Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01995-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01995-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01995-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01995-00
Demandante: Johanna Cardona García y Otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01995-00
Demandante: JOHANNA CARDONA GARCÍA Y OTRO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Contra providencias dictadas en proceso disciplinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Johanna Cardona García y Alberto
Cardona contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 23 de abril de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, Johanna Cardona García y
Alberto Cardona, en nombre propio, pidieron la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del
28 de noviembre de 2023 y del 6 de marzo de 2024, dictadas por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Cesar y por la Comisión Nacional de Disciplina judicial,
respectivamente, por medio de las cuales se dio por terminada una investigación
disciplinaria y se ordenó el archivo de la diligencia en favor de Yesith Pallares Aguilar, en
el proceso con radicado nº 20001-25-02-000-2021-00211-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
Amparar el derecho fundamental del debido proceso dentro de la litis DISCIPLINARIA vulnerado por los
ACCIONADOS por defecto fáctico y sustantivo. y como consecuencia ORDENAR revocar los fallos
cuestionados.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Los actores, quienes fueron reconocidos como víctimas en un proceso penal adelantada
por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2012 en donde perdió la vida su madre,
presentaron queja disciplinaria en contra de Yesith Pallares Aguilar y Maribeth Córdoba
Almenares, en calidad de Fiscales 6º Seccional de Bosconia y en contra de Andrés Alberto
Plencia Fajardo, en calidad de juez 5º Penal del Circuito de Valledupar, por su
participación en el proceso penal que terminó con la declaratoria de prescripción de la
acción penal.
La queja disciplinaria se adelantó bajo el radicado 20001-25-02-000-2021-00211-00 y fue
conocida en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.
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Demandante: Johanna Cardona García y Otro
El 24 de junio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar dio apertura
de la indagación preliminar en contra de Yesith Pallares Aguilar, Maribeth Córdoba
Almenares y Andrés Alberto Plencia Fajardo, adicionalmente, vinculó a Alejandro Elías
Tapias Ochoa, quien también fungió como Fiscal 6º Seccional de Bosconia.
El 8 de mayo de 2023, la comisión seccional decretó (i) la terminación del procedimiento
adelantado en contra de Maribeth Córdoba Almenares, Yesith Pallares Aguilar, Andrés
Alberto Plencia Fajardo y Alejandro Elías Tapias Ochoa, por sus actuaciones hasta el 2
de mayo de 2018 por haber operado la caducidad y, (ii) abrió investigación disciplinaria en
contra de Yesith Pallares Aguilar por las actuaciones posteriores al 2 de mayo de 2018.
El 28 de noviembre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar
terminó la investigación disciplinaria y dispuso el archivo definitivo de la diligencia, al
estimar que las ausencias del señor Pallares Aguilar en las audiencias programadas en el
proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el 8 de agosto de 2012 estuvieron
debidamente justificadas.
Inconforme con la anterior decisión, los señores Johanna Cardona García y Alberto
Cardona, en su calidad de quejosos, interpusieron recurso de apelación y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, el 6 de marzo de 2024, decidió confirmar la decisión de
primera instancia, básicamente por los mismos argumentos.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Los actores alegaron que las decisiones acusadas incurrieron en defecto fáctico, porque
las pruebas que aportó Yesith Pallares Aguilar que justificaban su inasistencia a las
audiencias no fueron radicadas oportunamente ante el juez natural y que los procesos
disciplinarios no son el escenario para presentarlas.
Que Yesith Pallares Aguilar, Maribeth Córdoba Almenares y Andrés Alberto Plencia
Fajardo obraron en contra del deber legal y constitucional que les asistía puesto que,
dicen, en el proceso penal había quedado demostrada la culpa grave del victimario y luego
de 10 años en el proceso penal se dio una terminación anormal por prescripción, situación
que, a su juicio, ameritaba que fueran sancionados disciplinariamente.
5. Trámite procesal
Por auto del 29 de abril de 2024, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda para
que los actores informaran el interés que les asistía para cuestionar los fallos disciplinarios
del 28 de noviembre de 2023 y 6 de marzo de 2024.
El 10 de mayo de 2024, los actores informaron que el interés que les asiste es la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en concordancia con la sentencia C-014 de 2004, el artículo 8º de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales demandadas,
puesto que, aportaron las pruebas necesarias para que los disciplinales fueran
sancionados.
El 16 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar,
y, vinculó, en calidad de terceros con interés, a Yesith Pallares Aguilar, Maribeth Córdoba
Almenares y Andrés Alberto Plencia Fajardo.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 21 de mayo de 2024.
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6. Intervenciones
El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la decisión
de segunda instancia cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
y, de manera subsidiaria, que se denegara el amparo.
Manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque recae sobre un asunto ya resuelto en la jurisdicción disciplinaria por lo que, dice,
los actores utilizan la solicitud de amparo como instrumento para cuestionar decisiones
proferidas por ese órgano de cierre.
Que no ha vulnerado el derecho al debido proceso de los actores porque a estos, de
acuerdo con sus facultades con las que cuentan como quejosos -no sujetos procesales-
se les permitió ampliar su denuncia y recurrir la decisión de primera instancia.
Que los demandantes no identificaron los hechos que supuestamente materializan la
vulneración, porque solo se limitaron a alegar la ocurrencia de un defecto fáctico y
sustantivo sin presentar fundamento alguno.
Que la decisión adoptada por esa corporación no constituye una vía de hecho por defecto
fáctico o sustantivo porque estuvo basada en las pruebas legalmente recaudadas y que
fueron valoradas conforme a derecho.
El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, ponente de
la decisión de primera instancia, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de
amparo o, en su defecto, que se denegaran las pretensiones.
Que no se configuró ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, porque la decisión de primera instancia fue debidamente
motivada y se indicaron las disposiciones legales y los motivos por los cuales decidieron
terminar el procedimiento a favor del disciplinado.
Finalmente, sostuvo que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso de los actores.
El señor Yesith Pallares Aguilar pidió que se denegaran las pretensiones de la parte
actora porque, a su juicio, no hay vulneración al derecho fundamental al debido proceso
debido y porque las decisiones cuestionadas se basaron en el material probatorio
aportado al proceso.
Maribeth Córdoba Almenares y Andrés Alberto Plencia Fajardo fueron debidamente
notificados, sin embargo, guardaron silencio.
7. Memorial intervención del actor
El 28 de mayo de 2024, el actor presentó memorial en el que, entre otras, solicitó “la
compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que adicione estos hechos
a la investigación que se viene adelantando por los delitos de PREVARICATO y FRAUDE
PROCESAL y la posibilidad de que se vincule a la investigación PENAL al abogado de la
defensa (…).
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Solicitud de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación
Como se vio, en memorial del 28 de mayo de 2024 la parte actora pidió que se compulsen
copias a la Fiscalía General de la Nación para ampliar una denuncia penal por ellos
presentada en contra de quienes fueron sujetos pasivos de la acción disciplinaria.
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Al respecto, la Sala debe señalar que a acción de tutela no es el medio pertinente e idóneo
para remitir o compulsar copias, porque para ello la parte actora puede acudir a la Fiscalía
General de la Nación a realizar la ampliación de la denuncia que considere pertinente.
2. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona las providencias
del 28 de noviembre de 2023 y 6 de marzo de 2024, dictadas por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Cesar y por la Comisión Nacional de Disciplina judicial,
respectivamente, el análisis de los cargos propuesto se centrará en la última providencia
por ser la que decidió de manera definitiva sobre la investigación disciplinaria.
Siendo así, Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por Johanna Cardona García y Alberto Cardona para dejar sin efecto la providencia del 6
de marzo de 2024, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina judicial, por medio de
la cual dio por terminada una investigación disciplinara y ordenó el archivo de la diligencia
en favor de Yesith Pallares Aguilar, en calidad de Fiscal 6 Seccional de Bosconia, en el
proceso con radicado nº 20001-25-02-000-2021-00211-01.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional
porque la parte actora la utiliza como una instancia adicional del proceso disciplinario e
insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural del proceso.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela;
la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
Los señores Johanna Cardona García y Alberto Cardona cuestionan la providencia del 6
de marzo de 2024, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina judicial que confirmó la
decisión de dar por terminada la investigación disciplinara No. nº 20001-25-02-000-2021-
00211-01 y ordenó el archivo de la diligencia en favor de Yesith Pallares Aguilar.
La Sala empezará por precisar que en este caso encuentra acreditada la legitimación en
la causa por activa de los accionantes porque la decisión judicial que cuestiona es la de
archivo de la investigación disciplinaria.
Esta Sección4 ha señalado que los derechos del quejoso se encuentran limitados en sede
disciplinaria, en principio, por no tener la calidad víctima, sujeto procesal o interviniente en
el mismo, limitación que se extiende al análisis que debe hacer el juez de tutela, el cual
debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en favor de aquel.
No obstante, lo cuestionado es el auto que dispuso la terminación y archivo del proceso
disciplinario, en el cual obraron como quejosos los señores Johanna Cardona García y
Alberto Cardona, por lo que, conforme con lo previsto en el parágrafo del artículo 110 de
la Ley 1952 de 2019, éste puede «recurrir la decisión de archivo», lo cual denota el interés
directo que tiene respecto de la decisión, en esa medida, se dará por superada la
legitimación en la causa por activa5.
Luego, frente al cargo de defecto fáctico formulado por la parte accionante, la Sala
encuentra que los argumentos expuestos coinciden con los propuestos en el proceso
disciplinario. Básicamente, en el proceso disciplinario y en la acción de tutela la parte
actora señala que debió continuar con el proceso disciplinario a fin de declarar la
responsabilidad disciplinaria de Yesith Pallares Aguilar, en calidad de Fiscal 6 Seccional
de Bosconia, porque las excusas de sus ausencias en las audiencias programadas en el
proceso penal no fueron presentadas en la oportunidad procesal que correspondía ni ante
el juez natural del proceso.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 28
de noviembre de 2023, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar,
se lee lo siguiente:
Este Despacho RESUELVE la acción disciplinaria en contra del disciplinado justificando sus ausencias
y la falta de cumplimiento de sus deberes con unas excusas que NO fueron presentadas en su
OPORTUNIDAD procesal tal y como se evidencia dentro del expediente No.20060-60-01231-2012-
00291 que adelanto el juzgado quinto penal de v/dupar.
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora dice:
4 Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo de
Estado, Sección Cuarta
5 En ese sentido se ha pronunciado la Sala en providencias del 9 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2022-02142-
00 y del 7 de marzo de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-00377-00
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Ahora con respecto a los fallos disciplinarios, los ACCIONADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACCION
CONSTITUCIONAL no repararon que las " pruebas" allegadas por el Fiscal pallares que supuestamente
"justificaba" su inasistencia a las audiencias, NO fueron radicadas en su oportunidad ante el juez natural
tal como lo señala la jurisprudencia de la M.P. DIANA MARINA VELEZ VASQUEZ dentro de un fallo
disciplinario contra un Abogada y donde señalaba que " LA SALA DISCIPLINARIA NO ES EL
ESCENARIO NATURAL PARA PRESENTARLAS" que también podría ajustarse a este fallo disciplinario
en contra del Abogado de la defensa del homicida que dilato y dilato con varias faltas de asistencia sin
justificación oportuna dentro del RADICADO 200001-2502-001-00233-00 que la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de esta misma región dispuso la terminación en favor del
disciplinado.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
en providencia del 6 de marzo de 2024, en la que consideró:
Por tanto, acertó la primera instancia al indicar que el Fiscal 6 Seccional de Bosconia actuó conforme a
sus deberes y sus inasistencias obedecieron a circunstancias que no le eran atribuibles. De las
documentales se puede colegir que el 28 de marzo de 2019, el investigado sí asistió a la diligencia y en
aras de lograr de mejor manera la práctica de una prueba, formuló una solicitud que fue acogida por el
juez. El 31 de julio y 28 de septiembre siguientes, se encontraba en audiencias y diligencias relacionadas
con el expediente No. 08001600125720170988100, ello aunado a los 2.212 asuntos que estaban
asignados para el trámite del despacho del funcionario en la vigencia 2019.
Es decir, PALLARES AGUILAR no faltó sin justificación a las audiencias de continuación del juicio oral
acaecidas el 28 de marzo, 31 de julio y 25 de septiembre de 2019 dentro del proceso penal No.
2006060012362012002910, pues se resalta, lo debatido en este asunto es la responsabilidad
disciplinaria y no el término en el cual el funcionario allegó los soportes de su inasistencia -o las
denominadas excusas por parte de los quejosos-.
Como se ve la discusión que proponen los demandantes ya fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que explicó que no era dable continuar con el proceso para
endilgar responsabilidad disciplinaria al señor Yesith Pallares Aguilar por cuanto sus
inasistencias estaban debidamente justificadas.
En el escenario que proponen los demandantes, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si era
procedente o no continuar con la investigación disciplinaria como lo pretende la parte
actora. La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos
fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una
opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las
autoridades jurisdiccionales de instancia.
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela presentada por
Johanna Cardona García y Alberto Cardona.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Rechazar por improcedente la solicitud de que se compulsen copias, presentada por
la parte actora.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Johanna Cardona García y Otro
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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