Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00078-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00078-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2021-00078-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
23 de junio de 2022
Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00078-00
11001-03-28-000-2021-00077-00
11001-03-28-000-2021-00076-00 ACUMULADO
Demandantes: GONZALO RAÚL GÓMEZ SOTO Y OTROS
Demandado: JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO, DIRECTOR DE LA
CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR
Temas: Trámite de las recusaciones, afectación del cuórum decisorio.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir las demandas presentadas por los señores Gonzalo Raúl
Gómez Soto, Hermann Gustavo Garrido Prada y Brayan David Carmona Porto en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra
la elección del señor Jorge Luis Fernández Ospino como director de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente 11001-03-28-000-2021-00078-00
1.1. Pretensión
El señor Gonzalo Raúl Gómez Soto, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, en la cual solicitó:
“1. Que se declare la nulidad de la elección del Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR. Acuerdo No. 008 del 26 de octubre
de 2021 por medio del cual el Consejo Directivo designa al Dr., JORGE LUIS
FERNÁNDEZ OSPINO en el cargo de Director General de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar “CORPOCESAR” para el restante periodo institucional de 2020-
2023.
2. Declarar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto demandado.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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3. Conforme a la nulidad del proceso eleccionario del Director General de
CORPOCESAR, el Consejo Directivo deberá realizar un nuevo procedimiento
tendiente a elegir al Director General para el periodo constitucional 2020-2023”.
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
Sostuvo que mediante Resolución 1308 del 13 de septiembre de 2005 emanada del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se aprobaron los Estatutos
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR–, mediante
Acuerdo No. 001 del 31 de marzo de 2005. (Anexo 3 pág., 4-12)
Indicó que por Acuerdo No. 008 del 20 de septiembre de 2019, el Consejo Directivo
de CORPOCESAR, reglamentó el procedimiento interno para la designación del
Director General de la Corporación para el periodo comprendido del 1 de enero de
2020 al 31 de diciembre de 2023.
Relató que en el proceso radicado 11001-03-28-000-2020-00001-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate y el mismo demandante, Gonzalo Raúl Gómez
Soto, se declaró el día 4 de marzo de 2021 la nulidad de la elección del señor John
Valle Cuello como director de CORPOCESAR para el periodo 2020-2023.
Comentó que en uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución, la veeduría MANOS LIMPIAS EN CORPOCESAR cuyo representante
legal es el accionante, formuló una solicitud el día 04 de noviembre de 2021 a las
siguientes direcciones electrónicas habilitadas por la Corporación:
<direcciongeneral@corpocesar.gov.co>,<notificacionesjudiciales@corpocesar.gov
.co>, <atencionalusuario@corpocesar.gov.co> . En la citada petición se requería de
la Corporación copia de: i) la convocatoria del Consejo Directivo para la elección del
director en propiedad ii) del acta de desarrollo de la sesión mediante la cual se eligió
al director de la Corporación, el señor Jorge Fernández iii) del audio del desarrollo
de dicha audiencia y iv) del acta de elección del director de la Corporación Jorge
Fernández.
Anotó que el día 22 de noviembre de 2021 la Corporación dio una respuesta que no
satisfizo la petición elevada por parte de la VEEDURIA MANOS LIMPIAS EN
CORPOCESAR. En efecto, entregó: i) Acuerdo 0051 del Consejo Directivo con fecha
26 de octubre de 2021 “por medio del cual se designa Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR” y oficios de: ii) la Corporación al alcalde
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El demandante se refiere al acuerdo 008, pero en realidad corresponde al Acta 005 del 26 de octubre
de 2021. El acto mediante el cual se declaró la elección es el Acuerdo 008 de 2021. Sin embargo, el
acta de la sesión en la que el Consejo Directivo de Corpocesar eligió al demandado, corresponde al
Acta 005 del 26 de octubre de 2021.
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de El Copey para celebrar el día 26 de octubre de 2021 reunión ordinaria del
Consejo Directivo iii) la Corporación al delegado del ministro de Ambiente para
celebrar el día 26 de octubre de 2021 reunión ordinaria del consejo directivo y iv) de
la corporación al gobernador del departamento para celebrar el día 26 de octubre
de 2021 la sesión del consejo directivo.
Afirmó que en la “convocatoria” que realizó CORPOCESAR para la deliberación a
celebrarse el martes 26 de octubre de 2021 a las diez de la mañana, fecha y hora
en la que resultó elegido el nuevo director de la Corporación, no se indicó que la
reunión era con el fin de determinar el procedimiento a seguir con ocasión de la
nulidad de la elección del anterior director, el señor John Valle Cuello. Menos aún
se anunció que ese día se elegiría al director en propiedad.
Señaló que, si lo decidido por el Consejo Directivo era continuar con el proceso para
elegir al director de la Corporación con fundamento en la nulidad electoral decretada
por el Consejo de Estado, nada se dijo al respecto en la sesión. En consecuencia,
el día y hora señalados “se eligió irrazonablemente” al doctor Jorge Luis Fernández
Ospino sin resolver las recusaciones que pesaban sobre el proceso de elección de
John Valle Cuello.
Aseguró que las recusaciones pendientes y que debían ser resueltas en este nuevo
proceso eleccionario “minaban el cuórum” y por tanto debían tramitarse ante la
Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, esto no se hizo.
Precisó que en la sentencia del 4 de marzo de 2021 mediante la cual se declaró la
nulidad del entonces director de CORPOCESAR, se destacó por el Consejo de
Estado la obligación de decidir las faltas absolutas presentadas en esa elección.
Explicó que el 24 de octubre de 2019 se efectuó reunión ordinaria del Consejo
Directivo contenida en el Acta No. 010, se presentaron dos (2) faltas absolutas
contra los representantes de las Comunidades Indígenas, Pedro Daza Cáceres y
representante de las Comunidades Negras, José Tomás Márquez Fragoso por parte
de la ciudadana Cristina Camelo Callejas, ambas fueron demostradas y confirmadas
en la citada reunión por el secretario general de la Corporación de lo cual se dejó
constancia en el numeral 3 “estudio y resolución de recusaciones” literal A y B de la
citada reunión ordinaria. No obstante, se violentó por parte del Consejo Directivo los
estatutos (Art., 32) que señala el procedimiento aplicable a esta tipología de faltas
establecido en la Resolución 128 de 2000 art., 9 literal g3 (comunidades indígenas)
y el Decreto 1523 de 2003 artículo 9 literal f 4 (comunidades negras),
respectivamente, que señala, “en caso de falta absoluta del representante, el
suplente ejercerá sus funciones por el tiempo restante”.
Destacó que el mismo día se radicó ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR,
por parte del ciudadano Gerardo Zuleta, “solicitud de suspensión del proceso
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electoral mediante el cual se pretende elegir director para el periodo 2020-2023”,
suspensión “hasta tanto no se resuelvan de fondo las recusaciones presentadas contra
los señores SERGIO ARAÚJO CASTRO, VIANIS DIDIER URÁN, (…)”. Igualmente, el 24
de octubre de 2019 ante CORPOCESAR se elevó por parte del ciudadano Gonzalo
Raúl Gómez Soto por conducto de apoderado judicial, el doctor Jorge Luis Maziri
Ramírez, varias recusaciones (6) contra los consejeros y dos (2) faltas absolutas.
Aseguró que el consejo directivo no surtió el trámite exigido en el artículo 12 del
CPACA, principalmente que era la Procuraduría quien debía decidir las
recusaciones, violentando de paso el precedente judicial del Consejo de Estado.
Expuso que el accionante y candidato a la dirección de CORPOCESAR, el señor
Gonzalo Raúl Gómez Soto, elevó queja disciplinaria contra los consejeros miembros
del sector privado, queja que de acuerdo con la Procuraduría Regional del Cesar
también habría sido remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar
contra: Julio Cesar Lozano Mejía, José Luis Gámez Daza, Manuel Gutiérrez
Villalobos y Jesús Manosalva Fonseca. Lo anterior configuraba las causales de
recusación contenidas en el art. 12 del CPACA numerales 5 y 6, sin que se hayan
declarado impedidos los mismos para el proceso de elección del director de
CORPOCESAR que tuvo lugar el 26 de octubre de 2021.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sobre este particular, el demandante refirió lo siguiente:
“El acuerdo No. 0088 del 26 de octubre de 2021, por medio del cual el Consejo
Directivo designa al Dr., JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO en el cargo de
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”
para el restante periodo institucional 2020-2023, i) violenta las normas superiores
en las que debía fundarse, es decir, el debido proceso administrativo consignado en
el artículo 29 de la Constitución Política, en efecto, se violó el procedimiento
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 para las recusaciones y faltas
absolutas que afectaron el quorum del proceso eleccionario (6 de los 13 consejeros
estaban recusados y 2 más presentaban faltas absolutas); así mismo, los estatutos
de CORPOCESAR contenidos en la Resolución 1308 del 13 de septiembre de 2005,
art., 42 (La elección de Director General requerirá́ el voto favorable de la mayoría
absoluta de los integrantes del Consejo Directivo, entendida esta como la mitad más
uno de sus miembros), y, ii) falta de competencia del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Cesar para decidir las recusaciones, las faltas
absolutas y por ende proferir el acto de elección, por cuanto de manera transversal
se encontraba afectado el quorum, de suerte que, tal como lo exige el art., 2 del
CPACA, “la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida.
(…) La causal de nulidad de los actos administrativos, gira en torno a una causal
genérica, como es la vulneración del ordenamiento jurídico, la infracción de una
norma superior, constitucional o legal, para el caso concreto, en primer lugar,
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constitucional en el entendido de que se configura la “falta de aplicación” o no
aplicación de la Constitución, sobre todo, el debido proceso contenido en el artículo
29, y lo reglado en el artículo 12 del CPACA en el sentido de que el proceso
eleccionario objeto de nulidad electoral presentó 6 recusaciones y dos faltas
absolutas, claramente estaba afectado el quorum deliberativo y decisorio, al tiempo
que si los estatutos de la Corporación exigen ciertas calidades, fuerza concluir que
esa elección desconoce “[l]a imperatividad de los estatutos es una obligada
consecuencia de la libertad de organización que la Constitución reconoce a los
partidos y movimientos. Adoptada libremente la norma interna que ha de regirlos,
se sigue como consecuencia inexorable la obligatoriedad de sus mandatos”29. Al
mismo tiempo, la nulidad electoral que invoca el presente medio de control busca
garantizar la intangibilidad del reglamento, la transparencia, imparcialidad (art., 209
superior) y autenticidad del proceso electoral”.
2. Expediente 11001-03-28-000-2021-00077-00
2.1. Pretensión
El señor Hermann Gustavo Garrido Prada, en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA,
pretende:
(…) demandar en nulidad electoral el Acuerdo No. 008 de octubre 26 de 2021
expedido por el CONSEJO DIRECTIVO de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CESAR por medio del cual se designó a JORGE LUIS
FERNANDEZ OSPINO en el cargo de Director General de CORPOCESAR para
finalizar el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de
2023 (…)
2.2. Hechos
Recordó que mediante Acuerdo No. 008 del 20 de septiembre de 2019, el Consejo
Directivo de CORPOCESAR reglamentó el procedimiento interno para la
designación de su director general, para el período comprendido entre el 1° de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2023, en virtud del cual dicho colegiado convocó para
el 24 de octubre de 2019 la sesión donde se eligió para ese cargo a John Valle
Cuello, habiendo decidido de forma previa a la elección pero en la misma sesión: (i)
seis (6) recusaciones interpuestas contra igual número de consejeros y (ii) dos (2)
solicitudes de declarar la vacancia absoluta respecto de los representantes de las
negritudes y las comunidades indígenas.
Rememoró que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de marzo de 2021,
MP Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00001-00, declaró la nulidad
“de la elección del señor John Valle Cuello como Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), contenida en el acuerdo No. 009 de 2019
del Consejo Directivo de la misma entidad”. Lo anterior, en razón a que las recusaciones
y las faltas absolutas a las que se hizo referencia fueron resueltas en clara
vulneración de las normas superiores que rigen este tipo de procedimientos
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eleccionarios.
Enfatizó que en dicha providencia, se concluyó que el Consejo Directivo de
CORPOCESAR no contaba con el cuórum estatutariamente establecido para
pronunciarse respecto de las recusaciones presentadas los días 23 y 24 de octubre
de 2019 en contra de 6 de los 13 miembros del citado corporativo, por lo que al
haber decidido las mismas desconoció lo contemplado en el artículo 12 de la Ley
1437 de 2011, precepto que le imponía suspender el procedimiento administrativo
y enviar los escritos pertinentes a la Procuraduría General de la Nación.
Sostuvo que una vez en firme el fallo que declaró la nulidad del acto de elección del
señor John Valle Cuello y reanudado el proceso de elección, entre el 5 y el 12 de
mayo de 2021, se presentaron diez (10) nuevas recusaciones contra ocho (8)
miembros del Consejo Directivo de CORPOCESAR, conforme consta en el oficio
del 26 de mayo de 2021 dirigido a la Procuraduría General de la Nación. El asunto
de aquel documento era “remisión de recusaciones”, en el que se hace alusión a
que en la sesión previa del Consejo Directivo de CORPOCESAR, llevada a cabo el
18 de mayo de 2021, se tomó la decisión de dar aplicación al artículo 12 del CPACA
respecto de estas nuevas recusaciones en cuanto las mismas afectaban el cuórum
deliberatorio y decisorio.
Indicó que la Procuraduría General de la Nación, a través de auto 15 de octubre de
2021, negó la prosperidad de las recusaciones radicadas entre el 5 y el 12 de mayo
de 2021. Sin embargo, resaltó el libelista, el Ministerio Público no emitió decisión
alguna frente a las recusaciones formuladas el 23 y 24 de octubre de 2019, toda vez
que las mismas nunca fueron remitidas por el Consejo Directivo, tal como lo
reconoce la Secretaría General de CORPOCESAR en el Oficio SG-042 del 20 de
diciembre de 2021.
Afirmó que una vez agotado lo anterior, el consejo directivo expidió el Acuerdo 008
de 26 de octubre de 2021, mediante el cual designó a Jorge Luis Fernández Ospino
como director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, sin que se
hubieren remitido al Ministerio Público las recusaciones presentadas en octubre de
2019.
2.3 Normas violadas y concepto de la violación.
La parte actora alegó que el acto acusado se encuentra incurso en los vicios de
nulidad por infracción a norma superior, expedición irregular y falta de competencia,
los que se derivan del desconocimiento de las normas superiores en que debió
fundarse, en particular los artículos 29 de la Constitución Política; 12 de la Ley 1437
de 2011; 1º, 13 y 14 del Acuerdo 008 de 20 de septiembre de 2019 y 42 de los
estatutos de la Corporación (Resolución 1308 de 2005). Lo anterior, con fundamento
en las siguientes razones:
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Explicó que el trámite administrativo no se ajustó a las normas que regulan el
procedimiento eleccionario, ni tampoco a los principios de moralidad, transparencia
e imparcialidad, habida cuenta que, previo a la elección del señor Jorge Luis
Fernández Ospino, no se remitieron a la Procuraduría General de la Nación las
recusaciones formuladas los días 23 y 24 de octubre de 2019 para que esa entidad
resolviera lo que en derecho correspondía. Luego de ello, sí estas se declaraban
infundadas, los cinco (5) miembros del consejo directivo recusados podían retomar
la competencia para actuar dentro del proceso.
Censuró el hecho que tan solo se le dio trámite a las nuevas recusaciones que se
formularon entre el 5 y el 12 de mayo de 2021, las cuales fueron radicadas con
posterioridad a la declaratoria de nulidad de la primera elección. De esta manera, el
consejo directivo pasó por alto aquellas presentadas en octubre de 2019, hasta el
punto de nunca haberlas remitido a la Procuraduría General de la Nación, lo que
conllevaba a que los integrantes de dicho organismo cuya imparcialidad se puso en
tela de juicio carecieran de competencia ratione temporis. Esto es, que su facultad
de actuar ante ese colegiado estaba suspendida en el tiempo hasta tanto el máximo
órgano del Ministerio Público decidiera la prosperidad de los supuestos impeditivos
alegados.
Agregó que en el trámite de expedición del acto acusado se incurrió en otras
irregularidades, toda vez que: (i) la sesión en la que se dio la elección no había sido
convocada con tal fin exclusivamente, ni se publicó previamente la modificación del
cronograma electoral; (ii) no se cumplió con la exigencia que la elección del director
general hubiera obtenido el apoyo favorable de la mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo Directivo, pues de los ocho (8) votos que obtuvo el
demandado debían excluirse aquellos que resultaron espurios correspondientes a
los cinco (5) consejeros que votaron habiendo sido recusados en el año 2019. Ello,
afirmó, se puede constatar en la certificación del 17 de diciembre de 2021, emanada
de la Secretaría General de CORPOCESAR, en la que se leen los nombres de
quienes participaron en la reunión de elección.
Explicó que, tal como consta en el acta de reunión 05 del 26 de octubre de 2021, la
elección del director general de CORPOCESAR se dio en un consejo ordinario que
estaba dispuesto para discutir temas distintos a dicha designación, la cual fue
incluida en el último punto de orden del día denominado “ 5. Proposiciones y varios”.
Además, la nueva fecha de elección no fue anunciada en un nuevo cronograma y
tampoco fue publicada por ningún medio físico o electrónico, hecho que es
reconocido en el oficio SG-001 de 11 de enero de 2022, expedido por la Secretaría
General de CORPOCESAR.
Concluyó que se desconoció el artículo 13 del Acuerdo No. 008 del 20 de
septiembre de 2019 el cual dispone que “La designación del Director General de la
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Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, para el período 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2023, será realizada en sesión ordinaria o extraordinaria del
Consejo Directivo, en la fecha establecida para tales efectos en el cronograma (…)”.
3. Expediente 11001-03-28-000-2021-00076-00
3.1. Pretensión
El ciudadano Brayan David Carmona Porto, actuando en nombre propio, interpuso
el 9 de diciembre de 2021, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó
lo siguiente:
“Que se declare la nulidad de la elección del Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR- JORGE LUIS FERNANDEZ
OSPINO para el periodo restante del 2020-2023 contenida en el acta de reunión del
día 26 de octubre de 2021. Declarar la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del acto demandado.
Conforme a la nulidad del proceso eleccionario del director general de
CORPOCESAR, elegir al nuevo director conforme lo dicta la Ley”.
3.2. Hechos
Relató el proceso de elección del director general de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar -CORPOCESAR-, llevada a cabo el 24 de octubre del 2019, en
el cual resultó designado el señor Jhon Valle Cuello, haciendo especial énfasis en
la presentación de recusaciones contra 6 integrantes del Consejo Directivo y la
limitación en la participación de los representantes de las comunidades indígenas y
afrodescendientes.
Indicó que, el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante providencia del 4 de
marzo de 2021 declaró la nulidad de la designación antes señalada, con fundamento
en la afectación del quórum decisorio requerido para la misma, a causa de las
circunstancias expuestas en el párrafo precedente. La parte actora in extenso trajo
el sustento de la anterior decisión, con miras a demostrar como tales circunstancias
afectan la validez del acto electoral ahora enjuiciado, a saber:
i) Frente al trámite de CORPOCESAR para decidir la falta absoluta los
representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes ante el Consejo
Directivo por sus ausencias reiteradas, se concluyó que no es procedente fijar como
consecuencia la pérdida del derecho al voto sin que previamente se garantice el
debido proceso, por lo que emana claro que el cuórum seguía siendo de 13 y no de
11 miembros, como erróneamente lo precisó el presidente del corporado, la parte
demandada y la agente del ministerio público en sus alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.
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(ii) En relación con la forma en que fueron atendidas las recusaciones, se señaló
que cada uno de los seis miembros sobre los que recayó la recusación participaron
de las decisiones sobre sus compañeros, que a su turno también se encontraban
recusados, lo cual afectó el principio de imparcialidad. Ello conllevó a la afectación
del cuórum deliberatorio y tal irregularidad tiene incidencia en la decisión final pues
afectó el quórum por cuanto solamente podían adoptar decisiones válidamente los
siguientes miembros:
1. Francisco Ovalle Angarita, Gobernador del Cesar y Presidente del Consejo
2. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, Delegado del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
3. Maritza Pérez Ramírez, Alcaldesa del municipio de Chimichagua
4. Oscar Guillermo Angulo Mejía, Delegado del Alcalde del Municipio de El Paso
5. Juan Francisco Villazón Tafur, Alcalde municipio de Pueblo Bello
6. Henry Alí Montes Montealegre, Alcalde municipio de Aguachica
Manifestó que, dictado el fallo antes transcrito se presentó solicitud de aclaración y
adición de este, con miras a determinar la vigencia de los actos proferidos de forma
previa a la sesión de elección, como lo es la lista de aspirantes inscritos.
Refirió que la petición reseñada fue negada en providencia de la misma corporación
judicial, en la que, entre otras circunstancias, se consideró que la entidad podía
retomar el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó́ la
irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza que parte de la
actuación no estuvo viciada.
Indicó que: “…tan solo este concepto fue suficiente para que a fecha 26 de octubre de
2021 el consejo directivo de la corporación autónoma regional del cesar CORPOCESAR,
procediera a tomar un nombre de la lista de elegibles para suplir la vacancia, sin tener en
cuenta que la falla no estuvo en la elección, la falta estuvo en la mala resolución de las
recusaciones, por eso era necesario tomar decisiones en cuanto a las recusaciones
presentadas pues estas tuvieron incidencia en la nulidad del director general DR. JOHN
VALLE CUELLO y si se va seguir un proceso dentro de una convocatoria pública, era
necesario notificarle a los demás participantes sobre la decisión del consejo directivo, tal
como se hizo en la publicación de la convocatoria, listado de participantes, lista de elegibles,
reclamaciones, resultado de las reclamaciones hasta llegar a una situación de entrevista en
pro del principio de trasparencia, publicidad y el debido proceso los cuales rigen a la
administración pública".
3.3 Normas violadas y concepto de la violación.
El demandante refirió como cargos que el acuerdo por medio del cual se eligió́ al
señor Jorge Luis Fernández Ospino el 26 de octubre de 2021, como director general
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Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” para el período
restante del 2020-2023, “i) violenta las normas superiores en las que debía fundarse, es
decir, el debido proceso administrativo consignado en el artículo 29 de la Constitución
Política, en efecto, se violó el procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011 para las recusaciones, y faltas absolutas que afectan el quorum, los estatutos de
CORPOCESAR contenidos en la Resolución 1308 del 13 de septiembre de 2005, y, ii) falta
de competencia del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar para
decidir las recusaciones, las faltas absolutas y por ende proferir el acto de elección, por
cuanto de manera transversal se encontraba afectado el quorum, por tanto, tal como lo
exige el art., 2 (sic) del CPACA, “la actuación administrativa se suspenderá́ desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se
decida”.
Sostuvo que el acto demandado va en contra de las disposiciones jurisprudenciales
contenidas en el fallo de nulidad electoral de fecha cuatro (04) de marzo de dos mil
veinte (sic) (2021) de radiación: 11001- 03-28-000-2020-00001-00”.
Adujo que el acto electoral transgrede las normas superiores en que debería
fundarse, por cuanto, el Consejo Directivo de CORPOCESAR no podía decidir lo
correspondiente a las referidas irregularidades, en tanto se afectó el cuórum
necesario. En efecto, precisó que debido a que 8 de los 13 miembros del consejo
directivo no podían ejercer su derecho al voto, dado que 6 estaban recusados y
frente a 2 de ellos se predicaba una falta absoluta, se debía suspender el proceso
y no declarar la elección como sucedió.
Explicó que en el presente asunto resultaba aplicable la teoría de la intangibilidad
del reglamento creada por el Consejo de Estado, sobre la cual se entiende que una
entidad tiene la facultad para proferir sus propias normas regulatorias, las cuales
deben ser atendidas para las determinaciones que se tomen en su interior. Ello con
el propósito de indicar que la elección controvertida no podía llevarse a cabo, toda
vez que el artículo 42 de los estatutos de CORPOCESAR, contenidos en la
Resolución 1308 del 13 de diciembre de 2005, describe que la designación del
director de la entidad debe hacerse con la mayoría de los integrantes del consejo
directivo, lo que según la disposición sería la mitad más uno de sus miembros. Sin
embargo, como en el presente caso se presentaron 6 recusaciones y 2 faltas
absolutas, no había la cantidad de miembros requerida para tomar la mencionada
decisión.
Precisó que con el proceso eleccionario no se respetó el debido proceso y el
procedimiento para la resolución de las recusaciones contenido en el artículo 12 de
la Ley 1437 de 2011, debido a que las mismas no fueron tramitadas de acuerdo con
la mencionada disposición. Lo cual se traduce en el desconocimiento del principio
de legalidad y en la citada violación de la regulación propia de la entidad.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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4. Contestaciones
Comoquiera que los escritos presentados en los tres procesos acumulados son
reiterativos en los argumentos de defensa planteados, la Sala expondrá de manera
sintética las contestaciones a las demandas presentadas así:
4.1. Demandado
El apoderado del señor Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR,
contestó la demanda en los siguientes términos:
Sostuvo que las recusaciones se presentaron en el momento de la elección, es decir
con la conformación del listado definitivo de aspirantes no hubo ningún tipo de
recusación. Al definir el Consejo de Estado que el consejo directivo podía requerir
una nueva convocatoria o en su defecto continuar el proceso anterior antes que se
presentaran las irregularidades (conformación del listado definitivo de aspirantes),
se retomó el proceso de elección. Para ese momento se presentaron unas
recusaciones contra ocho (8) miembros del consejo directivo, y con la finalidad de
no incurrir nuevamente en irregularidades, se enviaron las recusaciones al
despacho de la procuradora General de la Nación quien posteriormente las negó.
Explicó que el 26 de octubre de 2021 el Consejo Directivo de CORPOCESAR
decidió retomar el proceso y de la lista definitiva escogió el nombre de Jorge Luis
Fernández Ospino. Aclaró que dicha elección le correspondió a un nuevo consejo
directivo de la corporación que se posesionó desde 1 de enero de 2020. Es decir,
en esta elección no participaron los mismos miembros que estaban para el momento
en que se declaró la nulidad de la primera elección por el Consejo de Estado. De
manera que, afirmó que no puede confundirse los hechos que rodearon la elección
del señor Jhon Valle Cuello, con la que es objeto de la presente demanda.
Mencionó que en la elección de Jorge Luis Fernández Ospino, que data de 2021,
se pusieron en conocimiento de la Procuraduría General las recusaciones que
fueron presentadas, las cuales fueron decididas por la Procuraduría General de la
Nación (PGN), en decisión del 15 de octubre de 2021, en el sentido de no aceptar
las recusaciones.
Enfatizó que, ante el cambio de Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, existían miembros sobre los cuales se había presentado la
recusación, pero que para el 2021 (año de la elección que ahora se demanda) no
hacían parte del órgano directivo de CORPOCESAR.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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4.2. Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR
La corporación pese a que fue notificada en debida forma se abstuvo de contestar
la demanda.
Igualmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco intervino
en el presente asunto.
5. Actuación procesal
Mediante auto del 27 de enero de 2022 se admitió la demanda del proceso 11001-
03-28-000-2021-00078-00 y se negó la solicitud de suspensión provisional del acto
demandado. Asimismo, se ordenó la notificación personal de dicha providencia al
demandado y demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A través de proveído del 10 de febrero de 2022 se admitió la demanda del proceso
11001-03-28-000-2021-00077-00, se negó la solicitud de suspensión provisional del
acto acusado y se ordenó la notificación personal de dicha providencia al
demandado y demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Posteriormente,
se admitió la reforma a la demanda mediante auto del 23 de febrero del presente
año, mediante la cual se aportaron nuevas pruebas. Luego, el 17 de marzo de 2022
se resolvió el recurso de reposición formulado contra la providencia en la que se
negó la medida cautelar, en el sentido de no reponerla.
Por auto del 3 de febrero de 2022 fue admitida la demanda en el proceso 11001-03-
28-000-2021-00076-00, se negó la solicitud de suspensión provisional del acto
acusado y se ordenó la notificación personal de dicha providencia al demandado y
demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El 1 de marzo de 2022 fue contestada la demanda por el demandado en el proceso
11001-03-28-000-2021-00078-00. El 17 de marzo siguiente se ordenó mantener
dicho expediente en la secretaría por una posible acumulación con los otros dos
expedientes señalados. Por su parte, en los procesos 11001-03-28-000-2021-
00077-00 y 11001-03-28-000-2021-00076-00 el memorial de contestación se
remitió el 8 de marzo de 2022.
Mediante providencia del 28 de abril de 2022 se ordenó acumular los procesos de
la referencia y realizar la diligencia de sorteo del magistrado que actuaría como
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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ponente, el cual se haría entre quienes tramitaron los expedientes acumulados.
Hecho el sorteo le correspondió tramitar el proceso al que ahora funge como
ponente.
A través de proveído del 13 de mayo de 2022 el despacho sustanciador advirtió que
en este caso es posible dictar sentencia anticipada de conformidad con lo
establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Ello en
consideración a que no había excepciones previas que resolver, con la salvedad de
que las propuestas por el apoderado del demandado son de mérito o fondo y por
ende, serían resueltas en la sentencia. Además, revisados los escritos de demanda,
traslado de la solicitud de medida cautelar y contestaciones de la demanda se
evidenció que las partes se limitaron a aportar pruebas documentales, sin que sobre
aquellas se haya formulado tacha o desconocimiento, razón por la cual, se
configuraba la causal c) del numeral 1 del artículo 182A referido para dictar
sentencia anticipada dentro del presente asunto. También se podía aplicar el literal
d) de la referida norma, en tanto que, solo se advirtieron algunas solicitudes
probatorias por parte del demandante en el expediente 11001-03-28-000-2021-
00077-00, las cuales se negaron por no resultar necesarias ni pertinentes, puesto
que aquellas ya se encontraban en el expediente acumulado.
Por lo anterior, en la referida providencia el despacho procedió a decretar las
pruebas documentales aportadas y a fijar el litigio en los siguientes términos:
“Con base en los argumentos planteados en la demanda y sus contestaciones,
se advierte que en este caso se debe establecer si hay lugar a declarar la
nulidad del Acto 008 del 26 de octubre de 2021 a través del cual el Consejo
Directivo de Corporación Autónoma Regional del Cesar designó al señor Jorge
Luis Fernández Ospino como director de dicha corporación.
Para el efecto se debe determinar si el acto de elección se encuentra viciado de
nulidad por haber violado las normas en que debía fundarse, esto es, los
artículos 29 Superior, 12 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 1308 del 13
de septiembre de 2005 -estatutos de CORPOCESAR-, en atención a un
presunto desconocimiento del trámite dado a unas recusaciones previamente
presentadas a la expedición de dicho acto, así como a una presunta falta de
competencia del Consejo Directivo para adoptar el mismo, en tanto debió remitir
los escritos recusatorios a la Procuraduría General de la Nación.
De modo que, deberá establecerse si, el señor Fernández Ospino no podía ser
elegido director de la referida corporación en atención a que, en criterio de los
actores, el Consejo Directivo de Corpocesar no contaba con el quórum
estatutariamente establecido para pronunciarse respecto de las recusaciones
presentadas en contra de 6 de los 13 miembros del citado corporativo. Según
el dicho de los demandantes, al haber decidido las recusaciones desconoció lo
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, precepto que le imponía
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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suspender el procedimiento de elección y enviar los escritos pertinentes a la
Procuraduría General de la Nación.
En ese orden, deberá determinarse si, la totalidad de las recusaciones
formuladas debían ser resueltas por la Procuraduría General de la Nación y si
dicha entidad se pronunció sobre aquellas antes de que el Consejo Directivo de
Corpocesar procediera con la elección aquí demandada”.
Por último se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de
conclusión por el término común de diez (10) días dentro del cual la señora agente
del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
6. Alegatos de conclusión
6.1. Parte demandante
El señor Hermann Gustavo Garrido Prada, demandante en el proceso 10001-03-
28000-2021-00077-00, presentó memorial con sus alegatos de conclusión, en los
siguientes términos:
Precisó que está debidamente probado, en cuanto a las recusaciones formuladas
entre el 23 y 24 de octubre de 2019 contra varios miembros del Consejo Directivo
de CORPOCESAR – a las que se referirá como las primeras recusaciones-, que
aquellas fueron resueltas ilegalmente, por órgano incompetente, habiéndose
pretermitido el trámite que le imponía el artículo 12 del CPACA. Es decir, conforme
a dicha normativa debían ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación, la
cual era competente para resolver dichas recusaciones. Sin embargo, ello no fue
así y por lo tanto se vulneró no solo el debido proceso sino además los principios
de eficiencia y transparencia, bajo el entendido que el Consejo Directivo de
CORPOCESAR no podía adoptar decisiones hasta tanto no se hubiese resuelto en
legal forma las recusaciones interpuestas.
Expuso que, como quiera que el cuórum decisorio se vio afectado, el Consejo
Directivo de CORPOCESAR había perdido la competencia para resolver las
recusaciones en cuyo caso, previo pronunciamiento de cada consejero recusado se
debió remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que
resolviera lo que en derecho correspondía. No obstante, pretermitiendo ese
procedimiento, dicho consejo resolvió, sin tener la competencia para ello, todas las
recusaciones del 2019 declarándolas infundadas.
Destacó que fue justamente esa irregularidad la que derivó en la nulidad electoral
proferida el 12 de marzo de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante sentencia de nulidad en el expediente 11001-03-28-000-2020-00001-00
declarando nula la elección de John Valle Cuello - director general de la Corporación
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”.
Anotó que también está debidamente probado que respecto del mismo proceso de
elección, entre el 5 y 12 de mayo de 2021 se formularon nuevas recusaciones contra
varios miembros del Consejo Directivo de CORPOCESAR -a las que se refiere
como las segundas recusaciones-, las cuales diferían de las primeras recusaciones.
El Consejo Directivo de CORPOCESAR determinó enviar a la Procuraduría General
de la Nación únicamente las segundas recusaciones, las formuladas entre el 5 y 12
de mayo de 2021. Sin embargo, dejó de remitir a la Procuraduría las primeras
recusaciones, las formuladas entre el 23 y 24 de octubre de 2019, las cuales
quedaron tal cual como inicialmente aconteció, vale decir, resueltas por ellos
mismos.
Sustentó que con la reforma de la demanda se aportaron como pruebas las
segundas recusaciones, formuladas en mayo de 2021, las que al confrontarlas con
las primeras recusaciones, formuladas en octubre de 2019 aportadas con la
demanda inicial, es posible determinar que son diferentes las unas de las otras, de
tal suerte que, al resolverse las segundas no se entenderían subsumidas las
primeras. Razón por la que, pese a que el Consejo Directivo de CORPOCESAR
había determinado retomar el procedimiento electoral justo en el momento antes de
que se presentó la irregularidad, en realidad lo retomó “justo después del momento
antes de que se presentó la irregularidad, repitiendo el vicio que hizo anulable la primera
elección y que sin duda hace anulable la que aquí se cuestiona”.
Destacó que varios de los miembros del Consejo Directivo de CORPOCESAR que
estando recusados en el año 2019 eligieron al señor Jorge Luis Fernández Ospino
como su director general, continuaban integrando dicho Consejo en el año 2021,
exactamente cinco (5) consejeros, quienes sin que se les hubiese resuelto por la
autoridad competente las primeras recusaciones votaron en el año 2021 por el
nuevo director general de CORPOCESAR.
Resaltó que según certificación extendida el 17 de diciembre de 2021 por la
secretaria general (E) de CORPOCESAR en la sesión llevada a cabo el 26 de
octubre de 2021 (elección del demandado) participaron los siguientes consejeros:
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
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Alegó que los consejeros (i) Sergio Rafael Araújo Castro, representante del
presidente de la República, (ii) Viannys Inés Guerra Rodríguez, representante
organizaciones sin ánimo de lucro y ONG´S, (iii) Didier Urán Torres, representante
organizaciones sin ánimo de lucro y ONG´S, (iv) Julio Cesar Lozano Mejía,
representante de los gremios productivos, y, (v) Pedro Antonio Daza Cáceres,
representante de las comunidades indígenas Wiwa, según consta en el Acta 05 del
26 de octubre de 2021 votaron por el señor Jorge Luis Fernandez Ospino como
director general de CORPOCESAR, pese que frente a ellos no se resolvieron las
recusaciones formuladas en el 2019.
Precisó que, además, dicha circunstancia fue certificada por la secretaria general
(E) de CORPOCESAR mediante oficio SG-042 del 20 de diciembre de 2021, en el
que señala que esas primeras recusaciones formuladas entre el 23 y 24 de octubre
de 2019 nunca fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación para su
trámite:
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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Señaló que está probado fehacientemente que se incurrió en un vicio insalvable al
no haberse resuelto por la autoridad competente las primeras recusaciones -
interpuestas en el mes de octubre de 2019-, habiéndose retomado el proceso
anulado justo en el mismo momento en que se presentó el vicio por el cual se
decretó su nulidad. Afirmó que lo que ha debido hacer el Consejo Directivo de
CORPOCESAR era enviar a la Procuraduría General de la Nación, todas las
recusaciones, tanto las formuladas en octubre de 2019 como las formuladas en
mayo de 2021, y no solo estas últimas como ocurrió. Máxime si tenían pleno
conocimiento de que las primeras recusaciones habían sido ilegalmente resueltas
por ellos mismos.
Solicitó que se remita a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General
de la Nación la actuación desplegada por el apoderado del demandado, quien faltó
a la verdad cuando afirmó que el señor Hermann Gustavo Garrido Prada de manera
desinformada dijo que las recusaciones formuladas entre el 23 y el 24 de octubre
de 2019 no fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación para su trámite
y decisión. Sostuvo que el referido abogado afirmó sin respaldo probatorio sobre
esas seis (6) recusaciones que (i) no fueron presentadas, o, (ii) que de haber sido
presentadas estas fueron resueltas por la Procuraduría General de la Nación,
manifestación que no se compadece con la realidad y con ella se buscó inducir en
error a esta Corporación.
Aclaró que, si bien es cierto que se dio la elección de algunos miembros del Consejo
Directivo de CORPOCESAR por finalización del período, lo cierto es que de seis (6)
consejeros recusados en octubre de 2019, cinco (5) consejeros participaron en la
elección llevada a cabo en octubre de 2021 y, tan solo un (01) consejero ya no hacía
parte de dicho órgano de dirección que eligió a Jorge Luis Fernández Ospino como
el director de la corporación.
Anotó que la tesis del apoderado del demandado tendría cabida si la lista de
elegibles hubiera sido nueva, pues en ese caso las primeras recusaciones hubiesen
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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quedado sin piso, puesto de que aquellas se formularon en función de que
eventualmente algún integrante de dicha lista por razones de amistad, enemistad,
relación de negocios, parentesco y/o afinidad con algún miembro del Consejo
Directivo de CORPOCESAR podría nublar su imparcialidad. Sin embargo, al
mantenerse la misma lista de elegibles y los mismos cinco (5) consejeros sobre
quienes se formularon las recusaciones, estas debían resolverse para poder
despejar cualquier manto de duda sobre la elección de Jorge Luis Fernández
Ospino.
Indicó que de manera maliciosa el apoderado del demandado insinúa que la
Procuraduría General de la Nación al resolver las segundas recusaciones en su
análisis incluyó a las primeras recusaciones.
Adujo que, además, tal como consta en el Acta 05 del 26 de octubre de 2021, la
elección del director general de CORPOCESAR se dio en un consejo ordinario que
estaba dispuesto para discutir temas distintos a la referida elección. Tema que fue
incluido en el último punto de orden del día “5. Proposiciones y varios” violándose de
esta manera el artículo décimo tercero del Acuerdo 008 del 20 de septiembre de
2019 el cual dispone que “La designación del Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, para el período 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2.023, será realizada en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo
Directivo, en la fecha establecida para tales efectos en el cronograma…”. Adicionalmente,
señaló que conforme a lo certificado por parte del secretario general de
CORPOCESAR mediante oficio SG-001 del 11 de enero de 2022, no fue publicada
la nueva fecha establecida para la designación del director general de
COPORCESAR tal como lo disponía el artículo segundo del Acuerdo 008 del 20 de
septiembre de 2019.
Concluyó que al no haberse publicado la nueva fecha de elección del director
General de CORPOCESAR, se infringieron tanto el artículo 29 Superior como el
artículo 13º del Acuerdo No. 008 del 20 de septiembre de 2019 por cuanto no se
eligió al director general en la fecha establecida previamente para tales efectos en
el cronograma del proceso electoral ni se publicó previamente la modificación de
dicho cronograma -artículo 13º-.
6.2. Parte demandada
Por conducto de apoderado, el señor Jorge Luis Fernández Ospino alegó de
conclusión en los siguientes términos:
Aseguró que la irregularidad ocurrida en la elección de Jhon Valle Cuello como
director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, no puede predicarse en
esta oportunidad. Por el contrario, en la sesión del 26 de octubre de 2021 no se
presentaron impedimentos o recusaciones, y las que se habían presentado con
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anterioridad, fueron resueltas el 18 de octubre de 2021, donde se notificó por parte
de la Procuraduría General de la Nación, la resolución de las recusaciones
formuladas, documento que obra como prueba en la presente actuación.
Enfatizó que la anterior decisión abrió la posibilidad de que el Consejo Directivo
pudiera entrar a elegir director en propiedad y frenar la interinidad que se venía
presentado, como en efecto sucedió. Destacó que, ante la resolución de tales
recusaciones se procedió a retomar el procedimiento justo en el momento antes de
que se presentara la irregularidad por la cual se declaró la nulidad de la elección del
señor Jhon Valle Cuello, bajo el entendido de que se sabía con certeza que parte
de la actuación no estuvo viciada.
Indicó que, por lo anterior, se respetó la lista de elegibles existente y fue de ésta
que se escogió al director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, ahora
demandado. Además, sostuvo que el consejo directivo que procedió a realizar la
elección del demandado correspondía a uno nuevo, en tanto que se posesionó el 1
de enero de 2020, es decir, no era el mismo que eligió al señor Valle Cuello en el
2019, cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado.
Insistió que en la elección de Jorge Luis Fernández Ospino, que data de 2021, se
pusieron en conocimiento de la Procuraduría General las recusaciones que fueron
presentadas, las cuales fueron decididas el 15 de octubre de 2021, en el sentido de
no aceptarlas.
7. Concepto del Ministerio Público.
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en los
siguientes términos:
Destacó que la Sala Electoral del Consejo de Estado, determinó que el trámite de
las recusaciones llevado a cabo por el Consejo Directivo de CORPOCESAR en la
sesión del 24 de octubre de 2019, no correspondía al procedimiento previsto en el
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y hacía inane el sentido de las peticiones de
separación de los consejeros, como también quebrantaba el principio de
imparcialidad. Así, anotó que lo que establece el artículo mencionado, es que se
suspenda la sesión, se corra traslado a los recusados para poder entonces decidir
si hay o no cuórum, y de no haberlo, enviar las recusaciones a la Procuraduría
General de la Nación.
Sostuvo que, al no llevarse a cabo dicho trámite, se declaró la nulidad del acto de
elección del señor John Valle Cuello, como director general de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, contenida en el Acuerdo 009 de 2019 del Consejo
Directivo de la misma entidad. De ahí entonces, que los demandantes en la
presente actuación sostengan que aún no se les ha dado el trámite adecuado a las
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recusaciones presentadas el día 24 de octubre de 2019, que no es otro que remitir
las mismas a la Procuraduría General de la Nación para que tome la respectiva
decisión frente a cada una de ellas. Y hasta tanto no se actúe en ese sentido, no se
puede elegir a ningún otro ciudadano como director de CORPOCESAR, por lo que
según el argumento de los demandantes, el acto de elección del señor Jorge Luis
Fernández Ospino, es nulo.
Mencionó que, en virtud a lo dispuesto en la providencia SU-2015-00029-00, en
donde se indicaron los efectos de las sentencias que declaran la nulidad del acto de
elección, respecto de irregularidades dentro del proceso eleccionario, era preciso
destacar que, los escritos de recusación del 25 de octubre de 2019 se presentaron
en una etapa posterior a aquella en la cual se expidió el acta del 16 de octubre de
la misma anualidad y en donde se consignó el listado definitivo de aspirantes a
director de CORPOCESAR. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de los efectos
de la sentencia de la Sala Electoral del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2021,
se advierte ajustada a derecho, pues se dieron los presupuestos para proceder
nuevamente a rehacer el proceso de elección bajo la égida de las garantías
fundamentales de la participación, el derecho a elegir y ser elegido y el debido
proceso.
Adujo que los escritos recusatorios que se alegan como no resueltos, repercutieron
en la demanda de nulidad de la elección del señor John Valle Cuello, como director
general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, logrando en efecto, que
este acto fuera anulado bajo el argumento de no haberle dado el trámite legal a tales
recusaciones, esto es, aquel previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
Luego de la sentencia de nulidad electoral, el Consejo Directivo de CORPOCESAR
retomó el proceso eleccionario desde la etapa anterior a tal irregularidad, por lo que
esa delegada considera que las recusaciones presentadas el día 24 de octubre de
2019, no pueden ser aplicables a la elección de un nuevo director de dicho ente
corporativo.
Precisó que dentro del proceso de elección del señor Jorge Luis Fernández Ospino
como director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar también se
presentaron nuevos escritos de recusación, los que fueron remitidos a la
Procuraduría General de la Nación, entidad que mediante auto del 15 de octubre de
2021 los resolvió en el sentido de negar las recusaciones formuladas.
Destacó que el Consejo Directivo de CORPOCESAR, sí siguió en esta nueva
elección, respecto de las nuevas recusaciones presentadas, el trámite previsto en
el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, lo que conlleva al debido proceso y a la
legalidad del acto de elección.
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Rad: 11001032800020210007800 acumulado
Explicó que, si en gracia de discusión se considerara que los escritos de recusación
presentados el día 24 de octubre de 2019, son aplicables a la elección ahora
demandada, debe tenerse en cuenta que de aquellos consejeros recusados,
continúan en la Corporación, solo 5 de ellos. Teniendo en cuenta que de acuerdo
con los artículos 41 y 42 de los estatutos de CORPOCESAR, el Consejo Directivo
puede deliberar válidamente con la mitad más uno de sus miembros, en tanto que
las decisiones se adoptan con la mitad más uno de los asistentes, al haber asistido
a la sesión del 26 de octubre de 2021 un total de 11 (sic) de estos Consejeros, es
posible advertir que la mayoría eran seis, los cuales no tenían recusación. Razón
por la cual, se contaba con cuórum tanto deliberatorio como decisorio, y por tanto,
no era necesario seguir el trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011; esto es, enviar los escritos de recusación a la Procuraduría General de la
Nación para que los resolviera.
En conclusión, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia
de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin que obre causal de
nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del Consejo de Estado
a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de
nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 149
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2 y
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación3.
2
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:
(…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámara y sus
Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta
Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación.
(…)”
Se precisa que la norma aplicable en este caso es el artículo 149 del CPACA antes de su modificación por la
Ley 2080 de 2021, en tanto que el proceso de la referencia fue radicado en el año de 2021, antes de que
entraran en vigor las normas de competencia modificadas por la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de 2022).
3 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
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2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el acto de elección
del señor Jorge Luis Fernández Ospino como director de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar CORPOCESAR.
3. Problema Jurídico
La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo con la
fijación del litigio, si el acto de elección se encuentra viciado de nulidad por haber
violado las normas en que debía fundarse, esto es, los artículos 29 Superior, 12 de
la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 1308 del 13 de septiembre de 2005 -estatutos
de CORPOCESAR-. Ello, en atención a un presunto desconocimiento del trámite
dado a unas recusaciones previamente presentadas a la expedición de dicho acto,
así como a una presunta falta de competencia del Consejo Directivo para adoptar
el mismo, en tanto debió remitir los escritos recusatorios a la Procuraduría General
de la Nación.
De modo que, deberá establecerse si, el señor Jorge Luis Fernández Ospino no
podía ser elegido director de la referida corporación en atención a que, en criterio
de los actores, el Consejo Directivo de CORPOCESAR no contaba con el cuórum
estatutariamente establecido para pronunciarse respecto de las recusaciones
presentadas en contra de 6 de los 13 miembros del citado corporativo. Según el
dicho de los demandantes, al haber decidido las recusaciones desconoció lo
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, precepto que le imponía
suspender el procedimiento de elección y enviar los escritos pertinentes a la
Procuraduría General de la Nación.
En ese orden, deberá determinarse si la totalidad de las recusaciones formuladas
debían ser resueltas por la Procuraduría General de la Nación y si dicha entidad se
pronunció sobre aquellas antes de que el Consejo Directivo de Corpocesar
procediera con la elección aquí demandada.
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento,
los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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4. Marco legal y jurisprudencial de las recusaciones en los Consejos
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales
El trasfondo de las recusaciones y los impedimentos es el de asegurar la
independencia e imparcialidad de quienes de acuerdo con la ley deben adoptar una
decisión y deben separarse del proceso por la configuración de alguna de las
causales taxativamente señaladas en la ley4. Ello significa que se persigue el
ejercicio probo de la función. Por ello, como lo ha manifestado la Sala 5, los
impedimentos y recusaciones se han instituido como una garantía de la
imparcialidad de la autoridad, quien dentro de sus competencias tiene potestad de
tomar decisiones de naturaleza administrativa, electoral o judicial, pues el ejercicio
de tales competencias implica el respeto de los principios de transparencia,
imparcialidad y moralidad, como improntas que caracterizan el desempeño de las
atribuciones en garantía del interés general que evitan que circunstancias ajenas
inclinen de forma ilegítima su decisión.
Sobre la importancia de los principios de imparcialidad y transparencia, que
salvaguardan la institución de los impedimentos y las recusaciones, ha indicado la
Corte Constitucional6:
8. Los impedimentos y las recusaciones son instituciones de naturaleza
procedimental, concebidas con el propósito de asegurar principios sustantivos de
cara al recto cumplimiento de la función pública (art. 209 CP). Con ellas se pretende
garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia de quien tiene a su cargo el
trámite y decisión de un asunto (art. 29 CP), bajo la convicción de que solo de esta
forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad en la aplicación de la Ley
(art. 13 CP).
Ambas figuras “están previstas de antiguo en todos los ordenamientos y
jurisdicciones[66], aunque con distintos alcances y particularidades”[67]. Como es
sabido, el impedimento tiene lugar cuando la autoridad, ex officio, abandona la
dirección de un proceso, mientras que la recusación se presenta a instancia de
alguno de los sujetos procesales, precisamente ante la negativa del funcionario para
sustraerse del conocimiento de un caso[68]. En lo que se refiere concretamente a la
recusación, esta parte de la premisa de que lo que se evalúa es “si el interés de
quien se acusa de tenerlo es tan fuerte, que despierta en la comunidad una
desconfianza objetiva y razonable de que el juez podría no obrar conforme a
Derecho por el Derecho mismo, sino por otros intereses personales”[69].
Respetando el carácter autónomo de estas organizaciones medioambientales, de
manera reiterada7 la jurisprudencia de la Sección Quinta, ha indicado que en el
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 1 de febrero de 2018. Radicación
número: 11001-03-28-000-2016-00083-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 2 de abril de 2020. Exp. 11001-03-28-
000-2020-00040-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6
Corte Constitucional. Sentencia C - 532 de 2015. 19 de agosto de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Consejo de Estado – Sección Quinta. Exp. 11001-03-28-000-2016-0008-00, Fallo de 26 de junio de 2016, M.P. Alberto
Yepes Barreiro. Consejo de Estado – Sección Quinta. Exp. 2015-0054-00, Sentencia de 04 de agosto de 2016. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado – Sección Quinta. Exp. 11001-03-28-000-2016-0008-00, Fallo de 26 de junio de
2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, Auto de 9 de
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trámite de las recusaciones en los consejos directivos, por mandato del artículo 2
de la Ley 1437 de 2011 y ante la falta de norma expresa en sus estatutos, se aplica
lo dispuesto en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su Título I, Capítulo I, artículo 12, que establece el
procedimiento para su resolución8.
Es así como, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 determina expresamente que
cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público o de quien ejerza transitoriamente
dicha función, este debe declararse impedido para adelantar o sustanciar las
actuaciones administrativas respectivas, realizar investigaciones, practicar pruebas
o pronunciar decisiones definitivas. Así mismo, establece la posibilidad que en caso
de no manifestar su intención de separarse del asunto, pueda ser recusado.
En igual sentido, el procedimiento previsto para los impedimentos y recusaciones,
consagrado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, refleja un rito específico que,
entre otras cosas, vela de manera clara por la salvaguarda de la imparcialidad e
independencia de la que toda actuación administrativa debe dotarse y, en tal virtud,
define que estas se “suspenderá[n] desde (…) la presentación de la recusación, hasta
cuando se decida”, una vez el recusado manifieste “si acepta o no la causal invocada,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación”; es decir, se garantiza
que la actuación no pueda continuar, hasta tanto se hayan definido de fondo las
alegaciones relacionadas con las posibles causales de impedimento o recusación.
Esto último quiere decir que la actuación administrativa, esto es, los trámites
faltantes para adoptar la decisión de fondo deberán suspenderse hasta tanto se
marzo de 2017 Rad 2017-0007-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez (E). Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. No. 2016-
00088-00, C.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 20
de agosto de 2020. Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00001-00. M.P. Rocío Araujo Oñate. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 19 de marzo de 2020. Radicación número: 11001-03-28-000-2020-
00025-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto
de 20 de agosto de 2020. Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00061-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
8
Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011: 1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende
hasta cuando la recusación sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación
sea resuelta antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en este caso, votar en la elección
del director general.
En este punto debe tenerse en cuenta que si bien la norma no establece que la suspensión deba decretarse a través de una
providencia o actuación determinada, lo cierto es que el funcionario recusado no puede ejercer sus competencias, bien sea
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, hasta tanto la recusación sea resuelta.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o
no la causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos adicionales.
Finalmente esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo
tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los anteriores, el Procurador General o Regional,
según el caso.”
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resuelva la necesidad o no de separar del proceso a quien tiene la capacidad de
decidir sobre éste.
Como se señaló anteriormente, quien se encuentra en una causal de impedimento
o recusación, es separado del proceso para imprimirle transparencia a la actuación
y dotarla de imparcialidad. Debido a estos principios, quien resulta recusado no
puede más que separarse de cualquier asunto relativo a la sustanciación de las
actuaciones administrativas9, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas.
Teniendo en cuenta que la ley adjetiva, ordenó a quien se encuentre recusado o
impedido el deber de separarse de la actuación administrativa y el único derecho
que le asiste es pronunciarse sobre la recusación, lo cual implica que no puede
participar en la decisión o trámite de los impedimentos y recusaciones de personas
que se encuentren en su misma situación, toda vez que, resulta innegable, que
dicha decisión se adopta al interior de la actuación que proscribe su participación,
por virtud de la norma establecida.
Así las cosas, resulta categórica la prohibición que un recusado participe de la
decisión de otra recusación, pues su actuar se encuentra suspendido hasta que se
le resuelva su situación, dado que no puede realizar actuación alguna dentro del
proceso, del cual se le ha pedido sea apartado.
• Cuórum y mayorías
La Corte Constitucional10 ha establecido que el cuórum es indispensable en un
Estado Social y Democrático de Derecho, en el que el debate es necesario, por ello
define el cuórum deliberatorio como el número mínimo de miembros que deben
hallarse presentes en el recinto, para que se pueda entrar válidamente a discutir
sobre los temas objeto de atención. Por su parte indica que el cuórum decisorio
supone el número de miembros con el que se pueden adoptar decisiones, que
ordinariamente es de la mitad más uno de los miembros de una corporación, de
forma que se distinguen así:
“La existencia del quórum deliberatorio mínimo no permite per se que los
parlamentarios asistentes adopten decisión alguna, por lo tanto, el mismo artículo
en comento establece que las decisiones sólo podrán tomarse con la mayoría de
los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un
quórum diferente; es decir, se establece como regla general un quórum decisorio
que corresponde a la mitad más uno de los integrantes habilitados de cada
corporación o comisión, quienes deben estar presentes durante todo el proceso de
votación para manifestar su voluntad y resolver válidamente sobre cualquier asunto
sometido a su estudio. Significa lo anterior que, únicamente se pueden entrar a
adoptar decisiones cuando se ha establecido y certificado con claridad el quórum
9
Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
10
Corte Constitucional. Sentencia C- 087 de 2016. 24 de febrero de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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decisorio, independientemente de la modalidad de votación que se emplee”[29].
(Subrayado fuera de texto)
Como se puede advertir de la cita en mención, la presencia de las mayorías no se
erige necesaria únicamente con el fin de adoptar la decisión de fondo, ellas también
son requeridas para deliberar, entendido como la capacidad real para manifestar la
voluntad y para resolver los asuntos sometidos a estudio en el respectivo cuerpo
colegiado.
Igualmente, la Corte Constitucional11 ha dispuesto que el único efecto de la
aceptación del impedimento es inhabilitar al miembro del cuerpo colegiado para
votar el asunto que por disposición legal le corresponde decidir, por lo que, en
ningún momento, dicha decisión supone la afectación del cuórum deliberatorio.
Salvo en aquellos casos en que los impedimentos son aceptados y el número de
estos tienen la entidad suficiente para comprometer el cuórum decisorio, por lo que
emana como necesario, llamar a los miembros que siguen en la lista para garantizar
su debida complementación, a título de fuerza mayor, en aquellos casos en que ello
sea admisible.
De la misma forma, ha sido unívoca la jurisprudencia de la Sección12 respecto del
carácter objetivo que ostenta el cuórum, lo que impide que pueda ser objeto de
interpretaciones subjetivas. En este punto, esta Sección en sus pronunciamientos
ha señalado que:
El quórum ha sido definido como el número mínimo de miembros que debe estar
presente en una corporación, agrupación o asociación para que pueda deliberar o
decidir. Es por ello por lo que se habla de dos clases: quórum deliberatorio y
quórum decisorio. El primera faculta para que el órgano correspondiente
pueda ejercer sus funciones y el segundo se impone para que pueda asumir
la toma de decisiones. Este precepto establece, igualmente, el número de votos
mínimos que requiere un candidato para ser electo en esa corporación, es decir,
consagra la denominada regla de las mayorías, entendida como el mínimo de votos
que por disposición constitucional, legal o reglamentaria se necesita para que una
medida o decisión se entienda aprobada en un cuerpo colegiado, en donde, como
su nombre lo indica, se debe dar juego a las mayorías y minorías para que, después
de un proceso dialéctico, se llegue a una decisión colectiva a partir de las voluntades
individuales que concurren en su construcción. Los conceptos de quórum y
mayorías no son coincidentes, el quórum es un requisito de procedibilidad para que
un ente colegiado pueda válidamente desarrollar sus funciones o competencias,
para que no las asuma con un número exiguo de las partes que lo componen y que,
por ende, no presupone la regla de aprobación, porque aquel es un requisito mínimo
indispensable para el funcionamiento y organización de cualquier cuerpo colegiado,
11
Corte Constitucional. Sentencia C – 1040 de 2005. 19 de octubre de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de julio de 2013. Radicación
número 73001-23-31-000-2012-00162-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 23 de septiembre de 2015. Radicación número 19001-23-33-000-2015-00044-
02. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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mientras que ésta hace referencia a la votación mínima para que una determinada
decisión o medida sea aprobada. La falta o ausencia de quórum como requisito de
procedibilidad impide que la corporación, grupo o asociación pueda reunirse
válidamente para cumplir sus tareas, mientras las mayorías inciden frente a una
decisión específica o propiamente dicha. El quórum es, entonces, un elemento
objetivo que parte del total de miembros que por disposición constitucional, legal o
reglamentaria conforman un cuerpo colegiado, cuya definición está en la
Constitución, en la ley o en la norma de constitución del respectivo órgano y que
define el marco de sus competencias. La naturaleza del quórum impide que éste
pueda ser objeto de interpretaciones, porque precisamente su carácter objetivo es
el que determina cuándo puede sesionar y decidir en forma válida un órgano en el
que la voluntad colectiva se construye a partir de la reunión de las voluntades
individuales. En otros términos, si no hay quórum no hay ninguna posibilidad de que
el respectivo cuerpo se reúna para el cumplimiento de sus funciones, y, en el evento
en que lo haga, éstas no tendrán validez, pues se requiere de un mínimo de
asistentes. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
Como se desprende de la cita anterior, las mayorías para la toma de decisiones la
determina el número mínimo de votos que se requieren para adoptar una resolución,
lo cual supone que es un concepto diferente al cuórum, en tanto este último, se erige
como la proporción o el número de asistentes que se requieren para que una sesión
de un cuerpo colegiado pueda comenzar o adoptar una decisión formalmente válida.
Dicho en otras palabras, el cuórum deliberatorio es el número mínimo de miembros
de la respectiva comisión que deben hallarse presentes para que el cuerpo
colegiado pueda entrar válidamente a discutir sobre los temas objeto de atención.
El cuórum decisorio, corresponde al número mínimo de miembros de un cuerpo
colegiado que deben estar presentes durante todo el proceso de votación para que
aquélla pueda resolver válidamente cualquiera de los asuntos sometidos a su
estudio.
Ello es así porque cuando hay cuórum deliberatorio se habilita el espacio para
proceder a hacer el estudio y análisis del asunto puesto a consideración, mientras
que el concepto de cuórum decisorio corresponde a las mayorías establecidas en
el ordenamiento jurídico para adoptar legalmente la decisión.
5. Caso concreto
Como viene de explicarse, corresponde en este caso determinar si hay lugar a
declarar la nulidad o no del acto de elección del señor Jorge Luis Fernández Ospino
como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.
Teniendo en cuenta que se trata de un asunto acumulado, conforme con las
demandas y según quedó establecido en el problema jurídico, hay lugar a estudiar
dos puntos específicos: primero si la totalidad de las recusaciones formuladas
contra los miembros del Consejo Directivo de CORPOCESAR en el 2019 y en el
2021 debían ser resueltas por la Procuraduría General de la Nación; y segundo, si
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dicha entidad se pronunció sobre aquellas antes de que el consejo directivo de
procediera con la elección aquí demandada.
Además, la parte actora alega que la elección del director general de
CORPOCESAR se dio en un consejo ordinario que estaba dispuesto para discutir
temas distintos a la referida elección. Tema que fue incluido en el último punto de
orden del día “5. Proposiciones y varios” violándose de esta manera el artículo décimo
tercero del Acuerdo 008 del 20 de septiembre de 2019 el cual dispone que “ La
designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -
CORPOCESAR, para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2.023, será
realizada en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo, en la fecha establecida
para tales efectos en el cronograma…”. Adicionalmente, señaló que conforme a lo
certificado por parte del secretario general de CORPOCESAR mediante oficio SG-
001 del 11 de enero de 2022, no fue publicada la nueva fecha establecida para la
designación del director general de COPORCESAR tal como lo disponía el artículo
segundo del Acuerdo 008 del 20 de septiembre de 2019.
En consecuencia, sostienen que, al no haberse publicado la nueva fecha de
elección del director General de CORPOCESAR, se infringieron tanto el artículo 29
Superior como el artículo 13º del Acuerdo No. 008 del 20 de septiembre de 2019
por cuanto no se eligió al director general en la fecha establecida previamente para
tales efectos en el cronograma del proceso electoral ni se publicó previamente la
modificación de dicho cronograma -artículo 13º-.
En primer término, la Sala debe precisar cuáles fueron las recusaciones formuladas
en el año 2019, que dieron lugar a la nulidad de la elección del señor Jhon Valle
Cuello, por una indebida tramitación y resolución de aquellas, e igualmente, aquellas
presentadas en el año 2021, antes de proceder con la elección del señor Jorge Luis
Fernández Ospino.
Debe advertirse que los estatutos de la Corporación Autónoma del Cesar –
CORPOCESAR se encuentran contenidos en la Resolución No. 1308 de 2005, en
la que no se determinó de forma expresa, lo concerniente al trámite de los
impedimentos y las recusaciones, por lo que de acuerdo con lo previsto en el artículo
2 de la Ley 1437 de 2011 se debe dar aplicación del procedimiento establecido en
el artículo 12 ídem. Puntualmente, las recusaciones presentadas en el año 2019
fueron las siguientes:
Fecha Recusante Recusado Causal
Sergio Rafael Araújo Solicita suspensión del
24 de octubre de Gerardo Zuleta Castro, representante proceso porque no se
2019 del Presidente de la ha decidido
República recusación
Viannys Inés Guerra Solicita suspensión del
Rodríguez, proceso porque no se
representante
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organizaciones sin ha decidido
ánimo de lucro y recusación
ONG´S
Didier Urán Torres, Solicita suspensión del
representante proceso porque no se
organizaciones sin ha decidido
ánimo de lucro y recusación
ONG´S
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque se viene
suscitando una
Sergio Rafael Araújo situación irregular en
23 de octubre de Gonzalo Raúl Gómez Castro, representante relación con que el
2019 9:05 am Soto del Presidente de la señor Araújo viene
República prejuzgando a través
de mensajes de texto
en comunicación
directa con el
candidato Gómez
Soto, lo que se podría
llamar que está
vaticinando sobre la
suerte del señor
Gómez.
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque el
Viannys Inés Guerra candidato a director
Rodríguez, general Julio Berdugo
representante Pacheco, en su
organizaciones sin función de miembro
ánimo de lucro y del comité para la
ONG´S revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo al consejero.
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque el
Didier Urán Torres, candidato a director
representante general Julio Berdugo
23 de octubre de Gonzalo Raúl Gómez organizaciones sin Pacheco, en su
2019 11:18 am Soto ánimo de lucro y función de miembro
ONG´S del comité para la
revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo al consejero
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
Limber Redondo De 1 y 8 de la Ley 1437 de
Armas – como 2011 porque el
suplente candidato a director
general Julio Berdugo
Pacheco, en su
función de miembro
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29
Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
del comité para la
revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo al consejero
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque el
candidato a director
general Julio Berdugo
Patricia Díaz Pacheco, en su
24 de octubre de Gonzalo Raúl Gómez Hamburger, función de miembro
2019 – 8:44 a.m Soto representante de del comité para la
gremios productivos revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo a la consejera.
Vulneración del
artículo 126 de la
Constitución Política –
Tú me eliges yo te elijo
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque el
candidato a director
general Julio Berdugo
Julio Cesar Lozano Pacheco, en su
Mejía, representante función de miembro
de los gremios del comité para la
productivos revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo al consejero.
Vulneración del
artículo 126 de la
Constitución Política –
Tú me eliges yo te elijo
Conflicto de interés –
artículo 11 numerales
1 y 8 de la Ley 1437 de
2011 porque el
candidato a director
José Rafael general Julio Berdugo
Fernández y David de Pacheco, en su
la Rosa como función de miembro
representantes del comité para la
suplentes revisión y evaluación
de documentos, ayudó
a posicionar en el
cargo al consejero.
Vulneración del
artículo 126 de la
Constitución Política –
Tú me eliges yo te elijo
Conflicto de interés –
24 de octubre de Gonzalo Raúl Gómez Pedro Antonio Daza artículo 11 numerales
2019 9:55 am Soto Cáceres, 1 y 8 de la Ley 1437 de
representante de las 2011 porque los
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30
Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
comunidades candidatos a director
indígenas general Julio Berdugo
Pacheco y Oscar
Pinzón Joiro, en su
función de miembros
del comité para la
revisión y evaluación
de documentos,
ayudaron a posicionar
en el cargo al
Consejero.
Vulneración del
artículo 126 de la
Constitución Política –
Tú me eliges yo te elijo
Ahora bien, en el año 2021 se presentaron las siguientes recusaciones:
Fecha Recusante Recusado Causal
Tener interés particular y
5 de mayo de 2021 Steven Rafael Didier Urán Torres, directo en la decisión de
Manotas Fama representante si se continúa el proceso
organizaciones sin eleccionario antes del
ánimo de lucro y vicio que conllevó la
ONG´S nulidad de la elección de
Jhon Valle Cuello o se
inicia un nuevo proceso
eleccionario, quien por
tanto no podría participar
en ninguna reunión
donde se trate dicho
tema pues tiene la
calidad de recusado.
Tener interés particular y
directo en la decisión de
si se continúa el proceso
Viannys Guerra eleccionario antes del
Rodríguez vicio que conllevó la
5 de mayo de 2021 Steven Rafael Representante de nulidad de la elección de
Manotas Fama las ONGS Jhon Valle Cuello o se
inicia un nuevo proceso
eleccionario, quien por
tanto no podría participar
en ninguna reunión
donde se trate dicho
tema pues tiene la
calidad de recusado.
Existir litigio o
controversia ante
12 de mayo de 2021 Sergio Barranco José Tomás autoridades
Núñez Márquez Fragoso y administrativas o
Juan Aurelio jurisdiccionales entre el
Gómez Osorio, servidor, su cónyuge,
representante y compañero permanente,
suplente o alguno de sus parientes
comunidades indicados en el numeral
negras 1, y cualquiera de los
interesados en la
actuación, su
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
representante o
apoderado. En razón al
proceso de nulidad
electoral (acumulado) en
su contra, que registra
con radicados 2020-
00053-00 y 2020-00057-
00, que avoca
conocimiento la Sala de
lo Contencioso
Administrativo – Sección
Quinta, para decidir
sobre la nulidad del acta
de fecha de 5 de febrero
de 2020, denominada de
revisión y evaluación de
la documentación
relacionada con la
elección del
representante y suplente
de las comunidades
negras ante el Consejo
Directivo para el periodo
comprendido entre el 1
de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2023.
Haber dado el servidor
consejo o concepto por
fuera de la actuación
administrativa sobre las
cuestiones materia de la
12 de mayo de 2021 Sergio Barranco Vianny Ines Guerra misma, o haber
Núñez Rodriguez y intervenido en esta como
suplente o apoderado, Agente del
designado por las Ministerio Público, perito
ONG’S o testigo. Sin embargo,
no tendrán el carácter de
concepto las referencias
o explicaciones que el
servidor público haga
sobre el contenido de
una decisión tomada por
la administración”.
Haber dado el servidor
consejo o concepto por
Manuel Gutiérrez fuera de la actuación
Villalobos y administrativa sobre las
12 de mayo de 2021 Sergio Barranco suplente o cuestiones materia de la
Núñez designado por el misma, o haber
Sector Privado intervenido en esta como
apoderado, Agente del
Ministerio Público, perito
o testigo.
Haber dado el servidor
Sergio Barranco Didier Ubaldo Uran consejo o concepto por
12 de mayo de 2021 Núñez Torres y suplente o fuera de la actuación
designado por las administrativa sobre las
ONG’S cuestiones materia de la
misma, o haber
intervenido en esta como
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
apoderado, Agente del
Ministerio Público, perito
o testigo.
Que el hermano del
Alcalde, Edgar Enrique
12 de mayo de 2021 Rafael Enrique Rojas Henry Chacón Chacón Amaya tiene 3
Rondón Amaya, alcalde de procesos sancionatorios
Curumaní seguidos por
CORPOCESAR
impulsados por Julio
Rafael Suarez Luna y
Julio Cesar Berdugo
Pachecho como Jefes de
la Oficina Jurídica de
CORPOCESAR, quienes
integran la lista de
aspirantes al cargo de
Director, invocando la
causal 11,5 del CPAPA
como fundamento del
conflicto de intereses.
Estaría inhabilitado por
seguir ejerciendo
12 de mayo de 2021 Silvio Rafael Jiménez Henry Chacón funciones al haber
Maestre Amaya, alcalde de cesado su periodo de un
Curumaní (1) año, no pudiendo
reelegirse después de
concluir su periodo como
miembro del Consejo
Directivo de Corpocesar.
Además no puede
ejercer el derecho al voto
al encontrarse en mora el
municipio con
Corpocesar
Estaría inhabilitado por
seguir ejerciendo
12 de mayo de 2021 Silvio Rafael Jiménez Francisco Manuel funciones al haber
Maestre Meza, alcalde de El cesado su periodo de un
Copey (1) año, no pudiendo
reelegirse después de
concluir su periodo como
miembro del Consejo
Directivo de Corpocesar.
Además no puede
ejercer el derecho al voto
al encontrarse en mora el
municipio con
Corpocesar
Estaría inhabilitado por
Diomar Claro seguir ejerciendo
12 de mayo de 2021 Silvio Rafael Jiménez Márquez alcalde de funciones al haber
Maestre Gamarra cesado su periodo de un
(1) año, no pudiendo
reelegirse después de
concluir su periodo como
miembro del Consejo
Directivo de Corpocesar.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
Además no puede
ejercer el derecho al voto
al encontrarse en mora el
municipio con
Corpocesar
Pedro Daza No puede ser miembro
12 de mayo de 2021 Excel Alberto Ríos Cáceres del Consejo Directivo de
García representante de Corpocesar porque se
las comunidades viene desempeñando
indígenas simultáneamente como
docente del Centro
Educativo Indígena
Dungakare.
No podrían participar en
Brayan David Didier Uran Torres, la reunión donde se
6 de mayo de 2021 Carmona Porto Viannys Guerra, decida si se reanuda el
Julio Cesar Lozano, proceso electoral
José Tomás declarado nulo o se inicia
Márquez Fragoso, uno nuevo, porque contra
Pedro Daza ellos existían unas
Cáceres y Sergio recusaciones previas mal
Rafael Araujo resueltas, quienes por
Castro tanto tendrían el interés
de optar por un proceso
nuevo
Edwin Enrique Manuel Ingnacio Por haber sido candidato
5 de mayo de 2021 Cerchar Borrego Gutiérrez Villalobos en el proceso que
representante de terminó con la elección
los gremios de Jhon Valle Cuello
productivos
Según el demandado, todas las recusaciones fueron resueltas por la Procuraduría
General de la Nación, antes de la elección del 26 de octubre de 2021, razón por la
que la parte actora incurre en un error al advertir que no fue así.
Al respecto, al expediente se aportó copia de la decisión de la Procuraduría en la
que, al parecer, se resolvieron las recusaciones presentadas contra los miembros
del Consejo Directivo de CORPOCESAR. En efecto, el 15 de octubre de 2021,
notificada a los consejeros el 18 de octubre siguiente, se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: No aceptar las recusaciones formuladas por Sergio Barranco Núñez contra
José́ Tomas Márquez Fragozo, Vianny Ines Guerra Rodríguez, Manuel Gutiérrez Villalobos
y Didier Ubaldo Urén Torres, de conformidad con las motivaciones plasmadas supra.
SEGUNDO: No aceptar las recusaciones formuladas por Brayan David Carmona contra
José́ Tomas Márquez y Pedro Daza Cáceres, de acuerdo con las consideraciones
precedentes.
TERCERO: No aceptar las recusaciones formuladas por Steven Rafael Manotas contra
Vianny Ines Guerra y Didier Uran Torres, según lo esbozado en la parte motiva.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
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CUARTO: No aceptar la recusación formulada por Edwin Enrique Cerchar contra Manuel
Ignacio Gutiérrez Villalobos, de conformidad con Io plasmado ex ante.
QUINTO: No aceptar la recusación formulada por Excel Ríos García contra Pedro Daza
Cáceres, de acuerdo con las argumentaciones contenidas en este acto administrativo.
SEXTO: No aceptar las recusaciones formuladas por Silvio Rafael Jiménez contra Henry
Chacón Amaya, Francisco Manuel Meza Altamar y Diomar Claro Márquez, según los
considerandos antecedentes.
SEPTIMO: No aceptar la recusación formulada por Rafael Enrique Rojas contra Henry
Chacón Amaya, de conformidad con lo expuesto en el capítulo 3.
OCTAVO: Comunicar el contenido de este proveído a los jurídicamente interesados,
informándoles que contra él no procede medio impugnatorio alguno.
NOVENO: Por la Secretaria de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, realizar
las gestiones de rigor.”
De lo anterior, es posible evidenciar que, en efecto, la Procuraduría General de la
Nación resolvió las recusaciones presentadas en el año 2021, por los señores
Sergio Barranco Núñez, Brayan David Carmona, Steven Rafael Manotas, Edwin
Enrique Cerchar, Excel Ríos García, Silvio Rafael Jiménez y Rafael Enrique Rojas.
No obstante, debe precisarse que, el señor Brayan David Carmona había
presentado recusaciones contra los señores: Didier Uran Torres, Viannys Guerra,
Julio Cesar Lozano, José Tomás Márquez Fragoso, Pedro Daza Cáceres y Sergio
Rafael Araujo Castro. Frente a todos ellos el señor Carmona señaló en su escrito
recusatorio lo siguiente: “No podrían participar en la reunión donde se decida si se
reanuda el proceso electoral declarado nulo o se inicia uno nuevo, porque contra ellos
existían unas recusaciones previas mal resueltas, quienes por tanto tendrían el interés de
optar por un proceso nuevo”.
Sobre el particular, la procuraduría solo se pronunció respecto de José Tomás
Márquez Fragoso y Pedro Daza Cáceres, omitiendo a los señores Viannys Guerra,
Julio César Lozano, Didier Urán Torres y Sergio Rafael Araújo Castro. No obstante,
la Sala encuentra que, aun cuando se omitieron los nombres de dichos miembros
del Consejo Directivo, lo cierto es que, las razones por las cuales fueron recusados
obedecen a las mismas y, frente a aquellas, la procuraduría se pronunció en el
sentido de denegarlas.
En efecto, el Ministerio Público precisó sobre el particular que debía probarse el
interés actual e inminente para poder separar al funcionario de la actuación
administrativa, lo cual no se acreditó:
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
En lo que corresponde a la recusación que formuló el señor Sergio Barranco contra
el señor Juan Aurelio Gómez, se advierte que la procuraduría tampoco se pronunció
sobre esta específicamente. Sin embargo, el señor Gómez actuaba como suplente
de José Tomás Márquez y no actuó como miembro directivo en la reunión en la que
resultó electo el demandado, de manera que, la ausencia de pronunciamiento frente
a la recusación contra aquel, en nada incide en la elección del señor Jorge Luis
Fernández Ospino.
No obstante, las recusaciones que habían sido planteadas por los señores Gerardo
Zuleta y Gonzalo Raúl Gómez Soto en el año 2019 no fueron resueltas y, ello se
debe a que, el Consejo Directivo de CORPOCESAR no remitió tales escritos a la
Procuraduría General de la Nación. Dicha circunstancia fue certificada por la
secretaria general (E) de CORPOCESAR mediante oficio SG-042 del 20 de
diciembre de 2021, en el que señala que esas primeras recusaciones formuladas
entre el 23 y 24 de octubre de 2019 nunca fueron remitidas a la Procuraduría
General de la Nación para su trámite:
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
Para el Ministerio Público los escritos recusatorios que se alegan como no resueltos,
repercutieron en la demanda de nulidad de la elección del señor John Valle Cuello,
como director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, logrando en
efecto, que este acto fuera anulado bajo el argumento de no haberle dado el trámite
legal a tales recusaciones, esto es, aquel previsto en el artículo 12 de la Ley 1437
de 2011. Luego de la sentencia de nulidad electoral, el Consejo Directivo de
CORPOCESAR retomó el proceso eleccionario desde la etapa anterior a tal
irregularidad, por lo que esa delegada considera que las recusaciones presentadas
el día 24 de octubre de 2019, no pueden ser aplicables a la elección de un nuevo
director de dicho ente corporativo.
Sobre el particular, la Sala precisa que, en efecto, el proceso de elección del director
de CORPOCESAR se retomó justo en el momento en que fueron presentadas las
recusaciones en el año de 2019 contra algunos de los miembros del consejo
directivo. Aun cuando el consejo directivo eligió al demandado de la lista de
elegibles que se había conformado para la elección de Jhon Valle Cuello, a quien
se le declaró la nulidad de su elección por este juez colegiado, lo cierto es que las
recusaciones que incidían en la nueva elección fueron aquellas presentadas en el
año 2021.
Por su parte el demandado alega que las recusaciones formuladas en el año 2019
no tienen la virtualidad de afectar la elección del ahora demandado, toda vez que
se posesionó un nuevo Consejo Directivo de CORPOCESAR, en el año de 2020.
Es decir, que dicho consejo se conformó con posterioridad a los escritos de
recusación contra algunos miembros que, según afirmó el apoderado del señor
Jorge Luis Fernández Ospino, ya no hacían parte de aquel.
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
Con todo, en la certificación expedida el 17 de diciembre de 2021 por la secretaria
general (E) de CORPOCESAR, se precisa que en la sesión llevada a cabo el 26 de
octubre de 2021 (elección del demandado) participaron los siguientes miembros del
consejo directivo:
De los 12 miembros del Consejo Directivo de CORPOCESAR que participaron en
la elección del demandado, fueron recusados mediante escritos presentados en el
2021, los siguientes miembros:
1. Henry Chacón Amaya
2. Manuel Gutiérrez Villalobos
3. Vianny Inés Guerra Rodríguez
4. Didier Ubaldo Uran Torres
5. Pedro Daza Caceres
6. Julio Cesar Lozano Mejía
7. José Tomás Marquez Fragozo
8. Sergio Rafael Araújo Castro
9. Diomar Claro Marquez
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
Para la parte actora, el hecho de que se haya posesionado un nuevo Consejo
Directivo de CORPOCESAR por finalización del período en el año 2020, no deja de
lado que, de seis (6) consejeros recusados en octubre de 2019, cinco (5)
participaron en la elección llevada a cabo en octubre de 2021 y, tan solo un (01)
consejero ya no hacía parte de dicho órgano de dirección que eligió a Jorge Luis
Fernández Ospino como el director de la corporación. En efecto, de los miembros
del consejo directivo que pertenecían en el año 2019 y que volvieron a posesionarse
para el año 2020 y que participaron efectivamente en la elección del demandado,
se encuentran:
1. Vianny Inés Guerra Rodríguez
2. Didier Ubaldo Uran Torres
3. Pedro Daza Cáceres
4. Julio Cesar Lozano Mejía
5. Sergio Rafael Araújo Castro
No obstante lo anterior, no puede dejarse de lado que el órgano directivo cambió en
gran parte su composición y se pretendía la elección de un nuevo director. Así, en
el leal saber y entender del consejo directivo, las recusaciones que debían
tramitarse para efectos del proceso de elección que nos ocupa, eran aquellas que
se presentaron en el 2021. Visión que también comparte la delegada del Ministerio
Público en este asunto. Además, contra los 5 miembros referidos anteriormente, se
presentaron varias recusaciones con fundamento en lo siguiente: “Tener interés
particular y directo en la decisión de si se continúa el proceso eleccionario antes del vicio
que conllevó la nulidad de la elección de Jhon Valle Cuello o se inicia un nuevo proceso
eleccionario, quien por tanto no podría participar en ninguna reunión donde se trate dicho
tema pues tiene la calidad de recusado”.
Quiere decir lo anterior que, las recusaciones planteadas en el 2021 contra los 5
miembros del Consejo Directivo que pertenecían a dicho órgano en el 2019 y que
fueron reelegidos en el 2020, se dirigían a enervar su participación por el interés
que podían tener en continuar el proceso de elección o iniciar uno nuevo, ante las
recusaciones que habían sido planteadas contra ellos en el 2019.
Frente al punto, la Procuraduría General de la Nación, al resolver dichas
recusaciones, sostuvo lo siguiente:
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
De acuerdo con lo señalado por la procuraduría, las recusaciones presentadas en
el 2019 obedecen a situaciones que no son latentes ni concomitantes, lo que
significa que no hay coincidencia y confluencia temporal entre el actual proceso de
elección del director general de CORPOCESAR y unas circunstancias ocurridas
hace dos (2) años. Además, advirtió que los hechos pretéritos no tienen la
potencialidad de afectar la ecuanimidad del recusado.
Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto por la procuraduría las recusaciones
formuladas en el 2019 perdieron vigencia y con fundamento en ello fue que el
Consejo Directivo procedió a continuar con el proceso de elección. En efecto, de
acuerdo con el entendimiento que dicho órgano manifestó respecto de las
recusaciones formuladas, y de cara a la decisión de la procuraduría citada líneas
atrás, es posible concluir que, las recusaciones vigentes para efectos de continuar
con la elección del demandado eran aquellas presentadas en el año 2021.
Tal y como se advirtió en párrafos precedentes, las recusaciones del 2021, que
tenían una incidencia en el proceso de elección del ahora demandado, fueron
resueltas por la Procuraduría General de la Nación. Y se reitera, todas aquellas
referencias a las recusaciones del 2019, el Ministerio Público fue enfático en señalar
que no hay confluencia temporal entre el actual proceso y unas circunstancias
ocurridas hace dos años.
Así las cosas, resulta claro para la Sala que las recusaciones que se presentaron
en el año 2021 fueron resueltas por la Procuraduría General de la Nación. Fue con
posterioridad a esa decisión del 15 de octubre de 2021, que CORPOCESAR
procedió con la elección de su director el 26 de octubre siguiente.
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En ese orden de ideas, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite de las
recusaciones para la elección de Jorge Luis Fernández Ospino como director de
CORPOCESAR, pues se reitera, las recusaciones que fueron planteadas contra los
referidos consejeros en el 2021 -que son las que tienen una incidencia en el proceso
de elección del demandado- fueron resueltas por la Procuraduría General de la
Nación.
Ahora bien, frente a los reparos relativos a la falta de publicación del cronograma
para efectos de conocer la fecha en que se continuaría el proceso de elección del
director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, la Sala advierte que, la
elección por ese solo hecho no puede verse afectada. Ello por cuanto que, para el
momento que se tomó la determinación de reanudar el proceso eleccionario y
acabar con la interinidad que se venía presentado, había cuórum deliberatorio y
decisorio (asistieron 12 miembros del Consejo Directivo y el demandado fue elegido
con 8 votos). Una vez resueltas las recusaciones por la Procuraduría General de la
Nación, el consejo directivo tenía la facultad de continuar con el trámite y llevar a
cabo la elección.
Téngase en cuenta además, que este proceso se retomó después de la nulidad de
la elección del señor Jhon Valle Cuello y fue suspendido mientras se resolvían las
recusaciones por la Procuraduría. De manera que, resueltos aquellos reproches
sobre la imparcialidad de algunos de los miembros del consejo directivo, aquel
órgano podía continuar con la elección.
Aunque no se advierte una publicación del cronograma no se evidencia que esa
irregularidad haya tenido incidencia en la elección dado que los asistentes a la
reunión asintieron sobre la posibilidad de continuar con el proceso. Y en todo caso,
no se desconoció ninguna fase, etapa o derecho de audiencia de los candidatos,
pues tan solo restaba la elección, que debía efectuarse únicamente por los
miembros del consejo directivo. Eran aquellos únicamente los que podían decidir si
retomaban el proceso de elección o no. La publicidad sobre aquella decisión tan
solo permitía a los actores involucrados tener conocimiento sobre la deliberación y
decisión, mas no permitía ninguna intervención. Adicionalmente, era de
conocimiento de los candidatos y demás personas que la selección de un nuevo
director continuaría, tanto así que presentaron nuevas recusaciones en el año 2021.
Solo que, se insiste, el proceso fue suspendido hasta tanto se resolvieran tales
reproches contra los miembros del consejo directivo.
Asimismo, la parte actora alega que la sesión en la que se eligió al demandado no
había sido convocada con tal fin. Sin embargo, se insiste, en la sesión en que se
eligió al demandado había cuórum tanto deliberatorio como decisorio, razón por la
cual, el consejo directivo de pleno derecho podía tomar las determinaciones
correspondientes, entre ellas la elección que, además, había sido suspendida
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Demandante: Gonzalo Raúl Gómez Soto y otros
Demandado: Jorge Luis Fernández Ospino, director de CORPOCESAR
Rad: 11001032800020210007800 acumulado
mientras se tramitaban las recusaciones presentadas. Una vez aquellas fueron
resueltas, podían proceder con la elección.
Finalmente, respecto a la solicitud del demandante en el proceso 2021-00071-00,
de remitir copias de la actuación surtida por el apoderado del demandado a la
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, porque a
su juicio faltó a la verdad al momento en que se contestó la demanda, debe precisar
la Sala que, ese o cualquier otro hecho que considere puede constituir un delito o
una falta disciplinaria así deberá denunciarlo o informarlo él personalmente ante la
autoridad competente.
En consecuencia, se denegarán las pretensiones de nulidad de la elección del señor
Jorge Luis Fernández Ospino, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de las demandas acumuladas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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