Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01900-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01900-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01900-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01900-00
Demandante: Doris Bernal Cárdenas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01900-00
Demandante DORIS BERNAL CÁRDENAS
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Decisión sin motivación. Desconocimiento del precedente.
Proceso de elección director general CORPORINOQUIA.
Recusaciones. Modificación cronograma.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Doris Bernal Cárdenas, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de marzo de 20251, la señora Doris Bernal Cárdenas instauró acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, elegir y ser elegido, acceso a
cargos públicos y trabajo.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Con fundamento en lo anterior, actuando en nombre y representación de mi poderdante
Doris Bernal Cárdenas, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, a elegir y ser elegido, al acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos, a participar en el ejercicio del poder político, al trabajo y los principios de acceso
a la administración de justicia y seguridad jurídica, los cuales considera le fueron
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y en consecuencia, se disponga:
a) Dejar sin efectos la sentencia del 3 de octubre de 2024, identificada con el radicado
No 11001-03-28-000-2023-00150-00 (Acumulado) y
b) En su lugar, conceder los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a
elegir y ser elegido, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, a
participar en el ejercicio del poder político, al trabajo y los principios de acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica, ordenando al Consejo de Estado,
Sección Quinta, emita una nueva decisión».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Varios ciudadanos interpusieron por separado demandas en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral contra el acto mediante el cual fue elegida
la señora Doris Bernal Cárdenas como directora general de la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía (en adelante CORPORINOQUIA), para el
periodo 2024 - 2027.
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Samai, índice 2.
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2.2. De tales asuntos conoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
acumuló todas las demandas presentadas bajo el radicado nro. 11001-03-28-
000-2023-00150-00.
2.3. Mediante sentencia de 3 de octubre de 2024, la autoridad judicial declaró la
nulidad del acto de elección de la señora Doris Bernal Cárdenas, por
considerar que (i) existió una irregularidad en el trámite y resolución de las
recusaciones presentadas contra los integrantes del Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA; y (ii) la modificación del cronograma debió efectuarse
mediante acto administrativo emitido por el consejo directivo.
2.4. La señora Doris Bernal Cárdenas y CORPORINOQUIA presentaron solicitud de
aclaración de la sentencia.
2.5. Mediante auto del 24 de octubre de 2024 se negaron las solicitudes de
aclaración de la sentencia, puesto que los motivos que fundamentaron tal
petición no se referían a puntos oscuros o dudosos respecto de la parte
considerativa o resolutiva del fallo.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente, por las razones que a continuación se expondrán.
3.1. Defecto fáctico: la parte actora sostuvo que se incurrió en ese defecto, pues
se omitió valorar el «informe de verificación de requisitos de forma de los escritos de
recusación», elaborado por los miembros del Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA, en el cual se expusieron detalladamente las razones por
las cuales no se cumplieron los requisitos mínimos formales de las
recusaciones.
En tal informe se indicó que ninguno de los escritos de recusación cumplía con
los requisitos exigidos por el reglamento del proceso de elección y la
jurisprudencia, pues no se demostró jurídicamente por qué se configuraban
las causales de impedimento o recusación alegadas.
Por otra parte, consideró que, en lo relacionado con la modificación del
cronograma la autoridad judicial no tuvo en cuenta «los soportes que se remitieron
y en los que se fundamentaron la contestación de la demanda y alegatos de conclusión
presentados por parte del apoderado de Doris Bernal Cárdenas, en lo que tiene que ver con
la que se denominó por el Consejo de Estado, Sección Quinta como la: “modificación del
cronograma”».
Se refirió al auto por el cual un juez de tutela decretó como medida provisional
la suspensión del proceso de elección, la sentencia de tutela mediante la cual
se levantó dicha medida, la publicación de tal fallo en la página web de
CORPORINOQUIA, el oficio en el que se convocó al consejo directivo para
reanudar el proceso de elección y la publicación en la página web de la
corporación de una anotación sobre la reanudación del proceso de elección.
Asimismo, consideró que la Sección Quinta pasó por alto el reglamento para
la elección del director de la corporación autónoma regional, contenido en el
acuerdo nro. 200.2.23-003 de 1 de septiembre de 2023. Sostuvo que allí no se
reguló la modificación del cronograma. Por lo tanto, reprochó que en la
sentencia la Sección Quinta haya aseverado que «La modificación de alguna de sus
etapas o actividades requería de una decisión del Consejo Directivo que expresamente la
efectuará, señalando los motivos de la reforma».
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Recalcó que la modificación en el cronograma obedeció a que un juez de tutela
suspendió el proceso de elección como «medida cautelar»; por ende, una vez se
profirió fallo de tutela en el que se levantó dicha medida el cronograma se
reanudó y tal cambio se publicó debidamente.
3.2. Decisión sin motivación: consideró que se incurrió en tal defecto, porque en
la sentencia se guardó silencio de las razones por las cuales las recusaciones
presentadas sí cumplieron cada uno de los requisitos formales. Aseguró que
la autoridad judicial solamente indicó cuáles eran los presupuestos mínimos
formales que deben cumplir las recusaciones y seguido incluyó una tabla que
contiene la fecha en que se recibieron las recusaciones, el nombre del
recusante y los recusados.
En su criterio, la Sección Quinta «no motivo la decisión en lo que respecta al cómo fue
que se llegó a la conclusión de que cada recusación presentada sobre los 15 miembros del
Consejo Directivo, cumplían con los requisitos. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en los
casos de elección de Directores de las Corporaciones, que tiene por conflicto de nulidad el
trámite dado a las recusaciones, se ha detenido a realizar un estudio del contenido de cada
una de estas y como se podía decretar el cumplimiento o no de los requisitos, carga de
argumento de la que adolece la providencia del 3 de octubre de 2024» (sic para toda la cita).
3.3. Desconocimiento del precedente: sostuvo que los artículos 11 y 12 de la Ley
1437 de 2011 no desarrollaron los requisitos formales de las recusaciones; de
manera que estos se han establecido a través de la jurisprudencia del Consejo
de Estado. Por consiguiente, aseguró que las reglas para resolver conflictos
relacionados con recusaciones están contenidas en las sentencias que versen
sobre dicho asunto.
Seguido, afirmó que se pasaron por alto las siguientes sentencias proferidas
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, referente al análisis sobre los
requisitos formales de las recusaciones: 18 de marzo de 2021, radicado nro.
11001-03-28-000-2019-00084-00; 25 de noviembre de 2021, radicado nro. 11001-
03-28-000-2020-00056-00; y 22 de julio de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-
2021-00003-00.
Aseveró que las recusaciones presentadas en el caso no se formularon
conforme a lo indicado por el precedente de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, puesto que estas no contenían los elementos propios de la estructura
de un petitorio de recusación, no cumplían con la exigencia de seriedad, no se
identificó el servidor público o particular que incurrió presuntamente en el
impedimento o conflicto de interés y tampoco se sustentó la causal invocada
en la que presuntamente estaban incursos los miembros del consejo directivo.
Reprochó que el único análisis hecho por la Sección Quinta sobre las
recusaciones fue la consolidación de una breve tabla.
En consecuencia, al no configurarse los requisitos de las recusaciones
propuestas, la parte actora aseguró que no se afectaba en quorum decisorio.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 4 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la señora Doris Bernal Cárdenas contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta; se reconoció personería a la abogada de la parte actora; y se ordenó
notificar como terceros con interés a CORPORINOQUIA, a la Gobernación del
Casanare, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a la señora Leidy Yohana Hernández Oviedo (tercero con interés en el
medio de control) y a las personas que actuaron en calidad de demandantes.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta manifestó que en el caso se constató
la violación del artículo 29 de la Constitución Política, de los artículos 11 y 12
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de la Ley 1437 de 2011 y de las reglas del procedimiento contenido en el
acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023 (reglamento del proceso
de elección), puesto que las recusaciones presentadas contra los integrantes
del Consejo Directivo de CORPORINOQUIA no se tramitaron en la forma que
exigían la ley y el propio reglamento de la designación. Conforme a este último,
las recusaciones debían cumplir los siguientes requisitos:
1. Nombre, número de documento de identidad del solicitante, número telefónico,
y dirección física o electrónica en la que recibirá correspondencia.
2. El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública,
sobre el que recae la recusación.
3. Las razones por las que estima que, respecto de aquel, existe un conflicto entre
el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar
jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de
impedimento legalmente establecidas.
4. Firma del recusante.
La autoridad judicial explicó que esos presupuestos formales establecidos en
el reglamento son consecuentes con la carga mínima de seriedad que exige
la jurisprudencia de la sección. E indicó que los autores de las recusaciones sí
cumplieron con la carga argumentativa necesaria para tramitarlas, de acuerdo
con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, teniendo en cuenta que
15 de los 17 integrantes del órgano fueron recusados, consideró que el quorum
para elegir estaba afectado.
Explicó que, en consecuencia, las solicitudes de recusación debieron haberse
remitido a la Procuraduría General de la Nación para su resolución, conforme
lo dispone el artículo 12, parágrafo 3 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, el
Consejo Directivo de CORPORINOQUIA no las remitió al Ministerio Público; al
contrario, estas fueron resueltas por ese mismo órgano directivo, lo cual dio
lugar a anular el acto de elección, entre otras razones. Y resaltó que, aunque
en criterio de la parte actora las recusaciones propuestas debieron ser
rechazadas, conforme al marco normativo lo debido era su remisión a la
Procuraduría General de la Nación.
De otro lado, sostuvo que el órgano electoral de CORPORINOQUIA tenía el
deber de modificar el cronograma y al no haberlo hecho se privó a los
candidatos y a la comunidad en general de conocer la nueva fecha de la
elección y los motivos para reanudar el cronograma. Esta circunstancia va en
contra de las propias reglas de la convocatoria, del principio de publicidad que
debió orientar todas sus etapas y del antecedente de la designación del
período inmediatamente anterior.
Por las razones expuestas aseguró que la tutela se está empleando como una
tercera instancia; y añadió que en consideración a que el fallo se notificó el 4
de octubre de 2024 no se satisface el requisito de inmediatez. Por lo tanto,
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción o que se nieguen las
pretensiones formuladas.
4.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que no ha tenido injerencia en
los hechos narrados por la accionante, pues lo controvertido es una sentencia
judicial. Agregó que no se cumplen los requisitos de la tutela contra
providencia judicial y que de su parte no ha existido vulneración alguna a los
derechos fundamentales de la accionante. Por lo tanto, solicitó su
desvinculación y la negativa de las pretensiones.
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4.4. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia (CORPORINOQUIA) sostuvo que el consejo directivo conformado al
momento de los hechos «cometió un vicio en el procedimiento (...) debido a que no se
expidió un acuerdo modificando el artículo tercero del Acuerdo No. 200.3.2.23-003 del 1° de
septiembre de 2023, en donde se señalará la nueva fecha y hora de la elección ya que la
inicialmente establecida para el 25 de octubre de 2023 a las 7:00 a.m. no se podía realizar,
por lo tanto, para que se pudiera reanudar la elección era obligatorio y necesario que se
convocara al Consejo Directivo para concertar la nueva fecha de la elección».
Asimismo, sostuvo que la anulación de la elección no solamente se sustentó
en el trámite irregular de las recusaciones presentadas, sino también en el
hecho de haber realizado la sesión de elección el 8 de noviembre de 2023 sin
previamente haber modificado el cronograma y haberlo publicado en la página
web para conocimiento de los participantes y comunidad en general.
Agregó que no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados por
la parte actora; particularmente, sostuvo que no existe transgresión al derecho
al trabajo, en la medida en que la señora Doris Bernal Cárdenas es ingeniera
de sistemas y por lo tanto puede ejercer y desarrollar su profesión en cualquier
entidad pública o en el sector privado.
Consideró que tampoco se cumplen ni los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial ni los defectos
propuestos. Sobre estos últimos, manifestó que no se configura defecto fáctico
alguno porque el apoderado de la señora Doris Bernal Cárdenas guardó
silencio y no interpuso ningún recurso en contra de la decisión 13 de junio de
2024 en la que se negaron las pruebas solicitadas. Tampoco se configura el
de una decisión sin motivación, pues la Sección Quinta sustentó debidamente
las razones por las cuales anuló el acto.
En el igual sentido, manifestó que no se incurre en desconocimiento del
precedente, porque sobre el tema de recusaciones no se ha proferido
sentencia de unificación de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado.
Por lo tanto, las referencias que citó la accionante corresponden a decisiones
judiciales que no obligan al juez, pues de acuerdo con el artículo 230 de la
Constitución las autoridades judiciales solo están sometidas al imperio de la
ley.
De otra parte, informó que el 18 de diciembre de 2023 la señora Doris Bernal
Cárdenas presentó otra acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, la cual se tramitó bajo el radicado nro. 11001-03-15-000-2023-
07596-00, en la que argumentó que con la decisión adoptada en providencia
de 7 de diciembre del año 2023 se vulneraron sus derechos fundamentales.
En sentencia de primera instancia de 5 de febrero de 2024 frente a ciertas
pretensiones se negó el amparo y respecto de otros puntos se declaró la
improcedencia, y en segunda instancia se modificó la providencia en el sentido
de declarar la improcedencia de la acción. Motivo por el cual consideró que
existe cosa juzgada constitucional.
A su vez, indicó que la señora Doris Bernal Cárdenas presentó demanda de
nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado nro.
11001-03-28-000-2025-00004-00, contra de la señora Diana Carolina Mariño
Mondragón, en la que solicitó la anulación del acto mediante la cual esta última
fue elegida como directora general de CORPORINOQUIA, por las mismas
razones que originan la presente acción de tutela.
Por los motivos expuestos, solicitó declarar la improcedencia de la acción y
negar las pretensiones formuladas.
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4.5. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA)
consideró que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial. Resaltó que la parte actora no controvirtió el
auto mediante el cual se negaron las pruebas solicitadas y que la tutela se
interpuso cerca de seis meses después de notificada la sentencia.
Asimismo, sostuvo que el consejo directivo conformado al momento de los
hechos incurrió en un error al no haber modificado el artículo tercero del
acuerdo No. 200.3.2.23-003 del 1° de septiembre de 2023, a fin de establecer
la nueva fecha y hora en la que se realizaría la votación y elección del director
de la corporación.
Finalmente, manifestó que la accionante participó en todos los procesos, se le
vinculó y tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales, los
cuales fueron respetados por parte de la autoridad judicial accionada.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
2
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
3
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
4
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Doris Bernal Cárdenas
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en lo expuesto, y por tratarse de una acción de tutela contra
providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela
interpuesta por la señora Doris Bernal Cárdenas cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad.
Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
3 de octubre de 2024, en el marco del medio de control de radicado nro. 11001-03-
28-000-2023-00150-00 el Consejo de Estado, Sección Quinta incurrió en los
defectos propuestos por la parte actora.
Se precisa que no se efectuará análisis sobre cosa juzgada o actuación temeraria
respecto de la acción de tutela tramitada bajo el radicado nro. 11001-03-15-000-2023-
07596-00/01 mencionada por el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, debido a
que en esa oportunidad señora Doris Bernal Cárdenas no controvirtió la sentencia
de 3 de octubre de 2024, sino los autos de 17 de noviembre de 2023 y del 7 de
diciembre de 2023, mediante los cuales se ordenó correr traslado de la solicitud de
medida cautelar y se admitió una de las demandas interpuestas.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada incurrió en errores al declarar la nulidad del acto de
elección, al no valorar ciertas pruebas, desconocer el propio precedente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado en materia de recusaciones y no motivar
debidamente la decisión.
Segundo, no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la defensa de
sus derechos fundamentales. La prueba de esta afirmación consiste en que la
sentencia controvertida se profirió el 3 de octubre de 2024 y el mensaje de datos a
efectos de surtir la notificación se envió el 4 de octubre de 2024. La notificación se
entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del
mensaje, conforme lo establece el artículo 2055 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese
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Ley 1437 de 2011. Artículo 205: «NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas: (…) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez
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sentido, el conteo a efectos del análisis de inmediatez empezaría a computarse a
partir del día siguiente al de la notificación6, es decir desde el 9 de octubre de 2024.
De manera que no transcurrió un lapso superior a los seis meses fijado como plazo
razonable por la jurisprudencia de esta corporación, puesto que entre la notificación
de la providencia cuestionada y la interposición del amparo constitucional (31 de
marzo de 2025) transcurrió un lapso de 5 meses y 22 días.
Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.
Cuarto, en consideración a que el asunto fue de única instancia, no podría
entenderse que la tutela se está empleando como una instancia adicional. Además,
la tutela interpuesta persigue la protección de los derechos al debido proceso y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la
configuración de los defectos fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente. Por lo tanto, se considera que se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
Al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los defectos alegados por la parte actora.
5. Alcance de los defectos fáctico, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,
se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto7.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica8, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional9 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una
parte, la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso10; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo11.
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación».
6
Al respecto, se pronunció esta corporación en auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, expediente nro. 68001-
23-33-000-2013-00735-02 (68177), con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
8
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La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i)
valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia12.
5.2. Por su parte, el defecto por decisión sin motivación consiste en «el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional»13.
Este defecto encuentra su génesis en el derecho al debido proceso de los
usuarios de la administración de justicia en su faceta de contradicción, pues
para poder discutir o recurrir las providencias judiciales es necesario que los
jueces de la República expongan con claridad los fundamentos fácticos y
jurídicos en los que basan sus determinaciones. Adicional a lo anterior, la
exigencia de motivación de las sentencias garantiza que la decisión no se base
en el capricho del juez.
En consecuencia, el amparo de tutela por este defecto solo procederá ante
una argumentación (i) claramente defectuosa, (ii) abiertamente insuficiente o
(iii) inexistente; eventos en los cuales la providencia es un mero acto de
voluntad del juez o una arbitrariedad14.
5.3. Finalmente, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se
busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica
para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el
debido proceso del ciudadano.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que
la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez
de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del
precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los
cuales el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
14
En este sentido ver la sentencia T-302 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, en donde se reiteran las
consideraciones de la sentencia T-233 de 2007.
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judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los que
decide apartarse del precedente existente. Entonces, es insuficiente ofrecer
argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues además se debe
demostrar con argumentos sólidos que el precedente vigente no es válido,
correcto o suficiente para resolver el caso sometido a decisión.
6. Análisis del caso concreto
6.1. Como punto de partida, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia
de 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se anuló el acto de elección de la tutelante como
directora general de CORPORINOQUIA.
Sobre lo relacionado con las recusaciones, la Sección Quinta sostuvo que el
artículo décimo cuarto del acuerdo 200.3.2-23-003 del 1º de septiembre de
2023, por el cual se adoptó el reglamento y procedimiento para la elección,
dispuso que las recusaciones debían cumplir los siguientes requisitos: (i)
nombre, número de documento de identidad del solicitante, número telefónico
y dirección física o electrónica en la que recibirá correspondencia; (ii)
señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre
el que recae la recusación; (iii) razones por las que estima que respecto de
aquel existe un conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben
estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente la configuración de las
causales de impedimento legalmente establecidas; y (iv) firma del recusante.
La autoridad judicial manifestó que esos presupuestos establecidos en el
reglamento son consecuentes con la carga mínima de seriedad que exige la
jurisprudencia de la Sección Quinta para las elecciones de competencia de los
consejos directivos de corporaciones autónomas regionales. Seguido,
presentó una tabla en la que se incluyó la siguiente información de las
solicitudes de recusación presentadas: oportunidad, solicitantes, recusados,
motivación y firma.
Con fundamento en la información allí consignada, la Sección Quinta indicó
que «primero (...) fueron recusados 15 de los 17 integrantes del órgano elector, por lo que el
quorum para elegir se afectaba. Segundo, que los autores de las recusaciones suministraron
la carga argumentativa necesaria para tramitarlas, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437
de 2011».
Explicó que de conformidad con el artículo 12, parágrafo 3 de la Ley 1437 de
2011, que regula el trámite de impedimentos y recusaciones, cuando se
advierta que las recusaciones presentadas afectan el quorum estas deben
remitirse a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que esa autoridad
las resuelva. Añadió que en el reglamento de la elección se estableció que en
«caso de impedimentos o recusaciones, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011».
Así las cosas, la Sección Quinta sostuvo que las recusaciones presentadas
cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento; y que estas
afectaban el quorum, puesto que 15 de los 17 integrantes del órgano electoral
fueron recusados. Por lo tanto, afirmó que las recusaciones debieron remitirse
a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo dispone la norma
mencionada. Sin embargo, el órgano electoral no efectuó tal remisión; por el
contrario, estudió de fondo las causales alegadas por los recusantes y las
desestimó bajo el argumento de que no aportaban ninguna razón jurídica ni
probatoria.
Por consiguiente, la autoridad judicial indicó que el consejo directivo «confundió
una posible falta de fundamento de las recusaciones, con las formalidades requeridas para su
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trámite» y concluyó que «Habiéndose omitido el procedimiento de rigor, se produjo una
irregularidad insalvable sobre la elección de la señora Doris Bernal Cárdenas, pues se realizó
sin que la autoridad competente decidiera sobre los cuestionamientos frente a los electores
recusados, en detrimento de la imparcialidad, el interés general y la transparencia que deben
orientar estos procedimientos».
Por otra parte, la Sección Quinta consideró que la modificación del cronograma
debió efectuarse mediante acto administrativo dictado por el Consejo Directivo
de CORPORINOQUIA, en el cual se señalaran los motivos del cambio. En el
caso tales razones obedecían a que un juez de tutela suspendió el trámite de
elección, como medida provisional. Asimismo, sostuvo que dicho acto tenía ser
publicado debidamente para informar a los candidatos y la comunidad en
general sobre el cambio en la fecha de la elección.
Fundamentó tal conclusión en que el artículo décimo quinto del reglamento
establece que la elección del director general para el periodo 2024-2027 se
realizaría de acuerdo con el cronograma allí previsto, cuya fecha de elección
(paso 13 del cronograma) se estableció para el 25 de octubre de 2023. Asimismo,
sostuvo que el artículo tercero del reglamento dispuso que la página web de la
entidad sería «el medio oficial de publicación de todos los actos, decisiones, convocatorias,
citaciones y demás información relacionada con el mismo, que corresponda realizar en
desarrollo de este proceso de elección».
Añadió que en la elección del año inmediatamente anterior ocurrió una
situación semejante. Sin embargo, en esa oportunidad el Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA sí dictó acto administrativo en el que dispuso la modificación
del cronograma y lo publicó debidamente en la página web de la corporación.
En consecuencia, la autoridad judicial consideró que al modificar el
cronograma de la forma en que se hizo se actuó en contra de las propias reglas
de la convocatoria, del principio de publicidad que debió orientar todas las
etapas y del antecedente de la designación del período inmediatamente
anterior.
Por las razones, expuestas la Sección Quinta concluyó lo siguiente:
«183. En suma, la Sala concluye que el acto de elección de la señora Doris Bernal Cárdenas
incurrió en los vicios de infracción de las normas en que debió fundarse y expedición irregular.
En tal sentido, se constató la violación del artículo 29 de la Constitución Política, los artículos
11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y las reglas del procedimiento contenido en el Acuerdo
200.3.2.23-003 del 1º de septiembre de 2023, toda vez que omitió tramitar las recusaciones
presentadas contra los integrantes del Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, en la forma
que exigían la ley y el propio reglamento de la designación.
184. Además, pudo comprobarse que el cronograma se reanudó sin atender a las
formalidades exigidas en las disposiciones proferidas por el mismo órgano elector, que
imponían expedir y publicar en la página web un acto administrativo con la nueva fecha para
realizar la sesión de elección. Consecuente con los vicios comprobados, se declarará la
nulidad del acto demandado».
6.2. Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad
judicial accionada, la Sala es del criterio que no se configuran los defectos
propuestos por la parte actora.
No se considera que la Sección Quinta haya incurrido en defecto fáctico por
la supuesta falta de valoración del «informe de verificación de requisitos de forma de
los escritos de recusación» elaborado por el Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA. El debate no radicaba en determinar si tal órgano electoral
realizó el estudio sobre dichos requisitos formales o no. De hecho, la Sección
Quinta indicó que al verificar los requisitos formales el mencionado consejo
directivo «confundió una posible falta de fundamento de las recusaciones, con las
formalidades requeridas para su trámite», lo cual denota que la autoridad judicial
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reconoció que el consejo directivo estudió los requisitos de forma de las
recusaciones.
Sin embargo, lo reprochado por la Sección Quinta, justamente, fue que tal
órgano electoral no se limitó a verificar tales presupuestos formales, sino que,
por el contrario, realizó un estudio de fondo sobre las recusaciones, a pesar
de que lo debido conforme al reglamento del proceso de elección y al artículo
12, parágrafo 3 de la Ley 1437 de 2011 era remitir las recusaciones a la
Procuraduría General de la Nación a fin de que esta última las resolviera de
fondo. Lo anterior en la medida en que en el caso se afectaba el quorum
decisorio de la elección.
En consecuencia, no podría concluirse que la autoridad judicial incurrió en
defecto fáctico por no valorar el informe mencionado, ya que la Sección Quinta
no desconoció que el consejo directivo sí se pronunció sobre los requisitos
formales. Sin embargo, al efectuar su análisis la autoridad judicial concluyó
que el órgano electoral sobrepasó su competencia, pues en vez de limitarse a
realizar una verificación de los requisitos formales, procedió a efectuar un
análisis de fondo que no le competía, en virtud del cual concluyó que las
recusaciones presentadas carecían de soporte jurídico y probatorio.
Así lo expresó la Sección Quinta en la sentencia atacada:
«147. Así las cosas, se concluye que el citado órgano colegiado desconoció el trámite de las
recusaciones previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo décimo cuarto del
Acuerdo 200.3.2-23-003 del 1º de septiembre de 2023, ante escritos que afectaban el quorum
y cumplían los requisitos para ser remitidos a la Procuraduría General de la Nación.
148. Es así como, en lugar de seguir estos lineamientos legales y reglamentarios, el Consejo
Directivo optó por desestimar de fondo las causales alegadas por los recusantes, con el
pretexto de que no aportaban «ninguna razón jurídica ni probatoria». Por consiguiente,
confundió una posible falta de fundamento de las recusaciones, con las formalidades
requeridas para su trámite».
Tampoco se considera que la Sección Quinta haya incurrido en defecto fáctico
en lo que concerniente a la modificación del cronograma.
Al respecto, la parte actora sostuvo que dicha autoridad judicial omitió valorar
«los soportes que se remitieron y en los que se fundamentaron la contestación de la demanda
y alegatos de conclusión presentados por parte del apoderado de Doris Bernal Cárdenas, en
lo que tiene que ver con la que se denominó por el Consejo de Estado, Sección Quinta como
la: “modificación del cronograma”». Hizo alusión al auto mediante el cual un juez de
tutela decretó como medida provisional, el proceso de elección, la sentencia
de tutela mediante la cual se levantó dicha medida, la publicación de tal fallo
de tutela en la página web de CORPORINOQUIA, el oficio en el que se convocó
al consejo directivo para reanudar el proceso de elección y la publicación en
la página web de la corporación de una anotación sobre la reanudación del
proceso de elección.
La Sala no encuentra que la Sección Quinta haya dejado de valorar esos
documentos, pues aquella no desconoció que la suspensión del proceso de
elección obedeció a una medida provisional decretada por un juez de tutela,
que en últimas es a lo que aluden los documentos mencionados por la parte
actora.
En la sentencia atacada la autoridad judicial reconoció tal circunstancia al
señalar «los motivos de la reforma (…) obedecieron al levantamiento de la medida cautelar
de suspensión del trámite que había sido impuesta por un juez de tutela». Por lo tanto, no
se advierte que la autoridad judicial haya pasado por alto los soportes
documentales aludidos por la parte actora.
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Tampoco se encuentra que la Sección Quinta haya dejado de valorar el
reglamento del procedimiento de elección. Según la parte actora, allí no se
estableció expresamente la necesidad de expedir un acto administrativo que
contuviera las razones de la modificación del cronograma. La Sala desestima
tal cargo pues, contrario a lo argumentado por la tutelante, la autoridad judicial
accionada basó su decisión en las disposiciones contenidas en el reglamento
de la elección.
La Sección Quinta expuso que la publicación era un aspecto que estaba
regulado en el reglamento y que de acuerdo con el artículo 3 de este último
todas las decisiones debían ser publicadas en la página web de la corporación.
E indicó que al ser el cronograma un aspecto fundamental del proceso de
elección sus modificaciones debían provenir del Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA, mediante acto administrativo debidamente motivado.
Así lo expresó la Sección Quinta:
«154. Sobre el primer aspecto, se advierte que el Acuerdo 200.3.2.23-003 del 1º de septiembre
de 2023 dispuso en los artículos tercero y décimo quinto que la elección del director general
de la corporación para el periodo 2024-2027 se realizaría de acuerdo con el cronograma allí
previsto (artículo tercero), que incluyó como última actividad la fecha para elegir, prevista
inicialmente para el 25 de octubre de 2023.
155. Asimismo, el artículo tercero advirtió que la página web de la entidad sería «el medio
oficial de publicación de todos los actos, decisiones, convocatorias, citaciones y demás
información relacionada con el mismo, que corresponda realizar en desarrollo de este proceso
de elección» (se destaca).
156. Considerando las reglas enunciadas, la Sala observa que el cronograma era un aspecto
esencial del procedimiento y, dentro de este, la fecha de la elección era el «Paso 13». La
modificación de alguna de sus etapas o actividades requería de una decisión del Consejo
Directivo que expresamente la efectuara, señalando los motivos de la reforma, los cuales, para
el caso, obedecieron al levantamiento de la medida cautelar de suspensión del trámite que
había sido impuesta por un juez de tutela.
157. A su vez, era indispensable que el acto administrativo con la nueva fecha de la elección
se publicara en el medio oficial indicado en la convocatoria, esto es, en la página web de la
corporación.
158. De manera que está demostrado que las reglas que gobernaron la elección cuestionada
sí fueron indicativas de la forma en que debían adoptarse y sobre todo, publicarse las
modificaciones que sufriera el cronograma. Siendo este un aspecto reglado, no es de recibo
el argumento de la parte demandada, que pretende justificar esta omisión en que el fallo de
tutela que levantó la suspensión del proceso no ordenó expedir un acto administrativo para
reiniciarlo».
En ese orden de ideas, no se considera que la Sección Quinta haya pasado
por alto el reglamento para la elección del director. Por el contrario, su decisión
respecto a la modificación del cronograma se fundamentó en la regulación
contenida en tal estatuto. A lo que añadió que el consejo directivo de la
corporación procedió de forma contraria a cómo lo hizo en la elección
inmediatamente anterior, en la cual el procedimiento también fue suspendido
por un juez de tutela, y en el que sí se profirió acto administrativo ordenando
la modificación del cronograma. Veamos:
«CORPORINOQUÍA procedió de forma distinta a como lo hizo para la elección del director
general para culminar el período que terminaba el 31 de diciembre de 2023. Allí, mediante
Acuerdo 200-3-2-22-002 de 15 de marzo de 2022, publicado en la página web de la
corporación, el consejo directivo «reanuda el proceso de elección y modifica» el artículo
correspondiente a la fecha de la elección en la convocatoria inicial, también por cuenta del
levantamiento de una medida de suspensión del proceso, ordenada por un juez de tutela».
Así las cosas, la Sala considera que no se configura el defecto fáctico por las
razones expuestas por la parte actora.
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6.3. De otro lado, la accionante adujo que se incurrió en defecto por decisión sin
motivación, porque en la sentencia se guardó silencio sobre las razones por
las cuales las recusaciones presentadas sí cumplieron cada uno de los
requisitos formales. Aseguró que la autoridad judicial solamente citó los
presupuestos mínimos formales que deben tener las recusaciones y seguido
incluyó una tabla.
La Sala desestima ese cargo porque considera que la Sección Quinta indicó
suficientemente por qué se cumplían los requisitos formales de las
recusaciones establecidos en el artículo décimo cuarto del reglamento del
proceso de elección. La autoridad judicial sostuvo que los presupuestos
formales consagrados en esa norma eran:
«1. Nombre, número de documento de identidad del solicitante, número telefónico, y
dirección física o electrónica en la que recibirá correspondencia.
2. El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que
recae la recusación
3. Las razones por las que estima que, respecto de aquel, existe un conflicto entre el interés
particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas.
4. Firma del recusante».
Luego de esto la Sección Quinta incluyó una tabla que contiene la fecha en la
que se presentó la recusación, los nombres de los solicitantes, los recusados,
los argumentos principales que fundamentaban las recusaciones motivación y
la firma. Veamos:
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De lo anterior se desprende que el contenido de la tabla es el análisis
efectuado por la Sección Quinta sobre el cumplimiento de los requisitos
formales de las recusaciones, puesto que este da cuenta de los presupuestos
de forma establecidos en el reglamento, que no eran otros que nombre de los
solicitantes y de los recusados, la enunciación de los motivos por los que se
consideraba que existía un conflicto entre el interés general y el particular y la
firma.
El hecho de que la Sección Quinta haya efectuado el análisis sobre el
cumplimiento de los requisitos formales a través de una tabla no implica que
la autoridad judicial incurrió en el defecto por decisión sin motivación, pues
esto solo da cuenta de la metodología que utilizó la autoridad judicial.
Por lo tanto, se considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en
defecto por decisión sin motivación.
6.4. Tampoco se advierte que en el caso se configure el defecto por
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias de 18 de
marzo de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2019-00084-00; 25 de noviembre
de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2020-00056-00; 22 de julio de 2021,
radicado nro. 11001-03-28-000-2021-00003-00, proferidas por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, referente al análisis sobre los requisitos formales de
las recusaciones.
La razón obedece a que no existe contradicción entre lo dicho en ninguna de
esas providencias y la sentencia controvertida por la tutelante, ya que en todas
se hace alusión al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 que regula el trámite de
recusaciones y a los reglamentos propios de cada proceso de elección.
Asimismo, se indica que las corporaciones regionales autónomas no serán
competentes de decidir de fondo las recusaciones, en el evento de que estas
afecten el quorum decisorio.
Veamos varios apartes de las providencias invocadas por la parte actora:
• Sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2019-
00084-00
«2.4.2. TRÁMITE DE LAS RECUSACIONES
El artículo 12 del CPACA previene:
“Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor
enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado
al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los
anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades
territoriales.
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La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto
ordenará la entrega del expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la
causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este
término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la
presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos
para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace
referencia el inciso 1 de este artículo” (Énfasis de la Sala).
La Sección Quinta ha considerado que este trámite es aplicable en los procedimientos de
elección adelantados en las corporaciones autónomas regionales cuando existan vacíos
en su regulación especial (Ley 99 de 1993, estatutos o convocatoria) en virtud del ámbito
de aplicación definido en el artículo 2 del CPACA. Al respecto, en sentencia de 23 de
junio de 2016, se precisó:
“En el caso concreto, es claro que el legislador en la Ley 99 de 1993 no previó un procedimiento
especial para resolver los impedimentos o recusaciones que se presentaren en las corporaciones
autónomas; tampoco se encuentra que dicho tópico haya sido regulado estatutariamente,
circunstancias que permiten a la Sala concluir, sin lugar a dudas, que el CPACA sí es aplicable a
las corporaciones autónomas en lo que atañe a este aspecto”.
En el mismo fallo se dijo sobre el artículo 12 del CPACA, respecto de las recusaciones
presentadas contra miembros de los Consejos Directivos de la corporaciones autónomas,
que “…al no existir ‘superior’ o ‘cabeza del respectivo sector administrativo’...” que pueda resolver
los impedimentos o recusaciones presentadas en relación con uno de los integrantes del Consejo
Directivo, se colige que a quien corresponde resolver tal circunstancia es, justamente, al resto de
los integrantes del señalado cuerpo colegiado. Con ello se garantiza que estas entidades resuelvan
sus asuntos sin la interferencia de otra autoridad administrativa, preservando la autonomía
constitucionalmente consagrada”.
No obstante, resaltó la Sala en esa oportunidad, que dicha regla aplica siempre y
cuando “…no se afecte el quórum para decidir, la recusación debe ser resuelta por los demás
miembros del cuerpo colegiado, todo con el fin de evitar, de un lado, que se comprometa la
objetividad que se pide en una actuación administrativa electoral y, de otro, que se sacrifique la
autonomía de la Corporación Autónoma Regional”; tesis reiterada en providencias del 9 de
marzo de 2017.
A su turno, en relación con los requisitos que debe cumplir una recusación para producir
los denotados efectos jurídicos, esta Sección, en reciente fallo de 3 de septiembre de
2020, explicó:
“la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que los escritos de recusación deben cumplir
con los siguientes requisitos:
(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad con lo establecido en
la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).
(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que
recae el reproche y,
(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el
interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente
establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe tramitar ni se le
atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se suspende la actuación y por el simple
hecho de su presentación no se ve afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales,
y en caso de no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá los efectos
correspondientes. Ante la falta de reglamentación del trámite de las recusaciones en los
estatutos de las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende hasta cuando sea
resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación se
decida antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en este
caso, votar en la elección del director general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el servidor recusado
debe manifestar si acepta o no la causal invocada.
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Demandante: Doris Bernal Cárdenas
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o
procedimientos adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico
del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso”».
• Sentencia de 25 de noviembre de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2020-
00056-00
«A su vez, de conformidad con el considerando «D» del Acuerdo No. 02 del 3 de febrero
de 2020, para el momento de la designación sub judice ya se encontraban decididas por
parte de la PGN todas las recusaciones que fueron interpuestas previamente contra los
integrantes de dicho cuerpo colegiado y que habían sido remitidas al órgano de control
para su decisión, en virtud del procedimiento establecido en el artículo 12 del CPACA,
por cuanto con ocasión de estas se había desintegrado el quórum.
En el primer evento, tal como lo ha sostenido la Sección recientemente, cada
procedimiento eleccionario tiene su propia especificidad e independencia, en
cuanto a reglas, tiempos, candidatos, electores, etc. aun cuando puedan existir ciertas
condiciones generales y coincidencias particulares. Por tanto, el trámite de las
recusaciones elevadas en el marco de la designación de aquel cargo en propiedad, no
tenía por efecto suspender la actuación para designar al encargado, como erradamente
lo entiende la señora (…) «por tratarse de decisiones disímiles, además sin exponer
causal de impedimento o conflicto de interés que se configura en este último caso».
En el segundo escenario, se debe atender a lo dicho por la jurisprudencia constitucional
sobre el carácter personal, mas no institucional, del mecanismo de los impedimentos y
recusaciones, que conlleva a que cuando se produce un cambio del funcionario recusado
porque dejó de ejercer el cargo, el reproche formulado contra su imparcialidad no se
extiende automáticamente a quien lo reemplaza, por tratarse de personas diferentes (…)
En este orden, pasa la Sala a examinar la eventual configuración de las irregularidades
alegadas por la accionante concretamente en el trámite y decisión de las recusaciones
interpuestas por el candidato […] el 3 de febrero de 2020, para lo cual resulta menester
empezar por constatar si aquellas cumplían con los requisitos de procedibilidad exigidos
por la ley y la jurisprudencia para ser tenidas como tales y, en ese orden, darle aplicación
al procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, pues en caso
contrario procedía su rechazo, como en efecto lo hizo el referido cuerpo colegiado en la
actuación que es objeto de censura y, entonces, las acusaciones que aquí se agrupan no
estarían llamadas a prosperar.
Para tal efecto, es necesario revisar con base en la literalidad del escrito que las contiene
si se observaron tales presupuestos, uno a uno, en los términos que esta Sección los ha
interpretado en consonancia con la Corte Constitucional, según las consideraciones
generales de este proveído, así:
(i) Identificación e individualización del peticionario: Requisito satisfecho (…)
(ii) Identificación e individualización de los servidores públicos o particulares que
ejercen funciones públicas contra quienes se dirige: Requisito satisfecho. (…)
(iii) Debida sustentación: Requisito insatisfecho (…)»
• Sentencia de 22 de julio de 2021, radicado nro. 11001-03-28-000-2021-00003-
00
«2.4.1.2. Trámite de las recusaciones en CARDER
1. Esta Sala Electoral ya ha reconocido la facultad de las corporaciones autónomas
para decidir sobre las recusaciones que se presenten contra los integrantes del
consejo directivo en virtud de su autonomía; no obstante, se ha señalado de forma
reiterada, que la anterior competencia se puede ejercer siempre que no esté
afectado el quorum para deliberar y decidir en garantía de la democracia,
transparencia y objetividad que deben revestir las decisiones que en estos casos se
adopten.
2. Así mismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha pronunciado indicando
que los escritos de recusación deben cumplir mínimamente con los siguientes
requisitos:
“(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad con lo establecido en
la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).
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(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que
recae el reproche y,
(ii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el
interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente
establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe tramitar ni se le
atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se suspende la actuación y por el simple
hecho de su presentación no se ve afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales,
y en caso de no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá los efectos
correspondientes. Ante la falta de reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos
de las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011, y seguirse el siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende hasta cuando
sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación
se decida antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en
este caso, votar en la elección del director general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el servidor recusado
debe manifestar si acepta o no la causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o
procedimientos adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico
del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso”.
98. Así las cosas, los escritos de recusación al ser manifestaciones que buscan separar
del conocimiento de un determinado asunto a la autoridad que por ley le corresponde
sustanciarlo y/o decidirlo, debe, al tenor del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, guardar
una carga mínima de seriedad que se materializa en el escrito motivado que exige
la ley, en determinar el sujeto que lo propone y sobre el que recae, las razones de
hecho en que se fundamenta y la causal taxativa en la que se subsume. Dicha
suficiencia, deviene de la necesidad de mantener en cabeza de los funcionarios y demás
autoridades, el cabal cumplimiento de sus funciones, sin dilación alguna, por lo que,
cuando deben ser separados del ejercicio de ellas, éstas razones deben enmarcarse en
la defensa del interés general, la trasparencia, eficiencia, imparcialidad y demás principios
que rigen la función pública».
Los apartes transcritos ilustran que las reglas en materia de recusaciones
establecidas en las sentencias invocadas por la accionante no difieren de los
criterios empleados por la autoridad judicial en la sentencia controvertida, pues
en esas decisiones se hace alusión a las disposiciones propias dispuestas en
el reglamento de cada proceso de elección y al artículo 12 de la Ley 1437 de
2011. Así como a la regla de remisión a la Procuraduría General de la Nación,
aplicable cuando las recusaciones presentadas afecten el quorum decisorio.
Estas pautas, justamente, fueron las empleadas por la autoridad judicial en la
sentencia controvertida.
Por ende, se considera que el Consejo de Estado, Sección Quinta no
desconoció su propio precedente.
7. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo de Estado,
Sección Quinta no incurrió en los defectos fáctico, decisión sin motivación y
desconocimiento de precedente. En consecuencia, se negarán las pretensiones
formuladas por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Negar las pretensiones formuladas por la señora Doris Bernal Cárdenas, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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