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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01492-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01492-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la tutela interpuesta por el señor Giovannys Medrano Martínez, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01492-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01492-00
Demandante: GIOVANNYS MEDRANO MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La solicitud de tutela pretende provocar una instancia adicional
dentro del contencioso electoral fundada en razones de legalidad ajenas al mecanismo de
amparo.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Giovannys Medrano
Martínez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 1 de abril de la presente anualidad1, el señor Giovannys Medrano Martínez, por
intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad2, con
ocasión de las providencias del 15 de febrero, y del 7 y 21 de marzo de 2024,
adoptadas en el medio de control de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-
000-2023-00137-00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):

1. Que se amparen los derechos fundamentales a ser elegido, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la legalidad, a la defensa
y al de la igualdad del doctor Giovannys Medrano y, así se garanticen, además,
los principios a la seguridad jurídica y confianza legítima.

1 Se advierte que, el 24 de abril de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
2 También alegó la violación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01492-00
Demandante: Giovannys Medrano Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Que se deje sin efectos el auto del 15 de febrero del año que transcurre, el
cual, decretó la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado,
proferido dentro del proceso 11001-03-28-000-2023-00137-00 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, descrito en los hechos de esta acción.

3. Que se deje sin efectos el auto del 7 de marzo del año que avanza, que
resolvió no reponer el auto del 15 de febrero que decretó la medida cautelar de
suspensión provisional del acto acusado, proferido dentro del proceso 11001-
03- 28-000-2023-00137-00 por el Consejo de Estado, descrito en los hechos
de esta acción.

4. Que se deje sin efectos el auto del 21 de marzo de 2024 que no aclaró ni
modificó el auto del 7 de marzo de la misma anualidad, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-28-000-2023-
00137-00.

5. Que, en consecuencia, se disponga proferir una nueva decisión, en la que
se resuelva la solicitud de medida cautelar dentro del medio de control de
nulidad electoral que se adelanta contra mi representado como director de
CORPOMOJANA, en la que se dé estricta aplicación al ordenamiento legal y
se tenga en cuenta la clasificación, características especiales y conformación
del consejo directivo de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible
y, puntualmente, de CORPOMOJANA, de acuerdo con lo preceptuado para
esta en la Ley 99 de 1993, con fundamento en lo cual, corresponde negar la
solicitud de suspensión provisional deprecada por el actor.

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas se extraen siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Francisco Sales Severiche Pérez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral con el fin de que se anulara la elección del señor
Giovannys Medrano Martínez, como director general de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), para el período
2024-2027, contenida en el Acuerdo 9 del 27 de octubre de 2023, adoptado por el
Consejo Directivo de la misma Corporación. En dicha demanda, solicitó la medida
cautelar de suspensión provisional del acto demandado.

Mediante providencia del 15 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda de nulidad electoral y decretó la medida cautelar
solicitada.

Posteriormente, el señor Giovannys Medrano Martínez y algunos integrantes del
Consejo Directivo de Corpomojana interpusieron recurso de reposición contra la
decisión que decretó la medida cautelar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01492-00
Demandante: Giovannys Medrano Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En auto del 7 de marzo de 2024, la autoridad judicial no repuso la decisión y
confirmó el decreto de la medida cautelar.

Finalmente, los recurrentes solicitaron la adición y aclaración de la providencia que
resolvió el recurso de reposición. Dichas solicitudes fueron negadas en auto del 21
de marzo de 2024.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

1.3.1. Sustantivo, por indebida aplicación del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011,
puesto que de una interpretación gramatical de dicha disposición se colige que para
decretar la medida cautelar es necesario demostrar una violación de las normas
identificadas por el solicitante. Ello exige un convencimiento de la violación más allá
de cualquier estado de duda pues, si existen posiciones encontradas y razonables,
la solicitud debe ser negada a falta de acreditación de la vulneración en la etapa
primigenia del proceso.

Expuso que la misma Sección Quinta del Consejo de Estado ha prohijado dicha
tesis, al punto que, en casos de duda, se ha abstenido de decretar la suspensión
provisional de actos de elección acusados para emitir la decisión en la sentencia.

Por ello, reprochó que la providencia hubiese descartado con «argumentos
desacertados, una posición interpretativa razonable de las normas aplicables» que
impedían configurar las condiciones para el decreto de la medida cautelar, pues, a
su juicio, existen criterios jurídicos a favor y en contra de la elección, por lo cual,
debió negarse la suspensión provisional del acto demandado ante la falta de
violación ostensible de las disposiciones invocadas.

Argumentó que una de las discusiones en torno a la demanda electoral recae sobre
si en el procedimiento electoral debía participar o no un representante de las
comunidades negras asentadas en el territorio de Corpomojana, posición que fue la
alegada por la parte actora y que se acogió por la autoridad judicial accionada; sin
embargo, afirmó que esa no es la única interpretación razonable, dado que de las
normas que rigen el Sistema de Protección de los Recursos Naturales contenidas

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Demandante: Giovannys Medrano Martínez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

en la Ley 99 de 1993, también se deduce que Corpomojana es una entidad «de una
naturaleza particular» y, por tanto, debió hacerse una interpretación especial.

Así, expuso que la Ley 99 de 1993 creó las corporaciones autónomas regionales
(CAR) y las corporaciones de desarrollo sostenibles, estas últimas regidas por
reglas de las primeras, pero con algunas características especiales, entre las que
se encuentran la conformación de un consejo directivo de una forma particular a la
luz del artículo 26, a partir del cual se deduce que no se integran por un
representante de las comunidades negras.

Agregó que no era dable considerar la interpretación teleológica propuesta por la
autoridad judicial accionada de que las comunidades afrodescendientes deben
participar en los organismos de decisión en los que se adopten determinaciones
que puedan afectar sus intereses, pues a esa conclusión no podía arribarse en el
estado inicial del proceso electoral para justificar la suspensión de la elección
demandada.

En ese sentido, concluyó que se aplicaron de manera indebida los artículos 231 de
la Ley 1437 de 2011 y 26 de la Ley 99 de 1993, con lo cual, se afectó el derecho
político del demandante de ser elegido.

1.3.2. Desconocimiento del precedente, dado que se creó una regla de incidencia
con enfoque étnico según la cual, aunque sean intrascendentes los resultados de
las elecciones y los impactos de las irregularidades, tiene mayor relevancia los
valores superiores que se vulnerarían con las supuestas anomalías evidenciadas.

A juicio de la parte actora, dicha regla es contraria al precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pues «más allá de los valores que
puedan verse afectados en el procedimiento electoral, siempre ha pedido la
INCIDENCIA NUMÉRICA para definir sobre la legalidad de las elecciones».

En ese sentido invocó como precedente desconocidos:

• Auto del 8 de febrero de 2024 dictado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el expediente 11001-03-28-000-2023-00128-003, porque en dicho

3 Agregó que en los expedientes con radicados 11001032800020240002400,
11001032800020240003800, 11001032800020240005000 y, 11001032800020240005500 la

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

proceso se cuestionó que en la elección del director de CODECHOCÓ no
participaron el ministro de medio ambiente, los directores de los Institutos
Alexander Von Humboldt y John Von Neumann, el director del IDEAM ni el
delegado de las comunidades indígenas, y sin embargo, se negó la solicitud
de suspensión provisional dado que en esa fase inicial del trámite esa
ausencia no conllevaba a la modificación de los resultados de la elección, es
decir, allí no se adoptó una incidencia con enfoque etnográfico como en el
caso objeto de esta tutela.

• Sentencia SU-261 de 2021 dictada por la Corte Constitucional, en la que el
Tribunal Constitucional desechó la tesis del Consejo de Estado que sostuvo
que, con independencia de la irregularidad advertida o la incidencia
numérica, en una elección debía primar el valor superior de la transparencia.
En ese sentido, la Corte Constitucional descartó que la sola presencia de un
voto vulnerador del artículo 126 Superior, bajo la regla del «yo te elijo, tú me
eliges» conllevaba a la nulidad del acto de elección por un enfoque de
transparencia.

De otra parte, señaló que aún si hubiese razones para dejar de lado los citados
precedentes, y si la Sala consideró cambiar su posición, debió hacerlo bajo el
respeto de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica, de modo que,
era necesario acudir a la figura de la jurisprudencia anunciada para aplicar el cambio
de precedente y aplicarlo a casos ocurridos con posterioridad al cambio
jurisprudencial.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 8 de abril de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Sección Quinta
del Consejo de Estado, como parte demandada, y al señor Francisco Sales
Severiche Pérez y a los miembros del Consejo Directivo de Corpomojana, como
terceros con interés. Finalmente, negó la medida provisional de suspensión de los
efectos de las providencias objeto de tutela.

Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó decisiones similares, en las que da prelación a la
incidencia numérica y no a la incidencia con enfoque étnico.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1. Los señores Asad Cure Hernández, Hernando Andres Vergara Ricardo, Ingris
Quintero Ballesteros, Calixto Mejia Padilla y Javier Jose Aguas Pérez, en calidad de
miembros del Consejo Directivo de Corpomojana señalaron que dicha entidad es
una corporación de desarrollo sostenible y no una corporación autónoma regional,
por la cual su consejo directivo no quedó integrado por miembros de las
comunidades negras y se rige por unas reglas especiales, de conformidad con la
Ley 99 de 1993

De otra parte, manifestaron que coadyuvaban la posición de la parte accionante
para que se amparen los derechos fundamentales del señor Medrano Martínez y se
dejen sin efectos las decisiones cuestionadas.

2.2. La magistrada titular del Despacho ponente del asunto solicitó que se declarara
improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
o que, en su defecto, se niegue el amparo por falta de configuración de los defectos
alegados.

En tal sentido, expuso que la parte actora pretende «la reapertura del debate llevado
a instancia de la actuación ordinaria» con la finalidad convertir la tutela en una
«tercera instancia», a pesar de que la medida cautelar es una decisión preliminar.

Precisó que, de estudiar el asunto de fondo, debía considerarse que las
providencias cuestionadas contienen fundamentación de por qué no se acogieron
los motivos de inconformidad de la parte actora, y que lejos de ser caprichosa o
contraria a los derechos de las partes, se ajusta a los parámetros de la función
judicial.

Por último, negó que el contenido de la sentencia SU-261 de 2021 fuese aplicable,
dado que en ella no se planteó una regla de decisión relacionada con la limitación
de los derechos fundamentales de participación de una comunidad étnica cuando
se trata de una decisión que los afecta de forma directa.

2.3. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dada la calidad que
tiene su titular de miembro del Consejo Directivo de Corpomojana, señaló que dicha
entidad «presenció de plano todas las irregularidades y arbitrariedades presentadas
en el desarrollo del proceso de elección del Director General de CORPOMOJANA,

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las cuales fueron señaladas en las cuatro (4) demandas de nulidad electoral que
actualmente cursan contra el acuerdo 0009 de 27 de octubre de 2023».

De otra parte, adujo que la parte demandante pretende reabrir el debate y convertir
la acción de tutela «en una tercera instancia», y, por consiguiente, debía declararse
improcedente la tutela por no ser un medio «para prolongar o reabrir un debate que
ya ha sido objeto de análisis exhaustivos en los procesos ordinarios».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala examinar si la acción de tutela cumple o no
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial, especialmente,
el de relevancia constitucional, debatido por la autoridad judicial accionada. De
incumplirse, habrá de declararse improcedente la solicitud de amparo; en caso
contrario, esto es, de encontrarse que se satisficieron, se analizará si las
providencias dictadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, incurrieron en
los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente alegados por el señor
Giovannys Medrano Martínez, y si, en consecuencia, vulneraron sus derechos
fundamentales.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que las decisiones cuestionadas datan del 15 de febrero, y del 7 y 21 de marzo de
2024, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 1 de abril siguiente, esto
es, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la decisión cuestionada,
sin que sea relevante determinar la fecha de su notificación.

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotó el recurso de reposición
disponible en el proceso de nulidad electoral.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

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2.1.4 De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este mecanismo fue creado para proteger derechos fundamentales y no
para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las
providencias que allí se dicten.

Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia5 reiterada de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales.

De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con las condiciones señaladas,
el asunto carece de relevancia constitucional; presupuesto que resulta más estricto
cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en
atención a su función en la definición e interpretación del derecho, y el valor que la
jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Esta Subsección considera que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues los puntos de inconformidad calificados como

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.

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defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, en lugar de dirigirse a
demostrar la irracionalidad de las decisiones de la autoridad judicial accionada o su
incompatibilidad con la Constitución por contener una desproporcionada afectación
de los derechos fundamentales de la parte demandante, exponen es un desacuerdo
con la interpretación de la Sala mayoritaria de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con la finalidad de reabrir la discusión sobre el decreto de la medida cautelar
de suspensión provisional del acto demandado, pese a que el debate fue abordado
de manera razonable tanto en la decisión inicial, como en aquellas que resolvieron
el recurso de reposición y las solicitudes de aclaración y adición de la providencia.

En este caso, la parte actora pretende (i) suscitar una instancia adicional y alterna
al contencioso electoral –por cuanto reitera los argumentos expuestos en la
oposición a la medida cautelar y en el recurso de reposición, los cuales fueron
atendidos razonablemente–, (ii) introducir argumentos que no fueron expuestos en
el debate inicial –al agregar bajo el desconocimiento del precedente argumentos
que no expuso en el recurso de reposición– y otras discusiones que ya fueron
adoptadas en una tutela inicial –toda vez que, incluso, el Tribunal Superior de
Sincelejo, Sala Civil – Familia – Laboral- mediante fallo de tutela del 1 de noviembre
de 2022 ordenó a Corpomojana adoptar los actos correspondientes y organizar la
elección del representante de las comunidades afros, (iii) proponer un debate de
naturaleza legal sin trascendencia constitucional, desde el punto de vista de
aquellas discusiones que ameritan la intervención del juez de tutela -porque se
cimienta en la aplicación de la Ley 99 de 1993 abordada razonablemente por la
autoridad accionada–, y (iv) desconoce que por tratarse de una tutela contra una
alta corte debe acreditarse «que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales6»

Al examinar el expediente que dio origen a la tutela, se constata que el señor
Francisco Sales Severiche Pérez solicitó junto con la demanda de nulidad electoral
la suspensión provisional del Acuerdo 9 del 27 de octubre de 2023, adoptado por la
mayoría de integrantes del Consejo Directivo de Corpomojana porque, en su criterio,
se incurrieron en diferentes irregularidades, entre ellas, se omitió el deber legal de
integrar de manera previa al representante de las comunidades afrodescendientes
con asiento en el respectivo .

6 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 15 de febrero de 2024
decretó la medida cautelar solicitada porque consideró que el legislador estableció
que las comunidades negras debían participar en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas que tuvieran jurisdicción en el territorio de la respectiva
Corporación, exigencia que, luego de una interpretación armónica e integración
normativa advirtió exigible a Corpomojana, amén de que el Tribunal Superior de
Sincelejo amparó los derechos fundamentales del señor Glorimer Rodríguez Hoyos
como representante legal Consejo Comunitario de Comunidades Negras del
municipio de San Benito de Abad y ordenó al Consejo Directivo de Corpomojana
organizar y efectuar el proceso de elección del representante principal y suplente
de las comunidades negras en dicho organismo.

Dicha Sala sostuvo que el incumplimiento de esa obligación configuraba un vicio
que daba lugar a la suspensión del acto demandado, dada la importancia que tenía
para la Constitución el reconocimiento de la identidad y la diversidad de los pueblos
étnicos, del derecho a la autodeterminación y de diferentes garantías que exigen su
participación en las decisiones que puedan afectarlos, como un reconocimiento de
la democracia plural y participativa, reconocida en favor de esa comunidad
específica desde el año 2022 por orden de un juez de tutela.

Así mismo, la providencia expuso que dicha participación no podía examinarse
desde una óptica meramente cuantitativa puesto que se afectó la garantía
constitucional de participación de las comunidades negras a las que debían
garantizarse espacios reales y materiales para ejercer los derechos a la
participación propia de las minorías de especial protección.

La parte actora presentó recurso de reposición, con fundamento en que (i) no se
tuvo en cuenta las diferencias entre las corporaciones autónomas regionales y las
corporaciones de desarrollo sostenible, puesto que estas últimas tiene una
regulación diferente, incluida la de sus consejos directivos que no tienen la
obligación legal de integrarse con un miembro de las comunidades
afrodescendientes; (ii) que no se tuvo en cuenta que la discusión del proceso
electoral es sobre la elección del director general y no de los integrantes del consejo
directivo; (iii) la elección contó con las mayorías aun en ausencia de otros
representantes, (iv) no existían elementos para tomar la medida cautelar por existir
una mínima duda de elementos en favor de la legalidad del acto enjuiciado; (v)

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indebida aplicación de las providencias citadas en la decisión, y (vi) el deber de
aplicar la figura de la jurisprudencia anunciada.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 7 de marzo de 2024 no acogió
los argumentos del recurso de reposición y, en consecuencia, confirmó la decisión
recurrida. Para tal efecto, analizó los argumentos del recurso de reposición, y grosso
modo descartó los reparos de la parte demandante, así:

• Consideró que las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones
autónomas regionales de desarrollo sostenible comparten la misma
naturaleza, y las diferencias que se presentan tienen incidencia en el ejercicio
de sus competencias, pero no frente a su estructura y organización.

• A partir de los métodos de «interpretación literal y finalista de la norma, así
como aquel que propende mantener el efecto útil de la misma», reiteró que
sí era exigible la participación de las comunidades afro en el consejo directivo
de Corpomojana, debido a que se busca hacer efectiva la participación de
los interesados en las funciones de administración, conservación y desarrollo
sostenible de los recursos naturales, garantizar la participación de dichas
comunidades en todas las decisiones que les afecten directa o
indirectamente.

• Que si bien es claro que lo que se demandó fue la elección del director
general de Corpomojana una de las irregularidades se enfoca en la
composición del órgano para adoptar el acto de elección como presupuesto
de la decisión, por lo que sí era pertinente el reproche en torno a la
participación de las comunidades étnicas en dicha instancia decisional.

• Argumentó que en el caso se daban los elementos para estimarse cumplida
la presencia de la comunidad negra en el territorio.

• No se evidenciaron argumentos para refutar la tesis de que, pese a la
importancia del aspecto cuantitativo en la elección, era determinante analizar
la posibilidad real y material de participación de las comunidades
afrodescendientes en la elección.

• Si bien las providencias invocadas tienen igual identidad fáctica, eran
relevantes porque permiten exponer los efectos de las restricciones

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desproporcionadas e injustificadas de los derechos de participación
democrática de un terminado cuerpo electoral.

Finalmente, la parte demandante solicitó aclaración y adición de la providencia,
solicitud que fue negada en auto del 21 de marzo de 2024, tras constatarse que «los
argumentos que la soportan, en realidad responden a motivos de inconformidad de
la memorialista, respecto de las consideraciones que soportaron la decisión de no
reponer la medida cautelar decretada».

Visto lo anterior, y tal como se anticipó al inicio del análisis del presupuesto de
relevancia en el caso concreto, esta Subsección encuentra que la decisión
enjuiciada da cuenta de un análisis de los argumentos propuestos en el recurso de
reposición. En ella se advierte un examen integral y armónico de las disposiciones
normativas que la autoridad judicial estimó aplicables.

Ahora bien, con independencia de que existiera uniformidad en dicha Sala sobre el
sentido de la decisión, la adopción de la medida cautelar no se muestra irracional,
absurda o caprichosa ni que contenga una vulneración arbitraria de los derechos
del demandante, el que, insiste en sede constitucional en mantener el debate
suscitado en el proceso de nulidad, con razones que corresponden a un debate
eminentemente legal que ya fue abordado por el juez electoral al definir la medida
provisional como al el recurso de reposición, de modo que, no podría esta Sala en
su calidad de juez constitucional dar curso a un debate con la finalidad de suscitar
una especie de apelación contra las decisiones objeto de tutela dado que no es este
el escenario para discrepar de aspectos propios del juez de la causa en asuntos
que se deciden en única instancia.

En todo caso, compártase o no el discernimiento de la Sección Quinta sobre los
efectos de la ausencia de participación de las comunidades afrodescendientes en
el proceso de elección del director general e, incluso, de la integración o no de dicho
representante en el Consejo Directivo de Corpomojana, lo cierto es que la
discrepancia del demandante se encuentra fundada en aspectos del recurso de
reposición y en otros asuntos que no fueron planteados en la respectiva
instancia, por lo que la introducción de argumentos novedosos como los aspectos
referidos al desconocimiento del precedente de providencias no invocadas en el
recurso no son un criterio válido para que esta Sala pueda inmiscuirse en la

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decisión cuestionada ante la omisión de la parte de exponer todos sus reparos en
el escenario y en el momento procesal oportuno para ello.

En todo caso, las consideraciones de la autoridad judicial accionada no están
desprovistas de razonabilidad para decretar la medida cautelar, porque, en el caso
concreto, luego de un estudio de diferentes normas de carácter constitucional, legal
y reglamentario, el Tribunal electoral determinó de manera fundada la necesidad de
dar un valor especial al derecho de autodeterminación de las comunidades afro y
garantizar su participación en términos de igualdad real y material en las decisiones
que directa o indirectamente les pudieran afectar. Para el juez natural, con
independencia de la incidencia numérica en la elección de la ausencia de esa
participación debía darse un tratamiento especial a esas garantías constitucionales,
precisamente, por su calidad de minoría.

Para la Sala, esa determinación se funda y parte de un hecho irrebatible que es que
se trata de unos grupos poblacionales históricamente discriminados y
tradicionalmente excluidos de la participación de decisiones de importancia capital
en su desarrollo por la presencia y relación especial con sus territorios. Es con esa
mirada, que la Constitución y la doctrina constitucional les ha dado un
reconocimiento especial, con adopción de medidas de discriminación positiva
dirigidas a nivelar el desbalance histórico y garantizar la igualdad real y material.
Todo ello es un reflejo del carácter pluralista y multicultural prohijado en la Carta
Política.

En últimas, lo que acontece es que la parte actora tiene una consideración distinta
a la de la autoridad judicial, empero, la diferencia conceptual o de entendimiento en
sí misma, no implica una vulneración de las garantías constitucionales
fundamentales y constituye un análisis ajeno al juez de tutela.

De ahí que para la Sala no tenga trascendencia las posiciones contrapuestas del
demandante con la providencia reprochada, pues cierto es que, la labor de
interpretación y aplicación del derecho que corresponde en forma prevalente al juez
natural, no puede ser desplazada por el juez de tutela, menos aún, si como en este
caso, no se antepone ni existen razones constitucionales para desvirtuarla, más allá
de la afirmación de que se violaron los derechos a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, pues de la diferencia de criterios o de

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01492-00
Demandante: Giovannys Medrano Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

la inconformidad con una providencia, no se sigue de manera automática la prueba
de la vulneración alegada.

Se insiste, el desacuerdo de la parte accionante y la disparidad de criterios en torno
a los elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de tutela
realice un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una instancia
adicional para imponer una interpretación única en un proceso dirigido y decidido
por los jueces naturales, tanto más si la demanda está desprovista de
razonamientos constitucionales que den cuenta de que se cumple el presupuesto
de relevancia constitucional o si, como en este caso, el asunto fue definido por una
alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la propia Corte Constitucional ha venido
sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a simple
vista7.

Valga considerar que en la sentencia de unificación SU-215 de 20228 la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir
que este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los
procesos o el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela.

Al examinar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos en los que
exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle
alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, como el caso del derecho a
ser elegido, debido a que la suspensión provisional del acto de elección no puede
se considerada en sí misma como una vulneración de derechos, pues ello
corresponde a una restricción y limitación prevista u autorizada en la misma ley,
propia del ejercicio de la competencia del juez contencioso administrativo para
decretar medidas cautelares que, además, goza de una consagración y reserva
constitucional. Así lo señala el artículo 238 de la Constitución al establecer que «[l]a
jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por

7 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
8 M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Demandante: Giovannys Medrano Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos
administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial».

Bajo esa línea de pensamiento, cobra mayor fuerza los límites del juez de tutela al
examinar una providencia que corresponde al ejercicio de una potestad otorgada
directamente por la Constitución como una garantía no solo de la preservación del
orden jurídicos y de los derechos fundamentales sino de aspectos como la tutela
judicial efectiva, es decir, como instrumento para asegurar el cumplimiento de la
sentencia o evitar que, en circunstancias de evidente violación del orden juíridico o
de derechos o garantías iusfundamentales, los actos enjuiciados continúen
surtiendo efectos mientras se decide la causa.

El carácter cautelar y temporal de la suspensión de un acto administrativo no
excluye per se, su escrutinio por el juez de tutela, sin embargo, se impone una
mirada más estricta de exigencias como la relevancia constitucional, puesto que son
decisiones que vienen precedidas de un estudio riguroso de sus condiciones
previstas en la ley y examinadas por el juez natura con efectos precautelativos, no
son definitivas, por lo que la tutela no es un medio para su refutación o restarle los
efectos que el mismo legislador les otorgó.

Que la parte actora considere que existen dudas o posiciones contrapuestas sobre
el punto de discusión, no dan lugar a que el juez de tutela deba infirmar la decisión,
pues la convicción para el decreto estaba en cabeza del juez natural al que, pese a
la discrepancia de la Sala, en decisión mayoritaria halló elementos para su
suspensión. La existencia de posiciones divergentes es connatural a los procesos
judiciales en los que, por regla general, se presentan tesis, antítesis o posiciones
divergentes de los extremos procesales. Ello pues, no mina la certeza en el juzgador
al determinar la existencia elementos que le permitan decidir en contra de la
legalidad temporal del acto administrativo y suspender sus efectos.

En ese orden de ideas, no hay duda de que la autoridad judicial accionada actuó
dentro del margen su competencia, en desarrollo de una función constitucional y
legal como juez de actos electorales, tarea en la que abordó los aspectos
fundamentales de la cuestión litigiosa propuesta en la medida cautelar y en el
recurso de reposición en torno al vicio por ausencia de participación de una
comunidad negra en las decisiones que le afectaban, circunstancia que, además,
fue ordenada de manera previa por un juez y, pese al paso de los meses no tuvo

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01492-00
Demandante: Giovannys Medrano Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

cumplimiento alguno, manteniéndose vigente la vulneración de los derechos de esa
comunidad.

De manera que, mientras la parte actora no soporte sus ataques bajo la existencia
de argumentos constitucionales desconocidos por la autoridad judicial accionada, el
contenido de la providencia es razonable, goza de presunción de acierto y se
acompasa con los principios de independencia y autonomía judiciales que no
pueden ser desconocidos por el juez de tutela, razón por la cual la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la tutela interpuesta por el señor Giovannys
Medrano Martínez, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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