Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00729-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00729-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00729-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00729-00
Accionante: Giovannys Medrano Martínez
Autoridad: Consejo de Estado-Sección Quinta
Asunto: Acción de Tutela
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Giovannys Medrano Martínez
contra el Consejo de Estado-Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 11 febrero de 2025, Giovannys Medrano Martínez, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, acceso a cargos públicos
e igualdad, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta, al
haber proferido la sentencia de 12 de diciembre de 2024 de única instancia
declarando la nulidad del Acuerdo No. 009 del 27 de octubre de 2023, por medio del
cual el Consejo Directivo de Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de
la Mojana y San Jorge -CORPOMOJANA- lo eligió como su director general para el
periodo institucional del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027; en el marco
del proceso de nulidad electoral promovido por Francisco Sales Severiche1, Juan
Camilo Baracchi Vélez 2 , el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 y el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 4.
El accionante solicita que se deje sin efectos la sentencia enjuiciada.
1 Rad. 11001-03-28-000-2023-00137-00.
2 Rad. 11001-03-28-000-2023-00146-00.
3 Rad. 11001-03-28-000-2023-00129-00.
4 Rad. 11001-03-28-000-2023-00145-00.
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Accionante: Giovannys Medrano Martínez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2. Hechos relevantes
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sucre, en la sentencia de tutela del 1º de
noviembre de 2022, ordenó a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y San Jorge -CORPOMOJANA- tomar las decisiones necesarias para
garantizar la efectiva participación de las comunidades afrodescendientes con
titulación de propiedad colectiva en su Consejo Directivo. El Consejo Directivo de
CORPOMOJANA no incluyó dentro de sus integrantes al representante de las
comunidades afrodescendientes.
El 10 de agosto de 2023, ese órgano colegiado expidió el Acuerdo 005 de 2023, por
medio del cual se reglamentó la convocatoria y el cronograma del proceso de
designación del director general. El 2 de octubre de 2023, inició el proceso de
selección, en el cual se estableció que la sesión de designación sería el 25 del mismo
mes y año a las 10:00 a.m.
El señor Juan Camilo Baracchi Vélez postuló su nombre en el trámite electoral para
ocupar el cargo de director general, pero su hoja de vida fue inadmitida porque las
certificaciones de experiencia no cumplían con los requisitos del capítulo tercero del
Decreto 1083 de 2015 (art. 2.2.2.3.8.).
El 23 de octubre de 2023, el señor Islan Ramiro Gil Guerra instauró una nueva acción
de tutela en contra de CORPOMOJANA, en la que solicitó el cumplimiento del fallo
de tutela del 2022, ya ejecutoriado. El 24 de octubre del 2023, el Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de San Marcos, que conoció de la anterior petición de
amparo, ordenó como medida provisional suspender el desarrollo de la reunión fijada
para elegir al director general.
El 26 de octubre, el juez constitucional revocó la medida cautelar decretada. Ante
esta decisión y en la misma fecha, la secretaria general de CORPOMOJANA envió
correo electrónico a los miembros del Consejo Directivo convocándolos para el 27
de octubre a las 9:00 a.m., con el fin de continuar el trámite de selección.
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Accionante: Giovannys Medrano Martínez
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Conocida la citación, los delegados del Ministerio de Ambiente y del IDEAM ante ese
Consejo, solicitaron el aplazamiento de la sesión, al considerar que ella debía
realizarse luego de ajustar el cronograma con el fin de cumplir lo relativo a la
publicidad del trámite. Consideraron que esta decisión limitaba al gobierno nacional
su participación, en tanto, no le era posible desplazarse de un día para otro a la sede
de la corporación.
Pese a lo anterior, el Consejo Directivo no aprobó la proposición y, por el contrario,
decidió llevar a cabo la votación teniendo en cuenta solo la participación de los
miembros que se encontraban presentes de manera presencial. Así, eligieron con
seis de los ocho votos posibles al señor Giovannys Medrano Martínez, teniendo a
los delegados del Gobierno como ausentes en la reunión, aunque se conectaron de
manera virtual.
Advertidas esas circunstancias, las entidades de orden nacional que tienen un
escaño en el Consejo Directivo, el señor Juan Camilo Baracchi y el señor Francisco
Sales Severiche demandaron el Acuerdo que puso fin al proceso electoral, alegando
que hubo irregularidades en el proceso electoral por i) la no inclusión de un
representante de las comunidades negras, raizales y palenqueras en el Consejo
Directivo, pese a que la Ley 70 de 1993 lo ordena para las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR); ii) la exclusión arbitraria del señor Baracchi como candidato y iii)
varias irregularidades procedimentales que viciaron la convocatoria y las sesiones
del Consejo Directivo que derivaron en la elección, por ser contrarios a los estatutos.
Por su parte, la CORPOMOJANA y el director, como demandados, consideraron que
el procedimiento de elección estuvo ajustado a derecho, dado que es imposible
cumplir con los fallos de tutela que ordenan la inclusión del representante por no
haber territorios con titulación de propiedad colectiva, y porque la corporación no es
una Corporación Autónoma Regional –CAR-, sino una Corporación de Desarrollo
Sostenible (CDS), que tiene una regulación especial para la conformación de sus
consejos directivos. Sobre los demás cargos, manifestó que la elección se había
dado conforme a las mayorías estatutarias y solicitaron que se aclarara si esa
corporación debía adecuar su Consejo Directivo a las exigencias de las CAR.
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El trámite correspondió a la Sección Quinta de esta Corporación, que, después de
surtir el trámite probatorio, encontró fundados todos los cargos, salvo la exclusión
indebida del señor Baracchi, y declaró la nulidad del Acuerdo 009 de 2023.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante, dentro de la demanda realiza un recuento extenso de la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, manifiesta que la Sección Quinta desconoció sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto sustantivo, por no reconocer que CORPOMOJANA no es una
Corporación Autónoma Regional, sino una Corporación de Desarrollo Sostenible.
Además, argumenta que la conformación de su Consejo Directivo está reglada en el
inciso 3º del artículo 41 de la Ley 99 de 1993, que establece:
ARTÍCULO 41. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge, CORPOMOJANA.
[…]
El Consejo Directivo estará integrado por: a. El Ministro del Medio Ambiente
o su delegado, quien lo presidirá; b. El gobernador de Sucre o su delegado;
c. Dos alcaldes municipales; d. El Director del Instituto de Hidrología,
Meteorología e Investigaciones Ambientales, IDEAM o su delegado; e. Un
representante de las organizaciones campesinas; h. Un representante de las
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la conservación y el
manejo de los recursos naturales; i. Un representante de los gremios de la
producción agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en la zona.
Por lo anterior, considera el accionante que la Sección Quinta incurrió en defecto
sustantivo, al fundamentar un cargo de nulidad en la exigencia infundada de agregar
un representante de las comunidades afro en el Consejo Directivo. Así pues, solicita
que se deje sin efectos el fallo enjuiciado.
4. Trámite procesal
El 18 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
los magistrados que profirieron la providencia enjuiciada, a Juan Camilo Baracchi
Vélez, Francisco Sales Severiche, a la Corporación Autónoma para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y San Jorge- CORPOMOJANA, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
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Ambientales-IDEAM, como terceros interesados. Se vinculó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y se publicó la providencia en la página web de esta
Corporación. Igualmente, se solicitó a la Sección Quinta enviar copia digital del
expediente del medio de control. En el auto admisorio, se negó la medida provisional.
Varios de los requeridos rindieron informe. El Ministerio de Ambiente solicitó su
desvinculación del presente trámite y afirmó que el amparo no cumple con el requisito
de subsidiariedad.
El señor Víctor Andrés Vásquez Luna, como director encargado de
CORPOMOJANA, pidió que se amparen los derechos del accionante, toda vez que
no se acreditó que hubiera comunidades afro en el área donde la corporación tuviera
competencia y el fallo genera una inseguridad jurídica inevitable, al no poder elegir
válidamente al director de la corporación sin un representante de esas comunidades
porque, según narra, no las hay. En el mismo sentido coadyuvaron la acción los
señores Ingris Quintero Ballesteros, Calixto Mejía Padilla y Javier José Aguas Pérez,
miembros del Consejo Directivo de esa corporación.
Por su parte, la magistrada ponente del fallo enjuiciado se opuso a la acción, pues
encuentra que no se supera el requisito de relevancia constitucional, pues estima
que el accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario. La ponente afirma que la motivación del fallo no fue caprichosa y obedeció
a criterios mayoritariamente constitucionales, mientras que se encontró acreditada la
presencia de comunidades afro en la jurisdicción de la CORPOMOJANA.
El accionante advirtió que el auto admisorio tenía un error en el número de radicado
del proceso inicial, lo cual derivó en que se solicitara como prueba un expediente
distinto. Advertido el yerro, la Secretaría ofició a la Sección Quinta, que remitió el
expediente correspondiente al proceso de nulidad electoral.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
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Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta,
mediante la cual se declaró la nulidad de la elección de Giovannys Medrano Martínez
como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San
Jorge -CORPOMOJANA-.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental5. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela6.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Ibidem.
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, desde 2014, los siguientes
elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional7: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente,
para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino
que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre
un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que
los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto
de relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito
de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de
tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia
ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:
(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.
Caso concreto
7 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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La acción de tutela promovida por el señor Giovannys Medrano Martínez será
declarada improcedente, porque no se satisface el requisito de relevancia
constitucional.
La parte accionante, en su escrito de tutela, indica que la Sección Quinta omitió que
la CORPOMOJANA no es una Corporación Autónoma Regional sino una
Corporación para el Desarrollo Sostenible, por lo cual aplicó arbitrariamente el
artículo 55 de la Ley 70 de 1993 y exigió la inclusión de un representante de las
comunidades afrodescendientes en el Consejo Directivo de la corporación.
Sin embargo, lo que se observa es que la actuación de la Sección Quinta no fue
omisiva o arbitraria en su actuación. La providencia enjuiciada y su ponente, en su
contestación a esta acción, afirman que la decisión de exigir la inclusión del
representante de las comunidades afrodescendientes surge de la interpretación
sistemática de las normas, ajustada a la Constitución, a la satisfacción de los
derechos de las minorías y a la valoración de las pruebas según las reglas de la sana
crítica.
Sobre ello, la Sala observa que las consideraciones 58 a 71 de la providencia
enjuiciada desarrollan que es posible hacer la remisión de la Ley 99 de 1993 a la Ley
70 del mismo año, para determinar la composición del Consejo Directivo, porque las
Corporaciones de Desarrollo Sostenible se organizan, en lo general, como
Corporaciones Autónomas Regionales, por lo cual es posible remitir a la Ley 70 de
1993, según ordena el artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
De la 72 a la 84, la sentencia desarrolla un argumento basado en el precedente
constitucional, que tiene por objeto justificar la remisión con miras a garantizar los
derechos de las minorías afrodescendientes.
Finalmente, desde la consideración 85 a la 89, se desarrolla la valoración probatoria
que determinó que sí hay un consejo comunitario en la zona, que tiene condiciones
para el ejercicio de su representación en CORPOMOJANA. Esto, pues, según la
jurisprudencia de esta Corporación, la afectación a la propiedad colectiva se entiende
desde la radicación de la solicitud de titulación ante la autoridad administrativa
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competente. Hay varias comunidades que han solicitado la titulación, pero el proceso
no ha culminado.
No es el rol del juez constitucional el avalar las interpretaciones del juez de instancia.
Como se ha establecido en la jurisprudencia constitucional, el criterio es la validez y
no la corrección. La Sala advierte que los argumentos presentados en la acción de
tutela no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que
se encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y
esgrimen divergencias de carácter netamente legal.
Al contrastar los fundamentos la providencia y los argumentos de la demanda de
tutela, queda claro que el accionante únicamente plantea discrepancias con la
interpretación sistemática que la Sección Quinta dio a las normas aplicables sobre la
conformación del Consejo Directivo de la CORPOMOJANA para exigir la inclusión
de un representante de los consejos comunitarios de las comunidades
afrodescendientes en ese Consejo. Sin embargo, el planteamiento de dichas
discrepancias no está encaminado a demostrar la existencia de un defecto u omisión
en la providencia que suscite la intervención del juez constitucional, sino a volver
sobre la materia resuelta en la instancia.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
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Accionante: Giovannys Medrano Martínez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de Giovannys
Medrano Martínez contra el Consejo de Estado-Sección Quinta, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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