Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00388-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00388-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00388-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de abril de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00388-01
Demandante: Martín Alonso Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 05001-23-33-000-2024-00388-01
Demandante MARTÍN ALONSO VALENCIA
Demandado COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Inexistencia
de amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Carga
argumentativa mínima. Proceso disciplinario contra abogada.
Providencia inhibitoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Martín Alonso Valencia
contra la sentencia de 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor MARTÍN ALONSO
VALENCIA, en contra de la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL –
MAGISTRADO CARLOS MARIO HERRERA MUÑOZ, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de febrero de 20241, el señor Martín Alonso Valencia interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«Solicito con el debido respeto del (la) Señor(a) Juez de tutela amparar mi derecho
constitucional del Debido Proceso y del Derecho del Acceso a la Administración de Justicia».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con actuaciones previas al proceso disciplinario objeto
de debate
2.1. En el año 2016, en la Notaría Única del municipio El Carmen de Viboral
(Antioquia) se llevó a cabo la sucesión intestada del señor Jesús David Valencia
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Martín Alonso Valencia
Soto, en la cual fungieron como herederos el señor Martín Alonso Valencia
junto con sus hermanos; asimismo, el señor Neftalí de Jesús Valencia Soto
participó como subrogatorio de una de las herederas legítimas.
En dicho trámite notarial se repartió, entre otros, un inmueble ubicado en el
municipio El Carmen de Viboral.
2.2. El 18 de octubre de 2019, por medio de la abogada Xiomara Gómez Hoyos, el
señor Neftalí de Jesús Valencia Soto convocó a audiencia de conciliación
extrajudicial al señor Martín Alonso Valencia y a su esposa la señora Berta
Amalia Arbeláez Arbeláez con el fin de que estos últimos pagaran las sumas
de dinero adeudadas por cánones de arrendamiento desde el año 2017.
En esa oportunidad, el señor Neftalí de Jesús Valencia Soto aseguró que, tras
la partición del bien inmueble objeto de la sucesión y de las posteriores
compras de derechos herenciales, a él le correspondió el bien inmueble en un
70%, 60% por derecho propio y 10% en administración.
A su vez, indicó que el señor Martín Alonso Valencia, quien vivía en la segunda
planta del inmueble con su núcleo familiar, gozaba del 60% del inmueble, pese
a que sus derechos herenciales solo comprendían un 30%. Por este motivo,
el señor Neftalí de Jesús Valencia Soto aseguró que el señor Martín Alonso
Valencia se comprometió a pagar un canon de arrendamiento por el excedente
descrito.
El 7 de noviembre de 2019, se surtió la audiencia de conciliación extrajudicial,
la cual fue fallida.
Posteriormente, el señor Neftalí de Jesús Valencia Soto, por intermedio de la
abogada Xiomara Gómez Hoyos, presentó demanda verbal de mínima cuantía
contra el señor Martín Alonso Valencia y su esposa la señora Berta Amalia
Arbeláez Arbeláez, con el fin de que aquellos pagaran los cánones de
arrendamiento adeudados por la habitación del inmueble referido. De este
proceso conoció el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de
Viboral.
2.3. En noviembre de 2019, los señores Martín Alonso Valencia y Berta Amalia
Arbeláez Arbeláez presentaron queja disciplinaria (05001-11-02-000-2019-02410-
00/01) en contra de la abogada Xiomara Gómez Hoyos, la cual fue terminada
anticipadamente y archivada mediante providencia de 18 de diciembre de
2020, por considerar que los hechos denunciados no constituían falta
disciplinaria. Decisión que fue apelada por el señor Martín Alonso.
En providencia de 15 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia.
Hechos relacionados con el proceso disciplinario objeto de controversia
2.4. En agosto de 2023, el señor Martín Alonso Valencia elevó queja disciplinaria
contra la abogada Xiomara Gómez Hoyos porque consideró que aquella
incurrió en presuntas faltas disciplinarias, por considerar que en el proceso civil
instaurado en su contra y en la audiencia de conciliación extrajudicial «es
reiterativa en inculparme de hechos que no se han dado de mi parte los cuales plasma en
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documentos privados y con los que pretende se le admitan demandas y se le validen por
parte del Juez contratos que nunca se dieron».
Del asunto conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia, bajo el radicado Nro. 05001-25-02-000-2023-02470-00.
2.5. Mediante providencia de 28 de noviembre 2023 (decisión controvertida), el
despacho ponente resolvió inhibirse de iniciar la actuación disciplinaria en
contra de la abogada Xiomara Gómez Hoyos, pues consideró que «la queja es
inconcreta, difusa y abstracta pues no señala de manera específica, cuál es la conducta
que se reprocha al abogado denunciado, tampoco las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se dieron los hechos ni el mandato que le fue confiado, sumado a que no se
aportan las supuestas pruebas que se dijo serian (sic) adjuntadas».
Finalmente, precisó que la decisión inhibitoria no hace tránsito a cosa juzgada
y que contra aquella no procede recurso. Por ese motivo, se indicó que el
quejoso tiene la facultad de volver a presentar una nueva queja disciplinaria
por los mismos hechos, en la cual clarifique las circunstancias de modo, tiempo
y lugar de las conductas reprochadas y aporte las pruebas relevantes.
3. Fundamentos de la acción
El accionante reprochó que el magistrado ponente a quien se le repartió el asunto
haya proferido el auto de 28 de noviembre de 2023, mediante el cual resolvió
inhibirse de iniciar la actuación disciplinaria contra la abogada Xiomara Gómez
Hoyos. Aseguró que en el caso no se «reúnen los requisitos de ley para Inhibirse por lo
que considero falta a lo reglado en ley de los deberes que deberán cumplir los Jueces de la
República para administrar Justicia en Equidad (…) a los Jueces no les es permitido inhibirse
salvo lo estipulado en ley y deberán actuar en motivación para proferir sus sentencias».
Asimismo, manifestó que el magistrado ponente no valoró las pruebas aportadas
con la queja ni tuvo en cuenta la demanda interpuesta por la abogada Xiomara
Gómez Hoyos en su contra la cual contiene afirmaciones injuriosas y calumniosas;
y agregó que el magistrado tiene facultades para solicitar pruebas de oficio para
esclarecer los hechos.
De otra parte, aseguró que la abogada Gómez faltó a sus deberes pues no actuó
de forma recta y, en cambio, atentó contra los principios de legalidad y lealtad
jurídica. Sostuvo que ella ha incurrido en afirmaciones injuriosas, calumniosas y
subjetivas tendientes a denigrar a su núcleo familiar, pues los califica de
delincuentes y todo con el ánimo de conseguir para su representado unos dineros
de unos contratos inexistentes. A su juicio, la abogada interpuso la demanda civil
en su contra sin contar con pruebas que respalden las acusaciones.
Añadió que la conciliación extrajudicial constituye una prueba ilícita por haber sido
obtenida irregularmente, «por lo que no puede el señor magistrado indicar en su escrito la
carencia de la prueba para obrar conforme a ley».
Finalmente, indicó que la señora Berta Amalia Arbeláez Arbeláez también presentó
queja disciplinaria (05001-25-02-000-2023-02601-00) en contra de la abogada Xiomara
Gómez Hoyos por los mismos hechos y que esta sí se encuentra en curso. Motivo
por el cual reprochó que en la queja que él interpuso el magistrado ponente haya
dispuesto inhibirse, mientras que en la otra queja sí se siguió el curso natural del
proceso disciplinario.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Martín Alonso Valencia en contra de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, Despacho 004, magistrado ponente Carlos
Mario Herrera Muñoz; se vinculó a la abogada Xiomara Gómez Hoyos en su
calidad de disciplinable; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. El magistrado ponente Carlos Mario Herrera Muñoz integrante de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia sostuvo que la decisión
inhibitoria se fundamentó no solo en los artículos 68 y 69 de la Ley 1123 de
2007, sino en el principio de autonomía funcional entendido como la facultad
de los funcionarios judiciales para implementar la normatividad legal en las
controversias que sean puestas bajo su conocimiento.
Asimismo, manifestó que en la providencia inhibitoria se le informó al quejoso
que por los mismos hechos podía presentar una nueva queja disciplinaria
aportando las pruebas que considerara pertinentes y clarificando las
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Finalmente, aseguró que no ha desconocido ningún derecho fundamental al
señor Martín Alonso Valencia, motivo por el cual solicitó su desvinculación del
trámite de tutela.
4.3. La abogada Xiomara Gómez Hoyos informó que el tutelante ha instaurado
varios procesos judiciales semejantes, entre los cuales se encuentran
disciplinarios, acciones de tutelas, penales y otros.
Indicó que en el pasado el señor Martín Alonso Valencia promovió una queja
disciplinaria en su contra. Oportunidad en la cual se profirió sentencia
anticipada y se ordenó el archivo del asunto, decisión que fue confirmada en
segunda instancia. En las providencias allí dictadas se estableció que las
afirmaciones elaboradas por la abogada, además de no configurar un delito o
falta disciplinaria, se produjeron bajo el mandato suscrito con su poderdante;
y que en caso de no estar de acuerdo con lo allí argumentado tales cargos
deben rebatirse en el escenario judicial, pues este es el espacio para
demostrar si las aseveraciones lanzadas por el profesional del derecho son o
no ciertas.
Indicó que por segunda vez el tutelante junto con la señora Berta Amalia
Arbeláez presentaron queja disciplinaria en su contra con argumentos
similares a los de la primera queja, pero indicando que existían hechos nuevos
como la interposición de la demanda civil y una conciliación surtida ante la
Fiscalía Seccional en noviembre de 2020.
Sostuvo que por tercera vez la señora Berta Amalia Arbeláez interpuso
nuevamente queja disciplinaria en su contra (05001-25-02-000-2023-02601-00),
la cual se encuentra en curso y en la que se programó audiencia para el 5 de
marzo de 2024. A su juicio, esta queja seguramente tendrá el mismo resultado
inhibitorio, lo cual motivará a que aquellos inicien otra acción de tutela en
contra de la magistrada ponente que adelanta dicho trámite.
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Por lo narrado, la abogada solicitó la imposición de alguna sanción pecuniaria
con la respectiva compulsión de copias ante la Fiscalía General de la Nación,
pese a reconocer que la acción de tutela no es el escenario judicial para tal fin.
Esto con el propósito de que estas personas no continúen con el mismo
proceder, pues esto induce en error a los diferentes funcionarios y para evitar
que su modus operandi infunda temor.
4.4. El accionante presentó memorial en el cual se pronunció sobre la
contestación presentada por la abogada Xiomara Gómez Hoyos. Allí reiteró
que aquella ha lanzado afirmaciones injuriosas y calumniosas en su contra sin
fundamentos legales sólidos ni pruebas; asimismo, reiteró varias de las
inconformidades expuestas en el escrito de tutela.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 7 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión negó el amparo de tutela, porque consideró que en el
caso no existían derechos fundamentales transgredidos, pues (i) la queja
presentada fue repartida y tramitada oportunamente; (ii) en el auto controvertido se
indicó que la decisión proferida no hace tránsito a cosa juzgada, de manera que la
parte actora puede volver a presentar queja por los mismos hechos; y (iii) el actor
no cumplió con su carga mínima de exponer las razones y los motivos por los cuales
la valoración jurídica o probatoria no supera un juicio de validez, al contrario aquel
se limitó a describir sus inconformidades frente la abogada Xiomara Gómez Hoyos
y a reiterar que la actuación del magistrado ponente vulneró sus derechos por no
cumplir los requisitos de ley.
6. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia, por varias razones.
Manifestó que el magistrado ponente de la decisión inhibitoria tenía a su disposición
los documentos y las herramientas para llamar a audiencia y en esta decretar de
oficio las pruebas necesarias. Aseguró que anexó a la queja disciplinaria
documentos realizados por la abogada y que hicieron parte del proceso civil de
mínima cuantía, por lo que no hay lugar a que el magistrado ponente haya
aseverado que no se aportaron pruebas. De hecho, mencionó que anexó
documentos de la Fiscalía en los cuales su poderdante se retracta; por lo cual
sostuvo que la abogada «debió replantear su mandato y no escudarse en que sus
afirmaciones Injuriosas y Calumniosas son válidas ya que actúa en mandato».
Censuró que el magistrado ponente haya asegurado en la providencia inhibitoria
que «la queja es inconcreta, difusa y abstracta pues no señala de manera específica, cuál es
la conducta que se reprocha al abogado denunciado». Al respecto, aseguró que la
conducta reprochable de la abogada fue «arrimar demanda de mínima cuantía frente al
operador Judicial contenida de irregularidades al igual que se me injuria y calumnia, del cual se
le aporta dicha demanda al igual se le adjunta el número de radicado y del entendido que la sala
ya ha sancionado a abogados por el hecho de Injuriar y calumniar».
Indicó que el magistrado ponente incurrió en exceso ritual manifiesto, pues olvida
que la real función de los jueces es la garantía de los derechos sustanciales. A lo
cual agregó que «al tenerse un exceso ritual manifiesto por parte del operador judicial se
puede ver caracterizado el defecto sustantivo».
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Agregó que en el curso de la tutela la abogada nuevamente lanzó afirmaciones
temerarias y delicadas, por ejemplo aquella indicó que aquel tiene un modus
operandi para infundir temor. Por ende, el impugnante manifestó: «nuevamente
interpondré (sic) las Denuncias correspondientes frente al competente Fiscalía General de la
Nación».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Cuestión previa sobre la legitimación en la causa por activa
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u
omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos señalados por la
Constitución y la ley.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 19916 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial
o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso cuando el titular del derecho
no está en condiciones de promover su propia defensa. Asimismo, dicha norma
señala que (v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure
la legitimación en la causa en acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma
que el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del
derecho fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o
por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de
agente oficioso, en aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la
procedencia de esta última figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de
la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata
de un requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza
la protección de los derechos fundamentales. Así, en la Sentencia T-1191 de
2004 el tribunal constitucional indicó que la finalidad del requisito de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el de evidenciar el
interés directo del accionante en relación con las pretensiones planteadas en
la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar que «el
derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».
3.2. En materia de actuación disciplinaria, en el marco de la Ley 1123 de 2007 el
legislador dispuso que los intervinientes en ese procedimiento disciplinario son
el investigado, su defensor, el defensor suplente cuando sea necesario y el
ministerio público. Por su parte, de acuerdo con el parágrafo del artículo 66 de
la Ley 1123 de 2007 el quejoso, calidad que ostenta el ahora tutelante,
«solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja
bajo la gravedad del juramento, aporte pruebas e impugnación de las decisiones que
pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en
la Secretaría de la Sala respectiva».
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
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Demandante: Martín Alonso Valencia
Con fundamento en lo anterior, esta Sala ha sido del criterio7 de que, en
principio, los derechos del quejoso en materia disciplinaria se encuentran
limitados por no tener la calidad víctima, sujeto procesal o interviniente;
limitación que se extiende al análisis que debe hacer el juez de tutela, el cual
debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en favor de aquel.
Por consiguiente, se considera que el quejoso únicamente está legitimado en
la causa para reclamar el derecho al debido proceso judicial en relación con
las actuaciones que le están expresamente permitidas en el proceso
disciplinario.
Así las cosas, la Sala considera que en el asunto bajo examen se cumple el
requisito general de la legitimación en la causa por activa, dado que el señor
Martín Alonso Valencia, en su condición de quejoso en la actuación
disciplinaria cuenta con la facultad de impugnar de las decisiones que pongan
fin a la actuación, distintas a la sentencia, como la que objeta en la presente
solicitud, en los términos previstos en los artículos 658 y 669 de la Ley 1123 de
2007.
4. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en principio le correspondería a la
Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al negar el amparo
solicitado. Sin embargo, previo a tal análisis, y por tratarse de una tutela contra
providencia judicial, la Sala determinará si en el caso se satisfacen los requisitos
generales de procedibilidad, especialmente el de la relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la providencia
de 28 de noviembre 2023, en el marco del proceso disciplinario tramitado bajo el
radicado Nro. 05001-25-02-000-2023-02470-00, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
5. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
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Consejo de Estado, Sección Cuarta (i) sentencia del 10 de marzo de 2022, radicado: 11001-03-15-000-
2021-01969-01 y (ii) sentencia del 26 de mayo de 2022, radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00.
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Ley 1123 de 2007. Artículo 65. «INTERVINIENTES. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el
investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo
en cumplimiento de sus funciones constitucionales».
9 Ley 1123 de 2007. Artículo 66: «PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la
formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de
las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en
la Secretaría de la Sala respectiva».
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Demandante: Martín Alonso Valencia
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»10. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios argumentos
para atacar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
10 Ibidem.
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos»12.
6. Análisis del caso
6.1. Con base en el primer criterio expuesto [Que el asunto objeto de estudio realmente
involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción
de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del
objeto de la acción de tutela], la Sala considera que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues no se encuentra que el caso objeto de estudio
realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
En la providencia de 3 de marzo de 202113, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial explicó las características de la decisión inhibitoria, entre las cuales se
encuentra la carencia de efectos de cosa juzgada. Así se indicó en tal decisión:
«Lo primero que impera precisar, es que en desarrollo de los procesos disciplinarios contra
abogados, el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, establece que las Salas de conocimiento
(específicamente las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial) deberán examinar la
procedencia de la acción disciplinaria y podrán desestimar de plano la queja si la misma no
presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad.
Así mismo, el artículo 69 de la misma normativa, consagra que las informaciones y quejas
falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible
ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, darán lugar
a inhibirse de iniciar actuación alguna.
Por lo tanto, la decisión desestimatoria o inhibitoria implica que la autoridad disciplinaria
se abstiene de conocer determinado asunto por las razones establecidas por el
legislador, sin que se emita un pronunciamiento que materialmente lo resuelva de
fondo, toda vez que se adopta sin ninguna actuación procesal previa y únicamente con
la información que contiene el expediente una vez ingresa al despacho del instructor.
En consecuencia, los análisis valorativos que en ese momento se despliegan, apuntan
simplemente a definir la relevancia o no para el derecho disciplinario de los hechos
denunciados o informados, a su concreción y facticidad, de allí que se postule con
validez, que la decisión inhibitoria o desestimatoria no hace tránsito a cosa juzgada.
Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de recurrir esta clase de decisiones, impera recordar
como premisa fundamental, el criterio de taxatividad que acompaña al régimen disciplinario
de los abogados inmerso en la Ley 1123 de 2007 y concretamente su artículo 79 cuando
dispone: “Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación
de acuerdo con lo previsto en esta codificación”. (…)
Esta cláusula de taxatividad en sede de recursos, remite el análisis hacia el recurso de
apelación que hoy nos convoca, y sobre el particular, el artículo 81 ibidem, dispone que
procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad
decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la
práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia, es decir, por expresa voluntad
del legislador no incluyó la posibilidad de recurrir la decisión que desestima de plano la queja
o el informe disciplinario ni la que se inhibe de iniciar actuación disciplinaria.
Lo antedicho cobra especial relevancia y trascendencia para el trámite disciplinario de los
abogados, por cuanto reconoce la disposición legal que el auto que desestima de plano la
queja o el informe oficial, no resuelve de fondo el asunto, ni pone fin al procedimiento,
12 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
13
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Providencia de 3 de marzo de 2021. Radicado: 11001-11-02-000-
2018-07534-01. MP: Carlos Arturo Ramírez Vásquez.
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por lo cual lógicamente no hace tránsito a cosa juzgada, quedando absolutamente
legitimados los intervinientes y el quejoso para reformularla, adecuarla, u ofrecer los
elementos probatorios o argumentos necesarios que permitan al investigador, bajo una
revaloración, entrar de nuevo a estudiar sobre la necesidad o no de iniciar actuación
disciplinaria» (Negrillas propias).
Como lo precisó la autoridad judicial accionada, la decisión que se cuestiona
no hace tránsito a cosa juzgada y, por lo mismo, el tutelante se encuentra
facultado para volver a interponer la queja.
Por tanto, para la Sala, el asunto no es de marcada relevancia constitucional,
pues no existe una vulneración o siquiera amenaza de derechos
fundamentales del actor, y esto obedece a que la providencia controvertida por
el tutelante no hace tránsito a cosa juzgada, debido a que se trata de una
decisión inhibitoria que no resuelve de fondo el asunto, tanto así que el quejoso
está facultado a volver a presentar la queja.
6.2. A su vez, la Sala encuentra que en el asunto el accionante no desplegó una
carga argumentativa mínima de la cual se desprendan los yerros en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que tratándose de tutela contra
providencias judiciales, la argumentación del accionante debe estar dirigida a
demostrar una trasgresión evidente del debido proceso, a argumentar en qué
defectos incurrió la autoridad judicial accionada y específicamente a explicar
por qué dichos defectos se configuran en el caso. De manera que el requisito
de relevancia constitucional implica que el juez verifique que la parte actora
cumpla con una carga argumentativa mínima.
No basta, entonces, enunciar el referido defecto ni elaborar afirmaciones que
carezcan de soporte argumentativo. La razón de exigir tal carga argumentativa
radica en que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.
Solo procede bajo los supuestos especiales desarrollados
jurisprudencialmente.
En el caso analizado se observa que tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación el tutelante expresó sus inconformidades frente al actuar de la
abogada Xiomara Gómez Hoyos. Sin embargo, en consideración a que el actor
interpuso la acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Antioquia, magistrado ponente Carlos Mario Herrera Muñoz por la
providencia inhibitoria de 28 de noviembre 2023, la argumentación debía estar
encaminada a demostrar que dicha autoridad judicial incurrió en alguno de los
defectos establecidos en la jurisprudencia constitucional en materia de tutela
contra providencia judicial como lo son, a modo de ejemplo, el defecto
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, violación directa de la
Constitución, procedimental, entre otros.
No obstante, la Corte Constitucional ha explicado que no es imprescindible
que el tutelante rotule explícitamente los cargos formulados bajo los defectos
dispuestos en la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando de su
argumentación se desprenda con facilidad las causales a las cuales estos
corresponden. En este sentido, en la Sentencia de Unificación SU-245 de
2021, la mencionada Corte sostuvo:
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«(...) las deficiencias en las que pueda incurrir la parte accionante en la determinación del
fundamento jurídico-constitucional en que sustenta sus pretensiones no impiden al juez de
tutela interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones
jurídicas pertinentes, para de esa manera garantizar la protección de los derechos
constitucionales en juego.
En ejercicio de las facultades descritas, esta Corporación ha abordado el estudio de causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial distintas a las
alegadas por los accionantes, e incluso ha identificado las causales específicas a partir del
fundamento fáctico de la acción cuando los accionantes no han alegado causales específicas
de manera expresa. La Corte ha establecido que no resulta determinante para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales que la parte accionante mencione
explícitamente la denominación de las causales específicas de procedencia que alega en
contra de la providencia.
Así las cosas, el juez de tutela deberá estudiar los cargos que el accionante proponga
contra la providencia judicial, siempre que pueda inferir con claridad las causales a las
que se adecuan dichos cargos a partir de los hechos y los elementos de prueba que se
acrediten en el expediente» (Negrillas propias).
Con fundamento en lo anterior, se desprende que no es indispensable que el
accionante mencione literalmente el nombre de defecto que plantea siempre y
cuando sea posible inferir a qué causales de las señaladas por la
jurisprudencia constitucional se adecúan los cargos formulados por la parte
actora.
En el caso, además de expresar los reparos frente al actuar de la abogada, el
tutelante sostuvo que no se «reúnen los requisitos de ley para Inhibirse», por lo cual
manifestó que el magistrado ponente faltó «a lo reglado en ley» e insistió en que
«a los Jueces no les es permitido inhibirse salvo lo estipulado en ley y deberán actuar en
motivación para proferir sus sentencias». Asimismo, el accionante mencionó que no
se valoraron las pruebas anexas a la queja disciplinaria, como la demanda civil
interpuesta por la abogada Xiomara Gómez Hoyos y documentos penales; a
lo cual agregó que el magistrado no hizo uso de sus facultades oficiosas en
materia probatoria.
Tales argumentos bien podrían encauzarse bajo el defecto sustantivo y fáctico,
pese a que el accionante no los formuló así explícitamente. Aun así, se
encuentra que, incluso al encaminar dichos cargos bajo las causales
mencionadas, el actor no cumplió con una carga argumentativa mínima de la
cual se desprende por qué considera que se incurrió en esos defectos.
El actor simplemente se limitó a aseverar que no se «reúnen los requisitos de ley
para Inhibirse». Sin embargo, no especificó qué norma puntual transgredió la
autoridad judicial accionada al proferir la decisión inhibitoria. Y respecto al
defecto fáctico, el accionante no argumentó de qué manera las pruebas
mencionadas acreditaban objetivamente una o varias faltas disciplinarias
específicas cometidas por la abogada Xiomara Gómez Hoyos. Es decir, el
actor manifestó que no se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas con la
queja, pero no especificó de qué forma dicho material probatorio acreditaba la
configuración de las faltas disciplinarias en que presuntamente incurrió la
profesional del derecho.
Igualmente, en el escrito de impugnación el accionante sostuvo que la
autoridad judicial incurrió en exceso ritual manifiesto, la justificación dada fue
la siguiente:
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«Se centra el fallador en Exceso Ritual Manifiesto desconociendo que la real función de los
Jueces que representan al estado es la garantía de los Derechos Sustanciales esto
plenamente debatido y fallado en innumerables estrados, donde se ha dejado claro el cómo
deben obrar los Jueces para la aplicación objetiva y con la garantía del respeto de los
Derechos que les confiere la Constitución y la ley a los ciudadanos pertenecientes a un Estado
Social de Derecho».
A lo cual agregó que «al tenerse un exceso ritual manifiesto por parte del operador
judicial se puede ver caracterizado el defecto sustantivo».
Con relación a tales cargos, se advierte que el accionante no explicó cuál fue
el error procedimental en que incurrió la autoridad judicial que conllevara al
defecto procedimental exceso ritual manifiesto mencionado. Por lo expuesto,
la Sala corrobora que el accionante no cumplió con la carga argumentativa
mínima necesaria cuando se controvierten providencias judiciales, mediante la
acción de tutela.
Es cierto, sin embargo, que la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo informal desprovisto de tecnicismos y formalidades. No obstante,
cuando esta se emplea para controvertir providencias judiciales, es imperativo
el cumplimiento de una serie de requisitos de procedencia, entre los cuales se
encuentra, como ya se explicó, un mínimo de argumentación que explique por
qué la parte actora considera que la autoridad judicial accionada incurrió
determinado error o vicio.
De hecho, como se explicó, ni siquiera es imprescindible hacer referencia
explícitamente al nombre de los defectos desarrollados en la jurisprudencia
constitucional. Lo requerido es que la parte actora le indique al juez de tutela
sucintamente, por ejemplo, qué normas, pruebas o precedentes se
desconocieron y las razones por las que así lo considera. En consecuencia, al
no cumplirse con el mínimo de argumentación, la Sala encuentra insatisfecho
el requisito de relevancia constitucional.
6.3. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada. Sin embargo, tal discrepancia de criterios no implica una
vulneración real a su derecho al debido proceso ni al acceso a la
administración de justicia.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
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Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, primero, porque el asunto objeto de estudio realmente no
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales; y segundo, porque
no se cumplió con la carga mínima argumentativa requerida cuando la acción de
tutela se emplea para controvertir providencias judiciales.
En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia mediante la cual
se negó el amparo solicitado y en su lugar declarará la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por el señor Martín Alonso Valencia, por no cumplir a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra
providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión que negó las
pretensiones formuladas por el señor Martín Alonso Valencia y, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, dadas las
razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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