autodeterminación
teniendo certeza que, quienes intervienen en la adopción de las decisiones que los
afectan, son aquellos que la norma superior quiso proteger.
111. Por manera que, fue el constituyente derivado fue el que impuso al Estado el
deber de reconocer la propiedad de las tierras baldías donde habitan las comunidades
negras, (artículo 5° de la Ley 70 de 1993). De ahí que el reconocimiento de la propiedad
colectiva se erija como un pilar esencial para la materialización de sus derechos, para lo
cual se les impuso a estos pueblos el deber de constituir consejos comunitarios como
una forma de administración interna para recibir las tierras adjudicables.
112. Siendo este uno de los propósitos de los consejos comunitarios, es evidente su
deber de desplegar las actuaciones tendientes a obtener el reconocimiento y titulación
de la propiedad colectiva.
113. Por lo tanto, bajo el entendido de que esta Sala se ha decantado por entender que
el requisito en cuestión se satisface con la mera radicación de la solicitud, no se traduce
en una carga desproporcionada en detrimento de las comunidades, por el contrario, les
facilita: i) activar las competencias de la ANT para cumplir el propósito del constituyente,
y ii) participar en las decisiones que los afectan.
114. Así las cosas, al no prosperar ninguno de los argumentos de impugnación
expuesto por el apelante, se impone a este juez confirmar la decisión apelada.
2.4 Otras consideraciones
115. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitó ser desvinculado
del presente medio de control, al carecer de legitimación.
116. Al respecto, la Sala se abstendrá de hacer algún pronunciamiento, en tanto, en el
curso de la audiencia inicial y de pruebas, se determinó que no se le había vinculado a
la presente causa, por ello, no había decisión que adoptar en la materia;
adicionalmente, en el fallo de primera instancia, se concluyó que no se le vinculó como
parte demandada por lo que resultaba inane ahondar en la procedencia del mismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, del 21 de mayo de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.
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SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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