Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00109-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00109-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00109-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de septiembre de 2024
Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Raúl Durán Parra – Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Santander para el período 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2024-00109-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00109-00
Demandante: PEDRO ANTONIO CARBALLIDO FUENTES
Demandado: RAÚL DURÁN PARRA – DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
PARA EL PERÍODO 2024-2027
Temas: Representatividad de las comunidades negras ante los
consejos directivos de estas entidades.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir la demanda presentada por el señor Pedro Antonio
Carballido Fuentes en ejercicio del medio de control de nulidad electoral
consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contra el acto de designación del señor Raúl Durán
Parra como director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander
para el período 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones1
1. Las pretensiones de la demanda fueron del siguiente tenor:
PRIMERO. SE DECLARE la NULIDAD del acto administrativo ACUERDO No. 086
de fecha 15 de febrero de 2024 expedido y publicado ese mismo día por el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, así como la
reunión sesión extraordinaria adelantada por el Consejo Directivo de la misma
fecha que declaró la elección del Dr. RAUL DURÁN PARRA identificado con CC.
91.104.065 como DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
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Demanda subsanada visible en el índice 8 del expediente que obra en la Sede electrónica para
la gestión judicial, Samai.
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Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Raúl Durán Parra – Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Santander para el período 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2024-00109-00
REGIONAL DE SANTANDER CAS, cargo de nivel directivo con código 15 y grado
21 para desempeñarse y ejercer el cargo durante el periodo 2024 al 31 de diciembre
de 2027, cuyas copias auténticas acompañan la presente demanda.
SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE nuevamente el
trámite y apertura del proceso de selección para la elección de Director General de
la Corporación, convocando debidamente a todos los representantes del Consejo
Directivo, previo al proceso de elección, contando con el representante de las
comunidades negras conforme lo dispone el artículo 26 de la ley 99 de 1993
parágrafo segundo, el artículo 56 de la ley 70 de 1993 y el parágrafo segundo del
artículo 28 de la ley 99 de 1993, con el fin de que estas tengan participación en la
decisión, votación y elección del director general dentro del Consejo Directivo por
medio de su representante.
1.2. Hechos
2. El demandante señaló que se desempeña como representante legal del
“Consejo Comunitario Afrodescendiente del Municipio de Puerto Wilches –
AFROWILCHES”, el cual está debidamente reconocido por el Ministerio del
Interior mediante Resolución No. 276 del 21 de septiembre de 2022.
3. Afirmó que tal reconocimiento lo habilitó para integrarse al Registro Público
Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas,
y Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras de la entidad.
4. Refirió que mediante Resolución GA/08 del 26 de enero de 2023 expedida
por el municipio de Puerto Wilches, Santander, se certificó que en la oficina de la
Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos se encuentra el libro del
Consejo Comunitario AFROWILCHES y se reconoce su existencia en los términos
del literal b) del artículo 15 del Decreto 3770 de 2008, el parágrafo 1 del artículo
2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1640 de 2020.
5. Agregó que, por lo anterior, estaba demostrado que dicho consejo
comunitario estaba asentado territorialmente dentro de Santander, esto es, bajo
la jurisdicción de la corporación autónoma regional de ese departamento.
6. Adujo que la Ley 70 de 1993 reconoció a las comunidades negras que han
ocupado tierras baldías y se les permitió su organización a través de consejos
comunitarios, así como su participación en espacios que se afecten sus atributos
territoriales, culturales y gobierno propio.
7. Mencionó que el 15 de febrero de 2024 se designó al señor Raúl Durán
Parra como director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander,
pero advirtió que tal designación está viciada de nulidad ya que se omitió y vulneró
el derecho al voto del representante de las comunidades negras ante el consejo
directivo de la entidad.
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8. Lo anterior, en la medida en que no se adelantó el procedimiento de
elección del representante y suplente de esta comunidad de forma previa a la
designación del director general de la corporación, lo cual redujo la mayoría
absoluta requerida para efectuar la votación.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. El demandante alegó como desconocidos los artículos 26, parágrafo 2 de
la Ley 99 de 1993; 56 de la Ley 70 de 1993; 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015
y 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 001 del 17 de febrero de 2020.
10. Al respecto, expresó que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 establece que
el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales es el órgano de
administración de la entidad y está conformado de la siguiente manera:
a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo
territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o
delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo
Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la
presidencia del Consejo Directivo;
b. Un representante del Presidente de la República;
c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente.
d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del
territorio de la jurisdicción de la corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa,
para períodos de un (1) año por el sistema de cociente electoral, de manera que
queden representados todos los departamentos o regiones que integran la
corporación. Si el territorio de la Corporación comprendiese un número plural de
departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el
reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional;
e. Dos (2) representantes del sector privado;
f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente
asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas
mismas;
g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su
domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por
ellas mismas.
(…)
PARÁGRAFO 2. En la conformación de los Consejos Directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de
la Ley 70 de 1993.
11. Precisó que el parágrafo 2 de dicha norma consagra que para la
conformación de los consejos directivos se deben tener en cuenta las
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disposiciones de la Ley 70 de 1993.
12. Por tal razón, manifestó que el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 prescribe
que las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las
áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras
de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, deberán tener un
representante de esas comunidades en sus consejos directivos.
13. Consideró que la designación del señor Raúl Durán Parra como director
general de la Corporación Autónoma Regional de Santander desconoció la
anterior normativa, ya que se debió adelantar previamente el procedimiento de
elección del representante y suplente de las comunidades negras, cuya
convocatoria tenía que realizarse a través de acto administrativo que abriera la
posibilidad para que éstas participaran y se les garantizara su derecho a elegir y
ser elegido.
14. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.1 del
Decreto 1076 de 2015, que dispone que para la elección del representante y
suplente de las comunidades negras, el director general de la respectiva
corporación autónoma regional debe formular una invitación pública a los
respectivos consejos comunitarios, en la que tienen que indicarse los requisitos
para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración
de la reunión en la cual se llevará a cabo.
15. Agregó que, según la norma en mención, la convocatoria se debe publicar
en una única oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional
con treinta días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, así como
difundirse por una sola vez por medio radial o televisivo.
16. Recalcó que se desconocieron los términos y períodos legales allí
definidos, ya que nunca se publicó en la página de la entidad el aviso de
convocatoria ni se adelantó el trámite de elección del representante de las
comunidades negras, a pesar de que AFROWILCHES contaba con todas las
calidades y requisitos para su postulación y participación.
17. Sostuvo que la designación del director general de la Corporación
Autónoma Regional de Santander no contó con la participación ni el voto del
referido representante, por lo que hay lugar a declarar la nulidad del acto
administrativo demandado.
18. Añadió que el artículo 46 del Acuerdo 001 del 17 de febrero de 2020, por
el cual se reformaron los estatutos de la entidad, establece el plazo para la
designación del director general en los siguientes términos:
La designación del Director General se realizará a más tardar en el mes de
diciembre del año correspondiente, de manera que inicie su período el primero (1)
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de Enero del año siguiente a su elección, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la ley 99 de 1993 y demás normas que la
reglamenten.
El Director General se designará por la mayoría absoluta de votos de los miembros
del Consejo Directivo.
19. Aseveró que el acto administrativo demandado desconoció directamente la
norma en cita, ya que la designación del director general se hizo el 15 de febrero
de 2024 y no a más tardar en el mes de diciembre de 2023.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Raúl Durán Parra2
20. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar
que no existió la transgresión normativa invocada.
21. Expuso que AFROWILCHES no cuenta con todas las calidades y requisitos
para ser parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Santander y, por ello, no había lugar a realizarse una convocatoria o invitación
pública para participar en el proceso de elección del director de la entidad.
22. Al respecto, consideró que según el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política, el parágrafo segundo del artículo 26 de la Ley 99 de 1993,
el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de
2015, debía habérsele adjudicado al consejo comunitario la titularidad de la
propiedad colectiva del terreno en el que se asentaron para el desarrollo de sus
actividades con base en su origen, creencias ancestrales, raizales y cultura, para
que pudiera hacer parte del órgano colegiado de la corporación, situación que no
se daba en el presente asunto.
23. Señaló que, por tal razón, no se realizó la convocatoria ya que en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander no existía alguna
comunidad que cumpliera con dicho requisito, esto es, la adjudicación de la
propiedad colectiva.
24. Refirió que, en tal sentido, la entidad actuó dentro del marco de legalidad y
de acuerdo con la conformación del consejo directivo establecida en el artículo 22
del Acuerdo de Asamblea Corporativa 001 del 17 de febrero de 2020 (estatutos),
pues estaba compuesto por 12 miembros, así:
• Gobernador de Santander: Juvenal Díaz Mateus
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Visible en el índice 34 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.
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• Representante de la Presidencia de la República: Fidel Arturo Torres
Castillo
• Representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Jesús
Antonio Castro González
• Alcalde de Suaita: Luis Alfonso Pulido Rangel
• Alcalde de Guavatá: José Joaquín Cubides Ariza
• Alcalde de Coromoro: Rodolfo Sánchez Álvarez
• Alcalde de Macaravita: Sergio Andrés Páez Vásquez
• Representantes del Sector Privado: Arelis Neira Neira y Heliodo Campos
Castillo
• Representantes de las entidades sin ánimo de lucro: Adela Guerrero
Contreras y Christian Fabrizzio Gómez Zárate
• Representante de las comunidades indígenas: Sor Ángela Arias Cortina
25. Alegó que la participación del representante de las comunidades
afrodescendientes no afectaría el sentido de la votación que se llevó a cabo el día
de su designación, ya que en esa sesión se hicieron presentes los 12 integrantes
del consejo directivo y 11 votaron a su favor, mientras que el delegado del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible votó en blanco, así que contó con
la mayoría absoluta para ser designado director general de la entidad, tal y como
lo dispone el artículo 46 de los estatutos de esa corporación.
26. Destacó que su postura también está soportada en la sentencia del 8 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite
de la acción de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2024-00315-00, en
la que el señor Pedro Antonio Carballido Fuentes solicitó que se ordenara a la
Corporación Autónoma Regional de Santander que adelantara el procedimiento
para la elección del representante de las comunidades negras ante su consejo
directivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076
de 2015.
27. Sobre el particular, informó que en esa providencia se negaron las
pretensiones de la acción al considerar que no se cumplía con el supuesto de la
norma invocada, relativo a que la comunidad debía contar con el título de
adjudicación de la propiedad colectiva, requisito que no había acreditado
AFROWILCHES ya que solamente había radicado la solicitud respectiva.
28. En todo caso, aclaró que la Corporación Autónoma Regional de Santander,
de forma previa a realizar la designación de su director general, convocó a las
comunidades indígenas y etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de su
jurisdicción, sin que ninguna comunidad afrodescendiente se pronunciara al
respecto.
29. Indicó que aunque no se hizo una convocatoria exclusiva para estas
últimas, precisamente porque no se cumplían los requisitos para ello, lo cierto es
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que AFROWILCHES no se manifestó frente a la publicación de la convocatoria
para las comunidades étnicas.
30. Planteó las siguientes excepciones:
a) «El acto administrativo de mi elección como director de la CAS y la cesión
(sic) en la que se llevó a cabo no están viciados de nulidad por carecer del
voto del representante legal del consejo comunitario AFROWILCHES / El
quórum designatorio no se ve afectado»
31. En este punto, aseguró que no se vulneró el derecho al voto del
representante de las comunidades negras, ya que AFROWILCHES no cuenta con
todas las calidades y requisitos exigidos para ser parte del consejo directivo de la
entidad, al no poseer la titularidad de una propiedad colectiva.
32. Insistió que el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 es claro en establecer que
esa propiedad debe ser «adjudicada» y, hasta el momento, no hay alguna prueba
que permita concluir que en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Santander existen áreas donde se hayan adjudicado este tipo de terrenos a
una comunidad afrodescendiente.
33. Por tal razón, aseveró que no se podía convocar a la elección del
representante de estas comunidades ante el consejo directivo de la entidad, ya
que no se cumplían las condiciones para el efecto.
34. Además, reiteró que el voto de esta persona tampoco cambiaría el sentido
de la designación demandada, ya que fue elegido con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros de ese órgano de decisión.
b) «El consejo comunitario AFROWILCHES no se pronunció frente a la
convocatoria que la CAS realizó a las comunidades indígenas y etnias
tradicionalmente asentadas en el territorio de la jurisdicción de la CAS, para
que participaran en el proceso de elección del director de la entidad»
35. Adujo que la entidad convocó a las comunidades indígenas o etnias dentro
del procedimiento de elección del director mediante aviso publicado el 31 de julio
de 2023.
36. Señaló que frente a dicha convocatoria no se presentó algún escrito de
inconformidad por parte de AFROWILCHES, ni tampoco consta que haya
solicitado su incorporación dentro del proceso.
37. Argumentó que, si esa comunidad consideraba que contaba con el derecho
de participar en el consejo directivo de la entidad, debió oponerse a la anterior
publicación o, en su defecto, adelantar las gestiones pertinentes para participar
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en el procedimiento para escoger al nuevo director de la corporación, pero no lo
hizo.
38. Resaltó que no debía hacerse una invitación específica para
AFROWILCHES, pues para ello se convocó de forma general a las comunidades
indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de la jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de Santander, así que si ese consejo
comunitario percibía que tenía tal condición, debió pronunciarse al respecto y no
esperar a que se culminara el proceso de designación para reclamar un derecho
que supuestamente le asiste.
39. Agregó que la entidad tampoco estaba obligada a realizar tal convocatoria,
porque en la jurisdicción territorial de la corporación no existen áreas donde el
Gobierno Nacional haya adjudicado propiedades colectivas a las comunidades
negras, siendo este el requisito indispensable para que pudiera conformar el
consejo directivo.
c) «El consejo comunitario del municipio de Puerto Wilches AFROWILCHES
no reúne las cualidades señaladas en el artículo transitorio 55 de la C.P. y
tampoco ha sido reconocido como tal por parte del Gobierno Nacional, al no
habérsele adjudicado una propiedad colectiva»
40. Al respecto, precisó que aunque la comunidad que representa el
demandante está reconocida como un consejo comunitario, no cuenta con un
título de propiedad colectiva conforme a sus prácticas tradicionales de
producción, exigencia prevista en los artículos 56 de la Ley 70 de 1993 y
transitorio 55 de la Constitución Política.
41. Destacó que el artículo 2 de la Ley 70 de 1993 define los conceptos de
“comunidad negra” y “ocupación colectiva”, y que sus artículos 4, 5, 8 y 11
estudian la propiedad colectiva de estas comunidades y la forma para obtenerla,
en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4o. El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta
ley la propiedad colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones
contenidas en el artículo segundo comprenden las tierras baldías de las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las
áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1o. de la presente ley que vienen
ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
(...)
ARTÍCULO 5o. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada
comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna,
cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
(...)
ARTÍCULO 8o. Para los efectos de la adjudicación de que trata el artículo 4o., cada
comunidad presentará la respectiva solicitud al Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria -Incora.- Este podrá iniciar de oficio la adjudicación. Una comisión integrada
por el Incora, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y el Inderena o la entidad
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que haga sus veces realizará, previo informe del Consejo Comunitario, una
evaluación técnica de las solicitudes y determinará los límites del área que será
otorgada mediante el título de propiedad colectiva.
(...)
ARTÍCULO 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- en un
término improrrogable de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos por
medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que
trata la presente ley. El correspondiente acto administrativo se notificará al
representante de la respectiva comunidad y, una vez inscrito en el competente
registro, constituirá título suficiente de dominio y prueba de la propiedad.”
42. Insistió en que, a pesar de que AFROWILCHES está reconocido como
consejo comunitario, no se le ha adjudicado la propiedad colectiva de un terreno
que tradicionalmente hubiera venido ocupando en función de sus hábitos de
producción, por lo que no estaba habilitado para conformar el consejo directivo de
la entidad.
43. En consecuencia, concluyó que no está demostrada la vulneración de las
normas invocadas, por lo que solicitó que se denieguen las pretensiones de la
demanda.
1.4.2. Corporación Autónoma Regional de Santander3
44. La apoderada de la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda.
45. Sostuvo que AFROWILCHES no reunía los requisitos exigidos por los
artículos 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 y 56 de la Ley 70 de 1993 para
que la Corporación Autónoma Regional de Santander la convocara al proceso de
elección de su director general y, por ende, tampoco podía hacer parte del consejo
directivo, ya que no se le había adjudicado alguna propiedad colectiva.
46. Resaltó que, de hecho, la entidad no tenía conocimiento de que existiera
alguna otra comunidad de negritudes en el territorio de su jurisdicción, que
cumpliera con el requisito de habérsele otorgado la propiedad de un terreno de
asentamiento como los que detalla el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política.
47. Advirtió que, según los estatutos de esa corporación, en la conformación
del consejo directivo no se encuentra el representante de estas comunidades, así
que el órgano colegiado estuvo debidamente integrado al momento de elegir al
director general.
48. Manifestó que, en todo caso, el voto que reclama AFROWILCHES no
afectaría el resultado de la elección, ya que 11 de los 12 consejeros votaron por
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el señor Raúl Durán Parra en la sesión correspondiente, siendo designado
entonces con la mayoría absoluta de los votos como lo exige el artículo 46
estatutario.
49. Afirmó que aunque no se convocó de manera específica a las comunidades
afrodescendientes, por no existir alguna que cumpliera con los requisitos para el
efecto, sí se adelantó un proceso de convocatoria pública previa a las
comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander, para lo cual se
realizó la respectiva publicación en la página web de la entidad, en un diario de
circulación nacional y en una emisora de radio.
50. Resaltó que, pese a lo anterior, AFROWILCHES nunca se pronunció al
respecto.
51. Formuló las siguientes excepciones:
a) «El acta de elección del director general de la CAS y la reunión de sesión
de fecha 15 de febrero de 2024 no son nulas. El Consejo Directivo de la CAS
cumplió con la aplicación de los estatutos de la entidad»
52. Consideró que está plenamente probado que la corporación adelantó todo
el procedimiento legal y reglamentario para la convocatoria y elección de su
director general, el cual se inició mediante el Acuerdo 073 del 25 de septiembre
de 2023.
53. Agregó que también se convocó públicamente a las comunidades
indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de su jurisdicción,
para lo cual se hicieron las publicaciones pertinentes, sin que exista prueba
alguna de que AFROWILCHES participara, objetara o se pronunciara al respecto,
siendo este el momento para realizarlo.
54. Con todo, aclaró que actualmente no existe alguna comunidad negra de
las que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, que esté
arraigada o asentada en el territorio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Santander, motivo por el que AFROWILCHES no podía participar del
proceso de designación del director general de la entidad.
55. Consideró que los miembros de este consejo comunitario saben de tiempo
atrás que no cuentan con los requisitos legales para ello y, aun así, siguen
insistiendo en que sí representan una comunidad de aquellas a las que hace
referencia el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
56. Lo anterior, debido a que no poseen un título de propiedad de un terreno
donde se hayan arraigado a causa de sus comportamientos de producción, lo cual
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les ha sido puesto de presente por el Tribunal Administrativo de Santander en
distintos procesos en los que ha hecho parte AFROWILCHES.
57. Precisó que mediante respuesta del 23 de enero de 2024, la entidad le
contestó una petición al aquí demandante, en la que le informó que la razón por
la cual no cuenta con un representante de las comunidades negras dentro del
consejo directivo obedece a que tanto los estatutos de la corporación, como las
Leyes 70 y 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, no establecen su participación
dentro de su jurisdicción.
58. Adujo que a la misma conclusión llegó el Tribunal Administrativo de
Santander al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2024, en la que negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2024-
00315-00, con la que el señor Pedro Antonio Carballido Fuentes solicitaba que se
ordenara adelantar el trámite de elección del representante y suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Santander.
b) «La ausencia del voto reclamado por la parte accionante no afecta el
quórum de la elección del director general de la CAS para el período 2024-
2027»
59. Insistió que el voto reclamado por la parte demandante no afecta la
elección demandada, ya que el señor Raúl Durán Parra fue elegido con la mayoría
absoluta requerida por el artículo 46 de los estatutos de la entidad, al recibir el
voto favorable de 11 de los 12 miembros del consejo directivo.
60. Recalcó el artículo 22 estatutario establece la conformación de ese órgano
de decisión y no hace mención a algún representante de las comunidades negras,
por lo que la corporación actuó conforme a la normatividad que regía la elección
de su director general.
1.4.3. Coadyuvancia4
61. El señor Carlos Alfaro Fonseca solicitó ser tenido como coadyuvante de las
pretensiones de la parte actora.
62. Precisó que la elección del director general de la Corporación Autónoma
Regional de Santander se realizó el 15 de febrero de 2024, infringiendo la
normatividad vigente por parte de los miembros del consejo directivo que
ostentaban tal calidad para el período 2023.
4
Visible en el índice 33 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.
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63. Añadió que los nuevos miembros incumplieron sus funciones como
consejeros de la entidad al establecer un procedimiento distinto al señalado en el
Acuerdo 073 del 25 de septiembre de 2023 y el Acuerdo de Asamblea Corporativa
001 del 17 de febrero de 2020 (estatutos), puesto que el día de la elección se
propuso la adopción de los estatutos y de sus reformas.
64. Finalmente, sostuvo que la actuación debía gobernarse por los principios
de la Ley 1437 de 20115.
1.5. Pronunciamiento frente a las excepciones6
65. El demandante consideró que existe una notable contradicción y un
desconocimiento por parte del demandado y la Corporación Autónoma Regional
de Santander, de las normas que regulan la creación de los consejos comunitarios
y la elección de sus representantes ante los consejos directivos de este tipo de
entidades.
66. Refirió que la afirmación relativa a que no se cuenta con las calidades
necesarias para pertenecer a ese órgano colegiado, presuntamente por no
ostentar la titularidad de una propiedad colectiva, desconoce numerosa
jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que solo es necesaria la
radicación de la petición correspondiente ante el Gobierno Nacional7.
67. Respecto de la afirmación que señala que AFROWILCHES nunca se
pronunció frente a la convocatoria que se realizó frente a las comunidades
indígenas y etnias tradicionalmente asentadas en la jurisdicción de la entidad,
manifestó que el consejo comunitario no estaba llamado a participar en virtud de
esa invitación, ya que se trataba de un procedimiento distinto frente al cual no
tenía nada que ver y que se dirigía exclusivamente a esas colectividades.
68. Por último, aportó una copia de la Resolución 8670 del 25 de junio de 2021,
a través de la cual la Agencia Nacional de Tierras ordenó la práctica de una visita
en el marco del trámite de titulación colectiva a favor de AFROWILCHES, y de
algunas actuaciones adicionales realizadas por esa entidad, con el fin de
demostrar el avance del procedimiento administrativo en cuestión.
5
Se advierte que a través de auto del 22 de julio de 2024, se reconoció al señor Carlos Alfaro
Fonseca como coadyuvante de la parte actora pero se advirtió que su intervención estaría limitada
a los argumentos que nutrieran los fundamentos de hecho y de derecho propuestos por el
demandante, ya que algunos de los que planteó excedían los cargos propuestos por el actor.
6
Visible en el índice 38 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.
7
Para el efecto, citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 2 de octubre de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-28-000-2019-00071-
00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate, rad. 11001-03-28-000-2020-00094-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
26 de mayo de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-28-000-2021-00063-00.
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1.6. Actuación procesal
69. Mediante auto del 3 de abril de 20248, se inadmitió la demanda con el fin
de que la parte actora incorporara el concepto de la violación de las normas
presuntamente transgredidas y expusiera de forma clara cada uno de los cargos
endilgados contra el acto administrativo acusado.
70. Subsanado lo anterior y, previo a la admisión de la demanda, a través de
proveído del 17 de abril de 20249 se corrió traslado de la solicitud de suspensión
provisional al señor Raúl Durán Parra, al presidente del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Santander y a la agente del Ministerio
Público, con el fin de que manifestaran lo que consideraran pertinente.
71. Por medio de providencia del 16 de mayo del presente año, se admitió la
demanda y se negó la medida cautelar solicitada, en atención a que las pruebas
aportadas hasta ese momento procesal no eran suficientes para acreditar la
infracción alegada.
72. Posteriormente y, ante la posibilidad de dictar sentencia anticipada de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, a través de proveído del 22 de julio de 2024 se dispuso tener como
pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó correr traslado para
alegar de conclusión por escrito.
73. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:
«32. En este caso, se debe determinar si el Acuerdo 86 del 15 de febrero de 2024,
por medio del cual el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Santander eligió al señor Raúl Durán Parra como director general, se encuentra
viciado de nulidad al haber sido expedido irregularmente por violación a los
artículos 23 y 26 de la Ley 99 de 1993, 56 de la Ley 70 de 1993, 2.2.8.5.1.1 del
Decreto 1076 de 2015 y 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 001 del 17 de
febrero de 2020.
33. Para el efecto deberá estudiarse si el acto de designación del director general
de la CAS es nulo porque el consejo directivo no estuvo integrado por la totalidad
de los miembros necesarios para la elección, toda vez que debía contar con un
representante de las comunidades negras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 55 transitorio de la Constitución Política.
34. De manera concreta en este cargo debe analizarse si la falta de uno de los
miembros del consejo directivo tiene la entidad de anular la elección del director
general o si las irregularidades en ese proceso de elección afectan la elección del
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Visible en el índice 5 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
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Visible en el índice 12 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
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director. En caso afirmativo, deberá estudiarse:
A. Si no se adelantó, previamente, el procedimiento de elección del representante
y suplente de las comunidades negras, cuya convocatoria debía realizarse a través
de un acto administrativo que permitiera la posibilidad de que estas participaran y
se les garantizara sus derecho elegir y ser elegido.
B. Si no se formuló, de conformidad con la ley, la invitación pública respectiva para
que las comunidades negras del territorio participaran en el consejo y, por tanto, en
la elección del director general de la Corporación Autónoma Regional de
Santander.
C. Si con el proceso eleccionario se desconocieron los términos y periodos legales
porque se adelantó sin la debida invitación, sin la publicación del aviso
correspondiente, sin la participación y el voto del representante de las comunidades
negras y por fuera de los términos establecidos en el Acuerdo 001 del 17 de febrero
de 2020.
35. En caso de encontrarse demostrado lo anterior, si tal irregularidad tiene la
entidad de viciar el procedimiento por sí misma o si es necesario llevar a cabo el
estudio de la incidencia.»
1.7. Alegatos de conclusión
1.7.1. Parte demandada10
74. El señor Raúl Durán Parra afirmó que la Corporación Autónoma Regional
de Santander actuó de buena fe y bajo la precisión de no tener conocimiento de
la existencia de alguna comunidad o consejo comunitario de negritudes que
habitara en el terreno de su jurisdicción y que tuviesen asignada la propiedad
colectiva de un terreno por parte del Gobierno Nacional.
75. Recalcó que el artículo 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 es claro en
establecer que el representante de la comunidad afrodescendiente que va a
integrar el consejo directivo de estas entidades, debe pertenecer a una a la que
se le haya adjudicado la propiedad colectiva, situación que no se advertía al
momento de realizar la elección del director general y, por ende, estaba justificada
la decisión de la corporación de no convocar a alguna de estas comunidades.
76. Además, señaló que el voto que adicional que se aportaría por parte de
este representante no cambiaría el sentido de la elección, ya que fue elegido por
la mayoría absoluta de los integrantes de ese órgano de decisión, tal y como lo
estipula el artículo 46 de los estatutos.
77. Por lo demás, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
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Visible en el índice 45 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
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1.7.2. Parte demandante11
78. El señor Pedro Antonio Carballido Fuentes alegó que el Acuerdo 086 del
15 de febrero de 2024 y el procedimiento de convocatoria y elección que lo
antecedió, fueron efectuados de manera irregular porque para el momento de la
elección del director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander
no se encontraba debidamente conformado su consejo directivo.
79. Lo anterior, en la medida en que dicho órgano colegiado no contaba con
un representante de las comunidades negras, lo cual vulneró su derecho
fundamental a elegir y ser elegido.
80. Destacó que los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales tienen a su cargo la toma de decisiones en asuntos de competencia
de estas entidades, como lo es el componente medio ambiental, razón por la que
la Ley 70 de 1993 reconoció jurídicamente a las comunidades negras y les otorgó
la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones sobre esas materias, al
ordenar que debía haber un representante de esa comunidad en ese órgano
colegiado.
81. Expresó que el hecho de que en los estatutos de la entidad no se haya
incluido al representante de las comunidades negras como parte del consejo
directivo, no significaba que no estuviera obligada a respetar el mandato legal
antes señalado, así como lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 26 de
la Ley 99 de 1993.
82. Añadió que no es cierto, como lo pretenden hacer ver tanto el demandado
como la Corporación Autónoma Regional de Santander, que no cumpliera los
requisitos para pertenecer a ese órgano de decisión por no haberse adjudicado
algún título de propiedad colectiva.
83. Al respecto, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2024 en la acción de
cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2024-00315-01, concluyó que sí
existía un verdadero mandato imperativo e inobjetable consistente en ordenar a
esa corporación contar con un representante de las comunidades negras en su
consejo directivo, por lo que le ordenó surtir la convocatoria mediante invitación
pública en los términos del artículo 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015.
84. Resaltó que, con base en ese fallo, no existe duda de que la Corporación
Autónoma Regional de Santander sí estaba obligada a contar con este
representante, por lo que la convocatoria respectiva debió realizarse antes de
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Visible en el índice 46 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
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iniciar el proceso de elección de su director general.
85. Por otra parte, argumentó que el artículo 46 de los estatutos de la entidad
establece que la designación de este funcionario debe hacerse a más tardar en
el mes de diciembre del año correspondiente, de manera que inicie su período el
1º de enero del año siguiente.
86. Con base en lo anterior, consideró que la norma en cuestión fue
desconocida ya que la elección del señor Durán Parra se efectuó el 15 de febrero
de 2024.
87. Además, consideró que algunos de los miembros del consejo directivo que
participaron en la elección no estaban habilitados para el efecto, ya que se trataba
de los alcaldes municipales que solo fueron elegidos como integrantes del órgano
colegiado hasta el 27 de febrero del presente año.
1.7.3. Corporación Autónoma Regional de Santander12
88. La apoderada de la entidad insistió en que el artículo 56 de la Ley 70 de
1993 es claro en establecer que las comunidades negras a las que se les debe
convocar para que elijan un representante y un suplente para hacer parte del
consejo directivo de la entidad, son aquellas a las cuales se les haya adjudicado
una propiedad colectiva en la jurisdicción de la corporación.
89. Expuso que, al no tener conocimiento de que se le hubiese otorgado ese
título a alguna comunidad de negritudes, la Corporación Autónoma Regional de
Santander actuó de buena fe y en aplicación de la literalidad de la norma al no
hacer la convocatoria respectiva.
90. Manifestó que en sus estatutos no se estableció la participación de un
miembro de estas comunidades en la integración del consejo directivo, por lo que
durante el proceso de elección del director general solo se convocó a las
comunidades indígenas y etnias tradicionalmente asentadas en el territorio.
91. Aseguró que el voto reclamado por AFROWILCHES no alteraría el
resultado de la elección, ya que el demandado fue escogido con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los integrantes del órgano de dirección, según lo
dispone el artículo 46 estatutario.
1.2. Concepto del Ministerio Público
92. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación no rindió
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Visible en el índice 47 del expediente electrónico que obra en la Sede electrónica para la gestión
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concepto.
93. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin que
obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del
Consejo de Estado a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
94. La Sala es competente para decidir en única instancia de la demanda
promovida contra el acto de designación del Raúl Durán Parra como director
general de la Corporación Autónoma Regional de Santander para el período
2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13 y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación14.
2.2. El acto acusado
95. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presunto asunto es el Acuerdo
086 del 15 de febrero de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Santander designó al señor Raúl Durán Parra
como director general de la entidad para el período institucional 2024-2027.
2.3. Cuestión previa
96. Se advierte que la parte actora, al presentar sus alegatos de conclusión,
consideró que algunos de los miembros del consejo directivo que participaron en
13
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.
(Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021) El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema, de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del
orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de
nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la
República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
14
ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
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la sesión de la elección no estaban habilitados para el efecto, ya que se trataba
de los alcaldes municipales que solo fueron elegidos como integrantes del órgano
colegiado hasta el 27 de febrero del presente año.
97. Sin embargo, se trata de un cargo nuevo que no fue planteado en la
demanda y que no hace parte de la fijación del litigio, así que no hay lugar a su
análisis pues, proceder en sentido contrario, implicaría un desconocimiento del
derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.
2.4. Problema jurídico
98. Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la nulidad del
Acuerdo 086 del 15 de febrero de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo
de la Corporación Autónoma Regional de Santander designó al señor Raúl Durán
Parra como director general de la entidad para el período institucional 2024-2027.
99. Para el efecto, se deberá determinar si el acto administrativo demandado
desconoció los artículos 26, parágrafo 2 de la Ley 99 de 1993; 56 de la Ley 70 de
1993; 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 y 46 del Acuerdo de Asamblea
Corporativa 001 del 17 de febrero de 2020, presuntamente por vulnerar el derecho
de participación de las comunidades negras al no adelantarse el proceso de
elección de su representante y suplente ante el consejo directivo de la entidad, de
forma previa a la designación de su director general, y por no efectuarse esta
última dentro del término previsto en los estatutos para el efecto.
2.5. Caso concreto
100. En síntesis, los reparos de la parte actora radican en que la Corporación
Autónoma Regional de Santander debió convocar a la elección del representante
y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo, antes de proceder
a la designación de su director general, ya que así lo disponen las normas
invocadas como desconocidas.
101. De igual manera, aseveró que la elección del demandado se realizó fuera
del término previsto en los estatutos de la entidad, los cuales disponen que debe
efectuarse a más tardar en el mes de diciembre para que inicie su período el 1º
de enero del año siguiente, mandato que no se respetó pues la designación se
efectuó el 15 de febrero de 2024.
102. Para efectos prácticos, la Sala abordará en primer lugar el cargo relativo al
desconocimiento del término para la elección del director general de la entidad y,
en segunda medida, realizará un examen del proceso de elección de las
comunidades negras al interior de los consejos directivos, con el fin de abordar el
análisis de fondo correspondiente.
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2.5.1. De la expedición irregular del acto demandado por expedición fuera
del término previsto en los estatutos de la Corporación Autónoma
Regional de Santander
103. De acuerdo con la parte actora, con la elección del señor Raúl Durán Parra
como director general de la entidad se desconoció el plazo máximo que
establecen los estatutos para realizar dicha designación, pues se efectuó el 15 de
febrero de 2024 y no en el mes de diciembre de 2023.
104. Según se tiene, el artículo 46 del Acuerdo 001 del 17 de febrero de 2020,
por el cual se reformaron los estatutos de la entidad, establece el plazo para la
designación del director general en los siguientes términos:
La designación del Director General se realizará a más tardar en el mes de
diciembre del año correspondiente, de manera que inicie su período el primero (1)
de Enero del año siguiente a su elección, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la ley 99 de 1993 y demás normas que la
reglamenten.
El Director General se designará por la mayoría absoluta de votos de los miembros
del Consejo Directivo.
105. Esta disposición estatutaria, se encuentra en consonancia con lo previsto
en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificada por el artículo 1º de la Ley 1263
de 2008, que ordena que «[e]l proceso de elección de los Directores de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberá
realizarlo el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del
período institucional respectivo».
106. Ahora bien, a través del Acuerdo 073 del 25 de septiembre de 2023, el
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander
reglamentó el procedimiento para la elección de su director general para el
período 2024-2027 y, dentro del cronograma respectivo, fijó el 25 de octubre de
2023 como la fecha en la que se llevaría a cabo la sesión para la designación de
dicho funcionario.
107. Sin embargo, mediante Acuerdo 081 del 26 de diciembre de 2023, se
modificó el anterior acto administrativo en relación con el cronograma de la
convocatoria debido a que no se pudo realizar la elección en el día señalado
inicialmente.
108. Al respecto, el Consejo Directivo señaló:
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109. Según lo anterior, la designación del director general no se pudo llevar a
cabo el 25 de octubre de 2023 debido a la radicación de varias recusaciones que
afectaron el cuórum del órgano de dirección y que fueron resueltas por la
Procuraduría General de la Nación mediante providencia del 22 de diciembre del
mismo año.
110. Por tal razón, se modificó el cronograma y se acordó que el 27 de diciembre
de 2023 se llevaría a cabo la sesión de elección del director de la entidad.
111. No obstante, esa fecha se volvió a cambiar mediante el Acuerdo 085 del
15 de febrero de 2024, debido a que la convocatoria fue suspendida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San José (Santander), dentro del
proceso de tutela con radicado 2023-00210-00.
112. Concretamente, en el acuerdo en mención se informó que el Consejo
Directivo fue notificado del auto admisorio del 26 de diciembre de 2023, en el que
se accedió a la medida provisional solicitada y se ordenó la suspensión del
proceso, específicamente en lo que tenía que ver con la celebración de la sesión
de la elección del director general.
113. De igual manera, se precisó que el 5 de febrero de 2024 se notificó la
sentencia emitida en ese proceso, mediante la cual se declaró la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente y se levantó la medida cautelar decretada.
114. Por lo anterior, se modificó el Acuerdo 081 de 2023 y se fijó ese mismo 15
de febrero de 2024 como fecha para realizar la elección del director general de la
entidad, la cual se llevó a cabo de forma efectiva y se materializó en el Acuerdo
086 que es objeto del presente medio de control.
115. Así las cosas, se advierte que aunque el artículo 46 de los estatutos de la
Corporación Autónoma Regional de Santander dispone que la designación de su
director debía realizarse a más tardar en el mes de diciembre, lo cierto es que
durante el trámite de la convocatoria se presentaron diferentes vicisitudes que
impidieron que se respetara tal disposición.
116. Según lo expuesto en precedencia, el proceso tuvo que suspenderse
inicialmente para que la Procuraduría General de la Nación resolviera algunas
recusaciones que afectaban el cuórum del consejo directivo y, en tal virtud, la
entidad debió realizar una primera modificación al cronograma, la cual respetaba
el plazo máximo previsto en los estatutos, pues se dispuso como nueva fecha
para la elección el 27 de diciembre de 2023.
117. A pesar de ello, el trámite tuvo que ser suspendido nuevamente, esta vez
en cumplimiento de una orden judicial, y solo pudo ser reanudado al levantarse la
21
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medida cautelar que había decretado un juez de tutela.
118. Por ende, la Sala considera que el hecho de que la elección demandada
se llevara a cabo hasta el 15 de febrero de 2024, no puede ser motivo de reproche
alguno ya que está debidamente justificada por el deber que le asistía al consejo
directivo de la entidad de acatar una providencia judicial.
119. En consecuencia, el cargo planteado por el demandante no tiene vocación
de prosperidad.
2.5.2. Marco jurídico del proceso de elección de las comunidades negras
ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas –
Reiteración de jurisprudencia15
120. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la reordenación del
Sector Público encargado de la gestión y conservación de los recursos naturales
renovables ordenada por la Ley 99 de 1993, se fijó la política ambiental
colombiana y se determinó la naturaleza jurídica y los órganos de dirección y
administración de las corporaciones autónomas regionales.
121. El artículo 26 16 de esta norma dispuso que el consejo directivo sería el
órgano de administración de la corporación y estaría conformado, entre otros
miembros, por un representante de las comunidades étnicas tradicionalmente
asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 18 de febrero de 2021, M.P:
Rocío Araújo Oñate, Radicado 11001-03-28-000-2020-00094-00.
16
Artículo 26º.- Del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de la Corporación y estará
conformado por:
a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción
la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá al gobernador o
a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos
definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo;
b. Un representante del Presidente de la República;
c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente;
d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción
de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un (1) año por el
sistema de cuociente electoral, de manera que queden representados todos los departamentos o
regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación comprendiese un número
plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el
reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional;
e. Dos (2) representantes del sector privado;
f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el
territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas;
g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área
de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas.
Parágrafo 1º.- Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación
que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo 2º.- En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas
Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de1993.
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mismas; con todo, en su integración se deberá tener en cuenta las disposiciones
de la Ley 70 de 199317.
122. En concordancia con lo anterior y en garantía de los derechos
fundamentales de las comunidades negras, el artículo 56 de la Ley 70 de 199318,
estableció que las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción
sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas de que trata
el artículo transitorio 55 19 de la Constitución, tendrán un representante de
estas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el
reglamento que expida el Gobierno Nacional.
123. Estos preceptos fueron reglamentados por los decretos 106620 y 107621 de
2015, en donde se estableció el proceso de selección del representante de las
comunidades negras ante el mencionado órgano rector, el cual, como se ilustrará,
tiene como requisitos la comprobación objetiva del vínculo de la comunidad con
el territorio que comprende la jurisdicción de cada ente medioambiental.
124. Al respecto se tiene:
• Convocatoria: El Director General de la respectiva corporación formulará
invitación pública a los respectivos consejos comunitarios, en la cual se
17
Parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
18
ARTICULO 56. Reglamentado por el Decreto Nacional 1523 de 2003 Las Corporaciones
Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las
propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la
Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en
los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
19
ARTICULO TRANSITORIO 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de
la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial
que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso
representantes elegidos por las comunidades involucradas.
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley.
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos
de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.
PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que
presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto
favorable de la comisión especial aquí prevista.
PARAGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere
expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses
siguientes, mediante norma con fuerza de ley.
20
CAPÍTULO 3. Procedimiento de elección del representante y suplente de las Comunidades
Negras ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
21
CAPÍTULO 5. Procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades
negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales
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indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar,
fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.
La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de
amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad
a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por
medio radial o televisivo.
• Requisitos: Quienes aspiren a participar en la elección del representante
y suplente, allegarán al ente medio ambiental con anterioridad mínima de
15 días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:
a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la
que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la
Junta y de su representante legal;
b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
lncoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente
titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de
la respectiva jurisdicción; en acatamiento del artículo 55 transitorio
superior.
c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación
del miembro de la comunidad postulado como candidato.
• Informe de evaluación: La corporación autónoma regional revisará los
documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos
exigidos. Posteriormente, elaborará un informe el cual es presentado el
día de la reunión de elección.
• Elección: La elección se realizará por los representantes legales de los
consejos comunitarios y se llevará a cabo dentro de los primeros 15 días
del mes de septiembre del año anterior a la iniciación del período
respectivo.
Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adoptarán la forma de
elección de su representante y suplente ante los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales, la cual deberá respetar el orden de
votación.
El correspondiente ente medio ambiental, una vez instalada la sesión de
elección procederá a: i) dar lectura del informe de evaluación para decantar
los representantes legales que tendrán voz y voto, ii) de los legitimados se
escogerá el presidente y secretario de la reunión, iii) los candidatos podrán
intervenir para exponer los aspectos que consideren pertinentes y, iv) se
procederá a la elección.
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De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el presidente y
secretario designados por los representantes legales de los Consejos
Comunitarios.
125. De la lectura sistemática de las reglas de conformación de los consejos
directivos, se advierte que corresponde a cada corporación autónoma regional
verificar si en su jurisdicción existen comunidades afrodescendientes en las que
se adjudiquen las propiedades colectivas de que trata el artículo transitorio 55 de
la Constitución y en caso de ser afirmativo, les resulta imperativo garantizar la
representatividad de éstas en el mencionado órgano directivo.
126. En el caso bajo estudio, el objeto de la demanda radica en la omisión del
procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades
negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Santander, de forma previa a la designación de su director general, en
desconocimiento de lo previsto en los artículos 26, parágrafo 2 de la Ley 99 de
1993, 56 de la Ley 70 de 1993 y 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015.
127. Para demostrar lo anterior, la parte actora aportó copia de la Certificación
No. 352 del 13 de octubre de 2023, a través de la cual el director de Asuntos para
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior hizo constar que el “Consejo Comunitario Afrodescendiente del Municipio
de Puerto Wilches – AFROWILCHES”, aparece inscrito en el Registro Público
Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas de Expresiones
Organizativas, y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras mediante Resolución No. 276 del 21 de
septiembre de 2022, y que su representante legal es el señor Pedro Antonio
Carballido Fuentes, demandante dentro del presente medio de control de nulidad
electoral.
128. Así mismo, allegó copia de la Resolución GA/087-2023 del 26 de enero de
2023, en la que el alcalde de Puerto Wilches, Santander certificó que en la oficina
de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos se encuentra el libro del
Consejo Comunitario AFROWILCHES, con la información de los integrantes de
su junta directiva.
129. De igual manera, adjuntó copia del Radicado 20205101180271 del 11 de
noviembre de 2020, en el que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia
Nacional de Tierras informó que AFROWILCHES radicó ante al extinto INCODER
una solicitud de titulación colectiva en los términos del artículo 2.5.1.2.20 del
Decreto 1066 de 2015, la cual se tramita en la actualidad en el expediente
201851009999800060E, en el que se emitió el Auto No. 5182 del 26 de agosto
de 2020 por el cual se dio inicio al procedimiento respectivo y se surtió la etapa
publicitaria.
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130. De lo expuesto, la Sala puede advertir la existencia de un consejo
comunitario afrodescendiente ubicado en el municipio de Puerto Wilches,
Santander, esto es, dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de dicho departamento, que además se encuentra
adelantando el trámite de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras.
131. Por ende, al constatarse la presencia de este tipo de comunidad, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1066 y 1076 de 2015, la entidad
sí estaba obligada a convocar la selección del representante y suplente ante el
consejo directivo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo transitorio 55 de la
Constitución y 56 de la Ley 70 de 1993.
132. Ahora bien, tanto el demandado como la Corporación Autónoma Regional
de Santander alegaron que no debía hacerse tal convocatoria porque no existía
algún consejo comunitario en el territorio de su jurisdicción que contara con un
título de propiedad colectiva, requisito indispensable para hacer parte del órgano
rector de la institución según lo previsto en el artículo 56 de la Ley 70 de 1993.
133. Sin embargo, esta afirmación no es de recibo para la Sala, puesto que en
los términos del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 antes reseñado,
basta con que se aporte la constancia de que se esté tramitando el procedimiento
correspondiente ante la autoridad de tierras, como en efecto sucede en el caso
de AFROWILCHES, que desde el 2020 adelanta una solicitud de titulación
colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras bajo el expediente
201851009999800060E, como se expuso en líneas anteriores.
134. De manera similar se concluyó por parte de esta Sección, al estudiar la
demanda contra el acto de elección del representante principal y suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de Corpoguajira para el período
2020-202322:
«94. Así las cosas, la discrepancia de criterios radica en si la exigencia del literal b)
del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, se cumple cuando se haya
admitido formalmente la petición por parte de la Agencia Nacional de Tierras o con
la mera radicación ante la correspondiente agencia pues, con ello se entiende la
existencia del trámite en curso.
95. Al respecto, debemos tener presente que el artículo 20 del Decreto 1745 de
1995 señala que “Para iniciar el trámite de titulación colectiva de Tierras de las
Comunidades Negras, la comunidad presentará por escrito la solicitud
respectiva ante la regional del Incora correspondiente, a través de su
representante legal, previa autorización de la Asamblea General del Consejo
Comunitario”.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate, rad. 11001-03-28-000-2020-00094-00.
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96. En sentencia del 2 de octubre de 202023, esta Sección en relación con el artículo
antes trascrito estableció que: “…es claro que la actuación administrativa dirigida a
la obtención del título sobre los territorios colectivos para esos grupos inicia con la
solicitud escrita que haya radicado su representante legal ante la citada
entidad, que actualmente corresponde a la Agencia Nacional de Tierras…”.
(Negrillas fuera de texto original).
97. En la misma sentencia, esta Sala Electoral, se refirió a la debida interpretación
que debe darse al contenido del requisito establecido en el literal b) del artículo
2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015:
“El hecho de que las constancias hagan referencia al curso del procedimiento,
iniciado a partir de las solicitudes presentadas por los representantes legales, en
nada desvirtúa la acreditación de dicho requisito legal ante la Corporación
Autónoma Regional, por cuanto la norma permite que la certificación verse sobre
el trámite de adjudicación de los territorios a las colectividades negras.
Subraya la Sala que el artículo 2º del Decreto 1523 de 200324 no requiere que la
certificación exprese que la petición hecha por el representante legal del consejo
comunitario haya sido aceptada, como lo entiende el actor, pues lo que debe
acreditarse es el trámite de la adjudicación”.
98. En este orden de ideas, es claro que la postura de este juez de lo contencioso
es que el trámite de adjudicación no inicia con el auto admisorio dictado por la
Agencia Nacional de Tierras, sino con la sola radicación de la solicitud por
parte de la comunidad que la presentó.
99. Es precisamente, la situación que se presentó frente a los doce (12) consejos
comunitarios que fueron excluidos del proceso eleccionario, enlistados en el
numeral 93 de la presente providencia, los cuales según certificación de la Agencia
Nacional de Tierras, incluso así lo informó la comisión de verificación y revisión “12
de ellos se encuentran en trámite de adjudicación”, circunstancia que como ya fue
concluida en el fallo dictado en octubre de 2020, tesis que se reitera en esta
oportunidad, resulta suficiente para tener por acreditada la exigencia de que trata
el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015.
(…)
109. En conclusión, entender para el proceso de elección del representante
principal y suplente el requisito del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto
1076 de 2015, se satisface solamente cuando la ANT admite formalmente la
petición, no solo desconoce el debido proceso administrativo en cabeza de las
comunidades negras de quienes se inscribieron al procedimiento eleccionario con
una certificación de la autoridad competente en la que se da fe que el proceso de
titulación se encuentra en trámite, además, haría nugatario su derecho fundamental
a elegir y ser elegido en tanto la efectividad de éstos, estaría supeditada al
pronunciamiento de la administración, decisión que en algunos casos puede tardar
años, barrera que se erige como desconocedora de los derechos de estas
comunidades.». (Resaltado del texto original)
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de
octubre de 2020¸ M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2019-
00071-00
24
Que contiene el mismo texto del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015.
27
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135. En tal sentido, contrario a lo afirmado por el demandado y la Corporación
Autónoma Regional de Santander, no era necesario acreditar que la propiedad
colectiva se hubiera adjudicado a una comunidad negra, sino que bastaba con
haber radicado la solicitud de titulación ante la Agencia Nacional de Tierras, como
en efecto lo acreditó el consejo comunitario AFROWILCHES.
136. En este punto, tanto el señor Raúl Durán Parra como la apoderada de dicha
entidad, aseguraron que su postura estaba respaldada por la sentencia del 8 de
mayo de 2024, en la que el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2024-
00315-00, que presentó el aquí demandante y que tenía por objeto que se
ordenara realizar la elección del representante de estas comunidades ante el
consejo directivo de la corporación.
137. En dicha decisión, se concluyó que no había lugar a realizar tal designación
ya que no se habían adjudicado propiedades colectivas a ningún consejo
comunitario, presupuesto necesario para obtener la representación pretendida
ante el órgano de decisión de la entidad.
138. No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la anterior
providencia mediante fallo del 11 de julio de 2024 y, en su lugar, ordenó a la
Corporación Autónoma Regional de Santander que formulara la invitación pública
a los consejos comunitarios de las comunidades negras para materializar la
elección de su representante principal y suplente ante el consejo directivo.
139. Lo anterior, al concluir que, según el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076
de 2015, no es necesaria la adjudicación de la titularidad de la propiedad colectiva
para que las comunidades negras sean convocadas a la elección de su
representante ante el órgano colegiado.
140. Por lo tanto, aun cuando el demandado y la entidad afirmaron que su
posición estaba respaldada en la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander, lo cierto es que la providencia emitida por esa autoridad judicial fue
revocada, así que su postura carece de asidero jurídico, máxime si se tiene en
cuenta que allí se advirtió que sí existía la obligación de realizar la elección del
mencionado representante.
141. Tampoco es de recibo el argumento relativo a que sí hubo una convocatoria
con tal fin, pero el Consejo Comunitario AFROWILCHES no intervino en momento
alguno.
142. Al respecto y, de la revisión del expediente, se encuentra el aviso de la
convocatoria pública que se hizo a todas las comunidades indígenas o etnias
tradicionalmente asentadas en el territorio de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Santander, para participar en la elección del representante
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principal y su respectivo suplente ante el consejo directivo de esa institución.
143. En dicha publicación, se pusieron de presente los documentos que, en
cumplimiento del artículo 2 de la Resolución 128 del 2 de febrero de 2000, con la
cual se reglamentó el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debían aportar
las comunidades que aspiraban participar en la elección de su representante ante
el consejo directivo, con una anterioridad mínima de quince días a la fecha
establecida para la sesión correspondiente, que para el caso concreto sería el 15
de septiembre de 2023, tal y como se aprecia a continuación:
AVTSO CO¡IVOCATOR|A PUBLTCA
El Dir¤ctor G.nsr¿l de l. Corporlclón Autónom¡ Reglon¡l d. $nt!nd.r - CAS, en
uso da sus hcutr¡de¡ l.g¡1.¡ y.ltrtu|!rl¡3 y con lundamcdo on lo d¡.puo¡to e¡ la
Ley 99 d¤ 1993 y la Rstoluclón 128 d. Lbr.ro 02 d. 2000, prof.ñda po. el tin¡.te.io
. dc^mbl.nt,
It{vtTA a:
A lodas lss CO||UI{IDADES II{DIGENAS O EINIAS tmdicionalmente asenradas en el
t¤rilorio d¤ le jud6dicción da la Colporaclón Autónoma Rog¡onál d¤ Sánlánder-CAs, á
partciFr ¤n la alscc¡ón d6l rapresenlañle prlnclpal y su resp¤ctivo suplente, anle el
Coñssjo Dkectivo de la Corporáclón Aútónoma Reg¡onaldo Sántañdér-CAS.
REQUISITOS PARAPARTICIPAR EN LA ELECCIONT De conformidad a lo previsto en el
artfcufo2 de la Reóofucón 128 d¤t 02 d¤ f6b¤ro de 2OOO, 'W ned¡o de la cual se
reglanenta el literal0 del aúlculo 28 de la Ley 99 de 1993 y se d/cfán otlás d/spos,b/ores"
expedlja por el Mlnisler¡o de Ambionts, lg3 coñunidad¤s indígenas oetnias
tadicionalmenle asenladss ¤n olteritorio de ju sdicción d¤ le corporación, qu¤ asp¡ran a
padicipár en la elec¿ióo de sus repr¤ssntán!6s ál Consojo Dir6ctivo, allegaran a la
Corpolación Autónoma R¤gional do Santsnder CAS, con antorloddád ñfnlma de qulnce
(15) dias a la fechá esl8blocjda para l¤ raun¡ón d¤ 6l6ccón, lo3 siqu¡oñles documentog:
a. Celificado exDedido oor ls Drecc¡ón Gon¤ral d6 Asuntos Etn|cos del Minisleno del
Inieiior o d¤ lá entidad qu6 hagá sus vec6a ¤n ¤l cual consle denomi¡áción,
ub¡caciin, represenlanb legal y los domás a6poclos qu6 E6an n¤c¤sários pára
¡denüficar la comunicación o otnla rosp¤cliva,
b. Copia del ach d6 la reun¡ón en la cual @nsle la designadóñ del miembro de la
cofnunidad o etn¡a postulado coÍ)o cand¡da¡o. El candidalo podÉ ser el
repr¿sentante legalu otfo miembro d6 la comunadad o stn¡a,
Los docurnentos anteE señaledos d6beÉn pres¤nisEs en las ¡nslalacionés de la sede
principeldo lá Corporáción ubicada sn la carera 12 No 9-06 Bario L"a Plays, delMunicipio
d¤ s3n G¡, en la of¡cina de ls Secret¡rie G6n6ral, ¤n horano d¤ oftona de 8:00a,m. a 12:00
m., y 2:00 pm a 5:00 p.m., tustá ¤l 24 d6 egosto d6 2023, coñ el fin de vedlicar el
cumplimiento de los requ¡silos exigidoB, Roat¡zrdá le r6vbión, ta Corporeclón ehborará 6l
infome re6Dectivo, elcualss¡á oresentado eldfe de lá 6l6cción.
FECHA DE ELECCION: La rounión d6 elgcc¡ón d¤ r6pr6s¤ntánt6s y suplentes de
comun¡dades Indfgenas o etnias dB ta juri6dic(j¡ón dá la CAS, 6e llsvará a cábo en el
audfodo de la sede p ncipal de lá CAS, ubicsda cn ta carcra 12 No S05 Banio La Ptaya,
en san Git, et sshc9.¡llgkLej!E!!eE!re-!et?921
De aclerdo a lodispuesto sn ólarlfculo p moro, párágÉfounodela Ley 1263de2008,el
g
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144. Sin embargo, tal y como se precisó en el auto con el cual se admitió la
demanda y se resolvió la solicitud de medida cautelar, la Sala no puede perder de
vista que esta convocatoria estaba dirigida a las comunidades indígenas o etnias
tradicionalmente asentadas en el territorio de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Santander, en los términos del literal f) del artículo 26 de
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la Ley 99 de 1993, pero no a las comunidades negras a las que hace referencia
el parágrafo 2 de dicho artículo.
145. En efecto, el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, establece como
miembro del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, un
representante de las comunidades indígenas o etnias, pero a su vez el parágrafo
2 prescribe que se deben tener en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993,
que desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, en el que se
consagró el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras.
146. Específicamente, el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 estipula que las
corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas
donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras,
tendrán un representante de esas comunidades en sus consejos directivos.
147. En tal sentido, dependiendo de cada corporación, el consejo directivo
podrá estar integrado tanto por un representante de las comunidades indígenas
o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de su jurisdicción, como por
un representante de las comunidades negras antes referidas, siempre que se
cumplan las condiciones para el efecto.
148. De hecho, los documentos que deben aportar una y otra comunidad para
la elección de sus representantes ante el consejo directivo son diferentes:
149. Según se tiene, las comunidades indígenas o etnias deben allegar (i) el
certificado expedido por la Dirección General de Asuntos Étnicos del Ministerio
del Interior o la entidad que haga sus veces, en el cual conste: denominación,
ubicación, representación legal y los demás aspectos que sean necesarios para
identificar la comunidad o etnia respectiva; y (ii) copia del acta de la reunión en la
cual conste la designación del miembro de la comunidad o etnia postulado como
candidato.25
150. Por su parte, los consejos comunitarios de comunidades
afrodescendientes deben aportar (i) certificación expedida por el alcalde municipal
correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la
inscripción de la Junta y de su representante legal; (ii) certificación expedida por
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, lncoder – hoy Agencia Nacional de
Tierras – sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en
trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; y
(iii) original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro
de la comunidad postulado como candidato.26
25
Resolución 128 del 2 de febrero de 2000, con la cual el Ministerio de Ambiente reglamentó el
literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
26
Artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015.
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151. Por eso, ante la existencia de alguna comunidad negra constituida en
consejo comunitario, como lo era el caso de AFROWILCHES, no bastaba con el
aviso dirigido a las comunidades indígenas o etnias para la elección de su
representante, para que se entendiera que la población afrodescendiente estaba
incluida en la convocatoria correspondiente.
152. En ese orden de ideas, ni este consejo comunitario ni ningún otro que
representara a las comunidades negras en este territorio, podía entenderse
convocado con el aviso antes referido, razón por la que se explica que
AFROWILCHES no interviniera en el proceso.
153. Además, contrario a lo afirmado por la entidad, el hecho de que no se
presentaran con ocasión de esa convocatoria, no eximía a la autoridad pública
del deber de convocar de forma independiente la elección de su representante
para garantizar la participación efectiva de las comunidades negras en la toma de
decisiones respecto de la autoridad ambiental.
154. Se recuerda que la convocatoria para las comunidades negras está
regulada en el artículo 2.2.8.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 y no en la Resolución
128 del 2 de febrero de 2000, que fue la que invocó esa corporación al hacer la
invitación a las comunidades étnicas para efectuar la elección de su representante
y suplente ante el órgano de dirección, por lo que no puede entenderse que esta
última suplía la convocatoria a los grupos afrodescendientes que, como se dijo,
tenía unos requisitos distintos y específicos.
155. Ahora bien, tampoco es admisible el argumento de la defensa relativo a
que en los estatutos de la entidad no está previsto que el consejo directivo deba
contar con un representante de las comunidades negras, precisamente porque la
corporación debió atender el mandato contenido en el artículo 56 de la Ley 70 de
1993 y en el parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 sobre ese particular,
incluso si eso implicaba modificar la norma estatutaria que consagra la integración
de su órgano de dirección.
156. Así las cosas, de acuerdo con los argumentos y las pruebas arrimadas al
expediente, se puede concluir que el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Santander sí debía contar con un representante de las
comunidades negras que se encuentran bajo su jurisdicción, obligación que fue
desconocida por la entidad al no convocar a su elección de forma previa a la
designación de su director general.
157. Ahora bien, el demandado y la Corporación Autónoma Regional de
Santander consideraron que, incluso con la participación del referido
representante, no tendría incidencia en el sentido de la elección, ya que el señor
Durán Parra fue elegido con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
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integrantes del consejo directivo.
158. Sin embargo, la Sala considera que la omisión de convocar a la elección
del representante principal y suplente de las comunidades negras ante el órgano
de dirección, corresponde a una irregularidad que sobrepasa algún tipo de análisis
cuantitativo como lo sería, en este caso, la sumatoria de los votos obtenidos por
el elegido.
159. En efecto, al abstenerse de realizar algún tipo de convocatoria con ese
objeto, a pesar de existir un consejo comunitario que, en principio, podría cumplir
con los requisitos señalados en las normas antes reseñadas, la corporación
desconoció el derecho de participación de las comunidades afrodescendientes a
participar en la elección del director de la entidad que tiene a su cargo la adopción
de medidas en materia medio ambiental sobre el terreno que habitan.
160. Al respecto, la Corte Constitucional ha sido clara en resaltar «el derecho
de todas las personas a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le
conciernen o que afectan directa o indirectamente su esfera vital a través de
mecanismos de participación efectivos»27.
161. Por ello, al existir una indebida conformación del consejo directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Santander durante el proceso de elección de
su director, se impidió la participación de un miembro más de ese órgano
colegiado en las distintas etapas del proceso y, principalmente, en las
deliberaciones que finalizaron con la designación demandada.
162. Así, más allá de que el voto de este integrante tuviera la virtualidad o no de
cambiar el sentido de la decisión adoptada en la sesión del 15 de febrero de 2024,
esta Sala no puede desconocer que el proceso estuvo viciado desde el principio
al no conformarse en debida forma el órgano directivo de la entidad, que
finalmente estaba encargado, no solo de elegir al director de la corporación, sino
de adelantar todas las etapas correspondientes dentro de la convocatoria.
163. Dicho de otra manera, el hecho de que el demandado obtuviera el voto de
la mayoría absoluta de los integrantes del consejo directivo, no resulta suficiente
para pasar por alto que ese órgano no contaba con la totalidad de los miembros
que, según el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, debían conformarlo.
164. Por lo tanto, independiente de que el voto adicional del representante de
las comunidades negras pudiera mutar o no el cómputo final de los votos, lo cierto
es que se trata de una irregularidad sustancial acaecida durante el trámite
eleccionario que es de tal magnitud que no puede reducirse a una simple
operación aritmética.
27
Corte Constitucional, sentencia C-891 de 2002.
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165. Lo anterior, por cuanto se estaría admitiendo que el proceso con el cual se
elige al director general de una autoridad ambiental puede llevarse a cabo con
este tipo de infracciones, siempre que la votación alcance el cuórum requerido, lo
que a toda vista resulta irrazonable.
166. Esta postura disminuiría la convocatoria a la aplicación de un guarismo
aritmético y avalaría que el procedimiento se adelantara al margen de las
garantías de quienes integran o deban integrar el consejo directivo, quienes tienen
voz y voto en la designación del director.
167. En consecuencia, la Sala encuentra configurada la infracción normativa
invocada por el demandante, por lo que declarará la nulidad del acto de elección
del señor Raúl Durán Parra como director general de la Corporación Autónoma
Regional de Santander para el período 2024-2027.
168. Esto, en la medida en que se debió adelantar el trámite de elección del
representante principal y suplente de las comunidades negras ante el consejo
directivo, previamente a la designación del director general, como sí se hizo
respecto de las comunidades étnicas e indígenas tradicionalmente asentadas en
el territorio.
169. Ahora bien, es preciso reiterar lo dicho en sentencia de unificación del 26
de mayo de 201628, en relación con los efectos de los fallos de nulidad electoral
en casos como el presente:
(…) Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede
establecer concretamente el momento a partir del cual se ocasionaron las
irregularidades, podría, ante la falta de un pronunciamiento en la sentencia:
1. Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la
irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza qué parte de la
actuación no estuvo viciada.
2. Llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y
cuando no se desconozcan derechos adquiridos. (…)
170. Por lo anterior, la Sala concluye que la sesión para la designación del
director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander solo podrá
realizarse nuevamente, una vez se haya agotado en debida forma el trámite
previsto en los artículos 2.2.8.5.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015 para la
elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante
el consejo directivo de la entidad, ya que existe certeza, de acuerdo con lo
probado en este proceso, que esa omisión acarreó la nulidad de la elección.
28
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp. 2015-00029-00,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la nulidad del Acuerdo 086 del 15 de febrero de 2023, por
medio del cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Santander designó al señor Raúl Durán Parra como director general de la entidad
para el período 2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Adviértese que la sesión para la designación del director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander solo podrá realizarse
nuevamente, una vez se haya agotado en debida forma el trámite previsto en los
artículos 2.2.8.5.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015 para la elección del
representante principal y suplente de las comunidades negras ante el consejo
directivo de la entidad.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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