Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00137-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00137-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00137-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de diciembre de 2024
Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00137-00
11001-03-28-000-2023-00129-00
11001-03-28-000-2023-00145-00
11001-03-28-000-2023-00146-00
Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandada: Giovannys Medrano Martínez como director general de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge
(CORPOMOJANA) para el periodo 2024-2027.
Tema: Proceso de elección del director general de la corporación
autónoma regional. Participación de integrantes del consejo
directivo. Irregularidades en el trámite de convocatoria a la sesión
electoral. Estudio de incidencia.
FALLO DE ÚNICA INSTANCIA - REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA1
La Sección Quinta del Consejo de Estado dicta sentencia en el medio de control de la
referencia.
I. ANTECEDENTES2
1.1. Pretensiones
1. Los ciudadanos Francisco Sales Severiche3 y Juan Camilo Baracchi Vélez4, así
como los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 5 y
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-6 presentaron
demandas en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley
1437 del 2011, en las cuales solicitaron la nulidad Acuerdo 009 del 27 de octubre de
2023 por medio del cual el Consejo Directivo de Corporación Autónoma para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge -CORPOMOJANA- eligió al señor
Giovannys Medrano Martínez como su director general, para el periodo institucional del
01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.
1.2. Hechos
2. El Consejo Directivo de CORPOMOJANA no incluyó dentro de sus integrantes al
representante de las comunidades afrodescendientes, pese a que, el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Sincelejo, en la sentencia tutela del 1º de noviembre de 2022,
1
Se reitera lo expuesto en los fallos: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de septiembre del 2024, radicación
11001032800020230013100, M.P. Gloria María Gómez Montoya. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00150-00. M.P Omar Joaquín Barreto
Suárez. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2024-00094(Acum.),
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de
septiembre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2024-00109-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
2
Se expone una síntesis de los hechos y el concepto de la violación alegado en todas las demandas presentadas en contra del acto
de elección del señor Giovannys Medrano Martínez como director general de CORPOMOJANA.
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Expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00.
4
Expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
5
Expediente 11001-03-28-000-2023-00129-00.
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Expediente 11001-03-28-000-2023-00145-00.
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
ordenó al ente medioambiental tomar las decisiones necesarias para garantizar su
efectiva participación7.
3. El 10 de agosto de 2023, el órgano colegiado expidió el Acuerdo 005 de 2023, por
medio del cual se reglamentó la convocatoria y el cronograma del proceso de
designación del director general.
4. El artículo 4° del Acuerdo 005 dispuso que el aviso de convocatoria debía ser
publicado en un medio radial de alcance regional, por una sola vez.
5. El 2 de octubre de 2023, inició el proceso de selección, en el cual se estableció que
la sesión de designación sería el 25 del mismo mes y año a las 10:00 a.m.
6. El señor Juan Camilo Baracchi Vélez postuló su nombre en el trámite electoral para
ocupar el cargo de director general, pero su hoja de vida fue inadmitida porque las
certificaciones de experiencia no cumplían con los requisitos del capítulo tercero del
Decreto 1083 de 2015 (art. 2.2.2.3.8.), comoquiera que no indicaba las fechas de inicio
y terminación de la vinculación, decisión que fue confirmada al resolver la reclamación
presentada por aquel.
7. El 23 de octubre de 2023, el señor Islan Ramiro Gil Guerra instauró una nueva
acción de tutela en contra de CORPOMOJANA, en la que solicitó el cumplimiento al
fallo emitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Sincelejo, donde se le ordenó convocar a las elecciones del miembro de las
comunidades negras ante el consejo directivo.
8. El 24 de octubre del 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San
Marcos, que conoció de la anterior petición de amparo, ordenó como medida provisional
suspender el desarrollo de la reunión fijada para elegir al director general.
9. El 25 de octubre siguiente, instalada la sesión extraordinaria del consejo directivo, el
presidente de aquel puso de presente la existencia del trámite constitucional de amparo
y notificó a los demás integrantes de la medida cautelar impartida, por lo que se acordó
suspender la diligencia conforme la ordenado, hasta tanto se dictara fallo8.
10. Al día siguiente, el juez constitucional revocó la medida cautelar decretada. Ante
esta decisión y en la misma data, la secretaria general de CORPOMOJANA envió
correo electrónico a los miembros del consejo directivo convocándolos para el 27 de
octubre a las 9:00 a.m., con el fin de continuar el trámite de selección.
11. Conocida la citación, los delegados del Ministerio de Ambiente y del IDEAM
solicitaron el aplazamiento de la sesión, al considerar que ella debía realizarse luego de
ajustar el cronograma con el fin de cumplir lo relativo a la publicidad del trámite; además
de limitarle al gobierno nacional su participación, en tanto, no le era posible desplazarse
de un día para otro a la sede de la corporación. Adicionalmente, porque se había
7
La tutela tiene radicado 707423189001202200010501 y en ella el Tribunal Superior de Sincelejo, ordenó: «“PRIMERO: REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Luis de Sincé-Sucre, de data del 27 de septiembre del
presente anuario, para en su lugar CONCEDER los derechos deprecados por el señor Glorimer Rodríguez Hoyos, representante
legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Municipio de San Benito Abad -COLOSAN- es decir, a elegir y ser
elegido, a la igualdad, a la participación y a la representación de la etnia negra y afrodescendientes, para la toma de decisiones
ambientales en el municipio de San Benito Abad y demás pueblos circunvecinos del municipio, los cuales hacen parte del área de
jurisdicción de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA-
.
SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO DIRECTIVO de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA
Y EL SAN JORGE – CORPOMOJANA- a que expida los actos administrativos a que haya lugar, y, consecuente con esto, se
organice y efectúe el proceso de elección del representante principal y suplente de las comunidades negras, ante el
Consejo Directivo de “CORPOMOJANA” tal como lo establece el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 1° del decreto
1523 de 2003, para el período restante si ya existió elección, de lo contrario para que haga parte de la nueva directiva por el
período legalmente establecido.
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Acta del consejo directivo 009 del 25 de octubre de 2023.
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
pactado en una sesión preliminar, que solo se reiniciaría el trámite con la culminación
de los procesos judiciales en curso.
12. Pese a lo anterior, el consejo directivo no aprobó la proposición y, por el contrario,
decidió llevar a cabo la votación teniendo en cuenta solo la participación de los
miembros que se encontraban presentes de manera presencial9.
1.2. Concepto de la violación
13. Los demandantes alegaron que el acto cuestionado incurrió en las siguientes
causales de nulidad:
a) Desconocimiento del artículo 56 de la Ley 70 de 1993, el artículo 1° del
Decreto 1523 de 2003 y artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015 10. Alegaron la
infracción de la obligación de integrar el órgano de dirección con las comunidades
afrodescendientes, que tendría asiento en el Consejo Directivo de CORPOMOJANA, tal
como lo había ordenado el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, en
sentencia de tutela del 1º de noviembre de 2022, aspecto que denotó la limitación de
los derechos fundamentales de las mencionadas comunidades en la participación de la
selección del director general. Sostuvo que esta misma situación altera la composición
del ente elector, su competencia para dictar el acto demandado y su cuórum.
b) Incumplimiento del artículo 45 de los estatutos de CORPOMOJANA11.
Argumentaron que no se convocó a la sesión electoral, la cual es de naturaleza
extraordinaria, con una antelación de 5 días hábiles a la fecha efectiva de su
realización, lo anterior, además, sin modificar previamente el cronograma establecido.
c) Indebida convocatoria por parte de la secretaria del consejo directivo 12. La
competencia para adelantar esa actuación recae en el presidente del órgano colegiado
y no en la mencionada funcionaria, lo que concretó el desconocimiento de las normas
internas, especialmente, el artículo 45 de los estatutos.
d) Transgresión del artículo 54 de los estatutos de CORPOMOJANA13. La sesión
para la elección y remoción del director debe hacerse presencial; no obstante, se
celebró con miembros que se encontraban presentes en forma remota y otros en la
sede de la entidad.
e) Violación del Acuerdo 05 de 202314. La citación para la reunión electoral no
cumplió con lo establecido en el artículo 22 de esa norma, según el cual, debe ser
publicada en la página web conforme el principio de publicidad que rige el proceso.
f) Violación al acuerdo alcanzado en sesión del 25 de octubre de 2023, plasmado
en el Acta 09 del 25 de octubre de 2023 del consejo directivo extraordinario15. El
consejo directivo acordó la necesidad de reanudar la sesión eleccionaria una vez se
tuviera conocimiento del fallo del juez de tutela; sin embargo, ello se desconoció dado
que la reunión electoral se llevó a cabo una vez se levantó la medida cautelar y no con
la sentencia de amparo.
9
Puntualizó que, al adoptar la decisión de continuar con el desarrollo de la sesión, se desconoció la prohibición contenida en los
Estatutos Sociales para realizar en sesión de carácter no presencial la elección del director general. Contrariando a su vez, la
decisión del consejo directivo de suspender el proceso de elección hasta tanto se resolviera de fondo la acción de tutela que se
encontraba en curso.
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Expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00 y 11001-03-28-000-2023-00146-00.
11
Expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00 y 11001-03-28-000-2023-00129-00. Así mismo, este cargo se presentó en el
expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
12
Expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00 y 11001-03-28-000-2023-00129-00.
13
Expediente 11001-03-28-000-2023-00129-00 y 11001-03-28-000-2023-00146-00.
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Ídem.
15
Ídem.
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
g) Violación directa de la Constitución Política16. El proceso electoral realizado para
la designación del nuevo director de CORPOMOJANA infringió directamente los
artículos 29, 83 y 209 de la Constitución, por las diversas irregularidades acaecidas
relatadas anteriormente.
h) Transgresión de los artículos 42 y 50 del Acuerdo 002 del 29 de septiembre de
202317. Conforme a lo señalado en el artículo 42 del Acuerdo No. 002 del 29 de
septiembre de 2023, es posible realizar reuniones no presenciales sincrónicas o mixtas
cuando por circunstancias excepcionales, alguno o algunos de los miembros del
Consejo Directivo no puedan asistir presencialmente.
«Es decir, no resulta obligatorio que las reuniones para efectos de la elección del director
general se desarrollen en forma presencial. Sin embargo, pese a la observación efectuada
por el delegado del IDEAM, respecto a la imposibilidad de continuar la sesión el 27 de
octubre del 2023 en forma presencial, dado que la del 25 de octubre del 2023 se había
propiciado en la modalidad mixta, y se trataba de una reunión convocada como continuación,
no como nueva sesión, se omite la posibilidad establecida en este artículo, estableciéndose
una distinción que no hace la norma, respecto de la obligatoriedad de escoger una u otra
modalidad de sesión».
i) Desconocimiento de los artículos 1, 4, 6, 29 y 121 de la Constitución y el
Acuerdo 005 de 10 de agosto de 2023 (arts. 4, 6 y lit. a) art. 54)18. Al momento de la
inscripción del aspirante Juan Camilo Baracchi Vélez, la urna triclave sólo contaba con
un candado, lo que generó su exclusión por la falta de entrega del título profesional
cuando fue depositado con los soportes de su aspiración. A su vez, cuestionó que se
alegaran «problemas técnicos» referidos al atasco de algunas hojas de vida en su
ingreso a la urna triclave, cuando lo cierto es que la del referido no presentó
inconvenientes a pesar de tener «40 folios»19.
j) Falta del requisito de publicación en un medio radial de cobertura regional20. La
emisora Radio Caracolí, se puede escuchar únicamente en el municipio de Sincelejo, lo
que implica que no es regional21 como lo exige el artículo 4º de la convocatoria,
conforme al certificado de cámara de comercio, adicional, su matrícula mercantil fue
cancelada desde el año 2015. Con todo, el Ministerio de Comunicaciones indicó que
tiene una concesión de radiodifusión sonora de amplitud modulada, lo que reitera que
no tiene dicho alcance.
k) «DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA,
DESCONOCIMENTO DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD
JURÍDICA»22. El demandante del expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00, alegó
que su hoja de vida fue rechazada inicialmente, por incumplimiento del artículo 2.2.2.3.8
del Decreto 1083 del 2015, en punto de las certificaciones de experiencia aportadas,
por no mencionar la fecha de inicio y terminación de la vinculación. Refirió que esta
exigencia no está en la norma ni en el acuerdo de convocatoria.
Presentada la reclamación, se confirmó su exclusión, por otra causa y es que la
certificación de trabajo expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- tampoco podía ser considerada, lo que fue novedoso y respecto de la cual no
tenía recurso o instancia alguna.
16
Expediente 11001-03-28-000-2023-00129-00 y expediente 11001-03-28-000-2023-00145-00, este último, en el escrito de
subsanación de la demanda.
17
Expediente 11001-03-28-000-2023-00145-00, escrito de subsanación de la demanda, obrante en la actuación 10 del sistema
SAMAI.
18
Expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
19
Se cita referencia textual de la demanda. En las consideraciones del caso concreto, se pone de presente el número real de folios
llegados por el demandante al proceso de elección.
20
Expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
21
Alega que, para el efecto, debe cubrir los departamentos de la Región Caribe Colombiano.
22
Expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
Finalmente, indicó que la decisión de no sumar la experiencia que se traslapa en las
empresas Gaia Health S.A.S. y APOSKAPITAL S.A.S. es inequitativa y desigual, así
como transgresora de su derecho fundamental a elegir profesión y oficio.
1.3. Contestaciones
1.3.1. Excepciones previas
14. Los señores Ingris Quintero Ballesteros, Calixto Mejía Padilla y Javier José
Aguas Pérez, integrantes del Consejo Directivo de CORPOMOJANA, actuando a
través de su apoderado judicial23 alegaron la ineptitud sustantiva de la demanda, al
considerar que todos los escritos iniciales acumulados incumplen con los requisitos de
claridad, certeza, pertinencia y suficiencia respecto del concepto de la violación.
15. El demandado, señor Giovannys Medrano Martínez, a través de su apoderada
judicial24, propuso la inepta demanda por dirigirse el concepto de la violación en contra
de la conformación del consejo directivo de CORPOMOJANA y no frente a su elección
como director general de la autoridad ambiental; así como la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.3.2. Excepciones de mérito
16. A continuación, se presentan los argumentos expuestos tanto por los integrantes
del consejo directivo de CORPOMOJANA, como por el demandado, así:
17. Participación de las comunidades negras en el consejo directivo: refirieron la
imposibilidad jurídica de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Sincelejo, en tanto no se tiene acreditada la titulación colectiva de tierras a
favor de algún consejo comunitario en el territorio de la jurisdicción de la entidad,
requisito que consideran esencial para la participación de aquellos en el consejo
directivo de la autoridad ambiental.
18. De superarse lo anterior, señalaron que CORPOMOJANA es una corporación
regional de desarrollo sostenible, la cual tiene una regulación especial en el «artículo
33» de la Ley 99 de 1993, norma que indicó los integrantes del órgano de dirección de
la entidad, sin incluir en aquellos a un representante de las comunidades
afrodescendientes, por lo que no existe disposición que permita concluir que dicha
participación era necesaria para elegir al director general.
19. Manifestaron que, de todas maneras, la elección del demandado se llevó a cabo
con la mayoría referida por los estatutos y, con todo, el sufragio del representante de
los consejos comunitarios no está calificado, por lo que matemáticamente, sigue siendo
un voto, que no cambiaría el sentido de la decisión adoptada en el presente caso 25.
20. Indicaron que, de declararse la nulidad del acto demandado, es necesario que el
fallo de claridad sobre si CORPOMOJANA debe adecuar su consejo directivo a las
exigencias de las corporaciones autónomas regionales, así como, respecto de quien
presidiría esa instancia y la forma en que se encontraría acreditado el requisito de la
titulación colectiva de tierras por las comunidades afrodescendientes para acceder al
espacio de representación.
23
Abogado Oscar Andrés Márquez Barrios, identificado con cédula de ciudadanía 92.556.524, portador de la tarjeta profesional
138.188 del Consejo Superior de la Judicatura, cuya personería para actuar ya fue reconocida en este proceso.
24
Abogada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, profesional del derecho a quien le fue reconocida personería jurídica en auto del 7
de marzo del 2024.profesional del derecho que ya tiene reconocida su personería para actuar en el proceso.
25
Citó al respecto la sentencia del 16 de febrero del 2023, dictada en el expediente 11001-03-28-000-2022-00002-00.
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21. Posibilidad de continuar la sesión electoral del 25 de octubre del 2024 sin
convocatoria previa bajo el trámite de las reuniones extraordinarias: Consideraron
que una vez levantada la medida cautelar dictada por el juez de tutela, era procedente
seguir con la sesión del 25 de octubre del 2023. Notificada esa decisión, cuatro
miembros de la instancia directiva solicitaron, conforme al artículo 42 de los Estatutos,
proceder en ese sentido, manifestando que ello era necesario para cumplir con el
cronograma establecido en el proceso electoral.
22. Argumentaron que en el marco de la reunión se garantizó el derecho a deliberar y
sufragar de todos los asistentes, así como fueron registradas en el acta correspondiente
las observaciones efectuadas. Razonaron que no se desconoció el contenido del
artículo 45 de los estatutos, en tanto la continuación no demandaba una nueva
convocatoria ni la autorización del ministerio o su delegado, dado que la diligencia ya
estaba en curso y era suficiente la solicitud que para el efecto elevaron los cuatro
integrantes del consejo directivo.
23. Resaltaron que la decisión de continuar la reunión se enmarcó en los principios que
orientan el proceso electoral, tal y como lo señalan los artículos 1º y 2º del Acuerdo 005
del 10 de agosto del 2023, sin que sea necesaria la publicación de la citación, dado que
ello ya se había sido efectuada cuando se convocó para el 26 de octubre de esa
anualidad.
24. Convocatoria efectuada por la secretaría del consejo directivo: Señalaron que
no fue esa dependencia la que «convocó», en tanto aquella se limitó a informar sobre la
decisión de seguir con la sesión, una vez se comunicó el levantamiento de la medida
cautelar dictada en la acción constitucional, lo cual se derivó de la petición de cuatro
integrantes del consejo directivo, tal y como lo consagran los estatutos de
CORPOMOJANA.
25. Modalidad de la reunión electoral: Razonaron que todos los miembros del órgano
colegiado fueron citados de manera presencial, cuestión diferente es que, ante la
manifestación de algunas entidades de Gobierno Nacional de no hacer presencia en la
sede de la entidad, se dispuso la posibilidad de conexión virtual para ellas. Por ello,
estimaron que se cumplieron con las exigencias estatutarias para el efecto, y en caso
de considerarse que se llevó a cabo una sesión mixta, ello no se encuentra prohibido
por las normas internas para elegir al director general, dado que el artículo 54 refiere
que, respecto de este asunto, no es factible sesionar de forma virtual o no presencial,
sin excluir aquella forma.
26. Finalmente, refirieron que incluso en caso de considerarse como irregular el que los
delegados del gobierno participaran de forma virtual de la reunión, ello no tiene
incidencia respecto de la decisión electora, en tanto el demandado fue elegido con 6
votos de los 8 posibles al interior del consejo directivo.
27. Incumplimiento de lo acordado en la reunión del 25 de octubre del 2023:
Precisaron que en la motivación del acto demandado se dejó constancia que uno de los
consejeros «elevó una proposición para que se aclarara lo dicho en la sesión (…) en la que se
manifestó que la elección del nuevo director de CORPOMOJANA, se realizaría el día en que se
produjera el fallo de tutela». Lo anterior fue sometido a votación y se determinó por el
órgano elector que no existía dificultad alguna para continuar con la reunión
previamente suspendida; de todas maneras, el levantamiento de la medida cautelar es
un pronunciamiento de una autoridad judicial que conllevó a la posibilidad de continuar
con el trámite electoral, sin que fuera necesario que se dictara fallo que pusiera fin a
dicha actuación.
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28. Uso de la urna triclave, evaluación del aspirante Juan Camilo Baracchi Vélez y
la publicidad de la convocatoria: Manifestaron que la convocatoria fue publicada en
un diario de amplia circulación y en uno del orden regional, para permitir que la
información fuera conocida por una audiencia diversa y representativa.
29. En cuanto a la urna triclave, argumentaron que durante el trámite se verificó que el
candado estaba averiado, y por ello se reemplazó, para cumplir con la finalidad del uso
de ese mecanismo, esto es, que estuviera cerrada, incluso desde antes del inicio de la
etapa de reclutamiento. Señaló que no se puede predicar la existencia de una
irregularidad respecto de la hoja de vida de Juan Camilo Baracchi Vélez, en tanto la
razón de su exclusión del proceso, fue el incumplimiento de los requisitos en las
certificaciones de experiencia aportadas.
30. Respecto del señor Baracchi Vélez se determinó de forma objetiva que los
documentos aportados con la hoja de vida no cumplían los criterios fijados para el
efecto por el Decreto 1083 del 2015, especialmente, al no relacionar el tiempo de
servicio y las funciones, con lo que se demuestra que se dio aplicación a los principios
de igualdad e imparcialidad en la valoración correspondiente.
31. Así las cosas, en atención a la presunta ampliación de los motivos por los cuales se
podía inadmitir una hoja de vida, señalaron el contenido del informe de verificación de
requisitos adoptado por la comisión creada para el efecto, así como al marco normativo
que regula lo correspondiente.
32. Estimaron que el cumplimiento de las exigencias para poder participar y habilitarse
como candidato, en sede del medio de control de nulidad electoral, solo se predican del
elegido, aspecto que no se evidencia en este caso. De superarse lo anterior, resaltaron
que no resulta acertada la manifestación hecha por el demandante, en donde indicó
que se creó un nuevo requisito en el análisis de los documentos, esto es, lo relacionado
con la fecha de vinculación y desvinculación frente a los períodos de experiencia
acreditados.
33. Mencionaron que el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 del 2015 refiere a que las
certificaciones deben contar con el tiempo de experiencia, aspecto del cual se deriva
la exigencia por la cual fue rechazada la hoja de vida presentada por el actor.
Razonaron que se otorgó la oportunidad de interponer recurso en contra de la decisión
adoptada en el informe de verificación, sin embargo, esa posibilidad no puede ser
entendida como una nueva etapa para subsanar requisitos incumplidos conforme la
normativa antes mencionada.
34. En lo que concierne a las dos certificaciones relativas a las empresas GAIA
HEALTH S.A.S cuyo tiempo es común con la de APOSKAPITAL SAS, en tanto, la
primera, tiene fecha de vinculación del 5 de marzo del 2019 al 5 de septiembre de 2019
y la segunda, del 01 de febrero de 2019 al 01 de octubre de 2023, tal como lo acotó la
entidad, «cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión
haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de
experiencia se contabilizará por una sola vez»26, tampoco contiene irregularidad alguna, por
cuanto, además de la primera certificación se traslapó con APOSKAPITAL SAS, esta
última resultó que «[d]e acuerdo al Art. 2.2.2.3.8 del decreto 1083, la certificación no
relaciona las funciones desempeñadas». Es decir, que esta no podía ser tenida en
cuenta ante la falta de descripción de requisitos.
26
Esto con fundamento en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 del 2015.
7
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
35. En cuanto hace a la valoración de la experiencia en la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, indicaron que este aspecto fue una circunstancia expresamente
expuesta por el demandante en la reclamación presentada frente al informe de
verificación de requisitos, por lo que no resulta cierto que la entidad sorprendió al
entonces participante con la decisión sobre dicho particular.
1.4. Trámite procesal relevante
36. Las demandas fueron admitidas y el plazo para su contestación transcurrió así:
Expediente Actuación Fecha Observación
11001-03-28-000- Auto que admite 15 de febrero El término para la contestación
2023-00137-00 la demanda del 2024 de la demanda venció el 19 de
marzo de 202427
El término para la contestación
11001-03-28-000- Auto que admite 22 de febrero de la demanda venció el 17 de
2023-00129-00 la demanda del 2023 abril del 202428
11001-03-28-000- Auto que admite 22 de febrero El término para la contestación
2023-00145-00 la demanda del 2024 de la demanda venció el 22 de
marzo de 202429
El término para la contestación
11001-03-28-000- Auto que admite 22 de febrero de la demanda venció el 22 de
2023-00146-00 la demanda del 2024 marzo de 202430
37. En el expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00, con la providencia admisoria se
decretó la suspensión provisional del acto demandado31, decisión que fue confirmada
con auto del 7 de marzo de la presente anualidad32.
38. De las excepciones propuestas, se corrió traslado por el término de tres días así:
Expediente Índice SAMAI Pronunciamiento
11001-03-28-000-2023-00137-00 76 No
11001-03-28-000-2023-00129-00 61 No
11001-03-28-000-2023-00145-00 65 No
11001-03-28-000-2023-00146-00 44 No
39. En providencia del 14 de junio del 2024, se decretó la acumulación de los trámites
referenciados, llevándose a cabo la diligencia de sorteo de ponente el 25 siguiente, de
la cual, se asignó el conocimiento del asunto a quien sustancia la presente actuación.
40. Con escrito del 15 de octubre del 202433, la apoderada del demandado presentó
escrito de renuncia al poder otorgado por aquel.
41. Con memorial del 21 de octubre del presente año34, el profesional del derecho
Ricardo Augusto Gómez Mancera aportó poder firmado por el accionado.
42. En auto del 31 de octubre del 202435, el despacho conductor del proceso se
pronunció sobre las excepciones previas36, fijó el litigio37, así como se incorporaron las
27
Informe secretarial obrante en el índice 80 del sistema SAMAI.
28
Informe secretarial obrante en el índice 62 del sistema SAMAI. Se aclara que el auto admisorio de la demanda fue objeto de
solicitud de adición por la parte demandante, la cual fue resuelta con auto del 7 de marzo del 2024, extendiendo la ejecutoria de
dicha decisión y, por lo tanto, el inicio de la contabilización del término para contestar la demanda.
29
Informe secretarial obrante en el índice 66 del sistema SAMAI.
30
Informe secretarial obrante en el índice 45 del sistema SAMAI.
31
Esta providencia contó con el salvamento de voto de los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil.
32
Índice 54. Sistema SAMAI.
33
Índice 98. Sistema SAMAI.
34
Índice 99. Sistema SAMAI.
35
Índice 100. Sistema SAMAI.
36
Se declararon no probadas las excepciones de inepta demanda y falta de legitimación en la causa.
37
En los términos en que será expuesto en las consideraciones de la presente providencia.
8
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pruebas documentales aportadas por las partes y se decretaron otras. Finalmente, dio
aplicación a la figura de la sentencia anticipada, razón por la cual se ordenó correr
traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
Finalmente, se reconoció personería para actuar al nuevo apoderado del elegido.
1.5. Alegatos de conclusión
43. El apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible38 solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, considerando que en el presente asunto
quedaron acreditadas las irregularidades alegadas, las cuales, tuvieron un efecto
directo y negativo en la garantía de participación de las entidades públicas en el
proceso electoral.
44. Por su parte, los señores Ingris Quintero Ballesteros, Calixto Mejía Padilla y
Javier José Aguas Pérez, integrantes del Consejo Directivo de CORPOMOJANA39,
insistieron en la imposibilidad de integrar esta instancia con un representante de las
comunidades afrodescendientes, ello, (i) ante la inexistencia de titulación colectiva a
favor de alguno de los consejos comunitarios asentados en la jurisdicción de la entidad
ambiental, (ii), así como al existir una norma especial que consagra la integración del
cuerpo colegiado, la cual, a su vez, fue declarada exequible mediante sentencia C-423
de 1994.
45. De otra parte, refirieron que no se demostró la ocurrencia de las presuntas
irregularidades en cuanto al desarrollo de la sesión electoral, pues en todo momento se
atendieron las disposiciones estatutarias de CORPOMOJANA, así como del proceso de
elección.
46. El demandado40, a través de su apoderado judicial, reiteró las razones expuestas
en el escrito de contestación a la demanda, especialmente, respecto de la imposibilidad
jurídica de exigir la integración del consejo directivo de la entidad ambiental con un
representante de las comunidades afrodescendientes, así como, el apego irrestricto del
procedimiento electoral a las normas aplicables al mismo, sin que se configuren las
irregularidades alegadas por los accionantes.
1.6. Concepto del Ministerio Público
47. Con memorial del 9 de diciembre del 202341, la procuradora séptima delegada ante
el Consejo de Estado solicitó acceder a las pretensiones de la demanda de la
referencia. Como fundamento de lo anterior, expresó las siguientes razones:
a) Por un lado, consideró que no se encuentra acreditadas las irregularidades
relativas a la indebida publicación del acto de convocatoria, lo relativo a la
antelación para la celebración de la sesión extraordinaria en que se eligió al
demandado, así como, la modalidad mixta en que aquella fue desarrollada.
b) A pesar de lo anterior, señaló que es ilegal, con un impacto sustancial frente al
acto demandado, el que no se hubiere publicado en la página web de la entidad
la citación para la reunión electoral, tal y como lo exige el Acuerdo 005 del 2023.
c) A su vez, indicó que, a su juicio, resultaba exigible la integración del consejo
directivo de CORPOMOJANA con un representante de las comunidades
38
Índice 119. Sistema SAMAI.
39
Índice 121. Sistema SAMAI.
40
Índice 124. Sistema SAMAI.
41
Índice 123. Sistema SAMAI.
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afrodescendientes, en tanto ello deviene de la exigencia que consagra el artículo
56 de la Ley 70 de 1993, sin que sea necesaria la acreditación de la adjudicación
efectiva de títulos colectivos de territorio, a lo que sumó, que ya se había dictado
una orden por el juez constitucional en ese sentido, que había sido desconocida.
d) Finalmente, consideró que se presentó una indebida exclusión del señor Juan
Camilo Baracchi Vélez, en tanto se evaluó indebidamente su experiencia, la cual
se acreditó debidamente con los documentos aportados al trámite administrativo
electoral. Sobre este particular, señaló:
«Lo cual implica que el accionante si cumplía con el requisito de tener cuatro años de
experiencia y haber desempeñado, al menos por un año, actividades relacionadas con el
medio ambiente y los recursos naturales renovables, para ser designado como director
general de CORPOMOJANA.
En efecto, la relación parte de haber desempeñado funciones que atañen con las del
cargo a proveer. Si bien no fueron exclusivas, sí resultan consonantes con las
reglamentadas para el director general de la Corporación.
El punto nodal se encuentra en los verbos rectores “supervisar”, “revisar” y “ejecutar”,
con el complemento directo “sistema de gestión ambiental”, los cuales se entrelazan
para dar cabida a la interrelación de funciones desempeñadas y las funciones por
desempeñar en el cargo a proveer.
Bajo esa perspectiva, se considera que Juan Camilo Baracchi Vélez, aspirante inscrito
para ser habilitado en el proceso de elección de director general de CORPOMOJANA,
período 2024-2027, sí acreditó los estudios, la experiencia de 4 años y el haber
desempeñado por el término de un año, actividades relacionadas con el medio ambiente
y los recursos naturales renovables, conforme con lo señalado sobre experiencia
relacionada en el Decreto 1083 de 2015 y lo dispuesto por la Sala Electoral del Consejo
de Estado».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
48. De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 149 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 42 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección
es competente para conocer, tramitar y decidir en única instancia el proceso de la
referencia.
2.2. Problema jurídico
49. En providencia del 31 de octubre del 2024 se fijó el litigio en los siguientes términos:
«Revisados el texto de la demanda y sus contestaciones, la controversia gira en torno a
establecer si el Acuerdo 009 del 27 de octubre del 2023, por medio del cual el Consejo
Directivo de CORPOMOJANA eligió al señor Giovannys Medrano Martínez como su director
general, es nulo con fundamento en las causales de nulidad referidas a la (i) infracción de
normas de orden superior y (ii) la expedición irregular, para lo cual, es necesario dar
respuesta a los siguientes interrogantes:
A) ¿Se desconocieron los artículos 56 de la Ley 70 de 1993, 1° del Decreto 1523 de 2003 y
2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015, al expedirse el acto de elección cuestionado por el
Consejo Directivo de CORPOMOJANA, sin un representante de las comunidades negras
asentadas en la jurisdicción de la entidad ambiental?
La respuesta a lo anterior, requiere de abordar los siguientes subtemas:
42
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 4. De la nulidad de los actos de elección
expedidos por el consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional …
10
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
a.1) ¿Resulta exigible a las corporaciones de desarrollo sostenible como lo es
CORPOMOJANA contar al interior de su consejo directivo con un representante de los
grupos afrodescendientes?
a.2) De ser positivo lo anterior, ¿es necesario contar con la titulación colectiva de tierras?
B) ¿Se publicó correctamente el acto de convocatoria al proceso de elección del director
general de CORPOMOJANA?
C) ¿Se presentaron irregularidades en punto de la convocatoria y celebración de la reunión
electoral del 27 de octubre del 2023?
Para responder el anterior planteamiento debe determinarse si:
c.1) ¿Se desconoció el artículo 45 de los estatutos de CORPOMOJANA, dado que al tener la
sesión electoral un carácter extraordinario, debía convocarse con 5 días de anticipación?
¿Era procedente esa exigencia, considerando la suspensión previa de la reunión del 25 de
octubre del 2023 a causa de la decisión del juez constitucional?
c.2) ¿Se transgredieron las normas estatutarias, al presuntamente haberse convocado la
sesión del 27 de octubre del 2023 por la secretaria del consejo directivo de la autoridad
ambiental?
c.3) ¿Se desconoció la disposición interna que exige que la elección del director general se
realice de manera presencial? De ser así, ¿puede validarse la participación virtual de
algunos integrantes del órgano colegiado, en atención a las circunstancias que rodearon la
reanudación del proceso?
c.4) ¿Era exigible la obligación dispuesta en el artículo 2º del Acuerdo 05 de 2023 -
reglamentario del proceso de elección-, según el cual las citaciones y convocatorias llevadas
a cabo en el marco de la actuación administrativa debían ser publicadas en la página web de
la entidad?
c.5) ¿Se desatendió la orden impartida en la sesión del 25 de octubre de 2023, plasmado en
el Acta 09 del 25 de octubre de 2023 en la que el consejo directivo dispuso la reanudación
del proceso una vez se conociera el fallo del juez de la acción constitucional?
c.6) ¿Conllevan las anteriores irregularidades una violación directa de la Constitución,
específicamente, en sus artículos 29, 83 y 209?
D) ¿Se presentaron circunstancias irregulares en el proceso de postulación y evaluación de
la hoja de vida del aspirante Juan Camilo Beracchi Vélez?
Sobre el particular se determinará si:
d.1) ¿Se desconoció el trámite de incorporación de los documentos en la urna triclave,
conllevando con ello una posible alteración de los soportes allegados por los aspirantes?
d.2) ¿Se presentó una indebida valoración de las certificaciones aportadas por el señor Juan
Camilo Baracchi Vélez, lo cual conllevó a su exclusión del proceso al presuntamente
haberse, por un lado, (i) exigido requisitos no contemplados en la norma superior y la
convocatoria y por el otro (ii) ampliado las causales por las cuales fue inadmitido
inicialmente?
Finalmente, de encontrarse acreditada la ocurrencia de una o algunas de las circunstancias
antes señaladas, corresponderá determinar la incidencia del vicio o irregularidad respecto del
acto de elección.
50. Para resolver sobre el particular, se presentará (i) un breve marco teórico respecto
de las causales de nulidad alegadas, así como (ii) las normas que rigen el proceso de
elección de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales y de
desarrollo sostenible, para con posterioridad (iii) estudiar el caso concreto frente a las
preguntas expuestas en la fijación del litigio antes transcrita.
2.3. Causales de nulidad de infracción de norma superior y expedición irregular
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
51. Como viene de indicarse en los antecedentes de la presente providencia, la parte
demandante alega una infracción de norma superior y la expedición irregular del acto
cuestionado.
52. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el primero de los vicios
de nulidad antes mencionados, implica contrastar objetivamente la actuación
correspondiente en relación con normas jerárquicamente superiores. Esta Sección ha
señalado que, para la configuración de esta causal, se debe demostrar (i) la pertinencia
de la norma para regular el asunto, y, conforme a ello, establecer que aquella (ii) fue
inaplicada; (ii) fue aplicada de forma indebida y/o (iii) fue interpretada de forma
errónea.43
53. Ahora bien, en punto de la expedición irregular, se ha considerado que aquel
constituye un vicio que se materializa cuando se vulnera el procedimiento establecido
para la formación del acto, es decir, cuando la actuación administrativa se encuentra
afectada por una serie de anomalías derivadas de desconocer el trámite previsto en el
ordenamiento jurídico aplicable44, circunstancia que debe tener la incidencia suficiente
para afectar el acto demandado45.
2.4. Elección de los directores de las corporaciones autónomas regionales
54. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, en el numeral 7 del artículo
150, se le atribuyó al legislador la competencia para «reglamentar la creación y
funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de
autonomía». Con fundamento en ello, el Congreso de la República expidió la Ley 99 de
1993, por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se dictaron otras
disposiciones, entre ellas, la normatividad que regula la naturaleza jurídica, las
funciones y los órganos de dirección y administración de las CAR46.
55. De conformidad con la Ley 99 de 1993, las corporaciones autónomas regionales y
de desarrollo sostenible, son entes corporativos de carácter público, creadas por la ley
e integradas por las entidades territoriales que por sus características constituyen,
geográficamente, un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica y dotados de autonomía administrativa, financiera,
patrimonio propio y personería jurídica47.
56. El artículo 24 de la misma norma, refiere que dichas entidades tendrán tres órganos
principales de dirección y administración, como son la asamblea corporativa48, el
consejo directivo49 y el director general. Respecto de este último, el artículo 28
subsiguiente, el cual fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, señala:
El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad
ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años,
contados a partir del 1o de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Rad: 23001-
23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Reiterado recientemente en fallo del 4 de mayo del 2023, radicación
11001-03-28-000-2022-00312-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 4 de noviembre del 2021. Radicación
11001-03-28-000-2019-00059-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
45
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre de 2016, rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00, M. P. Mauricio
Torres Cuervo. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
23001-23-33-000-2020-00004-02. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre del 2021. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Radicación 76001-23-33-000-2020-00002-02.
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017.
Radicación: 05001-23-33-000-2013-00572-01(1786-14). M.P. Cesar Palomino Cortés.
47
Art. 23, Ley 99 de 1993.
48
Regulada en el artículo 25 de la Ley 99 de 1993.
49
Regulado en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
12
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PARÁGRAFO 1o. El período de los miembros del Consejo Directivo de que tratan los
literales e), f), y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será igual al del Director de la
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible., y podrán ser reelegibles.
PARÁGRAFO 2o. El proceso de elección de los Directores de las Corporaciones Autónomas
Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo en el trimestre
inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo.
PARÁGRAFO 3o. El proceso de elección de los representantes del sector privado, ante el
Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible,
deberán realizarlo los integrantes de su mismo sector.
57. Del análisis de las normas revisadas, se puede concluir que: i) el director general es
el representante legal de cada corporación autónoma, ii) es designado por el respectivo
consejo directivo, iii) su período es institucional y es por 4 años, iv) es viable su
reelección por una vez y, v) el proceso de designación deberá hacerse en el trimestre
anterior al inicio del respectivo período.
58. En cuanto hace a los requisitos para el acceso al cargo, el artículo 2.2.8.4.1.21 del
Decreto 1076 del 2015, refiere lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.8.4.1.21. Calidades del director general. Para ser nombrado director
general de una corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Título profesional universitario;
b) Título de formación avanzada o de posgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional;
c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el literal
anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de director
general de corporación, y
d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
54. Se debe recordar que el Decreto 2011 de 200650 que derogó de manera expresa51
el Decreto 2555 de 199752, contenía las reglas de procedimiento para la selección del
director general; no obstante, el primero de los reglamentos fue declarado nulo por el
Consejo de Estado53, al considerar que:
«Conforme quedó visto, la Ley 99 de 1993 contiene las normas que reglamentan la creación
y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se
encuentra la atribución conferida al Consejo Directivo para el nombramiento del respectivo
Director, sin que se le haya impuesto a aquél un procedimiento o método específico para la
correspondiente designación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 7, de la Constitución Política,
corresponde al Congreso y no al Gobierno "...reglamentar la creación y funcionamiento de
las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía”.
A su vez, el literal h) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993, dispone que el Gobierno dictará
"las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de
Régimen Especial, creadas o transformadas por la presente Ley y de conformidad con lo en
ella dispuesto..."
50
Por el cual se establece el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de las Corporaciones de Régimen Especial y se adoptan otras disposiciones.
51
Artículo 14. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias
en especial, los Decretos 2555 de 1997 y 3345 de 2003.
52
Por el cual se establece el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de las Corporaciones de Régimen Especial y se adoptan otras disposiciones.”
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2017,
M.P Gabriel Valbuena Hernández, Radicado: 11001-0325-000-2011-00312-00(1177-2011.
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De lo anterior se desprende que si la Ley no impuso procedimientos especiales para la
designación de los Directores Generales de las CAR, mal podría el reglamento determinar
fórmulas para esos efectos sin exceder con ello el límite de la potestad reglamentaria y
vulnerar la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales.
(…) Como corolario de lo anterior, bajo las disposiciones de la Ley 99 de 1993, la decisión de
recurrir a un procedimiento fundado en el mérito debe ser del nominador, en este caso del
Consejo Directivo y no del Gobierno mediante decreto reglamentario».
2.5. Caso concreto
55. Para efectos metodológicos, la sala divide el estudio de las demandas acumuladas
y los argumentos expuestos en la defensa de la legalidad del acto demandado, de la
siguiente manera:
a) Participación de las comunidades afrodescendientes en el consejo directivo de
CORPOMOJANA.
b) Irregularidades en el proceso de elección.
c) Cuestionamientos frente a la evaluación de la hoja de vida y documentos soporte
del señor Juan Camilo Baracchi Vélez.
d) Impacto sustancial de las irregularidades acreditadas frente al acto de elección.
2.5.1. Participación de las comunidades afrodescendientes en el consejo
directivo
56. Sobre este particular, en el expediente obran los siguientes elementos de
convicción:
a) Sentencia del 1º de noviembre del 202254, dictada en el expediente
70742318900120220010500, de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, que ordenó a CORPOMOJANA
adelantar los trámites para la selección del integrante de las comunidades
afrodescendientes en el consejo directivo de esa entidad.
b) Decisión que fue notificada a la autoridad ambiental, el 8 de noviembre del 2022.
c) Artículo 27 de los estatutos de la entidad55, que replica el artículo 41 de la Ley 99
de 1993, dispuso, en cuanto hace a la composición del consejo directivo, lo
siguiente:
«El Consejo Directivo estará integrado por: a. El Ministro del Medio Ambiente o su
delegado, quien lo presidirá; b. El gobernador de Sucre o su delegado; c. Dos alcaldes
municipales; d. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones
Ambientales, IDEAM o su delegado; e. Un representante de las organizaciones
campesinas; h. Un representante de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto
sea la conservación y el manejo de los recursos naturales; i. Un representante de los
gremios de la producción agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en la
zona».
d) En desarrollo del proceso de elección del aquí demandado, el señor Islán Ramiro
Gil Guerra, en su condición de integrante del «Consejo Consultivo Departamental
de Comunidades Afro» presentó acción de tutela con el radicado
54
Anexos de la contestación de la demanda. Actuación 070 del sistema SAMAI. Expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00.
55
Anexo de la demanda. Expediente 11001-03-28-000-2023-00129-00. Actuación 3.
14
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
7070831890022023000470056, en la cual solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegido y de representación política, al
considerar que CORPOMOJANA no acató el fallo de tutela del 1º de noviembre
del 2022, dictado por la Sala Civil-Laboral-Familia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Sucre.
e) El conocimiento de la anterior acción constitucional correspondió al Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, autoridad judicial que en auto
del 24 de octubre del 202357, la admitió y dispuso, la suspensión del proceso
electoral hasta que se dicte fallo.
f) Con providencia del 26 de octubre del 202358, el mencionado despacho revocó la
cautelar antes referida.
g) El 1º de noviembre del 202359, el juzgado de conocimiento declaró la
improcedencia de la acción.
h) Según el acta 009 del 25 de octubre del 2023 60, la cual contiene el desarrollo de
la sesión en la cual fue electo el señor Medrano Martínez, se dejó constancia de
la participación del representante del Ministerio de Medio Ambiente, del IDEAM,
el delegado de la Gobernación de Sucre, los alcaldes de Majagual y San Marco,
el elegido por las ONG, así como aquel de las organizaciones campesinas y de
los gremios de la producción agropecuaria y pesquera.
57. De lo dicho hasta el momento, esta judicatura llega a las siguientes conclusiones:
a) Existe disposición jurídica contenida en la Ley 99 de 1993, que al momento de
regular la creación de CORPOMOJANA, fijó la composición del consejo directivo,
de la que no se extrae que aquel deba estar compuesto por un representante de
las comunidades afrodescendientes.
b) Se presentaron acciones de tutela que ordenaron a la autoridad ambiental la
elección de dicho integrante, las cuales, no fueron acatadas por
CORPORMOJANA, situación que incluso es aceptada en la contestación de la
demanda que presentan algunos integrantes del consejo directivo.
c) Al momento de la elección del aquí demandado, no se contaba con el espacio de
representación en estudio.
58. Ahora bien, no desconoce esta judicatura que, al responder a los argumentos
expuestos en los escritos iniciales en que se alega una irregularidad por la no
integración del órgano colegiado con un representante de las comunidades
afrodescendientes61, se razonó que aquella no era obligatoria, básicamente, por dos
razones específicas: (i) la «norma especial» que fija su composición no determina dicho
asiento y (ii) de todas maneras, no se cuenta con comunidades o consejos comunitarios
que hayan sido objeto de titulación efectiva de territorios colectivos.
59. Frente a lo anterior, se responde de la siguiente manera:
56
Documentos obrantes en los anexos de la contestación a la demanda del expediente 11001-03-28-000-2023-00137-00. Actuación
070 del sistema SAMAI. El expediente completo de la acción constitucional fue incorporado al proceso con ocasión del decreto de
pruebas dispuesto en el auto del 31 de octubre del 2023, actuación que se registró en el índice 107 del sistema SAMAI.
57
Ídem.
58
Ídem.
59
Ídem.
60
Ídem.
61
Expedientes 11001-03-28-000-2023-00137-00 y 11001-03-28-000-2023-00146-00
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Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
60. El artículo 33 de la Ley 99 de 1993, dispone la creación y transformación de las
corporaciones autónomas regionales, siendo que el parágrafo primero de esta
disposición jurídica hace referencia a las regiones con régimen especial en los
siguientes términos:
«(…) PARÁGRAFO 1. DE LAS REGIONES CON RÉGIMEN ESPECIAL. La administración
de los recursos naturales y el medio ambiente en la región Amazónica, en el Chocó, en la
Sierra Nevada de Santa Marta, en la serranía de la Macarena, en la región de Urabá, en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en la región de
La Mojana y del San Jorge, estará a cargo de Corporaciones para el desarrollo sostenible
de las respectivas regiones, las cuales se organizarán como Corporaciones Autónomas
Regionales, con las características especiales que la presente Ley para su caso
establece.»
61. Es relevante para el caso que ocupa la atención de la Sala, lo señalado en el artículo
41 de la ley bajo estudio, el cual crea la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la
Mojana y El San Jorge -CORPOMOJANA- y, en punto de su consejo directivo, señala:
«ARTÍCULO 41. DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
MOJANA Y EL SAN JORGE, CORPOMOJANA (…)
El Consejo Directivo estará integrado por: a. El Ministro del Medio Ambiente o su
delegado, quien lo presidirá, b. El Gobernador de Sucre o su delegado. c. Dos alcaldes
municipales. d. El Director del Instituto de Hidrología Meteorología e Investigaciones
Ambientales, IDEAM o su delegado. e. Un representante de las organizaciones
campesinas. h. Un representante de las organizaciones no gubernamentales cuyo
objeto sea la conservación y el manejo de los recursos naturales. i. Un representante
de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera debidamente constituidos
en la zona.» (Se resalta)
62. Ahora bien, revisado el Decreto 1768 de 199462, compilado por el Decreto 1076 del
201563, se tiene que las corporaciones autónomas regionales como las corporaciones de
desarrollo sostenible, como es el caso de CORPOMOJANA, comparten la misma
naturaleza, al ser catalogadas como órganos corporativos de carácter público, encargados
por la ley de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible64.
63. A su vez, se dispone que les son aplicables las disposiciones de la Ley 99 de 199365 y
señala, frente a la composición del consejo directivo lo siguiente:
«ARTÍCULO 17.- De la conformación del consejo directivo. Los consejos directivos
estarán conformados de la forma establecida en el Artículo 26 de la Ley 99 de 1993
para las corporaciones autónomas regionales y de la manera especial establecida en
la misma, para cada una de las corporaciones de desarrollo sostenible (…)» (se
resalta).
64. Así las cosas, en punto de la composición del consejo directivo, considera esta Sala
procedente realizar una comparación de los regímenes, así:
Artículo 26, Ley 99 de 1993 Inciso 3 del artículo 41, Ley 99 de 1993
ARTÍCULO 26. DEL CONSEJO DIRECTIVO. Es el ARTÍCULO 41. De la Corporación para el
órgano de administración de la Corporación y estará Desarrollo Sostenible de la Mojana y el
conformado por: San Jorge, CORPOMOJANA.
a. El gobernador o los gobernadores de los (…) El Consejo Directivo estará integrado
departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción por:
la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o
62
Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del Artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma
de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de
1993.
63
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
64
Artículo 1º, decreto 1768 de 1994.
65
Artículo 2º, decreto 1768 de 1994.
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delegados. Corresponderá al gobernador o a su a. El Ministro del Medio Ambiente o su
delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios delegado, quien lo presidirá,
los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la b. El Gobernador de Sucre o su delegado.
presidencia del Consejo Directivo; c. Dos alcaldes municipales.
d. El Director del Instituto de Hidrología
b. Un representante del Presidente de la República; Meteorología e Investigaciones
Ambientales, IDEAM o su delegado.
e. Un representante de las organizaciones
c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente.
campesinas.
h. Un representante de las organizaciones
d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios no gubernamentales cuyo objeto sea la
comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de conservación y el manejo de los recursos
la corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, naturales.
para períodos de un (1) año por el sistema de i. Un representante de los gremios de la
cuociente electoral, de manera que queden producción agropecuaria y pesquera
representados todos los departamentos o regiones que debidamente constituidos en la zona.
integran la corporación. Si el territorio de la
Corporación comprendiese un número plural de
departamentos, la participación será definida en forma
equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto
expida el Gobierno Nacional;
e. Dos (2) representantes del sector privado;
f. Un (1) representante de las comunidades indígenas
o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de
jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas
mismas;
g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo
de lucro, que tengan su domicilio en el área de
jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal
sea la protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, elegido por ellas mismas.
PARÁGRAFO 1. Los representantes de los literales f,
y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que
sobre el particular expida el Ministerio del Medio
Ambiente;
PARÁGRAFO 2. En la conformación de los
Consejos Directivos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las
disposiciones de la Ley 70 de 1993.
65. Lo dispuesto en el citado artículo 26, debe ser concordado con lo consagrado en el
artículo 56 de la Ley 70 de 1993, que señala:
«Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde
se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo
transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus
consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno
Nacional».
66. Ahora bien, aunque prima facie, puede concluirse que, en efecto, el legislador no
dispuso que el consejo directivo de CORPOMOJANA estuviera integrado por un
representante de las comunidades afrodescendientes, lo cierto es que existen otras
razones por las cuales dicha exigencia sí es predicable, especialmente, por la remisión que
realiza la norma a las disposiciones de las Ley 70 de 1996.
67. Lo primero a señalar, es que es necesario contextualizar los usos gramaticales
utilizados en algunas disposiciones de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1768 de 1994. Una
lectura del parágrafo 1º del artículo 33 del primer cuerpo normativo antes mencionado,
señala que las corporaciones de desarrollo sostenible «se organizarán -de manera
general- como Corporaciones Autónomas Regionales, con las características especiales
que la presente Ley para su caso establece» (se resalta).
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68. De otra parte, el artículo 17 del Decreto 1768 de 1994, señala que «los consejos
directivos estarán conformados de la forma establecida en el Artículo 26 de la Ley 99 de
1993 para las corporaciones autónomas regionales y de la manera especial establecida en la
misma, para cada una de las corporaciones de desarrollo sostenible» (se resalta).
69. Como se observa, la redacción hizo uso de la conjunción copulativa «y», la cual suma
una frase con otra, formando grupos donde los elementos se adicionan66. Bajo esta
perspectiva gramatical, se puede concluir que la intención de legislador y el reglamento,
lejos de hacer excluyentes los regímenes en cuanto hace a la integración del consejo
directivo de las autoridades ambientales, buscó su complementariedad.
70. Así las cosas, es posible concluir que, para efectos de la composición del consejo
directivo de CORPOMOJANA, se debe atender la remisión que el artículo 26 realiza a la
Ley 70 de 1996, la cual, como se indicó, dispuso la integración del consejo directivo de las
autoridades ambientales con un representante de las comunidades afrodescendientes
asentadas en el territorio de la jurisdicción de aquellas.
71. La sala resalta que solo desde esta perspectiva, se garantiza la finalidad que se busca
con la forma o composición de estas instancias de decisión, pues pretenden hacer efectiva
la participación de todos los interesados en la ejecución de las funciones de administración,
conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción de cada
autoridad ambiental, como pasa a exponerse a continuación.
72. De otra parte, se tiene que el texto fundamental del año 1991 reconoció a Colombia
como una república pluralista, que tiene como fin esencial el facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación67.
73. En el marco antes descrito, se expidió La Ley 70 de 1993, por medio de la cual se
desarrolla el artículo 55 de la Constitución Política de 1991, la cual dispone en su artículo
1º que dicha norma busca «establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural
y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de
su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana».
74. A su vez, el subsiguiente artículo 3º, dispone los principios que fundamentan la citada
ley, así:
«1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la
igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de
su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de
igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por
las comunidades negras con la naturaleza» (énfasis de la Sala).
75. Es de señalar que el artículo 56 de esta ley, mencionado en párrafos precedentes, se
ubica dentro del capítulo VII, denominado como «PLANEACIÓN Y FOMENTO DEL
DESARROLLO SOCIAL», por lo que dicha disposición se entiende como un mecanismo
que permite la garantía del principio de participación a que se hizo referencia en
66
https://www.upb.edu.co/es/central-blogs/ortografia/uso-de-las-conjunciones.
67
Al respecto, ver, Corte Constitucional. Sentencia T-576 del 2014.
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precedencia, especialmente, en punto de la administración de los recursos naturales en
sus territorios.
76. A su vez, la sentenciaT-375 del 2006 recordó que la Ley 70 de 1993 no solamente se
limita a establecer mecanismos relacionados con el reconocimiento de terrenos baldíos
ocupados por comunidades negras, sino que también, busca protegerlas como grupo
étnico titular de derechos colectivos. Lo anterior, fue reiterado en la decisión T-823 del
2012, en donde se señaló:
«Como grupos étnicos diferenciados, las comunidades negras son titulares de varios
derechos ligados al principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación,
reconocidos por la Constitución y el Convenio 169, entre los que se encuentran el derecho
a la propiedad colectiva sobre sus territorios, el derecho a la participación, el derecho a la
educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la
protección de la biodiversidad, el derecho a determinar el modelo de desarrollo que desean
seguir, entre otros».
77. Por otra parte, la sentencia C-882 del 23 de noviembre del 2011, refirió que:
«Una de las manifestaciones del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural de la Nación, es la inclusión en el texto constitucional del derecho fundamental de
las comunidades étnicas minoritarias a la libre determinación o autonomía, con la finalidad
de garantizar la supervivencia cultural de estos pueblos como grupos culturalmente
diferenciados. Así con fundamento en los artículos 1, 7, 9, 70, 171, 176, 246, 286, 329 y
330 de la Carta, el Convenio 169 de la OIT ’Sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes’ y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
la Corte ha reconocido la existencia de este derecho en la Constitución y señalado
que comprende la facultad de las comunidades étnicas de determinar sus propias
instituciones y autoridades de gobierno, darse o conservar sus normas, costumbres,
visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y adoptar las decisiones
internas o locales que estimen más adecuadas para la conservación o protección de
esos fines».(Subraya y negrilla fuera de texto)
78. Este pronunciamiento, expuso que el derecho a la autodeterminación comprende
tres aspectos:
(i) El derecho general a la participación, el cual incluye la participación en
asuntos que los afecten indirectamente y la consulta previa en asuntos que los
involucren directamente.
(ii) El derecho a participar en la toma de decisiones políticas, en los términos
establecidos en el literal b) del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así: «b)
establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan» (énfasis de la Sala); y
(iii) El derecho al autogobierno de las comunidades étnicas, para lo cual debe
tenerse en cuenta lo dispuesto en el literal c) del artículo 6 del Convenio 169 de
la OIT que dispone: «c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los
recursos necesarios para este fin».
79. Bajo el anterior panorama constitucional y convencional, surge para esta sala una
conclusión imperativa: si la finalidad que se busca con la consagración de un espacio
de participación para las comunidades afrodescendientes en los consejos directivos de
las corporaciones autónomas, es garantizar el derecho colectivo de participación de
aquellas en la toma de decisiones en materia ambiental que afecten su territorio,
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desarrollo y relación con el entorno, lo cierto es que aceptar la tesis que sostiene la
parte demandada vaciaría dicha teleología de la norma y haría nulo el efecto útil de la
misma.
80. Con la perspectiva que proponen los memorialistas, bajo un ámbito meramente
formalista y de lectura literal del artículo 41 de la Ley 99 de 1993, disposición que no
consagra el asiento de estas comunidades en el consejo directivo de CORPOMOJANA, se
daría prevalencia a una visión que excluiría el reconocimiento de la autodeterminación
étnica en cabeza de aquellas, esto es, que los espacios de participación se vean reducidos
por aplicación de criterios formales de forma preferente a la efectividad de los derechos
fundamentales.
81. Aceptar esta tesis, conllevaría a que, incluso, si una determinada comunidad
afrodescendiente se encuentra asentada en el territorio o jurisdicción de una corporación
de desarrollo sostenible, como lo es CORPOMOJANA, y dicha entidad adopta decisiones
respecto de la administración y conservación de los recursos naturales renovables de los
cuales aquella se beneficia o con los que se relaciona de una forma especial conforme su
cosmovisión, no sería posible que los colectivos étnicamente diferenciados tengan voz y
voto en dicha determinación, generando una afectación seria de sus garantías a nivel
nacional e internacional.
82. Por lo dicho, aunque expresamente la forma en que fue concebido el consejo directivo
de CORPOMOJANA no incluye a las comunidades afrodescendientes, ello no obsta para
que en un ejercicio de integración normativa y en la búsqueda de la garantía real de los
derechos políticos de los cuales son titulares de forma colectiva aquellas, en caso de
verificarse la existencia de las mismas en el territorio o jurisdicción de la autoridad
ambiental, sea necesaria la inclusión de dicho representante en esa instancia decisoria.
83. En conclusión, para la sala, lejos de excluirse mutuamente, las disposiciones
normativas que regulan la composición de los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible, para efectos del
asiento que corresponde a las comunidades afrodescendientes, deben armonizarse a
efectos de hacer efectivos esos espacios de representación de grupos étnicamente
diferenciados, los cuales están protegidos constitucional y legalmente.
84. Finalmente, si bien es cierto la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad
del artículo 41 de la Ley 99 de 1993 en sentencia C-423 de 1994, también lo es que en
dicha oportunidad la referida corporación judicial estudió cargos que no están relacionados
con la integración o no del Consejo Directivo de CORPOMOJANA con un representante de
las comunidades afrodescendientes68, por lo que el control de constitucionalidad efectuado
en ese entonces no incluye la discusión aquí sostenida.
85. Ahora bien, en relación con la falta de titulación colectiva de territorios a favor de
comunidades afrodescendientes en el territorio de la jurisdicción de CORPOMOJANA,
se tiene que se aportaron los siguientes elementos de convicción:
a) Los integrantes del consejo directivo aportaron copia del oficio del 3 de
noviembre del 202269, en donde el director de Asuntos Étnicos de la Agencia
Nacional de Tierras señaló lo siguiente:
68
Revisado el texto del pronunciamiento judicial, los cargos estudiados en dicha oportunidad fueron «Manifiesta el actor que el
Congreso se atribuyó una función que no le correspondía, pues el artículo 150 numeral 7o. únicamente le otorga la atribución, en el
caso de las Corporaciones autónomas regionales, de reglamentar su creación y funcionamiento. (…) En segundo lugar, arguye el
demandante que el Congreso desconoció el principio de autonomía de las entidades territoriales, consagrado en el artículo 1o. de la
Constitución y desarrollado en el artículo 287 superior. Así las cosas, considera que la creación de las corporaciones autónomas
regionales requiere la decisión de los órganos y funcionarios de los departamentos interesados, es decir, en este caso las
asambleas y los gobernadores, cumpliendo los parámetros fijados por el legislador».
69
Folio 23 de la contestación de la demanda.
20
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b) Estos mismos intervinientes, presentaron certificación suscrita por la secretaria
general de CORPOMOJANA, de fecha 26 de febrero del 2024, en donde dicha
funcionaria certificó que no reposa en sus archivos, constancia de presentación
de documentos con los que se acrediten los requisitos por parte de algún
consejo comunitario, a efectos de proceder con la elección del representante de
aquellos ante el consejo directivo de la entidad ambiental.
c) El demandado, al contestar el escrito inicial, aportó copia del del oficio fechado el
23 de mayo del 2023, radicación 20231037896591, suscrito por quien alude la
condición de abogada en representación de la Agencia Nacional de Tierras, en
donde se informó lo siguiente:
«Al respecto, nos permitimos informar que el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras del Municipio de San Benito Abad, Sucre, cuenta con solicitud de Titulación
Colectiva, respecto de un predio presuntamente Baldío, con un área aproximadamente 10
Hectáreas. Así mismo nos permitimos informar que el procedimiento se encuentra
priorizado en el plan de atención 2023, bajo el expediente 202151003402700003E y
actualmente está en proceso de revisión de los requisitos, con el fin determinar el inicio
del citado trámite administrativo.
Así́ las cosas, resulta procedente indicar que a la fecha no ha sido emitido certificado en
favor del mencionado Consejo Comunitario, en donde conste que le mismo se encuentra
en trámite de titulación colectiva, ya que la actuación administrativa no ha iniciado».
d) Con ocasión del decreto de prueba efectuado en providencia del 31 de octubre
del 202470, la mencionada entidad respondió en los siguientes términos:
«Al respecto, se hace necesario informar que, dentro de las actuaciones desplegadas a
fin de dar trámite al Auto referenciado, desde la Subdirección de Asuntos Étnicos,
misional de la entidad encargada del trámite objeto de solicitud, fue allegado el siguiente
insumo que permite dar respuesta a cada punto de su pedimento:
1. Memorando 202451000446543 del 15 de noviembre de 2024 donde informan entre
otras que en cumplimiento de las funciones conferidas por el artículo 27 del Decreto
Ley 2363 de 2015, esa Subdirección se encuentra ejecutando el Plan de Atención a
Comunidades Étnicas de la Vigencia, en consecuencia, relacionan el estado de unos
trámites relacionados con los Consejos Comunitarios que se encuentran en la
jurisdicción de CORPOMOJANA, y que actualmente se encuentran en el
procedimiento de oferta voluntaria o adquisición de predios, por lo que no se ha
iniciado el trámite de titulación colectiva y no se han expedido actos administrativos.
Finalmente reza la respuesta de la misional:
70
“(…) OFICIAR al representante de legal de la Agencia Nacional de Tierras o a quien haga sus veces, para que en el término de
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, remita copia de los actos administrativos de titulación de
territorios colectivos en favor del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San Benito de Abad - COLOSAN-, o de
cualquier otro que se encuentre en la jurisdicción de CORPOMOJANA, allegando copia de todos los antecedentes administrativos
del mismo. En caso de no existir decisión definitiva, se deberá anexar copia del expediente administrativo o de las peticiones que
sobre el particular existan (…)”
21
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Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
“(…) Así las cosas, la solicitud de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario de
las Comunidades Negras–Colosan, ubicado en el municipio de San Benito de Abad,
departamento de Sucre, actualmente se encuentra en el procedimiento de oferta
voluntaria o adquisición de predios, por lo que no se ha iniciado el trámite de
titulación colectiva y no se han expedido actos administrativos.
Por otra parte, indicamos que solamente respecto del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras del Corregimiento de los Ángeles se inició el procedimiento de
titulación colectiva y es frente al mismo que esta Subdirección ha emitido actos
administrativos, resaltando que son actos administrativos de trámite y no el acto
administrativo que decide titular el territorio solicitado. (…)”» (sic).
En la misma respuesta antes reseñada, se aportó como anexo el memorando
con radicación 202451000446543, del 15 de noviembre del 2024, en la que el
subdirector de Asuntos Étnicos presenta la siguiente relación:
86. Precisado lo anterior, se resuelve este argumento en los siguientes términos:
87. La sala reitera su jurisprudencia en punto de la exigencia de la titulación de los
territorios colectivos de las comunidades negras frente a la participación de estas en los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales o corporaciones de
desarrollo sostenible, contenida en el fallo del 5 de agosto del 202171.
88. En esa oportunidad, se estudió el requisito contenido en el literal b) del artículo
2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 201572, para concluir que «para dar cumplimiento a la
exigencia de allegar la “…certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
lncoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de
adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”, bien puede suceder que
la comunidad aporte constancia de la adjudicación de su territorio o la certificación de
que la petición en este sentido está en trámite (para lo cual bastará con la radicación de
la petición en este sentido)».
89. Así las cosas, es claro que el estado actual de la jurisprudencia de esta Sección
entiende que la exigencia de la titulación colectiva de tierras a favor de las comunidades
71
Radicación 11001-03-28-000-2020-00094-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
72
“Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo
Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la
elección, los siguientes documentos: b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, lncoder, sobre la
existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva
jurisdicción…”.
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Demandantes: Juan Camilo Baracchi Vélez y otros
Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
negras, debe entenderse cumplida, (i) bien sea con el acto administrativo que así lo
determine o (ii) con la radicación de la solicitud ante la autoridad administrativa competente
para dichos efectos y, por lo tanto, contrario a la visión que expone el demandado y los
integrantes del Consejo Directivo de CORPOMOJANA, lo cierto es en el segundo evento
descrito no se requiere que efectivamente se haya tomado una decisión sobre el particular.
90. En atención a lo expuesto, la sala encuentra que el Consejo Directivo de
CORPOMOJANA, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, al cual remite
expresamente el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debe de estar integrado por un
integrante de las comunidades negras asentadas en su territorio, y respecto de las
cuales, se exige que al menos hayan iniciado el trámite de titulación colectiva ante la
autoridad administrativa competente.
91. En el presente caso, se demostró, por un lado, que no se garantizó la participación
de dicho representante en todo el proceso de elección del director general para el
período 2024-2027, cuando lo cierto es que, en atención a la misma información que
reporta el demandado, en concordancia con la Agencia Nacional de Tierras, al menos
dos consejos comunitarios -COLOSAN y Corregimiento de los Ángeles- radicaron la
correspondiente solicitud para la entrega de sus territorios y la misma está siendo
adelantada por la referida entidad.
92. Así las cosas, se encuentra demostrado el vicio alegado, por lo que su impacto
sustancial frente al acto demandado será estudiado en un acápite posterior.
2.5.2. Irregularidades en el proceso de elección
93. En este apartado, esta judicatura estudiará lo siguiente:
a) Indebida publicación de la convocatoria para la elección del director
general de CORPOMOJANA
94. El artículo 4º del Acuerdo 005 del 10 de agosto del 2023, reglamentario de la
elección aquí cuestionada, dispone que el aviso de convocatoria «deberá ser publicado
en un diario de amplia circulación a nivel nacional y regional, en un medio radial regional por
una sola vez, en un lugar visible de la sede de la Corporación y en la página web de la misma
(www.corpomojana.gov.co)».
95. Con ocasión del decreto de pruebas efectuado por el despacho conductor del
proceso, se solicitó al consejo directivo de la entidad, remitir copia certificada de los
antecedentes del acto demandado73, en el cual, se puede observar respecto de la
publicidad por medios radiales lo siguiente:
73
Índice 110 del sistema SAMAI.
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Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
96. También reposan en el expediente, lo siguientes documentos:
a) Obra copia de certificado histórico expedido por la Cámara de Comercio de
Sincelejo, en donde se indica que la matrícula mercantil bajo del nombre RADIO
CARACOLÍ y el número 5184 se encuentra cancelada desde julio del 201574.
b) A su vez, el Ministerio de la Información y Telecomunicaciones, en oficio del 6 de
noviembre del 202475, informó a esta judicatura lo siguiente:
• Que mediante contrato de concesión 0336 del 26 de noviembre de 1985, se
autorizó a la emisora CARACOLÍ LTDA, la concesión para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora de amplitud modulada (A.M) en el municipio
de Sincelejo, departamento de Sucre.
• Que, en la actualidad, se encuentra en trámite la formalización de una
prórroga de la referida concesión, por tanto «teniendo en cuenta que
actualmente no se ha expedido acto de cancelación o formalización de prórroga, el
concesionario durante el año 2023 continuo (sic) prestando el servicio».
• Finalmente indicó:
«La emisora RADIO CARACOLÍ del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre,
se encuentra clasificada en función del área del servicio como zonal, por lo cual,
puede cubrir varios municipios o distritos y funciona con las siguientes
características:
• Departamento: SUCRE
• Municipio: SINCELEJO
• Concesionario: JOSÉ CHAFIC ALJURE CAICEDO
• Código: 52010
• Distintivo de llamada: HJYX
• Frecuencia: 1060 kHz
• Tecnología de transmisión (Banda): AM
• Clase (según programación): COMERCIAL
• Clase (según PTNRS): C • Área de servicio: ZONAL
• Gestión del servicio: INDIRECTA
• Municipios donde se puede sintonizar: SINCELEJO».
97. De lo anterior, se puede concluir que la emisora Radio Caracolí, contrario a los
cuestionamientos de los demandantes, se encuentra activa prestando el servicio de
radiodifusión sonora, tal y como se informa por parte de la cartera ministerial encargada
de dichos asuntos. Así las cosas, no resulta relevante para estos efectos, que tenga la
matrícula mercantil cancelada, pues ello, más allá de denotar el incumplimiento de una
obligación en cabeza de la persona jurídica de naturaleza comercial 76, lo cierto es que
no impide que funcione bajo la concesión que le fue otorgada y que está vigente.
98. Ahora bien, la parte actora cuestiona el alcance regional de la publicación
efectuada en dicho medio de comunicación, tal y como lo exige la norma de la
convocatoria. Sobre el particular, debe señalarse que, en la misma respuesta antes
reseñada, el Ministerio de Comunicaciones informó que, dentro del marco normativo del
servicio público de radiodifusión sonora, no existen emisoras denominadas como
regionales.
74
Índice 106. Sistema SAMAI.
75
Índice 108. Sistema SAMAI.
76
Artículo 26. Código de Comercio.
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
99. Sobre el particular, se tiene que de conformidad con el artículo 18 de la
Resolución 2614 de 2022, señala la siguiente clasificación de las emisoras:
“Artículo 18. Clasificación en función del área de servicio. En razón al área de servicio
asociada a la concesión, el Servicio de Radiodifusión Sonora se clasifica y define, según la
clase de estación, los parámetros técnicos de operación y condiciones establecidas en los
Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora (PTNRS) expedidos por la ANE, así:
a) De servicio zonal. Son las estaciones Clase A, B o C, de conformidad con la potencia de
operación y otros parámetros técnicos esenciales establecidos en el respectivo PTNRS, y
están destinadas a cubrir áreas que contienen varios municipios o distritos. (…) .”
100. Radio Caracolí, conforme la información aportada por el ministerio es de
clasificación C, es decir, está «destinadas a cubrir áreas que contienen varios municipios o
distritos», por lo que esta judicatura entiende que, al menos de esa categoría, tendría el
alcance que reprocha el demandante del expediente 11001-03-28-000-2023-00146-00.
A lo anterior, se suma que, si bien no existe el concepto de emisora regional, lo cierto
es que ello, en el caso concreto, puede tener un contenido mínimo representado en el
área de la jurisdicción de CORPOMOJANA, la cual conforme al artículo 41 de la Ley 99
de 1993, está integrada por los municipios de Majagual, Sucre, Guarandá, San Marcos,
San Benito, La Unión y Caimito del Departamento de Sucre
101. Por ello, aunque la prueba referida indicó que Radio Caracolí puede ser
sintonizada en Sincelejo, no hay prueba en el expediente que demuestre, en su
carácter de emisora de servicio zonal tipo C destinada «a cubrir áreas que contiene varios
municipios o distritos», que aquella no pueda también ser oída, al menos, en la región de
influencia de CORPOMOJANA, razón por la cual esta judicatura no encuentra
acreditada esta irregularidad.
b) De lo relativo a la reunión electoral: desconocimiento de la antelación para
convocar a sesiones extraordinarias, modalidad virtual de la reunión, falta
de publicidad de la citación y desconocimiento de lo acordado en la
reunión del 25 de octubre del 2023
102. En el presente caso, quedó demostrado respecto de la sesión en la cual se llevó a
cabo la elección del señor Giovannys Medrano Martínez, lo siguiente:
103. El Acuerdo 005 del 10 de agosto del 202377, por medio del cual se reglamentó el
proceso de elección del director general de CORPOMOJANA para el período 2024-
2027, dispone, entre otras cosas, los siguientes aspectos relevantes:
a) El artículo tercero, refiere que el trámite «se regirá por las fechas establecidas en el
cronograma que hace parte integral del presente acto administrativo, en virtud de lo
anterior y conforme a lo previsto en los Estatutos Corporativo, los miembros del Consejo
Directivo quedan convocados para asistir a las sesiones en las fechas de que trata del
citado cronograma».
b) Seguidamente, el artículo décimo tercero, consagra que la designación del
funcionario será realizada en sesión ordinaria o extraordinarias del Consejo
Directivo, en la fecha establecida para tales efectos en el cronograma.
c) El artículo décimo quinto, fijó los tiempos del proceso, indicando que la sesión
electoral se llevaría a cabo el 25 de octubre del 2023, a partir de las 10:00 am.
d) Como fue expuesto en párrafos precedentes, el Juzgado Segundo Promiscuo del
Circuito de San Marcos, en auto del 24 de octubre del 202378 decretó medida
77
Anexos de la contestación a la demanda. Expediente 11001-03-28-000-2023-000137-00.
78
Ídem.
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cautelar en un trámite de tutela, consistente en la suspensión de la reunión ante
señalada «hasta la emisión del fallo».
e) En la fecha prevista en el cronograma, siendo las 10:20 am, se inició la reunión
extraordinaria del consejo directivo de CORPOMOJANA (acta 00979), la cual, en
el punto 4º del orden del día, consagró «[l]lectura del auto admisorio de la acción
de tutela, denuncia veeduría ambiental». En desarrollo de dicho asunto, se dejó
constancia de que el presidente del consejo directivo solicitó dar cumplimiento de
lo dispuesto por la autoridad judicial, por lo que se aprueba por todos los
presentes, lo siguiente:
«Consecuentemente, se suspende el proceso de elección del director general hasta
tanto haya fallo de la acción de tutela».
Esta reunión fue suspendida a las 12:23 pm del día 25 de octubre del 2023.
f) La medida cautelar fue revocada con decisión del 26 de octubre siguiente 80,
decisión judicial que fue notificada en correo electrónico de la misma fecha, a las
8:56 am.
g) A las 9:15 am del 26 de octubre del 202381, algunos integrantes del consejo
directivo de CORPOMOJANA82, solicitaron lo siguiente:
h) A las 9:38 am, desde el correo «secretariageneral@corpomojana.gov.co», y con
el asunto «CITACIÓN CONTINUIDAD SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO»83,
remitió el siguiente mensaje:
i) En el Acta 009 se indica que «el día 27 de octubre del 2023, siendo las 09:30 am, con
el fin de dar continuidad a la sesión del Consejo Directivo iniciada el día 25 de octubre
del presente año, se procede a llamar lista por parte de la secretaría general (…)».
79
Antecedentes del acto administrativo aportados con la contestación a la demanda.
80
Actuación 107. Sistema SAMAI.
81
Antecedentes del acto administrativo aportados por el demandado en su contestación.
82
Señores Anual Yamil Arabia Ortega (alcalde municipal de San Marcos); Ingris Quintero Ballesteros (representante los gremios de
producción agropecuaria y pesquera); Javier Aguas Pérez (representante de las ONG) y Calixto Mejía Padilla (representante de las
asociaciones campesinas).
83
Ídem. Cita 79.
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Seguidamente, se llamó a lista, dejando constancia de la ausencia del delegado
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y del IDEAM,
verificándose el quórum para deliberar y decidir, ante la asistencia de 6 de los 8
integrantes del órgano colegiado.
Tomó la palabra la procuradora 19 judicial de Sucre, «quien indica que el delegado
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha solicitado el link de la
Reunión y que procedió a compartirle el mismo. Acto seguido, se decreta un receso de 5
minutos para que el señor delegado (…) se conecte a la reunión».
Verificada la conexión virtual del referido funcionario, este deja a siguiente
constancia:
Seguidamente, refirió que, ante la citación con menos de 24 horas previas, se
vulnera el derecho de participación presencial de la entidad en la sesión, por lo
que solicitó a la funcionaria del Ministerio Público presente en la reunión, que
decrete una medida preventiva de suspensión.
Luego de un receso decretado, la cartera ministerial preguntó sobre la forma en
que se dio a conocer la celebración de la elección en la fecha 27 de octubre del
2024, a lo que se respondió que «en la página Web de la entidad se publicó Circular
Externa, en las que se indicaba la no atención al público por motivo de la sesión
permanente del Consejo con ocasión del proceso de elección del Director, así mismo se
informa que se compartió la invitación a la sesión a todos los administrativo sobre la
reunión de elección».
Se presenta una discusión en torno a la manifestación del delegado del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tras la cual, se somete a
votación su propuesta de convocar una reunión extraordinaria posterior, ello
cuando se modifique el cronograma, la cual fue negada, al considerarse, en
síntesis, que como era la continuación de una reunión previamente suspendida,
era procedente sesionar.
Posteriormente, y tras las constancias del representante de dicha entidad y del
IDEAM, relacionadas con no haberse cumplido la antelación exigida en los
estatutos, la consejera Ingris Quintero Ballesteros solicitó una votación para
ratificar la decisión de continuar con la sesión, la cual es aprobada con seis
votos, sin que se registre la decisión emitida por los delegados de las
mencionadas entidades públicas.
Luego, se lleva a cabo la votación para la elección del director general,
resultando electo el aquí demandado con un total de seis votos.
104. Precisadas las anteriores circunstancias, la sala concluye del estudio de las
irregularidades alegadas con la demanda y de los argumentos presentados en defensa
de la legalidad del acto demandado, bajo las siguientes consideraciones:
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00137-00 y otros
105. Como fue expuesto en forma precedente, el reglamento del proceso de elección,
contenido en el Acuerdo 005 del 10 de agosto del 2023, consagra dos circunstancias
que resulta relevantes de cara al caso concreto: (i) por un lado, dispone que el trámite
se llevará a cabo de conformidad con las etapas y los tiempos fijados en el cronograma
y (ii) determinó que la reunión de elección se llevaría a cabo en sesión ordinaria o
extraordinaria, en la fecha que se determine en aquel, el cual, se entiende que hace
parte integral del acto administrativo.
106. Sobre este particular, es importante señalar que la jurisprudencia de esta
corporación84, ha resaltado que las disposiciones que se fijen en las convocatorias
públicas para elección de cargos públicos constituyen el marco de acción de la
autoridad administrativa y de los interesados en el acceso al empleo a través de dicho
procedimiento, razón por la cual, aquella es de obligatorio acatamiento por los
señalados.
107. Bajo esta perspectiva, si bien es posible reconocer el grado de autonomía que se
atribuye a los consejo directivos para la elección del director general, el mismo está
sujeto, no sólo al cumplimiento de importantes principios del nivel constitucional -
transparencia, publicidad, moralidad administrativa, entre otros-, sino también a las
condiciones que ellos mismos fijan en los actos administrativos de convocatoria, como
parámetros objetivos que regulan el ejercicio de la competencia electoral y que, a su
vez, sirven de base para la expectativa de los ciudadanos que decidan postular su
nombre para una eventual designación.
108. Así las cosas, en el presente, el consejo directivo de CORPOMOJANA se
encontraba en la obligación de atender las disposiciones que se fijaron por aquel en el
citado Acuerdo 005 del 2023. Bajo este entendido, las actuaciones desplegadas en el
punto reunión electoral, se tornan irregulares, si se considera lo siguiente:
109. En primer lugar, ante la suspensión de la reunión electoral por disposición del juez
de tutela, la autoridad administrativa se encontraba en la obligación de fijar una nueva
fecha de elección, modificando el cronograma que inicialmente estableció para la
elección del director, pues como se puso de presente, el artículo tercero del referido
acuerdo determinó la obligatoriedad de cumplir lo que allí se hubiere dispuesto en
cuanto a etapas y fechas85.
110. A su vez, en atención a que el mismo reglamento dispone que la elección se
llevaría a cabo en una reunión ordinaria o extraordinaria, el consejo directivo de la
autoridad ambiental, dependiendo de la modalidad a la que quisiera acudir, debía de
respetar las normas estatutarias de antelación para dicho particular. En el presente
caso, conforme a la denominación que se consagra en el Acta 009 del 25 de octubre
del2023, se tiene que la autoridad acudió a la última de las posibilidades señaladas -
reunión extraordinaria-.
111. Los estatutos de CORPOMOJANA, en su artículo 45, disponen:
«Las reuniones extraordinarias del Consejo Directivo podrán ser convocadas en cualquier
tiempo con antelación no inferior a cinco (5) días hábiles por el Presidente del Consejo,
cuatro (4) de sus miembros como mínimo o el Director General de la Corporación. (…)»
84
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de junio del 2019. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio. Radicación 11001-03-28-000-2018-00602-00.
85
Postura que ha sido sostenida por esta Sala en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 3 de octubre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00150-00. M.P Omar Joaquín Barreto Suárez. Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2024-00094(Acum.), MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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112. En el presente caso, está demostrado que contrario a lo anterior, además de
proceder a reunirse en una fecha sin que el cronograma fuera previamente modificado y
debidamente comunicado a todos los interesados, el consejo directivo de
CORPOMOJANA adelantó la sesión electoral previa la convocatoria efectuada a través
del correo electrónico de la secretaría general de la autoridad ambiental, con tan solo
24 horas de anticipación, situación que se evidencia como contraria al contenido del
Acuerdo 005 del 2023 y a los estatutos de la entidad.
113. Es importante resaltar, que la antelación para la reunión en un órgano colegiado,
tiene una finalidad específica y fundamental en el marco de cualquier actuación
administrativa que se adelante por aquel, resultando aún más relevante el ámbito del
ejercicio de una competencia electoral, si se considera que en dicho lapso previo al
desarrollo de la sesión, los integrantes del órgano colegiado pueden estudiar los
documentos que soportaran su decisión e, incluso, tiene un efecto externo a la
ciudadanía, quien cuenta con una ventana de oportunidad para el ejercicio del control
social que le asiste.
114. Ahora bien, se debe resaltar que el artículo segundo del Acuerdo 005 del 2023,
reglamentario del proceso de elección, dispone:
ARTÍCULO SEGUNDO: DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO.- En desarrollo del principio de
publicidad, además de la convocatoria pública del proceso de elección del Director General y
del uso de las carteleras de la sede de la Corporación, el medio de publicación de la
información oficial de todos los actos, decisiones, convocatorias y citaciones que
corresponda realizar en desarrollo de dicho proceso será la página Web de la
Corporación (www.corpomojana.gov.co) y se sustentará en los documentos e
informes referidos en el procedimiento aquí aprobado. (se resalta)
115. En línea con lo anterior, el artículo primero del mismo acto refiere:
«ARTÍCULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES.- Al proceso de elección del
Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge
“CORPOMOJANA”, para el período institucional del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre
de 2027, le serán aplicables los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía,
imparcialidad, transparencia y publicidad consagrados en las normas constitucionales y
legales vigentes; así como las disposiciones contempladas en la Ley 99 de 1993 artículos 27
y 38, artículo 1 de la Ley 1263 de 2008, Decreto 1076 de 2015, Estatutos de la Corporación,
Circular 1000-2-115203 del 27 de noviembre de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial , hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1083 de
2015 capítulo 3 del título 2, lo establecido en el presente acuerdo y demás normas
pertinentes».
116. Por lo expuesto, y en relación con el cargo expuesto en las demandas
acumuladas, se tiene que era necesario poner de presente, comunicar y publicar, por
los medios que se señalan en la norma especial del proceso de elección, la decisión de
adelantar la reunión electoral en una fecha determinada.
117. En el presente caso, más allá del correo electrónico enviado desde la secretaría
general de la entidad, no se tiene constancia de que la decisión de llevar a cabo la
reunión electoral el 27 de octubre del 2023, hubiere sido comunicada a través de la
página web institucional de CORPOMOJANA, y, por lo tanto, se tiene demostrado que
la entidad desconoció dicho deber.
118. Ahora bien, no se desconoce que, en defensa del acto demandado, tanto el
accionado como los integrantes del consejo directivo, señalaron que las anteriores
exigencias no eran predicables de la actuación, en tanto la reunión del 25 de octubre
fue suspendida ante la orden del juez de tutela, y, por lo tanto, era posible su
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reanudación una vez fue comunicado el levantamiento de la medida cautelar dispuesta
por aquel.
119. Lo anterior ya que, de forma independiente a si se trataba o no de una reunión
suspendida, previo al ejercicio de la competencia electoral el cuerpo colegiado de
administración de la autoridad ambiental estaba en la obligación de adecuar las reglas
que regían su propia actuación, respetando todas las reglas aplicables y, con
posterioridad ello, comunicarlo efectivamente a todos los interesados, en cumplimiento
de la exigencia que dispone el Acuerdo 005 del 2023.
120. De otra parte, la actuación desplegada al interior del consejo directivo, no se
subsana con el hecho de que cuatro integrantes de aquel hubieren solicitado a la
secretaría proceder a «continuar» con la sesión suspendida en reunión que se llevaría a
cabo el 27 de octubre del 2023.
121. Si bien se reconoce que estatutariamente aquellos tendrían la facultad de
convocar a una reunión extraordinaria, lo cierto es que para el trámite de elección del
director general de manera especial, la competencia para la modificación del
cronograma recae en el pleno de la instancia directiva y no en sus integrantes
individualmente considerados, por lo que la fijación de la nueva fecha de elección,
debía provenir de la voluntad de aquella y con la decisión expresar de consagrar un
nuevo día en el acto administrativo vinculante que contiene el cronograma del proceso.
122. Considerar lo contrario, sería aceptar que en ejercicio de la facultad que se le
reconoce a cuatro integrantes del consejo directivo, aquellos pueden, de facto,
modificar un acuerdo que proviene de la decisión del pleno de la instancia colegiada,
aspecto que no deviene a las formalidades y al principio de legalidad que se predica de
estas actuaciones.
123. De otra parte, no se desconoce que, como lo resalta el demandado en su
contestación, el acto demandado, en su motivación, consagra:
«Que frente a la decisión judicial que revocó la medida cautelar decretada en auto del 24 de
octubre de 2023, uno de los miembros de CORPOMOJANA, elevó proposición para que se
aclarara lo dicho en la sesión del 25 de octubre de 2023, en la que se manifestó que la
elección del nuevo director de CORPOMOJANA, se realizaría el día en que se produjera el
fallo de tutela, por lo tanto, se sometió a decisión si la elección se realizaría en fecha de hoy
27 de octubre del año curso con ocasión a que no existía impedimento alguno, para
continuar con el cronograma establecido en la convocatoria pública, la cual correspondía a la
elección del director de CORPOMOJANA, período 2024-2027. De la anterior proposición, los
miembros aprueban por mayoría absoluta de todos los asistentes presenciales acoger la
misma y en consecuencia se procedió a llevar a cabo la elección con apego a lo establecido
en el literal j del artículo 39 de los estatutos que rige esta corporación».
124. Sobre el particular, se tiene que la anterior circunstancia no se puede entender
como una subsanación de la irregularidad evidenciada, dado que la actuación allí
reseñada se llevó a cabo desconociendo de la necesidad de adecuar y publicar
debidamente el nuevo cronograma después de la suspensión, en tanto aquel, como ya
se ha expuesto, vincula las actuaciones del órgano de elección.
125. Por ello, el que se hubiere llevado una votación que, en teoría de la defensa,
ratificó la decisión de adelantar la sesión electoral el 27 de octubre del 2024, implica un
desconocimiento del acto propio que fijó la autoridad en el Acuerdo 005 del 2023, en
donde se determinó que las etapas y fechas, se rigen por lo allí establecido, y de paso,
transgredió el deber de publicidad a que se ha hecho referencia en párrafos
precedentes.
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126. En línea con lo anterior, no pasa inadvertido por esta judicatura, que la proposición
aprobada por la totalidad de los integrantes del consejo directivo de CORPOMOJANA,
en la reunión del 25 de octubre del 2023, fue la suspender la elección del director
general «hasta tanto haya fallo de la acción de tutela».
127. Lo anterior, pone de presente que ejercicio del proceso deliberativo que
caracteriza este tipo de órganos, aquel dispuso que la actuación se reiniciaría una vez
se conociera la decisión definitiva por parte del juez constitucional en el trámite con
radicación 70708318900220230004700, y no como sucedió en el presente caso, una
vez fue comunicado el levantamiento de la medida cautelar.
128. Ahora bien, en cuanto hace a la presunta falta de competencia de la secretaría
general para convocar, es importante resaltar que el artículo 59 de los estatutos
sociales de la autoridad ambiental, le otorgan a dicha instancia la facultad de «realizar
las citaciones a los consejeros y hacerles llegar con ocho (8) días hábiles de
anterioridad la documentación requerida para el desarrollo de la sesión».
129. Se advierte que la persona que desempeña las funciones de secretaría del
consejo directivo de la entidad tiene la competencia para realizar la citación a los
integrantes del cuerpo de colegiado, lo que debe entenderse, como la comunicación
respecto la fecha, hora y lugar en que aquellos sesionarán, remitiendo la información
que sea necesaria para el desarrollo de aquella.
130. Lo anterior, pone de presente que el mencionado funcionario no puede, en
ninguna medida, atribuirse la función de convocar, pues esta última, en punto del
proceso de elección del director general de la corporación ambiental, sólo puede ser
ejercida por el pleno del consejo directivo a través de la fijación del reglamento y del
cronograma o de la modificación de aquellos, como viene de explicarse con
anterioridad.
131. En atención a ello, para esta judicatura es claro que la secretaría del consejo
directivo de la autoridad ambiental, en el correo enviado el 26 de octubre del 2023,
materialmente, fijó el lugar, fecha y hora de la reunión electoral, lo cual, como se ha
explicado, sólo podía ser efectuado a través de la modificación de las condiciones del
cronograma que hizo parte del reglamento y procedimiento de la designación.
132. Así las cosas, en línea con los razonamientos que fueron expuestos previamente
en esta providencia, se tiene que, en la práctica, la secretaría del consejo directivo de
CORPOMOJANA, en realidad, convocó a los miembros de dicho órgano, lo que
conlleva a una actuación que no se aviene a las reglas del proceso electoral, ni
tampoco, a la norma estatutaria fijada.
133. Finalmente, en cuanto hace a la modalidad de la reunión, que los demandantes
alegan fue virtual, en contravía de lo que dicen los estatutos, es procedente señalar
que, en efecto, dicha norma, en el parágrafo del artículo 54 refiere:
«En todo caso, no podrán realizarse reuniones virtuales o no presenciales en los
siguientes casos:
a. Elección y remoción del director general».
134. A su vez, es importante resaltar que las normas internas de la corporación
ambiental refieren a las siguientes modalidades para la celebración de las reuniones del
consejo directivo:
Las reuniones presenciales del Consejo Directivo son aquellas que se realizan
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con la presencia física de sus integrantes, en la sede principal de la
Corporación o donde lo determine el Consejo Directivo o el Director General;
Artículo 47. Reuniones no obstante, podrá sesionar fuera de la jurisdicción de la Corporación, cuando
presenciales se trate de la sesión conjunta de los Consejos Directivos de otras
Corporaciones que compartan un mismo ecosistema estratégico, que deban
atender citaciones del Presidente de la República o del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA.
Las reuniones no presenciales sincrónicas, son aquellas en las que los
miembros del Consejo Directivo pueden participar de manera no presencial
Artículo 48. Reuniones sincrónica, a través de cualquier medio tecnológico que permita deliberar y
no presenciales decidir por comunicación simultánea o sucesiva inmediata.
sincrónicas
Parágrafo 1: La reunión no presencia sincrónica, se llevará a cabo siempre y
cuando se garantice que todos los miembros del Consejo Directivo, puedan
acceder al medio seleccionado por la Corporación para realizar la reunión.
Artículo 49. Reuniones Son mixtas las reuniones en las cuales, algunos miembros del Consejo
mixtas Directivo asisten de forma presencial y otros de forma no presencial
sincrónica.
Siempre que ello se pueda probar, el Consejo Directivo podrá realizar
reuniones virtuales cuando por cualquier medio sus miembros puedan decidir
por comunicación simultánea o sucesiva.
En este último caso, la sucesión de comunicación deberá ocurrir de manera
inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará a fe el secretario
general del Consejo Directivo.
Artículo 53. Reuniones Parágrafo 1: La reunión virtual se llevará a cabo siempre y cuando se
virtuales garantice que todos los miembros del Consejo Directivo pueden acceder al
medio tecnológico seleccionado por la Corporación para realizar la reunión.
(…) Parágrafo 3. Para acreditar la validez de la reunión, deberá quedar prueba
inequívoca, tales como faz, grabación magnetofónica y/o videoconferencia en
donde aparezca el nombre de los Consejeros, contenido de la deliberación y
decisión de cada uno de los Consejeros, fecha y hora en que lo hacen, así
como la referencia al medio mediante el cual se realice la convocatoria de la
reunión.
Parágrafo 4: El Consejo Directivo podrá celebrar sesiones por medios
electrónicos o virtuales, a través de comunicación interactiva con mensajes de
voz y datos en los cuales se conozca el alcance de las materias que los
mismos contienen, y el sentido de voto emitido por los integrantes del Consejo
Directivo.
Parágrafo 5. Para la realización de sesiones virtuales, la Corporación
dispondrá de un correo electrónico para el Consejo Directivo.
135. De las normas transcritas, puede concluirse con claridad, que al interior de
CORPOMOJANA se permite que su consejo directivo tenga tres modalidades de
reunión: (i) por un lado, las presenciales, en las cuales se requiere de la asistencia
física de los integrantes del órgano colegiado; (ii) las no presenciales, que responden a
aquellas sincrónicas o mixtas y (iii) las virtuales, de conformidad en el artículo 53.
136. Dicho lo anterior, se tiene que la norma estatutaria citada en párrafos anteriores
prevé con toda claridad que «no podrán realizarse reuniones virtuales o no
presenciales», entre otros asuntos, para la elección y remoción del director general.
Así las cosas, para abordar dicho asunto, no es posible que se acuda a la modalidad
sincrónica en donde se realiza la reunión a través de comunicación simultánea o
sucesiva instantánea, ni tampoco se permite que ello se realice de forma mixta o virtual.
137. En este sentido, la sala entiende que la autoridad ambiental, cuenta con una
limitación expresa para el ejercicio de la competencia electoral mencionada, al señalar
que, para ello, se requiere la presencia de sus integrantes en la sede de la entidad o
donde lo determine el mismo cuerpo colegiado o el director.
138. Ahora bien, de conformidad con los documentos obrantes en el proceso, se tiene
que, en el correo del 26 de octubre del 2023, enviado por la secretaria general del
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consejo directivo, se indicó que el lugar de la reunión serían las «instalaciones de
CORPOMOJANA», por lo que se entiende que la misma fue convocada de forma
presencial.
139. A su vez, de conformidad con el contenido de Acta 009 del 25 de octubre del
2023, en el apartado que corresponde a la continuación de la sesión el 27 del mismos
mes anualidad, que, en un primer momento, se registró la siguiente asistencia a la
reunión:
140. Como fue indicando previamente, se dejó constancia de que el delegado del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó el enlace para conectarse
a la sesión, ante lo cual, se realizó un nuevo llamado de lista que dejó constancia de lo
siguiente:
141. Así mismo, el representante de la mencionada cartera ministerial solicitó que «su
presencia no sea tenida en cuenta para efectos del quórum (sic). En tanto que la reunión para
la elección del director general, de acuerdo con los estatutos, debe participarse de forma
presencial».
142. Adicionalmente, aunque no se dejó constancia en qué momento ocurrió su ingreso
a la sesión, se tiene que el referido documento deja constancia de las intervenciones
del representante del IDEAM, quien señaló:
143. Es de resaltar que, finalmente, la lista de asistentes para llevar a cabo la elección
del aquí demandado deja como constancia la asistencia física de los siguientes:
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144. A su vez, con la contestación a la demanda86, se aportaron capturas de pantallas
de conversaciones del servicio de mensajería WhatsApp, en las que los que los
representantes del ministerio y del IDEAM, solicitaron a la secretaría general de la
entidad, quien realiza dicha labor en el consejo directivo, para que remitiera el enlace
de conexión para la reunión, ante la imposibilidad de aquellos para asistir por la
antelación con la que se envió la citación, como se puede ver a continuación:
145. Del contenido de las pruebas documentales aportadas y reseñadas previamente,
puede concluirse que la reunión, si bien fue citada de manera presencial, lo cierto es
que en un momento se permitió la participación de los representantes de las entidades
públicas de manera virtual -a través de enlace de la plataforma Zoom-, lo que, a juicio
de esta judicatura, mutó la modalidad de la reunión a una mixta, en los términos del
artículo 49 de los estatutos antes señalado.
146. Así las cosas, se tiene que, en efecto, fue desconocida la norma interna que
consagra la prohibición antes referida y, aunque el representante del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó no tener en cuenta su participación
para efectos del cuórum y claramente al momento al votación no se registró su
intervención en algún sentido, lo cierto es que el acta deja constancia de las
manifestaciones efectuadas por dicha entidad y por el IDEAM, lo que permite concluir a
esta sala que, materialmente, aquellas participaron virtualmente de la reunión, cuando
ello no era posible.
86
Expedientes 11001-03-28-000-2023-00129-00 y 11001-03-28-000-2023-00145-00.
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147. De otra parte, no son de recibo las manifestaciones efectuadas por la defensa del
acto acusado, al señalar que era posible una reunión mixta, dado que el parágrafo del
artículo 54 hace referencia a que «no podrán realizarse reuniones virtuales o no
presenciales» para elegir al director general, por lo que debe entenderse que aquella
modalidad está permitida para este asunto.
148. Ello es así, por cuanto una interpretación armónica de las disposiciones
estatutarias transcritas, permite concluir que la categoría mixta de sesiones de consejo
directivo de CORPOMOJANA, debe ser considerada como una modalidad de reunión
no presencial, en tanto el artículo 47 de los estatutos, al regular aquellas que son
presenciales, indicó que estas requieren « la presencia física de sus integrantes, en la sede
principal de la Corporación o donde lo determine el Consejo Directivo o el Director General».
149. En tanto las reuniones mixtas permiten la participación no presencial de forma
sincrónica, es claro que aquello se contrapone con las características de las reuniones
presenciales antes descrita y, por lo tanto, debe incorporarse dentro de las otras
categorías que disponen los estatutos y entenderse como no permitida para la elección
del director general.
150. A su vez, se tiene que finalidad de llevar a cabo una reunión presencial para la
elección del director general de CORPOMOJANA, pone de presente la relevancia del
asunto a tratar, que requiere de la asistencia física de aquellos que componen el
consejo directivo de aquella, para permitir la respectiva discusión de aquel en forma
debida. A lo anterior, suma que esa fue la forma en que la corporación, en el marco de
su autonomía decidió regularse y, por lo tanto, debe ser un criterio atendido por ella en
sus actuaciones.
151. Así mismo, si bien algunos intervinientes señalan que la conexión virtual de los
delegados del ministerio y del IDEAM, respondió a la necesidad de, finalmente,
garantizar su participación, lo cierto es que dicha justificación no es suficiente para el
desconocimiento de las formas propias del procedimiento, especialmente, cuando ello
ocurrió como consecuencia de la desatención de las reglas de la convocatoria y de los
estatutos, que como ya se indicó, obligaban a modificar el cronograma y fijar una fecha
que respetara la antelación requerida para las sesiones ordinarias.
152. Así las cosas, del presente acápite se concluye que:
A) La entidad, sin modificar previamente el cronograma como documento vinculante
en el trámite electoral, citó a reunión para elegir al director general, irrespetando
la antelación que se requiere para las sesiones extraordinarias.
B) No se cumplió con el deber de publicación que se requería para la convocatoria y
citación para elegir al director general, conforme lo señala la norma del proceso
de elección contenida en el Acuerdo 005 del 2023.
C) La reunión fue convocada por quien no tenía competencia para ello.
D) Se adoptó la modalidad mixta de sesión del consejo directivo que, aunque
permitida por los estatutos, no es posible para elegir a quien será el
representante legal de CORPOMOJANA.
153. Ahora bien, el carácter sustancial de estas irregularidades frente al acto de
elección será analizado en un acápite subsiguiente.
c) Exclusión del señor Juan Camilo Baracchi Vélez en el proceso electoral
154. Para resolver sobre este reparto de ilegalidad, la sala estima procedente presentar
las siguientes consideraciones:
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155. En los antecedentes del acto administrativo remitidos por la entidad87, se tiene que
el 3 de octubre del 2023 se llevó a cabo la diligencia de apertura del arca triclave en
donde serían depositados los documentos de los aspirantes, dejándose la constancia
respectiva sobre que la misma se encontraba vacía en ese momento y se procedió al
cierre de esta una vez fue entregada la llave de los candados a los tres responsables
del manejo de aquella88.
156. Se cuenta con documento denominado «planilla general de inscripción de
aspirantes»89, en el cual se observa un total de quince personas que manifestaron su
intención de participar en el proceso, entre ellos, el señor Juan Camilo Baracchi Vélez,
quien se postuló el 9 de octubre del 2023, dejándose constancia de la entrega de su
hoja de vida en 23 folios. Como anexo del referido documento, está el formato de
inscripción suscrito por el demandante, reiterándose el número de folios que fueron
entregados por aquel y acompañado de la siguiente certificación:
157. El acta 002 del 10 de octubre del 202390, da constancia de la reunión adelantada
por los delegados del consejo directivo91, con el fin de dar cierre al proceso de
inscripción de candidatos interesados en la elección del director general de
CORPOMOJANA. En aquel documento se dejó la siguiente constancia:
«que el día nueve (9) de octubre desde las 4:10 pm hasta las 5:45 pm, la urna triclave por
problemas técnicos se mantuvo con un solo candado; sin que esto afectara el procedimiento
de inscripción».
158. A su vez, la referida documental, confirma que se presentó la documentación del
señor Juan Camilo Baracchi Vélez, con 23 folios.
159. Los días 12 y 13 de octubre del 202392 se reunió la comisión de verificación de
requisitos93, rindiendo el informe que a continuación se sintetiza:
a) Señaló los criterios para tener en cuenta en la evaluación de las hojas de vida
de los quince aspirantes inscritos, especialmente los conceptos de título
profesional universitario94, de formación avanzada95, experiencia profesional,
relacionada, laboral y docente, así como los parámetros para establecer la
87
Índice 107. Sistema SAMAI.
88
Señor Anuar Yamil Arabia Ortega (Alcalde de San Marcos, integrante del Consejo Directivo); señora Ilvia María Torres Torregosa
(secretaría general de CORPOMOJANA) y Liliana Milena Quiroz Aguas (directora general).
89
Índice 107.Sistema SAMAI.
90
Ídem.
91
Ver supra píe de página 89.
92
Índice 107. Sistema SAMAI.
93
Integrada por el alcalde del municipio de San Marcos, el representante de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera,
el representante de las organizaciones campesinas y el delegado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
94
Decreto 1083 del 2015, art. 2.2.2.2.3.2 , 2.2.2.3.3 y 2.2.2.3.4.
95
Decreto 1083 del 2015, art. 2.2.2.5.1.
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experiencia en asuntos ambientales de conformidad con el Acuerdo 005 del
2023, reglamentario del proceso de elección.
b) Frente al señor Juan Camilo Baracchi Vélez, se indicó que el mismo no
cumplía bajo la siguiente anotación:
«Las certificaciones relacionadas en la hoja de vida no cumplen lo establecido
en el Art. 2.2.2.3.8 del decreto 1083 del 2015, de acuerdo a: 1. Nombre o
razón social de la entidad o empresa, 2. Tiempo de servicio, 3. Relación de
funciones desempeñadas».
c) El documento, tiene como anexo el siguiente análisis:
160. El señor Juan Camilo Baracchi Vélez presentó una reclamación en contra del
anterior resultado96, en la que señaló que de las cinco entidades y/o empresas en las
cuales laboró, únicamente la certificación expedida por la empresa GAIA HEALTH
S.A.S no cumple con los parámetros del Decreto 1083 del 2015, por lo que solicitó que
se valoren las demás al atender las exigencias de dicho cuerpo normativo.
161. A su vez, cuestionó que se hubiere señalado que la experiencia en la citada
compañía «se traslapa», indicando que los estatutos de CORPOMOJANA o las reglas
de la convocatoria no establecen dicha situación como un elemento para descalificar
experiencia en el proceso de elección. De otra parte, indicó que no es viable exigir
fecha de inicio y fin de la relación laboral, dado que el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto
1083 del 2015 indica el concepto de «tiempo de servicio», el cual debe interpretarse
como la duración de las actividades desempeñadas y no la especificidad que se requirió
al momento de la evaluación.
162. Finalmente, indicó que no se valoró su experiencia de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, sin que se presentara razón alguna para dicha omisión.
Así las cosas, solicitó reconsiderar su calificación y, adicionalmente, pidió información
sobre la publicación del acto de convocatoria y de los problemas técnicos del arca
triclave.
96
Índice 107. Sistema SAMAI.
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163. Los cuestionamientos presentados fueron resueltos por la comisión de verificación
en reunión del 19 y 20 de octubre del 2023, indicando frente a la reclamación del señor
Baracchi Vélez lo siguiente:
a) Se valoró la certificación de la DIAN, para concluir que la misma no cumple
requisitos en tanto no se relaciona con experiencia profesional, dado que fue
una práctica universitaria y no se acreditó que se hubiere terminado materias
para dicho momento.
b) Se informó el medio de publicación de la convocatoria.
c) Frente a los inconvenientes con el arca triclave se manifestó:
d) Se manifestó que el inciso 4º del artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 del 2015,
permite contabilizar por una sola vez el tiempo de experiencia ocurrido en un
mismo período, siendo este el fundamento de la conclusión «se traslapa»
respecto de la experiencia acreditada en GAIA HEALTH S.A.S.
e) Finalmente, señaló que:
164. Precisados los anteriores aspectos, esta judicatura resuelve los alegatos del
demandante, que se centran en cuestionar (i) los posibles problemas técnicos del arca
triclave y (ii) la ampliación de los motivos por los cuales se podía excluir su experiencia
en el análisis de los requisitos para el acceso al cargo. Frente a esto, se señala:
165. En primer lugar, se tiene acreditado que el «día nueve (9) de octubre desde las 4:10
pm hasta las 5:45 pm, la urna triclave por problemas técnicos se mantuvo con un solo candado;
sin que esto afectara el procedimiento de inscripción». Si bien, la fecha y horas allí
señaladas responden al momento en el que señor Juan Camilo Baracchi Vélez efectuó
su inscripción y entrega de documentos, lo cierto es que los documentos obrantes en el
proceso y que se relacionan con dicho trámite, no permiten evidenciar que se hubiere
dejado constancia alguna en relación con irregularidades en la incorporación de los
documentos de su postulación, por lo que no se tiene acreditada la forma en que la
dificultad técnica alegada, afectó sus intereses o los de algún participante en el proceso
electoral.
166. Con todo, no resulta de menor importancia, la aclaración efectuada por la comisión
de verificación de requisitos al momento de responder la reclamación del aquí
demandante, en donde se señaló que ante el inconveniente presentado, se contó con la
presencia del jefe de control interno, refiriendo que no se observó alteración de los
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documentos incorporados por los aspirantes y los folios encontrados al momento de la
apertura, coinciden con aquellos registrados al cierre del período de inscripciones, tal y
como consta en el Acta 002 del 10 de octubre del 2023.
167. Ahora bien, el señor Baracchi Vélez manifiesta que fue sorprendido en el trámite
administrativo, dado que le fueron aplicados criterios que no se encontraban fijados en
la convocatoria. Al respecto, se debe señalar que el parágrafo del artículo 8, al regular
lo concerniente a la verificación de requisitos, indicó:
«PARÁGRAFO: Para la verificación de los requisitos previstos en el presente artículo, se
estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 del Título 2 del Decreto 1083 de 2015».
168. Así las cosas, contrario a lo señalado por el demandante, lo cierto es que el acto
de convocatoria fijó de manera clara y expresa los parámetros normativos que serían
tenidos en cuenta al momento en que se evaluarían los documentos arrimados por los
aspirantes durante el trámite administrativo, por lo que no es de recibo su argumento
tendiente a señalar un actuar sorpresivo de la autoridad electoral al momento de emitir
el correspondiente informe.
169. Por ello, se tiene que el marco normativo a que hace referencia el parágrafo antes
transcrito consagra, entre otros aspectos:
a) La forma acreditar la experiencia, para lo cual, el artículo 2.2.2.3.8 refiere que:
«Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la
siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas».
b) La misma norma antes referida, dispone que «[c]uando la persona aspire a ocupar
un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una
sola vez».
170. Bajo estas consideraciones, y teniendo en cuenta que el cargo del actor se centra
en señalar que se le aplicaron criterios que le resultaron sorpresivos al no estar en la
convocatoria o los estatutos de la entidad, se tiene que, contrario a ello, la comisión de
verificaciones de requisitos constituida por el consejo directivo de CORPOMOJANA, en
cuanto hace a la evaluación de los documentos aportados por el señor Juan Camilo
Baracchi Vélez, refirió a los dos de las exigencias normativas antes reseñadas, pues al
observar la información consignada en su formato de evaluación, se indicó que (i) la
experiencia en GAIA HEALTH S.A.S «se traslapa», al haber sido desempeñada en
forma paralela con el tiempo laborado en ASOKAPITAL S.AS. y (ii) que las demás
certificaciones no cumplían con los requisitos exigidos.
171. De manera concreta, se tiene que la referida autoridad manifestó que, estudiados
los documentos aportados por el actor, aquellos no referían la fecha de inicio y
terminación de la correspondiente vinculación, así como tampoco, relacionó las
funciones desempeñadas, aspectos ambos que se corresponden con exigencias que
establece la norma que regía el procedimiento de verificación de requisitos, es decir, el
citado artículo del Decreto 1083 del 2015.
172. De otra parte, aunque el demandante cuestiona que se hubiere excluido su
trabajo en GAIA HEALTH S.A.S, al señalar que ello es inequitativo y desigual, así como
transgresor de su derecho fundamental a elegir profesión y oficio, lo cierto es que esa
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decisión responde a una posibilidad amparada por el Decreto 1083 del 2015, y por lo
tanto, es una regla legal y objetiva a la que debe acudir la autoridad evaluadora y que
propende por evitar desventajas cuando un aspirante a un cargo público, en un mismo
período de tiempo, desempeña labores o actividades en diferentes empresas o
entidades.
173. Ahora bien, en cuanto hace al estudio de la experiencia acreditada por la DIAN, se
tiene que la misma no fue relacionada en el formato de hoja de vida de función pública 97
que fue suscrito por el señor Baracchi Vélez al momento de su inscripción:
174. Así las cosas, cobra sentido que, en un momento inicial, la autoridad ambiental
hubiere valorado sólo aquellas que relacionó como tal en dicho documento, tal y como
se evidencia del formato de evaluación a que se hizo referencia en párrafos
precedentes.
175. En otras palabras, la omisión del mismo aspirante al no relacionar dentro de su
experiencia laboral su labor desempeñada en la DIAN, permite a esta judicatura
encontrar como razonable que no se hubiere incluido el estudio de la certificación
aportada en tal sentido. Con todo, si llegase a considerarse como irregular dicha
actuación, lo cierto es que, de la revisión del documento, se puede establecer que
aquella sólo refiere a una práctica laboral por el término de cinco (5) meses, lo cual no
es suficiente para cumplir con los requisitos para el acceso al cargo, fijados en el
artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1075 del 2015, a saber:
«a. Título Profesional Universitario;
b. Título de formación avanzada de postgrado, o, tres (3) años de experiencia
profesional;
c. Experiencia Profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos
establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en
actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables
o haber desempeñado el cargo de director general de Corporación y.
d. Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley» (se resalta).
176. Así las cosas, la sala no encuentra acreditado el cargo de nulidad propuesto por
estas razones.
f) Estudio del impacto de las irregularidades demostradas en relación con la
designación del demandado como director
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Índice 107. Sistema SAMAI.
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Demandado: Giovannys Medrano Martínez – director CORPOMOJANA
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177. En este acápite se determinará si las irregularidades antes reseñadas
constituyen vicios sustanciales frente al Acuerdo 009 del 27 de octubre de 2023, por
medio del cual el Consejo Directivo de Corporación Autónoma para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y San Jorge -CORPOMOJANA- eligió al señor Giovannys
Medrano Martínez como su director general, para el periodo institucional del 01 de
enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.
178. Los artículos 287 y 288 de la Ley 1437 del 2011 establecen los presupuestos y
los efectos de la sentencia anulatoria del acto de elección, pero su contenido se limita a
aquellos casos en los que se estudia la legalidad de actuaciones derivadas del voto
popular.
179. Así las cosas, corresponde al juez electoral, en su búsqueda de la garantía de la
legalidad objetiva, establecer en los demás eventos cuál es el impacto de una
determinada infracción normativa o irregularidad respecto de la decisión de la autoridad
competente. En otras palabras, debe determinar si dichas circunstancias son
sustanciales frente al acto demandado como para declarar la nulidad con fundamento
en ello.
180. Es cierto que esta Sección, ha acudido a un criterio cuantitativo para establecer
si se presenta una variación o no frente al acto de elección acusado. En ese sentido, la
Sala determina cómo una situación específica al interior del trámite electoral conllevaría
a una afectación del cuórum o del número de votos obtenidos por quien resulta elegido.
181. Sin embargo, en casos como el presente, esta forma de análisis resulta
insuficiente, en tanto pueden ocurrir situaciones al interior del trámite administrativo
electoral que no tienen una afectación directa o indirecta en la integración del órgano
elector o en los apoyos depositados a favor del demandado, en consideración a la
etapa en la cual se presentan.
182. En ese orden de ideas, la Sala debe acudir a otros criterios que permitan
determinar, en este tipo de elección donde no media la voluntad del voto popular y en
consideración a las particularidades del caso concreto, cuál es el impacto de una
irregularidad en el trámite respecto a la decisión demandada.
183. Considerando lo demostrado en el presente proceso, deben analizarse al menos
tres elementos: (i) la finalidad del trámite electoral; (ii) la importancia del establecimiento
de reglas claras para los interesados y para limitar la actuación de la autoridad electoral
y (iii) los efectos de la debida publicidad al interior de procesos de convocatoria.
184. Lo primero que se advierte es que al proceso electoral le subyace una finalidad
específica, esto es, la garantía del ejercicio de los derechos políticos consagrados en el
artículo 40 Constitucional, que consagra, entre otros, la posibilidad elegir y ser elegido
(numeral 1º) y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (numeral 7º).
185. Así las cosas, el diseño de las etapas propias del trámite administrativo previo a
la elección por parte de la autoridad correspondiente, así como la ejecución de estas,
debe ser un ejercicio guiado por la necesidad de materializar los mencionados
preceptos constitucionales, los cuales deben ser interpretados en el marco de otras
disposiciones de orden superior, como por ejemplo, el fin esencial del Estado tendiente
a la eficacia de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art.
1º), de facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan (art. 1º) y de
permitir el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad (art. 13).
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186. Aún en el marco de la autonomía que se predica de las corporaciones
autónomas regionales y de la posibilidad específica con la que cuentan los consejos
directivos de autorregular el proceso de elección de su director general, son exigibles
los contenidos mínimos que permitan una amplia, efectiva e igualitaria participación de
todos los interesados en ese trámite, garantía que, de no respetarse, podría dar lugar a
la nulidad de la elección.
187. Conforme a lo dicho, los derechos derivados de la participación democrática
tienen la naturaleza de fundamentales, debido a que representan la formulación de los
mecanismos de toma de decisiones, en los que el ciudadano adquiere un papel
trascendental de injerencia en los asuntos que le afectan, y además, exige de las
autoridades la asunción de compromisos tendientes a su efectivización constante en el
marco de las nuevas relaciones con las personas que hacen parte de la comunidad, no
solo para garantizar su carácter expansivo, sino también para asegurar su vigencia98.
188. Esta Sección99 ha resaltado «que hace parte de la legalidad del acto de elección, no
solamente el atender de manera irrestricta las normas o los procedimientos que regulan un
determinado certamen democrático, sino que también en la misma influyen las garantías
efectivas que la autoridad electoral correspondiente, otorgan para que todos aquellos respecto
de los que se predica la capacidad de elección pueda efectivamente participar, bien sea
postulando sus aspiraciones y/o depositando el correspondiente sufragio».
189. Precisados los anteriores, aspectos, el análisis de esta Sección parte de los
siguientes planteamientos:
190. El procedimiento adelantado por el Consejo Directivo de CORPOMOJANA
desconoció sus propias reglas electorales y con ello la legalidad democrática del
mismo.
191. Debe recordarse que el Consejo Directivo de CORPOMOJANA instituyó el
cronograma como un elemento de la esencia del trámite, razón por la cual resulta
inseparable del acto administrativo que adoptaba el procedimiento de elección; en ese
orden, el acuerdo principal le irradiaba todos los principios allí previstos, los cuales
buscan la eficacia de la competencia electoral, la participación efectiva de todos los
llamados a tomar la decisión y el respeto por las etapas, lineamientos y criterios fijados
por el mismo órgano electoral, como una garantía del principio de legalidad democrática
de la actuación desplegada por aquel.
192. Así las cosas, se tiene una dimensión teleológica del cronograma, consistente en
que los integrantes del consejo directivo puedan conocer con anticipación y veracidad el
trámite que falta para culminar con la elección del director general y también sortear
cualquier vicisitud itinerante que altere el desarrollo de las etapas del proceso y proponer
otras fechas alternativas que les permita abordar asuntos como, por ejemplo, suspensión
por órdenes judiciales, recusaciones, reclamaciones, inhabilidades, etc.
193. Lo anterior, tiene como fin la «optimización» y la «eficacia» de los procesos
democráticos que se adelantan, para que se desarrollen con anticipación y plena
información, a fin de lograr que los integrantes de ese órgano colegiado estén
preparados y plenamente documentados en cada etapa del proceso frente a las
decisiones trascendentales que progresivamente se van adoptando.
194. Orientados por este repertorio axiológico, el cronograma impone al consejo
directivo su acatamiento, en aras de que la integralidad del proceso de elección no se
98
SU-115 del 2019.
99
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo del 2022. Radicación 11001-03-28-000-2021-00055-00. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
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vea menoscabo por la ocurrencia de cualquier contingencia, ofreciendo las garantías
necesarias para que todos los integrantes de este cuerpo de decisión estén informados
para alcanzar el objetivo final que no es otro que la elección del director general.
195. A su vez, la publicidad del proceso permite que el cronograma sea de
conocimiento de los aspirantes y de la ciudadanía en general, con el fin de que estén
informados sobre el devenir de la convocatoria, lo que a su vez, permite materializar la
importante función de control social y político al trámite electoral.
196. En este caso, tal y como se probó, el consejo directivo se abstuvo de modificar el
acuerdo que regía la convocatoria en punto a las fechas en que se realizaría la
elección, a pesar de la imposibilidad de llevarla a cabo el 25 de octubre de 2023 como
se había previsto inicialmente.
197. Contrario a ello, una vez conocido el levantamiento de la medida cautelar dictada
por el juez de tutela, se procedió a convocar con 24 horas de anticipación, contrariando
la obligación de emitir un nuevo acto administrativo que advirtiera sobre la modificación
de la fecha respectiva y que convocara con la antelación establecida en los estatutos, lo
que de paso dio lugar a desconocer el deber de realizar la publicación pertinente en la
página web de la entidad, tal y como lo ordenaba la norma que regía la convocatoria.
198. Con tales irregularidades, no solo se desconocieron las garantías de los distintos
consejeros a quienes les cercenó la posibilidad de participar en la deliberación y
votación para la elección del director general como fue expuesto previamente, sino
también el propio acto dictado por la autoridad electoral a efectos de la designación de
dicho funcionario, a lo que se suma el hecho de no haber publicado la citación a la
convocatoria, tal y como lo exigía el reglamento electoral.
199. Todo esto, en criterio de esta Sección, constituye un claro desconocimiento de
las normas que regían el procedimiento de elección del director general de la entidad
para el período 2024-2027, las cuales debían ser atendidas irrestrictamente para
garantizar que la actuación se realizaría con el lleno de los requisitos, y a la vez se
respetaran los derechos que le asistían tanto a los participantes como a los miembros
del órgano colegiado que participaban de la elección.
200. En este caso, a efectos de determinar el impacto de dicha irregularidad en el
acto de elección, el análisis no puede ser meramente cuantitativo, como lo propone la
parte demandada, cuando advierte que la participación de los consejeros ausentes no
habría cambiado la votación, toda vez que el director fue elegido por la mayoría de sus
integrantes.
201. Aceptar tal tesis, implicaría admitir que el proceso con el cual se elige al director
general de una autoridad ambiental puede estar lleno de irregularidades, siempre que la
votación alcance el cuórum requerido para la elección, lo que a toda vista resulta
irrazonable.
202. Dicha postura desconoce abiertamente los principios previstos en el artículo
primero del Acuerdo 005 de 2023, los cuales debieron respetarse en todo el trámite de
la convocatoria y no podían reducirse a la aplicación de un guarismo aritmético
consistente en el conteo de los votos en la etapa final de la elección, pues con ello se
cercenaría el principio de participación, avalando procedimientos que afectaron las
garantías de los participantes y de los integrantes del consejo directivo, los cuales
tenían voz y voto en la designación del director de la entidad y estuvieron marginados
de la posibilidad de deliberar e intervenir en la votación.
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203. En este caso, se incurrió en una serie de irregularidades sistemáticas que, vistas
en su conjunto, no pueden pasarse por alto, pues claramente afectan la legalidad del
acto de elección demandado.
204. El procedimiento adelantado por el Consejo Directivo de CORPOMOJANA
desconoció el derecho y la finalidad de la participación de las entidades de
derecho público que la integran.
205. La Ley 99 de 1993, en su artículo 41, dispuso la integración del consejo directivo,
garantizando la participación amplia de todos aquellos grupos de interés que puedan
verse afectados por las importantes funciones que, legalmente, tienen asignadas las
corporaciones autónomas regionales.
206. De ahí que, dicho órgano de dirección está integrado (i) por representantes de
entidades públicas, que van desde la cartera ministerial del sector de medio ambiente y
desarrollo sostenible hasta el IDEAM, así como mandatarios locales del área de
influencia de CORPOMOJANA; (ii) representante de organizaciones no
gubernamentales; y (iii) el sector campesino y el gremio agropecuario y pesquero.
207. Ahora bien, es de resaltar que la participación de los organismos del gobierno
deviene de la creación del Sistema Nacional Ambiental, consagrado en el artículo 4
ibidem., como «el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales», lo
cual conlleva la idea de un sistema coordinado para la atención de estos asuntos, que
implica permitir la voz y el voto de aquellos en las autoridades ambientales del territorio,
como lo son, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible.
208. Así las cosas, la integración del consejo directivo con entidades públicas del
sector de medio ambiente y desarrollo sostenible y, con ello, la posibilidad de que
aquellas voten en la elección del director general de las autoridades ambientales, es
una garantía de la participación del Estado en la importante determinación y la persona
que dirigirá el destino de aquellas, como entidades con importantes competencias en
los territorios para el manejo de los recursos naturales renovables y que materializará:
«la labor misional a cargo de las corporaciones autónomas regionales es determinante para
materializar los principios de protección al ambiente consignados en la Carta y en la ley,
pues a través de ellas se propicia la articulación en torno a los asuntos de relevancia
ambiental a lo largo del territorio nacional y de acuerdo con las particularidades y
especificidades de cada ecosistema, procurando, a la vez, la óptima gestión de los recursos
naturales en un marco de equilibrio entre el desarrollo sostenible y el cuidado de la
naturaleza, a partir de la adopción de esquemas de coordinación y armonización con las
funciones ambientales de las entidades territoriales y de los organismos del sector central de
la administración pública».
209. En el marco de la anterior teleología, el respeto por esa facultad de participación
democrática, en el presente caso se vio seriamente afectada, pues el desconocimiento
la regla estatutaria que fija la antelación para la convocatoria a sesiones extraordinarias
fue una limitante para la asistencia a la reunión presencial del representante del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como del IDEAM.
210. Por lo dicho, el desconocimiento de las formalidades que fueron referidas en
párrafos precedentes, no puede ser analizado desde una perspectiva meramente
instrumental o cualitativa frente al resultado de la votación con la que finalmente resultó
electo el aquí demandado, en tanto es claro que aquello tuvo un impacto considerable
en la garantía de participación de las entidades públicas en el trámite de elección del
director general de CORPOMOJANA, toda vez que aquellas, ante las limitaciones
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propias del procedimiento adoptado, no lograron asistir de manera presencial y exponer
su criterio en tan importante determinación.
211. El procedimiento adelantado por el Consejo Directivo de CORPOMOJANA
desconoció la garantía de participación de las comunidades afrodescendientes
212. Como fue expuesto previamente, de una interpretación sistemática de las
normas que regulan la integración de los consejos directivos de las corporaciones
autónomas y de desarrollo sostenible, permite concluir que las comunidades negras
asentadas en el territorio de la jurisdicción y que hubieren iniciado el trámite de
titulación colectiva de tierras, tiene derecho a contar con un asiente de representación
en dicho órgano colegiado.
213. Estos sujetos de derecho, de relevante protección a nivel constitucional e
internacional, requiere de esta instancia, como una expresión de los mecanismos que
se han dispuesto para permitir que sus intereses tengan una defensa frente a las
decisiones que se adoptan por parte de los Estado y que pueden afectar a sus
territorios como parte integrante de su cultura y cosmovisión.
214. Este derecho del nivel fundamental tiene como soporte el carácter pluralista
adoptado por la Constitución Política de 1991 en su artículo 1º, así como en el deber de
protección la diversidad étnica y cultural consagrado en los artículos 7º y 70 del mismo
cuerpo normativo, así como del contenido del Convenio 169 de la OIT, el cual hace
parte del bloque de constitucionalidad.
215. De estas normas, se ha derivado el deber de toda autoridad estatal de «
«(i) establecer los medios de participación, (ii) garantizar que el ejercicio de ese derecho se
dé “libremente”; (iii) consultar las medidas que sean susceptibles de afectarlos
directamente; (iv) procurar la participación por lo menos en condiciones de igualdad respecto de
otros sectores de la población; y, (v) en relación con la prospección o explotación de recursos,
el estado debe establecer si estos pueden perjudicarlos y, de ser así, “en qué medida”»100.
216. Como fue puesto de presente en forma previa, CORPOMOJANA no ha atendido
el deber de integrar su órgano colegiado de administración con un representante de las
comunidades afrodescendientes, cuando es claro que, como se puso de presente
previamente, las disposiciones normativas que le son aplicables hacen dicho deber
exigible. Lo anterior, permite concluir que el proceso que culminó con la elección aquí
demandada no contó con la participación efectiva de aquellas que, asentadas en la
jurisdicción de la entidad ambiental, cuenta con el derecho de ser oídas y votar a través
del representante que escojan para dichos efectos.
217. Esta Sección ha considerado que la falta de participación del integrante de una
comunidad étnica tiene incidencia para afectar la legalidad de la elección demandada,
independiente de que su voto pueda o no cambiar el sentido de la decisión. En
sentencia reciente, se indicó:
«158. Sin embargo, la Sala considera que la omisión de convocar a la elección del
representante principal y suplente de las comunidades negras ante el órgano de dirección,
corresponde a una irregularidad que sobrepasa algún tipo de análisis cuantitativo como lo
sería, en este caso, la sumatoria de los votos obtenidos por el elegido.
159. En efecto, al abstenerse de realizar algún tipo de convocatoria con ese objeto, a pesar
de existir un consejo comunitario que, en principio, podría cumplir con los requisitos
señalados en las normas antes reseñadas, la corporación desconoció el derecho de
participación de las comunidades afrodescendientes a participar en la elección del director
100
Corte Constitucional. Sentencia SU-121 del 2022.
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de la entidad que tiene a su cargo la adopción de medidas en materia medio ambiental sobre
el terreno que habitan.
160. Al respecto, la Corte Constitucional ha sido clara en resaltar «el derecho de todas las
personas a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que afectan
directa o indirectamente su esfera vital a través de mecanismos de participación efectivos».
(…)
162. Así, más allá de que el voto de este integrante tuviera la virtualidad o no de cambiar el
sentido de la decisión adoptada en la sesión del 15 de febrero de 2024, esta Sala no puede
desconocer que el proceso estuvo viciado desde el principio al no conformarse en debida
forma el órgano directivo de la entidad, que finalmente estaba encargado, no solo de elegir al
director de la corporación, sino de adelantar todas las etapas correspondientes dentro de la
convocatoria. (…)
164. Por lo tanto, independiente de que el voto adicional del representante de las
comunidades negras pudiera mutar o no el cómputo final de los votos, lo cierto es que se
trata de una irregularidad sustancial acaecida durante el trámite eleccionario que es de tal
magnitud que no puede reducirse a una simple operación aritmética»101.
218. Conclusión: Por todo lo dicho, la Sala considera que, en el caso que se analiza,
la existencia de tantas y reincidentes irregularidades sustanciales durante el proceso de
elección del director general de la entidad, configura la expedición irregular invocada
por los demandantes, pues afectaron la legalidad de la decisión adoptada en la sesión
del 27 de octubre del 2023. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto de
elección del señor Giovannys Medrano Martínez como director general de
CORPOMOJANA para el período 2024-2027.
219. Ahora bien, es preciso reiterar lo dicho en sentencia de unificación del 26 de
mayo de 2016102, en relación con los efectos de los fallos de nulidad electoral en casos
como el presente:
(…) Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede establecer
concretamente el momento a partir del cual se ocasionaron las irregularidades, podría, ante
la falta de un pronunciamiento en la sentencia:
1. Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la
irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza qué parte de la actuación no
estuvo viciada.
2. Llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no
se desconozcan derechos adquiridos. (…)
220. En el presente asunto, está demostrado que las irregularidades ocurrieron, por
un lado, (i) ante la falta de participación de las comunidades afrodescendientes en la
elección y (ii) en el momento en que se dispuso la citación para la reunión electoral el
27 de octubre del 2023, lo que conllevó a la ocurrencia de todas las irregularidades a
que se hizo referencia.
221. Así las cosas, si bien se entiende que el consejo directivo de CORPOMOJANA
deberá, previo a la sesión electoral, llevar a cabo la modificación del reglamento para la
fijación de una fecha que respete la antelación debida, lo cierto es que ese trámite de
designación del director general podrá retomarse una vez se haya agotado en debida
forma el proceso previsto en los artículos 2.2.8.5.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de
2015 para la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras
ante el consejo directivo de la entidad.
101
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre del 2024. Radicación
11001-03-28-000-2024-00109-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
102
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp. 2015-00029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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222. Por ello, si bien las etapas previas al 27 de octubre del 2023 conservan su
validez, lo cierto es que para la adecuación del procedimiento se requiere que
previamente se culmine la exigencia antes señalada y, una vez cumplida, proceder de
conformidad con las reglas de la convocatoria y las consideraciones de esta
providencia.
223. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo 009 del 27 de octubre de 2023, por
medio del cual el Consejo Directivo de Corporación Autónoma para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y San Jorge -CORPOMOJANA- eligió al señor Giovannys
Medrano Martínez como su director general, para el periodo institucional del 01 de
enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODULAR LOS EFECTOS de la nulidad declarada, entendiendo que la
misma se extiende hasta la citación efectuada para la reunión electoral del 27 de
octubre del 2024, inclusive, advirtiendo que, previamente a continuar el proceso y
realizar la sesión electoral, se deberá agotar en debida forma el trámite previsto en los
artículos 2.2.8.5.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015 para la elección del
representante principal y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo
de la entidad.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
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