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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03450-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03450-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 12 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo y, en su lugar, NIÉGASE la solicitud de 10 Radicado: 11001-03-15-000-2022-03450-01 Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada Se revoca la sentencia de primera instancia amparo, dado que no se acreditó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03450-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

29 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03450-01
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Se revoca la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03450-01
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Defecto
fáctico / Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, se niega el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 12 de agosto de 2022 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. El fallo de tutela impugnado
declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional de la solicitud de
amparo presentada contra la sentencia del 23 de junio de 2022 proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación. La providencia tutelada negó las pretensiones
de una demanda de nulidad electoral adelantada por el accionante y otros
ciudadanos con ocasión de la elección del director de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar – CORPOCESAR, tramitada bajo el radicado No. 11001-03-28-
000-2021-00078-00 y otros acumulados.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03450-01
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Se revoca la sentencia de primera instancia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 28 de junio de 2022 el señor Hermann Gustavo Garrido Prada interpuso acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados, en su concepto, por la
Sección Quinta de esta Corporación al negar las pretensiones de la demanda de
nulidad electoral adelantada por aquel.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL DEBIDO
PROCESO.

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la Sentencia del H. CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA,
Expediente Nos. 11001-03-28-000-2021-00078-00, 11001-03-28-000-2021-00077-
00 y 11001-03-28-000-2021-00076-00 ACUMULADOS, con ponencia del H.
Consejero CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, emitida el veintitrés (23) de junio
de dos mil veintidós (2022) y en su lugar disponer que el plazo que a bien se
considere prudente se profiriera la providencia de reemplazo, en la que no se
vulneren los derechos fundamentales que se piden amparar>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Mediante sentencia del 4 de marzo de 2021 la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la nulidad de la elección del señor John Valle Cuello como director
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR para el periodo
2020-2023, pues se demostró que no se tramitaron debidamente unas recusaciones
presentadas en octubre de 2019 contra los directivos de esa Corporación,
encargados de la elección. Este proceso se surtió bajo el radicado No. 11001-03-
28-000-2020-00001-00.

3.2.- Entre el 5 y el 12 de mayo de 2021 se presentaron nuevas recusaciones contra
algunos integrantes del órgano directivo de CORPOCESAR, también con ocasión
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de la elección del director de esa autoridad. Las mismas fueron remitidas a la
Procuraduría General de la Nación, que las declaró infundadas en auto del 15 de
octubre de 2021.

3.3.- En sesión del 26 de octubre de 2021 se reanudó el proceso electoral del
director de CORPOCESAR y se eligió al señor Jorge Luis Fernández Ospino,
elección materializada en el acuerdo No. 008 del 26 de octubre de 2021.

3.4.- Posteriormente, el accionante y los señores Gonzalo Raúl Gómez Soto y
Brayan David Carmona presentaron una nueva demanda de nulidad electoral contra
la elección del señor Jorge Luis Fernández Ospino, pero para el periodo 2021-2023.

3.5.- En la segunda demanda de nulidad electoral alegaron que no se tramitaron
debidamente las recusaciones presentadas en el 2019 y que estas y las nuevas
recusaciones presentadas en 2021 contra los integrantes de la junta directiva de
CORPOCESAR nunca fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación,
motivo por el cual no se habría configurado el quorum para la elección. También
sostuvieron que se desconoció el principio de publicidad, pues la elección se llevó
a cabo durante una sesión ordinaria del órgano directivo, convocada para abordar
otros temas y, no obstante, la elección se desarrolló en el punto de <<asuntos
varios>>, lo cual no había sido anunciado a través de un cronograma público. Este
segundo proceso de nulidad electoral fue tramitado bajo el radicado No. 11001-03-
28-000-2021-00078-00 (acumulado).

3.6.- Mediante sentencia del 23 de junio de 2022 la Sección Quinta de esta
Corporación profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda.

3.6.1.- Consideró que la Procuraduría General de la Nación resolvió las
recusaciones presentadas en 2021, en el entendido de que no se acreditó un interés
particular, económico o moral que los directivos recusados pudieran tener en la
decisión. Además, la falta de decisión frente a las recusaciones de 2019 llevó a la
anulación de la primera elección, pero esas recusaciones habían perdido vigencia
al momento de llevarse a cabo la nueva elección, ya que no existía coincidencia ni
confluencia temporal entre la elección de 2021 y las circunstancias de 2019. En
otras palabras, las recusaciones vigentes al momento de la segunda elección serían
las presentadas en 2021, por lo que no cabía pronunciarse respecto a las anteriores.
En el fallo se precisaron las recusaciones, así:

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Recusado Recusaciones 2019 Recusaciones 2021
Vianny Inés Conflicto de interés – artículo 11 No podía participar en la reunión
Guerra numerales 1 y 8 del CPACA donde se decida si se reanuda el
Rodríguez porque el candidato a director proceso electoral declarado nulo o
Julio Berdugo Pacheco, en su se inicia uno nuevo, porque
función de miembro del comité existían recusaciones previas no
para la revisión y evaluación de resueltas.
documentos, ayudó a posicionar
en el cargo al consejero.
Didier Ubaldo Conflicto de interés – artículo 11 No podía participar en la reunión
Uran Torres numerales 1 y 8 del CPACA donde se decida si se reanuda el
porque el candidato a director proceso electoral declarado nulo o
Julio Berdugo Pacheco, en su se inicia uno nuevo, porque
función de miembro del comité existían recusaciones previas no
para la revisión y evaluación de resueltas.
documentos, ayudó a posicionar
en el cargo al consejero.
Pedro Daza Conflicto de interés – artículo 11 No podía participar en la reunión
Cáceres numerales 1 y 8 del CPACA donde se decida si se reanuda el
porque el candidato a director proceso electoral declarado nulo o
Julio Berdugo Pacheco, en su se inicia uno nuevo, porque
función de miembro del comité existían recusaciones previas no
para la revisión y evaluación de resueltas.
documentos, ayudó a posicionar
en el cargo al consejero.
Julio Cesar Conflicto de interés – artículo 11 No podía participar en la reunión
Lozano Mejía numerales 1 y 8 del CPACA donde se decida si se reanuda el
porque el candidato a director proceso electoral declarado nulo o
Julio Berdugo Pacheco, en su se inicia uno nuevo, porque
función de miembro del comité existían recusaciones previas no
para la revisión y evaluación de resueltas.
documentos, ayudó a posicionar
en el cargo al consejero.
Sergio Rafael Conflicto de interés – artículo 11 No podía participar en la reunión
Araújo Castro numerales 1 y 8 del CPACA donde se decida si se reanuda el
porque se viene suscitando una proceso electoral declarado nulo o
situación irregular, pues el se inicia uno nuevo, porque
recusado viene prejuzgando a existían recusaciones previas no
través de mensajes de texto con resueltas.
el candidato Gómez Soto,
vaticinando sobre la suerte de
este.
3.6.2.- Por último, la falta de publicación del cronograma y de la convocatoria de la
sesión en la que se realizó la elección no afectó la integridad de esta, pues en ese

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momento ya se habían resuelto las recusaciones vigentes y existía quorum
deliberatorio y decisorio. Así las cosas, el reparo no tuvo incidencia en la elección
porque no se pasó por alto ninguna fase del proceso ni los derechos de audiencia
de los candidatos, pues en ese momento solo quedaba pendiente la elección y no
había lugar a la participación o intervención de los interesados y la comunidad.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que en la sentencia del 23 de junio de 2022 la Sección Quinta
de esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia porque incurrió en (i) un defecto sustantivo,
(ii) un defecto fáctico, (iii) un desconocimiento del precedente y (iv) una violación
directa de la Constitución.

4.1.- Sostiene que se incurrió en un defecto fáctico, pues la Sección accionada,
contrario a lo demostrado en el proceso, concluyó que el proceso electoral
desarrollado en 2021 era distinto al iniciado en 2019, por lo que no era necesario
pronunciarse frente a las recusaciones presentadas en el primer proceso. En
cambio, contrario a lo concluido por la Procuraduría General de la Nación y
aceptado por la autoridad judicial accionada, no es cierto que las únicas
recusaciones vigentes fueran las de 2021, pues el proceso electoral y la junta
directiva a cargo de la decisión, así como la lista de candidatos era la misma que en
2019, por lo que las recusaciones planteadas en ese momento también debían
resolverse. Ello máxime cuando cinco de los seis directivos recusados en 2019
ostentaban aún el cargo en 2021 y los motivos de las recusaciones son distintos.

4.2.- Sin embargo, la Sección accionada consideró que la junta directiva de
CORPOCESAR cambió su composición y la elección recaía sobre una nueva
persona, por lo que las recusaciones presentadas en 2019 obedecían a situaciones
que no eran latentes ni concomitantes y que no tenían la potencialidad de afectar la
ecuanimidad del resultado.

4.2.- Afirma que se habría incurrido en un defecto sustantivo porque la sentencia
objeto de reproche fue contradictoria. Aunque inicialmente se sostuvo que las
circunstancias del proceso electoral de 2019 eran distintas al de 2021 a efectos de
tener por vigentes únicamente las recusaciones presentadas en el último año, al
momento de estudiar el cargo por afectación al principio de publicidad la autoridad

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accionada consideró que la elección de 2021 continuó el proceso electoral de 2019,
en el que ya se habían agotado las etapas previas y solo quedaba pendiente la
elección del director, por lo que ese principio no fue desconocido. El accionante
agrega que si se considera que se trató de un solo proceso electoral, debían
resolverse todas las recusaciones, tanto las de 2019 como las de 2021; pero si se
considera que realmente eran dos procesos electorales distintos, debía cumplirse
con las etapas correspondientes en cada uno, atendiendo el principio de publicidad.

4.3.- En relación con lo anterior, aduce que se configuró una violación directa de la
Constitución, toda vez que sí se afectó el principio de publicidad pues debió
anunciarse cuándo se iba a llevar a cabo la elección, de forma que los directivos y
la comunidad en general pudiera participar en el proceso.

4.4.- Por último, se habría desconocido el precedente fijado en la sentencia del 7 de
marzo de 2001, radicado No. 11001-03-28-000-2010-00006-00 proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, en la que se declaró la nulidad de un proceso
electoral por vulneración del principio de publicidad.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado (accionada) sostuvo que la tutela se
fundamenta en una simple inconformidad con la decisión adoptada en el fallo
tutelado, por lo que la acción carece de relevancia constitucional.

6.- El apoderado del señor Jorge Luis Fernández Ospino (tercero con interés por
ser el actual director de CORPOCESAR) se opuso a las pretensiones de la solicitud
de amparo. Aunque no aportó prueba del poder para representar al señor
Fernández Ospino, este posteriormente coadyuvó sus argumentos.

7.- La Corporación Autónoma Regional del Cesar (tercero con interés) señala que
en la sentencia objeto de reproche no se incurrió en ningún defecto y, en cambio,
esta se basó en las pruebas allegadas.

8.- Gonzalo Raúl Gómez Soto, Brayan David Carmona Porto y las demás personas
que participaron como partes o vinculados al proceso de nulidad electoral No.
11001-03-28-000-2021-00078-00 y sus acumulados fueron debidamente
notificados; no obstante, guardaron silencio.

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E. Sentencia impugnada

9.- Mediante sentencia del 12 de agosto de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. La
primera instancia constitucional consideró que los reparos presentados en la acción
de tutela reiteraron lo señalado en la demanda de nulidad electoral y fueron
debidamente resueltos por la autoridad judicial accionada:

9.1.- La Procuraduría General de la Nación sí resolvió las recusaciones presentadas
en 2021 antes de la sesión en la que se eligió al director de CORPOCESAR. Por lo
tanto, los directivos de CORPOCESAR contaban con plena facultad para decidir la
elección del director de esa autoridad, ya que existía quorum para ello y el proceso
de elección fue retomado en la etapa anterior en la que se encontraba cuando se
declaró la nulidad de la primera elección.

9.2.- En ese sentido, todas las etapas para la elección del director habían sido
agotadas y solo faltaba la votación de los candidatos, por lo que no había lugar para
más intervenciones y no era necesario realizar una publicación previa del
cronograma y la convocatoria de la sesión en la que se tomó esa decisión.

9.3.- Por otro lado, la Sección Quinta no incurrió en una contradicción, pues no es
cierto que esta distinguiera entre dos procesos electorales distintos, sino que
precisó que se trataba de una nueva elección dentro del mismo proceso.

9.4.- Finalmente, advirtió que la parte actora no explicó por qué la sentencia que se
invoca como desconocida dispuso una regla concreta aplicable, según la relación
de orden jurídico y fáctico de ambos casos. En todo caso, la primera instancia
constitucional resaltó que en la sentencia invocada como precedente se estudió la
nulidad de la elección del rector de una universidad, pues no se había publicado
una modificación del calendario electoral, lo cual dista del caso en estudio.

F. Impugnación

10.- El accionante impugna la anterior providencia y centra su reclamo en la
configuración del defecto fáctico. En efecto, reitera que la valoración de la
Procuraduría General de la Nación es incorrecta, pues no es cierto que la junta

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directiva de CORPOCESAR hubiese cambiado sustancialmente en su composición
entre el 2019 y el 2021, pues cinco (5) de los seis (6) miembros se mantuvieron en
ese órgano, por lo que las razones que motivaron las recusaciones de 2019 no
desaparecieron y, como quiera que el proceso electoral se retomó en ese punto,
previa la anulación declarada en la primera sentencia del Consejo de Estado, lo
cierto es que debían resolverse esas recusaciones junto con las presentadas en el
2021. Situación que no fue considerara por la autoridad judicial accionada.

II. CONSIDERACIONES

11.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional. En su lugar, negará
las pretensiones de la acción de tutela porque no se acreditó la vulneración alegada.
Además, el estudio de la Sala se centrará en el defecto fáctico, dado que el recurso
de impugnación solo se refirió a ese cargo.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

12.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración al debido proceso y
acceso a la administración de justicia por un defecto fáctico, como se explica más
adelante; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el
accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales y contra la providencia atacada no procede ningún
recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto
que la providencia tutelada se notificó el 24 de junio de 2022 y la tutela se presentó
el 28 de junio de 2022, es decir, dentro del término de los 6 meses precisado tanto
por esta Corporación 1 como por la Corte Constitucional 2; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.

13.- Contrario a lo señalado por la primera instancia, la Sala advierte que en este
caso sí se cumplió con el requisito de relevancia constitucional. En efecto, si bien

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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en la demanda se presentaron argumentos relacionados con la resolución de las
recusaciones presentadas en 2019 y 2021, lo cierto es que estos reparos iban
encaminados a que se declarara la nulidad del acto electoral y no podía conocerse
cuál sería la decisión de la autoridad judicial accionada al momento de presentarse
la demanda ordinaria.

14.- En cambio, los argumentos elevados en sede de tutela se refieren justamente
a la valoración probatoria que hizo la accionada al momento de resolver el asunto y
pretenden dejar sin efectos la sentencia de única instancia, contra la cual no
proceden recursos ni otras oportunidades para debatir lo decidido. En otras
palabras, aunque las razones expuestas en la solicitud de amparo tienen,
naturalmente, relación con los supuestos fácticos y jurídicos planteados en la
demanda, el reproche surge con ocasión de un defecto fáctico que se habría
configurado justamente en la sentencia tutelada y no antes.

15.- Ahora bien, el defecto fáctico alegado por el accionante parte de cuestionar en
proceso judicial lo resuelto en el auto del 15 de octubre de 2021 –proceso
administrativo-, en el que la Procuraduría General de la Nación resolvió las
recusaciones presentadas en mayo de 2021 contra los directivos de
CORPOCESAR. La parte actora califica ese auto como errado y reprocha que la
autoridad judicial accionada acogiera las consideraciones y conclusiones de esa
decisión, en lo que se refiere a la vigencia de las recusaciones presentadas en 2019
y 2022; en particular, dice que solo cabía pronunciarse frente a estas últimas.

15.1.- La Sala advierte que el defecto fáctico se fundamenta en una diferencia
subjetiva en torno a la valoración de la decisión de la Procuraduría. Esta
inconformidad no es suficiente para la configuración del defecto, pues no se observa
que la valoración realizada por la autoridad judicial accionada fuera inadecuada y
que ameritara la intervención del juez de tutela: este no puede decantarse por una
u otra valoración probatoria si no se demuestra un ejercicio valorativo
desproporcionado o inadecuado por parte de la autoridad accionada.

15.2.- La autoridad judicial accionada debía valorar la decisión de la Procuraduría
por ser parte del trámite del proceso electoral y estar relacionada directamente con
algunos de los cargos presentados en la demanda ordinaria. Ahora bien, en el
marco de esa función podía atribuirle el mérito que considerara, así como juzgar si
la decisión fue equivocada o no a efectos de declarar la nulidad electoral,

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respetando, en todo caso, los principios de la sana crítica y el ordenamiento jurídico.
Al respecto, en la sentencia tutelada se consideró:

<<Sobre el particular, la Sala precisa que, en efecto, el proceso de elección del
director de CORPOCESAR se retomó justo en el momento en que fueron
presentadas las recusaciones en el año de 2019 contra algunos de los miembros
del consejo directivo. Aun cuando el consejo directivo eligió al demandado de la lista
de elegibles que se había conformado para la elección de Jhon Valle Cuello, a quien
se le declaró la nulidad de su elección por este juez colegiado, lo cierto es que las
recusaciones que incidían en la nueva elección fueron aquellas presentadas en el
año 2021. (…)

De acuerdo con lo señalado por la procuraduría, las recusaciones presentadas en
el 2019 obedecen a situaciones que no son latentes ni concomitantes, lo que
significa que no hay coincidencia y confluencia temporal entre el actual proceso de
elección del director general de CORPOCESAR y unas circunstancias ocurridas
hace dos (2) años. Además, advirtió que los hechos pretéritos no tienen la
potencialidad de afectar la ecuanimidad del recusado>>.

15.3.- Además, se observa que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no es
cierto que la accionada desconociera el hecho de que las recusaciones presentadas
en 2019 no fueran tramitadas. Tampoco es cierto que la accionada concluyera que
se tramitaron dos procesos electorales distintos, sino simplemente que se reanudó
el que había sido objeto de la primera demanda de nulidad electoral, quedando
pendiente únicamente la elección del director.

14.4.- En cambio, señaló que, por más de que se tratara del mismo proceso
electoral, las circunstancias de hecho entre la primera elección anulada y la que se
cuestiona en el segundo proceso habían cambiado: se eligió a una nueva persona
de la lista de elegibles y el órgano directivo había cambiado su composición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 12 de agosto
de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo y, en su lugar, NIÉGASE la solicitud de

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amparo, dado que no se acreditó la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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