Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00250-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00250-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00250-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00250-00 (PRINCIPAL)
11001-03-28-000-2025-00251-00
Demandantes: LUIS FERNANDO PADILLA PÉREZ Y PAOLO ALBERTO
SIERRA TORRES
Demandada: ADRIANA MARGARITA GARCÍA ARÉVALO –
DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR PARA LO QUE
RESTA DEL PERIODO 2024 - 2027
Temas: Prohibición de reelección en las Corporaciones Autónomas
Regionales (art. 28 de la Ley 99 de 1993). Efectos ex tunc de las
sentencias de nulidad electoral, falsa motivación, desviación de
poder e irregularidades en el trámite de las recusaciones
presentadas.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la sala las demandas presentadas por los señores Luis Fernando Padilla Pérez
y Paolo Alberto Sierra Torres, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la Acuerdo 12 del 31
de octubre de 2025, por medio de la cual se eligió a la señora Adriana Margarita García
Arévalo como directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)
para lo que resta del periodo 2024 – 2027.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1.1. Pretensiones
1. En los escritos de demanda se señaló como pretensión principal que se declarara
la nulidad del Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025, mediante el cual se designó a la
señora Adriana Margarita García Arévalo como directora de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar para lo que resta del periodo 2024 - 2027.
Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Adriana Margarita García Arévalo
Rad: 11001-03-28-000-2025-00250-00 (principal)
1.2. Hechos
2. De la lectura de los escritos introductorios la sala resumirá los hechos de la
siguiente manera:
3. Indicaron que mediante el Acuerdo 8 del 14 de septiembre de 2023, el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar dio apertura al proceso de
elección del director general para el periodo 2024 – 2027 y fijó el cronograma con las
diferentes etapas del proceso de selección.
4. Precisaron que después de un trámite con algunas irregularidades 1, el 21 de
diciembre de 2023, a través del Acuerdo 15, se eligió a la señora Adriana Margarita
García Arévalo como directora general.
5. Explicaron que tal elección fue demandada y mediante fallo del 29 de octubre de
20242, se declaró la nulidad de la elección. Durante el término que la señora García
Arévalo estuvo en el cargo suscribió contratos y convenios, al igual que ejerció la
potestad nominadora, cobró salarios y prestaciones sociales.
6. Adujeron que, posteriormente, mediante oficio del 10 de diciembre de 2024, se
convocó al Consejo Directivo de la corporación para elegir al director de la entidad y
el 13 del mismo mes y año se eligió «por segunda vez» a la señora Adriana Margarita
García Arévalo, mediante el Acuerdo 14.
7. Advirtieron que, nuevamente se interpuso una demanda contra tal elección y el 25
de septiembre de 20253, esta sección declaró la nulidad del Acuerdo 14 del 13 de
diciembre de 2024.
8. Anotaron que, a través de la comunicación del 27 de octubre de 2025, fueron
citados los miembros del Consejo Directivo de la corporación para continuar con el
calendario para la elección del director(a).
9. Señalaron que, mediante el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025, fue nombrada
nuevamente la señora Adriana Margarita García Arévalo como directora de
Corpocesar, pese a que se había advertido la prohibición de la reelección.
1 Se refiere a la reanudación de la sesión del 27 de octubre de 2023, la cual fue suspendida unilateralmente por el
presidente del Consejo Directivo y, en dicha convocatoria se debía establecer como orden del día, levantar la
suspensión, resolver las recusaciones y la elección del próximo director. Sin embargo, esto no ocurrió, pues lo que
hicieron, en la sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2023, sin mediar citación alguna, se levantó la
suspensión, se propuso un nuevo orden del día, resolvió la recusación y eligió a la directora.
2 Radicado 11001032800020240003800 (principal), con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
3 Expediente 11001032800020250001400 (principal), con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez
Montoya.
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Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Adriana Margarita García Arévalo
Rad: 11001-03-28-000-2025-00250-00 (principal)
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
10. Los demandantes afirmaron que el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025 es nulo
por violación del artículo 209 de la Constitución Política por vulnerar los principios de
transparencia e imparcialidad porque desconocieron las advertencias relacionadas
con la imposibilidad de elegir a la señora García Arévalo por tercera vez.
11. Puntualizaron que se vulneró el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por
la Ley 1263 de 2008, que establece que el director de la corporación debe ser
designado por el consejo directivo para un periodo de 4 años y podrá ser reelegido
por una sola vez.
12. Afirmaron que, en el caso de la señora Adriana Margarita García Arévalo, esta fue
reelegida dos veces puesto que fue nombrada mediante los acuerdos 15 del 21 de
diciembre de 2023, 14 del 13 de diciembre de 2024 y 12 del 31 de octubre de 2025.
13. Expusieron que, en la providencia del 26 de septiembre de 20174, la Sección
Quinta ha diferenciado el acto administrativo del acto electoral y, por tanto, al revisar
lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA existe un vacío normativo respecto de los
efectos de la sentencia que declaran la nulidad, por lo que es necesario que este se
llene vía analogía iuris o analogía legis.
14. Explicaron que la señora García Arévalo, en los periodos en que ejerció como
directora, desarrolló plenamente sus funciones y suscribió contratos de obra e
interventoría, expidió licencias, celebró convenios y emitió directivas relacionadas con
la salud y la seguridad en el trabajo.
15. Sostuvieron que los actos que fueron declarados nulos gozaron de existencia,
validez y eficacia y surtieron plenos efectos jurídicos con lo cual se cumplió a cabalidad
con el objeto para los cuales fueron creados y, por tanto, las sentencias proferidas
tuvieron resultados ex nunc o constitutivos porque, de lo contrario, se permitiría al
Consejo Directivo de Corpocesar abusar del poder.
16. Señalaron que el acuerdo demandado se profirió con falsa motivación porque, al
momento de deliberar y elegir omitieron el hecho de que la señora García Arévalo ya
había sido directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar en dos
oportunidades anteriores, pese a la clara prohibición legal.
4 Expediente 2017-00087-00 con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
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17. Adicionaron que en el trámite se incurrió en una omisión, puesto que no se
tramitaron en debida forma las recusaciones presentadas por las señoras Xenia López
Flórez y Diana Silva Montero, radicadas el 28 de octubre de 2025 ante la Corporación
Autónoma Regional del Cesar y la Procuraduría General de la Nación,
respectivamente, contra todos los miembros del Consejo Directivo.
18. Alegaron que en la sesión del 31 de octubre de 2025 no tuvo en cuenta a los
demás candidatos postulados por lo que se vulneró el principio de transparencia e
imparcialidad.
2. Contestación de la demanda
2.1. Adriana Margarita García Arévalo
19. La demandada, a través de su apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de las demandas, con base en los siguientes argumentos:
20. Expuso que no se configura la prohibición alegada, puesto que las designaciones
realizadas a través de los acuerdos 15 del 21 de diciembre de 2023 y 14 del 13 de
diciembre de 2024 fueron declaradas nulas mediante los correspondientes procesos
judiciales en el medio de control de nulidad electoral, por la existencia de
irregularidades en el procedimiento de elección, mas no por existir alguna causal
subjetiva.
21. Adujo que la regla general es que los efectos jurídicos de las sentencias de nulidad
electoral son ex tunc, salvo en los casos en que los jueces modulen la decisión y se
otorguen consecuencias ex nunc, situación que no se presentó en el caso en estudio.
22. Manifestó que en los dos expedientes de nulidad electoral que se han adelantado,
se ordenó continuar los respectivos procesos desde el mismo momento en que se
presentó la irregularidad y, especialmente, en el radicado
11001032800020250001400, el Consejo de Estado moduló los efectos y ordenó
seguir el proceso desde el trámite de las recusaciones, con lo cual se avaló la
continuidad de los candidatos existentes sobre los cuales debía recaer la elección.
23. Mencionó que la elección realizada mediante el Acuerdo 12 del 31 de octubre de
2025 no se incurrió en la prohibición establecida en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993,
pues los nombramientos contenidos en los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 fueron
anulados, por la jurisdicción contenciosa administrativa, por irregularidades en el
procedimiento de la elección, sin que se haya determinado en ninguno de los dos
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procesos que los efectos de la sentencia serían ex nunc, por lo que se puede afirmar
categóricamente que los anteriores nombramientos no existieron.
24. Aclaró que, en materia de nulidad electoral, la posición sobre los efectos ex tunc
de la nulidad venía siendo pacífica y que si bien fue objeto de debate al interior de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia del 7 de junio de 2016, a través
de la providencia dictada en el expediente 11001032800020150005100 con ponencia
del magistrado Alberto Yepes Barreiro, se ordenó que, en adelante, el juez de la
nulidad debía fijar expresamente los efectos y en caso de no hacerlo se entendería
que los mismos serían ex tunc, es decir, que la nulidad se retrotrae al momento en
que el acto electoral no existía.
25. Indicó que tales conceptos han sido analizados en otras oportunidades y si bien
existen posturas disímiles al interior de la Sección Quinta de esta corporación, la Sala
Plena, a través de la sentencia del 23 de mayo de 2017, proferida dentro del radicado
110010328000201600025005, fijó una posición unificada y precisó que cuando un fallo
se modula con efectos ex nunc, rige hacia el futuro a partir del momento en el cual
queda en firme la providencia, mientras que las decisiones ex tunc tienen efectos
retroactivos, es decir, como si el acto no hubiera nacido a la vida jurídica.
26. Sostuvo que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 24 de julio de
20256, revocó la medida cautelar de suspensión provisional de la elección del alcalde
del municipio de Oiba y consideró que los efectos de la decisión de nulidad no
componen una posición pacífica, por lo que deberán analizarse en la sentencia.
27. Refirió que, en la providencia del 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez 7, se
refirió a los efectos de las sentencias de nulidad electoral y explicó que, como regla
general, estos son ex tunc, al considerarse que existe una línea sólida y pacífica en
torno a este asunto.
28. Señaló que, en aplicación del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, el precedente
jurisprudencial es de aplicación obligatoria y, al revisar los reseñados, es claro que
para esta corporación los efectos de la sentencia de nulidad son ex tunc.
29. Al referirse a las afirmaciones relacionadas con el no trámite de las recusaciones
alegada en el proceso 2025-251, precisó que esto no es cierto, puesto que, de
acuerdo con el Acta 007 de la sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2025, el
5 Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6 Radicado 68001233300020250026401 con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
7 11001032800020230015000.
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Consejo Directivo de Corpocesar estudió las mismas e indicó que, al analizar su
contenido, se señaló que el escrito allegado no cumplía con los requisitos mínimos
formales al no hacer referencia a ninguna causal y, por tanto, se rechazó de plano.
2.2. Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar
30. La gobernadora del departamento del Cesar, como presidenta del Consejo
Directivo de Corpocesar, a través de apoderado judicial, se pronunció en los
siguientes términos:
31. Indicó que la nulidad del Acuerdo 15 de 2023 tiene efectos ex tunc, lo que implica
que dicho acto desapareció del mundo jurídico como si nunca hubiera existido. Por
sustracción de materia, no podría hablarse de reelección cuando la primera elección
es jurídicamente inexistente.
32. Expuso que, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia del 23 de mayo
de 2017, consideró que, si la primera elección dejó de existir en virtud de la sentencia
de nulidad, desaparece el supuesto de la prohibición de la reelección.
33. Sostuvo que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el
Concepto 382921 de 2022, al analizar la inhabilidad de quien fue nombrado en virtud
de un proceso anulado concluyó que los fallos en los que se declara la nulidad del
acto de elección tienen efectos ex tunc y, en tal virtud, debe entenderse que este fue
retirado del mundo jurídico desde su nacimiento, lo que implica que este jamás existió.
34. Añadió que, si esa regla aplica para las inhabilidades, con mayor razón para la
elección de los directores de las corporaciones autónomas regionales y, por tanto, la
señora Adriana Margarita García Arévalo estaba plenamente habilitada para ser
elegida.
35. Adujo que el acto de elección no incurrió en falsa motivación puesto que no se
«omitió deliberadamente» la mención del Acuerdo 15 de 2023, por cuanto al haber
sido declarado nulo mediante una sentencia con efectos ex tunc, este desapareció del
ordenamiento jurídico, lo mismo que ocurre con el acto posterior, por tanto, mal haría
la administración fundamentar el acuerdo demandado en actos que fueron expulsados
del mundo jurídico.
36. Añadió que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el acuerdo
demandado son ciertos, fidedignos y ajustados a la realdad procesal, sin que se haya
ocultado información porque no se le dio efectos jurídicos a actos que ya habían sido
declarados inexistentes.
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Demandada: Adriana Margarita García Arévalo
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37. Expuso que el demandante erró al afirmar que existió una reelección, puesto que
las anteriores designaciones habían sido excluidas del ordenamiento jurídico en virtud
de las sentencias que declararon la nulidad y, por tanto, no se vulneró ninguna norma
superior.
38. Precisó que al momento de expedirse el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025 la
señora Adriana Margarita García Arévalo no contaba con ningún periodo válidamente
ejercido ante la ley y, jurídicamente, esta sería su primera elección, aceptar la tesis de
la parte actora implicaría darle efectos a actos que ya fueron excluidos del
ordenamiento por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
39. Aclaró que no se actuó con dolo o fines «torticeros», desarrolló sus competencias
en cumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron recomponer el procedimiento.
Si el juez anula la elección, la administración debe volver a elegir para proveer la
vacante y eso fue exactamente lo que se hizo.
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Auto admisorio y decisión de la medida de suspensión provisional
40. Mediante auto del 5 de febrero de 2026, el proceso con radicado 11001-03-28-
000-2025-00250-00, interpuesto por el señor Luis Fernando Padilla Pérez, fue
admitido.
41. Por su parte, el 19 de febrero de 2026, en el expediente 11001-03-28-000-2025-
00251-00 se dictó el auto admisorio de la demanda presentada por el señor Paolo
Alberto Sierra Torres.
42. En ambas providencias se decidió negar la solicitud de suspensión de los efectos
del acto de elección puesto que, en ese momento procesal, la restricción contenida
en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 no resultaba aplicable al caso en estudio, puesto
que los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 fueron anulados por esta sección y, de
conformidad con los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad, estos
desaparecieron desde el mismo momento de su expedición.
43. En relación con las presuntas irregularidades en el trámite adelantado para la
correspondiente designación, con ocasión de las recusaciones presentadas por las
señoras Xena López Flórez y Diana Silva Montero, al revisar los medios de convicción
allegados en ese momento, se explicó que si bien se contaba con los memoriales, no
existía prueba sobre el trámite que se les había dado y no se conocía si las peticiones
fueron radicadas oportunamente, análisis que debería efectuarse una vez se
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Demandada: Adriana Margarita García Arévalo
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recaudaran todos los elementos de convicción solicitados por las partes y los
antecedentes administrativos.
3.2. Acumulación de proceso
44. A través de la providencia del 28 de abril de 2026 se decretó la acumulación de
procesos 11001-03-28-000-2025-00250-00 y 11001-03-28-000-2025-00251-00,
promovidos contra el acto de elección de la señora Adriana Margarita García Arévalo
como directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar para el periodo 2024
• 2027, contenido en el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025.
3.3. Auto que fija el litigio, decreta pruebas y dispone dictar sentencia anticipada
45. El 17 de junio de 2026, se resolvió fijar el litigio en los siguientes términos:
5. Corresponde a este despacho efectuar la fijación del litigio respecto de los cargos
formulados en las demandas de nulidad electoral dirigidas contra el acto mediante el
cual se eligió a Adriana María García Arévalo como directora general de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, con fundamento en los argumentos presentados por la
parte actora y en las posiciones expuestas por la parte demandada, con el propósito de
delimitar las controversias jurídicas que serán resueltas por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la sentencia respectiva y que se concretan en los siguientes
interrogantes:
1. ¿El Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025 incurrió en violación de lo dispuesto en
el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, toda vez que la designación lleva consigo la
reelección de esta por más de una vez, norma que fue puesta en conocimiento de
los miembros del órgano de decisión sin que se hubiera atendido la manifestación
correspondiente? En este punto deberá estudiarse los efectos de las sentencias de
nulidad adoptadas en los fallos proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en los expedientes 11001032800020240003800 y
11001032800020250001400.
2. ¿El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar incurrió en
falsa motivación al expedir el Acuerdo 12 de 2025, por no señalar, deliberadamente,
el hecho de que la señora García Arévalo ya había sido nombrada directora de
Corpocesar con los Acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 y sin tener en cuenta las
decisiones adoptadas en los fallos proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en los expedientes 11001032800020240003800 y
11001032800020250001400?
3. ¿El acto demandado incurrió en desviación de poder toda vez que la decisión de
reelegir a la señora Adriana Margarita García Arévalo fue con el fin de utilizar
indebidamente el presupuesto y al no cumplir con las metas misionales de la
corporación?
4. ¿El procedimiento de elección está viciado toda vez que no se tramitaron en
debida forma las recusaciones presentadas por la señora Xenia López Flórez ante la
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Corporación Autónoma Regional del Cesar y de Diana Silva Montero, radicadas ante
la Procuraduría General de la Nación en contra de todos los miembros del Consejo
Directivo de la entidad lo que llevo consigo una afectación en el cuórum decisorio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2012?
46. Además, se tuvieron como pruebas los documentos allegados por las partes.
47. Respecto de la solicitud de medios de convicción documental solicitados por los
demandantes y la demandada, estos fueron negados por ser innecesarios.
48. Igualmente, se negaron los testimonios pedidos por el señor Sierra Torres al
evidenciar que la petición no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 212
del Código General del Proceso.
49. El despacho sustanciador decidió solicitar, de oficio, los documentos relacionados
con las recusaciones presentadas por las señoras Xenia López Flórez y Diana Silva
Montero y el trámite que se les impartió tanto en el Consejo Directivo de Corpocesar
como en la Procuraduría General de la Nación.
50. Finalmente, dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión por escrito, de conformidad con el artículo 181 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el numeral 1º del
artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021 y del
artículo 296 de la misma codificación, y al agente del Ministerio Público para que, si a
bien lo consideraba, rindiera concepto.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Demandante
51. El señor Luis Fernando Padilla Pérez (demandante en el proceso 2025-00250),
señaló que, en el caso en estudio, está demostrado que la demandada violó la
prohibición de reelección por más de una vez establecida en el artículo 28 de la Ley
99 de 1993, puesto que esta fue designada en tres oportunidades en las cuales tomó
posesión del cargo, ejerció plenamente sus funciones administrativas con la
expedición de licencias ambientales, suscripción de contratos y convenios
administrativos, devengó su salario y ejerció la potestad nominadora.
52. Indicó que el legislador no previó efectos jurídicos a las sentencias de nulidad
electoral, tal como se evidencia al revisar el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 y, en
consecuencia, para el efecto de las corporaciones autónomas es necesario zanjar la
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discusión para así evitar abusos por parte de los miembros de esas entidades en todo
el territorio nacional.
53. Señaló que, en un caso similar al que está en estudio, al resolver una demanda
interpuesta contra la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar8, esta
sección explicó que la nulidad de los actos a través de los cuales se eligen a los
rectores de los entes autónomos implica llevar a cabo, otra vez, la sesión en la que se
hizo la designación y elegir un nuevo rector, lo que lleva consigo que se nombrara a
alguien de la lista de elegibles ya conformada.
54. Precisó que, en relación con la directora de Corpocesar, no se trata de un proceso
nuevo, sino que el mismo se deriva de la Convocatoria 8 del 14 de septiembre de 2023
donde se estableció el calendario para la elección del director, por lo que el caso en
cita es plenamente aplicable.
55. Adujo que la inexistencia del acto es imposible de predicar, ya que una vez
exteriorizada la voluntad de la administración a través de los actos de elección, estos
se materializan sin validación privada o intervención de un tercero para su
cumplimiento, por lo que es claro que los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 surtieron
sus efectos y, por tanto, el Acuerdo 12 de 2025 implica una segunda reelección, lo
que está expresamente prohibido por la ley.
4.2. Adriana Margarita García Arévalo
56. A través de su apoderado judicial, presentó escrito de alegaciones en el cual
precisó que en las sentencias que declararon la nulidad de los acuerdos 15 de 2023
y 14 de 2024 no indicaron que los efectos de tales decisiones fueran ex – nunc, por lo
que debe aplicarse la regla general, esto es, que son ex tunc.
57. Explicó que en los dos procesos se ordenó continuar los respectivos trámites
desde el momento donde se presentó la irregularidad, es decir, que se avaló la
continuidad con los candidatos existentes, sobre los cuales debía recaer la elección.
58. Reiteró que cuando se declaró la nulidad de su elección se determinó que se
presentaron irregularidades en el trámite, el análisis no recayó en causales subjetivas
que impidieran la designación demandada.
59. Sostuvo que no existe prueba en el proceso que permita concluir que el acto
demandado se expidió con desviación de poder tendiente a utilizar indebidamente el
8 Decisión proferida en el expediente 11001032800020170000300
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Demandada: Adriana Margarita García Arévalo
Rad: 11001-03-28-000-2025-00250-00 (principal)
presupuesto o no cumplir con las metas misionales, por lo que dicho cargo también
debe negarse.
60. Precisó que en el caso en estudio no existió irregularidad en el procedimiento
adelantado para expedir el Acuerdo 12 de 2025, puesto que, en la sesión
extraordinaria del 31 de octubre de 2025, el Consejo Directivo de Corpocesar estudió
las recusaciones presentadas y las rechazó al considerar que no cumplían los
requisitos mínimos exigidos para su procedencia.
61. Refirió que, igualmente, la Procuraduría General de la Nación indicó que la
«solicitud de recusación» no fue tramitada porque no cumplía con los requisitos
mínimos establecidos por el Consejo de Estado para ser tramitadas.
4.3. Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar
62. La gobernadora del departamento del Cesar, en su calidad de presidente del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, a través de
apoderado, indicó que para que se configure la prohibición de reelección establecida
en la Ley 99 de 1993, es necesario que exista un periodo o elección previa
válidamente ejercida.
63. Añadió que, en el caso en estudio, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la nulidad absoluta de las elecciones previas mediante sentencias en las que
estudió la legalidad de los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024.
64. Expuso que la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo
de 20179, consideró que la declaratoria de nulidad de los actos de elección produce
efectos ex tunc, esto significa que cuando son anulados desaparecen del
ordenamiento jurídico desde su nacimiento, como si jamás hubieran existido.
65. Precisó que, por lo anterior, si las elecciones previas no existieron jurídicamente,
es un contrasentido afirmar que el Acuerdo 12 de 2025 constituye una reelección.
66. Sostuvo que el acto demandado no fue proferido con falsa motivación, puesto que
los fundamentos de hecho y de derecho expresados se ajustan de manera estricta a
la realidad fáctica y procesal de la corporación.
67. Aclaró que la administración no puede basar los actos administrativos en acuerdos
que fueron expulsados del mundo jurídico por la propia jurisdicción contenciosa
9 Radicado 11001032800020160002500.
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administrativa. No se trató de ocultar información, simplemente aplicó de manera
rigurosa las directrices jurisprudenciales.
68. Indicó que las afirmaciones de la demanda respecto de la desviación de poder no
se encuentran soportadas en pruebas allegadas al expediente y constituyen
valoraciones genéricas, subjetivas y abstractas.
69. Añadió que, tal como consta en los antecedentes administrativos, las
recusaciones fueron despachadas desfavorablemente porque no cumplían con la
carga argumentativa y formal mínima.
5. Concepto del Ministerio Público
70. La agente del Ministerio Público consideró que, una vez analizados los
argumentos esgrimidos por los demandantes y los medios de prueba aportados al
expediente, no es posible concluir que alguno de los cargos formulados esté llamado
a prosperar.
71. Explicó que no se configuró la violación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993 pues,
si bien la demandada fue designada mediante los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024
como directora del Corpocesar, lo cierto es que las dos últimas elecciones no
constituyeron actos de reelección, en tanto fueron expedidos con ocasión de la
vacancia absoluta generada por las sentencias de nulidad proferidas por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y con el único propósito de proveer dicho cargo para el
periodo 2024 – 2027.
72. Indicó que, ante la inexistencia del ejercicio de un periodo ordinario por parte de
la demandada, seguido de otro cuatrienio obtenido mediante reelección no se
presentó el supuesto de hecho previsto en la norma mencionada.
73. Precisó que tampoco se encuentra acreditado el vicio de falsa motivación puesto
que, del material probatorio allegado al expediente, se pudo constatar que sí se hizo
referencia al Acuerdo 14 del 13 de diciembre de 2024, de manera que no corresponde
a la realidad lo advertido por el demandante.
74. Alegó que, si bien el Acuerdo 15 del 21 de diciembre de 2023 no fue mencionado
en el acto demandado, dicha omisión carece de entidad suficiente para invalidar la
designación de la señora García Arévalo, máxime cuando ese acto administrativo ya
había sido retirado del ordenamiento jurídico como consecuencia de la nulidad.
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75. Aclaró que no tiene vocación de prosperidad el cargo relacionado con la
desviación de poder toda vez que las afirmaciones sobre el propósito de malversar
recursos y generar detrimento patrimonial con el nombramiento demandado no tienen
ningún sustento probatorio.
76. Finalmente sostuvo que el cargo sobre las irregularidades en el procedimiento
debe ser descartado porque las recusaciones presentadas sí fueron tramitadas, pero
fueron rechazadas porque no cumplían las pautas jurisprudenciales sobre la materia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
77. La sala es competente para decidir en única instancia la presente demanda de
nulidad electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de
la Ley 1437 de 201110, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 y el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación11.
2. El acto acusado
78. El acto cuya nulidad se cuestiona es el contenido en Acuerdo 12 del 31 de octubre
de 2025, mediante el cual designó como directora general de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar a la señora Adriana Margarita García Arévalo.
3. Problema jurídico
79. Corresponde a la sala determinar si el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025, por
medio de la cual se designó a la demandada como directora de Corpocesar, debe
10 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <Artículo modificado
por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86.
El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el
Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al
Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o
consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de
las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta
ley.
11 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los
negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo
un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…) 3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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anularse al encontrarse acreditada la violación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993,
por haber sido expedido con falsa motivación y desviación de poder y si existieron
irregularidades en el trámite de la elección con ocasión de las recusaciones
presentadas por las señoras Xenia López Flórez y Diana Silva Montero.
4. Caso concreto
80. Para resolver los cargos propuestos, la sala tendrá en cuenta:
4.1. Violación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993
81. La parte demandante sostiene que la señora Adriana Margarita García Arévalo ha
sido elegida tres veces y, en consecuencia, su última designación infringió el artículo
28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008, según
el cual el director general de las corporaciones autónomas regionales podrá ser
elegido por una sola vez.
82. La norma alegada como desconocida establece textualmente:
ARTÍCULO 28. DEL DIRECTOR GENERAL DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES O DE DESARROLLO SOSTENIBLE. El Director General
será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será
designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir
del 1o de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. (Negrilla fuera de
texto).
83. La Corte Constitucional12 declaró exequible la disposición antes transcrita y
consideró que la restricción a la reelección de estos constituye una medida legítima
orientada a garantizar la integridad en el ejercicio de la función pública, asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos y prevenir la indebida
concentración de poder en dichas entidades.
84. Igualmente, sostuvo que la limitación impuesta por el legislador era compatible
con los derechos a la igualdad y al acceso a funciones públicas, en tanto los directores
que han ejercido el cargo en dos oportunidades tienen ventajas institucionales que
pueden afectar la competencia en condiciones equitativas.
85. De conformidad con este límite, la Corte sostuvo que se evita controvertir la
experiencia acumulada en un privilegio y se fomenta la alternancia en el poder, al
tiempo que se fortalecen los mecanismos de control político y diseño institucional de
12 Corte Constitucional, sentencia C-127/18, expediente D-12269, magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger.
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las CAR. En esa línea, concluyó que la prohibición de reelección indefinida es una
medida proporcionada, no discriminatoria y ajustada a la Constitución, toda vez que
persigue fines legítimos sin afectar el núcleo esencial de los derechos de participación
política.
86. A partir de esos parámetros, la expresión «ser reelegido por una sola vez»,
requiere una interpretación gramatical para precisar el alcance normativo dentro del
marco constitucional y legal vigente.
87. Para el efecto, inicialmente, es pertinente precisar que la Sección Quinta del
Consejo de Estado13 ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que esta limitación
se aplica a las designaciones efectuadas para un periodo institucional, o para uno
menor, siempre que correspondan al cargo de director en propiedad.
88. En consecuencia, el límite legal de dos periodos establecido en el artículo 28 de
la Ley 99 de 1993 y la posibilidad de una única reelección significa que una misma
persona puede ejercer hasta dos veces como director general de una corporación
autónoma regional.
89. Entonces, para determinar si existió o no reelección debe tenerse en cuenta si la
demandada ejerció el cargo en el intervalo consagrado en el artículo 28 de la Ley 99
de 1993 y si estos fueron ejercidos de manera válida, para lo cual deberá analizarse
la consecuencia jurídica de las sentencias de nulidad proferidas.
90. No está en discusión, en este trámite procesal, que la señora Adriana Margarita
García Arévalo fue designada directora general de la Corporación Autónoma Regional
del Cesar el 21 de diciembre de 2023, mediante el Acuerdo 15 proferido por el Consejo
Directivo de la entidad.
91. Este acto fue objeto de demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral y, con sentencia del 24 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado14 declaró la nulidad del acuerdo demandado, puesto que se evidenciaron
irregularidades en la convocatoria a la sesión en la cual se hizo la designación.
92. La providencia mencionada expuso que en el trámite adelantado por el consejo
directivo se incurrió en una irregularidad toda vez que no se convocó a los miembros
13 Para abordar este asunto, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de mayo de 2024, expediente
11001-03-28-000-2023-00092-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-28-000-2023-00132-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 28 de enero de 2021, expediente
11001-03-28-000-2020-00052-00. MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-28-000-2024-00038-00 (principal)
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para llevar a cabo la sesión donde tendría lugar la continuación de la sesión del 27 de
octubre de 2023 para elegir al director general, lo cual vulneró el derecho al debido
proceso administrativo y a los principios de participación, transparencia y publicidad.
93. Además, se encontró acreditado que se desconocieron los preceptos que regulan
la elección por cuanto no se convocó a la sesión extraordinaria con, mínimo, tres días
de antelación y con la mención de los asuntos a tratar.
94. Posteriormente, en atención a lo decidido en la providencia mencionada, el
Consejo Directivo de Corpocesar profirió el Acuerdo 14 del 13 de diciembre de 2024,
a través del cual se nombró directora general de la entidad a la señora Adriana
Margarita García Arévalo.
95. Contra esta designación, se interpusieron varias demandas de nulidad electoral y,
en sentencia del 25 de septiembre de 202515, esta sección declaró la nulidad del
acuerdo mencionado por una irregularidad en la forma en que se tramitaron unas
recusaciones presentadas.
96. En la providencia en mención, esta sección evidenció que la designación de la
señora García Arévalo estaba viciada de nulidad por el indebido trámite de las
recusaciones en la forma que exigía la regla propia del cuórum para decidirlas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de los estatutos.
97. En esa oportunidad, la sala consideró conveniente modular los efectos del fallo,
en el sentido de retomar el procedimiento desde la elección del director general, el
cual debería iniciar con el trámite de las recusaciones, conforme a lo estudiado en esa
providencia, en aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la
materia.
98. Una vez adelantado el procedimiento correspondiente, el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Cesar profirió el Acuerdo 12 del 31 de octubre de
2025, mediante el cual se designó a la señora Adriana Margarita García Arévalo como
directora general de la entidad.
99. En atención a lo anterior, se puede constatar que la señora Adriana Margarita
García Arévalo fue designada directora general de la Corporación Autónoma Regional
desde el 21 de diciembre de 2023 y hasta el 24 octubre de 2024; posteriormente, del
13 de diciembre de 2024 al 25 de septiembre de 2025; y, finalmente, desde el 31 de
octubre de 2025 a la fecha.
15 Radicado 11001-03-28-000-2025-00014-00 (principal), con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez
Montoya.
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100. Ante esta realidad fáctica, la sala precisa que la demandada, en la práctica, no
ha ejercido el cargo en el intervalo consagrado en la norma presuntamente vulnerada,
esto es, por el periodo institucional establecido en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993,
ni por un término inferior con ocasión de las sentencias de nulidad proferidas por esta
sección, tal y como se expondrá a continuación.
101. La parte demandante alega que los efectos de estos fallos de nulidad son hacia
el futuro, puesto que, durante su vigencia la demandada se posesionó, ejerció sus
funciones y devengo el salario correspondiente.
102. Por su parte, la demandada y la gobernadora del Cesar, como representante
del Consejo Directivo de Corpocesar, afirman que los efectos de las decisiones de
nulidad son hacia el pasado, es decir, que al retirarse del ordenamiento jurídico se
realiza una ficción que permite concluir que el acto nunca existió.
103. Para determinar la presunta violación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, la
sala considera necesario abordar lo relativo a los efectos de la nulidad de los actos
administrativo y, en particular, de aquellos que declaran una elección, realizan una
designación o un nombramiento de un servidor público.
104. Al revisar las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para determinar si el legislador se pronunció en relación
con los efectos de las sentencias que declaran la nulidad, se evidencia que el artículo
189 de ese compendio normativo estableció que la sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo tendrá efectos de cosa juzgada erga omnes, y la que niegue
la nulidad solo lo tendrá respecto de la estudiado en la providencia correspondiente.
105. Por su parte, dentro de las normas que regulan el proceso de nulidad electoral,
en particular el artículo 288 del CPACA, previó las consecuencias derivadas de las
sentencias que declaran la nulidad del acto de elección popular, respecto de los casos
en que se deba realizar un nuevo escrutinio o una nueva elección.
106. Por lo anterior, es claro que existe un vacío legal respecto de los efectos
temporales de la nulidad de los actos de elección, nombramiento o designación, el
cual ha sido suplido por la jurisprudencia como se explica a continuación.
107. Ante esta circunstancia, esta corporación16 ha optado por aplicar la regla
consagrada en el artículo 1746 del Código Civil, según el cual «[l]a nulidad
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena de decisión Rad. 66001-33-
33001-2012-00141-01. En esta providencia se reiteró el criterio sentado sobre los efectos de la nulidad de los actos
administrativos, contenido en las sentencias de 1º de octubre de 2019, expediente 66001-2333-003-2012-00007-
01 y de 3 de diciembre de 2019, expediente 66001-33-33-004-2012-00105-01.
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pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho
para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto
o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita».
108. Es a partir de este fundamento normativo, que se ha advertido que la nulidad
de los actos administrativo produce efectos ex tunc, es decir, hacía el pasado o
retroactivos, de modo que la decisión judicial crea la ficción de que la validez y la
eficacia del acto desaparecieron, salvo frente a situaciones jurídicas consolidadas.
109. Específicamente en materia electoral, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en una sentencia de unificación por importancia jurídica17, al analizar
un asunto relacionado a una elección por voto popular, acogió la regla general de los
efectos hacía el pasado, esto es, ex tunc, después de revisar decisiones proferidas
por las diferentes secciones de esta corporación. Esto, con base en un análisis
exhaustivo de precedentes, del cual se concluyó que existe una línea sólida y pacífica
en torno a los efectos retroactivos que emergen de las sentencias que declaran la
nulidad de un acto de elección.
110. Es del caso precisar que, si bien estamos ante el mismo supuesto de reelección,
lo cierto es que la situación fáctica disímil, porque en la sentencia mencionada se
analizó un caso de un acto de elección popular, acá se debate la legalidad de una
designación realizada por el Consejo Directivo de Corpocesar, conforme con los
estatutos y las normas internad de esa entidad.
111. Por su parte, esta sección ha considerado que el juez contencioso administrativo
en el proceso electoral puede modular los efectos del fallo, de acuerdo con la causal
o el vicio que derivó la nulidad18. En desarrollo de esa potestad, se ha determinado
que los efectos de la sentencia de nulidad de una elección puedan ser ex nunc, esto
es, hacía el futuro, cuando se ataca el acto con fundamento en causales subjetivas,
esto es, que se refieren a las calidades del demandado19.
112. En el año 202420, la sala en caso de similares fundamentos fácticos y jurídicos
al que se encuentra bajo estudio, con base en consideraciones similares a las
expuestas consideró que, por regla general, los efectos de la nulidad de los actos
administrativos, incluidos los que declaran o efectúan la elección de un servidor
17 Radicado 11001032800020160002500 (IJ), con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
18 Sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016, radicado 11001-03-28-000-2015-00029-00 con ponencia del
magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio.
19 Así se consideró en la sentencia de unificación del 7 de junio de 2016, radicado 11001-03-28-000-2015-00051-
00 con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
20 En la sentencia del 3 de octubre de 2024, radicado 11001-03-28-000-2023-00150-00, con ponencia del
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
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público, proyectan sus consecuencias hacia el pasado, es decir, como si el acto nunca
hubiera nacido a la vida jurídica.
113. En dicha sentencia, la sala consideró:
133. De acuerdo con lo expuesto, la regla general de los efectos de la nulidad de los
actos administrativos, incluidos los que declaran o efectúan la elección de un servidor
público, proyecta sus consecuencias hacia el pasado, como si el acto nunca hubiera
nacido a la vida jurídica.
134. Consecuente con la tesis reiterada al interior de la corporación, la elecciónde la
demandada como directora general de CORPORINOQUÍA, contenida en el Acuerdo
200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, no produjo efectos, en consideración a la
nulidad judicial decretada por esta sección mediante el fallo (sic) 17 de junio de 2021.
135. Por consiguiente, es válido afirmar que esa elección no ocurrió, sobre todo porque
dicha providencia no moduló las consecuencias de la nulidad ni estableció reglas en
cuanto a la forma en que debía proceder el órgano que expidió el acto anulado.
Igualmente, es relevante para este caso que el vicio advertido frente a aquella
designación haya sido de carácter objetivo, es decir, por irregularidades en la actuación
administrativa que la precedió, frente a lo cual la jurisprudencia no ha sufrido
variaciones.
136. De esta forma, se concluye que el acto acusado contiene la segunda elección de
la demandada como directora general de CORPORINOQUÍA, lo cual se aviene al límite
previsto para la reelección de este funcionario en el artículo artículo (sic) 28 de la Ley
99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. En consecuencia, no
prospera el vicio de infracción normativa previamente analizado.
114. En atención al análisis realizado y con base en el antecedente antes
mencionado, la elección de la demandada como directora general de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, contenida en los acuerdos 15 del 21 de diciembre de
2023 y 14 del 13 de diciembre de 2024, tienen efectos ex tunc, toda vez que las
sentencias del 24 de octubre de 2024 y 25 de septiembre de 2025 declararon la
nulidad de los actos mencionados en atención a irregularidades en el trámite
adelantado para su expedición y no por vicios en las calidades de la demandada,
frente a lo cual debe aplicarse la tesis relacionada a que los efectos de las decisiones
judiciales de nulidad ya expuesta.
115. En virtud de todo lo anterior, la sala concluye que, en el caso en estudio, la
designación de la señora García Arévalo no lleva consigo la existencia de una
reelección, en los términos del artículo 28 de la Ley 99 de 1993 y, en consecuencia,
el cargo no está llamado a prosperar.
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116. Finalmente es del caso reiterar que ante la ficción de que la validez y la eficacia
de los actos desaparecieron, esta no incluye las situaciones jurídicas consolidadas en
otros actos o negocios jurídicos.
4.2. Falsa motivación
117. La parte actora advierte que el Acuerdo 12 de 2025 incurrió en falsa motivación
porque al expedirse se omitió, de manera deliberada, que ya había sido nombrada
directora de Corpocesar con los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 y sin tener en
cuenta las decisiones proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en los
expedientes 11001032800020240003800 y 11001032800020250001400.
118. En relación con la causal de nulidad por falsa motivación21 contenida en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, la sala ha considerado22 que esta se configura
cuando el acto acusado ha sido proferido en flagrante incongruencia con las razones,
motivos y pensamientos que en la realidad debieron servirle de fundamento.
119. En la sentencia del 8 de octubre de 201423, sustento de varios
pronunciamientos posteriores24, sobre el alcance de esta se indicó:
La falsa motivación alude a las causas, razones, opiniones, pensamientos y motivos que
a la administración (en cabeza de su agente) le llevan a expedir el acto administrativo
como declaración de voluntad que es. Esas razones que pueden ser fácticas y jurídicas
o de derecho o sólo jurídicas o de derecho (casi siempre, más no exclusivo, en actos de
contenido general) deben corresponder en forma concertada, coordinada y exacta
a la decisión que se adopta, como si se tratara de una “congruencia”
administrativa frente a su declaración. De tal suerte que esa motivación surgirá falsa,
es decir, no acorde o fuera de la realidad, cuando el sustento fáctico no corresponde al
apoyo jurídico invocado (falsedad en el derecho) o viceversa (falsedad en el hecho), o
cuando teniendo ambos fundamentos (fáctico y jurídico) la declaración de voluntad
refiere a tema distinto o contradictorio a su motivo causal (falsedad en la decisión).
21 Ver entre otras, la sentencia de 11 de marzo de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad.
11001032800020180008100 (acumulado), contra Senadores de la República 2018-2022, por causales objetivas.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
22 Ibídem, en cita que se hace de: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
Nº. 11001-03-28-000-2015-00016-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 13 de octubre de
2016. Actor: Municipio de Girardot, también puede consultarse la providencia del 14 de octubre de 2021, con
ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro del radicaco 11001-03-28-000-2020-00078-00
(acumulado).
23 Rad.11001-03-28-000-2013-00060-00, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
24 Cita que se hizo en la providencia de 11 de marzo de 2021, proferida por la Sección Quinta del consejo de
Estado, dentro del expediente de rad. 2018-00081-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, magistrada
ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Carlos Mario Isaza Serrano.
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Rad: 11001-03-28-000-2025-00250-00 (principal)
120. Igualmente, la Sección Quinta25 ha señalado que, para la prosperidad de la
causal en comento, es necesario demostrar una de las siguientes dos situaciones:
• Que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la
decisión, no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación;
• Que la autoridad omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si
hubieran sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente.
121. Al revisar las consideraciones del Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025, la
sala constató que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar explicó que:
(…) Que, cumpliendo con el cronograma del procedimiento para la elección del
Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR,
se convocó al consejo directivo para el 27 de octubre de 2023, sesión que fue
suspendida, sin designar Director General.
Que de acuerdo con lo esbozado anteriormente, la reanudación de la sesión del 27 de
octubre de 2023 tuvo lugar el día 13 de diciembre de 2024, y en la cual se designó
mediante Acuerdo 014 del 13 de diciembre de 2024 como directora a la señora Adriana
Margarita García Arévalo, para el periodo 2024 – 2027M no obstante, el pasado 25 de
septiembre de 2025, la Sección Quinta – Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, mediante Sentencia de Única Instancia con radicado
11001032800020250001400 declaró la nulidad electoral del Acuerdo 014 del 13 de
diciembre de 2024, proferido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, a través del cual designó como directora general a la señora Adriana
Margarita García Arévalo, para el periodo 2024 – 2027, mediante el cual dispuso lo
siguiente:
(…)
En atención a lo enunciado anteriormente el día 9 de octubre de 2025 el Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, emitió auto mediante el
cual resolvió las solicitudes de aclaración presentadas por el demandante PABLO
ALBERTO SIERRA TORRES y la demandada ADRIANA MARGARITA GARCIA
AREVALO, a través de su apoderado, respecto de la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, a través de la cual se declaró la nulidad de elección acusada quienes solicitan
la aclaración del numeral segundo de la sentencia, afirmando que en la modulación de
los efectos no se precisó si la demandada puede ser objeto de una tercera elección en
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radiación número: 11001-03-28-
000-2015-00005-00, magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio. Demandado Consejo Nacional Electoral.
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razón de la prohibición prevista en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 (modificado por
la Ley 1263 de 2008).
En este sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Quinta, señaló lo siguiente:
(…)
Que a efectos de garantizar el debido proceso, para llevar a cabo la reunión de Elección
se requiere convocar en los términos de los Estatutos Corporativos y del Acuerdo 008
del 14 de septiembre de 2023 “por medio del cual se adopta el procedimiento para la
elección de Director” aunado al artículo Décimo Quinto del Capítulo Cuarto del mismo
acuerdo, que regula el modo para llevar a cabo la designación del Director General en
ejercicio de la facultad nominadora que le confiere la ley 99 de 1993, ley 1263 de 2008,
decreto 1076 de 2015 y los Estatutos de la Corporación, seleccionándolo, entre los
candidatos que hayan cumplido con los requisitos establecidos para el ejercicio del
cargo y que, no se encuentren en situación de inhabilidad, incompatibilidad y/o
prohibición. (…).
122. De la transcripción antes realizada, la sala evidencia que uno de los fundamentos
fácticos del acto demandado fue la declaratoria de nulidad del Acuerdo 14 del 13 de
diciembre de 2024, mediante la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida
dentro del proceso 11001032800020250001400, mediante la cual se modularon los
efectos del fallo y se indicó el momento en el cual se debía reiniciar el trámite.
123. Si bien, no se tuvo en cuenta lo decidido en la sentencia del 24 de octubre 2024,
mediante la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 15 del 21 de diciembre de 2023,
esta omisión no incidió en la decisión de elegir a la señora Adriana Margarita García
Arévalo como directora general de Corpocesar.
124. Incluso, dentro de las consideraciones expuestas, es claro que la motivación del
acto se sustentó en que la elección del director general de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar debía adelantarse de conformidad con el Acuerdo 8 de 2023 y las
disposiciones legales aplicables, asegurando que la designación recayera en un
candidato que cumpliera los requisitos y no se encontrara incurso en alguna causal
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición con sustento en los antecedentes que
dieron origen a la actuación adelantada, esto es, la sentencia del 25 de septiembre de
2025 que, se reitera, moduló los efectos de la decisión e indicó a partir de que etapa
del trámite se debía reiniciar el proceso de elección, por lo que las anteriores quedaron
incólumes.
125. Además, considera la sala que no era necesario hacer referencia al Acuerdo 15
de 2023 y a la sentencia del 24 de octubre de 2024, puesto que, en atención a la
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nulidad decretada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, este ya no era parte
del ordenamiento jurídico.
126. Además de lo expuesto, es claro que no se incurrió en el vicio alegado, puestos
que, como ya se indicó, en el caso en estudio no existió reelección.
127. En virtud de lo anterior, es claro que al proferir el Acuerdo 12 del 31 de octubre
de 2025, no se incurrió en falsa motivación y, por tanto, el cargo no tiene vocación de
prosperidad.
4.3. Desviación de poder
128. Los demandantes afirmaron que el acto de nombramiento demandado se
incurrió en desviación de poder puesto que el fin de reelegir a la señora Adriana
Margarita García Arévalo era utilizar indebidamente el presupuesto y no cumplir las
metas misionales de la corporación.
129. Es del caso precisar que la actividad de la administración es eminentemente
teleológica, por lo que este vicio de ilegalidad se presenta cuando una autoridad
administrativa u órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones y competencias,
utiliza sus poderes o facultades para expedir decisiones contrarias a los fines u
objetivos que le han sido atribuidos, amparándose en la legalidad formal del acto 26.
Esta causal de nulidad se da cuando se procura un fin altruista o benéfico para el
Estado o la sociedad, pero que, en todo caso, es distinto del autorizado o señalado en
la norma.
130. Al revisar las pruebas allegadas al proceso, la sala evidenció que no existen
medios de convicción que demuestren que la designación de la señora Adriana
Margarita García Arévalo como directora general de Corpocesar hubiera estado
motivada por fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico.
131. Debe reiterarse que en el caso en estudio no se presentó una reelección de la
demandada, puesto que las sentencias mediante las cuales se declaró la nulidad de
los acuerdos 15 de 2023 y 14 de 2024 tienen efectos hacía el pasado.
26 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2012, exp.
05001-23-31-000-2000-02797-01, M.P. María Elizabeth García González; Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 12 de junio de 2012, exp. 66001-23-31- 000-1998-00645-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno;
Consejo de Estado, Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2020-00085-00, auto del 16 de diciembre de
2020, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 23001-23-33-000-2020-00004-02,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 14 de diciembre de 2023. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, radicado 1001-03-28-000-2023-00039-
00.
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132. Si bien, el señor Paolo Alberto Sierra Torres aportó con su demanda un informe
de auditoría de cumplimiento de la Corporación Autónoma Regional del Cesar
elaborado por la Contraloría General de la República, este fue realizado a la vigencia
de 2024 respecto del cumplimiento normativo a partir de la evaluación de la gestión
desarrollada por Corpocesar en el manejo de los recursos, la planeación y la ejecución
contractual, así como también, en el cuidado y la protección de los recursos hídricos
y de los humedales del municipio de Valledupar, especialmente, respecto del humedal
María Camila.
133. Al revisar la prueba mencionada, se constató que en este análisis se encontraron
algunos hallazgos, sin embargo, este documento no demuestra que los fines que
sustentaron el acto de designación fueran diferentes al correcto actuar de la
administración.
134. En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que no existe prueba de que la
motivación del acto demandado es contraria al ordenamiento jurídico, el cargo de
nulidad alegado no se encuentra demostrado.
4.4. Irregularidades en el trámite de las recusaciones
135. La parte demandante señaló que el Acuerdo 12 de 2025 se encuentra viciado
de nulidad porque no se tramitó en debida forma las recusaciones presentadas por
las señoras Xenia López Flórez y Diana Silva Montero, radicadas ante Corpocesar y
la Procuraduría General de la Nación, respectivamente.
136. Sobre el trámite que deben tener las recusaciones interpuestas ante el Consejo
Directivo de Corpocesar cuando estas se presentan en el proceso de elección del
director general, la sala en la providencia del 25 de septiembre de 202527 explicó:
100. En ese orden, se advierte que se contemplan dos eventos para el trámite de las
recusaciones contra integrantes del consejo directivo de CORPOCESAR que se
presenten en el proceso de elección de su director, a saber: i) si no afectan el cuórum,
se tramitarán conforme a lo previsto en los estatutos de manera concomitante para evitar
suspensiones o cambios en el cronograma y; ii) si lo afectan se acudirá al artículo 14
trascrito que a su vez remite al 44 de los estatutos.
101. Es decir, a juicio de la sala, en aplicación de la primera parte del parágrafo del
artículo 3 del Acuerdo 8 del 14 de septiembre de 2023, cuando las recusaciones no
afecten el cuórum, para su resolución debe remitirse al numeral 19 del artículo 26 de los
estatutos, esto es, la competencia será de los demás integrantes del órgano de
dirección.
27 Expediente 11001032800020250001400 con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
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102. Por otro lado, si las mayorías se ven comprometidas, debe acudirse a la segunda
parte del parágrafo del artículo 3 del Acuerdo 8 del 14 de septiembre de 2023 que remite
al artículo 14 del mismo acuerdo y este a su vez al 44 de los estatutos, es decir, que
será la asamblea corporativa de la entidad la encargada de resolver lo pertinente, para
lo cual se aplicará el procedimiento allí previsto.
137. Además de lo anterior, la sala señaló que la jurisprudencia de la sección ha
indicado que las recusaciones deben cumplir con los requisitos mínimos para que
puedan considerarse como tal y así proceder a su gestión:
i) Identificación del solicitante, a menos de (sic) que exista una justificación seria y
creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad con lo
establecido en la sentencia C-951 de la Corte Constitucional (…).
ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el
que recae el reproche y,
iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el
interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe
tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se
suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve afectado
el quorum (sic). Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del Consejo
Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en
caso de no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrá rechazarlo y no
darle trámite.
(…). (Negrillas fuera de texto).
138. Al revisar los antecedentes administrativos aportados por la gobernadora del
Cesar, como presidenta del consejo directivo, y la certificación expedida por la
secretaria general y técnica de este, la sala constató que el 28 de octubre de 2025, la
señora Xenia López Flórez radicó un escrito al que le fue asignado el número interno
1458628.
139. La señora López Flórez interpuso una recusación contra el Consejo Directivo de
Corpocesar, escrito en el cual señaló que en diferentes medios de comunicación se
difundió la noticia sobre la nulidad de la designación de la señora García Arévalo como
directora general de la corporación y señaló que el 30 de septiembre de 2025 se había
designado como directora encargada a la señora Katia Lorena Pérez Holguín.
28 Índices 57 y 59 del expediente principal.
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140. En virtud de esos hechos, solicitó que se investigaran de inmediato las
circunstancias fácticas expuestas en el escrito y «se castiguen a los culpables y se de
transparencia e imparcialidad al proceso de elección del nuevo director de
Corpocesar».
141. Junto a este documento, se allegó un memorial suscrito por la señora Diana
Jackeline Silva Montero, en el cual se interponía una recusación contra los 11
miembros del Consejo Directivo de Corpocesar por presuntos actos que constituyen
faltas graves y abuso de autoridad, en virtud de la designación de la señora Adriana
Margarita García Arévalo como directora de la entidad. Este documento fue radicado
el 1 de octubre de 2025 ante la Procuraduría General de la Nación, con radicado E-
2025-510364.
142. La secretaría técnica indicó en la certificación allegada que, el 30 de octubre de
2025, procedió a trasladar el documento radicado por la señora López Flórez.
143. En el expediente se encuentra el Acta 007 del 31 de octubre de 202529, en la
que consta que ese día se celebró una sesión presencial para reanudar la sesión
extraordinaria del 13 de diciembre de 2024, según lo ordenado por la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Quinta, dictada el 25 de septiembre de 2025.
144. En esa sesión el consejo directivo, después de la lectura del escrito determinó
que este no cumplía con los requisitos mínimos formales exigidos en el numeral 106
de la sentencia del Consejo de Estado correspondiente a la elección de la directora
general del 13 de diciembre de 2024, toda vez que no hace referencia a ninguna de
las causales previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, ni acreditó elementos
de hecho o de derecho que permitan su calificación como una recusación válida. En
consecuencia, la recusación fue rechazada.
145. Al revisar el memorial bajo análisis, la sala constató que el mismo no cumple con
los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia para que fuera tramitado de
acuerdo con las normas reglamentarias, toda vez que no señaló con precisión las
razones por las cuales consideraba que los miembros del consejo directivo estaban
incursos en una de las causales de recusación.
146. El escrito referido es el siguiente:
29 Índice 29 del expediente 2025-00251-00.
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147. Así las cosas, la sala concluye que, frente al documento presentado por la señora
Xenia López Flórez, el órgano colegiado no desconoció el trámite de las recusaciones,
por el contrario, aplicó las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y, en consecuencia, lo procedente era su rechazo.
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148. En relación con el escrito radicado por la señora Diana Jackeline Silva Montero
ante la Procuraduría General de la Nación, la sala pudo verificar30 que la Procuraduría
Regional de Instrucción del Cesar, le asignó el número de radicado IUSE-2025-
510364/ IUCD-2025-4158153 y el 29 de octubre de 2025, sostuvo que este contenía
dos actuaciones diferentes, esto es, una queja por presuntas irregularidades en que
había podido incurrir la señora Adriana Margarita García Arévalo en su calidad de
directora general de Corpocesar y una recusación contra los miembros del consejo
directivo.
149. Frente a la queja disciplinaria, ordenó remitirla a la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del
artículo 25 del Decreto 262 de 2000.
150. En cuanto a la solicitud de recusación, ordenó su desglose y dispuso que se le
asignara un nuevo radicado. Además, requirió a la señora Silva Montero para que
aclarara su petición, en el sentido de señalar cuál era el propósito de su requerimiento,
puesto que no era posible adelantar ningún trámite «ante la confusión que su escrito
genera».
151. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2025, la Procuraduría Regional de
Instrucción del Cesar bajo el radicado IUSE-2025-598997/IUCD-2025-4193197,
resolvió inhibirse de iniciar actuación alguna toda vez que la petición era «inconcreta
o difusa» y la señora Silva Montero no adelantó ninguna actuación tendiente a
aclararla, sino que guardó silencio pese a la solicitud presentada por la entidad.
152. Del recuento anterior, la sala considera que esta recusación, si bien no fue
radicada ante el consejo directivo para que se le diera el trámite correspondiente
dentro de la actuación administrativa, tampoco reunía los requisitos mínimos para ser
tramitada, incluso la Procuraduría General de la Nación la desestimó puesto que la
misma no era clara, por lo que no existió un indebido trámite del memorial allegado.
153. En atención a todo lo expuesto, se concluye que no se presentó ninguna
irregularidad en el trámite de las recusaciones, contrario a lo afirmado por el
demandante, y, por tanto, el cargo no está llamado a prosperar.
4.5. Violación al principio de transparencia por no tener en cuenta a los demás
aspirantes
154. La parte demandante alegó que alegó la violación a los principios de
transparencia e imparcialidad previstos en el artículo 209 de la Constitución, por
30 Documentos que se encuentran en los índices 64, 66, 67, 69, 72 y 75 del expediente principal.
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cuanto los consejeros actuaron sin evaluar realmente a los demás candidatos y sin
considerar advertencias legales previas sobre la imposibilidad de reelegir nuevamente
a la demandada.
155. Al respecto debe reiterarse que la sentencia del 25 de septiembre de 2025
moduló los efectos de la nulidad del Acuerdo 14 del 13 de diciembre de 2024, en el
sentido de indicar que el trámite de la elección del director de Corpocesar se debía
retomar desde la etapa de la elección, la cual debía iniciar con el trámite de las
recusaciones, conforme a lo expuesto en esa providencia.
156. En atención a la orden judicial, el Consejo Directivo de la entidad, se reunió el
31 de octubre de 2025 y, de conformidad con lo establecido en el Acta 007, se
estudiaron las recusaciones e impedimentos presentados y, posteriormente, se leyó
la lista de aspirantes habilitados y se advirtieron unas renuncias presentadas por los
señores Pablo Emilio Becerra Baute y Jesús David Valera.
157. Una vez conocida la lista definitiva, se procedió a aplicar la metodología
establecida, esto es, abrir un espacio para postulaciones y, una vez realizadas estas,
proceder a la votación. En ese espacio inicial, fueron postulados los señores Adriana
Margarita García Arévalo y Ciro Agustín Castro Castro.
158. Finalmente, se inició a la votación, el señor Ciro Agustín Castro Castro obtuvo 2
votos y la señora Adriana Margarita García Arévalo 11, siendo elegida por mayoría
absoluta.
159. De lo anterior, la sala concluye que sí se tuvieron en cuenta a los demás
candidatos y se realizó el procedimiento correspondiente, sin que existe un medio de
convicción que permita concluir que se vulneró el principio de transparencia alegado,
por lo que el cargo no está llamado a prosperar.
160. En virtud de todo el análisis precedente, la sala considera que el acto de elección
de la señora Adriana Margarita García Arévalo contenido en el Acuerdo 12 del 31 de
octubre de 2025, no incurrió en los vicios de violación del artículo 28 de la Ley 99 de
1993, falsa motivación, desviación de poder e irregularidades en el trámite de las
recusaciones por lo que lo procedente es negar la nulidad del acto demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
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III. FALLA
PRIMERO: Niéganse las pretensiones de las demandas, relacionadas con la nulidad
del Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025 mediante la cual se designó a la señora
Adriana Margarita García Arévalo como directora general de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
30
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