Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02142-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
9 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00
Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00
Demandante: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra decisión de archivo
de proceso disciplinario.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor
Ramiro Bejarano Guzmán contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Ramiro Bejarano Guzmán interpuso acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Declarar que la providencia del 2 de febrero de agosto de 2022 de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial (MP. Diana Marina Vélez Vásquez), vulneró los derechos fundamentales
del suscrito al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Ramiro Bejarano
Guzmán.
2.- En consecuencia, dejar sin efectos la providencia del 2 de febrero de agosto (sic) de 2022
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (MP. Diana Marina Vélez Vásquez).
3.- Ordenarles (sic) a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial considerar el acervo
probatorio conforme a los lineamientos internacionales y nacionales y tomar las decisiones
que en derecho correspondan, incluidas las que se relacionen con la necesidad de que los
magistrados en quienes concurran causales de impedimento las tramiten oportunamente”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 9 de septiembre de 2020 el señor Ramiro Bejarano Guzmán presentó queja
contra el Coordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y
Fiscal Sexto Delegado ante la misma Corporación, Gabriel Ramón Jaimes Durán,
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
por haber actuado, presuntamente, de manera irregular, en la expedición de
providencia del 8 de septiembre de 2020 1, en la que, al resolver sobre la recusación
formulada en su contra por un Senador de la República en un proceso de carácter
penal, mencionó al señor Bejarano Guzmán en el sentido de indicar que en algunas
actuaciones en las que participó, en cumplimiento de sus deberes legales y
funciones de su cargo, surgió su nombre en términos y circunstancias que no eran
relevantes y que debía omitir en virtud de la reserva sumarial que cubre la
investigación penal, que aún se encontraba en curso2.
A juicio del accionante, el fiscal vulneró la reserva sumarial a que estaba obligado
en virtud del conocimiento que tuvo como agente del Ministerio Público en el que
participó en otro proceso penal. Lo anterior, por considerar que, aunque no ha sido
vinculado en alguna forma a la investigación penal referida, sostener en un
documento público que su nombre ha aparecido en esa investigación es violatorio
del deber que tenía el Fiscal de no mencionar nombres o circunstancias que haya
conocido en esa investigación, pues, como él lo sabe y lo reconoció, todo ello hace
parte de una reserva sumarial.
La Procuradora Auxiliar para asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de
la Nación el 25 de septiembre de 2020, remitió la queja a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 3, que, en auto del 21 de octubre
de 2020, ordenó la apertura de indagación preliminar contra el doctor Gabriel
Jaimes Durán, en calidad de Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del 2 de febrero
de 2022, dispuso terminar el procedimiento y ordenó el archivo de la diligencia
disciplinaria, con fundamento en que, tal como “lo certificó la Fiscalía General de la Nación,
el quejoso no funge como interviniente o sujeto proceso al interior del proceso penal en el cual alegó
la vulneración de la referida reserva, esto es que la manifestación realizada por el indagado en la
decisión del 8 de septiembre de 2020, no tenía la potencialidad de afectar el derecho de los
investigados, las víctimas, ni afectó el proceso, pues lo cierto es que se reitera que el doctor
Bejarano Guzmán no es sujeto procesal o interviniente en ese asunto penal”, de manera que,
no podía existir violación de la reserva sumarial.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora considera que la providencia acusada adolece los defectos
procedimental absoluto, fáctico, y por desconocimiento del precedente judicial con
fundamento en los siguientes argumentos.
En cuanto al defecto procedimental absoluto, señala que se configuró por
desconocer la manera en que debía expedirse y comunicarse la providencia, al
contar con un salvamento de voto que no se puso en conocimiento del interesado.
Al respecto, indicó que el artículo 56 de la Ley Estatutaria de Administración de
1 Radicado número: 2020-00276.
2 En esa oportunidad, el Fiscal señaló “Cumpliendo estrictamente mis deberes legales y mis funciones a cargo, participé
en algunas actuaciones judiciales dentro de las que surgió el nombre del doctor Ramiro Bejarano Guzmán, en términos y
circunstancias que, aparte de no ser relevantes en este caso, omito en virtud de la reserva sumarial que cubre aquella
investigación penal en curso. Como consecuencia exclusiva de aquellos hechos judiciales, que son los únicos que en la vida
me han relacionado con el doctor Bejarano, este cuidadano ha realizado como columnista de opinion innumerables artículos
de prensa en mi contra, me ha convocado a conciliación prejudicial de cara a un proceso civil de resposabilidad
extracontractual y me ha demandado penalmente”.
3 Radicado número: 11001-01-02-000-2020- 00962-00.
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
Justicia señala la obligación de que cada corporación judicial de establecer la
manera en que notificarán las decisiones, al igual que lo relacionado con la firma y
fecha de providencias y conceptos, en el cual se deberá incluir un término para
consignar en el salvamento o la aclaración de voto los motivos de los magistrados
que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad
de la sentencia.
Que la providencia fue suscrita, únicamente, por la magistrada Diana María Vélez
Vásquez, a pesar de que se incluye la antefirma de los demás magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin su rúbrica y tampoco advirtió que se
presentó un salvamento de voto dentro del cuerpo colegiado, por tanto, remitió
escrito a la Corporación, a fin de solicitar acceso al salvamento de voto con que
contó la decisión.
Que el Reglamento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Acuerdo 003 del
25 de enero de 2021, en el literal g) del artículo 17 prevé que “g. De lo resuelto en cada
sesión, el Secretario Judicial de la Comisión elaborará un acta, en la cual especificará los asistentes
y los ausentes, indicando en este último caso si lo fueron con justificación o no. Así mismo, se
anotarán los distintos asuntos tratados, reflejando el orden y las circunstancias en que transcurrió la
deliberación, expresando las decisiones adoptadas, los salvamentos, las aclaraciones de voto y las
constancias que se hubieren presentado”. Por tanto, señala que en las actas internas de
la Comisión deben quedar consignados los salvamentos de voto, por supuesto, la
misma indicación debe hacerse en las sentencias en las que la decisión no resulte
unánime.
En cuanto al defecto fáctico sostuvo que la providencia cuestionada carece del
apoyo probatorio y le dio un alcance “absurdo al oficio allegado por la Fiscalía al
procedimiento”, para lo cual, indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
consideró que, en vista de que el quejoso no era parte en el proceso penal, las
manifestaciones del fiscal Jaimes Ramón al resolver sobre la recusación
interpuesta, no podía constituir una violación de la reserva del sumario, argumento
que considera no tiene algún asidero fáctico o jurídico, pues el hecho de que el
funcionario hubiese mentido en sus insinuaciones, no las hace menos gravosas.
Que, por el contrario, el funcionario utilizó “su acceso a la reserva sumarial, para hacer creer
que conoce información privilegiada, e insinuar unos alcances falsos frente a la misma. El hecho de
que el suscrito no esté vinculado a dicha investigación, ni lo haya estado jamás, en nada soluciona
la vulneración del doctor Jaimes Ramón, pues no solo hace sugerencias que violentan la reserva
procesal, sino que son falsas y utiliza su posición privilegiada para dolosamente difundir falsedades” .
Sostuvo, además, que, al oficio de la Fiscalía General de la Nación en que se basó
la decisión cuestionada, se le otorgó un valor absolutamente contrario al que
debería tener, pues en lugar de constatar la mala fe en las afirmaciones del fiscal
Jaimes Ramón, concluyeron lo contrario. Que, la insuficiente e injustificada decisión
conduce a la conclusión de que la reserva del sumario solo puede violentarse
cuando el funcionario emite manifestaciones que son ciertas.
Que, por el contrario, la reserva del sumario protege los asuntos sensibles que
ocurren en el proceso y obliga a quienes tienen acceso privilegiado a los mismos a
no divulgarlos, ello implica no difundir esa información.
Agregó que, pese a que la providencia censurada concluyó que el señor Jaimes no
obró con dolo, lo cierto es que desconoció la propia explicación del denunciado,
3
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
quien dio cuenta de que: “Como consecuencia exclusiva de aquellos hechos judiciales, que
son los únicos que en la vida me han relacionado con el doctor Bejarano, este ciudadano ha
realizado como columnista de opinión innumerables artículos de prensa en mi contra, me ha
convocado a conciliación prejudicial de cara a un proceso civil de responsabilidad extracontractual,
y me ha demandado penalmente”.
Que, en ese sentido, la providencia censurada omitió́ la confesión del señor Jaimes
Durán de que existen tensiones surgidas desde el pasado, porque el quejoso ha
escrito en su contra columnas de opinión, las cuales fueron aportadas al expediente
– como también que lo ha denunciado penalmente, también disciplinariamente, y lo
convocó a una audiencia de conciliación extrajudicial a fin de demandarlo
civilmente.
Mencionó que el salvamento de voto de la magistrada Diana María Acosta
Walteros, indicó que la decisión de archivo fue prematura, porque faltaron
elementos de juicio que condujeran a la terminación del procedimiento disciplinario,
máxime cuando “las afirmaciones realizadas por el investigado al rechazar la recusación,
comportarían una violación a la reserva sumarial. De ahí que, según lo expuesto por el quejoso, la
decisión del investigado se filtró “en los portales de los irreverentes, el mismo día 8 de septiembre de 2020
anunció que Jaimes Durán señala que el polémico Ramiro Bejarano hace parte de la investigación (…),
afirmación que no se investigó, teniendo en cuenta que la decisión que emitió el Fiscal, involucraba
una causa penal con reserva sumarial, por las manifestaciones realizadas en el documento en las
que se puso en evidencia, incluso, el conocimiento del disciplinable mientras laboró en la
Procuraduría General de la Nación”.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que la decisión que terminó el proceso result ó
apresurada, porque debió recogerse la totalidad de los medios de prueba
ordenados por la magistrada en la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para
verificar, con mayor rigor, si en el contexto en que se resolvió la recusación, pudo
existir una violación a la reserva sumarial.
Finalmente, en cuanto el defecto fáctico, consideró que la autoridad demandada
omitió la filtración de la providencia suscrita por el señor Jaimes Durán al portal de
“Los Irreverentes”, la cual se advirtió en el texto de la queja y se anexó a la misma.
En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente judicial, señala que
se contrariaron las obligaciones nacionales e internacionales sobre las
manifestaciones públicas que hagan los funcionarios del Estado.
Precisó que las manifestaciones de los funcionarios en ejercicio de sus funciones
son un tema de especial relevancia en el sistema interamericano de derechos
humanos y en el derecho internacional, estos son temas que “gozan de mayor
protección, de manera tal que se propicie el debate democrático” . Asimismo, resalta que
las informaciones y opiniones que se exponen con respecto a la comisión de actos
impropios, irregularidades o delitos por parte de dichas personas forma parte del
control democrático de la sociedad mediante la opinión pública con el fin de
fomentar “la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los
funcionarios sobre su gestión pública”4.
4 Violencia Contra Periodistas y Trabajadores De Medios: Estándares Interamericanos y Prácticas Nacionales
Sobre Prevención, Protección y Procuración de la Justicia, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad
de Expresión. 2013. Entre otros ver Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 151; Corte IDH.
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
Considera que los razonamientos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
ignoran por completo los estándares de responsabilidad impuestos por la
jurisprudencia citada, porque el fiscal Jaimes Ramón deber hacerse responsable
de las consecuencias vulneradoras que se derivan de la emisión y filtración de
información falsa, como la que realizó, más aún por su condición de funcionario
público con tal rango en la jurisdicción, que debe ser responsable con las
manifestaciones públicas que haga, pues, de no hacerlo expone al Estado
Colombiano a sanciones internacionales.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 20 de abril de 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y al señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, en condición de Fiscal Sexto Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, como tercero interesado en el resultado del
proceso. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
5. Oposición
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que el accionante presentó
queja disciplinaria ante esa Corporación contra funcionario judicial, bajo la premisa
de violación de reserva sumarial por manifestaciones efectuadas dentro de la
providencia mediante la cual, dicho servidor, no aceptó la recusación que se le
formuló en el trámite de una investigación penal.
Que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que no se había
quebrantado la reserva sumarial y, consecuentemente, decidió archivar la
investigación disciplinaria luego de haberse dado trámite a la indagación preliminar
en los términos de la Ley 734 de 2002.
Dijo que, en el marco del principio de autonomía judicial, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial apreció y valoró todas las pruebas recaudadas en el plenario,
conforme con las reglas de la sana crítica.
Indicó que el texto de la providencia y el expediente fue remitido para efectos de
notificación y comunicación por este Despacho a la Secretaría en cumplimiento de
lo consagrado en el artículo 20 del Acuerdo 003 del 25 de enero de 2021, mediante
el cual se aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, indicó que la discusión y aprobación de la ponencia, fue pacífica, ningún
magistrado manifestó “animadversión” en contra del acá actor y la magistrada que
salvó el voto anunció que allegaría por escrito su disenso conforme lo estipula el
artículo 19 del Reglamento Interno de la Corporación.
De otro lado, dijo que la acusación del accionante sobre las supuestas
animadversiones y expresiones de los magistrados son infundadas, aún más
cuando según el literal f) del artículo 17 del Reglamento Interno de la Comisión, las
deliberaciones de la Sala son reservadas.
Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 139.
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Precisó que existe un término o plazo para consignar en el salvamento o la
aclaración del voto, los motivos de los magistrados que disientan de la decisión
jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. Que,
conforme se advierte del certificado adjunto del secretario de la Corporación para
la fecha en la cual se envió el expediente a la Secretaría luego que la ponencia
fuera aprobada por la Sala Mayoritaria y después de su notificación y comunicación
se arribó el salvamento de voto, por parte de la Magistrada Acosta Walteros, se
procedió a enviarlo al accionante por parte del secretario, lo que desmiente las
afirmaciones que se “escondió” o actuó de mala fe.
Que, según los artículos 19 y 20 del Reglamento Interno de la Comisión, la
suscripción, comunicación y notificación de las providencias aprobadas por la Sala
pueden efectuarse con la suscripción del ponente, tal como sucedió en el asunto y
luego ante la presentación del salvamento o aclaración se remite a los sujetos
procesales e intervinientes, por lo que, no puede alegarse la intención de ocultar el
salvamento de voto o de mala fe, ya que lo cierto es que en el asunto se dio
aplicación integral al reglamento, esto es, se firmó la providencia por la suscrita
como ponente, se envió el expediente, luego la decisión se notificó y al día
siguiente, después de la presentación del salvamento de voto, inmediatamente de
su radicación por la Magistrada Acosta, se procedió a remitírsela al hoy accionante.
Considera que la parte actora ejerce la acción de tutela con la intención de que el
Juez Constitucional sea una instancia adicional frente a asuntos frente a los que ya
se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como máximo órgano de
la jurisdicción disciplinaria, esto, respecto de si el funcionario denunciado incurrió o
no en una vulneración a la reserva sumarial y si por ello debe ser objeto de
investigación y sanción disciplinaria.
Sostuvo que el material probatorio obrante en el plenario fue analizado en su
integridad por la Comisión, bajo criterios de sana critica, lo cual dotó de certeza de
la ausencia de responsabilidad disciplinaria del indagado, ya que en realidad no
vulneró la reserva sumarial reprochada por el quejoso, por cuanto el doctor
Bejarano en esa causa penal no fungió como sujeto procesal o interviniente y
además que las expresiones del funcionario se enmarcaron en el respeto y el
desarrollo argumentativo propio de los motivos de disenso que fueron expuestos
por el sujeto activo para sustentar la recusación presentada.
Igualmente, se determinó que no existió la intención de causar daño al quejoso por
el indagado y que las interpretaciones y conclusiones de los medios de
comunicación y terceros ya sea por redes sociales y otras herramientas, escapaban
de la órbita del disciplinable, por lo que mal haría la jurisdicción en endilgar una
responsabilidad por actuaciones que no le correspondieron a aquel.
Informó que en la providencia objeto de análisis se mencionó que la doctora Elba
Beatriz Silva Vargas, Fiscal Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
funcionaria a cargo de la investigación penal cuya reserva sumarial acusa,
manifestó que el doctor Bejarano: “(...) no ha sido sujeto procesal, no se ha ordenado su
vinculación, ni se ha efectuado diligencia de indagatoria, ni ostenta la calidad de parte civil,
concluyendo... que... no es parte de la investigación al tenor de lo consagrado en la Ley 600 de 2000
aplicable al caso en cuestión”. De esa forma, la Comisión pasó a determinar si
atendiendo que el sujeto activo no era parte en esa causa penal procedía o no la
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
reserva sumarial.
Que la Comisión analizó el concepto de violación de la reserva sumarial, se apreció
el hecho reseñado por el quejoso y se concluyó, que no se subsume en el concepto
o no se adecuaba a los supuestos de hecho normativos de una falta disciplinaria,
actividad que no puede calificarse como absurda o contraria a la razón.
Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, con fundamento en que no
vulneró los derechos fundamentales indicados por el doctor Bejarano Guzmán.
6. Intervención de los terceros interesados
El señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, en condición de Fiscal Sexto delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
5
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
5 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
El accionante cuestiona la providencia del 2 de febrero de 2022, mediante la que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la terminación del procedimiento y
dispuso el archivo de la indagación preliminar, por considerar que incurrió en los
defectos procedimental absoluto, fáctico y por desconocimiento del precedente
judicial.
En ese orden, la Sala determinará si en el presente caso se configuraron los
defectos invocados por la parte actora o si, por el contrario, si se trató de una
decisión razonable, con la precisión de que el demandante cuenta con legitimación
en la causa por activa si se tiene en cuenta que la decisión judicial que cuestiona
es la de archivo de la investigación disciplinaria.
Lo anterior, porque, según lo dispone el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de
2002, el quejoso tiene la facultad de presentar y ampliar la queja bajo la gravedad
del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión
de archivo y el fallo absolutorio. Además, el artículo 115 de la misma ley prevé que
el recurso de apelación procede contra la decisión de archivo.
En ese contexto, siendo el auto 22 de febrero de 200 una decisión de archivo, que,
en principio, podría ser controvertida por el quejoso, encuentra la Sala que en el
trámite de la acción de tutela se cumple con el presupuesto de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida que es un auto de dicha naturaleza el que se está
cuestionando.
Los defectos invocados en la acción de tutela
Del defecto procedimental absoluto 8 en el presente caso
6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
7 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
La Corte Constitucional, en sentencia T-213 de 2012, reiterada en sentencia sentencia T-234 de 2017, ha sostenido que el
defecto procedimental, dependiendo de las garantías procesales que involucre puede ser de dos tipos: (i) de carácter
absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque si gue
un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho
al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto; y, (ii) por exceso
ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia
del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta de que sacrifica
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00
Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
La parte actora alega que la providencia fue suscrita, únicamente, por la magistrada
Diana María Vélez Vásquez, a pesar de que se incluyó la antefirma de los demás
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin su rúbrica y
tampoco advirtió que se presentó un salvamento de voto, por tanto, afirma que
remitió escrito a la Corporación, a fin de solicitar acceso al salvamento de voto con
que contó la decisión.
En primer término, se precisa que, si bien en la contestación de la acción de tutela
la magistrada sustanciadora de la providencia cuestionada sostuvo que según “los
artículos 199 y 2010 del Reglamento Interno de la Comisión, la suscripción, comunicación y
notificación de las providencias aprobadas por la Sala pueden efectuarse con la suscripción del
ponente, tal como sucedió en el asunto”, de la revisión de esas disposiciones, se
encuentra que, en efecto, el ponente de la decisión aprobada en sala debe enviar
tanto el expediente como la decisión judicial suscrita por él. Para la Sala, de la
lectura de dicho precepto, no se desprende que se deba surtir la notificación de la
providencia y tampoco consagra la manera en que se debe culminar el proceso de
recolección de firmas de los integrantes de la Sala que la aprobó.
Por lo tanto, resulta necesario hacer referencia al artículo 288 del CGP, según el
cual:
“ARTÍCULO 288. IRREGULARIDADES EN LA FIRMA DE LAS PROVIDENCIAS. Cuando un juez
colegiado profiera una providencia que no haya sido suscrita por todos sus integrantes, mientras
conserve el expediente deberá subsanar la irregularidad de oficio o a petición de parte.
Una vez notificada la providencia, la irregularidad se entenderá saneada siempre que haya sido firmada
por la mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De lo contrario, se enviará el expediente o sus
copias a la sala que la profirió, para que subsane el defecto o la profiera nuevamente.”
De acuerdo con lo anterior y conforme con lo narrado por el actor en el escrito de
tutela, la Sala considera que, de haberse presentado alguna inconsistencia en la
suscripción de la decisión judicial cuestionada, ya fue corregida en los términos del
citado artículo, pues, al presente asunto se aportó copia del auto del 2 de febrero
de 2022 suscrito por la Sala Plena de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial
con la anotación del salvamento de voto que menciona el actor.
Luego, no se encuentra acreditado el defecto procedimental invocado.
Del defecto fáctico 11 en el presente caso
el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las
formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de
los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto no
se configura ante cualquier irregularidad de carácter procedimental, sino que debe tratarse de una omisión en la aplicación
de las formas propias de cada juicio particularmente grave, que lleva al juez a utilizar irreflexivamente normas procesales
que lo hacen apartarse del derecho sustancial.
9 Artículo 19. Salvamentos y aclaraciones.El término para presentar el salvamento o aclaración de voto, s erá
de tres (3) días para cada uno de los disidentes. La sentencia quedará en firme en la forma prevista en la ley.
10 Artículo 20 Remisión de expedientes a Secretaría. Una vez aprobado el proyecto en Sala, dentro de los dos
(2) días siguientes, se deberán entregar las providencias aprobadas, firmadas por el ponente, con sus
respectivos expedientes.
11 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce
cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta
situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba,
cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00
Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
A juicio de la parte actora la decisión de archivo del proceso disciplinario: (i) otorg ó
un valor contrario al que debería tener oficio de la Fiscalía General de la Nación
que dio cuenta de que el señor Bejarano Guzmán no hizo parte de la causa penal
en que se profirió la decisión que resolvió la recusación y, (ii) desconoció la
confesión del señor Jaimes Durán de que existen tensiones surgidas desde el
pasado, porque el quejoso ha escrito en su contra columnas de opinión, como
también que lo ha denunciado penalmente, disciplinariamente y que lo convocó a
una audiencia de conciliación extrajudicial a fin de demandarlo civilmente.
Al respecto, la Sala encuentra que no se configura el alegado defecto, pues, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció de manera específica frente
a esas dos circunstancias, respecto de las cuales desplegó el análisis de la
conducta a fin de determinar si en el caso sometido a su conocimiento se violó la
reserva sumarial o no, al margen de otras consideraciones ajenas a ese debate,
como se pasa a transcribir:
“(…)
Así las cosas, descendiendo al caso bajo estudio, revisadas y valoradas las pruebas
recaudadas con ocasión de la indagación preliminar, en cotejo con la normativa y
jurisprudencia constitucional enunciada en el marco de la Ley 600 de 2000, advierte la
Comisión que el indagado no incurrió en infracción al deber de guardar la reserva sumarial.
Lo anterior, en razón a como lo expresó la doctora Elba Beatriz Silva Vargas, Fiscal Octava
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, funcionaria a cargo de la investigación (…) el
doctor Ramiro Bejarano Guzmán no ha sido vinculado al expediente, no ha sido sujeto
procesal, no se ha ordenado su vinculación, ni se ha efectuado diligencia indagatoria, ni
ostenta la calidad de parte civil, concluyendo en su misiva: “Por lo anterior, se puede concluir
que el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, no es parte de la investigación al tenor de los (sic) consagrado
en la Ley 600 de 2000 aplicable al caso en cuestión.
Respecto a quienes participan y son parte en un proceso penal, la Corte Constitucional en
sentencia T- 436 de 2019, refirió:
(…)
En consecuencia, es claro para esta Comisión que en lo que respecta a la primera conducta
reprochada al indagado, no hubo violación a la reserva sumarial, pues lo cierto es que,
como propiamente lo certificó la Fiscalía General de la Nación, el quejoso no funge
como interviniente o sujeto procesal al interior del proceso penal en el cual alegó la
vulneración de la referida reserva, esto es, que la manifestación realizada por el indagado
en la decisión del 8 de septiembre de 2020, no tenía la potencialidad de afectar el
derecho de los investigados, las víctimas, ni afectó el proceso, pues lo cierto es que
se reitera que el doctor Bejarano Guzmán no es sujeto procesal o interviniente en ese
asunto penal.
Y es que, como se advierte de la lectura de la providencia el 8 de septiembre de 2020, el
indagado se limitó a resolver la causal de recusación por enemistad grave interpuesta en su
contra, dentro de la cual, le resultaba necesario entrar a resolver los argumentos expuestos
por el interesado, dentro de estos, sí había existido o no algún tipo de enemistad con el
quejoso (una de las razones por las cuales se le solicitó apartarse el proceso), por el cual
resultaba razonable que aquel con el fin de resolver la tesis, procediera, como lo hizo, a
realizar una “esencia fáctica” y explicara en qué contexto tuvo alguna relación personal o
profesional con el doctor Bejarano Guzmán, sin que de la expresión: “cumpliendo estrictamente
mis deberes legales y mis funciones del cargo, participé en algunas actuaciones judiciales dentro de
las que surgió el nombre del doctor Ramiro Bejarano Guzmán, términos y circunstancias que, aparte
de no ser relevante en el caso, omito en virtud de la reserva sumarial que cubre aquella investigación
penal en curso” pues, se insiste, en ese proceso, el quejoso no fungió como sujeto procesal
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
o interviniente y además esa expresión no tenía la potencialidad, como se dijo, de afectar el
derecho de los investigados, las víctimas, ni el normal desarrollo del proceso; con lo cual se
concluye no existió violación a la reserva sumarial y por ende no existe reproche disciplinario
a efectuarse al indagado.
(…)
De esta forma, de la lectura de lo expuesto por el indagado no se observa alguna expresión
que tenga la potencialidad de causar daño y/o animus injuriandi, por el contrario, se observa
que el lenguaje utilizado por el funcionario se efectuó en los márgenes del respeto y bajo
una argumentación que consideró acorde para resolver la causal de recusación puesta bajo
su estudio.
Ahora, no es posible asignar responsabilidad disciplinaria al doctor Jaimes Durán por los
señalamientos que hayan efectuado los medios de comunicación o en redes sociales las
personas naturales o jurídicas con base en lo expuesto en la anterior decisión, toda vez que
escapa de su órbita las afirmaciones, alcances o interpretaciones que estas personas
efectúen, correspondiendo, por tanto, al afectado, o en este caso, al quejoso acudir ante
estas instituciones o particulares para manifestar su descontento o hacer valer sus derechos
respecto de dichas publicaciones que consideró violatorias de sus prerrogativas
constitucionales.
En este contexto, igualmente advierte la Comisión del material probatorio allegado por el
mismo quejoso, que las manifestaciones del indagado objeto de reproche, ya eran
conocidas por el doctor Bejarano Guzmán, al haberlas referido en columna de opinión
publicada por aquel el 23 de febrero de 2020, esto es, 7 meses atrás en que el indagado
expidió la decisión cuyo contenido es objeto de queja por el referido abogado (8 de octubre
de 2020), razones por las cuales, igualmente dicha conducta no tiene la entidad suficiente
para ser de relevancia disciplinaria, pues lo cierto es que, el quejoso con anterioridad ya
había hecho público (sic) la supuesta intención de vincularlo al proceso penal de marras y
que, en todo caso, lo expuesto por el funcionario indagado se enmarcó en una
argumentación legal para resolver una recusación, desprovisto de animus injuriandi y de
vulneración a la reserva sumarial.
(…)”.
Quiere decir lo anterior que el documento que el accionante califica como
indebidamente valorado, fue tenido en cuenta para efecto de señalar que debido a
que el señor Bejarano Guzmán no ha sido vinculado al expediente, no ha sido sujeto
procesal, no se ha ordenado su vinculación, ni se ha efectuado diligencia
indagatoria, ni ostenta la calidad de parte civil en el proceso penal en que se expidió
la providencia respecto del que el señor Bejarano alegó la falta disciplinaria por
violación a la reserva sumarial, la manifestación realizada por el indagado en la
decisión del 8 de septiembre de 2020, no tenía la potencialidad de afectar el
derecho de los investigados, las víctimas, ni afectó el proceso.
En coherencia con lo anterior, la autoridad demandada precisó que las afirmaciones
realizadas por el fiscal Jaimes Durán, al resolver la recusación formulada, no
evidenciaban la intención de causarle daño personal, ni que el contenido de la
providencia contara con ánimo injurioso, sino que, con ocasión a como fue
propuesta la recusación, la motivación se enmarcó en un contexto argumentativo
legal para descartarla.
Dicho de otro modo, para la Comisión, las afirmaciones expuestas en la providencia
que resolvió la recusación formulada implicaron que, en el marco de la autonomía
del juez natural de ese asunto, no tuvieron la potencialidad de afectar ni la reserva
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
sumarial de otro proceso penal ni de causar afectación alguna al quejoso, por lo
que no había lugar a continuar con la actuación disciplinaria.
Conclusiones que resultan razonables a efecto de desplegar el análisis de si la
conducta endilgada constituía o no vulneración a la reserva sumarial, luego, fue con
base en la valoración de los elementos allegados al proceso y al análisis de las
pruebas allegadas y normas que regulan la materia, que la autoridad demandada
concluyó que no se configuró la falta disciplinaria endilgada, sin que ello pueda ser
considerado la vulneración de derechos y garantías fundamentales del quejoso,
porque el análisis del material probatorio que desplegó es el ejercicio propio de la
actividad disciplinaria, a partir del uso de las reglas de la lógica y la sana crítica,
actuaciones amparadas por la autonomía que caracteriza esa función
constitucionalmente asignada.
Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente
motivada y sustentada, la cual, en todo caso, resulta razonable y ajustada a
derecho, de conformidad con las circunstancias específicas del caso concreto,
distinto es, que la parte actora no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a
las que llegó el juez natural de esa causa, porque no coinciden con sus intereses.
Del defecto por desconocimiento del precedente judicial 12 en el presente caso
En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente judicial la parte actora
señala que se contrariaron las obligaciones nacionales e internacionales sobre las
manifestaciones públicas que hagan los funcionarios del Estado.
Al respecto, indicó que las manifestaciones de los funcionarios en ejercicio de sus
funciones son un tema de especial relevancia en el sistema interamericano de
derechos humanos y en el derecho internacional, estos son temas que “gozan de
mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático” . Asimismo,
resalta que las informaciones y opiniones que se exponen con respecto a la
comisión de actos impropios, irregularidades o delitos por parte de dichas personas
forman parte del control democrático de la sociedad mediante la opinión pública
con el fin de fomentar “la transparencia de las actividades estatales y promueve la
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”13.
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Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal,
que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las
decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto
el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente.
Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos
de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se
puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial.
Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos
se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio
precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente
las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del
caso resuelto con anterioridad.
13 Violencia Contra Periodistas y Trabajadores De Medios: Estándares Interamericanos y Prácticas Nacionales
Sobre Prevención, Protección y Procuración de la Justicia, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad
de Expresión. 2013. Entre otros ver Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares,
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Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
Sin embargo, el caso que citó de la Corte IDH se relacionó con presuntas
violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y trabajadores de
medios en el ejercicio de su labor periodística y no en el marco de procesos
disciplinarios en los que se archiven las actuaciones por no encontrar mérito para
continuar con el proceso.
Es decir, se trata de escenarios diferentes, que iniciaron por causas y con objetos
diferentes. En este punto conviene precisar que la propia Corte Constitucional ha
señalado que cuando se usen precedentes de derecho internacional como criterio
hermenéutico “se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para
establecer su aplicabilidad”14. Igualmente, el precedente judicial como causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve
como referente para que se decidan otros conflictos que necesariamente deben ser
semejantes.
Por tal razón, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada no incurrió en
el desconocimiento del precedente judicial, porque la decisión de la Corte IDH, que
invoca la parte actora como desconocida, en realidad, no constituye precedente
para el caso objeto de estudio.
Finalmente, debe indicarse que en relación con el salvamento de voto con que
contó la decisión, precisamente, se trata de una decisión que se aparta de la
decisión mayoritaria, sin que su contenido tenga la virtualidad de acreditar la
vulneración de algún derecho fundamental, que haga procedente la acción de tutela
y que lo relacionado con los señalamientos que hicieran algunos medios de
comunicación con fundamento en la decisión que resolvió la recusación, tampoco
logró acreditar la vulneración a la reserva sumarial, que es la conducta que debía
ser objeto de análisis y eventual reproche disciplinario.
Se encuentra resuelto el problema jurídico planteado en el caso objeto de estudio,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no incurrió en los defectos invocados
por la parte actora y, en esa medida, se impone negar las pretensiones de la acción
de tutela que ejerció el señor Ramiro Bejarano Guzmán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Ramiro
Bejarano Guzmán, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 151; Corte IDH.
Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 139.
14 Sentencias C-327 de 2016 y C-659 de 2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02142-00
Demandante: Ramiro Bejarano Guzmán
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Ausente con permiso
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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