Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01901-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01901-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01901-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de mayo de 2025
Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2025-01901-00
Accionante: José Andrés Díaz Rodríguez
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por José Andrés
Díaz Rodríguez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor José Andrés Diaz Rodríguez, a través de apoderado, promovió acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la igualdad, a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y a ser elegido, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida en
única instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del
proceso de nulidad electoral identificado con el número de radicado 11001-03-28-
000-2024-00063-001, en el que se declaró la nulidad del Acuerdo 015 del 29 de
noviembre de 2023, que lo eligió como director general de la Corporación Autónoma
Regional de Nariño, en adelante, Corponariño.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
1 Al que se acumularon las demandas electorales identificadas con los siguientes radicados: 11001-03-28-000-
2024-00044-00 11001-03-28-000-2024-00062-00 11001-03-28-000-2024-00068-00
2 Ibídem. / actuaciones del proceso incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace
electrónico:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032800020240
0063001100103
Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
2.1. El 2 de octubre de 2023 Corponariño publicó el aviso de convocatoria para la
elección del director general para el periodo 2024-2027. La inscripción de los
aspirantes tuvo lugar entre el 9 y el 10 de octubre siguiente. El 11 y 12 del mismo
mes, se realizó la verificación de las hojas de vida y se elaboró el informe preliminar.
2.2. El 18 de octubre de 2023, se celebró la reunión del Comité Evaluador para
realizar el proyecto de respuesta a la reclamación que presentó María Alejandra
Pantoja Rodríguez, en el sentido de que las certificaciones de experiencia
presentadas no cumplían con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083
de 2015. Asimismo, se expidió el aviso de suspensión del proceso de elección, en
cumplimiento de la medida provisional que decretó el Juzgado Primero Civil
Municipal de Pasto mediante auto también del 18 de octubre de 2023, en el marco
de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 2023-00530-003.
Dicha autoridad dictó fallo de primera instancia el 31 de octubre de 2023, en el
sentido de declarar improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó el
levantamiento de la medida provisional. La decisión fue notificada el 1 de noviembre
del mismo año.
2.3. El 2 de noviembre de 2023 se publicó el aviso de reanudación del proceso de
selección y el 3 de noviembre siguiente se envió la citación para celebrar una
reunión extraordinaria para el 9 de noviembre, con el propósito de presentar la
aprobación de la modificación del Acuerdo 011 del 26 de septiembre de 2023 y del
anexo 1 que contenía el cronograma que regiría el proceso de selección y elección
del director general de Corponariño.
El 9 de noviembre de 2023, se celebró la reunión extraordinaria y el Consejo
Directivo de Corponariño aprobó el Acuerdo 014 del 9 de noviembre de 2023,
mediante el cual se modificó el Acuerdo 011 de 2023.
2.4. El 14 de noviembre de 2023 se expidió el aviso de suspensión del trámite con
el fin de cumplir la medida provisional que decretó el Juzgado Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Pasto, en el marco de la
acción de tutela identificada con el radicado 52001-40-71-003-2023-00182-00.
Dicha autoridad dictó fallo el 20 de noviembre siguiente, mediante el cual declaró
improcedente la acción de tutela y levantó la medida provisional. La decisión fue
notificada en la misma fecha.
2.5. En consecuencia, el 20 de noviembre de 2023 se publicó el aviso de la
reanudación del proceso de elección y se estableció que el cronograma se
desarrollaría entre el 27 y el 29 de noviembre de 2023.
3 Se advierte que la parte actora no agregó datos diferentes al radicado -en la forma que fue consignado- y el
nombre del Juzgado. Por ende, el Despacho no conoce el nombre de quien promovió la acción de tutela con
radicado 2023-00530-00, el contenido y fundamento de la medida provisional o si el fallo de primera instancia
fue impugnado. Además, de la revisión de los anexos aportados con la solicitud de amparo, no se encontró
copia digital de la providencia.
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
2.6. El 27 de noviembre de 2023, con cumplimiento del quórum deliberatorio y
decisorio, el Consejo Directivo de Corponariño celebró la sesión ordinaria, y
mediante Acta N°. 44 se aprobó la modificación del cronograma y se estableció el
orden del día de la siguiente forma: i) presentación del informe a reclamaciones y
respuestas de estas; ii) presentación del informe final; iii) conformación de lista de
aspirantes que cumplen con los requisitos y iv) envío de respuesta a las
reclamaciones.
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible envió un oficio mediante el
cual comunicó su postura de no aprobar el orden del día hasta que se modificara el
acuerdo inicial y el cronograma. El órgano directivo sometió a votación la propuesta
y por mayoría se decidió continuar con el orden del día en la forma en que fue
establecido.
2.7. El 29 de noviembre de 2023 “se celebró sesión ordinaria del Consejo Directivo
-Acta No. 45- en la que se informó del desistimiento de entrevista de 2 de los
aspirantes, 1 solicitó aplazamiento y 5 presentaron las propuestas; y se realizó la
elección de JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ como Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Nariño -Acuerdo No. 015 del 29 de noviembre
de 2023- cumpliendo con el quórum deliberativo y decisorio”.
2.8. Germán Bastidas Patiño4, Ricardo Oswaldo Romo Insuasti5, José Luis Checa
Checa6 y Pablo Andrés Argoty Caicedo7 presentaron demandas de nulidad electoral
en contra del Acuerdo No. 015 del 29 de noviembre de 2023, mediante el cual se
designó a José Andrés Díaz Rodríguez como director general de la Corporación
Autónoma Regional de Nariño para el período 2024-2027. El 27 de junio de 2024,
la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la acumulación de los procesos
bajo el radicado número 11001-03-28-000-2024-00063-00.
2.9. El 14 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo Estado profirió
sentencia de única instancia mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección
de José Andrés Díaz Rodríguez como director de la Corporación Autónoma
Regional de Nariño (Corponariño), contenido en el Acuerdo 015 del 29 de noviembre
de 2023.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:
“AMPARAR la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
• Artículo 29 Superior-, seguridad jurídica y confianza legítima -Artículo 83
Superior- , derecho a la igualdad -Artículo 13 Superior-, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal -Artículo 228 Superior-, derecho a ser
elegido -Artículo 40 Superior- , estos es, violación directa a la Constitución
4 Proceso identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2024-00044-00
5 Proceso identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2024-00062-00
6 Proceso identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2024-00068-00
7 Proceso identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2024-00063-00
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Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
Política, por defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, desconocimiento del precedente, todo lo cual, repercute en los
derechos ambientales que administra y protege el Director General de
CORPONARIÑO.
Y, en consecuencia, (…) Se REVOQUE la Sentencia de Única Instancia
proferida 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Quinta - Magistrado Ponente Dr.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ en el marco del proceso de nulidad
electoral con radicado No. 11001-03-28-000-2024-00063-00 (Acumulado),
en la cual se declaró la nulidad del acto de elección de mi poderdante como
Director General de CORPONARIÑO - Acuerdo No. 015 del 29 de
noviembre de 2023-.”
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que se le
vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues la providencia reprochada
adolece de los siguientes defectos:
Violación directa de la Constitución Política. Expuso que la providencia
cuestionada vulneró los derechos al debido proceso, a la seguridad y confianza
legítima, a la igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y a
ser elegido. Para sustentar su posición, indicó que la decisión se basó en dos
premisas jurídicas que, a su juicio, son erradas.
Por un lado, estimó que el Consejo Directivo de Corponariño omitió modificar el
cronograma previsto inicialmente mediante Acuerdo 011 del 26 de septiembre de
2023, modificado por el acuerdo 014 del 9 de noviembre del mismo año, a través de
un nuevo acto administrativo en el que se establecieran las fechas pertinentes para
las sesiones que se celebraron el 27 y el 29 de noviembre de 2023. Así, el juez de
la nulidad electoral consideró que la variación de las fechas del cronograma debía
realizarse mediante un acto administrativo y no por aviso.
Por otro lado, argumentó que, dado que no se profirió el acto administrativo de
modificación, también se incurrió en falta de publicación y que, en todo caso “el
aviso de citación a las sesiones ordinarias debía cumplir con el término de
antelación que debe surtirse antes de cada una (10 días) pues, las sesiones
convocadas se citaron para realizarse en 7 y 9 días, respectivamente”.
En relación con el primer aspecto (expedición del acto), el accionante alegó que la
decisión citó como fundamento el auto del 7 de diciembre de 2023, proferido en el
proceso identificado con el radicado 11001-03-28-000-2023-00091-00 que “tiene
unas particularidades y especificidades que NO se cumplen en el caso concreto”.
Explicó que, en dicha providencia se abordó el estudio de la modificación del
cronograma del proceso de elección del director de Corporinoquia y se indicó que,
dadas las reglas que rigen la convocatoria, bajo el principio de publicidad y respeto
de los actos propios, era necesario que los cambios a las reglas del proceso fuesen
realizados por medio de acto administrativo.
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
No obstante, a su juicio, el asunto allí analizado es “completamente contrario”, pues
el acuerdo 011 del 26 de septiembre de 2023, que reguló el proceso de elección del
director de Corponariño, se precisó que el procedimiento de elección se regirá por
las etapas y las fecha definidas en el cronograma, y que en tal virtud de estos
aspectos se entienden convocados los miembros del Consejo Directivo de
Corponariño “pero en ningún momento y en ningún artículo se condicionó el
cronograma de manera única y necesaria para el proceso de elección ni para la
convocatoria del consejo directivo, pues estos pueden reunirse y decidir cuándo
cumplen con su quórum -artículos 39 y 40 de los Estatutos-, tampoco hay ninguna
disposición que ordene que el cronograma debe ser modificado por un acuerdo”.
Resaltó que el Acuerdo 011 de 2023 se refiere al cronograma de manera genérica
sin determinar los elementos mínimos que debía contener. Por tanto, a su juicio, el
cronograma siempre se vio como accesorio y no como necesario o principal, de
modo que la modificación de las fechas no afectaría directamente el acuerdo como
tal.
A partir de lo anterior, sostuvo que los fundamentos de hecho del auto del 7 de
diciembre de 2023 no coinciden con los que enmarcan este asunto, dado que para
la elección del Director de Corporinoquia se determinó de manera taxativa que el
cronograma era una condición necesaria del proceso, mientras que para
Corponariño “nunca se indicó que la convocatoria y el cronograma se fijarían por
acuerdo ni mucho menos los mínimos que debía contener el cronograma, máxime
porque los estatutos prevén otra posibilidad de sesionar del Consejo Directivo, como
lo consagra el parágrafo segundo del artículo 39 de los Estatutos, “[e]n todos los
casos en que exista quórum válido para deliberar y decidir, se deberá sesionar, so
pena de las sanciones a que haya lugar.”.
Agregó que el artículo 36 de los estatutos de Corponariño no impone la obligación
de expedir un acto administrativo para modificar el cronograma de la convocatoria
y alegó que en otros asuntos8 la sala electoral ha hecho prevalecer la conformación
del quórum decisorio para desvirtuar las irregularidades que pudieron presentarse.
Asimismo, indicó que cuando se presentan defectos en el trámite de expedición de
un acto de elección, resulta necesario estudiar si estos afectaron la decisión o si
tuvieron un impacto negativo en la transparencia del proceso, lo que no ocurrió para
el caso concreto, pues las reuniones del 27 y 29 de noviembre de 2023 cumplieron
con el quórum necesario y en tal sentido se realizó la elección. Aunado, destacó
que el elegido obtuvo 9 de los 12 votos necesarios.
En punto de lo anterior, indicó que una vez se levantó la suspensión ordenada por
el juez de tutela en el asunto con radicado 2023-00530-00 y dado que solo se
encontraban pendientes las reuniones del Consejo Directivo, era procedente acudir
a la aplicación de los artículos 39 y 40 de los estatutos, que permite la toma de
decisiones siempre que haya quórum para deliberar y decidir.
8 Sentencia de 23 de junio de 2022, exp: 11001-03-28-000-2021-00078-00, 11001-03-28-000-2021- 00077-00,
11001-03-28-000-2021-00076-00 (acumulados)
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
En lo referente al segundo aspecto (publicidad), afirmó que el hecho de que el aviso
haya sido fijado por 7 o 9 días y no 10 no vulnera ningún principio, ya que a todas
las sesiones comparecieron 12 de los 13 miembros (uno de ellos presentó excusa)
y, además, en las sesiones del 27 y 9 de noviembre de 2023 se contó con la
presencia del Ministerio Público y se tuvieron en cuenta las manifestaciones de
todos los candidatos, por lo que la finalidad de la publicidad se cumplió.
Defecto procedimental. Indicó que, conforme al marco normativo y jurisprudencial
que ha desarrollado este defecto “y lo ya expuesto sobre el caso concreto en el
literal de violación directa a la Constitución”, la autoridad judicial accionada actuó al
margen del procedimiento establecido y erró en la interpretación, aplicación y
valoración de las normas, así como de las pruebas aportadas, pues aplicó como
precedente el auto del 7 de diciembre de 2023 que no cuenta con contexto fáctico
y jurídico similar al del presente asunto. Afirmo que lo anterior, demuestra que la
providencia cuestionada dio prevalencia a las formas de un trámite sobre el
procedimiento mismo de elección, que estuvo respaldado por los estatutos de
Corponariño.
En ese sentido, insistió en que las actas de las reuniones del Consejo Directivo
demuestran que el procedimiento cumplió con la finalidad del principio de publicidad,
debido a que 12 de sus 13 miembros asistieron en los días 27 y 29 de noviembre
de 2023. Además, ninguno de ellos se opuso a la elección del accionante.
Defecto fáctico. En cita de los argumentos y razones con los que la parte actora
fundamentó el cargo de “violación directa a la Constitución Política”, reiteró que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la providencia censurada, se basó
en un auto que no tiene relación fáctica ni jurídica con la elección del actor, y que
está probado el respecto del principio de publicidad. En tal sentido, consideró la
sentencia del 14 de noviembre de 2024, en cuanto firmó que la elección del
accionante vulneró el principio de publicidad y de participación, carece de
fundamento probatorio.
Refirió nuevamente que exigir que el Consejo Directivo debiese ser convocado a
través de un acto administrativo desconoce el contenido de los artículos 39 y 40 de
los estatutos de Corponariño, debido a se contaba con al quórum necesario y
suficiente para deliberar y decidir.
Defecto material o sustantivo. Como fundamento de este cargo, el actor hizo
alusión a la falta de coincidencia de los fundamentos de hecho y derecho del auto
del 7 de diciembre de 2023 con los que identifican la nulidad de la elección del actor.
Asimismo, reiteró los argumentos relativos a que los artículos 39 y 40 de los
estatutos permitían realizar la reunión del Consejo de Directivo al existir quórum
para delibrar y decidir, y que se cumplió con la finalidad del principio de publicidad.
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
Desconocimiento del precedente. Al respecto, afirmó que la Sección Quinta del
Consejo de Estado se apartó de los criterios fijados en las siguientes decisiones
judiciales:
Sentencia del 23 de junio de 20229. En dicha providencia, la Sala Electoral conoció
de la demanda de nulidad contra la elección del Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar. La pretensión anulatoria se sustentó en la presunta
inobservancia del principio de publicidad, derivada de la omisión en la divulgación
del cronograma adoptado por el Consejo Directivo para continuar con el proceso de
elección.
En su análisis, concluyó que dicha omisión no configuraba una causal de nulidad
del acto electoral. Esto, por cuanto para el momento en que se tomó la
determinación de reanudar el proceso eleccionario y acabar con la interinidad que
se venía presentando había quórum deliberatorio y decisorio, ya que asistieron 12
miembros y el elegido logró 8 votos.
Auto del 8 de febrero de 202410. El accionante trascribió apartes de la decisión.
Finalmente, solicitó tener en cuenta las razones que fundamentaron los
salvamentos de voto de dos miembros de la Sala, puesto que brindan mayor
sustento a este cargo.
4. Trámite de tutela e intervenciones.
4.1. Mediante auto del 9 de abril de 202511 se admitió la acción de tutela, se negó
la medida provisional solicitada y se vinculó como terceros con interés a la
Corporación Autónoma Regional de Nariño-Corponariño, a los miembros del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Nariño, a los señores
Pablo Andrés Argoty Caicedo, Germán Bastidas Patiño, Ricardo Oswaldo Romo
Insuati y José Luis Checa Checa y al Departamento de Nariño.
4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado12 presentó informe en el que indicó
que los cuestionamientos planteados por el actor no son suficientes para tener por
cumplido el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se orientan a reabrir
el debate probatorio adelantado en el proceso de nulidad electoral y controvertir el
análisis jurídico contenido en la providencia cuestionada, con el fin de que se
concedan las pretensiones de la demanda.
Argumentó que en la decisión fueron expuestos con precisión y claridad los
fundamentos normativos que sustentaron la declaratoria de nulidad del acto de
elección. En particular, se evidenció que el trámite de elección vulneró abiertamente
el cronograma de la convocatoria, puesto que las modificaciones al mismo debían
9 Expediente 11001-03-28-000-2021-00078- 00, 11001-03-28-000-2021-00077- 00, 11001-03-28-000-2021-
00076- 00 (acumulados). C.P. CEMR
10 Expediente 11001-03- 28-000-2023-00128-00
11 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 00013 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
hacerse a través de acto administrativo expedido por el Consejo Directivo, en
observancia del principio de publicidad y el respeto por los actos propios.
Consideró relevante, para determinar dicha irregularidad, que a raíz de la
suspensión ordenada por el juez en el trámite de la acción de tutela con radicado
número 2023-00182-00, el órgano de dirección expidió el Acuerdo 014 del 9 de
noviembre de 2023, mediante el cual modificó el cronograma. Sin embargo, con
ocasión de una nueva acción constitucional (radicado 2023-00530), se decretó
nuevamente la suspensión del proceso electoral. Una vez levantados sus efectos,
el presidente y la secretaria del Consejo Directivo convocaron directamente a dos
sesiones ordinarias para los días 27 y 29 de noviembre de 2023.
Por ende, explicó que “la entidad inicialmente modificó el cronograma mediante
acuerdo expedido por el consejo directivo, pero, con posterioridad y contrariando
sus propias decisiones, optó por hacer el cambio mediante aviso, por lo cual se
desconoció abiertamente la regla fijada por la corporación en punto a que las
modificaciones del cronograma se efectúan a través de una decisión de fondo”.
A partir de lo anterior, precisó que el proceso de elección presentó una falencia
relevante consistente en el cambio sustancial de las reglas previstas para su
desarrollo.
4.3. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado remitió13 el enlace
web que contiene las actuaciones del proceso de nulidad electoral identificado con
el radicado número 11001-03-28-000-2024-00063-00.
4.4. Ricardo Oswaldo Romo Insuasti14 solicitó que se declare improcedente la
solicitud, o en su caso, se niegue el amparo. En apoyo de su petición sostuvo que
los vicios señalados en la demanda de tutela no se encuentran debidamente
acreditados, pues la sentencia cuestionada advirtió que el acto de elección fue
producto de irregularidades ocurridas durante el trámite correspondiente.
4.5. La Corporación Autónoma Regional de Nariño15 allegó un informe a través
del cual instó a que se desestimaran las pretensiones de la parte actora. Para ello,
sostuvo que el fallo cuestionado se basó en un análisis detallado de los hechos y
de la normativa que rige los procedimientos de elección de las corporaciones
autónomas. Esto condujo a que el juez electoral advirtiera que la modificación del
cronograma mediante aviso y no mediante acto administrativo, constituía un vicio
de legalidad del acto de elección.
4.6. Pablo Andrés Argoty Caicedo16 presentó escrito de intervención en el que
resaltó la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional. Como sustento de
su posición, indicó que el actor pretende utilizar dicho mecanismo como si se tratara
13 Índice 00015 del aplicativo SAMAI
14 Índice 00016 del aplicativo SAMAI.
15 Índices 00018 y 00021 del aplicativo SAMAI.
16 Índice 00019 del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
de un recurso de apelación para cuestionar la decisión que anulo su elección.
Además, no cumplió con la carga argumentativa suficiente para demostrar la
vulneración de sus derechos fundamentales ni la configuración de los defectos
alegados. En consecuencia, precisó que los fundamentos expuestos en la acción
de tutela se limitaron a controvertir el criterio interpretativo del juez electoral, sin que
el asunto planteado revista una verdadera relevancia constitucional.
4.7. José Fernando Zambrano Játiva17 invocó su calidad de miembro del Consejo
Directivo de Corponariño y su participación en el proceso de elección del accionante
como Director General, por lo cual indicó que posee un interés legítimo en el
presente trámite constitucional. En virtud de ello, precisó que su intervención tiene
por objeto coadyuvar la solicitud de amparo interpuesta por el accionante, en
defensa de los principios y normas que rigen el procedimiento de elección en
cuestión.
En ese sentido, sostuvo que la autoridad demandada incurrió en las siguientes
irregularidades: i) la preferencia otorgada a la inexistencia de un acto administrativo
que alterara el cronograma frente a los fines sustanciales del proceso electoral; ii)
la aplicación indebida del auto de fecha 7 de diciembre de 2023, a pesar de las
diferencias sustanciales en el contexto fáctico entre la resolución inicial y los hechos
acaecidos en el presente caso; y iii) el desconocimiento de los artículos 39 y 40 de
los estatutos de la corporación que permitían la elección, dado que existía quórum
suficiente para deliberar y decidir.
Posteriormente, el señor Zambrano Játiva allegó los documentos que acreditan la
calidad de miembro del Consejo Directivo en la que fundamentó su intervención18.
4.8. Los demás vinculados, a pesar de estar debidamente notificados, guardaron
silencio respecto de la solicitud de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de José
Andrés Díaz Rodríguez, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandado en el trámite del medio de control de
17 Índice 00020 del aplicativo SAMAI.
18 Índice 00025 del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
nulidad electoral adelantado bajo el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00063-
00.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por cuanto actuó como juez de única
instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.
3. Solicitud de coadyuvancia de José Fernando Zambrano Játiva
En relación con la figura de la coadyuvancia el artículo 13 del decreto 2591 de 1991
dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiera hecho la solicitud”. Al respecto, la Corte Constitucional ha
indicado que la coadyuvancia en los trámites de tutela se erige como la participación
de un tercero con interés en la decisión que se adopte19, y en ese sentido ha
considerado que “los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes
y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas”20.
El señor José Fernando Zambrano Játiva manifestó su interés en coadyuvar las
pretensiones de la demanda de tutela, para lo cual invocó la calidad de miembro del
Consejo Directivo y participante del proceso de elección de José Andrés Diaz
Rodríguez.
No obstante, la Sala advierte que el auto que admitió la demanda de tutela ordenó
la vinculación, como terceros interesados, de todos los miembros del Consejo
Directito de Corponariño. En consecuencia, el señor Zambrano Játiva ostenta dicha
calidad en este trámite constitucional, y en ese orden, no se reconocerá como
coadyuvante.
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
5. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
19 Sentencia T-070 de 2018.
20 Sentencia T-269 de 2012, reitera en la sentencia T-255 de 2021 y SU-067 de 2022.
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Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200521 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela22 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto23.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”24.
5.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
23 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
23 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”25.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
25 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto26.
6. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
6.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte el accionante argumentó que la
sentencia del 14 de noviembre de 2024 dictada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado adolece de los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, así como
violación directa a la Constitución Política, debido a que i) se dio prevalencia al
derecho formal sobre el sustancial, dado que la modificación del cronograma del
procedimiento mediante aviso y no a través de auto, resultó suficiente para anular
el acto de elección; ii) se acudió como sustento al auto del 7 de diciembre de 2023
proferido en el proceso identificado con el radicado 11001-03-28-000-2023-00091-
00, pese a que el asunto que allí se analizó presenta diferencias sustanciales con
el caso estudiado; iii) el acto anulado se encontraba soportado por lo preceptuado
en los artículos 39 y 40 de los estatutos de Corponariño, debido a que existía el
quórum suficiente para deliberar y decidir; iv) la fijación del aviso durante 7 o 9 días,
y no 10, no vulneró el principio de publicidad, pues a las sesiones comparecieron
12 de los 13 miembros del órgano de dirección, y además, se contó con la asistencia
del Ministerio Público.
6.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada
y que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se
advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado arribó a las siguientes
conclusiones:
Sobre la modificación del cronograma del procedimiento de elección, indicó:
“(…)
233. Decisión del reproche atinente al incumplimiento de los estatutos para
modificar la convocatoria y por no publicar las respuestas a reclamaciones
presentadas
234. La parte actora alegó que el presidente y la secretaria del consejo
hubieran dictado un aviso, en el cual se modificaron las fechas de la
convocatoria, luego de que se levantó la suspensión de la elección
decretada en una tutela (2023-00530). Manifestó que lo hicieron sin
competencia, porque el autorizado para hacerlo, según los estatutos, es el
consejo directivo, por medio de acto administrativo.
235. También indicaron que se incumplió el artículo 36 de los estatutos de
Corponariño, porque en el aviso se citó a dos (2) sesiones sin respetar los
diez (10) días de antelación que establece la norma:
26 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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ARTÍCULO 36. SESIONES ORDINARIAS. El Consejo Directivo se
reunirá al menos una vez cada dos (2) meses previa convocatoria
realizada por el Presidente del Consejo Directivo, por el Director
General, por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
o por la mayoría de sus miembros, con una antelación no inferior a
diez (10) días calendario. En las sesiones ordinarias se podrá tratar
cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde.
(Resalta la Sala).
(…)
241. Se encuentra que, inicialmente, la sesión para elegir al director general
se había establecido en el mencionado acto para el 24 de octubre del 2023.
242. Sin embargo, el proceso se suspendió por decisión de un juez de tutela
(rad. 2023-00182-00). Luego de levantada, el consejo directivo modificó el
cronograma, por medio del Acuerdo 014 del 9 de noviembre del 2023 y
dispuso que la elección se haría el 22 de noviembre del 2023.
243. En forma posterior, en otra acción constitucional se decretó la
suspensión de la elección (rad. 2023-00530). Sin embargo, esta fue
levantada por decisión del juez constitucional, en sentencia del 20 de
noviembre del 2023.
244. Teniendo en cuenta esa situación, el mismo 20 de noviembre del 2023,
el presidente del consejo y la secretaria, convocaron a dos (2) sesiones
ordinarias:
• Sesión ordinaria para celebrarse el 27 de noviembre del 2023 del
consejo directivo, para la presentación de informe a reclamaciones y
su respuesta; presentación informe final y conformación de lista de
aspirantes que cumplen con los requisitos y el envío de las respuestas
de las reclamaciones.
• Sesión ordinaria para celebrarse el 29 de noviembre del 2023 del
consejo directivo, para la presentación de propuestas de los aspirantes
habilitados y la elección del director general.
245. La entidad inicialmente decidió realizar el cambio del cronograma por
medio de acuerdo del consejo directivo. Sin embargo, apenas unos días
después, bajo el mismo supuesto (levantamiento de suspensión decretado
en una tutela) determinó hacer lo propio mediante aviso suscrito por el
presidente y el secretario del consejo.
246. Al respecto, la Sección ya ha tenido ocasión para pronunciarse sobre
este evento (modificación de cronograma sin acto administrativo del consejo
directivo) y se ha afirmado que dadas las reglas que rigen la convocatoria,
bajo el principio de publicidad y respeto de los actos propios, es necesario
que los cambios a las reglas del proceso sean realizados por medio de acto
administrativo, debidamente publicado. Sobre el punto, se ha indicado lo
siguiente (33)27:
109. Del análisis de las normas que rigen el proceso y las pruebas
hasta ahora aportadas a esta actuación, se debe concluir que el
Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, debió reanudar el
cronograma por medio de un acuerdo que modificara el inicial, el cual
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 7 de diciembre del 2023.
Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
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debía cumplir con las ritualidades legal y reglamentarias, como lo era
su publicación en la página web de la entidad (…).
247. La consideración expuesta se reitera en este asunto, pues es claro que
las normas de la convocatoria no pueden ser modificadas por medio de un
aviso, sino que debe ser el consejo directivo, en ejercicio de sus facultades
legales, el que disponga, dicha modificación con la publicación respectiva.
248. También se advierte que la convocatoria es la norma rectora del
proceso de elección, motivo por el cual, cualquier modificación que se
disponga debe hacerlo el órgano competente que, se repite, es el consejo
directivo. Además, debe cumplirse la formalidad de la publicación, en
respeto de las normas de la convocatoria.
249. Por otra parte, se observa que el aviso de citación incumplió con el
término de antelación que debe surtirse antes de cada sesión ordinaria (10
días) pues, las sesiones convocadas se citaron para llevarse a cabo en 7 y
9 días, respectivamente”
Con fundamento en lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado destacó
que la modificación del cronograma requería de la expedición previa de un acto
administrativo, y explicó:
“250. Conforme con lo expuesto, se tiene que era indispensable modificar el
Acuerdo 014 del 9 de noviembre de 2023, para ajustar, otra vez, las fechas
del cronograma electoral, tendiente a que se llevara a cabo la elección del
director general, ante la imposibilidad de cumplir con el cronograma
inicialmente fijado teniendo en cuenta la decisión emitida en un fallo de
tutela.
251. Se reitera que esta sala ha señalado que solo a través de acto
administrativo se puede convocar al máximo órgano de dirección para que
realice el proceso eleccionario del director general, toda vez que ese
instrumento jurídico es el que permite que se conozcan las modificaciones
del cronograma inicial.
252. Por consiguiente, la sala encuentra probada dos de las irregularidades
alegadas respecto del trámite objeto de controversia: (i) una relativa a la
omisión por parte del Consejo Directivo de Corponariño de modificar el
cronograma previsto inicialmente mediante el Acuerdo 011 del 26 de
septiembre de 2023, modificado por el Acuerdo 014 del 9 de noviembre de
ese año, a través de un nuevo acto administrativo en el que se establecieran
las fechas pertinentes, y (ii) otra que se desprende de la primera, que
consiste en la falta de publicación correspondiente, precisamente, porque
nunca se emitió el acuerdo respectivo y, por ende, no se puso en
conocimiento algún acto que fijara una nueva fecha para la elección, en
desarrollo del principio de publicidad que cobijaba al cronograma por hacer
parte íntegra del acuerdo en el que se plasmó la convocatoria.
253. La sección no desconoce que el proceso eleccionario fue suspendido
en dos ocasiones por órdenes emitidas por jueces de tutela y que tales
medidas cautelares fueron levantadas posteriormente por esas autoridades
judiciales. No obstante, esto no implicaba que el procedimiento debiera
retomarse automáticamente con el levantamiento de las suspensiones, pues
el consejo directivo estaba obligado a realizar las modificaciones pertinentes
al cronograma inicial y a poner en conocimiento de los participantes y de la
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Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
comunidad en general los cambios realizados, en desarrollo del principio de
publicidad que debía regir la convocatoria.
254. Así pues, como era imposible realizar la elección en la fecha prevista
en el cronograma, correspondía al consejo directivo, primero, emitir un
nuevo acuerdo para modificar los primeros, en punto a la etapa del proceso
de elección que restaba, para fijar una nueva fecha para su realización y no
modificarlo a través de un aviso, lo que en la doctrina se denomina
«inderogabilidad singular de reglamentos»; y, segundo, el aviso de citación
a las sesiones ordinarias debía cumplir con el término de antelación que
debe surtirse antes de cada una (10 días) pues, las sesiones convocadas se
citaron para realizarse en 7 y 9 días, respectivamente”.
En línea con lo anterior, el juez electoral resaltó la importancia del cronograma
previsto para la elección del director de la corporación autónoma, de la siguiente
forma:
“255. Es importante tener en cuenta que el cronograma tiene una dimensión
teleológica consistente en que los integrantes del Consejo Directivo puedan
conocer con anticipación y veracidad el trámite que falta para culminar con
la elección del director general y también sortear cualquier vicisitud itinerante
que altere el desarrollo de las etapas del proceso y proponer otras fechas
alternativas que les permita abocar los asuntos que no se abordaron como,
por ejemplo, suspensión por órdenes judiciales, recusaciones,
reclamaciones, inhabilidades, etc.
256. Esta dimensión tiene como fin la «optimización» y la «eficacia» de los
procesos democráticos que se adelantan, para que se desarrollen con
anticipación y plena información, a fin de lograr que los integrantes de ese
órgano colegiado estén preparados y plenamente documentados en cada
etapa del proceso frente a las decisiones trascendentales que
progresivamente se van adoptando y, en ese orden, evitar situaciones
sobrevinientes.
257. Orientados por este repertorio axiológico, el cronograma impone al
consejo directivo su acatamiento, en aras de que la integralidad del proceso
de elección no se vea menoscabo por la ocurrencia de cualquier
contingencia, ofreciendo las garantías necesarias para que todos los
integrantes de este cuerpo de decisión estén informados para alcanzar el
objetivo final que no es otro que la elección del director general.
258. A su vez, el aspecto público del proceso conlleva que el cronograma
sea de conocimiento de los aspirantes y de la ciudadanía en general, con el
fin de que estén informados sobre el devenir de la convocatoria.
259. En recientes pronunciamientos de esta sala de decisión se ha referido
no solo al hecho de que la reanudación de las sesiones del consejo directivo,
en el marco del proceso de elección del director general, debe efectuarse a
través de la modificación del cronograma y la citación de los miembros del
consejo directivo con la debida antelación (37)28, sino que, adicionalmente,
ha hecho prevalecer el principio de participación sobre el criterio de la
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre
de 2024, exp.11001-03-28-000-2024-00094-00 (acumulado); 11001-03-28-000-2024- 00050-00; 11001-03-28-
000-2024-00054; 11001-03-28-000-2024-00055-00; 11001-03-28-000- 2024-00067-00; 11001-03-28-000-
2024-00075-00; 11001-03-28-000-2024-00077-00.
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incidencia de la irregularidad (38)29, que hacía referencia a la demostración
de la decisión mayoritaria de los miembros para descartar la afectación de
la elección, y, por el contrario, se sostiene que las omisiones reglamentarias
que desconocen estos valores superiores constituyen anomalías
sustanciales que vician la designación.
260. En criterio de esta Sección, la irregularidad acreditada constituye un
claro desconocimiento de las normas que regían el procedimiento de
elección del director general de la entidad para el período 2024-2027, las
cuales debían ser atendidas cabalmente por el consejo directivo de
Corponariño para garantizar que la actuación se realizara con el lleno de los
requisitos, y, a su vez, se respetaran los derechos que le asistían tanto a los
aspirantes como a los miembros del órgano colegiado que participaban de
la elección.
261. En consecuencia, Sala encuentra configurada la infracción normativa
invocada por los demandantes, por lo que se declarará la nulidad del acto
de elección del señor José Andrés Díaz Rodríguez como director general de
Corponariño para el período 2024-2027 (…)”.
En conclusión, para la autoridad judicial accionada i) el aviso de citación incumplió
el término de antelación exigido para la celebración de cada sesión ordinaria, el cual
es de diez (10) días conforme a lo establecido en el artículo 36 de los estatutos de
Corponariño; ii) como consecuencia de la suspensión ordenada en la acción de
tutela núm. 2023-00182-00 la entidad dictó un auto a través del cual modificó el
cronograma inicialmente previsto. Posteriormente, el procedimiento de elección fue
objeto de una nueva suspensión en virtud del trámite constitucional identificado con
el radicado 2023-00530-00. En esta segunda oportunidad, la corporación omitió la
expedición de un nuevo auto que ajustara el cronograma. Por el contrario, el
presidente y la secretaria expidieron directamente el aviso, actuación que
desconoció el principio de publicidad, según lo señalado previamente por la Sala
Electoral en auto de 7 de diciembre de 2023; iii) las disposiciones contenidas en la
convocatoria no podían ser alteradas mediante un aviso, toda vez que dicha
competencia corresponde de forma exclusiva al Consejo Directivo, en el marco de
sus atribuciones legales y estatutarias.
En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos
y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales
de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre
de 2024, exp. 11001-03-28-000-2024-00109-00.
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se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración30.
6.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada
y continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir
de la revisión del mismo se advierte que los argumentos expuestos en este
escenario guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación
interpuesto, sin que haya demostrado la violación del derecho fundamental para el
que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso ordinario,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.
6.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada31, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario32.
6.5. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente, la parte actora
sostuvo que la autoridad judicial accionada se apartó de los criterios establecidos
en la sentencia del 23 de junio de 202233. Allí, el juez electoral consideró que la falta
de divulgación del cronograma del proceso de elección, si bien desconocía el
principio de publicidad, no tenía la entidad suficiente para generar la nulidad del
30 Sentencia SU215 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
32 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
33 Expediente 11001-03-28-000-2021-00078- 00, 11001-03-28-000-2021-00077- 00, 11001-03-28-000-2021-
00076- 00 (acumulados). C.P. CEMR
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acto, en tanto, al momento de reanudarse el proceso, se contaba con el quórum
necesario para adoptar la decisión correspondiente.
No obstante, esta Corporación advierte que no se acreditaron las similitudes
sustanciales que, según el actor, existirían entre el caso decidido en la mencionada
sentencia del 23 de junio de 2022 y el analizado en la providencia del 14 de
noviembre de 2024, cuya validez se cuestiona.
En efecto, del análisis de la providencia del 23 de junio de 202234 se advierte el
siguiente contexto i) se solicitó la nulidad de la elección del director de Corpocesar,
bajo el argumento, entre otros, de “falta de publicación del cronograma para efectos
de conocer la fecha en que se continuaría el proceso de elección”; ii) dicho proceso
se reactivó tras la declaratoria de nulidad del nombramiento anterior, y fue
suspendido mientras se resolvían recusaciones formuladas contra varios miembros
del Consejo Directivo; iii) luego del estudio pertinente, la Sala Electoral concluyó
aunque no se probó la publicación del cronograma en el que se indicara la fecha de
la reunión para decidir sobre la elección, asistieron 12 miembros, quienes “asintieron
sobre la posibilidad de continuar con el proceso”.
En contraste, en el caso resuelto en la sentencia del 14 de noviembre de 2024 se
enmarcó en lo siguiente i) se demandó la nulidad de la elección del director de
Corponariño, al considerar, entre otros argumentos, que la modificación del
cronograma del proceso eleccionario desconoció los parámetros establecidos en
los estatutos de Corponariño; ii) dicho trámite fue suspendido en dos oportunidades
en virtud de dos acciones de tutela. La primera reanudación se formalizó mediante
un acto administrativo expedido por el Consejo Directivo, pero la segunda se realizó
con base en un aviso expedido directamente por el presidente y la secretaria en el
que se citó a dos sesiones ordinarias para el 27 y 29 de noviembre de 2023, más
no por dicho órgano en sí; iii) el juez electoral concluyó que tal actuación desconoció
el principio de publicidad, al no haberse expedido ni divulgado acto alguno que
modificara el cronograma de forma válida.
Así las cosas, la Sala constata que los antecedentes fácticos y normativos de las
sentencias comparadas difieren sustancialmente, por lo que no se configura una
identidad suficiente que permita predicar la existencia de un precedente judicial
obligatorio. En ese sentido, el cargo por desconocimiento del precedente carece de
sustento y no está llamado a prosperar.
De otra parte, en lo referente al auto del 8 de febrero de 202435, se advierte que la
solicitud de amparo se limitó transcribir apartes de la providencia sin desarrollar un
análisis metodológico y comparativo de sus elementos fácticos y jurídicos en
relación con los fundamentos del fallo que aquí se censuró.
34 La Sala accedió a la sentencia del 23 de junio de 2022 a través del aplicativo Samai consultable en el siguiente
link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032800020210007800110
0103
35 Expediente 11001-03- 28-000-2023-00128-00.
19
Radicado: 11001031500020250190100
Accionante: José Andrés Diaz Rodríguez
Adicionalmente, no explicó las razones por las cuales sostiene que dicho asunto
contaba con el mismo marco fáctico y jurídico del proceso electoral en el que se
dictó la providencia cuestionada y no identificó ninguna regla que, en su criterio,
debía ser atendida para proferir la decisión. En consecuencia, se advierte una
falencia argumentativa del mencionado cargo y, en tal sentido, no se abordará su
estudio de fondo.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, aspecto que la torna en improcedente, por lo que se
declarará improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de coadyuvante al señor José
Fernando Zambrano Játiva.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
José Andrés Díaz Rodríguez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
20
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