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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00150-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00150-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: LEVANTAR la suspensión provisional del acto acusado, decretada por la Sala mediante auto de 7 de diciembre de 2023. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023, por medio del cual el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA eligió a la señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de la entidad, para el período institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. ! $&! ! Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Demandante: Veeduría para la elección del director general de CORPORINOQUÍA y otros Demandada: Doris Bernal Cárdenas Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado) TERCERO: MODULAR los efectos de la nulidad declarada en esta providencia, a fin de que el órgano competente retome el procedimiento de elección del director general de CORPORINOQUÍA, desde la etapa 13 del cronograma adoptado mediante Acuerdo Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023, relativa a la «Elección del Director General», la cual deberá iniciar con el trámite de las recusaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y del reglamento. CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no proceden recursos ordinarios, de conformidad con el artículo 243A del CPACA. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00150-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de octubre de 2024

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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Principal)1
Demandantes: VEEDURÍA POR LA TRANSPARENCIA Y EL MÉRITO EN LA
ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE CORPORINOQUÍA Y OTROS
Demandada: DORIS BERNAL CÁRDENAS – DIRECTORA GENERAL DE
CORPORINOQUÍA (PERÍODO 2024-2027)

Temas: Marco normativo de la elección del director general de las
corporaciones autónomas regionales (CAR). Trámite de las
recusaciones contra el consejo directivo. Condiciones para
modificar el cronograma y reanudar convocatoria suspendida.
Prohibición de tercera reelección del director general. Efectos de
los fallos de nulidad electoral.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Corresponde a la Sala decidir las demandas acumuladas contra el acto de elección
de la señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA).

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas

1.1. Rad. 2023-00091

1. El señor Jorge Andrés Rodríguez González, en nombre propio, instauró
demanda2 en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, con la que pretende la nulidad del Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de
noviembre de 2023, por medio del cual el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA

1
Acumulado con Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00, 11001-03-28-000-2023-00107-00, 11001-
03-28-000-2023-00130-00 y 11001-03-28-000-2023-00136-00.
2
Radicada el 15 de noviembre de 2023.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

eligió a la señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de la entidad, para
el período institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.

1.1.1. Hechos

2. El demandante manifestó que fue candidato dentro del procedimiento de
elección del director general del período 2024-2027, reglamentado por el Consejo
Directivo de CORPORINOQUÍA mediante Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de
septiembre de 2023. Precisó que este acto estableció como fecha para la audiencia
de elección el 25 de octubre de ese año.

3. Manifestó que la etapa de elección fue suspendida a órdenes del juez de
3
tutela y que la medida fue levantada posteriormente, mediante fallo del 3 de
noviembre de 2023.

4. Narró que el 7 de noviembre de 2023, la presidenta del Consejo Directivo de
CORPORINOQUÍA convocó a sus miembros para elegir al día siguiente al director
general. Indicó que el delegado de la ministra de Ambiente y algunos candidatos
solicitaron aplazar la sesión, con base en el término mínimo de cinco días de
anticipación para citar que contemplan los estatutos y el reglamento interno.

5. Por otra parte, informó que la veeduría del proceso y un candidato
presentaron recusaciones contra los 17 integrantes del Consejo Directivo, que no
fueron publicadas ni remitidas a la Procuraduría General de la Nación para ser
resueltas.

6. Señaló que la demandada fue elegida como directora general de la
corporación el 8 de noviembre de 2023, pese a las irregularidades comentadas.

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

7. La parte actora atribuyó al acto acusado «múltiples irregularidades» para
favorecer a la demandada, que enmarcó en las causales de nulidad del artículo 137
del CPACA, por infracción de normas superiores4, expedición irregular,
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y falsa motivación. Además,
invocó la causal del numeral 3 del artículo 275 ibidem, por falsedades en el
procedimiento de selección.

3
Auto del 23 de octubre de 2023, Rad. 2023-00178, del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal.
4
Citó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 40, numerales 1
y 7, 83, 126 y 209 de la Constitución Política; artículos 3º, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11, y 11
y 12 de La ley 1437 de 2011; 109 de la Ley 1757 de 2015; artículos 28 y 33 de los Estatutos de
CORPORINOQUÍA (Resolución 1367 de 2005); artículo 36 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo de CORPORINOQUÍA (Acuerdo 200-3-2-22-019 del 18 de noviembre de 2022) y artículos
tercero y décimo cuarto de la convocatoria para la elección del director general del periodo 2024-
2027 (Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023.

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de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

8. En desarrollo de lo anterior, señaló que no fue expedido un acuerdo de
modificación a la convocatoria inicial para reiniciar el cronograma y citar a la
elección, una vez superada la suspensión que dispuso el juez de tutela. Frente a
este aspecto, consideró que el Consejo Directivo CORPORINOQUÍA actuó contra
sus propios actos, porque en la elección del director general del año 2022 declaró
la suspensión del trámite mediante un acto administrativo y de la misma manera lo
reanudó.

9. Asimismo, planteó el desconocimiento de los principios orientadores de la
función administrativa5, especialmente el de publicidad, en concordancia con su
derecho a ser elegido, dado que el acto de convocatoria a la sesión de elección no
fue publicado en la página web. En su lugar, asegura que se enteró de este hecho
el 7 de noviembre de 2023, por la red social X, y lo corroboró al día siguente, con la
publicación del acto de elección en la página web de la corpración.

10. Añadió que la demandada se benefició de las decisiones que adoptó el
Consejo Directivo durante el procedimiento de elección, en desmedro de los
derechos de los demás participantes.

11. Por otra parte, alega el incumplimiento de las reglas estatutarias6, que
ordenan convocar al menos cinco días antes a una sesión extraordinaria cuando la
elección del director no pueda hacerse en la fecha y hora establecida inicialmente,
mientras que en este caso se citó arbitrariamente de un día para otro a una sesión
ordinaria.

12. No habiéndose hecho de esta forma, estima que la elección fue producto de
la reunión irregular de 12 de los 17 integrantes del consejo directivo7. Por lo mismo,
interpreta la ausencia de los delegados del presidente de la República y de la
ministra de Ambiente, los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá y el alcalde del
municipio de Une (Cundinamarca), como una vulneración a sus derechos a
participar y elegir.

13. Por último, reprochó la modificación del orden del día de la sesión del 8 de
noviembre de 2023 para resolver las recusaciones, que fueron desestimadas por
incumplimiento de requisitos formales. Señala que la actuación debió suspenderse
y remitirse las recusaciones a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con
el artículo 12 del CPACA y la convocatoria8. Agregó que las respuestas a las
recusaciones no contienen ninguna explicación sobre las falencias de los escritos.

5
Citó los artículos 209 de la Constitución Política y 3º del CPACA.
6
Citó el artículo 6º del Acuerdo 1100.02-2-14-002 del 14 de febrero de 2014, que modificó el artículo
28 de los estatutos de CORPORINOQUÍA. Además, el reglamento interno el Consejo Directivo,
contenido en el Acuerdo 200-3-2-22-019- del 18 de noviembre de 2022.
7
Citó un referente sobre la elección del contralor general de la República por parte del Congreso.
Sentencia de 25 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00297-00 (Acum.).
8
Se refirió al artículo 3º del Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023.
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1.1.3. Admisión y decreto de suspensión provisional

14. Mediante auto de 7 de diciembre de 20239, la Sala admitió la demanda y
decretó la suspensión provisional del acto acusado10. En particular, la decisión
sobre la medida cautelar estuvo fundamentada en la infracción a lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el parágrafo 2º del artículo doce de la
convocatoria, ante la presentación de recusaciones contra los integrantes del
Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, que afectaban el quorum y cumplían los
requisitos formales.

15. Por lo tanto, en la mencionada providencia se advirtió que la actuación debió
suspenderse, correr traslado a los recusados para aceptar o rechazar las causales
endilgadas y remitir los escritos a la Procuraduría General de la Nación.

1.2. Rad. 2023-00107

16. Los ciudadanos Anderson Sandoval Landinez, invocando la calidad de
presidente de la «Veeduría por la Transparencia y el Mérito en la Elección del
Director (a) de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía período 2024-
2027» y Abel Alfredo Ladino Rincón, como excandidato, actuando en nombre
propio, instauraron demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
139 de la Ley 1437 de 2011, para obtener la nulidad del Acuerdo 200.3.2.23-004
del 8 de noviembre de 2023, que contiene la elección de la señora Doris Bernal
Cárdenas como directora general de la mencionada corporación para el período
2024-2027, expedido por el consejo directivo.

1.2.1. Hechos

17. Los demandantes manifestaron haber recusado a 16 miembros del consejo
directivo11, dentro del plazo previsto en el reglamento de la elección del director
general de CORPORINOQUÍA, período 2024-202712.

18. Informaron que la Procuraduría General de la Nación hizo seguimiento al
aludido procedimiento de elección. Además, que expidió la Circular 17 del 3 de
noviembre de 2023, mediante la cual previno sobre el trámite de recusaciones y
tutelas promovidas con mala fe, fines dilatorios o temerarios durante la elección de
los directores de corporaciones autónomas regionales.

9
MP. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
10
Mediante auto de 25 de enero de 2024 se negó la solicitud de aclaración y adición de esta
providencia.
11
Mediante los oficios Rad. YO.2023-17254 y YO.2023-17256 del 24 de octubre de 2023.
12
Señalaron el Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023, artículo décimo cuarto, que
otorgó hasta el 24 de octubre de 2023, a las 5 p.m., para presentar recusaciones.
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19. Señalaron que el 7 de noviembre de 202313, la secretaria privada de la
Gobernación de Casanare, en la condición de presidenta del Consejo Directivo de
CORPORINOQUÍA, convocó a los demás integrantes para elegir al día siguiente al
director general de la entidad.

20. Advirtieron que en la sesión del 8 de noviembre de 2023 se eligió a la
demandada con el voto de los 12 miembros asistentes, todos ellos recusados.

1.2.2. Normas violadas y concepto de la violación

21. La parte actora propuso la nulidad del acto acusado con sustento en el
desconocimiento del precedente judicial en el contexto de elecciones de
competencia de los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales14, según el cual se suspende la actuación cuando las recusaciones
afecten el quorum y suministren la carga argumentativa, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 12 del CPACA.

22. Explicó que, en lugar de ese trámite, la decisión de las recusaciones se
adicionó al orden del día de la sesión del 8 de noviembre de 2023, en la que se
efectuó la elección cuestionada.

23. Sobre el mismo punto, propuso la excepción de ilegalidad de la Circular 17
de 3 de noviembre de 2023, expedida por el procurador Delegado con Funciones
Mixtas 3 para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios. Adujo que este
funcionario no tenía competencia para expedirla, porque solo fue facultado por la
procuradora General de la Nación para hacer seguimiento a las elecciones de los
directores generales de las corporaciones autónomas regionales.

24. Por otra parte, aseguró que el voto del representante de las comunidades
negras no es válido, pues no está contemplado en los estatutos como miembro del
Consejo Directivo15.

13
Mencionó el oficio 200.2.5.23-12615.
14
Sobre el precedente judicial citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de febrero
de 2016, Rad. 2015-03358-00(AC), MP. Rocío Araújo Oñate. En cuanto al trámite de las
recusaciones en procesos de elección de competencia de los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales, hizo referencia, entre otras a: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 23 de junio de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2016-00008-00, MP. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2015-00054-00, MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 1º de febrero de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2016-00083-00
(Acumulado), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00031-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
15
Citó el articulo 22 de los estatutos de CORPORINOQUÍA.
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1.2.3. Admisión y decisión de la medida cautelar

25. Mediante auto proferido el 1º de febrero de 202416, la Sala admitió la
demanda y se estuvo a lo resuelto en la providencia de 7 de diciembre de 2023, que
decretó la suspensión provisional del acto de elección acusado17.

1.3. Rad. 2023-00130

26. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de apoderado18,
instauró demanda por el medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, contra el Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023 del
Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, que contiene la elección de la señora
Doris Bernal Cárdenas como directora general de la entidad, para el período
institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.

1.3.1. Hechos

27. La entidad pública demandante relató que la convocatoria para elegir al
director general de CORPORINOQUÍA se abrió mediante el Acuerdo 200.3.2.23-
003 del 1º de septiembre de 2023 y que fue suspendida por una orden de tutela
hasta el 3 de noviembre de 202319.

28. Señaló que el 7 de noviembre de 2023, la presidenta del Consejo Directivo
de la mencionada corporación autónoma convocó a los integrantes para el 8 de
noviembre, a las 7:00 a.m., con el propósito de realizar la elección del director
general.

29. Subrayó que el delegado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
el representante del presidente de la República se opusieron a la reunión, por
considerar que la modificación de la convocatoria debió hacerse por acto
administrativo debidamente publicado, en lugar de una «comunicación electrónica».

30. Agregó que la elección se efectuó el 8 de noviembre de 2023, sin tramitar las
recusaciones presentadas contra 16 de los 17 miembros del Consejo Directivo.

1.3.2. Normas violadas y concepto de la violación

31. El demandante acusó el acto de elección de la directora general de
CORPORINOQUÍA de los vicios de expedición irregular e infracción normativa.

16
MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
17
Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00.
18
El abogado Richard Alberto Santamaría Sanabria.
19
Mencionó el auto de 23 de octubre de 2023.
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32. En tal sentido, adujo que la convocatoria para elegir el 8 de noviembre de
2023 desconoció los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, los estatutos20 y
las reglas del procedimiento establecidas al inicio por el propio órgano elector21,
porque se hizo a través de una citación intempestiva, sin un acto administrativo de
modificación que fuera publicado. Por ello, considera que «se impidió y vulneró el
derecho a la participación y deliberación de todos los integrantes del Consejo
Directivo».

33. Sumado a aquello, puso de presente que la sesión del 8 de noviembre de
2023 «se realizó con algunos miembros del Consejo Directivo de forma presencial
y otra forma no presencial», a pesar de que el artículo 28 de los estatutos no permite
realizar la elección del director general en la modalidad virtual.

34. Finalmente, advirtió que «[l]a nulidad declarada por el Consejo de Estado en
el fallo del 17 de junio de 2021 dentro del proceso 11001-03-28-000-2019-00061-00
constituye un precedente importante, puesto que las actuaciones dentro del proceso
electoral deben respetar las condiciones y los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente, específicamente los Acuerdos del Consejo Directivo
y los estatutos de CORPORINOQUIA».

1.3.3. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar

35. La demanda fue admitida por la Sala en el auto de 1º de febrero de 202422.
Esta providencia también resolvió estarse a lo resuelto en el auto de 7 de diciembre
de 202323, que decretó la suspensión provisional del acto de elección de la
demandada.

1.4. Rad. 2023-00136

36. En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, el señor Gonzalo Ramos Rojas demandó en nombre propio la nulidad de
la elección de la señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de
CORPORINOQUÍA, período 2024-2027, realizada por el Consejo Directivo de la
entidad, mediante Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023.

1.4.1. Hechos

37. El demandante manifestó que la veeduría para la elección del director de
CORPORINOQUÍA presentó recusaciones por conflicto de intereses contra 14
integrantes del Consejo Directivo, que afectaban el quorum para elegir.

20
Hizo referencia a los artículos 27 y 28.
21
Especialmente los artículos segundo y tercero del Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre
de 2023.
22
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
23
Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00.
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38. Aseguró que dichas recusaciones no fueron remitidas a la Procuraduría
General de la Nación, contrario al trámite previsto en el artículo 12 del CPACA,
aplicable por remisión expresa de la convocatoria24.

1.4.2. Normas violadas y concepto de la violación

39. La parte actora atribuyó al acto acusado la causal de nulidad del artículo 137
del CPACA, por infracción de los artículos 83 de la Constitución Política, 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y
14, parágrafo 2º del Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023.

40. En desarrollo de lo anterior, explicó que las recusaciones formuladas contra
los integrantes del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA debieron ser enviadas
para ser decididas por la Procuraduría General de la Nación, porque afectaban el
quorum para elegir al director general y estuvieron argumentadas razonablemente.

41. A juicio del demandante, esta omisión desconoció el principio de buena fe en
las actuaciones administrativas e inaplicó el precedente judicial25 sobre la
obligatoriedad de los estatutos y reglamentos que gobiernan los procedimientos de
elección de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales.

1.4.3. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar

42. La Sala admitió la demanda mediante auto del 25 de enero de 2024, en el
que, además, se dispuso estarse a lo resuelto en el auto de 7 de diciembre de
202326, que decretó la suspensión provisional de la elección de la señora Doris
Bernal Cárdenas como directora general de CORPORINOQUÍA.

1.5. Rad. 2023-00150

43. Los señores Anderson Sandoval Landinez, Carol Lizeth Moreno Chaparro,
Ronal Salinas Higuera y Wilfren Pedraza Pérez, integrantes de la Veeduría por la
Transparencia y el Mérito en la Elección del Director (a) de CORPORINOQUÍA
instauraron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral del
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra la elección de la señora Doris Bernal
Cárdenas como directora general de dicha corporación, contenida en el Acuerdo
200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023, expedido por el Consejo Directivo.

24
Remitió al Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023, artículo 14, parágrafo segundo.
25
Citó la sentencia C-462 de 2008 de la Corte Constitucional. Además, «Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo. Radicado 11001-03-28-000-2011-00003-00(IJ). C.P.: Victor
Hernando Alvarado Ardila. Bogotá D.C.: 06 de marzo de 2012; Consejo de Estado-Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Radicado 110010328000201300024-00. M.P.: Lucy
Jeannette Bermudez Bermudez. Bogotá D.C.: 25 de junio de 2014; Consejo de Estado. Sentencia
Sección Quinta. Radicado 2281. M.P. Reinaldo Chavarro Buritica. Bogotá D.C.: 12 de agosto de
1999; Ley 130/1994 Art. 7».
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Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

1.5.1. Hechos

44. Los demandantes relataron que el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA
eligió como directora general a la señora Doris Bernal Cárdenas, para el periodo
2020-2023, mediante Acuerdo 200.3.2.19-005 del 30 de octubre de 2019.

45. Informaron que dicha elección fue anulada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por medio de sentencia del 17 de junio de 202127, por vicios de
procedimiento.

46. Explicaron que la nulidad ameritó un nuevo procedimiento, que culminó con
la reelección de la señora Bernal Cárdenas, a través de Acuerdo 200.3.22-003 del
17 de marzo de 2022.

47. Señalaron que la entidad convocó para la elección del periodo 2024-2027,
mediante Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023. Precisaron que
durante este trámite presentaron un concepto jurídico28 acerca de la inscripción de
la demanada como candidata, debido a la prohibición legal de reelección por
segunda vez29.

48. Finalmente, resaltaron que la señora Doris Bernal Cárdenas fue elegida para
un tercer periodo, mediante el acto acusado.

1.5.2. Normas violadas y concepto de la violación

49. La parte actora sustentó la pretensión de nulidad electoral en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011, por infracción a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 99
de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 200830, que limita la
reelección de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales
por una sola vez.

50. Al respecto, sostuvo que la demandada fue elegida en tres oportunidades, el
30 de octubre de 2019, 17 de marzo de 2022 y 8 de noviembre de 2023. Agregó
que «para efectos de la reelección no interesa si el servidor se posesionó o no»,
pues la ley busca «limitar la concentración de poder en una sola persona y favorecer
la pluralidad de participación».

51. Por ello, deduce que la señora Doris Bernal Cárdenas no cumplía los
requisitos para ser elegida, de conformidad con la causal prevista en el numeral 5
del artículo 275 del CPACA.

27
Rad. 11001-03-28-000-2019-00061-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
28
Señalaron que fue rendido por el abogado Jorge Iván Acuña.
29
Ley 1263 de 2008, artículo 1º.
30
También citó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 29,
40, 83 y 209 de la Constitución Política.
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1.5.3. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar

52. El auto admisorio de la demanda fue proferido por la Sala el 25 de enero de
2024, que incluyó estarse a lo resuelto en el auto de 7 de diciembre de 202331, frente
al decreto de la suspensión provisional del acto impugnado.

2. Contestaciones de las demandas32

2.1. Señora Doris Bernal Cárdenas

53. El apoderado de la demandada33 se opuso a la nulidad de la elección
impugnada. Inició defendiendo el rechazo de las recusaciones presentadas contra
los integrantes del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, porque asegura que
no cumplían los requisitos para ser tramitadas y sustentaban el conflicto de
intereses de los recusados en publicaciones en redes sociales que contenían
imágenes indebidamente utilizadas.

54. Luego advirtió que la tutela que suspendió el procedimiento de elección no
dispuso que debiera modificarse el reglamento de la convocatoria para reanudarlo,
en la forma en que lo exige la parte actora.

55. En cuanto al cargo de una tercera elección, sostuvo que la señora Bernal ha
sido elegida una sola vez como directora general de CORPORINOQUÍA, el 17 de
marzo de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta interpretación la respalda
en que la sentencia de 17 de junio de 202134 no moduló los efectos de la nulidad de
la elección efectuada en el 2019, de manera que nunca hubo elección.

56. Así mismo, aseguró que el representante de las comunidades negras está
contemplado como integrante del Consejo Directivo de la corporación en el artículo
56 de la Ley 70 de 1993, en concordancia con los decretos 1523 de 2003 y 1076 de
201535 y el artículo 22, numeral 6º de los estatutos.

57. Por otra parte, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de CORPORINOQUÍA36, por considerar que no debe tenerse como
demandada, de conformidad con el artículo 277 del CPACA.

58. Adicionalmente, propuso la excepción de inepta demanda37 por falta de
requisitos formales, pues estima que presentan hechos desordenados, en contra de

31
Rad. 11001-03-28-000-2023-00091-00.
32
Para mayor claridad y organización de los argumentos de defensa, se reseñarán a continuación
frente a cada cargo, en lugar de exponerlos por demanda.
33
El abogado Andrés Mauricio Briceño Chaves.
34
Rad. 11001-03-28-000-2019-00061-00 (Acumulado con 00062 y 00089).
35
Capítulo 5.
36
En los expedientes Rad. 2023-00091, Rad. 2023-00107, Rad. 2023-00136 y Rad. 2023-00150.
37
Respecto de las cinco demandas acumuladas.
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Demandada: Doris Bernal Cárdenas
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la exigencia del numeral 3 del artículo 162 ibidem y en detrimento del derecho de
defensa de la demandada.

59. De igual forma, advirtió que los demandantes acumulan indebidamente
pretensiones ajenas a la nulidad del acto que contiene la elección de la directora
general de la corporación, como invalidar el voto del representante de las
comunidades negras, declarar la ilegalidad de una circular del Ministerio Público y
realizar un nuevo procedimiento de elección.

60. Por último, alegó la excepción de falta de integración del litisconsorcio
necesario38, ante la falta de vinculación al proceso de la Procuraduría General de la
Nación, de donde proviene la circular sobre el trámite de recusaciones mencionada
por la parte actora.

2.2. CORPORINOQUÍA

61. La apoderada de la entidad39 manifestó en defensa del acto acusado que la
designación de la señora Doris Bernal Cárdenas en 2019 como directora general no
nació a la vida jurídica, en virtud de los efectos ex tunc de la nulidad judicial de que
fue objeto. Además, resaltó que la demandada no tomó posesión ni ejerció las
funciones del cargo en aquella oportunidad, en virtud de la suspensión provisional
del acto.

62. En tal sentido, señaló que la primera elección de la demandada fue en el año
2022, como resultado de un nuevo procedimiento de convocatoria, iniciado en
noviembre de 2021.

63. En cuanto a las recusaciones, aseguró que los 12 miembros del Consejo
Directivo que asistieron a la sesión del 8 de noviembre de 2023 decidieron por
unanimidad que los escritos no cumplían con los requisitos formales exigidos por el
artículo décimo cuarto del Acuerdo 200.3.2.23.003 del 1º de septiembre de 2023,
en línea con las directrices impartidas por la Procuraduría General de la Nación en
la Circular 17 del 3 de noviembre de 2023. Por ello, explicó que se les dio el
tratamiento de derechos de petición y se facultó a la secretaria técnica del Consejo
Directivo para emitir las respuestas.

64. Respecto al reinicio del cronograma, argumentó que la citación del 7 de
noviembre de 2023 no fue un acto general que requiriera publicación, sino que se
trató de «un comunicado con carácter particular y concreto que se dirige únicamente
a los miembros del consejo directivo». Añadió que el reglamento del Consejo
Directivo40 establece la posibilidad de reanudar el cronograma por situaciones de

38
Rad. 2023-00107.
39
La abogada Briyit Ivone Fula Tuay.
40
Acuerdo 200.3.2.22.019 de 2022, artículos 15, 19, 21 y 42.
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fuerza mayor o caso fortuito, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la sesión que
no se pueda realizar.

65. Por último, formuló la excepción previa de inepta demanda41, por indebida
interpretación de las normas aplicables al procedimiento de elección del director
general de CORPORINOQUÍA y apreciaciones erradas de conceptos jurídicos y
jurisprudencia, que inducen a error al juez.

2.3. Gobernador de Casanare42

66. Por medio de apoderado, abogó por acceder a las pretensiones de la
demanda, ante el trámite irregular de las recusaciones contra los integrantes del
Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA.

3. Trámite del proceso acumulado

67. Los cinco procesos promovidos contra la elección de la señora Doris Bernal
Cárdenas fueron acumulados por medio de auto de 29 de abril de 202443, de
conformidad con los presupuestos establecidos para estos efectos en el artículo 282
del CPACA. Al respecto, se precisó que, si bien las demandas estaban sustentadas
en causales de tipo objetivo y subjetivo, la restricción del artículo 281 ibidem aplica
para elecciones populares.

68. Mediante auto de 13 de junio de 2024, el magistrado ponente del proceso
acumulado aplicó la figura de sentencia anticipada, de conformidad con el artículo
182A, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011. Consecuente con esta decisión, negó las
excepciones de indebida integración del contradictorio, inepta demanda y falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas en las contestaciones.

69. La providencia en cita también incorporó las pruebas aportadas por los
sujetos procesales, negó las testimoniales solicitadas y decretó algunas
documentales. Así mismo, fijó el litigio y ordenó correr traslado para alegar y
concepto del Ministerio Público.

70. CORPORINOQUÍA interpuso recurso de reposición44 contra las decisiones el
auto de 13 de junio de 2024, referidas a la excepción de inepta demanda, el alcance
de la fijación del litigio y las pruebas testimoniales. Con providencia de 13 de junio
de 2024, se resolvió no reponer aquella decisión.

41
Rad. 2023-00150, 2023-00107, 2023-00130 y 2023-00136.
42
Rad. 2023-00091, 2023-00107 y 2023-00130.
43
MP. Gloria María Gómez Montoya.
44
Desistió del recurso de súplica, interpuesto de forma subsidiaria al de reposición.
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4. Alegatos de conclusión

4.1. Gonzalo Ramos Rojas45

71. Reiteró la pretensión de nulidad del acto acusado, debido a la vulneración del
artículo 12 del CPACA y el parágrafo segundo del artículo décimo cuarto de la
convocatoria, porque no se suspendió el proceso de elección del director general
de CORPORINOQUÍA, para remitir las recusaciones a la Procuraduría General de
la Nación. Al respecto, insistió en que se respondieron como peticiones, pese a que
fueron razonablemente planteadas y sustentadas en el artículo 11 del citado código,
además de que afectaban el quórum.

4.2. Jorge Andrés Rodríguez González46

72. A través de apoderada, concretó las censuras contra la elección de la
demandada en el incumplimiento del procedimiento para las recusaciones, previsto
en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, pues todas cumplían los requisitos legales
y afectaban el quorum. Además, debido a la modificación del cronograma sin
expedir un nuevo acto administrativo para convocar a la sesión extraordinaria de
elección y sin consideración al plazo mínimo de cinco días que exige la normatividad
interna.

73. También apoyó los cargos formulados en las otras demandas, fundados en
la votación de electores recusados, la elección sin publicar la decisión a todos los
participantes y la designación por tercera vez de la demandada como directora
general de CORPORINOQUÍA, pese a la prohibición legal.

74. Al lado de lo anterior, solicitó que para el caso concreto se modulen los
efectos de la sentencia que declare la nulidad, como lo ha hecho la sección en
procesos similares47, aclarando el momento desde el que se deberá retomar la
actuación para designar al director general de la entidad. A su juicio, de esta manera
se puede «evitar que se presente una solicitud de adición y complementación de la
sentencia de merito (sic) que anule el acuerdo demandado».

4.3. Anderson Sandoval Landinez y Abel Alfredo Ladino Rincón48

75. Ratificaron contra el acto acusado los cargos por expedición irregular, falsa
motivación e infracción de normas superiores, debido a que los escritos de
recusación presentados contra los integrantes del Consejo Directivo de
CORPORINOQUÍA debieron tramitarse y decidirse según las reglas del CPACA,

45
Demandante Rad. 2023-00136.
46
Demandante Rad. 2023-00091.
47
Citó la sentencia de 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2024-00060-00, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
48
Demandantes Rad. 2023-00107.
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pues «cumplieron con la carga argumentativa definida por el precedente
jurisprudencial establecido por la Sección Quinta del Consejo de Estado». Por lo
tanto, consideraron que las personas recusadas «no podían participar en la elección
ni mucho menos emitir su voto».

4.4. Anderson Sandoval Landinez, Carol Liseth Moreno Chaparro, Ronal
Salinas Higuera y Wilfren Pedraza Pérez49

76. Centraron los alegatos de conclusión en el cargo formulado en su demanda,
relativo a la «tercera elección y segunda reelección» de la demandada como
directora general de CORPORINOQUÍA.

77. Al respecto, señalaron que la señora Doris Bernal Cárdenas «había sido
electa en un primer momento el 30 de octubre de 2019 y reelegida el 17 de marzo
de 2022», de donde interpretan que «ya se agotó la posibilidad de reelección
consagrada en el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008». Siendo así, a su juicio no es
válido aducir, como lo hizo la parte demandada, que no se posesionó en el cargo
para el que fue elegida en el acto que motivó la controversia.

4.5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible50

78. El apoderado de la entidad ratificó los cargos de la demanda, por vulneración
directa de los acuerdos y estatutos de CORPORINOQUÍA y violación al debido
proceso. En este sentido, recordó la falta de publicidad del cambio en el
cronograma, el desconocimiento de los términos de antelación de la convocatoria
para elegir al director general, la prohibición expresa de permitir la participación
virtual en esa sesión y la omisión del trámite legal de las recusaciones.

4.6. CORPORINOQUÍA

79. La apoderada de la corporación reiteró los argumentos de defensa expuestos
en las contestaciones de las demandas. En primer lugar, sostuvo que la demandada
«únicamente ha sido elegida y posesionada en una oportunidad», toda vez que la
elección de 2019 perdió efectos por cuenta de la nulidad declarada mediante
sentencia judicial y la elegida no tomó posesión del cargo en ese entonces.

80. También negó irregularidades en el trámite de las recusaciones, teniendo en
cuenta que el reglamento del Consejo Directivo permite modificar el orden del día
de las sesiones ordinarias51, previa aprobación de la respectiva proposición en la
misma reunión, como ocurrió en la sesión del 8 de noviembre de 2023.

49
Demandantes Rad. 2023-00150.
50
Demandante Rad. 2023-00130.
51
Citó el artículo 48 del Acuerdo 200-3-2-22-0019 de 2022.
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81. Por otra parte, aseguró que el 1º de noviembre de 2023 se remitió copia de
las recusaciones a la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare52, como
parte de la vigilancia al proceso de elección y, a su vez, la corporación recibió
directrices sobre el trámite de escritos con fines temerarios o dilatorios53. Agregó
que la representante del Ministerio Público54 estuvo presente en la sesión donde fue
elegida la demandada y en su informe no incluyó objeciones frente a dicho trámite.

82. Así mismo, explicó nuevamente que el rechazo de tales escritos estuvo
motivado en «no haberse individualizado la causal de recusación de algún consejero
en específico» ni «aportarse ningún tipo de razonamiento jurídico que permita
establecer por qué los citados miembros del Consejo Directivo no podían participar
del proceso de elección de Director General para el período 2024-2027», de modo
que «no era posible tener sus razonamientos como la existencia de una
recusación».

83. Por otra parte, insistió en que la convocatoria no estableció la manera de citar
al consejo directivo para sesiones ordinarias o extraordinarias, ni la necesidad de
modificar el acuerdo por variaciones en las fechas, mucho menos por hechos
externos, como una medida cautelar de tutela. Por tal razón, el órgano colegiado
interpretó que «superada la suspensión se retomaba el proceso en la etapa en la
que se había dejado».

84. Advirtió que no es posible llevar a cabo la elección del director de la entidad
en sesión extraordinaria, de conformidad con los artículos 27 y 28 de los estatutos.

85. En cuanto al representante de las comunidades negras, destacó que el
artículo 56 de la Ley 70 de 1993 lo contempla.

86. Finalmente, sobre el derecho a elegir de los inasistentes, advirtió que todos
los consejeros fueron comunicados de la medida de suspensión del proceso, su
levantamiento y nueva citación para elegir, a los 3 días hábiles siguientes a la
notificación del fallo de tutela, de acuerdo con el artículo 42 del Acuerdo
200.3.2.22.019 del 18 de noviembre de 2022.

4.7. La parte demandada

87. Mediante apoderado, alegó, en síntesis, que solamente fue elegida y ejerció
el cargo de directora general en una ocasión anterior. Por otra parte, reiteró que las
recusaciones no cumplieron los requisitos para el trámite previsto en los artículos
11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

52
Comunicación 200.2.5.23-12440.
53
Mencionó el «memorando 17».
54
Señora Laura Marcela Oliver Martínez.
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88. Asimismo, insitió en que no existía obligación de modificar el cronograma
para reanudar la etapa suspendida y que la sesión para elegir siempre se anunció
como ordinaria. Igualmente, señaló que la participación del representante de las
comunidades negras en el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA está prevista
en la ley55.

89. Por último, subrayó que todos los miembros de dicho cuerpo colegiado
debieron programar su participación en la reunión del 8 de noviembre de 2023,
conforme a la citación que les fue debidamente comunicada.

5. Concepto del Ministerio Público

90. La señora procuradora séptima delegada ante esta corporación emitió
concepto que aboga por acceder a la nulidad del acto de elección de la señora Doris
Bernal Cárdenas como directora general de CORPORINOQUÍA.

91. En primer lugar, consideró que la nulidad de la elección de la demandada en
el 2019, declarada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del
17 de junio de 2021, produjo efectos ex tunc, de acuerdo con la jurisprudencia de la
corporación56. Por tal razón, interpretó que la demandada solo ha sido elegida en
dos oportunidades, de modo que el acto acusado contendría su primera reelección.

92. Frente a las recusaciones, remitió a las razones del auto de 7 de diciembre
de 202357, que dispuso la suspensión provisional de la elección cuestionada, pues
«no se advierte algún medio probatorio que controvierta que el tratamiento impartido
a las reclamaciones (sic) fue erróneo».

93. También compartió los argumentos de dicha providencia, con relación a la
necesidad de modificar la convocatoria mediante un acto administrativo, como se
hizo en el 2021. Igualmente, señaló que la citación para elegir fue efectuada con tal
premura que vulneró el derecho al voto de algunos miembros del Consejo Directivo.

94. Sobre la naturaleza de la sesión para elegir al director general, destacó que
la normativa interna de CORPORINOQUÍA no determina si debe ser ordinaria o
extraordinaria y este aspecto tiene que definirse en el acto de convocatoria.

95. En cuanto a la participación del representante de las comunidades negras,
señaló que integra el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, en virtud de lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, en concordancia
con los artículos 56 de la Ley 70 de 1993 y 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015.

55
Mencionó el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, artículo 56, en concordancia con la Ley 99 de 1993
y los estatutos de la corporación.
56
Citó la sentencia de la Sala Plena, proferida el 28 de mayo de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2016-
00025-00(IJ), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
57
Rad. 2023-00091.
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96. Al respecto, precisó que en 2023 fue elegida la señora Katherine Caro
Uzuriaga como miembro principal, proveniente del Consejo Comunitario «Panamá
de Arauca», y destacó que su elección goza de presunción de legalidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

97. La Sala es competente para decidir en única instancia el proceso de la
referencia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

2. El acto acusado

98. Las pretensiones de nulidad de la parte actora están dirigidas contra el
Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023, por medio del cual el Consejo
Directivo de CORPORINOQUÍA eligió a la señora Doris Bernal Cárdenas como
directora general de la entidad, para el período institucional del 1º de enero de 2024
al 31 de diciembre de 2027.

3. Problema jurídico

99. Con base en la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si la
elección demandada incurrió en infracción normativa y expedición irregular, por las
siguientes censuras:

1) Elección por tercera vez de la señora Doris Bernal Cárdenas como directora
general de CORPORINOQUÍA.

2) Indebido trámite de las recusaciones contra los electores.

3) Falta de expedición y publicación de un acto administrativo que modificara
el cronograma, al menos cinco días antes de la sesión convocada para la
elección.

4) Elección de la demandada en una sesión ordinaria.

5) Participación del representante de las comunidades negras en el Consejo
Directivo, no contemplado en los estatutos de la corpración.

6) Vulneración del derecho a elegir de los miembros del Consejo Directivo de
CORPORINOQUÍA que no asistieron a la sesión del 8 de noviembre de
2023, en la que se llevó a cabo la elección acusada.

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100. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará las reglas
que gobiernan el procedimiento de elección de los directores generales de las
corporaciones autónomas regionales. Posteriormente, analizará las que rigieron
para la designación de la demandada, al abordar el caso concreto, donde también
se estudiará la excepción de ilegalidad propuesta contra la Circular 17 de 2023 de
la Procuraduría General de la Nación.

4. Marco normativo de la elección de los directores generales de las
corporaciones autónomas regionales

101. El derecho al ambiente sano, el deber estatal de planificación del
aprovechamiento de los recursos naturales y otras disposiciones sobre principios,
valores, deberes y derechos relacionados con el tema ambiental, han llevado a
denominar la Constitución Política de 1991 como una «Constitución Ecológica»58.

102. Bajo esta óptica, el fortalecimiento institucional representa un paso crucial
hacia el logro de los objetivos trazados por el constituyente, en cuanto a la
protección de la diversidad e integridad del ambiente y de los derechos colectivos.

103. Esta apuesta explica que desde el mismo texto superior se creara la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena59 y se otorgara al
Congreso de la República la atribución de «reglamentar la creación y
funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen
de autonomía»60.

104. En cumplimiento de ese cometido fue expedida la Ley 99 de 1993, por la cual
se creó el Ministerio del Medio Ambiente –hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible–, se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se instituyeron y
transformaron las corporaciones autónomas regionales (CAR), a cargo de «[l]a
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables [en] todo el
territorio nacional»61.

105. Específicamente sobre las CAR, la Ley 99 de 1993 se ocupó de definir su
naturaleza jurídica como «entes corporativos de carácter público, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica»62.

58
Ávila, L. y Lozano, M. (2023). Constitucionalismo, justicia ambiental y Acuerdo de Escazú en
Colombia. En: Memorias Ambientales de la Jurisidicción Contencioso-Administrativa. Bogotá:
Consejo Superior de la Judicatura de Colombia – Consejo de Estado – Embajada de los Estados
Unidos en Colombia. Pág. 38-39.
59
Constitución Política, artículo 331.
60
Constitución Política, artículo 150, numeral 7º.
61
Ley 99 de 1993, artículo 33.
62
Ley 99 de 1993, artículo 23.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

106. Igualmente, por disposición de la ley en cita, los órganos principales de
dirección y administración de las CAR son la asamblea general, el consejo directivo
y el director general63.

107. En lo que concierne al director general, la misma legislación señala64 que es
el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la corporación. Allí también
se establece que la designación de dicho funcionario compete al el consejo directivo
para un período de cuatro años, mediante un «proceso de elección»65 que se
realizará dentro del trimestre anterior al inicio del nuevo término, con la posibilidad
de reelección por una sola vez.

108. Por su parte, el Decreto 1076 de 2015, reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, además de reproducir algunos preceptos de la Ley 99 de
1993, advierte que el director general de las CAR tiene la calidad de empleado
público66 y que «no es agente de los miembros del consejo directivo»67.

109. Adicionalmente, el aludido decreto prevé las calidades68 para ocupar dicho
cargo, referidas a la formación académica y la experiencia profesional en los niveles
y tiempos allí señalados, que apuntan a asegurar el perfil técnico y gerencial que
amerita una responsabilidad de esta dimensión.

110. Ahora bien, más allá de los parámetros señalados anteriormente, no existen
normas que definan la forma en que debe adelantarse el proceso de elección del
director general.

111. De modo que, como lo ha advertido esta sección, la autonomía administrativa
de las CAR implica «la obligación de establecer el procedimiento, las etapas del
mismo y los términos para la provisión de este cargo directivo, salvaguardando en
todo momento que dicho proceso se lleve a cabo en condiciones de igualdad y
transparencia, con miras a seleccionar a la persona con las mejores aptitudes
humanas y profesionales para ocupar ese empleo»69.

5. Caso concreto

112. La parte actora pretende la nulidad del Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de
noviembre de 2023, que contiene la elección de la señora Doris Bernal Cárdenas

63
Ley 99 de 1993, artículo 24.
64
Ley 99 de 1993, artículo 28, modificado por la Ley 1263 de 2008. Sobre la competencia del consejo
directivo para elegir al director general, ver, además, artículo 27, literal j).
65
Ley 99 de 1993, artículo 28, parágrafo 2º.
66
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.8.4.1.22.
67
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.8.4.1.20.
68
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.8.4.1.21.
69
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-28-
000-2019-00083-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre el mismo punto, además, sentencia de
15 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00071-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de
10 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2019-00086-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
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como directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –
CORPORINOQUÍA, para el período institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de
diciembre de 2027, realizada por el Consejo Directivo de esa entidad.

113. Atendiendo a los problemas jurídicos anunciados en el acápite anterior, la
Sala se ocupará, en su orden, de lo relativo a (i) la reelección, (ii) las recusaciones
y (iii) los vicios de trámite restantes, dada la afinidad temática de estos últimos.

5.1. Elecciones de la señora Doris Bernal Cárdenas como directora
general de CORPORINOQUÍA

114. El demandante sostiene que la demandada ha sido elegida tres veces y, en
esa medida, su última designación infringió el artículo 28 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 200870, según el cual el director
general de las corporaciones autónomas regionales «podrá ser reelegido por una
sola vez».

115. Al respecto, obran en el expediente las siguientes designaciones por parte
del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA:

a) Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, que en el artículo
primero resuelve «Designar a la ingeniera DORIS BERNAL CÁRDENAS (...)
como Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía - CORPORINOQUÍA», designación que, conforme al epígrafe del
mismo acto, se efectuó para el período institucional 2020-2023.

b) Acuerdo 200-3-2-22-003 del 17 de marzo de 2022, por el cual se eligió a la
señora Doris Bernal Cárdenas en el mencionado cargo, «para el periodo
institucional que culmina el 31 de diciembre del año 2023».

c) Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre de 2023, que corresponde al
acto acusado en esta ocasión y que contiene la elección de la señora Bernal
Cárdenas para el período que abarca del 1º de enero de 2024 al 31 de
diciembre de 2027.

116. La demandada y CORPORINOQUÍA alegan que la elección realizada en el
año 2019 perdió efectos por cuenta de la nulidad declarada mediante sentencia
judicial y, además, la elegida no tomó posesión del cargo en ese entonces.

117. Por su parte, el demandante71 estima que «para efectos de la reelección no
interesa si el servidor se posesionó o no», dado que el propósito legal es «limitar la

70
También citó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 29,
40, 83 y 209 de la Constitución Política.
71
Rad. 2023-00150.
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concentración de poder en una sola persona y favorecer la pluralidad de
participación».

118. Sobre el punto, se observa que esta sección declaró la nulidad del
mencionado Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, mediante fallo de
17 de junio de 202172, por «vicios de naturaleza objetiva», ocurridos durante la fase
final del procedimiento, en cuanto a la forma en que fueron tramitadas las
recusaciones contra los integrantes del Consejo Directivo, conforme al siguiente
razonamiento:

[D]e las diferentes censuras formuladas por los demandantes contra la elección de
la señora DORIS BERNAL CÁRDENAS como directora general de Corporinoquia,
solo están llamadas a prosperar las relacionadas con irregularidades en la
valoración y rechazo de plano de las recusaciones presentadas por los ciudadanos
Yuber Andrés Solano Ríos y Laritza Páez Martínez contra 10 de los 16 integrantes
del Consejo Directivo de la entidad, pese a cumplir con los requisitos formales
identificados por la jurisprudencia de esta Sección para darle trámite en los términos
de los artículos 11 y 12 del CPACA, lo cual tuvo como consecuencia directa y
trascendente la desintegración del quórum deliberatorio y decisiorio establecido en
el artículo 29 de sus estatutos, por lo que se demostró también su incidencia en el
acto acusado.

119. Adicionalmente, CORPORINOQUÍA certificó que «en la historia laboral de la
señora Bernal Cárdenas no aparece acta de posesión del año 2019, tampoco hizo
parte de la nómina de la entidad en los años 2019, 2020 ni 2021»73.

120. A su vez, se allegó al proceso el Acta No. 0006 del 18 de marzo de 2022,
donde consta su posesión en el cargo de directora general de esa entidad, en virtud
de la designación realizada por Acuerdo 200-3-2-22-003 del 17 de marzo de 2022.

121. Ante las posturas propuestas y los hechos probados, resulta indispensable
abordar lo relativo a los efectos de la nulidad de los actos administrativos y, en
particular, de los que declaran la elección y realizan la designación o nombramiento
de un servidor público.

122. La doctrina define la nulidad como «la sanción al incumplimiento de los
requisitos señalados para la perfección de un acto jurídico»74. Por lo tanto, la
consecuencia natural de esa decisión judicial es expulsar del ordenamiento jurídico
el acto frente al que se ha desvirtuado la presunción de legalidad, por alguno de los
vicios y a través de los diferentes medios de control previstos en la ley.

72
Rad. 11001-03-28-000-2019-00061-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
73
Documento de 21 de junio de 2024.
74
Santofimio, J. (2003). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II , 4ª edición. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, pág. 333.

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123. Ahora bien, los efectos de la nulidad de un acto administrativo pueden
evaluarse desde diferentes ópticas, considerando su extensión en el tiempo, el
alcance de su impacto sobre las personas, su relación con otros actos para los que
sirvió de fundamento y la forma de restablecer los derechos lesionados.

124. El artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) regula algunos efectos de la nulidad. En tal
sentido, dispone que «[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes» y advierte que «[l]as
sentencias ejecutoriadas serán obligatorias». También se ocupa de establecer
algunas reglas específicas en el contexto de determinados medios de control de
competencia de esta jurisdicción.

125. Pero más allá de esas pautas, la norma guarda silencio sobre los efectos en
el tiempo del decreto de nulidad, salvo para para la acción de nulidad por
inconstitucionalidad, a la que reconoce «efectos hacia el futuro y de cosa juzgada»,
sin perjuicio de que el juez disponga algo diferente.

126. Por su parte, tratándose del contencioso electoral, el artículo 288 del mismo
código prevé las consecuencias de las sentencias que disponen la nulidad, aunque
se centra en aquellos actos que son producto de una elección popular y en lo
estrictamente necesario para realizar un nuevo escrutinio o una nueva elección.

127. De manera que existe un vacío legal respecto de los efectos temporales de
la nulidad, que viene desde los códigos que han gobernado en el pasado los
procesos de competencia de esta jurisdicción. Ante esa circunstancia, esta
corporación ha optado por aplicar la regla consagrada en el artículo 1746 del Código
Civil, según el cual «[l]a nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de
cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que
se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo
prevenido sobre el objeto o causa ilícita».

128. A partir de ese fundamento normativo, se ha advertido que la nulidad de los
actos administrativos produce efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado o
retroactivos, de modo que la decisión judicial crea la ficción de que el acto nunca
existió, salvo frente a situaciones jurídicas consolidadas. Esta postura ha sido
reiterada, especialmente respecto de los actos de contenido general, en los
siguientes términos:

44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de
carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba
dársele a esa decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta
Corporación, a partir de las diferencias que existen entre la declaración de nulidad
y de inexequibilidad.

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45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia
restitutoria, como lo señala el artículo 1746 del Código Civil (…)

46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa,
que los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacia el pasado, esto es
ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a
partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares
que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio, ya que no de otra
manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones
jurídicas particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se
encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial.

48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutadas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los
fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc75 (negrillas
del original).

129. En línea con lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación señaló que «[l]as sentencias que declaran nulos los actos de carácter
general tienen efectos ex tunc, es decir, retroactivos, porque las causales
establecidas en la ley se configuran antes de la expedición del respectivo acto
o en ese mismo momento, y porque, con su demostración, se desvirtúa la
presunción de legalidad»76 (se destaca).

130. En lo que concierne al contencioso electoral, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 23 de mayo de 201777, acogió la
regla general de efectos ex tunc de la nulidad, previo análisis de la línea
jurisprudencial, tanto en la materia de esa especialidad, como en otras secciones
de la corporación.

131. Con base en ese estudio exhaustivo de precedentes, se concluyó que «sí
existe una línea sólida y pacífica en torno a los efectos ex tunc que emergen de las
sentencias que declaran la nulidad de un acto de elección» y que, por lo tanto, «a
la luz de la jurisprudencia constitucional y contenciosa, el demandado nunca fue
elegido para el mismo cargo en el período inmediatamente anterior (2012-2015)»,
lo cual constituía un ingrediente fundamental en el asunto allí debatido.

75
Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 13 de agosto de 2021, Rad.
66001-33-33-001-2012-00141-01(AG)REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández. Ver, además, entre
otras: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 29 de julio de 2021, Rad.
18001-23-33-000-2014-00153-01(0532-18), MP. Carmelo Perdomo Cuéter. Sala Especial de
Decisión 19, sentencia de 20 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02986-00, MP.
William Hermández Gómez. Sección Cuarta, sentencia de 3 de agosto de 2016, Rad. 68001-23-31-
000-2010-00689-01, MP. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia de 28 de abril de 2005, Rad. 2500-23-25-000-2000-05923-01(1121-04), MP. Jesús María
Lemos Bustamante.
76
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, auto de 9 de mayo de 2017, Rad. 11001-03-
06-000-2016-00241-00(C), MP. Édgar González López.
77
Rad. 11001-03-28-000-2016-00025-00(IJ), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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132. Al lado de lo anterior, se ha abierto el camino para la modulación de los fallos
de nulidad electoral, atendiendo a la causal o al vicio que sustente la decisión, con
el fin de evaluar las consecuencias que puede producir, tanto para la administración,
como para los particulares78. Por esta vía, en ocasiones esta Sección ha
considerado necesario que los efectos de la sentencia estimatoria de la pretensión
de nulidad de una elección produzca efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro,
cuando se ataca el acto con fundamento en causales subjetivas, referidas
exclusivamente a las calidades del demandado79.

133. De acuerdo con lo expuesto, la regla general de los efectos de la nulidad de
los actos administrativos, incluidos los que declaran o efectúan la elección de un
servidor público, proyecta sus consecuencias hacia el pasado, como si el acto nunca
hubiera nacido a la vida jurídica.

134. Consecuente con la tesis reiterada al interior de la corporación, la elección
de la demandada como directora general de CORPORINOQUÍA, contenida en el
Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, no produjo efectos, en
consideración a la nulidad judicial decretada por esta sección mediante el fallo 17
de junio de 202180.

135. Por consiguiente, es válido afirmar que esa elección no ocurrió, sobre todo
porque dicha providencia no moduló las consecuencias de la nulidad ni estableció
reglas en cuanto a la forma en que debía proceder el órgano que expidió el acto
anulado. Igualmente, es relevante para este caso que el vicio advertido frente a
aquella designación haya sido de carácter objetivo, es decir, por irregularidades en
la actuación administrativa que la precedió, frente a lo cual la jurisprudencia no ha
sufrido variaciones.

136. De esta forma, se concluye que el acto acusado contiene la segunda elección
de la demandada como directora general de CORPORINOQUÍA, lo cual se aviene
al límite previsto para la reelección de este funcionario en el artículo artículo 28 de
la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. En
consecuencia, no prospera el vicio de infracción normativa previamente analizado.

78
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de unificación de 29 de mayo de 2016, Rad. 11001-
03-28-000-2015-00029-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Ver, además, entre otras: Sección
Quinta, auto de 22 de octubre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00132-00, MP. Alberto Yepes
Barreiro. Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2011, Rad. 11001-03-28-000-2010-00120-
00, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sección Quinta, sentencia de 21 de agosto de 2008, Rad.
11001032500020070005800(1185-07).
79
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentecia de 7 de junio de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2015-
00051-00(SU), MP. Alberto Yepes Barreiro. Ver, además, auto de 30 de septiembre de 2021, Rad.
20001-23-33-000-2020-00033-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 18 de noviembre
de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2021-00312-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
80
Rad. 11001-03-28-000-2019-00061-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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5.2. Trámite de las recusaciones presentadas contra los integrantes del
Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA

137. Los demandantes atribuyen al acto impugnado los vicios de infracción
normativa y expedición irregular, porque las recusaciones presentadas contra los
electores no se tramitaron de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 1437
de 2011 y el artículo décimocuarto del reglamento de la convocatoria. Por lo tanto,
reprochan que la actuación no se hubiese suspendido para que, primero, los
recusados aceptaran o rechazaran los señalamientos y, segundo, se remitieran a la
Procuraduría General de la Nación para decidirlas, debido a que afectaban el
quorum para efectuar la elección del director general de la corporación.

138. A su turno, la demandada y CORPORINOQUÍA defienden la actuación en
que los escritos no reunían los requisitos formales para considerarlos como tales y,
por ello, se respondieron posteriormente como peticiones.

139. Sobre este cargo, se advierte que sustentó la suspensión provisional de la
elección demandada, decretada mediante auto del 7 de diciembre de 2023. En esta
ocasión, la Sala ratifica las consideraciones expuestas en dicha providencia, como
pasa a explicarse.

140. Los antecedentes administrativos del acto acusado demuestran que el
artículo décimo cuarto del Acuerdo 200.3.2-23-003 del 1º de septiembre de 2023,
por el cual se adoptó el procedimiento para la elección cuestionada, otorgó hasta el
24 de octubre de 2023, a las 5 p.m. para presentar recusaciones, que debían cumplir
los requisitos que se relacionan a continuación:

1. Nombre, número de documento de identidad del solicitante, número telefónico, y
dirección física o electrónica en la que recibirá correspondencia.
2. El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre
el que recae la recusación.
3. Las razones por las que estima que, respecto de aquel, existe un conflicto entre el
interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica
y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas.
4. Firma del recusante.

141. Estos presupuestos son consecuentes con la carga mínima de seriedad que
exige la jurisprudencia de esta sección para las elecciones de competencia de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, definidos así:

121. Los escritos de recusación al ser manifestaciones que buscan separar del
conocimiento de un determinado asunto a la autoridad que por ley le corresponde
sustanciarlo y/o decidirlo, debe, al tenor del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011,
guardar una carga mínima de seriedad que se materializa en el escrito motivado que
exige la ley, en determinar el sujeto que lo propone y sobre el que recae, las
razones de hecho en que se fundamenta y la causal taxativa en la que se
subsume. Dicha suficiencia, deviene de la necesidad de mantener en cabeza de

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los funcionarios y demás autoridades, el cabal cumplimiento de sus funciones, sin
dilación alguna, por lo que, cuando deben ser separados del ejercicio de ellas, éstas
razones deben enmarcarse en la defensa del interés general, la transparencia,
eficiencia, imparcialidad y demás principios que rigen la función pública.

122. Es por ello que, cuando se verifica que falta alguno de los elementos formales,
atrás aludidos, que cualifican la existencia precisa de la recusación, el trámite
administrativo debe seguir su curso, dado que no puede dotarse de efectos a una
petición que no cumple con los requisitos que el legislador previó para su
materialización, por lo que de suyo deviene que no debe suspenderse la actuación
y menos separarse de su función a sujeto alguno, lo que conlleva a que en los
cuerpos colegiados no se afecte su quorum (negrillas adicionales)81.

142. En el caso concreto, las recusaciones contienen la siguiente información:

REQUISITO YO-2023.17254 YO-2023.17256
24 de octubre de 2023 – 4:15 p.m. 24 de octubre de 2023 – 4:40 p.m.
Oportunidad
Abel Alfredo Ladino Rincón, con los datos de Anderson Sandoval Landinez, con los datos de
Solicitante contacto requeridos. contacto requeridos.
9 miembros del Consejo Directivo, identificados 14 miembros del Consejo Directivo, identificados
con nombre y calidad en la que actúan en dicho con nombre y calidad en la que actúan en dicho
órgano colegiado: órgano colegiado:

• Salomón Sanabria, gobernador de Casanare - Maribel Cely Neme, delegada del gobernador
• Álvaro León, gobernador de Vichada de Casanare
• Nicolás García, gobernador de - Salomón Andrés Sanabria Chacón,
Cundinamarca gobernador de Casanare
• Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá - Nicolás García, gobernador de
• Andrés Felipe Castro Bermúdez, Cundinamarca
representante del sector privado - Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá
• Julián Alberto Salamanca, representante del - Álvaro León, gobernador de Vichada
sector privado - Wilinton Rodríguez Benavides, gobernador
• Luis Francisco Ramírez Contreras, (e) de Arauca
representante entidades sin ánimo de lucro - Andrés Felipe Castro Bermúdez,
Recusados
• Numael Eduardo Parra Martínez, representante del sector privado
representante entidades sin ánimo de lucro - Julián Alberto Salamanca, representante del
• Sofía Consuelo Lombana, representante sector privado
comunidades indígenas - Numael Eduardo Parra Martínez,
representante entidades sin ánimo de lucro
• Tele Wosbon Amaya Zorro, alcalde de
Tauramena
• Edgar Yesid Bernal Gallego, alcalde de
Recetor
• Fredy Alonso Cubillos Poveda, alcalde de
Une
• Aníbal Mendoza Bohórquez, alcalde de
Tame
• Katherine Caro Uzuriaga, representante
comunidades negras

81
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00076-00 (11001-03-28-000-2020-00075-00), MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Ver,
además, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00009-00 (2020-00025-00
Y 2020-00030-00), MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 1º de febrero de 2018, Rad. 11001-
03-28-000-2016-00083-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

REQUISITO YO-2023.17254 YO-2023.17256
Causales de recusación previstas en la Ley Causales de recusación previstas en la Ley
1437 de 2011, artículo 11, numerales 2, 4 y 8. 1437 de 2011, artículo 11, numerales 1 y 8.

Argumentos: (i) participación en la elección Argumentos: (i) interés directo en el proceso por:
anterior de la demandada, (ii) interés en el apoyo público de algunos recusados a la
Motivación resultado de la actuación, debido a que el aspiración de la demandada, subordinación
director general interviene en el pago de los laboral con familiares o personas cercanas a los
honorarios de los consejeros que no son recusados y favorecimiento a los procesos
servidores públicos y (iii) amistad con personas ambientales que se adelantan contra los
interesadas en la actuación. municipios de los alcaldes participantes; y (ii)
enemistad grave con otros candidatos.
Firma Escrito firmado por el solicitante Escrito firmado por el solicitante

143. A partir del contenido descrito, resulta claro para la Sala, primero, que fueron
recusados 15 de los 17 integrantes del órgano elector82, por lo que el quorum para
elegir se afectaba. Segundo, que los autores de las recusaciones suministraron la
carga argumentativa necesaria para tramitarlas, de acuerdo con el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011, que para el efecto dispone:

ARTÍCULO 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de
impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su
conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la
cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las
autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará
a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar
un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso
anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento
o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el
cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará
una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo.

144. Concordante con la norma transcrita, el Acuerdo 200.3.2-23-003 del 1º de
septiembre de 2023, reglamentario de la elección demandada, señaló en el
parágrafo 2 del artículo décimo cuarto que «[e]n caso de impedimentos o
recusaciones, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de

82
Es importante señalar que en la recusación del señor Anderson Sandoval Landinez figuran, tanto
el gobernador de Casanare, como su delegada. También debe precisarse que la persona
mencionada como representante de las comunidades indígenas no corresponde a quien aparece
relacionado en esa condición en el acta de la sesión del 8 de noviembre de 2023.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

2011». A su vez, el parágrafo 3 dispuso que, «[c]uando dichas solicitudes afecten
el quórum, las mismas deben remitirse a la Procuraduría General de la Nación, para
su Resolución, en cuyo caso, el procedimiento administrativo quedará suspendido
hasta tanto sean resueltas».

145. No obstante lo anterior, consta en el acta de la sesión de 8 de noviembre de
2023 que el estudio de las recusaciones se hizo allí y arrojó el siguiente resultado:

La doctora ELIANA MUÑOZ PAREDES, secretaria técnica del consejo directivo
procede a dar lectura a la circular No. 017 del 3 de noviembre de 2023, de la
Procuraduría General de la Nación sobre las recusaciones y tutelas de mala fe con
fines dilatorios dentro de los procesos de elección de los directores de la CAR, la
cual se encuentra anexa al acta.

Posteriormente la ingeniera MARIBEL CELY NEME, Presidente del Consejo
Directivo indica que se procederá a dar lectura de las recusaiones recibidas (...)

A medida que se realizaba la lectura de cada uno de los cargos por los cuales se
formulaba la recusación, se procedía por parte de la doctora ELIANA MUÑOZ
PAREDES a realizar el análisis del escrito del cumplimiento de los requisitos
formales contenidos en el artículo 14º del acuerdo rector del proceso electoral, de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y en consonancia con lo señalado en la circular
No. 17 de la Procuraduría General de la Nación.

Al finalizar la lectura de los documentos se tiene que, del análisis efectuado, ni el
escrito con radicado YO 2023-17254 formulado por el señor ABEL ALFREDO
LADINO RINCON y siguiendo posteriormente con el documento con radicado No.
YO 2023-17256 de la VEEDURÍA POR LA TRANSPARENCIA EN EL MÉRITO EN
LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR (A) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUÍA - PERIDODO (sic) 2027-2027 -CORPORINOQUIA,
cumplía con los requisitos formales para tenerse como recusación, en tanto no se
indicaban las razones jurídicas y probatorias que sustentaban la existencia de la
causal, finalizando el análisis y presentación de informe de recusaciones por parte
de la secretaría general, en el minuto 2:44:20 de la videograbación.

La ingeniera MARIBEL CELY NEME, presidente del consejo directivo indica que,
del informe presentado por la secretaria técnica se tiene que, verificada la falta de
alguno de los requisitos, no se debe tramitar, ni se le atribuye los efectos propios de
la recusación a los escritos con radicados (...), por lo que no se suspende la
actuación, ya que por el simple hecho de su presentación no se ve afectado el
quorum (...) y tendría que dárseles trámite como derecho de petición para lo cual se
encomendaría esa gestión a la secretaria técnica, para que realice lo precedente.
(...)

La doctora ELIANA MUÑOZ PAREDES, secretaria técnica del consejo directivo
informa que se tomó la decisión de que los escritos formulados NO CUMPLEN con
los requisitos para ser tratados como recusación, por ende, se procederá a dar
respuesta como derecho de petición (Subrayado adicional).

146. Sumado a lo anterior, obran en el expediente los oficios 200.2.5.23-12991 y
200.2.5.23-12992, ambos del 16 de noviembre de 2023, a través de los cuales la
secretaria técnica del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA respondió a los

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de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

señores Abel Alfredo Ladino Rincón y Anderson Sandoval Landinez,
respectivamente, que «se determinó por la mayoría de los miembros del Consejo
Directivo, que el escrito denominado como recusación, no cumplía con tales
requisitos»83.

147. Así las cosas, se concluye que el citado órgano colegiado desconoció el
trámite de las recusaciones previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el
artículo décimo cuarto del Acuerdo 200.3.2-23-003 del 1º de septiembre de 2023,
ante escritos que afectaban el quorum y cumplían los requisitos para ser remitidos
a la Procuraduría General de la Nación.

148. Es así como, en lugar de seguir estos lineamientos legales y reglamentarios,
el Consejo Directivo optó por desestimar de fondo las causales alegadas por los
recusantes, con el pretexto de que no aportaban «ninguna razón jurídica ni
probatoria». Por consiguiente, confundió una posible falta de fundamento de las
recusaciones, con las formalidades requeridas para su trámite.

149. Consecuente con ello, tampoco es válido que se sustentara esa decisión en
la Circular 17 de 3 de noviembre de 2023, emitida por el procurador Delegado con
Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, toda
vez que estos lineamientos buscaban evitar el trámite de recusaciones «[c]uando
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la recusación», pero en ningún
momento instaba a omitir lo propio frente a aquellas debidamente sustentadas.

150. Por el contrario, en el ordinal décimo de dicho documento se advirtió que los
consejos directivos de las CAR debían «trasladar de manera inmediata a la
Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios aquellas recusaciones que afecten
el quorum decisorio del cuerpo directivo respectivo, a fin de que estas sean
tramitadas y resueltas por la Procuraduría General de la Nación con arreglo a lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011». Justamente por estos
motivos, no resulta admisible la excepción de ilegalidad frente a dicha circular,
formulada por el demandante del expediente Rad. 2023-00107. Basta agregar al
respecto que este documento no pasa de contener recomendaciones, que no
mandatos representativos de la voluntad unilateral de la administración.

151. Habiéndose omitido el procedimiento de rigor, se produjo una irregularidad
insalvable sobre la elección de la señora Doris Bernal Cárdenas, pues se realizó sin
que la autoridad competente decidiera sobre los cuestionamientos frente a los
electores recusados, en detrimento de la imparcialidad, el interés general y la
transparencia que deben orientar estos procedimientos.

152. Por consiguiente, el vicio analizado conduce a la nulidad del acto acusado,
como se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

83
Carpeta 3 de los antecedentes administrativos del acto acusado.
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5.3. Otros vicios de trámite

153. Finalmente, la parte actora dirigió contra el acto acusado varias censuras que
pueden estudiarse con el enfoque de expedición irregular, por violación al debido
proceso y al reglamento de la respectiva elección, que consisten en (i) omitir un acto
administrativo publicado en la página web para modificar el cronograma, (ii) citar
para la designación del director general un día antes de la sesión, (iii) haberse
efectuado la elección en sesión ordinaria, en la que, además, se habría permitido la
asistencia virtual de algunos participantes, (iv) modificar el orden del día de la
reunión de 8 de noviembre de 2023 para incluir la decisión de las recusaciones y (v)
permitir la votación del representante de las comunidades negras ante el consejo
directivo.

a) Modificación del cronograma

154. Sobre el primer aspecto, se advierte que el Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de
septiembre de 2023 dispuso en los artículos tercero y décimo quinto que la elección
del director general de la corporación para el periodo 2024-2027 se realizaría de
acuerdo con el cronograma allí previsto (artículo tercero), que incluyó como última
actividad la fecha para elegir, prevista inicialmente para el 25 de octubre de 2023.

155. Asimismo, el artículo tercero advirtió que la página web de la entidad sería
«el medio oficial de publicación de todos los actos, decisiones, convocatorias,
citaciones y demás información relacionada con el mismo, que corresponda
realizar en desarrollo de este proceso de elección» (se destaca).

156. Considerando las reglas enunciadas, la Sala observa que el cronograma era
un aspecto esencial del procedimiento y, dentro de este, la fecha de la elección era
el «Paso 13». La modificación de alguna de sus etapas o actividades requería de
una decisión del Consejo Directivo que expresamente la efectuara, señalando los
motivos de la reforma, los cuales, para el caso, obedecieron al levantamiento de la
medida cautelar de suspensión del trámite que había sido impuesta por un juez de
tutela.

157. A su vez, era indispensable que el acto administrativo con la nueva fecha de
la elección se publicara en el medio oficial indicado en la convocatoria, esto es, en
la página web de la corporación.

158. De manera que está demostrado que las reglas que gobernaron la elección
cuestionada sí fueron indicativas de la forma en que debían adoptarse y sobre todo,
publicarse las modificaciones que sufriera el cronograma. Siendo este un aspecto
reglado, no es de recibo el argumento de la parte demandada, que pretende
justificar esta omisión en que el fallo de tutela que levantó la suspensión del proceso
no ordenó expedir un acto administrativo para reiniciarlo.

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159. Así las cosas, pese a lo dispuesto en el reglamento del procedimiento de
designación, la presidenta del órgano electoral emitió el oficio 200.2.5.23 – 12615
del 7 de noviembre de 2023 y lo remitió por correo electrónico a sus integrantes,
para informarles sobre la «Reanudación del cronograma» y citarlos a la sesión
presencial de elección, que se llevaría a cabo el 8 de noviembre de 2023, a las 7:00
am, en la sede principal de la corporación en Yopal (Casanare).

160. En contraste con lo anterior, conforme lo anota la parte actora,
CORPORINOQUÍA procedió de forma distinta a como lo hizo para la elección del
director general para culminar el período que terminaba el 31 de diciembre de 2023.
Allí, mediante Acuerdo 200-3-2-22-002 de 15 de marzo de 2022, publicado en la
página web de la corporación, el consejo directivo «reanuda el proceso de elección
y modifica» el artículo correspondiente a la fecha de la elección en la convocatoria
inicial, también por cuenta del levantamiento de una medida de suspensión del
proceso, ordenada por un juez de tutela84.

161. En consecuencia, con la actuación adelantada en el marco del proceso de
elección surtido en el año 2023, se privó a los candidatos y a la comunidad en
general de conocer la nueva fecha de la elección, los motivos para reanudar el
cronograma y demás condiciones relevantes del proceso, en contra de las propias
reglas de la convocatoria, del principio de publicidad que debió orientar todas sus
etapas y del antecedente de la designación del período inmediatamente anterior.

162. Con este mismo rasero se decidió recientemente un cargo similar en otro
proceso de competencia de esta sala, donde se concluyó que el Consejo Directivo
de una corporación autónoma «tenía la obligación de modificar el cronograma» para
fijar la nueva fecha de la elección del director general, como consecuencia del
levantamiento de la orden de suspensión del procedimiento por el juez de tutela85.

163. Por lo tanto, este vicio es sustancial y también tiene la capacidad de afectar
la legalidad del acto acusado.

b) Naturaleza de la sesión para elegir al director general y plazo para citarla

164. Frente a estos aspectos, se advierte que el artículo décimo quinto del
reglamento de esta elección solo señaló que la elección del director general de
CORPORINOQUÍA se realizaría «en reunión del Consejo Directivo, conforme se
defina en el cronograma». También se destaca que el cronograma allí adoptado
señaló que la reunión de elección sería en la sede principal de la corporación, lo
que denota su carácter presencial.

84
Carpeta «PROCESO ELECCIÓN DIRECTOR 2020-2023».
85
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-
000-2024-00094(Acum.), MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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165. Ante la falta de provisiones adicionales para la elección cuestionada, debe
acudirse a lo dispuesto sobre las reuniones del órgano colegiado en los estatutos
de la corporación, que establecen que el director general no podrá elegirse en una
sesión extraordinaria86. No obstante, también disponen que dicha elección se
realizará en sesión extraordinaria, cuando no sea posible hacerla en el trimestre
anterior al inicio del respectivo periodo87.

166. Adicionalmente, en lo que concierne a la citación, para las sesiones
ordinarias se prevé una antelación mínima de quince días calendario88, mientras
que las extraordinarias pueden citarse en cualquier tiempo89, salvo en las que
excepcionalmente se elija al director general, caso en el cual deben transcurrir al
menos ocho días hábiles antes de la reunión90.

167. Por otra parte, también es pertinente el artículo 42 del reglamento interno del
Consejo Directivo91, que permite citar a una sesión ordinaria o extraordinaria que no
pueda realizarse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, «dentro de los
tres días hábiles siguientes a la cesación de aquellas».

168. En el caso concreto, se comprobó que la sesión para elegir al director general
fue ordinaria, de acuerdo con los preceptos estatutarios. Igualmente, fue presencial,
según se convocó en el reglamento, con la única particularidad de haberse permitido
la participación virtual de la delegada del Ministerio Público, como consta en el acta
de la reunión. Así mismo, aunque la elección tuvo lugar en una fecha distinta a la
anunciada (25 de octubre de 2023), se constató que pudo efectuarse dentro del
trimestre anterior al inicio del periodo institucional siguiente. Por lo tanto, la situación
no responde a la excepción que impone la citación a una sesión extraordinaria.

169. Siendo así, la Sala considera válida la aplicación del reglamento del Consejo
Directivo, pues es posible asimilar la suspensión del cronograma a un motivo de
fuerza mayor que impidió cumplir la fecha inicial anunciada para la elección. En
efecto, teniendo en cuenta la definición del artículo 64 del Código Civil, la
interrupción del proceso de selección a órdenes de una autoridad judicial «es un
imprevisto que no es posible resistir», externo a la administración, que imponía una
variación sustancial de las etapas de la convocatoria, como previamente se estudió
en esta providencia.

86
Estatutos, artículo 28. (Contenidos en el Acuerdo 001 del 25 de febrero de 2005, aprobado por
Resolución 1367 de 2005 del entonces denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, modificado por el Acuerdo 1100.02-2-14-002 del 14 de febrero de 2014 y el Acuerdo 1100-
02-2-15-008 del 24 de julio de 2015, entre otros).
87
Estatutos, artículo 33.
88
Estatutos, artículo 27.
89
Estatutos, artículo 28.
90
Estatutos, artículo 33.
91
Acuerdo 200-3-2-22-019 de 18 de noviembre de 2022.
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170. Sobre este aspecto, es pertinente recordar que esta sección ha admitido la
fuerza mayor como una causa legítima para introducir modificaciones en las
convocatorias para proveer cargos públicos, siempre que sea «comprobado para
que el operador de la nulidad electoral valide dicha posibilidad»92.

171. En consecuencia, si bien los integrantes del consejo directivo fueron avisados
el día anterior a la reunión, lo cierto es que existía un fundamento normativo que
permitía citar a la sesión en esas condiciones y se dispuso para el segundo día hábil
siguiente al fallo de tutela proferido el 3 de noviembre de 2023, que levantó la
suspensión del procedimiento.

172. Al respecto, es significativo señalar que en la actuación que precedió a la
elección de la señora Doris Bernal Cárdenas en el año 2022, el acuerdo que
modificó el cronograma fue proferido el 15 de marzo, la citación fue remitida a los
electores el 16 de marzo y la sesión donde se efectuó la designación ocurrió el 17
de marzo de ese año93.

173. Por lo tanto, pese a las objeciones formuladas por el delegado del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la citación del 7 de noviembre de 202394,
coadyuvadas por la delegada del gobernador de Cundinamarca95 y algunos
participantes e interesados96, no es extraño dentro de las actividades y el
funcionamiento del consejo directivo que sean citados con premura a celebrar una
sesión, incluso aquella en la que debe elegirse al director general.

174. Por el contrario, como se indicó, existe norma expresa en el reglamento
interno del órgano colegiado que lo permite y en el pasado se ha procedido de ese
modo. Justamente este ingrediente hace que el presente caso se distinga de otro
similar conocido recientemente por la Sala, en el que los estatutos determinaban un
plazo de antelación para convocar la sesión en la que se eligió el director general97.

175. Con todo, en situaciones excepcionales como la descrita, es aconsejable
contemplar plazos razonables para citar, a fin de permitir a los miembros del consejo
directivo la debida preparación de los temas y coordinación con sus agendas.

92
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de agosto de 2015, Radicado
11001-03-28-000-2014-00128-00, MP. Alberto Yepes Barreiro; sentencia de 4 de mayo de 2017,
Radicado 73001-23-33-000-2016-00107-02, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 22 de marzo de
2018, Rad. 85001-23-33-000-2017-00019-03, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
93
Carpeta «PROCESO ELECCIÓN DIRECTOR 2020-2023».
94
Oficio 41002023E2038566 del 7 de noviembre de 2023.
95
Oficio del 8 de noviembre de 2023.
96
Carpeta 4 del expediente administrativo.
97
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-
000-2024-00094(Acum.), MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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176. En tales condiciones, no prospera el cargo de infracción de los estatutos ni
de vulneración de los derechos a elegir de los consejeros que no asistieron a la
sesión en la que se llevó a cabo la elección de la demandada.

c) Modificación del orden del día

177. Frente a la censura sustentada en la modificación del orden del día para
estudiar las recusaciones, sin perjuicio de los argumentos expuestos previamente
sobre su rechazo decidido de forma irregular directamente por los recusados, se
tiene que la norma invocada por la parte actora98 está relacionada con las sesiones
extraordinarias, en las que no es posible variar los asuntos que se anunciaron para
discutir en la respectiva reunión.

178. No obstante, la sesión en la que se llevó a cabo la designación cuestionada
fue ordinaria, conforme se constató. De modo que este cargo no prospera.

d) Intervención del representante de las comunidades negras en la
votación

179. Finalmente, respecto de la participación del representante de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, es cierto que
este integrante no está previsto en el artículo 22 de los estatutos de la corporación.
Sin embargo, su pertenencia a los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales proviene de la ley, concretamente, del artículo 56 de la Ley
70 de 1993, que establece lo siguiente:

Artículo 56. Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción
sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades
negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1)
representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que
defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

180. En concordancia, el capítulo 5 del Decreto 1076 de 2015 regula el
procedimiento para la elección de dicho consejero99.

181. De modo que, como lo ha advertido esta sección en ocasiones anteriores100,
es legítima y necesaria la participación de un representante de las comunidades
negras asentadas en la jurisdicción de la respectiva corporación autónoma regional.

98
Estatutos, artículo 28, según el cual solo se pueden discutir en sesiones extraordinarias los temas
para los que son convocadas.
99
Este decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compila lo dispuesto
sobre la materia en el Decreto 1523 de 2003.
100
Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00001-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 15 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00071-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

182. Además, la elección de la señora Katherine Caro, quien fungió como
representante de las comunidades negras en la elección acusada, según el acta de
la sesión respectiva, goza de presunción de legalidad y, por lo mismo, no cabe en
esta oportunidad ningún reparo a la legitimidad de su participación en dicha
designación. En consecuencia, esta censura contra el acto acusado tampoco
prospera.

183. En suma, la Sala concluye que el acto de elección de la señora Doris Bernal
Cárdenas incurrió en los vicios de infracción de las normas en que debió fundarse
y expedición irregular. En tal sentido, se constató la violación del artículo 29 de la
Constitución Política, los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y las reglas del
procedimiento contenido en el Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de
2023, toda vez que omitió tramitar las recusaciones presentadas contra los
integrantes del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, en la forma que exigían la
ley y el propio reglamento de la designación.

184. Además, pudo comprobarse que el cronograma se reanudó sin atender a las
formalidades exigidas en las disposiciones proferidas por el mismo órgano elector,
que imponían expedir y publicar en la página web un acto administrativo con la
nueva fecha para realizar la sesión de elección. Consecuente con los vicios
comprobados, se declarará la nulidad del acto demandado.

185. Finalmente, para contribuir a la celeridad y claridad del procedimiento de
elección del director general, la Sala estima conveniente modular los efectos de la
presente decisión, en el sentido de retomarlo desde la etapa 13 del cronograma
adoptado mediante Acuerdo Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023,
relativa a la «Elección del Director General», la cual deberá iniciar con el trámite de
las recusaciones, conforme a lo estudiado en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: LEVANTAR la suspensión provisional del acto acusado, decretada por
la Sala mediante auto de 7 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 200.3.2.23-004 del 8 de noviembre
de 2023, por medio del cual el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA eligió a la
señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de la entidad, para el período
institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.

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Demandante: Veeduría para la elección del director general
de CORPORINOQUÍA y otros
Demandada: Doris Bernal Cárdenas
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado)

TERCERO: MODULAR los efectos de la nulidad declarada en esta providencia, a
fin de que el órgano competente retome el procedimiento de elección del director
general de CORPORINOQUÍA, desde la etapa 13 del cronograma adoptado
mediante Acuerdo Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023, relativa a
la «Elección del Director General», la cual deberá iniciar con el trámite de las
recusaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y del reglamento.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no proceden recursos
ordinarios, de conformidad con el artículo 243A del CPACA.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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