RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-01219-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2023-01219-02

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2023-01219-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contra el auto de 7 de diciembre de 2023, mediante el cual la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió sobre la adopción de medidas cautelares urgentes tendientes a la prevención de desastres en la vereda La Uribe del municipio de Caucasia (Antioquia), conforme lo consideró el a quo en proveído de 12 de enero de 2024. SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto, de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán integrados en la siguiente orden: “[…] SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Caucasia-Antioquia, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre-UNGRD, al Departamento de Antioquia- Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia DAGRAN y CORANTIOQUIA que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: 1. Actualizar el estudio técnico relacionado con la problemática de erosión e inundación en el sector de La Uribe, dando aplicación al criterio de costo-eficiencia en la determinación de las obras a ejecutar, en los términos del contrato interadministrativo núm. 4600018101. Esta actualización deberá realizarse en un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia. 2. Con base en los resultados de dicha actualización, se deberá establecer: - Si es procedente ejecutar obras de mitigación del riesgo; - Si es necesaria la reubicación de los asentamientos humanos existentes en el área; - O si resulta pertinente la adopción de ambas medidas. 72 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 56 Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02 Demandante: Onaldo Córdoba Coronado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2023-01219-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: ONALDO CÓRDOBA CORONADO
Demandados: MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA, UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -
UNGRD y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES DE ANTIOQUIA - DAGRAN
Vinculado: CORANTIOQUIA
Tema: derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
seguridad y salubridad pública / riesgo de inundación / erosión del
cauce

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), el municipio de
Caucasia (Antioquia), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y el departamento de Antioquia - Departamento Administrativo para la
Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia (DAGRAN), contra la
sentencia de 3 de diciembre de 2024 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.El señor Onaldo Córdoba Coronado actuando en calidad de Defensor del Pueblo
– Regional Bajo Cauca Antioqueño, en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el municipio de
Caucasia - Antioquia, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD y Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo para la
Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia - DAGRAN, con el

2

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales a),
l) y g) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…]

1. Amparar los derechos fundamentales y colectivos a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente; la seguridad y salubridad públicas de
los habitantes residentes de la vereda “La Uribe” en el municipio de Caucasia
– Departamento de Antioquia. ????? (sic) Departamento Administrativo Para
La Gestión UNGRD
2. En consecuencia de lo anterior ordenar al Municipio de Caucasia, Departamento
De Antioquia, Unidad Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastre (sic) –
3. Del Riesgo Y (sic) Prevención De Desastres De Antioquia – DAGRAN- para que
en el plazo que se considere razonable, realicen los estudios correspondientes
y ejecuten las acciones necesarias para evitar que la erosión provocada por el
río Cauca causen un daño irreparable y debastador (sic) en la vereda “La Uribe”
y conlleve la pérdida de vidas humanas.
4. Garantizar la reubicación de la población de la vereda de “La Uribe” a un lugar
seguro, en caso dado que las medidas adoptadas por las entidades accionadas
resulten insuficientes ante la erosión costera, crecientes o inundaciones
causadas por el río Cauca a efectos de que pueda continuar desarrollando sus
actividades económicas y proyectos de vida como comunidad.
5. Que se adopten las medidas necesarias para que no se vuelvan a presentar las
acciones y omisiones que dan lugar a la presente acción […]”3.

2. Indicó que, en su labor de vigilancia del poder público, así como la garantía de
los derechos de los habitantes, realizó el seguimiento a la problemática presentada
por la arremetida del río Cauca sobre las parcelas conocidas como La Uribe,
ubicadas en frente del casco urbano del municipio de Caucasia del departamento
de Antioquia, situación que amenaza la estabilidad de los predios y las viviendas
aledañas, además de la integridad de sus habitantes.

3. Señaló que el municipio de Caucasia, mediante el Decreto núm. 061 de 13 de
abril de 2021 modificado por el Decreto núm. 169 de 11 de octubre de 2021, declaró
la calamidad pública por causa de la erosión del río Cauca en la ribera del sector de
las parcelas La Uribe.

4. Expresó que remitió peticiones a las entidades demandadas con la finalidad de
que informarán sobre las gestiones que se han adelantado para detener la erosión
y evitar posibles inundaciones en la vereda, y así garantizar los derechos colectivos

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas”
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
3
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “7ED_DemandaAnexos(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2”.

3

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la seguridad
y salubridad públicas de los habitantes.

5.Adujo que la Secretaría de Planeación del municipio de Caucasia informó que
adoptó medidas provisionales para atender la población en riesgo; sin embargo, no
ha sido suficiente para contener la emergencia y tampoco ha recibido la ayuda por
parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.

6. Por su parte CORANTIOQUIA rindió un informe producto de la visita técnica
realizada el 14 de febrero de 2023, donde recomendó que cualquier acción que se
pretenda adelantar para mitigar o controlar los efectos de socavación y agradación
del lecho debe ser técnicamente planificada y obedecer a estudios técnicos,
hidrológicos, geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y batimétricos entre otros
que garanticen la estabilidad del cauce y el control efectivo de la erosión.

7.Señaló que el municipio de Caucasia, por medio del contrato interadministrativo
C1- 044 de 2021 realizó la consultoría con la Asociación de Municipios del Norte
Antioqueño (AMUNORTE ANTIOQUEÑO), cuyo objeto fue el "Estudio y diseños
encaminados al diagnóstico para el control de erosión en orillas del rio (sic) Cauca
del Municipio de Caucasia - Antioquia". En este se definió un presupuesto de obras
de intervención por un valor de $58.346.559.989,55. El proyecto fue enviado al
DAGRAN para su revisión y aval con el fin de ser gestionado ante la UNGRD.

8. Manifestó que el DAGRAN expresó que, aunque en el sector denominado La
Uribe, margen derecha del río Cauca, aguas abajo del puente Carlos Lleras
Restrepo, se requieren obras de intervención para mitigación del riesgo por
socavación lateral y pérdida de terrenos, considera que los estudios y diseños
suministrados por el municipio corresponden a una etapa de prefactibilidad, con
planteamiento preliminar de obras, que no obedecen a estudios y diseños de detalle
que permitan la contratación de una obra pública por el valor indicado en el
presupuesto de $58.346.559.989,55.

9. Sostuvo que en el presupuesto se incluye un ítem de $518.989.001, para revisión
de estudios y diseños, por lo cual se entiende que se estarían incluyendo allí los
estudios de detalle; sin embargo, esto no se indica de manera explícita en el
proyecto.

10. Refirió que las múltiples acciones y alternativas implementadas por la
administración municipal para mitigar la situación, como la declaratoria de
calamidad pública, elaboración e implementación de planes de emergencia y
contingencia ante la erosión de la ribera del río Cauca y las inundaciones, estas han
sido ineficaces ante la gravedad de la problemática que, sin duda, debe ser atendida
por un conjunto de autoridades del orden municipal, departamental y nacional,
máxime si se tiene en cuenta el costo de las obras que se requieren para
minimizarla.

4

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 22 de
septiembre de 20234, admitió la acción popular y ordenó la vinculación de
CORANTIOQUIA; y en proveído de la misma fecha5 corrió traslado de la medida
cautelar solicitada.

12. Pormedio de auto de 27 de septiembre de 20236 se ordenó notificar al
Procurador Judicial para Asuntos Ambientales.

13. El juez sustanciador del proceso a través de auto de 17 de noviembre de 20237
declaró la falta de competencia para conocer del proceso y ordenó su remisión al
Tribunal Administrativo de Antioquia.

14. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
auto de 7 de diciembre de 20238, avocó conocimiento del asunto y adoptó medidas
cautelares tendientes a la prevención de desastres en la vereda La Uribe del
municipio de Caucasia - Antioquia.

15. Por medio de auto de 12 de enero de 20249 declaró extemporáneo el recurso de
apelación interpuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) contra el auto de 7 de diciembre de 2023, por medio del cual
se decretó la medida cautelar, proferida en el proceso.

16. Mediante auto de 12 de febrero de 202410 el magistrado sustanciador resolvió no
reponer el auto indicado previamente, concedió el recurso de queja interpuesto
subsidiariamente y ordenó la remisión del proceso al Consejo de Estado.

17. Por auto de 27 de febrero de 202411, dispuso el traslado de las actuaciones
adelantadas para el cumplimiento de la medida cautelar.

18. El 15 de mayo de 202412 inició la audiencia de pacto de cumplimiento, finalizando
el día 5 de junio de 202413, la cual se declaró fallida.

4
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0003AdmitePopular202300427.pdf”.
5
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0004CorreTrasladoMedidaPopular202300427.pdf”.
6
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0013AutoOrdenaNotificar202300427.pdf”.
7
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0028RemitePorCompetenciaTrubunal202300427.pdf”.
8
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0032AutoResuelvemedidaCautelar.pdf”.
9
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0067AutoDeclaraExtemporáneaApelación.pdf”.
10
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0081AutoNoRepone.pdf”.
11
Cfr. Índice 00022 del expediente digital del Tribunal.
12
Cfr. Índice 00042 ibidem.
13
Cfr. Índice 00062 ibidem.

5

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

19. El 25 de junio de 202414 se dio apertura al periodo probatorio y el 16 de julio de
202415 se realizó la audiencia de pruebas.

20. El 17 de octubre de 202416 se corrió traslado para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Municipio de Caucasia

21. La entidad mediante escrito de 9 de octubre de 202317, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, toda vez que no solo el municipio sino también otras entidades
han realizado labores para afrontar la problemática.

22. Evidenció que mediante el oficio núm. 2023030316879 del 02 de agosto de 2023
el departamento de Antioquia ha realizado acciones al igual que las demás
entidades demandadas para atender la situación de gestión del riesgo en el
municipio de Caucasia.

23. Argumentó que las Corporaciones Autónomas Regionales al ser integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tienen el deber de apoyar a
las entidades territoriales en la gestión del riesgo. Sostuvo que corresponde a
CORANTIQUIA apoyar al municipio en la elaboración de los estudios necesarios
para la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de
desastres en relación con la problemática que se presenta con el desbordamiento
del río.

24. Presentó las excepciones que denominó: i) “[…] Inexistencia de responsabilidad
por parte del municipio – hecho de tercero […]”; y ii) “[…] Ausencia del daño
contingente […]”.

I.3.2. Departamento de Antioquia

25. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda por medio de escrito de
10 de octubre de 2023. Señaló que no ha vulnerado los derechos e intereses
colectivos y que ha actuado de manera oportuna en la contingencia relacionada con
la prevención del riesgo de desastres.

26. Indicó que las pretensiones de la demanda están dirigidas a distintas entidades
públicas que, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, deben
salvaguardar los derechos colectivos de los habitantes de la vereda La Uribe del

14
Cfr. Índice 00064 ibidem.
15
Cfr. Índice 00080 ibidem.
16
Cfr. Índice 00100 del expediente digital del Tribunal
17
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0021ContestacionMpioCaucasia.pdf”.

6

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

municipio de Caucasia, especialmente frente a fenómenos naturales como las
inundaciones ocasionadas por el río Cauca.

27. En tal sentido, señaló que le corresponde al municipio, a través de su Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), realizar la evaluación del
riesgo y adoptar medidas pertinentes, pudiendo solicitar apoyo al Departamento y a
la Nación cuando se supere su capacidad de respuesta.

28. Manifestó que, en atención a esta articulación institucional, consultó
expresamente al DAGRAN (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Antioquia) sobre su competencia frente a los hechos de la demanda, obteniendo
como respuesta que su rol es de apoyo subsidiario y complementario, a solicitud de
los consejos municipales, y que su función principal consiste en coordinar y articular
las acciones, recursos y esfuerzos de las entidades en los distintos niveles
territoriales para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo.

29. Expresó que, en cumplimiento de sus funciones, el DAGRAN ha actuado con
responsabilidad frente a los hechos invocados por el actor, y prueba de ello es la
suscripción del contrato núm. 4600015340 con la Universidad Nacional de Colombia
– Facultad de Minas, para adelantar estudios y diseños de obras de reducción del
riesgo en puntos críticos, entre ellos el sector La Uribe de Caucasia, priorizado por
el CMGRD y verificado por profesionales del DAGRAN, en el marco de la
declaratoria de calamidad pública.

30. Mencionó que las actuaciones del DAGRAN se enmarcan en lo dispuesto en la
Ley 1523 de 24 de abril de 201218, la cual define la gestión del riesgo como un
proceso social orientado a políticas y acciones permanentes para el conocimiento,
reducción y manejo de desastres. Dicha norma atribuye responsabilidades
específicas a todas las entidades públicas conforme a su competencia, siendo el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo un esquema coordinado entre la Nación,
los departamentos y los municipios.

31. Señaló que, de acuerdo con los artículos 5, 6 y 9 de la Ley 1523 de 2012, las
alcaldías son las responsables directas de implementar los procesos de gestión del
riesgo en su jurisdicción, y que los departamentos tienen un papel de coordinación
y apoyo subsidiario, como lo reafirma también el artículo 13 de dicha ley. En
consecuencia, el manejo del riesgo en Caucasia compete inicialmente al municipio
y el DAGRAN actúa solo cuando es requerida su intervención.

32. Resaltó que la Constitución Política, en su artículo 288, establece que la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales se rige por
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En ese sentido, reiteró
que la responsabilidad primaria frente al caso planteado en la acción popular recae

18
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.

7

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

sobre el municipio de Caucasia, siendo el Departamento un actor de apoyo cuando
se superan las capacidades locales.

33. Afirmó que, en el caso concreto de La Uribe, el DAGRAN ha cumplido con sus
obligaciones legales, prestando el acompañamiento técnico cuando ha sido
solicitado, realizando visitas al lugar, presentando informes técnicos y articulando
acciones con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Con ello, se demuestra
que el departamento de Antioquia ha actuado conforme a sus competencias legales
y en cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión del riesgo.

34. Presentó como excepciones, las que denominó: i) “[…] Inexistencia de
responsabilidad por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA respecto de la
presunta vulneración de los derechos colectivos aducidos en la Acción Popular
[…]”; ii) “[…] Actuación del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA acorde con sus
competencias Constitucionales, Legales y Reglamentarias […]”; iii) “[…]
Competencia complementaria y subsidiaria para lo pretendido con relación al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA […]”; iv) “[…] Falta de estudio y/o soporte
técnico que justifiquen las medidas solicitadas en el escrito de demanda […]”; y v)
“[…] Cualquier otra excepción de mérito que el fallador encuentre probada en el
proceso [...]”.

I.3.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

35. La Unidad, a través de escrito de 10 de octubre de 202319, se opuso a las
pretensiones de la demanda por cuanto les corresponde a los entes territoriales,
como directos responsables, la protección de los derechos colectivos invocados
como vulnerados.

36. Sostuvo que no es superior jerárquico de las entidades territoriales; en
consecuencia, la generación de acciones y responsabilidades son de naturaleza
individual y cada ente territorial debe cumplir con sus funciones administrativas y de
conocimiento y gestión del riesgo. En todo caso, la Unidad entra a gestionar los
requerimientos, siempre en cumplimiento previo de los requisitos indicados en la
Ley 1523 de 2012.

37. Manifestó que no está legitimada en la causa por pasiva dentro del presente
proceso, toda vez que no tiene competencia material ni funcional para satisfacer las
pretensiones del actor. En consecuencia, afirmó que no ha vulnerado los derechos
colectivos alegados, no ha tenido participación en los hechos de la demanda y no
se le ha acreditado responsabilidad alguna mediante prueba idónea.

19
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0023ContestacionUnidadRiesgo.pdf”.

8

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

38. Indicó que su creación se dio mediante el Decreto Ley 4147 de 2011 20, con el
objetivo de coordinar y dirigir la implementación de políticas en materia de gestión
del riesgo de desastres, dentro del marco del desarrollo sostenible. No obstante,
aclaró que su rol es de coordinación y no de ejecución operativa, por lo que no le
corresponde la atención directa de eventos como las inundaciones en la vereda La
Uribe del municipio de Caucasia.

39. Expresó que, incluso si se asumiera que los hechos narrados en la demanda
tienen relación con la gestión del riesgo, dicha función recae en las entidades
territoriales, como lo establece de manera expresa la Ley 1523 de 2012.

40. Señaló que, conforme al artículo 14 de dicha norma, los alcaldes son los
representantes del sistema en su jurisdicción y tienen la obligación de implementar
y ejecutar los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de
desastres.

41. Mencionó que la autoridad municipal debe incluir dichos procesos en sus
instrumentos de planeación territorial y que los gobernadores, en su calidad de
coordinadores del sistema en el nivel departamental, también tienen la
responsabilidad de asegurar la continuidad de dichas acciones en su territorio. Por
tanto, reiteró que corresponde al municipio y al departamento asumir las
obligaciones invocadas por el actor, conforme al principio de subsidiariedad.

42. Reiteró que no es procedente desplazar las competencias constitucionales y
legales asignadas a los entes territoriales, pretendiendo que la UNGRD intervenga
directamente en la ejecución de obras o estudios técnicos, cuando tales funciones
no le han sido asignadas. Afirmó que el actor popular no señala con claridad cuál
fue la omisión concreta atribuible a la UNGRD que hubiera causado una vulneración
a los derechos colectivos.

43. Aclaró que la solicitud relacionada con la realización de un estudio técnico ya se
encuentra agotada porque la visita correspondiente se realizó en febrero de 2023,
como se acredita en los documentos anexados al proceso. En este sentido, sostuvo
que no subsiste una obligación pendiente por parte de la UNGRD.

44. Adujo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, porque no es la entidad
competente para ejecutar acciones como las solicitadas en la demanda. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso por configurarse la excepción
de falta de legitimación en la causa.

45. Argumentó que la parte demandante no acreditó, ni aportó prueba alguna para
demostrar que la unidad incumplió o ha incumplido por omisión con las funciones
que le atribuyó el ordenamiento jurídico, especialmente las establecidas en el

20
“[…] Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura
[…]”

9

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

Decreto Ley 4147 de 2011, modificado por el Decreto Ley 2672 de 2013; y la Ley
1523 de 2012.

46. Indicó que no está demostrado el nexo causal entre el presunto incumplimiento
de sus funciones y la presunta vulneración de los derechos colectivos demandados.

47. Reiteró que es responsabilidad de las entidades territoriales involucradas con el
apoyo de CORANTIOQUIA adelantar los estudios a partir de los cuales se deben
establecer los planes y programas, así como ejecutar las obras de reducción del
riesgo necesarias para resolver la problemática objeto de la controversia.

48. Alegó que la corporación autónoma regional ya realizó el estudio, por lo cual
considera que es innecesario ordenar uno nuevo y lo que procede es determinar la
verificación y socialización con el municipio. Consideró que al conocer la situación
fáctica, hídrica y geológica debe incorporar esos estudios al plan de emergencias y
determinar las acciones propias de prevención de desastres.

49. Sostuvo que no tiene competencia legal y funcional para atender asuntos de
orden ambiental y que esa competencia corresponde al Sector Ambiental en cabeza
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a las demás entidades que
componen el Sistema de Información Nacional Ambiental (SINA), entre ellas la
ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, como
autoridades ambientales.

50. Señaló que el municipio de Caucasia con la anuencia del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) debe determinar e implementar las
medidas de reducción del riesgo que sean requeridas en su jurisdicción, teniendo
en cuenta que el Sistema se orienta, entre otros, bajo los principios de subsidiaridad
y concurrencia, cuando se ha superado la capacidad local, caso en el que puede
solicitar apoyo departamental y regional, toda vez que ellos hacen parte del Sistema
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que éstos deben actuar en el
marco de sus competencias.

I.3.4. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA)

51. La Corporación se opuso a las pretensiones de la demanda a través de escrito
de 24 de octubre de 202321 y solicitó que se declare la ausencia de responsabilidad
por el cumplimiento de las funciones propias de la entidad y, por ende, la
inexistencia de violación de los derechos colectivos por parte de esta. Asimismo,
que se declare la ausencia de responsabilidad de CORANTIOQUIA por el
cumplimiento de sus funciones y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

21
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0023ContestacionUnidadRiesgo.pdf”.

10

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

52. Indicó que, conforme al marco normativo vigente en materia de prevención del
riesgo y atención de desastres, la responsabilidad primaria recae sobre los entes
territoriales, quienes deben adoptar medidas efectivas para mitigar y prevenir los
eventos que afecten la vida o los bienes de los habitantes dentro de su jurisdicción.
En ese sentido, recordó que las Leyes 99 de 1993 y 1523 de 2012 asignan a los
municipios competencias claras en temas ambientales y de gestión del riesgo.

53. Manifestó que la Ley 715 de 2001, en su artículo 76, reiteró que los municipios,
con cofinanciación del departamento y de la Nación, tienen la función de prevenir y
atender desastres, adecuar zonas de alto riesgo y, de ser necesario, reubicar
asentamientos. En consecuencia, las situaciones descritas por el actor popular son
de carácter local y, por tanto, deben ser atendidas prioritariamente por el municipio
de Caucasia.

54. Expresó que, de acuerdo con el informe técnico del DAGRAN del 28 de marzo
de 2022, si bien se identificó la necesidad de intervenir el sector de La Uribe por
socavación y pérdida de terreno, también se advirtió que los estudios presentados
por el municipio correspondían apenas a una etapa de prefactibilidad y que no
cumplían con el nivel de detalle técnico requerido para contratar una obra pública
por el monto presupuestado, lo que impide ejecutar soluciones estructurales de
manera inmediata.

55. Mencionó que en el presupuesto municipal se incluyó un ítem para la revisión de
estudios y diseños, lo que indicaría, en su criterio, que el detalle técnico aún estaba
pendiente. Por tanto, esta falta de estudios definitivos impide que otras entidades
actúen sin una base técnica sólida, recayendo nuevamente en el municipio la
responsabilidad de avanzar en dicho proceso.

56. Señaló que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia no posee
competencia directa para ejecutar acciones estructurales en el sector La Uribe. No
obstante, ha cumplido con su obligación de brindar apoyo técnico al municipio, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012.

57. Afirmó que, al conocer la situación del sector, la Corporación realizó visita técnica
e identificó el comportamiento fluvial del río Cauca en ese tramo, precisando que el
cauce meandriforme genera procesos de erosión en una de sus márgenes. Dichos
hallazgos fueron plasmados en el Informe Técnico radicado 160PZ-IT2303-3420 del
23 de marzo de 2023, producto de la visita del 14 de febrero del mismo año.

58. Concluyó que ha cumplido cabalmente sus funciones legales, y no puede
atribuírsele responsabilidad alguna frente al evento de erosión e inundaciones en el
sector La Uribe. Las competencias de ejecución material y de respuesta directa
corresponden al municipio de Caucasia, sin perjuicio del acompañamiento técnico
brindado por la Corporación.

11

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

59. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia de 3 de diciembre de 202422, amparó lo derechos colectivos al goce de
un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a la seguridad y salubridad públicas, por la falta de realización de
obras técnicas adecuadas para mitigar los riesgos generados por el desbordamiento
de las márgenes del río Cauca en el sector La Uribe y prevenir en el mediano y largo
plazo la afectación de la infraestructura cercana.

60. Señaló las competencias de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres
y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y declaró su
legitimación en la causa para el amparo de los derechos colectivos. Además, realizó
un análisis normativo sobre la competencia de los municipios en materia de
prevención y atención de desastres.

61. Indicó que mediante auto de 7 de diciembre de 2023 decretó medidas preventivas
para evitar un perjuicio irremediable ante la erosión del río Cauca y las
consecuentes inundaciones que amenazan la estabilidad de los predios y viviendas
aledañas en la vereda “La Uribe”, en el municipio de Caucasia-Antioquia.

62. Determinó que la problemática se identificó desde el mes de abril de 2022 de
acuerdo con el informe técnico de la corporación en relación con el municipio de
Caucasia de fecha 17 de junio de 2024, en el que se señaló que el área hace parte
de la margen derecha del río Cauca, sector La Uribe, zona correspondiente a la
parte externa de un meandro, orilla cóncava, donde se conjugan aspectos
geomorfológicos, geológicos, geotécnicos e hidráulicos que contribuyen al
acelerado proceso de socavación de orilla, perdida de terrenos y divagación del
cauce del río.

63. Elmencionado informe indicó que el municipio de Caucasia se encuentra
desarrollando obras de estabilización de orillas y manejo de corriente tendiente a
solucionar la problemática de socavación y perdida de terrenos en el sector.

64. Señaló que el departamento de Antioquia allegó un informe en el que mencionó
que celebró un contrato interadministrativo cuyo objeto fue: “ESTUDIO, ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS Y DISEÑO DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR
INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DE TERRENOS EN PUNTOS CRÍTICOS DE MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA
DECRETO No. 2022070005365”.

65. Expresó que desde el mes de abril de 2023 la Universidad Nacional de Colombia
suministró recomendaciones al municipio de Caucasia, como medidas temporales

22
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“008ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2.pdf”.

12

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

a implementar que buscan reducir el efecto de la energía del caudal del río sobre la
margen derecha de este a la altura del sector La Uribe, y que la ejecución de obras
de mitigación todavía se encuentra en trámite, lo que evidencia que en la actualidad
se sigue la problemática.

66. Aclaró que no desconoce que a la fecha se han aportado varios informes por
parte de las accionadas, en los cuales se observa que, si bien han desplegado
acciones encaminadas a cumplir las órdenes impartidas y proteger los derechos
colectivos amparados, estas no resultan suficientes, al permitirse señalar una serie
de recomendaciones para mitigar el riesgo y amenaza de los derechos colectivos
de la comunidad, sin alguna ejecución efectiva.

67. Resaltó que es notorio que la problemática generada por la erosión del río Cauca
y las consecuentes inundaciones generan peligro en una comunidad en la que
habitan adultos mayores y niños que pueden verse afectados en su integridad
personal; y que existen factores de peligro latente, permanente y progresivos para
la comunidad que habita el sector La Uribe en el municipio de Caucasia.

68. Mencionó que la problemática persiste porque a la fecha las entidades
encargadas no han ejecutado las acciones de forma inmediata y necesaria para
solucionar la situación.

69. Consideró que, en atención a los informes presentados al proceso en los que se
definían los riesgos y las conductas por las cuales podría optar para mitigar el
riesgo, la inactividad efectiva que en conjunto deben ejecutar las accionadas, han
permitido que con el paso del tiempo la problemática aún persista, sin tomar las
medidas necesarias y reiteradas en defensa de la integridad de la comunidad del
sector, faltando a su función preventiva.

70. Por lo anterior, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Caucasia-Antioquia con
apoyo de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD
(sic) y Departamento de Antioquia-Departamento Administrativo para la
Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia-DAGRAN y
CORANTIOQUIA vulneran los derechos colectivos a un ambiente sano, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, seguridad y
salubridad pública invocados por el señor Onaldo Córdoba Coronado,
conforme lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENA al municipio de Caucasia-Antioquia, a la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-UNGRD (sic), al
Departamento de Antioquia-Departamento Administrativo para la Gestión
del Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia - DAGRAN y
CORANTIOQUIA:

1. REALIZAR los estudios de condiciones hidrológicas, hidráulicas y demás
pertinentes que determinen las obras civiles a ejecutar para atender los
procesos de erosión, socavación, inestabilidad e inundaciones provocadas por

13

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

la energía del caudal del río Cauca en el sector “La Uribe” y de esta manera
evitar la afectación a la población asentada en la zona.

El correspondiente estudio técnico deberá realizarse en un término no superior
a los tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

2. En un término no superior a cuatro (4) meses, contados a partir del
cumplimiento del plazo anterior, las entidades accionadas deberán apropiar y
disponer los recursos necesarios para iniciar la ejecución y finalización de las
obras que los estudios determinen como necesarias para garantizar la
protección de los derechos colectivos objeto de la presente acción.

3. Apropiados y dispuestos los recursos necesarios para las obras a realizar en
el cauce del río Cauca, en el sector “La Uribe”, la entidad encargada deberá
abrir el proceso de selección de contratista de la obra, en un término máximo
de tres (3) meses; y en otros tres (3) meses deberá iniciar las obras necesarias
en el citado sector.

TERCERO: Se ORDENA al Departamento de Antioquia-DAGRAN que en un
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
inicie las gestiones necesarias para llevar a cabo y de manera efectiva, el
proceso de caracterización de la población que se encuentra asentada en el
sector “La Uribe” del municipio de Caucasia y que se encuentra en riesgo con
ocasión de la erosión e inundaciones provocadas por la energía del caudal del
río Cauca en la margen derecha, ya identificado; aportando el correspondiente
soporte documental.

CUARTO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término
anterior, el municipio de Caucasia-Antioquia, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD (sic), el Departamento de
Antioquia-Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y
Prevención de Desastres de Antioquia - DAGRAN y CORANTIOQUIA, en
conjunto, deberán estructurar y promover un plan de vivienda subsidiado, de
conformidad con las normas que regulan la materia para la reubicación de las
familias identificadas en alto riesgo, conforme al cumplimiento de la orden
anterior. Se ofrecerá una solución de vivienda por cada una de las viviendas a
reubicar sin importar los grupos familiares que las habiten actualmente.

En tanto se cumple lo anterior, deberán, de acuerdo con sus competencias,
realizar un monitoreo permanente del sector “La Uribe” con el fin de evitar
nuevos asentamientos y de tomar las medidas de emergencia que se requieran
ante una eventual creciente del rio (sic), incluido la reubicación de las familias
que se encuentren en alto riesgo de acuerdo con el estudio de caracterización
realizado por el Departamento de Antioquia y las demás que determine el
Consejo municipal de Gestión del Riesgo.

QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, el cual estará liderado por el actor popular, Doctor ONALDO
CÓRDOBA CORONADO en calidad de Defensor del Pueblo - Regional Bajo
Cauca Antioqueño e integrado por la Procuradora Ambiental y Agrario delegada
para este asunto, un representante del municipio de Caucasia-Antioquia con
apoyo de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (sic)-UNGRD y
Departamento de Antioquia-Departamento Administrativo para la Gestión del
Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia-DAGRAN y CORANTIOQUIA.

14

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

El comité se reunirá por convocatoria de su líder a solicitud de cualquiera de
sus miembros, y rendirá informes al despacho sobre el cumplimiento de esta
providencia de forma mensual.

SEXTO: No se condena en costas, tal como se expuso en la parte motiva.

SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de apelación, el
cual deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación (artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y 322 del C.G.P.).

OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, una vez quede en firme esta sentencia, remítase copia a la Defensoría
del Pueblo.

NOVENO: Ejecutoriado el presente fallo, envíese el expediente a archivo […]”.
(Resaltado del texto).

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Municipio de Caucasia

71. El Municipio de Caucasia, el 9 de diciembre de 202423, por medio de apoderado
judicial, expuso que la sentencia se refiere a obligaciones que no corresponden al
municipio, teniendo en cuenta que este tiene la categoría 5 y no tendría la capacidad
económica para realizar las gestiones u obras que eventualmente se ordenen, y que
por esa misma razón le corresponderían a la entidad que esté en capacidad tal
como lo es el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, o
la Gobernación de Antioquia.

72. Sostuvo que la orden de los estudios y planes de vivienda subsidiados y la
reubicación no le corresponde porque para ello es competente el Ministerio de
Vivienda, y los fondos de vivienda existentes. Agregó que en la sentencia se
ordenan labores en conjunto, pero no define cuál es el papel de cada una de las
entidades que se indican en el ordinal quinto de la parte resolutiva, lo que genera
claramente una confusión o una imposibilidad de cumplir a cabalidad con la orden
impartida por el juez.

73. Consideró que es una apreciación subjetiva considerar que el municipio no ha
hecho lo suficiente para contener la emergencia y que no es procedente exigirle
más desde el punto de vista presupuestal. También, que en cumplimiento del
principio de prevención contrató la realización de unos estudios para el control de
la erosión en las orillas del río Cauca en el municipio de Caucasia.

74. Expresó que el municipio no tiene el dinero para ejecutar una obra por valor de
$58.346.559.989,55, y considera que para una intervención de esa naturaleza se
requiere del apoyo del Gobierno Nacional y del Departamento.

23
Cfr. índice 117 del expediente digital del Tribunal, documento denominado:
“154_MemorialWeb_RecursoAPELACIONONALDOCOR(.pdf) NroActua 117”.

15

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

75. Señaló que las demás entidades demandadas tienen dentro de sus
competencias aquellas relacionadas con la gestión del riesgo. La corporación
autónoma regional tiene el deber de apoyar a las entidades territoriales ubicadas en
el ámbito de la jurisdicción ambiental respectiva. Para el caso concreto,
CORANTIOQUIA debe apoyar al municipio en la elaboración de los estudios para
la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de
desastres.

76. Sostuvo que no se puede predicar la responsabilidad exclusiva en cabeza del
municipio por la existencia de otras entidades las cuales tienen la responsabilidad
desde el punto de vista normativo como la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

77. Indicó que el demandante no cumplió con la carga de probar la amenaza de los
derechos colectivos invocados. Además, cuestionó las órdenes en relación con el
alcance y la determinación de las funciones de las entidades demandadas.

III.2. Departamento de Antioquia

78. El departamento, el 11 de diciembre de 202424, por medio de apoderado judicial,
expuso que no tiene ninguna responsabilidad en la presunta vulneración de los
derechos colectivos, por cuanto ninguna de las probanzas recaudadas en el
decurso procesal, dieron cuenta de ser el ente departamental el obligado a gestionar
directamente la situación ocasionada por la erosión costera y las inundaciones
causadas por el río Cauca en la vereda La Uribe y mucho menos de encontrarse en
el deber de efectuar una construcción y/o realizar una erogación de recursos para
unas obras que no son la solución definitiva para la mencionada problemática.

En relación con la ausencia de vulneración de los derechos colectivos por
parte del departamento de Antioquia

79. Cuestionó la atribución de responsabilidad de las entidades demandadas en
cuanto al estudio de competencia realizado por el a quo. Por un lado, de acuerdo
con el artículo 5 del Decreto 1504 de 1998 las cuencas, microcuencas, ríos, rondas
hídricas y demás elementos naturales relacionados con corrientes de agua, forman
parte del espacio público, así como los canales de desagüe, diques, alcantarillas y
aliviaderos, cuya obligación de construcción y protección, está radicada en cabeza
de la administración municipal dentro de su jurisdicción.

24
Cfr. índice 120 del expediente digital del Tribunal, documento denominado: “
160_MemorialWeb_Recurso2024030661244recurs(.pdf) NroActua 120”.

16

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

80. Alegó que las órdenes impartidas de manera directa al ente territorial
departamental desbordan el ámbito de competencia legal y constitucional
atribuidas.

81. Señaló que la anterior situación no pretende desconocer las competencias que
en virtud del principio de concurrencia le son asignadas a los departamentos en
materia de prevención de desastres, protección y sostenibilidad del medio ambiente.
Se trata por el contrario de evitar el desbordamiento de tales atribuciones e impedir
con ello la manifiesta afectación fiscal y logística en que deriva la imposición de
obligaciones altamente onerosas en costos económicos y humanos, al punto de
exceder la capacidad de respuesta y gestión propia de los departamentos.

82. Precisóla necesaria coordinación y paridad que debe existir de cara a la
estrategia de control que haya de implementarse frente a la problemática que
pretende conjurarse, lo cual solo resulta posible a partir de una política nacional
desplegada por la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).

Los estudios de condiciones hidrológicas, hidráulicas y demás pertinentes
que determinen las obras civiles a ejecutar

83. Resaltóque, en el año 2022, con ocasión de la ola invernal derivada del
fenómeno de la Niña, en muchas regiones de Colombia y particularmente en el Bajo
Cauca y el Urabá Antioqueño, se presentaron múltiples emergencias ocasionadas
por las fuertes lluvias, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa,
avenidas torrenciales, aumentos en los índices de erosión y socavación por el
aumento de los niveles y velocidad de flujo en las redes hídricas, dejando como
consecuencia pérdidas de todo tipo de infraestructura.

84. Indicó que por recomendación del Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres, la Gobernación de Antioquia decretó mediante acto
administrativo con radicado No. 2022070005365, la calamidad pública en el
departamento y, en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Desastres-DAGRAN, dispuso, con sujeción al artículo 61 de la Ley
1523 de 2012, que elaborará y adoptara el Plan de Acción Específico para la
recuperación que incluya las actividades para el manejo de las áreas en condición
de riesgo y afectadas, así como gestiones tendientes a superar situaciones
asociadas a los eventos generados por la condición de lluvia; y se encargó el
seguimiento y control del Plan de Acción Específico para la Recuperación, al
DAGRAN.

85. Por lo anterior, el DAGRAN suscribió el contrato núm. 4600015340 de marzo de
2023 entre el DAGRAN y la Universidad Nacional, con el objeto de realizar los
“Estudios, análisis de alternativas y diseños de obras de reducción del riesgo para
el control de inundaciones y pérdida de terrenos en puntos críticos de municipios

17

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

del departamento de Antioquia, en el marco de la calamidad pública decreto No.
2022070005365”.

86. Posteriormente, el 11 de abril se firmó el acta de inicio y se dio paso a la
formulación y ejecución del Plan de Trabajo y cronograma de actividades
respectivo. De acuerdo con la configuración del contrato, el proyecto se aborda por
frentes de trabajo individuales, uno por cada municipio anteriormente mencionado,
de ahí que los productos derivados del contrato se presentan por cada frente.

87. Señaló que se elaboró un informe final con el propósito de “Realizar los estudios,
análisis de alternativas y diseños de obras de reducción del riesgo para el control
de inundaciones y pérdida de terrenos por acción fluvial del río Cauca en el Sector
La Uribe, municipio de Caucasia, Departamento de Antioquia, en el marco de la
Calamidad Pública decreto No.2022070005365”.

88. Sostuvo que los estudios ordenados en la sentencia de primera instancia, ordinal
segundo de la parte resolutiva, ya fueron realizados y se encuentran contenidos en
el mencionado informe final, el cual, entre muchas otras conclusiones, arrojó un
presupuesto total para la ejecución de las obras proyectadas para la protección de
la margen derecha del río Cauca y la contención de la inundación a la Altura de La
Uribe, que, para el año de su elaboración, ascendía a la suma de
$45.461.729.123,41 (incluido AIU del 28.4% del valor de cada actividad).

La ejecución y finalización de las obras que los estudios determinen como
necesarias

89. Manifestó su oposición respecto de la orden segunda apartes 2 y 3 de la parte
resolutiva de la sentencia, en razón a que el cauce del río es activo y fácilmente
móvil, puesto que la dinámica propia, durante ciertos periodos, produce la retoma
de cauces y vegas antiguas (recupera su memoria fluvial), necesarias para su buen
comportamiento hidrológico e hidráulico. Estas áreas no deben ser utilizadas, desde
lo antrópico (usos del suelo), y es de fundamental control y regulación que, en el
ordenamiento territorial, el municipio de Caucasia las ordene y controle, al ser este
ente el único competente por norma para regular su territorio.

90. Argumenta que la dinámica del río, caracterizada por su alta movilidad, pérdida
de sinuosidad y procesos de socavación, ha generado impactos significativos en la
geomorfología del área. La formación de meandros, estrechamientos del cauce y
desplazamientos laterales recurrentes, resaltan la necesidad de respetar y proteger
la llanura de inundación y las terrazas de divagación. Estas zonas son cruciales
para la estabilidad fluvial y la mitigación de riesgos, y su ocupación con
infraestructura o asentamientos humanos es incompatible con la naturaleza
cambiante del río.

18

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

91. Aclaró que según el análisis geomorfológico del Contrato No. 4600015340 de
marzo de 2023 y lo establecido en el POT del municipio de Caucasia, el sector de
La Uribe se encuentra en una planicie de inundación y en la vega de divagación
reciente del rio Cauca. Estas características indican que la inundación de las tierras
del sector es un fenómeno natural y recurrente debido a la dinámica fluvial del río.
Los estudios realizados confirman que este territorio presenta condiciones de alta
vulnerabilidad y riesgo, exacerbadas por la movilidad natural del cauce y la
composición débil de los suelos.

92. Argumentó que el riesgo es el resultado de la interacción entre la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos. En el caso del río Cauca, la amenaza
se representa por su comportamiento natural, inherente a su dinámica fluvial,
mientras que la vulnerabilidad depende de la exposición y las características de los
elementos en la zona, como viviendas, infraestructura y actividades económicas.

93. Cuestionó que, aunque la construcción de obras de mitigación, como jarillones o
estructuras de contención puede reducir la vulnerabilidad en su grado de
exposición, al modificar las condiciones locales del terreno, la amenaza persiste y
el riesgo se mantiene.

94. Planteó que el costo de las obras proyectadas para proteger la margen derecha
del río Cauca y contener la inundación en el sector de La Uribe (sector no habitable)
asciende a $45.217.736.093,80. Si se distribuye entre las 20 viviendas expuestas
en el sector, según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Caucasia, la
inversión por familia sería de $2.260.886.805, un valor que excede ampliamente el
costo de una vivienda típica en el país, lo que evidencia una desproporción
significativa entre el gasto proyectado y el beneficio directo para las familias
afectadas, máxime que la amenaza que representa el río Cauca con su dinámica
natural persiste.

95. Consideró que el valor determinado en líneas precedentes es elevado
considerando el contexto económico del departamento de Antioquia, con un
presupuesto limitado para atender de manera subsidiaria a 125 municipios, de los
cuales 100 son de sexta categoría.

96. Propuso la priorización del reasentamiento de las familias afectadas en el sector
de La Uribe, al presentarse como una solución más económica y eficiente, que
permite reducir el riesgo y destinar los recursos disponibles hacía acciones que
generen un impacto más amplio y equitativo en todo el departamento.

97. Resaltó que las estructuras de mitigación, a pesar de su objetivo, requieren
costos adicionales de mantenimiento y pueden fallar con el tiempo, aumentando
aún más los costos a largo plazo. Además, las intervenciones físicas suelen generar
una falsa sensación de seguridad, lo que fomenta una mayor ocupación del terreno

19

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

en zonas de alto riesgo, atrayendo más viviendas, infraestructura y actividades en
áreas previamente consideradas peligrosas y prohibidas.

98. Alegó que cualquier solución de mitigación debe integrar una gestión integral del
riesgo, que combine intervenciones físicas con planificación territorial adecuada,
educación comunitaria y estrategias de manejo de emergencias.

99. Determinó como conclusiones: i) el reasentamiento de las personas del sector La
Uribe se presenta como la alternativa mas sostenible y adecuada; ii) al realizar la
obra que se ordena en el fallo de primera instancia, no se está realizando un análisis
contable y financiero riguroso en el cual se verifique el presupuesto de cada entidad;
iii) es desproporcionado el valor de las obras propuestas versus el numero de
familias a reubicar; iv) las obras de mitigación no están de acuerdo con la dinámica
del río y su comportamiento; y v) el departamento no puede apropiar recursos para
realizar intervenciones en lugares donde no debería existir ningún tipo de
asentamiento.

El proceso de caracterización de la población que se encuentra sentada en el
sector La Uribe del municipio de Caucasia y que se encuentra en riesgo

100. Fundamentó que la orden contenida en el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la sentencia proferida en primera instancia pasó por alto que mediante oficio GR-
1520- 27-02-001 del 23 de mayo de 2024, el municipio de Caucasia ya había
presentado ante el DAGRAN la caracterización de la población que se encuentra
asentada en el sector “La Uribe” del municipio de Caucasia, indicando en detalle los
predios identificados, las personas que los habitan y la variación de las áreas. Lo
cual se aúna que dicha población se encuentra ya debidamente censada.

La estructura y promoción de un plan de vivienda subsidiado, de conformidad
con las normas que regulan la materia, para la reubicación de las familias
identificadas en alto riesgo

101. Afirmó que el término para cumplir la orden del ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia no es suficiente, porque se requiere una serie de trámites
que deben ser agotados previamente por el municipio de Caucasia.

102. Señaló que el ente territorial debe adquirir y disponer en primer lugar los predios,
inmuebles o lotes que se encuentren habilitados para el uso que se les pretende
dar, incluyendo en ellos los servicios públicos básicos, y gestionar todo lo atinente
a los estudios, diseños y construcción, así como los procesos de contratación y
trámites que les son inherentes.

103. Aclaró que en cuanto a la obligación impuesta en el párrafo segundo de dicho
numeral, de “realizar un monitoreo permanente del sector “La Uribe” con el fin de
evitar nuevos asentamientos y de tomar las medidas de emergencia que se

20

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

requieran ante una eventual creciente del río, dicha competencia corresponde de
manera exclusiva al municipio de Caucasia.

III.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

104. La Unidad, el 11 de diciembre de 202425, por medio de apoderado judicial,
expuso que la sentencia impuso a la entidad la obligación de realizar los estudios
que determinen las obras a ejecutar; sin embargo, consideró que pese a que se
trata de una función contenida en el numeral 9°. del artículo 4 del Decreto 4147 de
2011, esta no va encaminada a financiar y/o ejecutar obras en los municipios del
país, como erradamente lo interpretó el a quo.

105. Argumentó que la mencionada obligación desconoce las funciones otorgadas
por la ley en las cuales no existe una encaminada a financiar las obras que en
materia de gestión del riesgo deban ejecutar los municipios en su territorio. En
consecuencia, desconoció la autonomía de los entes territoriales dentro del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

106. Sostuvo que es la coordinadora del sistema, pero no tiene funciones operativas,
sino de coordinación y la formulación de políticas públicas de gestión del riesgo y
debe brindar orientación a los entes territoriales para el fortalecimiento de la gestión
del riesgo de desastres.

107. Señaló que, al desconocer las competencias de los entes territoriales en el
sistema y su fuente de financiación, traslada erróneamente a la UNGRD esa
obligación, al pretender que gestione la consecución de recursos para la ejecución
de las obras requeridas para mitigar el riesgo en el municipio de Caucasia.

108. Puntualizó que, en cuanto a la financiación de los procesos de gestión del
riesgo, la Ley 1523 de 2012 ordena a las entidades territoriales en su artículo 54 la
creación de un fondo territorial para financiar la ejecución de los procesos de gestión
del riesgo, esto es, conocimiento, reducción y manejo de desastres en su territorio.

109. Justificó que la autoridad del orden departamental actúa como agente del
Presidente de la República en materia de gestión del riesgo de desastres y son los
conductores del sistema en su nivel territorial y deben contar también con un fondo
que permita apoyar la ejecución de los procesos de gestión en los municipios de su
jurisdicción.

110. Señaló la inexistencia de responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres por no probarse la presunta acción u omisión alegada por
el demandante en el cumplimiento de los deberes funcionales de esta entidad
pública.

25
Cfr. índice 118 del expediente digital del Tribunal, documento denominado: “155_MemorialWeb_Recurso-
APELACIONACCIONPOP(.pdf) NroActua 118”.

21

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

111. Indicó que, según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, en
materia de gestión del riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar y
desarrollar es principalmente al municipio en cabeza de su alcalde. No obstante,
ello no indica que se deba dejar de lado que la misma Ley 1523 y el Decreto 4147,
establecieron un trabajo coordinado y armónico con las demás entidades, dentro de
las que se encuentra la UNGRD, a la cual se le asignan especiales funciones de
asesoría, orientación y apoyo a las entidades territoriales de distinto orden en
materia de gestión del riesgo.

112. Concluyó que los alcaldes municipales, en su calidad de conductores del
desarrollo local, son responsables directos, dentro de su jurisdicción, de la
implementación, el desarrollo y la ejecución de la política pública y de los procesos
de gestión del riesgo de desastres, que comprenden el conocimiento, la reducción
del riesgo y el manejo de desastres. Para ello, deben prever las partidas
presupuestales necesarias que, a través de sus fondos territoriales y del Sistema
General de Participaciones, permitan fortalecer dicha política en sus respectivos
territorios.

III.4. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA)

113. La Corporación, el 9 de diciembre de 202426, por medio de apoderado judicial,
manifestó que la sentencia impuso cargas que desbordan su competencia; en
específico, las órdenes sobre la determinación de las obras civiles a ejecutar, la
consecución de los recursos para las obras a realizar en el cauce del río Cauca en
el sector La Uribe y la estructuración de un plan de vivienda subsidiado.

114. Argumentó que la sentencia proferida en primera instancia no discriminó las
acciones o actividades a realizar de conformidad con el marco de las competencias
que establece la Ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.

115. Sostuvo que las autoridades administrativas a nivel territorial y municipal deben
comprender la importancia de desarrollar planes de ordenamiento territorial que le
permitan desarrollar planes de prevención y atención de desastres, que disminuyan
riesgos para la población. Agregó que si el municipio de Caucasia no cuenta con el
presupuesto para dar una solución integral a la problemática, debe solicitar el apoyo
de la gobernación de Antioquia y de la Nación, no de CORANTIOQUIA, porque esta
entidad no es la competente para apoyar a los municipios en esta clase de
problemáticas, toda vez que las funciones de la Corporación son subsidiarias.

26
Cfr. índice 116 del expediente digital del Tribunal, documento denominado:
“154RecepcionMemor_RECURSODEAPELACIONRA(.pdf) NroActua 116”.

22

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

116. Señaló que no es procedente que la Corporación tenga que cumplir una orden,
donde es evidente que el municipio de Caucasia con su actuar omisivo en materia
de control de asentamiento y ordenamiento territorial ha generado expectativas en
las personas que habitan zonas de alto riesgo.

117. Reiteró que, en caso tal que el municipio de Caucasia no pueda realizar
directamente el estudio por falta de presupuesto podría acudir para su
cofinanciamiento a otros entes gubernamentales como lo sería el Departamento
Administrativo de Prevención de Desastres (DAPARD), organismo de la
Gobernación de Antioquia, el cual tiene por objeto apoyar oportuna y
adecuadamente a los 125 municipios del departamento de Antioquia.

118. Argumentó que de conformidad la Ley 1523 de 2012, la Corporación ocupa un
papel subsidiario y complementario de apoyo a los entes territoriales tal como lo
señala el artículo 31 de la mencionada ley. Estimó que la orden previstas en los
numerales 2.º y 4.° de la parte resolutiva en lo referente con la elaboración de obras
y reubicación de familias, resulta lesiva a sus intereses públicos por cuanto no está
dentro de sus competencias, toda vez que conforme con el artículo 31 de la Ley
1523 de 2012, el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales es brindar
apoyo a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental y no la ejecución
como erróneamente lo impone la sentencia.

119. Determinó la necesidad de modificar las órdenes impartidas en la parte
resolutiva de la sentencia con el fin de asegurar su implementación, ordenando que
la ejecución de las obras y reubicación de familias sea realizada por el municipio de
Caucasia (Antioquia) como el responsable directo de los procesos de gestión y
reducción del riesgo, así como el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
o, en su defecto, sean cofinanciados o ejecutadas por el DAPARD, organismo que
está facultado igualmente por la ley para desarrollar este tipo de actividades.

120. Concluyó que la Corporación ha actuado dentro del marco de sus competencias
que tiene a su cargo como autoridad ambiental y como miembro del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; de allí que las órdenes se le deban
asignar a quienes corresponda, de conformidad con su rol específico.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

121. Medianteauto de 12 de octubre de 202427, el Tribunal Administrativo de
Antioquia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por las entidades demandadas.

27
Cfr. Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “3ED_AutoConcede(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2”.

23

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

122. Esta autoridad judicial, a través de auto de 10 de junio de 202528, admitió los
recursos de apelación, negó la solicitud probatoria realizada por el departamento de
Antioquia, advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar traslado para
alegar de conclusión, e informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado
para emitir concepto en la presente causa hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para emitir sentencia.

123. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

124. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201930, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

125. El demandante atribuye a las entidades demandadas la transgresión de los
derechos colectivos previstos en los literales a), l) y g) del artículo 4° de la Ley 472,
con ocasión de la problemática de erosión y movimientos de tierras causados por
la energía del caudal del río Cauca en el sector La Uribe, situación que afecta a las
personas que habitan la ribera.

126. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que
amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la seguridad y salubridad
públicas, y resolvió ordenar medidas para atender la amenaza y vulneración y de
esa manera evitar la materialización de los riesgos que se producirían de no
adoptarse las órdenes pertinentes e inmediatas.

127. Determinó que desde el mes de abril de 2022 estaba identificada la
problemática que se presentaba en el sector La Uribe del municipio de Caucasia.
No desconoce que las entidades demandadas han desplegado acciones
encaminadas a cumplir las órdenes impartidas en la medida cautelar ordenada para
proteger los derechos colectivos; sin embargo, señaló que las mismas no resultan
suficientes por cuanto no han sido ejecutadas en forma efectiva.

28
Cfr. Índice 04 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“9Autoqueadmite_AP20220019101Admiter(.pdf) NroActua 4”.
29
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
30
“Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

24

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

128. Consideró que la erosión y las inundaciones causadas por el río Cauca en la
zona afectada generan peligro en la comunidad, toda vez que existen factores de
riesgo latente, permanente y progresivos para esta. En consecuencia, indicó que se
requería la adopción de medidas necesarias para la protección de los derechos
colectivos, como ya se dispuso mediante el auto de 7 de diciembre de 2023; sin
embargo, las entidades encargadas no han ejecutado las acciones de forma
inmediata para solucionar la problemática.

129. El municipio de Caucasia, el departamento de Antioquia, la Unidad Nacional
para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, inconformes con la anterior decisión, interpusieron recursos de
apelación, los cuales concurren en los siguientes puntos: i) sobre la vulneración de
los derechos colectivos protegidos; ii) sobre la competencia y responsabilidad de
las entidades demandadas para la protección de los derechos colectivos; iii) sobre
el desconocimiento de los mecanismos legales de financiación de proyectos de
gestión del riesgo; y iv) sobre las órdenes de amparo y el término para su ejecución.

130. Para resolver lo anterior, la Sala analizará cada uno de los puntos del recurso
de apelación planteados.

V.3. Análisis del caso concreto

131. Previo a resolver el caso, es procedente referirse al recurso de queja presentado
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) contra el
auto de 7 de diciembre de 2023.

132. La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia por medio
de auto de 7 de diciembre de 202331, resolvió la adopción de medidas cautelares
urgentes tendientes a la prevención de desastres en la vereda la Uribe del municipio
de Caucasia (Antioquia) en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO. - ORDENAR MUNICIPIO DE CAUCASIA (ANTIOQUIA), UNIDAD
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE (sic)– UNGRD- y
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DE ANTIOQUIA –
DAGRAN- para que en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad consagrados en la Ley 1523 de 2012 mediante la cual se adoptó la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema
Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, para que en cumplimiento de sus
funciones, en el término máximo de dos meses se estructure un plan de contingencia y
se elabore un cronograma tendiente a establecer las actividades a desarrollar para
conjurar una eventual inundación a la que están expuestos los habitantes de la vereda
“La Uribe” del Municipio de Caucasia-Antioquia.

SEGUNDO: El Plan de emergencia y contingencia deberá socializarse con las
comunidades en riesgo y presentarse el respectivo informe con destino a este proceso

31
Cfr. Índice 2 del expediente digital del radicado 05001233300020230121901 dentro de la carpeta
002ED_05001233300020230121(.zip) NroActua 2.zip documento denominado: “0032AutoResuelvemedidaCautelar.pdf”.

25

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la notificación de esta medida
cautelar.

Lo anterior, con el acompañamiento inmediato de CORANTIOQUIA, como autoridad
ambiental encargada de proteger los derechos colectivos presuntamente vulnerados,
quien deberá presentar un informe bimensual que dé cuenta de las gestiones realizadas
y el estado del sector […]”.

133. Por medio de auto de 12 de enero de 202432, el despacho sustanciador declaró
extemporáneo el recurso de apelación presentado por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) contra el auto de 7 de diciembre de 2023,
por medio del cual se decretó la medida cautelar.

134. Mediante auto de 12 de febrero de 202433, el despacho resolvió no reponer el
auto de 12 de enero de 2024 y ordenó impartir trámite al recurso de queja
interpuesto subsidiariamente ante el Consejo de Estado.

135. Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 7 del numeral 3.° del
artículo 32334 del Código General del Proceso, según el cual en la decisión que
resuelva el recurso de apelación de la sentencia, el superior decidirá todas las
apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible, y el
hecho de que esta providencia resuelve los recursos de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia, se estima procedente pronunciarse de
manera integral sobre dicho asunto, dado que contra la decisión que resuelve la
queja no procede recurso alguno.

136. Si bien el auto que resuelve el recurso de queja es de ponente, haciendo un
análisis armónico del contenido del artículo 323 con el principio de celeridad y
economía procesal, la Sala se pronunciará frente al mismo, toda vez que dicha
norma permite que el superior decida todas las cuestiones que estuvieren
pendientes, cuando fuere posible. Ello por cuanto en esta instancia se decidirá
sobre el fondo del asunto y las órdenes de amparo para la protección de los
derechos colectivos.

137. Precisado lo anterior, sea lo primero señalar que el artículo 37 de la Ley 472 de
1998 dispone que el trámite del recurso de apelación de la sentencia se rige por el
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, mientras que el
artículo 26 únicamente admite la procedencia del recurso de apelación, sin indicar
el trámite que debe surtirse, razón por la cual es preciso aplicar el artículo 44 que
establece:

32
Cfr. Índice 2 del expediente digital del radicado 05001233300020230121901 dentro de la carpeta
002ED_05001233300020230121(.zip) NroActua 2.zip documento denominado:
“0067AutoDeclaraExtemporáneaApelación.pdf”.
33
Cfr. Índice 2 del expediente digital del radicado 05001233300020230121901 dentro de la carpeta
002ED_05001233300020230121(.zip) NroActua 2.zip documento denominado: “0081AutoNoRepone.pdf”.
34
Artículo 328. Efectos en que se concede la apelación. “[…] En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en
esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible […]”.

26

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

“[…] Artículo 44. Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se
aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso
Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no
regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de
tales acciones […]”

138. En consecuencia, el recurso de apelación contra autos que resuelven medidas
cautelares en las acciones populares tramitadas ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, se rige por el artículo 244, que dispone:

“[…] La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las
siguientes reglas: Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de
control electoral, este término será de dos (2) días […].”

139. El auto que decreta la medida cautelar no se encuentra listado en el artículo 198
de la Ley 1437; por ende, su notificación debe efectuarse de conformidad con el
artículo 201 de esa misma normativa35, según el cual, los autos que no deban
notificarse personalmente se notificaran por anotación en estado electrónico.

140. Se aclara que por medio de auto de unificación jurisprudencial de 29 de
noviembre de 202236, esta Corporación Judicial consideró que la notificación por
estado electrónico que indica el artículo 201 del CPACA es diferente a la notificación
electrónica del artículo 205 ibidem, toda vez que la notificación por estado no puede
asimilarse a una notificación electrónica.

141. Si bien, el precitado artículo 201 dispone que se enviará un mensaje de datos
al canal digital de los sujetos procesales, tal actuación se limita a comunicar a las
partes sobre la existencia de la notificación por estado, pues la providencia se
encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la página web de la autoridad
judicial.

142. De conformidad con lo anterior, se advierte que, en el caso concreto, el recurso
de apelación en contra del auto que decreto la medida cautelar se notificó por estado
el día 11 de diciembre de 2023 y, por ende, el término de 3 días para impugnar
venció el 14 de diciembre de 2023.

143. Teniendo en cuenta que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastre -UNGRD interpuso el precitado recurso el 18 de diciembre de 2023, se
considera que este fue interpuesto por fuera del término, tal como lo estimó el a
quo, razón por la que se considera que estuvo bien denegada la concesión del
recurso de apelación.

35
Modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.
36
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 29 de noviembre de 2022, Rad.
68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

27

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

V.3.1. Sobre la vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados

144. El municipio de Caucasia, en el escrito de apelación, afirmó que no existe
prueba de una “amenaza inminente” sobre un derecho o interés colectivo. Alega
que no basta que únicamente se afirme la existencia de un daño contingente y para
el caso concreto el demandante no cumplió con esa carga probatoria.

145. De conformidad con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…] [i]ncumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo 30 de la Ley 472, “[…]
[l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”, obligación de la cual solo
puede sustraerse por razones de orden económico o técnico expresamente
advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la facultad probatoria que le
asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y 30 de la Ley 472 y a la regla
general de índole probatorio.

146. Obra en el expediente el informe técnico número 160PZ-IT2303-3420 de 21 de
marzo de 202337, rendido por CORANTIOQUIA a solicitud del municipio de
Caucasia en el que se determinó:

“[…] se pudo observar la presencia de varios islotes o barras laterales debido a la
reducción drástica de la energía y del caudal del río, lo que evidencia el bajo nivel
del mismo en el sector con agradación de lecho. También es evidente la
desviación del cauce que está generando graves problemas de erosión en
diferentes zonas de la margen opuesta.

(Punto 2), se identificó de forma más cercana la manera en la cual la problemática
está afectando el área; generando socavaciones de gran magnitud y
desestabilizando los predios aledaños al cauce en el sector de la Uribe.

[…]

Analizando la situación de amenaza y riesgo por fenómenos geomorfológicos de
erosión, se estima que cualquier acción que se prenda (sic) adelantar para mitigar
o controlar los efectos de socavación y gradación (sic) del lecho debe ser
técnicamente planificada y debe obedecer a estudios técnicos hidrológicos,
geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y batimétricos entre otros que garantice
la estabilidad del cauce y del control efectivo de la erosión lateral, de igual manera
deberá contar con los permisos ambientales del caso […]”.

147. La Universidad Nacional de Colombia38 en virtud del contrato núm. 4600015340
de 30 de marzo de 2023 realizó el “Estudio, análisis de alternativas y diseño de
obras de reducción del riesgo por inundación y pérdida de terrenos en puntos
críticos de municipios del departamento de Antioquia, en el marco de la calamidad
pública decreto no.2022070005365”; el cual tenía como objetivo analizar la situación

37
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “7ED_DemandaAnexos(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2”, folios 23 a 29.
38
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0084AnexosContestación.zip”.

28

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

de inundación y pérdida de terrenos por acción fluvial del río Cauca en el sector La
Uribe, municipio de Caucasia, departamento de Antioquia.

148. El mencionado estudio abordó el problema de erosión fluvial sobre la parte
externa o cóncava de una curva formada entre los puntos la Coquera y Puerto
España en el sector mencionado.

149. Señaló que este fenómeno se produce por el impacto que genera una isla de
sedimentos ubicada en la parte interna de la curva del río, lo que altera el flujo del
agua. Esta situación se agrava debido a que los materiales que conforman la orilla
no tienen la resistencia suficiente para soportar la fuerza de la corriente. A
continuación, se muestra una imagen sobre la localización de la zona de estudio.

150. Identificó que la zona analizada en el sector de La Uribe corresponde a la
margen derecha del río Cauca, donde se presenta un proceso de erosión y
socavación a lo largo de aproximadamente 1.600 metros. Este fenómeno ha
generado la pérdida progresiva de terrenos y ha afectado seriamente varios predios,
incluyendo cultivos, viviendas, mejoras, así como un tramo de la carretera que da
acceso tanto al sector de La Uribe como al caserío de Puerto España. El problema
comienza a manifestarse pocos metros aguas abajo del puente Carlos Lleras
Restrepo, que conecta a Caucasia con Zaragoza. Las afectaciones se muestran en
la siguiente imagen:

29

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

151. En el estudio se identificaron factores naturales y antrópicos que contribuyen al
avance de la erosión. Los cuales se pueden expresar en el siguiente cuadro a
manera de resumen:

Factores Naturales Factores Antrópicos
Geomorfología del sector: planicie aluvial, Presencia de pilas del Puente Carlos Lleras
vegas de divagación, paleocanales. Restrepo que alteran el flujo.
Composición geológica del suelo (limos, Actividades de minería aguas arriba que
arenas, gravas). removilizan sedimentos del lecho.
Configuración natural del río: curvas Alteración del flujo natural por infraestructura
cóncavas e internas. (puente) y minería.
Fuerza y energía del flujo del río, Aceleración del flujo por estrechamiento del
especialmente en curvas. cauce inducido por intervenciones humanas.
Magnificación del crecimiento de la isla por
Formación natural de la isla fluvial.
perturbaciones humanas.
Propiedades mecánicas del suelo no
resisten los esfuerzos hidráulicos.
Variación del ancho del río de forma
natural en distintos puntos del tramo.

152. En el informe se indicó que en el año 2022 se reportó la agudización del
problema por parte de la administración municipal, la cual realizó acciones para
frenar el avance de la erosión del río como la redefinición del tratado de un tramo
de la carretera que conduce al caserío puerto España, desde Las Malvinas,
ampliado la separación de la orilla del río en aproximadamente 20 m y levantando
el carreteable.

30

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

153. Se realizó un registro fotográfico de los daños que ha causado el avance de la
erosión fluvial del río en los últimos meses, en el sector de La Uribe, como se
muestra en la siguiente figura:

154. La Sala destaca que, respecto del punto de cuestionamiento planteado, se
probó que la problemática se traduce, por un lado, en la inundación periódica de
terrenos por el desbordamiento del río y las consecuentes pérdidas económicas,
materiales y los daños sobre la salud pública en la planicie de la margen derecha
del río; y, por el otro, la pérdida de terrenos y bienes por la socavación y erosión del
río sobre la margen derecha.

155. En el caso concreto está probada la vulneración y amenaza de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la seguridad y salubridad pública. Está
demostrada la existencia de un riesgo real, actual y previsible, en tanto de los
informes técnicos se evidencia la situación de amenaza y riesgo que requiere de
medidas de mitigación, por cuanto se probó la presencia de problemas de erosión,
socavaciones y desestabilización de predios. Asimismo, la existencia de un riesgo
latente por la pérdida de terrenos, cultivos, viviendas, vías y mejoras.

31

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

156. Según los informes, ya se han producido socavaciones y pérdida de terrenos;
además, se ha afectado la infraestructura vial existente. También, se verificó la
pérdida de estructuras y viviendas, cultivos, mejoras y accesos, lo cual requirió la
intervención del municipio en el año 2022 con la redefinición del trazado de la vía.

157. En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el argumento del municipio
de Caucasia por cuanto está probada tanto la amenaza como la vulneración de los
derechos e intereses colectivos en el caso sub examine.

V.3.2. Sobre la competencia de las entidades demandadas en la protección de
los derechos e intereses colectivos

158. Lasentidades apelantes señalaron que el Tribunal de primera instancia
desconoció sus competencias en materia de gestión del riesgo y que el municipio
de Caucasia es quien debe cumplir con las órdenes de amparo.

159. El artículo 1.° de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 define la gestión del riesgo
como “[…] un proceso social orientado […] al conocimiento y la reducción del riesgo
y […] el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.

160. El artículo 2.° de la Ley 1523 señaló que la gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por ende, “[…]
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo […] en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.

161. El artículo 10 de la Ley 1931 de 27 de julio de 2018 39 estableció que la “[…]
articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo de desastres, se basará fundamentalmente en lo
relacionado con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo asociados a
los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales
modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio
climático. […]”.

162. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° de la Ley 1523, y en el artículo
4.° de la Ley 1931 las entidades demandadas, como miembros del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y del Sistema Nacional de Cambio
Climático (Sisclima), orientan y coordinan actividades de gestión ambiental,
ordenación del territorio, planificación del desarrollo, adaptación al cambio climático
y conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades.

39
“[…] Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático […]”.

32

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

163. En relación con la responsabilidad de los gobernadores determinada en la Ley
1523, se tiene por un lado que: i) “[…] son agentes del Presidente de la República
en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de
desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno
Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento
y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia
territorial […]”; ii) como jefes de la administración seccional respectiva, tienen el
deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del
desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión
del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás
instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y iii) están a cargo de las
competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de
los municipios que integran su departamento.

164. Y, por el otro, que los alcaldes: i) como jefes de la administración local,
representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Los
alcaldes y, en general, la administración municipal, deben integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.

165. En relación con lo anterior, se debe recordar que, de conformidad con los
artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, sobre acción urbanística, planes de
ordenamiento territorial, contenido del componente general de los planes de
ordenamiento, componentes urbano y rural del plan de ordenamiento, normas
urbanísticas y planes básicos de ordenamiento, estos planes deben contener, en
materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y
de expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario
de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención
de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística […]”.

166. Ahora bien, en relación con los entes territoriales y en los términos de los
artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de la Ley 388 de
18 de julio de 199740, por un lado, en la elaboración de los planes de ordenamiento

40
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

33

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia,
entre ellos, las relacionadas con la prevención de amenazas y riesgos naturales y,
en especial, “[…] [l]as políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

167. Por el otro, los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”.

168. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible
derivadas de la gestión del riesgo […]”, así como los programas y proyectos
prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley 1523; y ii)
“[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y
tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”.

169. Se trata de medidas que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los
riesgos existentes, sino también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de
la gestión del riesgo de desastres.

170. Ahora bien, en los términos del artículo 37 de la Ley 1523, sobre planes
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de
respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para
la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar
armonizado con el plan y estrategia nacional y deberán incorporar la gestión del
riesgo tanto en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial, en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523.

34

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

171. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos 121
de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 41 y de la Resolución
448 de 17 de julio de 201472, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.

172. En este contexto, la Sala estudiará la responsabilidad de los apelantes en la
transgresión de los derechos colectivos amparados, conforme a lo acreditado en el
plenario y teniendo en cuenta los planteamientos de cada apelación.

i) La responsabilidad del departamento y el municipio en el caso concreto

173. El departamento de Antioquia señaló que las órdenes impartidas de manera
directa al ente territorial desbordan el ámbito de competencias legal y
constitucionalmente atribuidas. Además, que no ha vulnerado o puesto en riesgo
los derechos colectivos y que las competencias del DAGRAN fueron cumplidas a
cabalidad.

174. Por su parte, el municipio en su recurso manifestó que la sentencia se refiere a
obligaciones que no le corresponden por ser un ente territorial de quinta categoría
sin capacidad económica.

175. En relación con la responsabilidad en la materia, “[…] administrativamente, son
los municipios las entidades territoriales que ostentan la responsabilidad principal y
directa en la prevención y en la atención de desastres, de allí que los alcaldes como
máximas autoridades son los encargados de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo, incluyendo su conocimiento y reducción y, el manejo de los
desastres en el área de su jurisdicción, en la forma señalada por el artículo 14 de la
Ley 1523 […]”42.

176. Para garantizar el ordenamiento seguro del territorio, los artículos 8, 9, 12, 13,
14, 15 y 16 de la Ley 388 explicaron que el municipio en el instrumento de
ordenamiento territorial define el suelo de protección no apto para la localización de
los asentamientos humanos, por estar catalogado bajo riesgo no mitigable. Además,

41
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]".
42
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 12 de julio de 2018,
C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 660012331000201000385-02(AP)

35

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

debe señalar el inventario de las zonas que presentan alto riesgo por amenazas
naturales para la localización de viviendas, así como “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres […]”.

177. En el ejercicio de la función urbanística, los municipios y distritos deben tener
en cuenta las “[…] políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”43, como normas de superior
jerarquía, en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.°
del artículo 10 de la Ley 388.

178. Los artículos 37 al 41 de la Ley 1523 señalan que las autoridades municipales
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión un plan de
gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias
en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar armonizado con el plan o esquema
de ordenamiento territorial.

179. Según los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de
200144 y la Resolución 448 de 17 de julio de 201445, los alcaldes deben: i) promover,
cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra inundaciones y regulación de cauces en coordinación con
otras entidades; ii) reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario
de asentamientos en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos en
suelo urbano, rural y de expansión urbana; y iii) evitar que áreas de riesgo no
recuperable desalojadas vuelvan a ocuparse con viviendas.

180. Aun así, el sistema jurídico de gestión del riesgo facultó a los municipios que
no están en la capacidad de asumir sus competencias, para solicitar la concurrencia
del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar el bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

181. De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, los gobernadores “[…]
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo,
lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia
las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo
de desastres en el ámbito de su competencia territorial […]”;

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de marzo de 2025, Rad.
17001-23-33-000-2023-00112-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
44
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
45
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para que los
municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos en alto
riesgo de desastres […]”.

36

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

182. Los gobernadores, al fungir como jefes de la administración seccional
respectiva, tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, e integrar la gestión del
riesgo en la planificación del desarrollo departamental. Igualmente, están a cargo
de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva
respecto de los municipios que integran su departamento.

183. El artículo 7446 de la Ley 715 reiteró el deber de apoyo financiero, técnico y
administrativo encomendado al departamento, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.

184. Frente al cumplimiento de esos mandatos legales, en el proceso se demostró
que la problemática objeto de análisis superó la capacidad de respuesta del
municipio. Del material probatorio se destaca que por oficio de 5 de octubre de
202347 el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de
Antioquia dio respuesta al radicado 2023020049356, en relación con el proceso
erosivo generado por el río Cauca en su margen derecha a la altura del sector
conocido como La Uribe, en el que indicó lo siguiente:

“[…] el día 02 septiembre de 2022 el Departamento de Antioquia, decretó la calamidad
pública por medio de Acto Administrativo con radicado N° 2022070005365 por el cual
se declara una situación de calamidad pública en el departamento de Antioquia, en
cuyo acto administrativo, se dispuso en el artículo 2 que en aplicación de lo señalado
en el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, a través del Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGRAN, se elabore y adopte el Plan de Acción
Específico para la Recuperación que incluya las actividades para el manejo de las
áreas en condición de riesgo y/o afectadas, así como gestiones tendientes a superar
situaciones asociadas a los eventos generados por la condición de lluvias, y en el
artículo 4, se establece que el seguimiento y control al Plan de Acción Específico para
la Recuperación estará a cargo del DAGRAN […]”.

185. En consecuencia, desde el año 2022, los entes territoriales tienen conocimiento
de la situación que se presenta en el sector objeto de esta acción popular. Que
incluso el 11 de abril de 2023 se suscribió el contrato mencionado en líneas
precedentes entre el DAGRAN y la Universidad Nacional de Colombia – Facultad

46
“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo
económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
competencias: (…)
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de
estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y
vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
47
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0022PronunciamientoMedida.pdf”.

37

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

de Minas sede Medellín, el cual tuvo como finalidad entre otras cosas, el análisis de
las alternativas y el diseño de obras de protección.

186. En relación con los resultados de los estudios, el 31 de enero de 202448 se
realizó la socialización de estos a la administración. Dentro de los compromisos, se
determinó que el municipio debía gestionar el proyecto ante el OCAD PAZ49 y ante
otras entidades.

187. Se realizó un análisis de los resultados de los distintos estudios
(geomorfológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de socavación). Se destacó
que la gestión del problema en La Uribe requiere de los siguientes tratamientos:

 Defender la orilla derecha del río, reduciendo el efecto de la corriente sobre
el talud a lo largo del tramo crítico de 1600 m de modo que los materiales
puedan resistir los esfuerzos cortantes del flujo, manteniendo especial
cuidado de no trasladar el problema ni inducir afectaciones sobre la margen
izquierda del río, ni sobre las estructuras de soporte del puente Carlos Lleras
Restrepo.
 Contener los niveles del río en la margen derecha hasta una elevación tal
que no sobrepase las cotas de las obras diseñadas para la zona urbana en
la margen izquierda.
 Aumentar la capacidad del cauce a la altura de la isla fluvial y barra de
sedimentos existente aguas abajo del puente y aguas abajo de Puerto
España.
 Aprovechar los paleocanales existentes sobre la margen derecha como
sistemas de drenaje natural que permitan evacuar caudales de exceso que
puedan llegar a presentarse.

188. El estudio tuvo en cuenta las necesidades planteadas por el municipio de
Caucasia, la comunidad afectada y el DAGRAN; y la propuesta de intervención se
plantea con dos enfoques:

a. Aprovechamiento de materiales de construcción disponibles para implementar
medidas temporales de mitigación.
b. Selección y diseño de obras de protección definitivas.

189. A continuación, se presenta un cuadro resumen que sintetiza los tipos de
intervención, sus objetivos, las acciones propuestas y las consideraciones técnicas
más relevantes:

48
Cfr. índice 16 del expediente digital del Tribunal, documento denominado:
032_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_2024050112412.pdf.
49
Órgano Colegiado de Administración y Decisión.

38

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

Tipo de Objetivo Alternativas / Observaciones /
Intervención Acciones Consideraciones
Propuestas
Medidas Temporales Mitigar erosión • Traslado de torre de Uso de materiales
marginal de manera energía a 7 m de la disponibles por la
urgente (muy corto orilla. Alcaldía. Protección
plazo) • Construcción de 2 de viviendas cercanas
espolones con y evitar colapso
pentápodos. estructural.
• Construcción de 2
espolones con
jumbobags.

Obras Definitivas Controlar erosión a. Revestimiento / Endurecimiento sin
fluvial en margen endurecimiento del protección
derecha (1600 m) talud: antisocavación no es
• Tablestacado y viable. Se recomienda
pilotes combinación con
• Muro en concreto espolones.
• Colchacreto
• Geoestera
• Geotubos
• Pentápodos
• Bigbags
• Geobloques
b. Batería de
espolones:
• Gaviones
• Pentápodos
• Geotubos
• Bigbags
• Geobloques
• Tubería metálica
con enrocado
Mitigar riesgo de • Realce del Se prioriza el realce
inundación de ambas carreteable + del carreteable +
márgenes jarillones (3100 m) jarillones. Paleocauce
• Pantallas en útil pero no prioritario.
concreto Jarillón tiene límite
• Jarillones con ante crecientes
geobloques / excepcionales.
geotubos
• Canal by-pass por
paleocauce
• Ampliación de
garganta en Puerto
España
• Remoción de isla
fluvial y dragado

39

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

190. Una vez identificadas las distintas alternativas de intervención para la solución
de la problemática se determinaron unos criterios para la evaluación y la selección
de las alternativas:

• Efectividad técnica: estabilidad, durabilidad y control.
• Viabilidad social: minimizar impactos negativos, mejorar calidad de vida.
• Viabilidad financiera: adecuada relación costo–beneficio.
• Viabilidad ecológica: mínima afectación al sistema fluvial.
• Sostenibilidad: mantenimiento y estabilidad a mediano y largo plazo.

191. En síntesis, la evaluación del equipo técnico de la Universidad Nacional, permite
concluir que para la defensa de la margen derecha del río ante la erosión y la
inundación se debe implementar las siguientes medidas:

1. Batería de espolones
2. Revestimiento – endurecimiento de tramos específicos de la margen derecha
3. Realce del carreteable existente y construcción de jarillones de cierre para
protección de la planicie ante la inundación
4. Aumento de la capacidad del cauce en el tramo mediante la remoción de la
isla fluvial aguas abajo del puente Carlos Lleras Restrepo y dragado del
cauce aguas abajo de Puerto España.

192.Como puede apreciarse, el departamento de Antioquia, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, valoró la magnitud de la
problemática. Concluyó que diversos factores naturales y antrópicos contribuyen a
la erosión fluvial que trae como consecuencia la presentación de inundaciones por
desbordamiento del río y específicamente, explicó que las inundaciones sobre la
margen derecha del río afectan desde pocas hectáreas hasta una vasta extensión
de tierras cultivables, ocasionando pérdidas de cultivos, bienes y enseres.

193.En relación con el sector de La Uribe, el informe indicó que:

“[…] De acuerdo con reportes de delegados del Consejo municipal de gestión del
riesgo y asociaciones de productores en el área de estudio, dentro de las zonas
afectadas en la margen derecha se encuentra la hacienda La Uribe la cual tiene
una extensión de 867 has y forma parte de un programa de fortalecimiento de
familias campesinas. Las asociaciones de productores de La Uribe expresan que
casi en su totalidad, la tierra es explotada mediante actividades agrícolas y
pecuarias, resaltando que aproximadamente el 80% del territorio se emplea para la
siembra de arroz, mientras que el 20% restante se destina a la siembra de maíz,
frutales, frijol, producción piscícola y bovina principalmente. A partir de los datos de
costos de producción y cosechas estimados con base en información levantada con
las asociaciones de productores de la zona, se establece que en momentos críticos
de inundación de la zona se ocasionan pérdidas económicas estimadas en más
$3000 millones de pesos.

Es importante destacar que si bien la inundación ocurre en ambas márgenes del
río afectando tanto al área urbana como al área rural, el alcance del presente
proyecto comprende analizar la solución sobre la margen derecha del río a lo largo

40

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

de aproximadamente 1600 m a la altura del sector de La Uribe; sin embargo, se
aborda el análisis de la problemática de manera integral con el propósito de que la
solución a proponer para el sector de La Uribe no vulnere la estabilidad de las obras
diseñadas para la protección de la zona urbana en la margen izquierda del río y
que el comportamiento del flujo no afecte a la población asentada en la zona urbana
[...]”.

194. La propuesta realizada consta de tres fases de gestión o intervención que inician
por la construcción de espolones (fase I); posteriormente, en la fase II, se señalan
los dragados pilotos de la isla y del depósito de aguas debajo de puerto España y
el revestimiento del talud con colchareto; y la fase III corresponde al realce de la
carretera.

195.Además, en el mencionado estudio se indicó que las obras de confinamiento
implican el establecimiento de una franja de contención o amortiguación entre el
borde del río y los jarillones, que debe clasificarse como franja de suelo rural en
condición de alto riesgo no mitigable y le corresponde al municipio de Caucasia la
definición e implementación de un programa de reasentamiento o adquisición
predial que corresponda para los propietarios cuyos predios queden confinados en
dicho espacio.

196. En consecuencia, para la contención de la problemática, se reconocieron los
“[…] avances que la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de
Infraestructura y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo – DAGRAN
en conjunto con otras Instituciones y actores municipales oficiales y no oficiales han
realizado previamente [...]”.

197. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201650, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de la Nación, con
el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres; lo anterior sin
perjuicio de las responsabilidades atribuibles a las personas privadas, en los
términos de la ley.

198. Se resalta que la normativa, en especial, los artículos 73, 7451 y 76 de la Ley
715, en los que se desarrolla la “Participación de Propósito General” y las

50
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
51
“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo
económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las
establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su
ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.

41

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

competencias de la Nación, departamentos y municipios en otros sectores,
establece, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que permita la
materialización del principio de coordinación52.

199.De acuerdo con lo analizado, no tienen vocación de prosperidad los argumentos
del municipio de Caucasia y del departamento de Antioquia por cuanto se reconoció
que la zona de La Uribe se ubica en la planicie de inundación y ocupa las vegas de
divagación recientes del río Cauca y lo mismo sucede con una parte del casco
urbano del municipio asentada en la margen izquierda del río. La problemática es
de conocimiento del departamento de Antioquia, al punto que este ha apoyado al
municipio en la elaboración de estudios orientados al conocimiento y gestión del
riesgo.

200.En ese orden de ideas, conforme lo expuesto, el municipio de Caucasia y el
departamento de Antioquia son competentes para adoptar medidas relacionadas
con la gestión y conocimiento del riesgo en la zona objeto de esta acción popular,
razón por la cual los argumentos de apelación no prosperan.

ii) La responsabilidad de CORANTIOQUIA en el caso concreto

201. Precisó que la sentencia impuso cargas que desbordan sus competencias,
como la realización de los estudios de condiciones hidrológicas, hidráulicas y demás
pertinentes que determinen las obras civiles a ejecutar, además de apropiar los
recursos para las obras y la estructuración de un plan de vivienda subsidiado para
la reubicación de las familias identificadas en alto riesgo.

74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de
estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y
vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”. [Subraya la Sala].
52
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera sentencia de 27 de marzo de 2025, Rad.
17001-23-33-000-2023-00112-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

42

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

202. Frenteal planteamiento, la Sala pone de presente que los principios de
gradualidad53, coordinación54, concurrencia55, subsidiariedad56, sistémico57,
autogestión58, corresponsabilidad59 y responsabilidad60 guían el funcionamiento del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional del
Cambio Climático, conforme a los artículos 209 de la Constitución Política, 6.° de la
Ley 489 de 29 de diciembre de 199861, 3.° de la Ley 1523 y 2.° de la Ley 1931 de
2018.

203. Estos principios permiten la articulación de las entidades demandadas en el
ejercicio de sus competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la
gestión del riesgo, en la conservación del entorno natural y en la adaptación al
cambio climático.

204. Concretamente, las corporaciones autónomas regionales, según los artículos
1062, 23 y 2463 de la Ley 388 de 1997 y el numeral 5° del artículo 31 de la Ley 99,
asesoran a los municipios en el ejercicio de la función urbanística respecto del
componente ambiental. En consecuencia, esas autoridades participan en los
procesos de planificación y ordenamiento del territorio.

53
“[…] La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que
se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en
el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad
que se beneficia […]”. 54
“[…] La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios
especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las
funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres […]”. 55
“[…] La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y
comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los
procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y
entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio
concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso
sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas […]”. 56
“[…] Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La
subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene
de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para
hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en
desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que
acude en ayuda de la entidad afectada […]”. 57
“[…] La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades
estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de
competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración […]”. 58
“[…] Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del
cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas. 59
“[…] Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, tienen la responsabilidad de participar en la gestión del
cambio climático según lo establecido en la presente ley […]”. 60
“[…] Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, contribuirán al cumplimiento de los compromisos asumidos
por el país en términos de cambio climático, así como a adelantar acciones en el ámbito de sus competencias que garanticen
la sostenibilidad de las generaciones futuras […]”. 61
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”. 62
“[…] ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU ORDEN DE PREVALENCIA […]”.

63
“[…] ARTÍCULO 24.- Instancias de concertación y consulta. (…) 1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la
Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o
distrito concierten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y
sustentadas en estudios […]”.

43

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

205. En virtud de los numerales 12, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99, las
corporaciones autónomas regionales, como máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción, ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; imponen
y ejecutan a prevención las medidas de policía; sancionan la transgresión de las
normas ambientales; y coordinan con las entidades territoriales la realización de
proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente y los
recursos naturales renovables.

206. Las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del SNGRD, son
corresponsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y
apoyan a las entidades territoriales en la elaboración de los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción de este, integrando dicha información a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo64.

207. En el caso concreto, mediante informe técnico núm.160PZ-IT2303-3420 la
Corporación Autónoma Regional dejó constancia de la visita realizada el 14 de
febrero de 2023 que tuvo como antecedentes las solicitudes del dragado al río
Cauca para mitigar inundaciones y la comunicación oficial interna núm. 160PZ-
COI2210-27539 del 26 de octubre de 2022 en la que se estableció la competencia
y exigibilidad de la licencia ambiental para obras que involucren el dragado o retiro
de materiales y la rectificación del cauce, entre otras.

208. De la bitácora de la visita técnica se destacan las siguientes actividades:

• Se determinaron dos puntos de control, el punto 1 correspondió a una
revisión del río Cauca tanto aguas arriba como aguas abajo desde el puente
Carlos Lleras Restrepo y el punto 2 localizado sobre la margen derecha del
río en inmediaciones de la empresa minera Conambien S.A.S.

• En el punto 1 se pudo observar la presencia de varios islotes o barras
laterales debido a la reducción drástica de la energía y del caudal del río, lo
que evidencia el bajo nivel de este en el sector con agradación de lecho.
También es evidente la desviación del cauce que está generando grandes
problemas de erosión en diferentes zonas de la margen opuesta.

• Desde el punto 2 se identificó de forma más cercana la manera en la cual la
problemática está afectando el área; generando socavaciones de gran
magnitud y desestabilizando los predios aledaños al cauce en el sector de la
Uribe.

64
Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.

44

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

• Tuvo conocimiento sobre las afectaciones en la infraestructura vial que este
problema está causando en la zona de Puerto España.

209. El informe concluye con un análisis de la situación resaltando las características
del suelo y estimando que “[…] cualquier acción que se prenda (sic) adelantar para
mitigar o controlar los efectos de socavación y agradación del lecho debe ser
técnicamente planificada y debe obedecer a estudios técnicos hidrológicos,
geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y batimétricos entre otros que garantice
la estabilidad del cauce y el control efectivo de la erosión lateral, de igual manera
deberá contar con los permisos ambientales del caso. […] Toda actividad que se
desarrolle en forma directa sobre el río Cauca requiere de un instrumento de
planificación, control y manejo ambiental […]”.

210. CORANTIOQUIA, mediante informe técnico núm. 160PZ-IT2406-4966, dejó
constancia de otra visita técnica realizada el 27 de mayo de 2024, en el que se
estableció que por medio de “[…] 160PZ-IT2009-8793, 160PZ-IT2103-3127, 160PZ-
IT2106-5639, 160PZ-IT2108-8053, 160PZ-IT2111-13515, 160PZIT2111-13544,
160PZ-IT2210-12386 la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA como miembro técnico del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres – CMGRD., desde el año 2020 ha venido haciendo
seguimiento y evaluación del proceso de socavación de orillas y perdida de terrenos
sobre la margen derecha del río Cauca, sector La Uribe, dando recomendaciones y
orientaciones con base a análisis heurísticos o de expertos […]”.

211. La visita se realizó con la finalidad de verificar el estado del sector y de
contrastar las acciones adelantadas por el municipio. Dentro de las conclusiones a
las que llegó se tiene:

“[…] La alcaldía de Caucasia se encuentra desarrollando obras de estabilización
de orillas y manejo de corriente tendiente a solucionar la problemática de
socavación y perdida de terrenos en el sector La Uribe, para lo cual ha
Desarrollado las siguientes obras:

• Construcción de Jarillón o dique de protección escalonado en megabolsa sobre
la orilla margen derecha del río Cauca, sector La Uribe. La obra lleva un avance
en un 75-80%

• Construcción de un espolón inclinado con relación al flujo en bolsacreto. La obra
muestra un avance de un 30%
• No se ha presentado el Plan de Contingencia - PC estructurado, por parte de la
Alcaldía, donde se contemple el cronograma de actividades y las obras concretas
a realizarse para cada etapa.

Las obras ejecutadas no cuentan con estudios hidrológicos e hidráulicos
respectivos al igual que no corresponden a las obras diseñadas por el
Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia – DAGRAN en el Contrato No.
4600015340 de marzo de 2023.

45

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

De conformidad con la normativa ambiental vigente Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 cualquier tipo de
obras que intervenga el cauce de una corriente natural requiere de un instrumento
de planificación, control y manejo ambiental, con base en las características
técnicas de las obras, su localización georeferenciada y los posibles impactos
ambientales que las mismas pudieren ocasionar, con base en los estudios
hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, batimétricos y geotécnicos.

La Alcaldía de Caucasia a la fecha no ha iniciado ningún trámite ante
CORANTIOQUIA tendiente a obtener el instrumento de planificación, control y
manejo ambiental para las obras […]”.

212. Del material probatorio supra, la Sala concluye que la corporación autónoma
regional realizó visitas técnicas en las que evaluó los riesgos existentes en la zona
objeto de esta acción popular. Además, verificó el estado de avance de las obras
para la mitigación y control de la erosión en el sector de La Uribe.

213. En consecuencia, efectuó recomendaciones y resaltó que las obras no cuentan
con estudios y no corresponden a las diseñadas por el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia en el contrato 4600015340 de
marzo de 2023.

214. Aun así, conforme con el marco normativo expuesto en el anterior acápite y al
criterio jurisprudencial adoptado desde la sentencia de 28 de noviembre de 2019 65,
se precisa que los alcaldes y los gobernadores son los principales responsables de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en sus respectivos
territorios, labor que acompañan las corporaciones autónomas regionales, entre
otras autoridades, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva.

215. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el argumento de apelación de
la autoridad ambiental, conforme a la cual considera que en la sentencia proferida
en primera instancia no se observó las competencias especificas relacionadas con
el papel subsidiario y complementario de apoyo a los entes territoriales, por cuanto,
la realidad es que, ante la magnitud de la problemática, y en el contexto de sus
competencias propias, concurrentes y complementarias, es necesario que la
autoridad ambiental continúe efectuando el acompañamiento respectivo.

216. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta el marco normativo de
competencia de los municipios y departamentos en torno a la ordenación del
territorio, el conocimiento y la gestión del riesgo en su jurisdicción, así como sus
competencias en materia de atención de desastres, lo que implica la integración en
la planificación del desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias, la Sala
considera que son estas entidades y no la autoridad ambiental las competentes para

65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación núm. 130012333000201500052-
02. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

46

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

la estructuración de un plan de vivienda subsidiado para la reubicación de las
familias identificadas en alto riesgo, en caso de que a ello hubiere lugar.

217. En ese orden de ideas, la Sala accederá a la solicitud presentada por
CORANTIOQUIA, en el sentido de clarificar que la estructuración del plan de
vivienda subsidiado para la reubicación de las familias identificadas en alto riesgo,
en caso de que a ello hubiere lugar, corresponde al Municipio y al departamento de
Antioquia.

iii) La responsabilidad de la UNGRD, en el caso concreto

218. La UNGRD explicó que no gestiona recursos para la implementación de
proyectos de gestión del riesgo o para la ejecución de obras. Mencionó que la Ley
1523 de 2012 asignó aquellas obligaciones a las entidades territoriales y a las
corporaciones autónomas regionales, mientras que la Ley 715 de 2001 determinó
que los municipios se encargan directamente de atender los asuntos
medioambientales y de prevenir y gestionar los desastres con recursos propios o
del Sistema General de Participaciones.

219. Valga precisar que, según las competencias previstas en el artículo 18 de la
Ley 1523 de 2012, y en los numerales 2.°, 3.°, 6.°, 8.° y 9.° del artículo 4.º66 del
Decreto Ley 4147 de 201167, la UNGRD además de coordinar el SNGRD, apoya a
las entidades territoriales en la formulación e implementación de sus planes de
gestión del riesgo, propone y articula proyectos, y gestiona recursos con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

220. En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la gestión del
riesgo es principalmente responsabilidad del municipio, pero si el ente territorial no
puede cumplir con esta tarea, podrá solicitar ayuda de la UNGRD, siguiendo los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

221. En el proceso se demostró que por medio de oficio núm. 2022EE06776 de 8 de
junio de 202268 la Unidad dio respuesta al radicado núm. 2022ER05832,
relacionado con la aclaración de la revisión de la documentación, asistencia técnica

66
Artículo 18.
67
La norma prevé las siguientes funciones: “[…] 1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y
territorial.
2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres,
y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD.
3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD y actualizar el
marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD.
(…) 6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo
de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales.
(…) 8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD.
(…) 9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país. […]” (Negrilla fuera de texto).
68
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, carpeta denominada: “2ED_05001233300020230121(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, documento denominado: “0023ContestacionUnidadRiesgo.pdf”.

47

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

y solicitud de ajustes del proyecto “[…] Mitigación del riesgo por erosión en la
margen derecha del Río Cauca sector Puente Carlos Lleras Restrepo y 2 kilómetros
aguas abajo (finca La Uribe), en el departamento de Antioquia, municipio de
Caucasia […]”.

222. El documento indicó la aplicación de los instrumentos dispuestos en la Ley 1523
de 2012 y el cumplimiento de los requerimientos de la “Guía para la Formulación de
Proyectos de Intervención Correctiva”. Aclaró que “[…] una vez hechos los ajustes
requeridos, en caso de ser viabilizado técnicamente, su aprobación está sujeta a la
disponibilidad de recursos y priorización por parte del Fondo Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres […]”.

223. En relación con el proyecto, la unidad determinó que la problemática es la
siguiente: “[…] proceso de erosión activo en la margen derecha del río Cauca, que
impacta en el el Municipio de Caucasia (Ant) en 2 Kilómetros aguas abajo desde la
base del puente Carlos Lleras Restrepo a la altura del barrio Dromedario o sector
Malvinas, hasta el sector parcelas la Uribe y Paraguay, con amenaza de colapso
marginal por ruptura, con afectación a vidas humanas, infraestructura urbana,
pérdidas económicas irreparables y daños materiales gigantes a las propiedades de
los agricultores (Sector la Uribe, Paraguay, Malvinas, dromedario, villa gloria, villa
Suarez), además de la zona ganadera y desarrollo económico de la región y el país,
por ser un centro principal de abastecimiento en el Municipio de Caucasia Antioquia
[...]”.

224. Dejó consignadas las siguientes observaciones:

48

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

225. Dentro de las pruebas recaudadas, el municipio indicó como proyecto
adelantado y ejecutado el denominado CUM-217-2023: contrato para la
construcción, transporte y disposición de pentápodos sobre la margen derecha de
la ribera del río Cauca, sector La Uribe en el municipio de Caucasia, y el Decreto
223 de 19 de septiembre de 2023 “Por medio del cual se prioriza, aprueba y designa
la entidad ejecutora del proyecto de inversión “construcción de obras de mitigación
mediante el suministro e instalación de bolsa big bag para estabilización de taludes
en el margen derecho del río Cauca en el municipio de Caucasia, Antioquia – BPIN
2023051540007”.

226. Como proyecto pendiente de gestionar, determinó el realizado en el contrato
núm. 4600015340 de marzo de 2023 entre el DAGRAN y la Universidad Nacional
con el objeto de realizar “Estudios, análisis de alternativas y diseños de obras de
reducción del riesgo para el control de inundaciones y pérdida de terrenos en puntos
críticos de municipios del departamento de Antioquia, en el marco de la calamidad
pública decreto No. 2022070005365”. El presupuesto final de la obra es $45.
461.729.123,41.

227. Tal como se evidenció, el proyecto mencionado fue puesto en conocimiento de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, registrado el día 21 de
junio de 2024, como consta en el sistema de seguimiento de correspondencia así:

228. La Circular 019 de 10 de abril de 2017 expedida por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres sobre el cumplimiento de las competencias de los
entes territoriales en gestión del riesgo de desastres, determinó que cuando una
situación de riesgo supera la capacidad local, teniendo en cuenta que el SNGRD se
fundamenta, entre otros, bajo los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad (numerales 12, 13 y 14 del artículo 3º de la Ley 1523), el municipio
puede solicitar apoyo a los niveles departamental y nacional, al tenor de lo dispuesto
en el parágrafo 2º del Artículo 47 de la Ley 1523, que señala "[...] EI FNGRD
desarrollará sus funciones y operaciones de manera subsidiaria o complementaria,
bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad
[…]”.

49

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

229. En el caso concreto, está probado que el Municipio acudió a la Unidad para
requerir su apoyo en la mitigación de la situación de erosión e inundación objeto de
esta acción popular.

230. De acuerdo con el marco normativo aplicable y el material probatorio obrante
en el expediente, se concluye que la gestión del riesgo de desastres recae, de
manera principal, en los municipios, en cabeza de sus alcaldes, tal como lo
establece la Ley 1523. Sin embargo, dicha obligación no se cumple de forma
aislada, sino en articulación con los demás niveles del Estado, bajo los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.

231. En este sentido, si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) sí cumple un papel fundamental de apoyo técnico, articulación
interinstitucional y gestión de recursos a nivel nacional e internacional, siempre que
se cumplan las condiciones de viabilidad técnica y priorización del gasto, como
quedó demostrado en su actuación frente al proyecto de mitigación de la erosión en
el sector La Uribe del municipio de Caucasia.

232. Adicionalmente, se comprobó que tanto el municipio como el departamento de
Antioquia, por intermedio del DAGRAN, han adelantado acciones concretas para
atender la problemática, entre ellas la ejecución de obras de contención y la
contratación de estudios técnicos para futuros proyectos. No obstante, persisten
riesgos significativos en el territorio que superan las capacidades locales, lo cual
habilita la intervención complementaria de la UNGRD y el acceso a recursos del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a los lineamientos
de la Circular 019 de 2017 y lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 47 de la Ley
1523.

233. En consecuencia, se reitera que la atención a fenómenos de erosión y
socavación en zonas críticas exige una acción articulada entre las autoridades
municipales, departamentales y nacionales, donde el municipio conserve su rol
central, pero con el respaldo subsidiario de instancias superiores cuando se superen
sus capacidades técnicas, financieras o institucionales.

234. Por lo tanto, la Sala considera que los planteamientos de la entidad apelante no
tienen vocación de prosperidad.

235. Según el artículo 15 de la ley 1523 la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres es instancia de orientación y coordinación, cuyo propósito es
optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y
comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. Por ende, le
corresponderá acompañar a la administración del municipio de Caucasia en
formulación y promoción del plan de vivienda ante las entidades nacionales
competentes en la materia hasta lograr su materialización.

50

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

V.3.3. El desconocimiento de los mecanismos legales de financiación de
proyectos de gestión de riesgo

236. La UNGRD insistió que el juez de la primera instancia no tuvo en cuenta que el
municipio puede usar el Fondo Territorial, entre otros mecanismos creados para
financiar los proyectos de gestión del riesgo de desastres.

237. En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los artículos 47 y
54 de la Ley 1523 ordenaron la creación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos objetivos generales,
de interés público, son “[…] la negociación, obtención, recaudo, administración,
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los
recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política
de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres […]”.

238. En los términos del parágrafo 2 del artículo 47, el precitado Fondo Nacional
“[…] desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o
complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad […]”. Igualmente, “[…] [l]as administraciones
departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar
sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

239. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley 1523
estableció que las “[…] entidades del orden nacional, regional, departamental,
distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán […] las partidas
presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le
competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres […]”.

240. En el recurso de apelación de la Unidad se planteó que la potestad de
asignación de recursos de cooperación internacional es exclusiva y potestativa de
los actores internacionales y sus prioridades no son procesos unilaterales de los
países, organismos cooperantes ni del gobierno, toda vez que la concertación y
manifestación de intereses se realiza como un acuerdo entre Estados por medio del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

241. En relación con lo anterior, para la Sala, el apoyo se extiende al componente
financiero, independientemente de la existencia de los fondos territoriales, cuando
los recursos allí previstos no son suficientes para atender las problemáticas.
Asimismo, la Sala pone de presente que la existencia del mencionado fondo no

51

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

depende de los de cooperación internacional. De manera que no se comparten los
reparos de la UNGRD analizados.

242.De esta manera, se resalta que, aunque el municipio sea el principal
responsable de la gestión del riesgo de desastres en su territorio, en los eventos en
que no esté en capacidad de asumir la respectiva competencia, podrá solicitar la
concurrencia del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

V.3.4. En relación con las órdenes de amparo y el término para su
cumplimiento

243. Conforme a las consideraciones expuestas en el acápite competencia de las
entidades demandadas, se modificarán los ordinales segundo, tercero y cuarto de
la parte resolutiva de la sentencia de 3 de diciembre de 2024, para precisar las
acciones de amparo que cumplirán las entidades responsables de la transgresión
de los derechos colectivos. Asimismo, se modificará el ordinal quinto, con el
propósito de establecer la integración del comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472.

244. De las pruebas aportadas al proceso, la Secretaría de Planeación Municipal de
Caucasia – Antioquia determinó que “[…] el predio ubicado en la margen derecha
del río Cauca en el barrio: Las Malvinas sector parcelas de la Uribe; Según el plan
de ordenamiento territorial del municipio de Caucasia y aprobado por el honorable
concejo municipal mediante acuerdo 019 de 2015 […]”, está catalogado como una
zona de riesgo no mitigable por inundación.

245. Adicionalmente en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del
municipio de Caucasia se determinó que, en las parcelas de La Uribe “[…] los
terrenos presentan baja cobertura vegetal que los hace vulnerables ante el cauce
del río que toma gran velocidad y socava con facilidad los taludes […]”. Se
identificaron como actores significativos en la condición de amenaza:

• Propietarios de viviendas y lotes localizados en ambos lados del río Cauca,
principalmente en el sector de las parcelas de La Uribe, zona urbana.

• El municipio de Caucasia permisible, sin medidas de control que además no tiene
los recursos suficientes, con baja capacidad de gestión de proyectos de
infraestructuras que mitiguen o reduzcan el riesgo de erosión pluvial.

• Autoridades ambientales.

52

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

246. Se resalta que, según informó el departamento, en segunda instancia, por
medio del contrato interadministrativo núm. 460001810169 celebrado entre el
departamento de Antioquia – Departamento Administrativo del Riesgo de Desastres
de Antioquia (DAGRAN) y la Universidad Nacional de Colombia, se determinó como
objeto la actualización de los estudios y diseños de obras para la reducción del
riesgo en un tramo del río Cauca en el municipio de Caucasia.

247. Asimismo, que resultaba necesaria “[…] la actualización integral del estudio y
diseño de obras de protección para un tramo del río Cauca. Esta actualización
deberá contemplar ambas márgenes del río, toda vez que las intervenciones en la
margen derecha pueden modificar la dinámica hidráulica y geomorfológica,
generando potenciales afectaciones sobre la margen izquierda, incluida la
posibilidad de inundaciones en el casco urbano de Caucasia. Este proceso
involucra análisis detallados en diversas disciplinas, tales como topografía,
geología, hidrología, hidráulica, geotecnia, ingeniería estructural, y la elaboración
de presupuestos y costos de obra. El objetivo es garantizar que las soluciones
propuestas sean eficientes, eficaces, duraderas, socialmente impactantes y
ambientalmente sostenibles […]” (Negrillas fuera del texto original).

248. La mencionada actualización incluye el diseño de las obras; en ese punto, se
señaló que, una vez: “[…] seleccionada la configuración más costo eficiente para
la mitigación del riesgo de erosión en la margen derecha en El sector La Uribe e
inundación en la margen izquierda del río, se procederá а la actualización de los
análisis de estabilidad, actualización de planos, especificaciones técnicas obras,
materiales y construcción, precios unitarios, cantidades y presupuestos planteando
la realización de las obras por etapas que faciliten su ejecución progresiva en la
medida en que se pueda acceder a los recursos […]”. (Destacado fuera del texto
original)

249. Además, que en el contrato se determinó que se elaborará un documento
técnico para el trámite del permiso de ocupación de cauces como actividad previa
a la construcción de las obras. El acta de inicio del contrato tiene fecha de 26 de
junio de 2025 y fecha de terminación de 10 de septiembre de la misma anualidad.

250. Ahora bien, en relación con la orden de caracterización, se resalta que los
municipios fueron instituidos en los artículos 311 y 313 de la Constitución Política
como la entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado, a la
cual corresponde ordenar el desarrollo de su jurisdicción, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y a los concejos
municipales como los encargados de reglamentar el uso del suelo.

69
Cfr. índice 15 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “30_MemorialWeb_Otro-
CONTRATOINTERADMINI(.pdf) NroActua 15”.

53

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

251. Un primer referente en materia de gestión del riesgo es la Ley 9 de 11 de enero
de 198970 que establece, dentro de los planes de desarrollo municipal, la reserva
de tierras para la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de
alto riesgo y la posibilidad de expropiación de tierras con esa finalidad, para lo cual,
los alcaldes deben levantar un inventario sobre los asentamientos que se
encuentren en alto riesgo, y tomar las medidas de precaución y de reubicación.

252. La Ley 388 de 18 de julio de 199771 complementó el anterior mandato y dentro
de sus objetivos señaló mecanismos para promover el ordenamiento del territorio
en los municipios, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y la prevención de desastres en asentamientos de alto
riesgo.

253. A su vez, el literal “d” del artículo 10 de la Ley 388 prevé la necesidad de que
los municipios establezcan dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial
políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales, en especial, en lo que a la zona urbana y su expansión se refiere.

254. La Ley 715 de 2001 reiteró la responsabilidad de los municipios con respecto a
la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:

“[…] Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones
u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en
especial ejercer las siguientes competencias: […]

255. La Ley 1523 asigna a la administración distrital y municipal, dentro del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la directa e inmediata responsabilidad
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el manejo de los
desastres, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área
de su jurisdicción. Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital,
deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública […]” (Destacado fuera de texto).

70
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
71
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones [...]”.

54

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

256. Administrativamente, son los municipios las entidades territoriales que tienen la
responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de desastres,
de allí que los alcaldes como máximas autoridades son los encargados de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo su conocimiento
y reducción y el manejo de los desastres en el área de su jurisdicción, en la forma
señalada por el artículo 14 de la Ley 1523.

257. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se modificarán los ordinales
segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el entendido que las
entidades demandadas en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias deberán actualizar los estudios y diseños de obras para la
reducción del riesgo y la atención a los procesos de erosión, socavación,
inestabilidad e inundaciones provocadas por la energía del caudal del río Cauca en
el sector La Uribe en el municipio de Caucasia – Antioquia y de esta manera evitar
la afectación a la población asentada en la zona.

258. La mencionada actualización debe tener en cuenta el criterio costo-eficiencia
al momento de determinar las obras a realizar en los términos del contrato
interadministrativo que se haya suscrito para el efecto, y el término de su realización
no debe superar los 3 meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

259. A partir de los resultados obtenidos se definirá, por un lado, la necesidad de
realizar obras de mitigación; y por el otro, la necesidad de reubicación de los
asentamientos o la determinación de ambas situaciones, en los términos de esta
sentencia.

V.4 En relación con el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

260. Para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, se modificará el
ordinal quinto de la sentencia de primera instancia a efectos de precisar que el
comité de verificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472 será integrado y presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia; el actor popular; un delegado y/o representante del
municipio de Caucasia – Antioquia; un delegado y/o representante del
Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo para la Gestión del
Riesgo y Prevención de Desastres de Antioquia (DAGRAN); un delegado y/o
representante de CORANTIOQUIA; un delegado y/o representante de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) y por el Ministerio
Público.

261. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

55

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

262. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 201972, no se condenará en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado judicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) contra el auto de 7 de diciembre de 2023, mediante el cual la Sala Tercera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió sobre la adopción de
medidas cautelares urgentes tendientes a la prevención de desastres en la vereda
La Uribe del municipio de Caucasia (Antioquia), conforme lo consideró el a quo en
proveído de 12 de enero de 2024.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto, de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2024 por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán integrados en la
siguiente orden:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Caucasia-Antioquia, a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastre-UNGRD, al Departamento de Antioquia-
Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de
Antioquia DAGRAN y CORANTIOQUIA que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias:

1. Actualizar el estudio técnico relacionado con la problemática de erosión e
inundación en el sector de La Uribe, dando aplicación al criterio de costo-eficiencia en
la determinación de las obras a ejecutar, en los términos del contrato
interadministrativo núm. 4600018101. Esta actualización deberá realizarse en un
término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia.

2. Con base en los resultados de dicha actualización, se deberá establecer:

• Si es procedente ejecutar obras de mitigación del riesgo;
• Si es necesaria la reubicación de los asentamientos humanos existentes en el
área;
• O si resulta pertinente la adopción de ambas medidas.

72
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

56

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

3. En caso de que se determine que el riesgo es mitigable y se ordene la ejecución
de obras, se deberá cumplir el siguiente procedimiento:

a.Consecución de los recursos por parte de la entidad responsable y gestión de la
colaboración de las demás entidades vinculadas al proceso, para lo cual se fija un
término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia. En todo
caso, se deberán adoptar las medidas de urgencia que resulten necesarias frente
a eventos de riesgo o inundación que llegaren a presentarse.

b.Inicio de trámites contractuales para la selección del contratista encargado de la
ejecución de la obra, dentro del término de tres (3) meses siguientes a la obtención
de los recursos.

c.Inicio de las obras dentro de los tres (3) meses siguientes a la culminación del
proceso contractual.

4. En caso de que el riesgo no sea mitigable y se determine la necesidad de reubicar
a la población asentada en el sector de La Uribe, se deberá observar el siguiente
procedimiento:

4.1.El municipio de Caucasia deberá realizar la caracterización de la población
asentada en la zona de riesgo por erosión e inundaciones, en un término de dos (2)
meses contados a partir de la fecha de entrega de la actualización del estudio técnico.

4.2.De manera concomitante, el municipio de Caucasia, en coordinación con el
departamento de Antioquia, deberá estructurar y promover ante las autoridades
nacionales competentes un plan de vivienda subsidiado para la reubicación de las
familias identificadas, conforme a la normativa vigente en la materia. Se deberá
ofrecer una solución habitacional por cada vivienda identificada, sin importar el
número de núcleos familiares que la habiten. El término para ejecutar dicho plan será
de hasta dos (2) vigencias fiscales, contadas a partir de la ejecutoria de esta
sentencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conforme a
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, deberá acompañar al
municipio de Caucasia en la formulación, promoción y gestión del plan de vivienda
ante las entidades nacionales competentes, hasta lograr su efectiva materialización.

La administración municipal deberá adoptar las medidas necesarias para incluir las
obligaciones aquí impuestas en sus proyectos institucionales y presupuestales,
correspondientes a las dos (2) vigencias fiscales siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

En caso de que alguna de las familias objeto del plan no acepte la solución
habitacional ofrecida, se deberá proceder a su desalojo conforme a la normatividad
de policía vigente.

Mientras se adelantan las medidas antes descritas, el municipio de Caucasia deberá
realizar monitoreo permanente en el sector de La Uribe, con el fin de prevenir nuevos
asentamientos irregulares y adoptar medidas de emergencia ante eventuales
crecientes del río, incluyendo la reubicación temporal de las familias que, según la
caracterización, se encuentren en situación de alto riesgo.

En todo caso, las entidades demandadas en el marco de sus competencias deben
adoptar las medidas urgentes necesarias para atender cualquier situación de riesgo

57

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

o evento de inundación que se presente en el sector La Uribe, derivada del proceso
de erosión en la margen derecha del río Cauca […]”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 3 de diciembre de 2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el cual quedará así:

“[…] QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, el cual será integrado y presidido por el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo de Antioquia, el actor popular, un delegado y/o representante
del municipio de Caucasia – Antioquia; un delegado y/o representante del
Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo
y Prevención de Desastres de Antioquia (DAGRAN); un delegado y/o representante de
CORANTIOQUIA; un delegado y/o representante de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) y por el Ministerio Público.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes
de la sentencia […]”.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 3 de diciembre de
2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: DEVOLVER al Tribunal de origen el expediente del proceso de la
referencia y el expediente identificado con número único de radicación
05001233300020230121901, dejando las anotaciones de ley, de conformidad con
las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

58

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-01219-02
Demandante: Onaldo Córdoba Coronado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.