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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00026-00

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00026-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar la nulidad del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, mediante el cual se designó al señor Raúl Durán Parra como director general para el período institucional 2024–2027. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00026-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

9 de octubre de 2025

Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
periodo 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (principal)
11001-03-28-000-2025-00015-00
11001-03-28-000-2025-00025-00
11001-03-28-000-2025-00030-00 (acumulados)
Demandantes1: LUCRECIA ÁLVAREZ DELGADO Y OTROS
Demandado: RAÚL DURÁN PARRA, DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
PARA EL PERIODO 2024-2027

Temas: Convocatoria, publicidad y trámite de recusaciones en designación
de director general de CAR. Procedencia de la carencia actual de
objeto.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala dicta sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1. Los señores María Paula Estupiñán Carvajal, Roy de Jesús Peñarredonda Lemus,
Lucrecia Álvarez Delgado y Juan Ardila Torres, en ejercicio del medio de control consagrado
en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, presentaron3 demandas de nulidad electoral contra la designación del señor
Raúl Durán Parra, como director general de la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS), contenida en el Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 20244.

1.2. Pretensiones

2. Los demandantes solicitaron la nulidad del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024 y
que, en consecuencia, se ordene una nueva designación para dicho cargo5.

1 María Paula Estupiñán Carvajal (rad. 11001-03-28-000-2025-00015-00), Roy de Jesús Peñarredonda Lemus

(rad. 11001-03-28-000-2025-00025-00), Lucrecia Álvarez Delgado (rad. 11001-03-28-000-2025-00026-00) y
Juan Ardila Torres (rad. 11001-03-28-000-2025-00030-00).
2 En adelante CPACA.
3 En el proceso 11001-03-28-000-2025-00015-00, la demanda fue presentada el 28 de enero de 2025, en los

radicados 11001-03-28-000-2025-00025-00 y 11001-03-28-000-2025-00026-00, el medio de control fue
promovido el 13 de febrero de 2023 y en el expediente 11001-03-28-000-2025-00030-00, el escrito inicial fue
allegado el 20 de febrero de 2025, en todos los casos, según consta el índice 3 de SAMAI respectivo.
4 «Por el cual se designa al [d]irector [g]eneral de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, para

el periodo 2024 al 31 de diciembre de 2027».
5 En el proceso No. 2025-00026, el demandante pretende que se ordene al Consejo Directivo de la CAS

efectuar una nueva designación de director general, reanudando el procedimiento establecido en el Acuerdo
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Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
periodo 2024-2027
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1.3. Hechos

3. Los accionantes narraron que, mediante Acuerdo No. 73 del 25 de septiembre de 2023,
el Consejo Directivo de la CAS definió el procedimiento interno para la elección de director
general en el periodo 2024–2027, el cual fue modificado posteriormente, en relación con la
fecha para su designación, que correspondió al 15 de febrero de 2024.

4. Indicaron que ese día se nombró inicialmente al señor Raúl Durán Parra, pero la Sección
Quinta del Consejo de Estado anuló dicha actuación mediante sentencia del 12 de
septiembre de 2024, por haberse omitido la elección del representante principal y suplente
de las comunidades negras, a pesar de la existencia de un consejo comunitario
afrodescendiente en Puerto Wilches.

5. Apuntaron que, como parte del trámite previo, el señor John Jairo Moncada Cepeda
presentó, el 17 de diciembre de 2024, recusación contra el director general encargado, con
la que solicitó su exclusión de la actuación relacionada con la designación del delegado de
comunidades negras.

6. Señalaron que esa petición fue resuelta el 23 de diciembre sin la mayoría requerida6, lo
que vicia la conformación del cuerpo colegiado que más adelante participó en la sesión de
designación del director, al desconocerse el procedimiento contemplado en el artículo 12 del
CPACA y los principios que rigen la función administrativa.

7. Aseveraron que, el 31 de diciembre de 2024, el Consejo Directivo fue citado a reunión
ordinaria sin informar que se votaría la elección del nuevo director ni allegaron los
correspondientes soportes.

8. Precisaron que, durante esa sesión, se modificó el cronograma, se rechazó una
recusación interpuesta el día anterior, esto es, el 30 de diciembre de 2024, contra todos los
integrantes del órgano directivo y se adoptó el Acuerdo No. 116 del 31 de diciembre de 2024,
mediante el cual se nombró nuevamente a Raúl Durán Parra.

9. Sostuvieron que esa petición fue rechazada por extemporánea con fundamento en la
exigencia estatutaria de radicarla dos días antes de la sesión, requisito que consideran
inaplicable al no haberse anunciado expresamente el asunto a tratar el mismo día.
Agregaron, además, que por estar dirigida contra la totalidad de los consejeros, debía
remitirse a la Procuraduría General de la Nación.

10. Expresaron que toda la actuación adelantada por el Órgano Elector vulneró los principios
de publicidad, participación, transparencia y debido proceso, al introducir cambios de forma
intempestiva, omitir información esencial y restringir el acceso efectivo a la deliberación por
parte de los convocados y de la ciudadanía interesada.

1.4. Normas violadas y concepto de la violación

11. Las demandas se sustentaron en la causal de nulidad prevista en el artículo 137 del
CPACA, al considerar que el Acuerdo No. 116 del 31 de diciembre de 2024 fue expedido

No. 073 de 2023, con observancia de los derechos de los aspirantes habilitados y de los principios consagrados
en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
6 Manifestaron que, según el acta del 23 de diciembre de 2024, la votación registrada fue de cinco votos

negativos, cuatro abstenciones y un voto en blanco y que conforme al artículo 34 del Acuerdo de Asamblea
Corporativa No. 011 de 2024, las decisiones del Consejo Directivo debían adoptarse por mayoría simple, esto
es, por la mitad más uno de los asistentes. En consecuencia, al requerirse seis votos afirmativos o negativos y
haberse obtenido únicamente cinco, no se alcanzó la mayoría exigida, de modo que la recusación no fue
resuelta en debida forma.
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Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
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con infracción de las normas en que deberían fundarse y con violación de los principios que
rigen la función administrativa.

12. En primer lugar, los demandantes alegaron que se quebrantaron los artículos 29, 83 y
209 de la Constitución Política; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 12 del mismo
estatuto; el artículo 26 de la Ley 99 de 1993; así como los artículos 32, 32.1, 32.2, 44, 48,
49, 50, 100, 101 y 102 de los estatutos internos de la CAS y el Acuerdo No. 73 de 2023, que
reglamentó el procedimiento interno para la designación del director general.

13. En ese sentido, señalaron que el Consejo Directivo modificó de forma sorpresiva el
cronograma de la elección, mediante el Acuerdo No. 115 del 31 de diciembre de 2024, sin
haber convocado previamente a los miembros para tratar ese asunto ni haber remitido la
documentación relativa a los aspirantes.

14. Sostuvieron que dicha modificación no fue publicada ni comunicada, lo que impidió
ejercer mecanismos de control ciudadano o institucional y afectó el principio de transparencia
en el proceso. También destacaron que a la sesión no asistió el delegado del Ministerio de
Ambiente, circunstancia que, según los demandantes, reflejó la falta de publicidad de la
convocatoria.

15. En segundo lugar, formularon un cargo por irregularidades en el trámite de recusaciones.
Explicaron que el día anterior a la designación fue radicada una solicitud en ese sentido
contra todos los miembros del Consejo Directivo, la cual fue rechazada en la misma sesión
del 31 de diciembre, mediante el Acuerdo No. 113, con el argumento de no haberse
presentado con, al menos, dos días de antelación.

16. Indicaron que esa exigencia era inaplicable, puesto que la convocatoria no incluyó la
elección en el orden del día, lo que impidió a los interesados conocer la fecha para ejercer
ese derecho. Añadieron que, por haber recaído sobre la totalidad del órgano elector, la
recusación debía haber sido remitida a la Procuraduría General de la Nación, conforme al
artículo 12 del CPACA, por lo que su rechazo por parte del consejo careció de competencia.

17. En tercer lugar, advirtieron que, el 17 de diciembre de 2024, el ciudadano John Jairo
Moncada Cepeda presentó recusación contra el director general encargado, solicitando su
exclusión del trámite de designación del representante de las comunidades negras ante el
Consejo Directivo.

18. Apuntaron que dicha solicitud fue aprobada en la sesión del 23 de diciembre, sin la
mayoría requerida, y que esa misma reunión se aprovechó para elegir al delegado étnico,
pese a que no se resolvió válidamente la recusación, lo cual comprometió la legalidad en la
conformación del órgano que posteriormente eligió al director.

19. Comentaron que el director general encargado de la CAS7 delegó en el jefe de la Oficina
de Control Interno Disciplinario (OCID) la función de instalar y conducir la reunión para la
elección del representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo. A juicio de
los demandantes, dicha asignación de funciones contravino lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto 1523 de 2003, el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 53 del
Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 011 de 2024, por tratarse de una competencia
indelegable, radicada de forma exclusiva en cabeza del primer funcionario.

20. En suma, los demandantes consideraron que el acto acusado fue adoptado con
desconocimiento del procedimiento reglado, mediante maniobras que impidieron la

7 Eymar Yesith Báez Camacho.

3
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Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
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Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)
participación efectiva, frustraron el control institucional, vulneraron el principio de
imparcialidad y comprometieron la legitimidad del proceso de elección.

1.5. Admisión de las demandas y decisión cautelar

21. A los escritos iniciales se les impartió el correspondiente trámite que se detalla a
continuación:

Auto que
Auto que Auto que Magistrado
Rad. Actor corre
inadmite admite ponente
traslado

11001-03-28-
María Paula 13 de febrero 3 de abril Omar Joaquín
000-2025- N/A.
Estupiñán Carvajal. de 20258. de 2025. Barreto Suárez.
00015-00

11001-03-28- Roy de Jesús 24 de
10 de marzo 24 de abril Luis Alberto
000-2025- Peñarredonda febrero de
de 2025. de 2025. Álvarez Parra.
00025-01 Lemus. 2025.

11001-03-28- 24 de 27 de
Lucrecia Álvarez 7 de marzo Pedro Pablo
000-2025- febrero de marzo de
Delgado. de 2025. Vanegas Gil.
00026-02 2025. 20259.

11001-03-28-
14 de marzo 8 de mayo Omar Joaquín
000-2025- Juan Ardila Torres. N/A.
de 202510. de 2025. Barreto Suárez.
00030-03

22. En el auto admisorio proferido dentro del proceso 11001-03-28-000-2025-00026-00, se
decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 116 del 31 de diciembre de
2024. En respaldo de dicha decisión, la Sala consideró que de la confrontación entre el acto
acusado y las normas superiores invocadas se advertía, a primera vista, la ausencia de
convocatoria para la elección del director general, que con ello se vulneró los principios de
publicidad, transparencia, debido proceso y participación, al impedir la intervención del
Ministerio de Ambiente y privar a los consejeros y candidatos de la posibilidad de presentar
objeciones o recusaciones.

23. Por su parte, en los expedientes 11001-03-28-000-2025-00015-00, 11001-03-28-000-
2025-00025-00 y 11001-03-28-000-2025-00030-00, en punto a la cautelar, esta judicatura
ordenó estarse a lo resuelto en el expediente 11001-03-28-000-2025-00026-02, al constatar
que ya se había adoptado una decisión que expulsó provisionalmente del ordenamiento
jurídico el acto demandado.

1.6. Contestaciones de la demanda

1.6.1. Demandado

24. La parte accionada guardó silencio.

8 Frente a esta decisión el apoderado de la CAS presentó solicitud de adición, que fue negada mediante
proveído del 27 de febrero de 2025.
9 El 2 de abril de 2025, el demandante presentó reforma a la demanda, que fue admitida el 8 de abril de 2025.
10En relación con esa determinación, el demandado interpuso recurso de reposición, el cual fue desestimado

mediante providencia del 27 de marzo de 2025.
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1.6.2. Gobernador de Santander – en calidad de presidente del Consejo Directivo de
la CAS11

25. A través de apoderado, solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que
el acto acusado se expidió con observancia de las normas legales, estatutarias y
reglamentarias.

26. Sostuvo que la convocatoria a la sesión del 31 de diciembre de 2024 fue enviada con la
antelación exigida y que en ella se adjuntó el proyecto de modificación del cronograma, lo
cual permitió a los consejeros conocer con anticipación que en esa fecha se realizaría la
elección del director general. Afirmó que no se incurrió en modificación sorpresiva del orden
del día, pues la aprobación del Acuerdo 115 fue prevista desde la citación.

27. Frente a la recusación presentada el 30 de diciembre de 2024, argumentó que fue
rechazada por extemporánea, conforme a los artículos 101 y 102 de los estatutos de la CAS,
y que tampoco cumplía con los requisitos formales, al haber sido promovida por un tercero
sin legitimación y sin reunir la información mínima exigida.

28. Sostuvo que el proceso de participación de comunidades negras fue respetado, toda vez
que el Consejo Comunitario Afrowilches intervino válidamente en la elección de sus
representantes.

29. Adicionalmente, solicitó la suspensión del trámite de la presente causa, debido a la
existencia de un proceso en curso ante el Tribunal Administrativo de Santander, en el que
se controvierte la legalidad de la designación del representante de comunidades negras ante
el Consejo Directivo, en tanto la decisión en esa causa puede incidir directamente en la
validez del acto acusado, al estar vinculada con la conformación del cuórum que adoptó la
designación del director general, y que en consecuencia, resultaba procedente suspender
este juicio hasta tanto se resolviera ese litigio12.

30. Finalmente, puso de presente que el señor Raúl Durán Parra presentó renuncia
irrevocable al cargo el 31 de marzo de 2025, por lo cual consideró que cualquier decisión
sobre la nulidad del acto debía tener en cuenta la imposibilidad de repetir la designación con
los mismos aspirantes y el estado actual del procedimiento.

1.6.3. Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS

31. El apoderado judicial13 se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la
demanda, con fundamento en similares argumentos a los expuestos por el presidente del
Consejo Directivo de dicha autoridad ambiental.

1.6.4. Pedro Antonio Carballido Fuentes – coadyuvante

32. Respaldó la nulidad del Acuerdo No. 116 del 31 de diciembre de 2024 con el argumento
que la designación cuestionada se llevó a cabo sin convocatoria previa, sin garantizar la
participación de los interesados ni del delegado del Ministerio de Ambiente, con modificación
del calendario en la misma sesión y con rechazo indebido de una recusación.

11 Actuó en calidad de presidente del Consejo Directivo de la CAS.
12 Este aspecto fue resuelto mediante auto del 19 de agosto de 2025, en el sentido que no se cumplían con los

requisitos para acceder a la suspensión del proceso conforma a las reglas del CGP.
13 Abogado Juan José Martínez Guerra, identificado con la cédula de ciudadanía 1.015.399.363, T.P. 216.980

del CSJ.
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33. Asimismo, señaló que la designación estuvo viciada por la indebida conformación del
Consejo Directivo, derivada de la participación de un representante de comunidades negras
cuya designación también estaría afectada por una recusación sin resolver.

34. Solicitó, en consecuencia, la nulidad del acto acusado y la repetición integral del
procedimiento de elección.

1.7. Actuaciones procesales relevantes

35. Mediante auto del 19 de agosto de 2025, se acogió el trámite de sentencia anticipada,
decidió sobre las pruebas, ordenó el traslado para alegar a los sujetos procesales y fijó el
litigio en los siguientes términos:

«9. Con base en los argumentos expuestos en las demandas acumuladas y en sus respectivas
contestaciones, se debe establecer si hay lugar a declarar la nulidad del Acuerdo No. 116 del
31 de diciembre de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo de la CAS designó al señor
Raúl Durán Parra como director general para el periodo institucional restante14, comprendido
entre el 1.º de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027.

10. Para el efecto, se debe determinar si el acto acusado fue expedido con desconocimiento
de las normas constitucionales, legales y estatutarias que regulan el procedimiento de elección
invocadas por la parte actora, en particular el artículo 209 de la Constitución y el artículo 3 de
la Ley 1437 de 2011, así como de los artículos 32 y 44 de los estatutos de la CAS, modificados
por el Acuerdo 011 de 2024, que imponen la obligación de convocar con una antelación no
inferior a cinco días hábiles y con remisión de la documentación de soporte, además de los
artículos 48, 49 y 50 de los estatutos que consagran los principios de debido proceso,
publicidad, participación, transparencia y buena fe, y del marco normativo previsto en el
Acuerdo 073 de 2023, que contiene la reglamentación para esa elección.

11. De manera concreta, se debe establecer:

11.1. Si se vulneraron los principios de debido proceso, participación, transparencia,
imparcialidad y publicidad, al haberse realizado en la sesión del 31 de diciembre de 2024 la
elección del director general de la CAS sin haber sido convocada expresamente, lo que habría
impedido la participación informada de todos miembros del Consejo Directivo, de los aspirantes
y de los demás interesados en el procedimiento.

11.2. Si se desconocieron las reglas sobre el trámite de recusaciones, al haberse rechazado
en la misma sesión del 31 de diciembre la recusación general interpuesta por el representante
Cristian Danilo Avendaño Fino contra todos los miembros del Consejo Directivo, sin dar
traslado a la Procuraduría General de la Nación, a pesar de estar dirigida contra la totalidad del
órgano colegiado, y con fundamento en requisitos de oportunidad y legitimación cuya aplicación
resultaría restrictiva frente a lo dispuesto en el artículo 12 del CPACA.

11.3. Debe determinarse si hay carencia de objeto o si el acto acusado mantiene efectos
jurídicos plenos, a pesar de la renuncia irrevocable presentada por el señor Raúl Durán Parra
al cargo de director general el 31 de marzo de 2025.

11.4. De otra parte, se precisa que en el expediente 2025-30 se propusieron dos cargos que
buscan controvertir la elección de los representantes de las comunidades negras ante el
Consejo Directivo que corresponden a: (i) una indebida delegación de funciones del director
General al jefe de la OCID de la CAS durante ese trámite eleccionario y (ii) en esa elección no
hubo mayoría para resolver la recusación contra el director encargado. Al respecto debe
decirse, que tales cargos no serán objeto de estudio dentro del presente trámite, puesto que
buscar (sic) controvertir una elección diferente a la aquí demandada, que es la del director
general de la CAS. Por lo anterior, estos cuestionamientos quedarán por fuera de la fijación del
litigio, por atacar y controvertir una elección diferente a la aquí demandada».

14 Conviene señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de septiembre

de 2024, radicado 11001-03-28-000-2024-00109-00, anuló la elección para ese cargo en el mismo período, y
con posterioridad se expidió el acto que hoy se somete a control judicial.
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1.8. Alegatos de conclusión

36. Demandante (2025-00015-00). La señora María Paula Estupiñán Carvajal, en calidad
de parte actora, expuso los siguientes argumentos:

37. El Consejo Directivo de la CAS expidió el Acuerdo No. 086 del 15 de febrero de 2023,
designando a Raúl Durán Parra como director general para el período 2024-2027.

38. Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la nulidad de dicho acuerdo, ordenando retomar el proceso de designación
desde la etapa en que se presentó la irregularidad15.

39. El Consejo Directivo expidió después el Acuerdo No. 116 del 31 de diciembre de 2024,
designando nuevamente al señor Durán Parra. Este acto fue suspendido en el trámite del
presente proceso, por presuntas vulneraciones a los principios de debido proceso,
participación, transparencia y publicidad.

40. El 6 de agosto de 2025, ese órgano elector realizó una nueva elección y designó a Gloria
Milena Durán Villar como directora general. En criterio de la parte actora, las elecciones
cuestionadas desconocieron el marco jurídico aplicable 16, lo que configura violación a la
legalidad, el debido proceso, la participación y la transparencia, y hace procedente la nulidad
del Acuerdo 116 de 2024.

41. Gobernador de Santander – presidente del Consejo Directivo de la CAS. Explicó
que no existe sustento para decretar la nulidad solicitada, en tanto la designación del cargo
de director general, regulado por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y los estatutos
de la CAS, fue realizada conforme a los requisitos de ley.

42. Indicó que las normas aplicables presentan vacíos normativos, por lo cual corresponde
al Consejo Directivo reglamentar mediante acuerdo corporativo el procedimiento de cada
elección, con el que se garantiza la autonomía institucional.

43. Finalmente, precisó que, bajo la tesis de la justicia rogada, el juez de lo contencioso solo
puede examinar los cargos expresamente formulados en la demanda, razón por la cual no
procede un control abstracto de legalidad.

44. CAS. Planteó que el debate procesal gira en torno a la legalidad del Acuerdo 116 del 31 de
diciembre de 2024, mediante el cual el Consejo Directivo de la CAS designó a Raúl Durán Parra
como director general. La controversia incluyó tres aspectos: la elección realizada sin
convocatoria formal, el trámite irregular de recusaciones y la eficacia jurídica del acto tras la
renuncia irrevocable del designado.

45. Comentó que la defensa giró en torno a que el procedimiento se adelantó con apego a la
normativa aplicable, y que la suspensión provisional del acto, seguida de la renuncia de Durán
Parra, configuró una falta absoluta que debía resolverse conforme al artículo 56 del Acuerdo
011 de 202417. En consecuencia, el 6 de agosto de 2025 el Consejo Directivo expidió el Acuerdo

15 Afirmó que esa decisión se basó en la «sentencia de unificación (Consejo de Estado. Sección Quinta.
Sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp. 2015-00029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio)».
16 Señaló que corresponden a la Ley 99 de 1993 y a los Decretos 1768 de 1994 y 1076 de 2015.
17 «[…] ARTÍCULO 56. FALTAS DEL DIRECTOR GENERAL. En caso de faltas temporales del Director

General, el Consejo Directivo designará un Director encargado, quien deberá ser un funcionario de nivel
directivo o asesor de la Corporación y cumplir con los requisitos para el ejercicio del cargo. Cuando se presente
falta absoluta del Director General, el Consejo Directivo elegirá un nuevo Director para el tiempo restante del
período institucional, de acuerdo con las siguientes reglas y con el marco legal vigente en la materia:
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Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
periodo 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)
136, por el cual se designó a Gloria Milena Durán Villar como directora general para el resto del
período institucional.

46. En consecuencia, solicitó que esta circunstancia administrativa sobreviniente sea tenida en
cuenta al momento de decidir el fondo del proceso.

1.9. Concepto del Ministerio Público

47. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó acceder a la nulidad
del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, por el cual el Consejo Directivo de la CAS designó
a Raúl Durán Parra como director general para el período 2024–2027.

48. Expuso que la elección aludida se realizó sin que estuviera incluida en el orden del día de
la sesión, lo que desconoció los principios de publicidad, transparencia y participación, e incluso
impidió la intervención del delegado del Ministerio de Ambiente.

49. Advirtió que el rechazo de la recusación general presentada contra los miembros del
consejo fue irregular, pues al no existir convocatoria previa no era posible determinar el término
para su radicación, de modo que no podía declararse extemporánea ni omitirse el traslado a la
Procuraduría General de la Nación.

50. Aclaró que el acto produjo efectos jurídicos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, fecha
de la renuncia irrevocable del señor Durán Parra, razón por la cual no procede la carencia actual
de objeto.

51. Concluyó que el acto demandado se expidió con infracción de normas superiores y en
contravía de los principios que rigen la función administrativa, lo cual impone declarar su nulidad.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

52. La Sala es competente para conocer en única instancia la demanda de nulidad electoral
formulada contra el Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, mediante el cual el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS designó a Raúl Durán
Parra como director general para el período institucional 2024–2027, de conformidad con el
numeral 4 del artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 202418.

2.2. El acto acusado

53. Se pretende la nulidad de la elección de Raúl Durán Parra como director general de la CAS,

1. Cuando se presente falta absoluta del Director General, el Consejo Directivo dentro de los tres (3) meses
siguientes designará a un funcionario del nivel directivo o asesor de la Corporación, como nuevo director en
propiedad por el periodo institucional restante, de conformidad con el procedimiento establecido para la
elección y designación del Director General, según lo dispuesto en los estatutos o la norma que lo modifique o
sustituya. Mientras se surte el proceso de elección se encargara como director a un funcionario de la
corporación que cumpla los requisitos del cargo.
2. Si la falta absoluta se presenta dentro de los seis (6) últimos meses del período institucional, el Consejo
Directivo encargará de la Dirección General por el resto del período faltante, a un funcionario del nivel directivo
o asesor de la Corporación que cumpla con los requisitos del cargo[…]». (Transcripción original incluso con
errores).
18 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN

DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización
y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta. 1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección
por voto popular o por cuerpos electorales (…).
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Demandantes: Lucrecia Álvarez Delgado y otros
Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
periodo 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)
contenida en el Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, para el período institucional 2024–
2027.

2.3. Cuestión previa

54. En sus alegatos de conclusión, la demandante María Paula Estupiñán Carvajal (proceso
2025-00015-00) cuestionó la designación de Gloria Milena Durán Villar como directora general
de la CAS, efectuada tras la renuncia del señor Raúl Durán Parra. Su reproche se dirige a que
la decisión se fundamentó en disposiciones estatutarias que incorporaron exigencias no
contempladas en la Ley 99 de 1993 ni en los Decretos 1768 de 1994 y 1076 de 2015, lo cual,
en su criterio, contraría el principio de legalidad.

55. Frente a ello, se sostiene que el examen se circunscribirá a la legalidad del Acuerdo 116
de 2024, según lo planteado en las demandas, sus contestaciones y la fijación del litigio. No
habrá pronunciamiento sobre la elección posterior, por estar fuera del objeto del proceso.

2.4. Problema jurídico

56. Conforme a la fijación del litigio, esta Sala debe establecer si el Acuerdo 116 del 31 de
diciembre de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo de la CAS designó al señor Raúl
Durán Parra como director general para el período 2024–2027, fue expedido con infracción en
las normas en que debería fundarse. En particular, corresponde determinar si en la sesión del
31 de diciembre de 2024 se vulneraron los principios de convocatoria y publicidad, si la
recusación general presentada contra todos los integrantes del Consejo Directivo fue tramitada
de manera irregular y si, pese a la renuncia irrevocable, presentada por el señor Durán Parra,
el 31 de marzo de 2025, el acto mantiene efectos jurídicos que justifican un pronunciamiento de
fondo, o por el contrario hay carencia de objeto.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Carencia actual de objeto

57. Corresponde abordar los problemas jurídicos anunciados. No obstante, resulta necesario
examinar un asunto preliminar de especial relevancia: establecer si la renuncia presentada por
el señor Raúl Durán Parra al cargo de director general de la CAS, aceptada el 21 de abril de
2025, impide un pronunciamiento de fondo en este proceso.

58. En efecto, cuando el acto electoral demandado carece de efectos por la falta de posesión
del designado o cualquier otra circunstancia que conlleve a la certeza de que no los produjo,
procede declarar la carencia actual de objeto. Sin embargo, si la decisión tuvo repercusiones
jurídicas, aun cuando luego sea derogada o revocada, corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso Administrativo examinar su legalidad mientras estuvo vigente19.

59. Lo expuesto encuentra respaldo en la tesis unificada20 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en materia electoral, que estableció:

«Unificar posición en el sentido de que si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la
carencia de objeto por sustracción de materia, caso en el cual el funcionario judicial deberá terminar
el proceso en su etapa inicial evitando dictar sentencia inhibitoria. Por el contrario, si el acto
acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo deberá decidir si se desvirtúa o no la

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto del 15 de marzo de 2021.

Rad.: 1001-03-28-000-2020-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de mayo de

2018. Rad.: 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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presunción de legalidad cuando el acto tuvo eficacia, estudio que se hará en la sentencia».

60. Por lo tanto, para establecer si procede aplicar esa figura procesal, corresponde determinar
si el acto de elección acusado produjo o no efectos jurídicos. De esta manera, en el expediente
obra copia del acta de posesión del señor Raúl Durán Parra como director general de la CAS,
de fecha 31 de diciembre de 2024, allegada por la propia autoridad ambiental al dar contestación
a la demanda, como se muestra a continuación:

61. Con ello se acredita que el Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024 produjo efectos
jurídicos, lo que descarta la configuración de una carencia actual de objeto y obliga a la Sala a
pronunciarse de fondo sobre la legalidad del acto acusado. En efecto, el designado ejerció el
cargo y posteriormente presentó renuncia el 31 de marzo de 2025, la cual fue aceptada el 21 de
abril del año en curso, según lo informó la CAS21.

2.5.2. Convocatoria, publicidad y recusaciones en la sesión del 31 de diciembre de 2024

62. Para resolver, se tiene que la parte actora22 solicitó la nulidad de la designación cuestionada
al estimar que el acto impugnado fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse y en abierta violación de los principios que orientan la función administrativa, en
particular los de publicidad, transparencia e imparcialidad. En su criterio, (i) el Consejo Directivo
modificó intempestivamente el cronograma previsto para el trámite de designación, mediante el
Acuerdo 115 del 31 de diciembre de 2024, sin que mediara convocatoria previa ni se remitieran
a los integrantes de la corporación los documentos relativos a los aspirantes, circunstancia que
afectó la transparencia del procedimiento y generó la ausencia del delegado del Ministerio de
Ambiente; y (ii) en esa misma sesión se resolvió rechazar la recusación general formulada
contra todos los miembros del consejo, con apoyo en un término estatutario imposible de
cumplir, lo cual, a su juicio, comprometió la imparcialidad y quebrantó la legalidad de la
designación.

63. En contraposición, el Consejo Directivo de la CAS y la propia autoridad ambiental solicitaron
negar las pretensiones al sostener que el acto acusado se expidió conforme a la normativa.

21 Índice de SAMAI 00057
22 En el mismo sentido se refirió el coadyuvante Pedro Antonio Carballido Fuentes.

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Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)
Afirmaron que la citación del 31 de diciembre de 2024 se remitió con la antelación requerida e
incluyó el proyecto de modificación del cronograma, que la recusación general se rechazó por
extemporánea y sin requisitos formales, y que la participación de comunidades negras se
garantizó mediante la intervención del Consejo Comunitario Afrowilches.

64. Sobre el particular, se tiene que el 27 de marzo de 2025, esta Sala en el proceso 11001-03-
28-000-2025-00026-00, estudió los mismos argumentos establecidos en la fijación del litigio en
los títulos «2.4.1. Irregularidades en el proceso de elección del director general»23 y « 2.4.2.
Trámite impartido a la recusación presentada el 30 de diciembre de 2024»24.

65. En esa oportunidad, se probó que: (i) la designación del 31 de diciembre de 2024 se
adelantó sin convocatoria expresa para ese fin, pues la citación solo incluía el proyecto de
modificación del cronograma; (ii) el Acuerdo 115 fue aprobado y publicado el mismo día, lo que
impidió un conocimiento previo y adecuado de la variación introducida, esto es, sin permitir la
intervención del delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni garantizar
conocimiento previo a los consejeros sobre la modificación introducida; (iii) Los documentos
enviados con la citación no contenían información sobre la elección del director, y el orden del
día se amplió en la propia sesión para incorporar ese punto. De lo anterior se concluye que la
irregularidad en la convocatoria no solo impidió garantizar la publicidad y la participación
debidas, sino que también explica la ausencia de dicho representante ministerial en la sesión
del 31 de diciembre de 2024, al no haber sido informado de que en esa reunión se llevaría a
cabo la elección del director general y (iv) la recusación general presentada el 30 de diciembre
de 2024 fue rechazada por extemporánea, aunque sin convocatoria que fijara la fecha de la
elección no podía establecerse el término para su radicación.

66. Tales circunstancias vulneraron los principios de publicidad, participación, transparencia y
debido proceso y privaron de intervenir al delegado del Ministerio de Ambiente.

67. Todo lo anterior llevó a concluir que se configuraron los vicios señalados por la parte actora,
razón por la cual se decretó la suspensión provisional del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de
2024.

68. Conviene resaltar que en esa decisión cautelar se examinaron los mismos argumentos
expuestos por la parte demandada y por la CAS, referidos a la validez de la convocatoria, la
publicidad del cronograma, la regularidad del cuórum y la improcedencia de la recusación. En
ese sentido, los planteamientos de la defensa fueron sustancialmente idénticos a los reiterados
en la contestación de la demanda.

69. Ahora bien, del estudio integral del expediente se confirma que la designación del 31 de
diciembre de 2024 careció de convocatoria específica para elegir director general. Tal omisión
vulneró los principios de publicidad, transparencia, debido proceso y participación y, además,
impidió la intervención del delegado del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, al tiempo que frustró la posibilidad de ejercer controles como las reclamaciones
y las recusaciones.

70. Esta conclusión se apoya en25: (i) la citación del 20 de diciembre de 2024, suscrita por el
presidente de la CAS, con orden del día que no anunció elección26, punto de designación ni

23 Consideraciones 55 a 83.
24 Consideraciones 84 a 93.
25 Todos los soportes aquí referenciados se pueden consultar en el índice de SAMAI 00020, archivo:
«Anexos:21_RECIBEMEMORIAL_DOCUMENTACIONREQUERI_0_20250317202441530(.zip)».
26 «1. Verificación del Quórum. 2.Lectura y aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta No 078 de la

sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2024. 4. Informe conceptos jurídicos sentencia Consejo de Estado de
fecha 12 de septiembre de 2024. 5. Presentación y aprobación del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual
se modifica el Acuerdo 085 del 15 febrero de 2024 ‘Por medio del cual modifica el Acuerdo No 081 del 26 de
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trámite de recusaciones; (ii) la constancia del correo electrónico de remisión, con detalle de los
anexos enviados 27 ; (iii) la recusación general presentada por el congresista Cristian Danilo
Avendaño, con sello de radicación; y (iv) el Acta 081-2024 del 31 de diciembre, donde consta
que el orden del día fue modificado para introducir, entre otros asuntos, esa solicitud y la decisión
de elegir al demandado, y que en esa sesión no participó el representante del mencionado
ministerio. Conjunto probatorio que demuestra la ausencia de aviso suficiente y de soportes
mínimos para activar los mecanismos de control.

71. Asimismo, se advierte que los documentos enviados con la convocatoria no incluían
información sobre la designación y que el planteamiento general elevado contra todos los
integrantes del órgano fue rechazado con base en un término imposible de aplicar en ausencia
de convocatoria formal.

72. Sumado a lo anterior, de conformidad con los artículos 32.128 y 44 de los Estatutos (Acuerdo
011 de 2024), la convocatoria debía efectuarse con la antelación y los soportes
correspondientes, en la que se remita a los consejeros la documentación necesaria para el
desarrollo de la sesión. A su vez, los artículos 48 a 50 contemplan los principios de publicidad y
participación en la elección del director, y el artículo 102 prevé que las solicitudes de
apartamiento deben formularse hasta el segundo día hábil anterior a la sesión, lo que presupone
una convocatoria previa con los asuntos y documentos pertinentes.

73. De otra parte, el Consejo Directivo y la CAS, al contestar la demanda, afirmaron que la
recusación presentada el 30 de diciembre de 2024 por el representante a la Cámara Cristian
Danilo Avendaño Fino carecía de legitimación por no hacer parte de la actuación de designación.
El artículo 101.5 de los Estatutos, en efecto, limita esa facultad a los aspirantes admitidos, a los
miembros del Consejo Directivo y al Ministerio Público.

74. No obstante, del Acuerdo 113 del 31 de diciembre de 2024 se advierte que la decisión no
se apoyó en falta de legitimación, sino en extemporaneidad con fundamento en el artículo 102
de ese compendio29. Ese precepto condiciona el plazo a citación formal que informe fecha y
asunto; sin citación, el término no corre.

diciembre de 2023, por medio del cual se ajusta el Acuerdo No 073 de septiembre 25 de 2023, Por el cual se
reglamenta el procedimiento interno para la elección del Director(a) General de la Corporación Autónoma
Regional de Santander – CAS, para el período institucional del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de
2027”.6. Proposiciones y varios».
27 «CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DICIEMBRE 2024.pdf; ACTA No 078-29 de noviembre de

2024.pdf; Concepto CAS - Nulidad Director (4).pdf; CONCEPTO JURIDICO SENTIDO FALLO ELECTORAL
POR EYNI PATRICIA APONTE D.pdf; CONCEPTO SENTENCIA RAD .- 11001-03-28-000-2024-00109-00
NULIDAD ELECTORAL (1) (3).pdf; MEMORANDO DGL 321 DE 2024 - CONCEPTO EFECTOS DE NULIDAD
ELECCIÓN DEL DIRECTOR (1).pdf; PROYECTO DE ACUERDO MODIFICA EL ACUERDO 85 DE 2024.pdf;
ACUERDO 85.pdf;».
28 «SESIONES ORDINARIAS. El Consejo Directivo se reunirá, al menos una (1) vez al mes previa

convocatoria, que haga el Presidente, el ministro o su delegado, o en su defecto el Director General de la
Corporación o la mayoría de sus miembros, con antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, con sus
respectivos soportes. En las sesiones ordinarias de Consejo Directivo, se podrá tratar cualquier asunto de los
que legal y estatutariamente le corresponden». (Transcripción original incluso con errores).
29 «TERMINOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE RECUSACION: Solo se tramitarán las

solicitudes de recusación que se presenten en los siguientes términos:
a. Cuando se trate de una solicitud de recusación contra los miembros de la Asamblea Corporativa, esta deberá
presentarse dos (2) días hábiles antes de la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria, en la que se vaya a
tratar el asunto por el cual se recusa al respectivo integrante.
b. Cuando se trate de una solicitud de recusación contra los miembros del Consejo Directivo, esta deberá
presentarse:
i) Hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria, en la que se vaya a tratar
el asunto por el cual se recusa al respectivo integrante.

Las solicitudes de recusación recibidas en tiempo, deberán tramitarse en la forma establecida en los presentes
Estatutos en la sesión próxima al Consejo Directivo, de lo cual informará el Secretario de forma a previo a la
sesión, y se entenderá incluido el asunto dentro del orden del día de la respectiva sesión ordinaria o
extraordinaria a celebrarse». (Transcripción original incluso con errores).
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Demandado: Raúl Durán Parra, director general de
la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
periodo 2024-2027
Rad: 11001-03-28-000-2025-00026-00 (Ppal.)

73. En consecuencia, la regla del artículo 101.5 de los estatutos no fue el sustrato decisorio del
acto. La extemporaneidad resulta infundada por ausencia de citación válida y, de
comprometerse el cuórum, lo procedente era remitir la solicitud a la Procuraduría General de la
Nación, conforme al numeral 5.° del artículo 105 de la misma norma corporativa.

75. Así las cosas, se configuró la vulneración de los deberes estatutarios y de los principios
rectores del procedimiento administrativo, en tanto el Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024
fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse y en desconocimiento de
garantías esenciales, lo que compromete su validez. En consecuencia, la Sala concluye que se
encuentran acreditados los vicios que imponen declarar la nulidad de la designación
cuestionada de Raúl Durán Parra como director general de la CAS.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: Declarar la nulidad del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, expedido por
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, mediante
el cual se designó al señor Raúl Durán Parra como director general para el período
institucional 2024–2027.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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