Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00109-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00109-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00109-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de enero de 2025
Demandante: Uriel Alexander Tobón Tobón
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00109-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00109-01
Demandante: Uriel Alexander Tobón Tobón
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Tema: confirma la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 12 de febrero de 2024, por medio de la cual la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción
de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Uriel
Alexander Tobón Tobón demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil –en
adelante CNSC– y al Servicio Nacional de Aprendizaje, por el presunto
incumplimiento de la circular externa 0011 de 2021 de la CNSC. En el escrito, se
formularon las siguientes pretensiones:
Declarar que el SENA y la CNSC han incumplido, la siguiente norma:
PRIMERO: CIRCULAR EXTERNA No 0011 de 2021 emitida por la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC, que dispuso los criterios relacionados al
reporte de vacantes definitivas, teniéndose como incumplido lo señalado a
continuación:
1. En ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del artículo 11 de la
Ley 909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015, el cual determina que “Los jefes de personal o quienes
hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera
y especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca”, procede
a impartir los siguientes lineamientos, sobre el particular:
1
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Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de
la vacante definitiva en un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su
reporte en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en
adelante SIMO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la
novedad, y el procedimiento a realizar en el aplicativo dependerá de la existencia o
no de listas de elegibles vigentes, esto para determinar si la provisión del empleo se
efectúa a través de uso de listas de elegibles o proceso de selección de ascenso o
abierto, según corresponda.
2. Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad,
o quien haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de
la OPEC y su omisión constituye una violación a las normas de carrera
administrativa que podrá ser sancionada por la CNSC, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.
3. Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad,
o quien haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de
la OPEC y su omisión constituye una violación a las normas de carrera
administrativa que podrá ser sancionada por la CNSC, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.
4. Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos
las siguientes:
1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “Instrucciones
para la aplicación del Criterio Unificado “Uso de Listas de Elegibles en el contexto
de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con
listas de elegibles vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “Instrucciones
para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC- en procesos
de Selección Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.
4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo
aplicativo SIMO.”
Y se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles,
los empleos equivalentes con la denominación de Instructor código 3010, grado 1,
del área temática de gestión logística, que hayan sido declarados en vacancia
definitiva en virtud de alguna de las causales de retiro del servicio; o aquellos que
posterior a la fecha de la convocatoria No 436 de 2017, fueron declarados en
vacancia definitiva y que al momento de la apertura de dicha convocatoria estaban
provistos con personal en Provisionalidad o en encargo; o aquellos cargos para los
causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
Lo anterior con estricto apego a los parámetros consignados en el artículo
2.2.11.2.3. Del Decreto 1083 de 2015 y a la CIRCULAR EXTERNA No 0011 de
2021. […] [1]
1
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción del accionante.
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2. Hechos
2.1. La CNSC expidió el Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017
(convocatoria 436 de 2017). Dicho acto administrativo llamó al concurso de
méritos para proveer cargos de carrera administrativa en el SENA.
2.2. El demandante se inscribió en el empleo con código «OPEC No 60295 »2;
quedó clasificado en la posición «2» de la lista de elegibles, para el cargo de
instructor, código 3010, grado 1. Según indicó, de lo anterior, da cuenta la
Resolución «CNSC20182120192585 del 24 de diciembre de 2018»3.
2.3. El 27 de junio de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1960 de
2019. En el artículo 6.° se dispuso que la CNSC elaboraría en estricto orden de
mérito la lista de elegibles con el fin de proveer las vacantes para las cuales se
efectúo el concurso y las plazas definitivas equivalentes no convocadas que
surgieran después de la convocatoria.
2.4. La CNSC emitió el «CRITERIO UNIFICADO “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN
EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019 », en donde informó sobre
la obligatoriedad de usar la lista de elegibles con los cargos no ofertados
posteriores a la entrada en vigencia de la citada norma.
2.5. El demandante indicó que las accionadas no usaron la lista de elegibles,
conforme la Ley 1960 de 2019 y, que existen vacantes similares a las plazas de
instructor, código 3010, grado 1. Manifiesta que, la firmeza de la lista de elegibles
venció el 14 de enero de 2021, sin que se le haya dado la posibilidad de su uso y
agrega que aún vencidas no es problema para que la nombren ya que las
vacantes se dieron antes, porque no es una potestad de las entidades hacer o no
hacer uso de lista de elegibles si no un deber legal.
2.6. Mencionó que el 24 de noviembre de 2021, la CNSC profirió la circular externa
0011 con el asunto «Reporte de vacantes definitivas de empleos de carrera
administrativa en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
(SIMO)», en la que señaló que las entidades que se encuentren en una de las
circunstancias previstas en los artículos 2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083
de 2015, que den lugar a la generación de la vacante definitiva en un empleo de
carrera administrativa, deben realizar el reporte en el sistema –SIMO– dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad; así mismo, dejó
sin efectos las circulares externas 001, 0006, 0012 y 0019 de 2020.
2 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
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Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
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Sostuvo que ninguna de las entidades ha cumplido con lo establecido en la
circular 0011 de 2021, lo que pone en riesgo el sistema de mérito en el empleo
público, comoquiera que existen vacantes definitivas de los años 2021 a 2023 que
no cumplen con los tiempos definidos para el reporte, el cual debió darse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad, y sin que se
provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles. Por
tanto, en noviembre de 2023, el demandante requirió a las demandadas el
obedecimiento de la circular mencionada.
3. Admisión de la demanda
En auto de 26 de enero de 2024, el ponente del Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda y ordenó la notificación de lo decidido al actor, a la
CNSC, al SENA y al Ministerio Público. Posteriormente, tuvo como pruebas los
documentos aportados por los sujetos procesales.
4. Informes
4.1. El SENA solicitó que se declarara la improcedencia por cuanto existen otros
medios judiciales de defensa. Manifestó que, mediante la Resolución CNSC-
20182120192585 del 24 de diciembre de 2018, confirmó como elegibles una
vacante de empleo de carrera administrativa identificado con el código OPEC
60295, encontrándose entre ellos la accionante en el puesto dos, pero no es la
oferente del primer puesto porque no alcanzó la posición meritoria para ser
vinculada a la entidad.
Asimismo, que se han cumplido con los lineamientos emitidos por la CNSC para el
reporte y provisión de las vacantes surgidas con posterioridad al concurso y que
siguió los criterios unificados del 16 de enero de 2020 y 22 de septiembre de 2020.
Alegó que la única vacante ofertada fue provista con el nombramiento del elegible
que ocupó la mejor posición meritoria de la lista y no existe cargo equivalente.
4.2. La CNSC se opuso a la prosperidad de la demanda. Recapituló el
procedimiento administrativo que culminó con la lista de elegibles e indicó que el
acto administrativo que la contiene no se encuentra vigente. Sostuvo que el
proceso de selección identificó cada empleo con un número de OPEC, pero que la
actora no ocupó un lugar meritorio. En consecuencia, solicitó decidir
desfavorablemente la acción de cumplimiento.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 12 de febrero de 2024, la Sala Primera Oral del Tribunal Administrativo
de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento. Lo anterior, al concluir
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que lo pretendido por el actor es que se designe en un cargo para el cual no tiene
derechos de carrera, lo cual no es posible, pues, por un lado, la acción de
cumplimiento no es el mecanismo adecuado para ello y, por el otro, la lista de
elegibles en la cual se encontraba el señor Uriel Alexander Tobón venció desde el
año 2021.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia4, señaló que la
circular 0011 de 2021 sí ha tenido efectos jurídicos por tanto es un acto
administrativo pasible de ser exigido por esta vía judicial, máxime que contiene
una orden imperativa y exigible, como la que pretende. En suma, a su juicio, la
decisión de primera instancia no es proporcionada y no tuvo en cuenta todos los
argumentos jurídicos en que se sustentó la demanda de cumplimiento.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
12 de febrero de 2024 de la Sala Primera Oral del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
12 de febrero de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento de la circular externa 0011
de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
4 El reparto del asunto en segunda instancia se realizó por la Secretaría General de esta Corporación hasta el
15 de enero de 2025, tal y como se explicó en el informe que obra en el índice 4 de SAMAI.
5
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¿De superar lo anterior, la disposición invocada contiene un mandato imperativo,
expreso e inobjetable que deba cumplir la autoridad demandada?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
6
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concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo6.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP.
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
7
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3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»9.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado10.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados;12 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
11 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
8
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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional13.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este14 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta Sección16 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
13 Sentencia antes citada.
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
9
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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[17] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»18.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda elementos
probatorios que dan cuenta que en noviembre de 2023 solicitó a las demandadas
el obedecimiento de la circular externa 0011 de 2021 emitida por la CNSC, que
dispuso los criterios relacionados al reporte de vacantes definitivas en cuanto a la
convocatoria y cargo en que participó el actor.
A su turno, la CNSC informó al actor las vacantes que reportó en el sistema SIMO
en atención a lo ordenado en la circular invocada. Por su parte, no obra respuesta
del SENA.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda vez
17 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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que no hay respuesta del SENA y la emitida por el CNSC resulta contraria al
querer del ciudadano.
3.4. Norma que se pide cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición incumplida el contenido de la circular externa 011 de 2021, proferida
por la CNSC, que establece lo siguiente:
CIRCULAR EXTERNA № 0011 DE 2021
PARA: Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de las entidades del
Sistema General de Carrera Administrativa y, de los Sistemas Específicos y
Especiales de Creación Legal.
ASUNTO: Reporte de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el Sistema
de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO)
La CNSC con el propósito de proteger el sistema de mérito en el empleo público, y garantizar
la adecuada aplicación de los criterios expedidos en lo relacionado al reporte de vacantes
definitivas, en ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del artículo 11 de la Ley
909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de
2015, el cual determina que “Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las
entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de origen
legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos
vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca”, procede a impartir los siguientes lineamientos, sobre el particular:
Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la vacante
definitiva en un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su reporte en el Sistema
de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad, y el procedimiento a realizar en
el aplicativo dependerá de la existencia o no de listas de elegibles vigentes, esto para
determinar si la provisión del empleo se efectúa a través de uso de listas de elegibles o
proceso de selección de ascenso o abierto, según corresponda.
En tal sentido, y para efectos de adelantar dicho reporte se deberán tener en cuenta las
instrucciones dadas en el anexo técnico adjunto, que hace parte integral de la presente
circular, el cual se compone de dos (2) partes:
• Parte I: Situaciones administrativas en torno a la generación de vacancia definitiva
en empleos de carrera administrativa. Anexo en la cual se detallan las situaciones que
generan vacancia definitiva y en consecuencia dan lugar al reporte y las que no.
• Parte II: Procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de empleos de
carrera administrativa en el aplicativo SIMO. Anexo en el cual se detallan los pasos para
el reporte de la vacante tanto para provisión de empleo por uso de listas como a través de
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un nuevo proceso de selección, así como el procedimiento para certificar el cumplimiento
de requisitos para procesos de selección en la modalidad de ascenso.
Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o quien haga
sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la OPEC y su omisión
constituye una violación a las normas de carrera administrativa que podrá ser sancionada por
la CNSC, de conformidad con lo establecido en la el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909
de 2004.
Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos las
siguientes:
1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “instrucciones para la
aplicación del Criterio Unificado Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de
27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “instrucciones para el
reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC – en procesos de Selección
Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el registro
y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.
4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el registro y/o
la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo aplicativo SIMO.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la vigencia de la circular invocada no
se ve afectada por otra disposición normativa o decisión judicial, por lo que, el
primer requisito para la procedencia de la acción se encontraría satisfecho.
No obstante, con el ejercicio de este medio de control, la parte actora busca que
se le ordene a las accionadas que hagan uso de la lista de elegibles en estricto
orden de mérito para cubrir las vacantes con la denominación de instructor, código
3010, grado 1, y para las definitivas en cargos equivalentes no convocados, que
surgieron con posterioridad a la convocatoria 436 de 2017. En consecuencia,
como participó en el concurso de méritos para acceder al cargo al que se postuló y
ocupó el lugar 2, solicitó su nombramiento.
El actor pidió tener en consideración la lista de elegibles contenida en Resolución
CNSC20182120192585 del 24 de diciembre de 2018, que, como se aceptó e
informó en este proceso, perdió vigencia el 15 de enero de 2021.
Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente a la circular
externa 0011 de 2021, porque el objeto de discusión en este asunto parte de la
utilización de la lista de elegibles citada. En ese orden, no es suficiente que el
precepto legal que se dice desatendido por las accionadas supere el juicio de
procedibilidad para que esta corporación analice de fondo sus pedimentos. Por el
contrario, es necesario establecer si la lista de elegibles resulta ser un acto que
puede ser discutido en el curso de la presente acción constitucional.
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Así las cosas, esta sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia19 dado que, el debate propuesto está ligado con el cumplimiento de
la Resolución expedida por la CNSC20182120192585 del 24 de diciembre de 2018,
por medio del cual la Comisión demandada fijó la lista de elegibles y al no
encontrarse vigente, no es posible el estudio de fondo de la demanda.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones de la demandante. Esto
es, la discusión de orden legal existente entre las partes a la hora de establecer la
lista de elegibles al caso de la actora y la divergencia en el lugar que ocupó, no
obstante, como se dijo en precedencia la lista de elegibles esta vencida desde el
15 de enero de 2021. Por tanto, habrá de confirmarse la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la decisión de 12 de febrero de 2024 que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en esta
sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
19 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de
septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de
21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00109-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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