Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01234-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01234-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01234-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de mayo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01234-01
Demandante: INGRIS QUINTERO BALLESTERO Y OTROS
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE SUSPENDIÓ PROVISIONALMENTE UN
ACUERDO. SE CONFIRMA LA DECISIÓN QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO, PERO EN ESTE CASO
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que confirmó la
suspensión provisional del acuerdo por medio del cual se eligió al director general de
CORPOMOJANA, pues, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. La Sala
confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero en este caso carencia de relevancia
constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 18 de abril de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:
“1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejercieron los señores Ingris
Quintero Ballesteros, Calixto Mejía Padilla y Javier José Aguas Pérez contra el
Consejo de Estado, Sección Quinta.”. (archivo disponible en medio magnético
a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 13 de marzo de 2024, los señores Ingris Quintero Ballestero, Calixto Mejía Padilla y
Javier José Aguas Pérez promovieron proceso de acción de tutela en contra de la Sección
Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protegieran sus derechos
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Demandante: Ingris Quintero Ballestero y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
constitucionales fundamentales del debido proceso y defensa y, por tanto, se accediera
a las siguientes súplicas:
“PRIMERO. Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
el auto que resolvió el recurso de reposición en contra del auto admisorio de la
Demanda de Nulidad Electoral del 15 de febrero de 2024, violó los derechos al
debido proceso y a la defensa de Corpomojana, sus miembros del Consejo
Directivo y del Director General de dicha entidad, por haber incurrido en una vía
de hecho.
SEGUNDO. Se ampare los derechos al debido proceso y a la defensa de
Corpomojana, sus miembros del Consejo Directivo y del Director General de
dicha entidad, revocando el auto que resolvió el recurso de reposición en contra
del auto admisorio de la Demanda de Nulidad Electoral del 15 de febrero de
2024, en el marco del medio de control de nulidad electoral identificado con
radicado número 11001032800020230013700.
TERCERO. Se amparen los derechos al debido proceso y a la defensa de
Corpomojana, sus miembros del Consejo Directivo y del Director General de
dicha entidad, analizando, estudiando y resolviendo de fondo el recurso de
reposición interpuesto contra el auto admisorio de la Demanda de Nulidad
Electoral del 15 de febrero de 2024.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- mayúsculas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Mediante el Acuerdo no. 009 del 27 de octubre de 2023, el Consejo Directivo de
CORPOMOJANA eligió al señor Giovannys Medrano Martínez como su director general
para el periodo institucional comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre
de 2027.
2) El señor Francisco Sales Severiche Pérez presentó demanda de nulidad electoral con
el objeto de que se declarara la nulidad del acuerdo antes mencionado, por cuanto el
consejo directivo no incluyó dentro de sus integrantes a algún representante de las
comunidades afrodescendientes, a pesar de que el Tribunal Superior de Sincelejo en una
decisión proferida en un proceso de acción de tutela le ordenó tomar las medidas
necesarias para garantizar la efectiva participación de la mencionada comunidad.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
3) De igual manera, solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado,
actuación de la cual se corrió traslado a las partes mediante auto del 14 de diciembre de
20231.
4) El proceso correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado2, quien mediante
auto del 15 de febrero de 2024 admitió la demanda3 y decretó como medida cautelar la
suspensión provisional del Acuerdo no. 009 del 27 de octubre de 2023, por medio del
cual el consejo directivo de CORPOMOJANA eligió al señor Medrano Martínez como
director general.
5) Contra la anterior decisión los miembros de CORPOMOJANA4 interpusieron recurso
de reposición, en el que indicaron que no era procedente exigir la representación de las
comunidades afrodescendientes en el consejo directivo de la autoridad ambiental.
6) Por su parte, el señor Giovannys Medrano Martínez también recurrió la decisión y
manifestó que no resultaba exigible la integración del consejo directivo de
CORPOMOJANA por un representante de las comunidades afrodescendientes de su
jurisdicción, en tanto dicha entidad ostentaba la condición de corporación de desarrollo
sostenible, respecto de las cuales se predica una regulación especial en punto de la
conformación de dicho órgano colegiado.
7) La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión en providencia del 7 de
marzo de 2024, puesto que la restricción injustificada al derecho de participación
democrática de las comunidades étnicas en el consejo directivo de CORPOMOJANA tuvo
un efecto directo frente a la constitucionalidad y legalidad del acuerdo demandado.
8) Los integrantes del consejo directivo de CORPOMOJANA solicitaron la adición y
aclaración de la anterior providencia, con el fin de que se indicara si se debía nombrar un
director encargado como consecuencia de la medida.
9) De igual manera, el señor Giovannys Medrano Martínez solicitó la adición y aclaración
1 Los miembros de CORPOMOJANA y el señor Giovannys Medrano Martínez, guardaron silencio.
2 Proceso con radicación 11001-03-28-000-2023-00137-00.
3 Ordenó notificar al Consejo Directivo de CORPOMOJANA.
4 Conformado por los señores Ingris Quintero Ballestero, Calixto Mejía Padilla y Javier José Aguas Pérez.
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Para que se indicara expresamente la forma en que se debía acreditar la existencia de
comunidades en el territorio de la jurisdicción de la entidad ambiental.
10) Mediante providencia del 21 de marzo de 20245 se negaron las solicitudes de adición
y aclaración.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y defensa con ocasión de la
providencia del 7 de marzo de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, debido a
que interpretó de manera errónea y equivocada el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y el
artículo 24 de los Estatutos de CORPOMOJANA, por lo cual no tuvo en cuenta que esa
Corporación estaba catalogada como de régimen especial de desarrollo sostenible, en
virtud de la importancia de su ecosistema, naturaleza que era muy diferente a la de las
corporaciones autónomas regionales, por lo tanto no se le podía exigir la participación de
las comunidades afrodescendientes en la conformación del consejo directivo.
Se aplicó de manera extensiva el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y se omitió la normativa
específica contenida en el artículo 41 de la misma ley y el artículo 24 de los Estatutos de
CORPOMOJANA.
En cuanto al defecto fáctico, afirmó que, al abordarse, examinarse y resolverse el recurso
de reposición, la autoridad judicial demandada no llevó a cabo la valoración de la
certificación del 26 de febrero de 2024, en la cual se informó que ningún consejo
comunitario de comunidades negras había aportado los requisitos exigidos para iniciar el
proceso de convocatoria para la elección del representante principal y suplente de las
Comunidades negras ante CORPOMOJANA.
El derecho de postulación o elección de las comunidades negras del municipio de San
Benito Abad- Colosan nacía a la vida jurídica una vez tuvieran la titulación colectiva de
5 Decisión notificada por estado del 2 de abril de 2024.
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los predios baldíos, sin embargo, por no contar con dicho requisito no estaban facultadas
para postularse para la elección de los representantes de las comunidades negras ante
el consejo directivo de CORPOMOJANA.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 18 de marzo de 2024, la Sección Cuarta de esta Corporación
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, y a los señores Francisco Sales Severiche Pérez y Giovannys
Medrano Martínez como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la
Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA, para que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción y negó la solicitud de suspensión provisional.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 18 de abril de 2024, declaró
improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
La parte actora, en el proceso de nulidad electoral, contaba con mecanismos para
plantear las inconformidades que ahora expone; sin embargo, no hizo uso de ellos, pues
cuando se corrió traslado de la medida cautelar solicitada no presentó oposición.
Aunado a lo anterior, es claro que el proceso de nulidad electoral actualmente se
encuentra en curso en espera de que el juez natural resuelva sobre la legalidad del acto
administrativo demandado.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 2 de mayo de 2024.
Manifestó que el a quo constitucional no resolvió ninguna de las pretensiones planteadas
en la acción de tutela, con lo cual desconoció el principio de congruencia.
Reiteró que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado se basó en una
interpretación errónea y equivocada de las normas aplicables a la elección del director
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general de CORPOMOJANA, pues se extendió de manera indebida la aplicación del
artículo 26 de la Ley 99 de 1993; además, que no llevó a cabo la valoración de las pruebas
presentadas, entre ellas, la certificación del 26 de febrero de 2024.
Por último, destacó que se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que no
existen otros recursos o medios de defensa judicial disponibles en el ordenamiento
jurídico para cuestionar la providencia que decretó la medida de suspensión provisional
del acto administrativo demandado.
La existencia de un proceso de nulidad electoral en curso no puede obstruir la
intervención del juez de tutela ante una evidente vulneración de derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
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Demandante: Ingris Quintero Ballestero y otros
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2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y defensa presuntamente vulnerados
con ocasión del auto del 7 de marzo de 2024 que confirmó el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico
y sustantivo.
En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
pues como el proceso de nulidad electoral se encontraba en curso el demandante
contaba con los mecanismos jurídicos para ejercer su defensa y contradicción hasta la
culminación del trámite judicial.
En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que la decisión de la Sección
Quinta del Consejo de Estado se basó en una interpretación errónea y equivocada de las
normas aplicables a la elección del director general de CORPOMOJANA, pues se
extendió de manera indebida la aplicación del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, sin tener
en cuenta que no se cumplían con los requisitos exigidos para que las comunidades
negras del municipio de San Benito Abad- Colosan contaran con la titularidad de
propiedad colectiva que las habilitara a hacerse parte del consejo directivo.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, pero por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
1) Una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que es claro
que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
nulidad electoral y que estaban dirigidos a que se revocara el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 009 del 27 de octubre de
2023, por cuanto no se habían cumplido los requisitos para que se pudiera exigir la
representación de las comunidades afrodescendientes en el consejo directivo de la
autoridad ambiental.
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2) En efecto, en el recurso de reposición presentado contra el auto del 15 de febrero de
2024 que decretó la suspensión provisional de los efectos del acto de elección, la parte
demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que había lugar a revocar
la medida cautelar por cuanto i) no era posible que se convocara a las comunidades
negras del municipio de San Benito Abad – Colosan al consejo directivo de la autoridad
ambiental, en la medida que no contaban con la titulación colectiva de los predios baldíos,
tal como lo exige el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1523 de
2003 y ii) CORPOMOJANA es considerada como una de las corporaciones con régimen
especial de desarrollo sostenible y no como una Corporación autónoma regional, por lo
cual no se le podía extender la aplicación del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, que exige
la participación de las comunidades afrodescendientes.
3) Por su parte, en el auto del 7 de marzo de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado confirmó el decreto de la medida cautelar, por cuanto i) si bien expresamente la
forma en que fue concebido el consejo directivo de CORPOMOJANA no incluye a las
comunidades afrodescendientes, ello no implica que, en la búsqueda de la garantía real
de los derechos políticos de los cuales son titulares, no sea necesaria su inclusión para
efectos de hacer efectivos los espacios de representación de grupos étnicamente
diferenciados y ii) la exigencia de la titulación colectiva de tierras en favor de las
comunidades negras se entiende cumplida con la radicación de la solicitud ante la
autoridad administrativa competente para dichos efectos y no se requiere que
efectivamente se haya expedido el auto admisorio o se haya adoptado una decisión para
que estas pudieran participar en la conformación del consejo directivo.
4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados en
el auto que resolvió el recurso de reposición dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión jurídica relacionada con la revocatoria del decreto de la medida de suspensión
provisional del acto administrativo de elección, pues, sostuvo que se aplicó de manera
errónea el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, lo cual conllevó a que no se tuviera en cuenta
que como esa Corporación estaba catalogada como de régimen especial de desarrollo
sostenible, no se le podía exigir la participación de las comunidades afrodescendientes
en la conformación del consejo directivo; además, que tampoco se advirtió que como las
comunidades negras del municipio de San Benito Abad- Colosan no tenían la titulación
colectiva de los predios baldíos, no estaban legitimadas para postularse para la elección
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de los representantes de las comunidades negras ante el consejo directivo de
CORPOMOJANA, así:
“Sexto, al abordar, examinar y resolver el recurso de reposición presentado
contra el numeral 2° del auto emitido el 15 de febrero de 2024, la Autoridad
Judicial no llevó a cabo la valoración de las pruebas presentadas, entre las
cuales destaca la certificación fechada el 26 de febrero de 2024. En dicho
documento, la secretaria general de Corpomojana certifica lo siguiente:
“Que la comunidad representada por el señor GLORIMER RODRIGUEZ
HOYOS, Representante Legal del consejo comunitario de comunidades
negras del Municipio de San Benito ABAD – COLOSAN, a la fecha de hoy
26 de febrero de 2024, ni ningún otro consejo comunitario de comunidades
negras, ha aportado los requisitos exigidos que estable los Articulo, 2, 3 y
56 de la ley 70 de 1993, Articulo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, a
efectos de darle cumplimiento a la acción de Tutela de fecha 01 de Noviembre
de 2022 Radicación: 70742318900122200010501Proferida en segunda
Instancia por el Tribunal superior del distrito judicial de Sincelejo Sucre.
Que entre los requisitos que debió o debe, Aportar (sic) para iniciar el
proceso de convocatoria para elección del representante principal y
suplente de las Comunidades negras Ante el Consejo Directivo de
Corpomojana, se encuentran consignados en el Artículo 56 de la ley 70 de
1993 y del Articulo 1 del decreto 1523 de 2003.
(…).
De acuerdo con lo expuesto, se infiere con certeza que la Autoridad Judicial
(sic) ha incurrido en un error al extender la aplicación del artículo 26 de la
Ley 99 de 1993 a Corpomonaja, con respecto a la Ley 70 de 1993, así como
el Artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta conclusión se
sustenta en la inaplicabilidad de dicha norma a la mencionada entidad, lo
cual se corrobora con la extralimitación evidenciada en los autos emitido
de fecha 15 de febrero y 07 de marzo de 2024. En virtud de lo anterior, se
configura una vía de hecho por parte de la Autoridad Judicial (sic), puesto
que Corpomojana Primeramente esta (sic) catalogada según la ley (sic) 99
de 1993 como de régimen especial, en virtud a la importancia de su
ecosistema muy diferente a las Corporaciones Autónomas regionales de que
trata el Articulo 26 de la ley 99 de 1993 y demás que integran.
(…).
Ello por cuanto con esta interpretación errónea esta (sic) desdibujando el
sentido del legislador y propiamente la ley que en principio las creo de manera
diferente precisamente por su importancia geográfica y ecosistémica, así las
cosa le correspondería entonces en cumplimiento a lo ordenado en las
decisiones proferidas por la Autoridad Judicial (sic), conllevarían a la creación
de un Consejo Directivo (sic) totalmente diferente al que históricamente
ha venido fungiendo desde la creación de la ley 99 de 1993, y no solo
correspondería ser integrado por el representante de las Comunidades
afro, si no a otras comunidades diferentes que no tienen incidencia en la
zona ya que se sometería a lo dispuesto en el Artículo (sic) 16 el cual
claramente estipula por quien estaría conformado, seria (sic) el cambio tan
exabrupto que hasta su presidente cambiaria, puesto que en los términos del
citado articulo (sic) fungiría como presidente no el ministro o su delegado sino
el Gobernador o su delegado.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI- mayúsculas y negrillas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01234-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
reposición, los cuales fueron resueltos en el auto del 7 de marzo de 2024 y se dirigieron
de manera exclusiva a que se declarara que era procedente revocar el decreto de la
medida de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 009 de 2023, por cuanto,
de conformidad con la naturaleza de la Corporación y el incumplimiento de los requisitos
por parte del consejo comunitario de comunidades negras del Municipio de San Benito
ABAD – COLOSAN, no se podía exigir la integración del consejo directivo con un
representante de las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción.
6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a confirmar el decreto de la
suspensión de los efectos del acto demandado, pues, pese a la naturaleza de la
Corporación y lo estipulado en el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, era claro que al interior
del consejo directivo de CORPOMOJANA debía tener presencia un representante
principal y uno suplente de las comunidades negras que se encontraran en la jurisdicción
de CORPOMOJANA, con el fin de garantizar los derechos políticos y hacer efectivos los
espacios de representación de grupos étnicamente diferenciados.
7) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:
[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios.6”.
8) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
6 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01234-01
Demandante: Ingris Quintero Ballestero y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.7”.
9) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia en lo relacionado con tales defectos no reviste relevancia constitucional porque
el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.
10) Asimismo, para la Sala resulta claro que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, pues no existe prueba en el expediente que acredite que con el decreto y
práctica de la medida cautelar se comprometió gravemente los derechos de la
Corporación ambiental, más aún cuando el proceso ordinario se encuentra en trámite,
por lo que los demandantes cuentan con los mecanismos procesales idóneos y eficaces
para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales y para conseguir que
el juez de conocimiento corrija los presuntos yerros en los que ha podido incurrir.
11) Sin perjuicio de lo anterior, en gracia de discusión, la Sala advierte que la decisión de
acceder al decreto de la medida cautelar no implica un prejuzgamiento por tratarse de un
estudio preliminar, por lo que los fundamentos que la sustentan serán objeto de
pronunciamiento por parte de la Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia que
ponga fin al proceso; además, es preciso señalar que la parte demandante cuenta con la
posibilidad, en cualquier estado del proceso, de solicitar que la medida cautelar de
7 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01234-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
suspensión provisional sea modificada o revocada, en los términos del artículo 2358 de la
Ley 1437 de 2011.
12) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, pero por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1°) Confírmase la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
8 “ARTÍCULO 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado
o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a
satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de
la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de
oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los
requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es
necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de
que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3) días
siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que
permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento
de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será
sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el
juez en ejercicio de sus poderes correccionales.”. (negrillas adicionales de la Sala).
13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01234-01
Demandante: Ingris Quintero Ballestero y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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