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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00315-01

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00315-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida por Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento promovida por el señor Pedro Antonio Carballido Fuentes y, en su lugar: - RECHAZAR la solicitud de cumplimiento respecto del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, al no acreditarse el requisito de la renuencia. - ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Santander que, en el término de 10 días contados a partir de la ejecutoria de este fallo, formule invitación publica a los Consejos Comunitarios de las comunidades negras, en los términos del Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.8.5.1.1. - Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. - Advertir al Tribunal que en lo sucesivo debe dejar correr íntegramente el término de traslado del auto admisorio. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01 TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2024-00315-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

11 de julio de 2024

Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D. C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00315-01
Demandante: PEDRO ANTONIO CARBALLIDO FUENTES
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
SANTANDER

Tema: Revoca decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 8 de mayo de 20241, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones del medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Pedro Antonio Carballido Fuentes, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional de Santander
(CAS) con el fin de obtener el acatamiento del artículo 2.2.8.5.1. del Decreto
1076 de 2015, del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 56 de la Ley 70
de 1993.

Por tanto, solicitó que:

PRIMERO. SE ORDENE a la Corporación Autónoma Regional de Santander, en
cabeza del director general, el cumplimiento del deber que le establece el artículo
2.2.8.5.1.1 del decreto 1076 de 2015, consistente en realizar la invitación
mediante convocatoria pública y abierta dirigida a los consejos comunitarios de
las comunidades negras que quieran estar interesadas en participar del
procedimiento de elección del representante de estas comunidades ante el
Consejo Directivo de la CAS.

SEGUNDO. Que, para efectos de la expedición y publicación de la convocatoria,
SE ORDENE, en el menor tiempo posible o en un tiempo estimado razonable la
invitación al Consejo Comunitario Afrodescendiente de Puerto Wilches -
AFROWILCHES, con el fin de dar el procedimiento correspondiente.

1 Complementada en providencia de 4 de junio de 2024.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

TERCERO. SE ORDENE la vinculación de otras autoridades o entidades a fin
de brindar conceptos relacionados con la materia o que en su caso el despacho
considere pertinente oficiar.

CUARTO. Que se ordene darle cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos por los artículos 192 a 195 y concordantes del CPACA.2

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 24 de noviembre de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia
Nacional de Tierras certificó que el Consejo Comunitario Afrodescendiente del
Municipio de Puerto Wilches (Afrowilches) solicitó ante el extinto INCODER
solicitud de titulación colectiva, la cual se encuentra en trámite.

Conforme al acta 003 del 14 de diciembre de 2022, el señor Pedro Antonio
Carballido Fuentes funge como representante legal del Consejo Comunitario
Afrowilches, el cual se encuentra asentado territorialmente en el municipio de
Puerto Wilches, Santander.

Mediante Resolución No. 276 del 21 de septiembre de 2022 del Ministerio del
Interior, se inscribió al mencionado Consejo en el Registro Público Único
Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, y
Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior.

A través de Resolución No. 275 del 13 de octubre de 2023 del Ministerio del
Interior, se actualizó en el referido registro público los cambios efectuados en la
representación legal y la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario
Afrowilches.

Para el año 2023 culminó el periodo cuatrienal de los miembros del Consejo
Directivo de la CAS. Sin embargo, en la convocatoria para surtir dichos cargos,
no se convocó al Consejo Comunitario Afrowilches, pues actualmente la CAS no
cuenta con un representante de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras dentro de su Consejo Directivo.

El 4 de enero de 2024, el accionante solicitó a la CAS que, conforme al artículo
2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015 y para dar cumplimiento al artículo 56 de
la Ley 70 de 1993, convocara al Consejo Comunitario Afrowilches mediante
invitación pública para conformar el Consejo Directivo de la entidad.

2 Transcripción del texto original que puede contener errores.

2
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Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

A tal requerimiento, la CAS le otorgó el radicado No. 80.30.196.2024 y le dio
respuesta el 23 de enero de 2024 en la cual manifestó que la Junta Directiva de
la Corporación no contaba con un representante de las de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras toda vez qu e esto no les es
exigible ya que la entidad no ejerce jurisdicción dentro de las zonas precisadas
en la Ley 70 de 1993 y tampoco conoce sobre la adjudicación de propiedades
colectivas a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras,
en las que exista un asentamiento histórico y ancestral.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En sustento de la solicitud, el accionante citó lo mencionado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado 3 acerca de la facultad de los consejos
comunitarios de elegir al representante de la comunidad al interior de las
Corporaciones Autónomas Regionales. Igualmente, resaltó lo indicado por esta
Corporación respecto de que corresponde al representante legal del Consejo
Comunitario ejercer el derecho de participación al interior de los entes
medioambientales.

Indicó que, en línea con la sentencia T-281 de 2019 de la Corte Constitucional,
las comunidades negras son sujetos de especial protección constitucional, lo
que conlleva a la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del
principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales, de manera que el
Estado tiene el deber de impulsar la heterogeneidad y la convivencia entre
distintas visiones y creencias sobre el mundo.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto
del 29 de abril de 2024, admitió la demanda por reunir los requisitos y
formalidades de ley; ordenó notificar el auto admisorio al demandado y al agente
del Ministerio Público delegado ante el Tribunal y dispuso vincular y notificar al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio del Interior.

La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander, en cumplimiento
a lo ordenado en el auto admisorio, el 2 de mayo de 2024 surtió las notificaciones
dirigidas a los sujetos procesales4. A pesar de ello, no se recibieron memoriales
de contestación de la demanda ni intervenciones antes de que se profiriera el
fallo de primera instancia.

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 05 de agosto de 2021. C.P Rocío Araújo
Oñate, Radicado 11001-03-28-000-2020-00094-00
4 Índice 00009 de Samai (primera instancia). Las notif icaciones f ueron enviadas a las siguientes

direcciones electrónicas: procesosjudiciales@minambiente.gov.co;
notif icacionesjudiciales@mininterior.gov.co; af rowilchescolombia@gmail.com;
secretariageneral@cas.gov.co; direccion@cas.gov.co; contactenos@cas.gov.co;
nmgonzalez@procuraduria.gov.co.
3
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Demandante: Pedro Antonio Carballido Fuentes
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

1.4.2. Intervenciones

El 9 de mayo de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así
como la CAS, allegaron memoriales de intervención y contestación de la
demanda, respectivamente. Se advierte que dichas intervenciones se realizaron
dentro del término procesal, pues, en el auto admisorio de la demanda, el
Tribunal Administrativo de Santander concedió 3 días a los demandados y
vinculados a partir de su notificación para hacer parte del proceso.

Por lo anterior, como el oficio contentivo de la notificación se envió el 2 de mayo
de 2024 y el artículo 199 del CPACA dispone que los términos que conceda el
auto notificado solo se empezarán a contabilizar 2 días hábiles siguientes al
envío del mensaje, los 3 días hábiles con los que contaban el demandado y el
tercero interviniente para pronunciarse concluyeron el 9 de mayo de 2024, fecha
en la cual oportunamente participaron en el proceso.

1.4.2.1. CAS

A través de apoderado judicial 5, la entidad contestó a la demanda solicitando que
se declare su improcedencia y, en subsidio, que se deniegue el amparo
solicitado.

Indicó que, en el caso concreto, la acción de cumplimiento no se instaura de
forma subsidiaria y residual puesto que el actor promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral contra la elección del director de la
CAS6. Señaló que, de los hechos y pretensiones de la demanda ordinaria, se
puede concluir que el mecanismo constitucional se está empleando de manera
concomitante. Arguyó que, en todo caso, el actor disponía de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para buscar la protección de los derechos que
persigue a través de la acción de cumplimiento.

Al margen de lo anterior, argumentó que de las disposiciones normativas cuyo
cumplimiento se solicita, no se desprende un imperativo exegético, ya que su
aplicación depende del cumplimiento de los requisitos contenidos en la Ley 70
de 1993 que no se satisfacen en el caso concreto, pues Afrowilches no certificó
la existencia de territorios en trámite de titulación colectiva en la jurisdicción de
la CAS.

Finalmente, aseveró que la parte accionante no agotó el requisito previo de
constitución en renuencia, ya que el derecho de petición que elevó a la entidad
el 4 de enero de 2024 no constituye un mecanismo idóneo para tal fin. Explicó
que, según lo dicho por el Consejo de Estado, la renuencia no es un simple
derecho de petición sino una solicitud realizada con el propósito de cumplir con
este requisito para los fines de la acción de cumplimiento.

5 El señor Alf redo Pradilla Silva, cuyo poder f ue debidamente allegado al proceso.
6 Dicho asunto le correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado bajo el radicado

11001-03-28-000-2024-00109-00.
4
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1.4.2.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En memorial allegado por su apoderado judicial 7, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible precisó sus funciones y su naturaleza jurídica, así como la
propia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
Enfatizó en que no ejerce una relación de jerarquía respecto de estas
Corporaciones y tampoco se desempeña como órgano investigador o de control
fiscal, penal o disciplinario.

Comentó que los estatutos de la CAS no incluyen en la conformación de su
Consejo Directivo a un representante de las comunidades negras ni desarrolla el
proceso de elección respecto al representante de dichas comunidades. Sin
embargo, manifestó que el procedimiento establecido para la elección del
representante y suplente de los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo
de las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra en cabeza del
director general de la respectiva Corporación, sin que competa al Ministerio
ordenar a la CAS modificar sus estatutos o procedimientos de elección de su
Junta Directiva.

Por lo anterior, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva en la
presente acción de cumplimiento y solicitó que, se ordene su desvinculación.

1.4.3. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 8 de mayo del
2024, negó las pretensiones del medio de control. En respaldo de esta
conclusión consideró que, si bien se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento, lo planteado por el demandante no es posible exigírselo
a la entidad demandada ya que no se le han adjudicado propiedades colectivas
al Consejo Comunitario Afrowilches, presupuesto necesario para obtener la
representación pretendida en la Junta Directiva de la CAS.

Los oficios con los que se surtió la notificación de la sentencia de primera
instancia fueron enviados por la Secretaría General del Tribunal el 9 de mayo de
2024.

1.4.4. Solicitud de aclaración y/o adición

El 9 de mayo de 2024, la CAS radicó solicitud de aclaración y/o adición a la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día 8 de la
misma mensualidad. Adujo que en la providencia se afirmó erróneamente la
ausencia de contestación de la demanda, cuando la entidad la envió dentro del
término procesal dispuesto para tal fin.

7 El señor Pedro Manuel Avendaño Laiton, cuyo poder f ue debidamente allegado al proceso.

5
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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

Esta solicitud se resolvió por medio de sentencia complementaria del 4 de junio
de 2024 en el cual se negó la solicitud de aclaración, pero se accedió a la adición
de la sentencia de primera instancia en el sentido de tener por contestada la
demanda por parte de la CAS e incorporar sus argumentaciones a la decisión.

1.4.5. Impugnación

El señor Pedro Antonio Carballido Fuentes se opuso a la sentencia de primera
instancia. Consideró que el a quo incurrió en una interpretación errada de las
disposiciones solicitadas en cumplimiento, exigiendo inadecuadamente una
carga probatoria al Consejo Comunitario para ordenar el cumplimiento del deber
omitido por la autoridad demandada.

Arguyó que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció lo reglado en el
artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015, pues el cumplimiento de estas
disposiciones no se encuentra supeditado a que un Consejo Comunitario en
particular acredite requisitos mínimos para participar en la convocatoria a la
Junta Directiva de las Corporaciones Autónomas Regionales, pues tal
convocatoria debe ser automática, abierta y pública permitiendo la libre
concurrencia de los Consejos Comunitarios interesados en participar en el
procedimiento de elección.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Santander concluyó erradamente que el
Consejo Comunitario Afrowilches no cumplió con el requisito de la prueba de la
adjudicación de títulos colectivos, cuando este efectivamente se acredita en
conjunto con los demás presupuestos para que se ordene el cumplimiento del
mandato exigido a la CAS.

Enfatizó en que el Consejo Comunitario Afrowilches envió los documentos
exigidos por el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015 para aspirar a la
elección del representante y suplente ante el Consejo Directivo de la CAS, dentro
de los cuales se encuentra la certificación sobre la existencia de territorios
colectivos en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva
jurisdicción.

Argumentó que, contrario al razonamiento del Tribunal, basta con que el Consejo
Comunitario aporte la certificación de que el proceso de adjudicación de
territorios colectivos está en trámite sin ser necesario demostrar la tenencia del
acto administrativo definitivo en el que se adjudica la titularidad colectiva por
parte de la autoridad administrativa.

Tras referirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la elección del
representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales, resaltó que el requisito solicitado por el
Tribunal Administrativo de Santander al Consejo Comunitario constituye una
carga excesiva que impide los derechos de participación de la comunidad.

6
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Comentó que si bien promovió una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral del acto administrativo que declaró la elección del director
general de la CAS, este proceso persigue un fin totalmente distinto al de la acción
de cumplimiento y por tanto no se ve afectada su procedibilidad.

Concluyó solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander el 8 de mayo de 2024 y que, en su
lugar, se acojan las pretensiones del medio de control.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el señor
Pedro Antonio Carballido Fuentes contra contra la sentencia del 8 de mayo de
2024 complementada en providencia… proferidas por el Tribunal Administrativo
de Santander, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997,
125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 8, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de
la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

Se tiene que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.

Si bien tal solicitud se formuló en intervención que se allegó en el término
procesal para ello dispuesto, se advierte que el Tribunal Administrativo de
Santander omitió pronunciarse al respecto, por lo cual debe resolverse en esta
oportunidad.

La referida petición será negada ya que la vinculación de la entidad solicitante al
proceso se hizo en calidad de tercero, ante una de las pretensiones de la
demanda y, la falta de legitimación en la causa por pasiva únicamente puede
alegarla una de las partes.

2.3. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 8 de mayo de 2024, complementada mediante decisión del 4 de junio del
2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las
pretensiones del medio de control, para lo cual deberán resolverse los

8 Modif icado por la Ley 2080 de 2021.

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siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
CAS, tal como lo establece el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar el cumplimiento del artículo 2.2.8.5.1. del
Decreto 1076 de 2015, del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y del
artículo 56 de la Ley 70 de 1993 en el sentido de realizar
convocatoria pública y abierta dirigida a los Consejos
Comunitarios de las comunidades negras (incluyendo a
Afrowilches) que estén interesadas en participar del
procedimiento de elección del representante de estas
comunidades ante el Consejo Directivo de la CAS?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii)
análisis del caso concreto.

2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393
de 1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar
la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»9.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, deben acreditar

9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera

Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
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los siguientes requisitos mínimos previstos en la Ley 393 de 1997:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)10.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción, omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia
esta que hace procedente la acción. Por lo tanto, es improcedente la
acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9.º).

Una vez suplidas las anteriores exigencias, se analizara la existencia de un
mandato imperativo e inobjetable, radicado en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y
frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un
análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las
pretensiones expuestas en la demanda.

2.4.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con
el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y
con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

9
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Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a la CAS antes de instaurar la demanda.

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 4 de enero de 2024, en
el que solicitó a la CAS que, conforme al artículo 2.2.8.5.1.1. y siguientes del
Decreto 1076 de 2015 y con el fin de dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley
70 de 1993, se convocara al Consejo Comunitario Afrowilches para la
conformación del Consejo Directivo de la entidad.

A tal requerimiento, la CAS le otorgó el radicado No. 80.30.196.2024 y le dio
respuesta el 23 de enero de 2024 en la cual manifestó que la Junta Directiva de
la Corporación no contaba con un representante de las de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras toda vez que esto no les es
exigible ya que la entidad no ejerce jurisdicción dentro de las zonas precisadas
en la Ley 70 de 1993 y tampoco conoce sobre la adjudicación de propiedades
colectivas a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras,
en las que exista un asentamiento histórico y ancestral.

En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución
en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 respecto del artículo
2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015 y del artículo 56 de la Ley 70 de 1993,
toda vez que se solicitó su cumplimiento a la CAS quien dio respuesta contraria
al querer del ciudadano.

En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia respecto de los apartados normativos ya identificados.

Sin embargo, esta corporación precisa que respecto del artículo 26 de la Ley
99 de 1993 el actor no constituyó en renuencia a la autoridad accionada por
cuanto no mencionó esta disposición en el escrito radicado a la entidad el 4 de
enero de 2024. En este sentido, la Sala rechazará el mecanismo constitucional
en relación con esta disposición normativa.

2.4.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo,
salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para
el accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que en cumplimiento del artículo
2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015 y del artículo 56 de la Ley 70 de 1993 se
le ordene a la CAS realizar convocatoria pública y abierta dirigida a los
consejos comunitarios de las comunidades negras que estén interesadas en
participar del procedimiento de elección del representante de estas
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comunidades ante el Consejo Directivo de la CAS.

Con relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente con otro medio
de defensa judicial para procurar el acatamiento del precepto que se pide
atender; además, las disposiciones son actualmente exigibles porque no están
derogadas ni suspendidas y su cumplimiento, en principio, no implica el
establecimiento de gasto.

La Sala no pasa por alto que actualmente el Consejo de Estado, Sección
Quinta, conoce del medio de control de nulidad electoral con radicado 11001-
03-28-000-2024-00109-00 que instauró el señor Pedro Antonio Carballido
Fuentes pretendiendo la nulidad del Acuerdo No.086 del 15 de febrero de 2024
expedido por el Consejo Directivo de la CAS y por medio del cual se declaró la
elección del director general de esa Corporación.

Se encuentra que, en el medio de control de nulidad electoral, el accionante
señala como violados por la CAS, además del artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto
1076 de 2015 y el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, mismos preceptos que son
invocados en esta acción de cumplimiento.

No obstante, las pretensiones de uno y otro medio de control varían puesto que
en ambos se persiguen finalidades distintas. Mientras a través del mecanismo
constitucional el actor persigue el acatamiento de la normativa cuyo
cumplimiento considera omitido por la entidad demandada, ante la ausencia
de elección del representante principal y suplente de las comunidades negras;
mediante el medio de control ordinario solicita la nulidad de un acto
administrativo de elección del director de la CAS.

Así las cosas, la solicitud de cumplimiento se torna procedente porque el objeto
del proceso es disímil de la nulidad electoral y no se evidencia que el
accionante pretendiera la protección de derechos fundamentales que puedan
ser invocados mediante la acción de tutela.

2.5. Análisis del caso concreto

2.5.1. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

Ley 70 de 1993
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política.”
(…)
Artículo 56. Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan
jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas
a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la
Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus
consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el
Gobierno Nacional.
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Decreto 1076 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
(…)
Artículo 2.2.8.5.1.1. Convocatoria. Para la elección del representante y
suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley
70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas
Regionales, el Director General de la respectiva Corporación formulará
invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se
indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha
y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia
circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha
de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial
o televisivo.

2.5.2. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

A través de esta acción el juez constitucional puede ordenar la ejecución de
disposiciones que contienen prescripciones que se caracterizan como
«deberes» legales o administrativos y constituyen mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Al respecto, se sostuvo recientemente 11:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces
desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de
las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en
el ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya
ejecución sea posible de realizar»12.

A su vez, en el caso concreto, se pone de presente que el artículo 26 de la Ley
99 de 1993 en su parágrafo 2 establece “En la conformación de los Consejos
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta
las disposiciones de la Ley 70 de 1993”. Al efecto indica:

ARTÍCULO 26. DEL CONSEJO DIRECTIVO. Es el órgano de administración de
la Corporación y estará conformado por:

(…)

11Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-
41-000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente
asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas
mismas;

Ahora bien, las normas invocadas por el actor como incumplidas y que
agotaron el requisito de renuencia prevén dos deberes dirigidos a las
corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas
donde se adjudiquen propiedades colectivas a las comunidades negras a las
que se refiere el artículo transitorio 55 constitucional.

En primer lugar, contar con un representante de estas comunidades en sus
Consejos Directivos. En segundo lugar, las Corporaciones vinculadas por el
mandato anteriormente mencionado, para surtir la elección del representante
y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la entidad,
deben formular invitación pública a los Consejos Comunitarios en los términos
señalados por el artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015.

El accionante alegó que a los Consejos Comunitarios, asentados en la
jurisdicción de la CAS, les asiste el derecho de elegir a un representante al
interior de la Junta Directiva de la Corporación. Por su parte, el demandado
precisó que los deberes indicados no le son exigibles ya que su aplicación
depende del cumplimiento de los requisitos contenidos en la Ley 70 de 1993,
que no encuentra acreditados en el caso concreto.

En la sentencia impugnada, el Tribunal Administrativo de Santander afirmó que
las disposiciones sobre las que se solicita su cumplimiento no son exigibles a la
CAS puesto que no se le han adjudicado propiedades colectivas al Consejo
Comunitario Afrowilches, presupuesto que entendió necesario para obtener la
representación en la Junta Directiva de la CAS.

La Sala advierte que no le asiste la razón al a quo, pues dentro de las exigencias
estipuladas en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, para efectos de
participar en la elección de representante y suplente de los Consejos Directivos
de las CAS, el Consejo Comunitario aspirante debe, entre otros, allegar la
certificación del INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) respecto de la
existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de
adjudicación a las comunidades negras.

Alrededor de este asunto, la Corporación ha aclarado que basta con la radicación
de la solicitud de adjudicación de propiedad colectiva por parte de la comunidad
negra para que se entienda superado el requisito en mención y que el Tribunal
Administrativo de Santander dio por no acreditado. En ese sentido se ha
explicado lo siguiente:

La norma establece como requisito que deben cumplir los consejos comunitarios
que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el
Consejo Directivo, lo siguiente:

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b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
lncoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados
o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la
respectiva jurisdicción; (Negrillas fuera del texto)

La norma contempla dos eventos, i) que ya esté titulado, que no es el asunto que
incumbe el estudio actual y, ii) que se encuentre en trámite de adjudicacion. Es
respecto del último requisito que se presenta la discrepancia de criterios; es
decir, si debe haberse admitido formalmente la petición o si la sola radicación
ante la correspondiente agencia es suficiente para determinar la existencia del
trámite (demandante).

Para solventar el cuestionamiento planteado, es necesario acudir al Decreto
1745 de 1995, por medio del cual se reglamentó la Ley 70 de 1993 en lo que
hace al procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad
colectiva de las tierras de las comunidades negras.

El artículo 20 de la normativa señalada, contempla lo concerniente a la solicitud
de titulación, en donde se extrae de forma expresa que: “Para iniciar el trámite
de titulación colectiva de Tierras de las Comunidades Negras, la comunidad
presentará por escrito la solicitud respectiva ante la regional del Incora
correspondiente, a través de su representante legal, previa autorización de la
Asamblea General del Consejo Comunitario.

La Sala Electoral, en sentencia del 2 de noviembre de 202013, sostuvo:

“.…es claro que la actuación administrativa dirigida a la obtención del título sobre
los territorios colectivos para esos grupos inicia con la solicitud escrita que haya
radicado su representante legal ante la citada entidad, que actualmente
corresponde a la Agencia Nacional de Tierras…Subraya la Sala que el artículo
2º del Decreto 1523 de 200314 no requiere que la certificación exprese que la
petición hecha por el representante legal del consejo comunitario haya sido
aceptada, como lo entiende el actor, pues lo que debe acreditarse es el trámite
de la adjudicación”.

Así las cosas, es claro que el trámite de adjudicación inicia no con el auto
admisorio de la autoridad de tierras, sino con la sola radicación de la solicitud por
parte de la comunidad negra.15

Acorde con lo expuesto, no es necesaria la adjudicación de la titularidad de la
propiedad colectiva para que las comunidades indígenas o etnias
tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, sean
convocadas a la elección de representante y suplente de su Consejo Directivo.

Ahora bien, el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 invocado por el actor, limita su

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de

octubre de 2020¸ M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-201 9-
00071-00
14 Que contiene el mismo texto del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 18 de

f ebrero de 2021, M.P. Rocío Araujo Oñate, Radicado No. 11001-03-28-000-2020-00094-00
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mandato a las Corporaciones Autónomas regionales que tengan jurisdicción en
las áreas donde se adjudiquen propiedades colectivas a comunidades negras de
que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución.

En virtud de esta remisión normativa, es pertinente atender a lo preceptuado en
la disposición superior para precisar los alcances del mandato contenido en el
artículo 56 de la Ley 70 de 1993:

Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en
vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por
parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley
que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.
(…)
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas
del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y
previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.
(…)

A priori y como se extrae del artículo constitucional, las comunidades negras
aludidas por la disposición solicitada en cumplimiento son aquellas que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.

Sin embargo, el parágrafo 1.° del precepto transitorio deja abierta la posibilidad
de que su aplicación se extienda a otras zonas del país que presenten similares
condiciones. De ahí que, el segundo inciso del artículo 1 de la Ley 70 de 1993
haya acogido tal posibilidad en los siguientes términos:

(…) De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de
la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales
y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que
tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan
con los requisitos establecidos en esta ley.

Por consiguiente, es claro que el mandato contenido en el artículo 56 de la Ley
70 de 1993, es extensivo a la CAS por tener jurisdicción dentro de áreas donde
se adjudican propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el
parágrafo primero del artículo transitorio 55 de la constitución, que fue
desarrollado por el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 70 de 1993. Por ende,
la entidad demandada está obligada a surtir convocatoria a los Consejos
Comunitarios en seguimiento del artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015.

De otra parte, esta Sala encuentra que las disposiciones normativas invocadas
en la acción de cumplimiento contienen un verdadero mandato imperativo e
inobjetable consistente en ordenar a la CAS contar con un representante de las

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comunidades negras en su Consejo Directivo y, para lo cual, la Corporación
deberá surtir convocatoria mediante invitación pública a los respectivos Consejos
Comunitarios en los términos estipulados en el artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto
1076 de 2015.

Por tanto, la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda será
revocada por las razones señaladas en esta providencia y, en su lugar, i) se
rechazará la demanda en cuanto al artículo 26 de la Ley 99 de 1993 por cuanto
el actor no superó el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia y ii)
se ordenará que la Corporación Autónoma Regional de Santander, en el término
de 10 días contados a partir de la ejecutoria de este fallo, de cumplimiento del
artículo 2.2.8.5.1.1. del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 56 de la Ley 70 de
1993.

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Santander deberá formular
la invitación publica a los Consejos Comunitarios de las comunidades negras con
el fin de que materialice la elección del representante principal y suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de la mencionada CAR.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida por
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la acción
de cumplimiento promovida por el señor Pedro Antonio Carballido Fuentes y,
en su lugar:

• RECHAZAR la solicitud de cumplimiento respecto del artículo 26 de la
Ley 99 de 1993, al no acreditarse el requisito de la renuencia.

• ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Santander que, en
el término de 10 días contados a partir de la ejecutoria de este fallo,
formule invitación publica a los Consejos Comunitarios de las
comunidades negras, en los términos del Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.8.5.1.1.

• Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

• Advertir al Tribunal que en lo sucesivo debe dejar correr íntegramente el
término de traslado del auto admisorio.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00315-01

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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