Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02963-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02963-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02963-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02963-00
Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02963-00
Demandante: JUAN CARLOS MUÑOZ MONTOYA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela contra providencia judicial, proceso disciplinario. Falta de
relevancia constitucional por carga mínima argumentativa y de
legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Juan
Carlos Muñoz Montoya, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de mayo de 2025, el señor Juan Carlos Muñoz Montoya, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
« […]
1 Declarar vulnerados mis derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso consagrados en los artículos 2 y 29 de la Constitución, en
concordancia con el artículo 116 y la jurisprudencia aplicada.
2 Ordenar la protección inmediata de dichos derechos mediante el restablecimiento de la
situación jurídica violada. Concretamente, se pide revocar el auto del 10 de abril de 2025
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (auto proferido por la parte accionada), o en
subsidio imponer las medidas necesarias para que se reconozca y admita el recurso de
apelación interpuesto, surta el trámite correspondiente y se profiera decisión fundada que
atienda sustantivamente la pretensión del actor.
3 En subsidio, se exhorte a la autoridad demandada a observar estrictamente el derecho
fundamental al debido proceso en tramites disciplinarios, permitiendo que los operadores
de insolvencia ejerzan sus mecanismos de defensa institucionales.
4 Cualquier otra medida de restablecimiento que estime procedente para asegurar una
tutela eficaz de los derechos fundamentales comprometidos en este caso.»
(se transcribe con posible errores)
2. Hechos
Del expediente se advierte como relevantes los siguientes hechos:
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Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya
El señor Juan Carlos Muñoz Montoya manifestó que ostenta la calidad de conciliador
en derecho adscrito al Centro de Conciliación Justicia Alternativa y funge como
operador de insolvencia en el proceso de negociación de deudas y liquidación
patrimonial con radicado núm. 2019-01050 iniciado contra Carlos Arley Perea Rivas.
Indicó que en calidad de operador judicial solicitó ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca investigar disciplinariamente al señor Luis Ángel
Paz en condición de Juez Veinticuatro Civil Municipal de Cali, así como a todos los
funcionarios de dicho despacho por incumplimiento de sus deberes y extralimitación
de funciones dentro del referido trámite.
Lo anterior, con fundamento en que el juzgado aplicó un control de legalidad indebido
al revisar la totalidad del procedimiento concursal y por abstenerse de decretar la
apertura de la liquidación patrimonial; omitió pronunciarse de fondo sobre la petición
presentada el 25 de junio de 2021 y retardó injustificadamente la devolución del
expediente al centro de conciliación.
El conocimiento del proceso disciplinario tramitado con el radicado 76001-25-02-000-
2021-01349-01 en primera instancia correspondió a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca, que en providencia del 16 de diciembre de
2024, decretó la terminación de la investigación y dispuso el archivo de las diligencias
en favor del Juez Veinticuatro Civil Municipal de Cali, al considerar que había operado
la prescripción de la acción disciplinaria, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
1952 de 2019, situación que impedía cualquier pronunciamiento respecto al auto del 3
de octubre de 2019 en el que el investigado ejerció control de legalidad.
Precisó que la revocatoria de las decisiones adoptadas por el operador de insolvencia
constituía una actuación amparada por los principios de autonomía e independencia,
lo cual restringía la intervención de esa jurisdicción al no evidenciar irregularidad que
justificara su injerencia.
Frente a la presunta omisión de la petición afirmó que debido a que la responsabilidad
disciplinaria es de carácter individual, no correspondía efectuar más valoraciones en
torno a la censura del quejoso, por la presunta omisión en dar respuesta de fondo a
una petición por él elevada, dado que la misma no era el mecanismo adecuado para
obtener respuesta dentro de un proceso, ya que su finalidad no incluía la resolución
de controversias legales en el ámbito jurisdiccional.
Finalmente, respecto a la posible dilación en la devolución del expediente al Centro de
Conciliación determinó que dicha tarea era de carácter secretarial y no una función
exclusiva del juez y el posible retraso en su remisión podría haber estado relacionado
con las medidas y restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19.
Contra la anterior decisión, el señor Muñoz Montoya interpuso recurso de apelación,
al considerar que el juez disciplinario de primera instancia omitió analizar elementos
de juicio que permitían evidenciar la violación a las prohibiciones del «artículo 32 del
Código Disciplinario Único, en sus numerales 2 y 17».
Afirmó que, no se tuvo en cuenta que actuó en ejercicio de funciones públicas y no
como parte procesal y es el único funcionario autorizado para decidir sobre la admisión
y desarrollo de los trámites de negociación de deudas, razón por la que era necesario
evaluar que el denunciado no estaba autorizado expresamente para tomar decisiones
en procesos que no estén a su cargo y pese a todos los requerimientos no se ha
remitido el expediente físico al centro de Conciliación Justicia Alternativa, para definir
los alcances de lo ordenado.
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Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya
Explicó que aportó pruebas que acreditaban los motivos por los cuales el fundamento
de la decisión adoptada en el control de legalidad realizado en ese trámite faltaban a
la verdad, porque se abstuvo de realizar la audiencia con el argumento que faltaba
notificar a algunos acreedores, no obstante, en el expediente, obraban pruebas que
acreditan que todas las partes acreedoras fueron citadas en debida forma y que los
que no acudieron a las audiencias lo hicieron porque no quisieron asistir.
Señaló que lo que buscó con esa denuncia no fue crear una tercera instancia, sino
analizar si la conducta desplegada por el denunciado y poder definir si su actuación se
ajustó a la realidad procesal, además de investigar si cometió una conducta
disciplinaria al omitir remitir el expediente en físico del trámite de insolvencia de Carlos
Arley Perez Díaz.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 10 de abril de 2025,
rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Muñoz Montoya
por carecer de legitimación en la causa por activa para cuestionar el auto del 16 de
diciembre de 2024, mediante el cual se decretó la terminación de la investigación y
dispuso el archivo de las diligencias en favor del Juez Veinticuatro Civil Municipal de
Cali doctor Luis Ángel Paz.
Lo anterior al considerar que los conciliadores adscritos a los centros de conciliación,
al ser designados como operadores de insolvencia de personas naturales no
comerciantes en virtud de lo previsto en la Ley 1564 de 2012 y su regulación
complementaria, contenida en los Decretos 2677 de 2012 y 1069 de 2015, adquieren
una naturaleza jurídica dual, porque conservan su condición de particulares y de forma
simultánea, ejercen facultades jurisdiccionales; por consiguiente, en desarrollo de
dicho encargo, el régimen legal les impone que todos sus actos se ajusten a los
principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.
En esa línea, indicó que la actuación iniciada por el señor Muñoz Montoya, en su
condición de operador de insolvencia, quien solicitó investigar al disciplinable por las
supuestas irregularidades al negar la apertura de la liquidación patrimonial derivada
de una indebida aplicación del control de legalidad; era una circunstancia que le
impedía ostentar la condición de quejoso o sujeto procesal.
Pues, los hechos alegados guardaron relación directa con las facultades
jurisdiccionales en las etapas procesales de negociación de deudas, de las cuales
emergían las obligaciones inherentes al ejercicio del cargo, de reportar cualquier
actuación anómala ante el órgano que posee la potestad disciplinaria, sin que pueda
predicarse la existencia de un interés particular.
En razón a lo anterior, concluyó que el actor careció de la calidad de quejoso o de
sujeto procesal y en atención a que el presente asunto no derivó de una queja formal
donde existiera un interés particular, había lugar a rechazar el recurso de apelación
interpuesto.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al efecto indicó que la autoridad
judicial demandada incurrió en defectos orgánico, procedimental y sustantivo.
Señaló que el derecho de acceso a la administración de justicia fue desconocido al
rechazar el recurso de apelación interpuesto, porque se le restringió la defensa de sus
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derechos. Así mismo considera que existió desconocimiento al debido proceso, porque
con la decisión se le impidió ser escuchado en juicio y aportar pruebas o argumentos
adicionales.
Manifestó que los operadores judiciales pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la
Constitución Política y, por tanto, deben actuar con imparcialidad.
Sostuvo que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto
orgánico al desconocer dicha investidura judicial transitoria.
Advirtió que existe un defecto procedimental absoluto al rechazar el recurso de
apelación interpuesto, sin un análisis de fondo y por limitarse únicamente a establecer
si tenía o no la condición de quejoso o sujeto procesal.
Que, incurrió en el defecto sustantivo al realizar una interpretación restringida de la ley
disciplinaria, con la afirmación según la cual sólo las partes del proceso pueden recurrir
la decisión de archivo y, que por tanto, la denuncia preliminar carecía de interés
particular.
Por las mismas razones, adujo la ausencia de motivación y violación al principio de
congruencia, a su juicio, la autoridad judicial demandada no argumentó por qué no se
puede constituir como sujeto procesal.
4. Trámite previo
El 23 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al demandante, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, en calidad de tercera con interés
en el proceso.
5. Oposición
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que el auto del 10 de abril de
2025, mediante el que rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan
Carlos Muñoz Montoya fue debidamente motivado, en el que se explicó que el proceso
disciplinario no se originó con una queja donde existiera un interés particular, por el
contrario, obedeció a la puesta en conocimiento de hechos irregulares por parte de un
particular que ejercía una función pública al interior de ese procedimiento de
insolvencia, y en esa calidad, radicó la noticia disciplinaria.
Manifestó que el artículo 109 de la Ley 1952 de 2019 define quiénes son sujetos
procesales en la actuación disciplinaria, los cuales son, el investigado y su defensor,
el Ministerio Publico, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial o en el
Congreso de la Republica contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la
Constitución Política.
Que, la norma también prevé que, las víctimas de conductas violatorias de derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral y cuando
no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, podrán
intervenir en calidad de sujeto procesal.
Sostuvo que es claro que el actor no es sujeto procesal, pues el parágrafo 1 del artículo
110 de la Ley 1952 de 2019 establece que dentro de sus facultades está limitado
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únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, aportar las
pruebas que tenga en su poder y recurrir la decisión de archivo o el fallo absolutorio.
Por lo tanto, adujo que no incurrió en alguno de los defectos señalados en el escrito
de tutela y la decisión allí adoptada está amparada en el principio de autonomía
judicial, lo cual impide que el instrumento constitucional se convierta en una tercera
instancia que habilite a un debate jurídico respecto de una situación ya zanjada por el
juez competente. Razón por la cual, solicitó no acceder al amparo de los derechos
fundamentales deprecados, ya que no se trasgredieron ni fueron desconocidos.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca manifestó que
no es posible remitir copia del expediente digital porque fue enviado a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y no ha sido devuelto y no se pronunció sobre los
hechos objeto de debate.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la
acción de tutela.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
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Problema jurídico y solución
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona el auto del 10 de
abril de 2025, por medio del cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó
el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 16 de diciembre de 2024,
en la que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca decretó la
terminación de la investigación y dispuso el archivo de las diligencias en favor del Juez
Veinticuatro Civil Municipal de Cali.
Como fundamento de la acción de tutela el señor Muñoz Montoya alegó la
configuración de los defectos orgánico, procedimental y sustantivo, por considerar, de
un lado, que se le restringió ejercer la defensa de sus derechos con la decisión que
declaró la falta de legitimación en la causa por activa y, del otro, por desconocer que
está investido transitoriamente de la función de administrar justicia por su condición de
operador de insolvencia en el proceso de negociación de deudas y liquidación
patrimonial.
Al respecto, la Sala advierte que sería del caso entrar a determinar, en primera medida,
si al actor le asistió o no legitimación en la causa por activa en el proceso disciplinario
que se cuestiona por esta vía, siendo la legitimación un presupuesto procesal de la
acción. Sin embargo, en el presente caso, de la prosperidad de los cargos relacionados
con la condición o no de quejoso del señor Muñoz Montoya dependerá el estudio de
los demás argumentos atinentes a la legitimación en la causa por activa.
A partir del anterior contexto, la Sala anticipa que la acción de tutela se declarará
improcedente, de un lado, porque el actor no cumplió con la carga mínima
argumentativa para cuestionar la conclusión según la cual no tiene la condición de
quejoso en el proceso disciplinario y, del otro, porque no se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa del señor Juan Carlos Muñoz Montoya para
cuestionar la providencia del 10 de abril de 2025.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la falta de relevancia constitucional
para cuestionar la decisión que negó la condición de quejoso en la actuación
disciplinaria y, (ii) la legitimación en la causa por activa y su análisis en el caso concreto
para cuestionar providencias dictadas en el marco del proceso disciplinario.
(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, no cumple con la carga mínima argumentativa para
cuestionar la conclusión de la autoridad judicial demandada, según la cual, no acreditó
la condición de quejoso en el proceso disciplinario, como se pasa a explicar.
En el presente caso el actor cuestiona la providencia del 10 de abril de 2025, por medio
de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó el recurso de apelación
interpuesto por el señor Juan Carlos Muñoz Montoya por carecer de legitimación en la
causa por activa para cuestionar el auto del 16 de diciembre de 2024, mediante el cual
se decretó la terminación de la investigación y dispuso el archivo de las diligencias en
favor del Juez Veinticuatro Civil Municipal de Cali doctor Luis Ángel Paz.
Al respecto, la autoridad judicial demandada consideró que los conciliadores adscritos
a los centros de conciliación, al ser designados como operadores de insolvencia de
personas naturales no comerciantes en virtud de los previstos en la Ley 1564 de 2012
y su regulación complementaria contenida en los Decretos 2677 de 2012 y 1069 de
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201
01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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2015, conservan su condición de particulares y de forma simultánea ejercen facultades
jurisdiccionales.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la actuación iniciada por el señor Muñoz
Montoya, en su condición de operador de insolvencia, quien solicitó investigar al
disciplinable por las supuestas irregularidades al negar la apertura de la liquidación
patrimonial derivada de una indebida aplicación del control de legalidad, era una
circunstancia que le impedía ostentar la condición de quejoso o sujeto procesal en el
trámite disciplinario.
Sobre ese aspecto, el actor se limitó a decir que los operadores judiciales pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia de acuerdo con lo
establecido en el artículo 116 de la Constitución Política y es un particular con función
pública transitoria.
Sin embargo, en la acción de tutela de la referencia la parte actora no identificó razones
por las que esa decisión incurrió en algún yerro o defecto, ni expone de manera
razonable los fundamentos en que sustenta la vulneración invocada, que permitan al
juez constitucional habilitar el estudio de fondo de la tutela contra la providencia
judicial, pues, se limitó a enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sin
argumentar la forma en que la providencia objeto de debate fue equivocada, pues
únicamente mencionó que su solicitud no fue analizada ni resuelta.
Así las cosas, aunque mencionó dentro de los argumentos de inconformidad la
decisión de no tenerlo como quejoso en la actuación disciplinaria reprochada a pesar
de ejercer funciones jurisdiccionales, no expuso un solo argumento dirigido a
cuestionar las razones por las que esa decisión incurrió en algún defecto, que afectara
derechos o garantías fundamentales.
En este punto, es importante recordar que no basta con alegar la posible amenaza o
vulneración de un derecho fundamental para que se habilite la acción de tutela contra
una providencia judicial, debe además demostrarse que existió una irregularidad
abiertamente contraria a la Constitución que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, de manera que, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional por incumplimiento de la carga mínima argumentativa.
En suma, la parte actora solo expuso su descontento frente a la decisión, pero, pasó
por alto, expresar razones que puedan equipararse a la argumentación necesaria para
proceder con un estudio de fondo.
Por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda
con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por el actor, porque, la acción de tutela no
cumple el requisito de procedencia que habilite el estudio del cargo por parte del juez
constitucional y, en esa medida, la Sala declarará improcedente los argumentos
relacionados con la decisión de no otorgarle la condición de quejoso al señor Juan
Carlos Muñoz Montoya en el proceso disciplinario que se cuestiona.
(ii) De la legitimación en la causa por activa
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Los artículos 86 de la Constitución Política 6 y 10 del Decreto 2591 de 1991 7 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente 8:
«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción
de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de
ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el
amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del decreto
2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales
puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta
disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma
que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte
en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de
la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la
causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).
En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente oficioso -
cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa-.
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
De manera que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial,
por regla general, se encuentran legitimados para controvertir una decisión judicial
quienes fueron parte o intervinientes en el proceso en el que esta se profirió.
6
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
7
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
8
T-552 de 2006.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02963-00
Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya
Es decir, los legitimados son el demandante, el demandado, o los terceros con interés
legalmente reconocidos dentro del trámite (como los coadyuvantes o llamados en
garantía), quienes ostentan un interés directo en el resultado del proceso.
La falta de legitimación por activa en el caso concreto
Establecido lo relacionado con el cargo sobre la condición de no quejoso del actor en
el proceso cuestionado, debe precisarse que la decisión reprochada no desconoció la
condición de conciliador y operador de insolvencia, sino que, por el contrario, puso de
presente que al tener esa calidad ejerce transitoriamente funciones jurisdiccionales.
De ahí que concluyera que el accionante no tenía ni siquiera la condición de quejoso
en el trámite de la actuación disciplinaria que le concediera las precisas y delimitades
facultades que otorga el «artículo 110 del Código General Disciplinario», es decir, del
entonces artículo 90 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.
En este punto, es preciso indicar que esta Sección ha señalado que los derechos del
quejoso se encuentran limitados en sede disciplinaria por no tener la calidad víctima,
sujeto procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al análisis que
debe hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos expresamente
consagrados en favor de aquel 9.
El parágrafo primero del artículo 110 del Código General Disciplinario 10 consagra las
facultades del quejoso en el proceso disciplinario, e indica que «La intervención del
quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo establecido en el artículo
anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del
juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de
archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente
en la Secretaria del Despacho que profirió la decisión».
En el presente caso el señor Juan Carlos Muñoz Montoya no tenía la facultad de
ejercer el recurso de apelación contra la providencia del 16 de diciembre de 2024,
mediante la que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca
decretó la terminación de la investigación y dispuso el archivo de las diligencias en
favor del Juez Veinticuatro Civil Municipal de Cali, porque no ostentaba la calidad de
quejoso.
De manera que, si el señor Muñoz Montoya no tenía la facultad de intervenir en el
proceso disciplinario, razón por la que fue declarada su falta de legitimación en la
causa por activa, en el marco de la presente acción de tutela fuerza a concluir que
tampoco le asiste legitimación en la causa por activa para ejercer la presente acción
de tutela.
9
Ello con fundamento en que, el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1123 de 2007 [actualmente, artículo 110 del Código General
Disciplinario].
10
Antes, paragrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002, según el cual:
« Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podran:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la practica de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuacion disciplinaria y el cumplimiento
de los fines de la misma, y
4. Obtener copias de la actuacion, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.
Nota: (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158 de 2003, en el entendido
que las victimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos
por la ley.)
Parágrafo. La intervencion del quejoso se limita unicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a
aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podra
conocer el expediente en la secretaria del despacho que profirio la decisión.».
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Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya
Pues, los demás argumentos del escrito de tutela los dirige a cuestionar que en el
proceso disciplinario se: (i) restringió su derecho de defensa y se le negó el derecho a
ser oído en juicio; (ii) impidió aportar pruebas y argumentos adicionales y (iii) se
desconoció su condición de operador judicial de insolvencia y su investidura
constitucional y su posición legítima para denunciar irregularidades en los procesos
que administran.
No queda duda de la falta de legitimación para cuestionar la decisión del proceso
disciplinario, pues el actor no acreditó la condición de quejoso y esa circunstancia, de
acuerdo con las normas que rigen la materia y la reiterada postura de esta Sección 11,
implica que tampoco le asista legitimación en la causa por activa para ejercer el
mecanismo constitucional de la referencia.
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela presentada por
Juan Carlos Muñoz Montoya.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos
Muñoz Montoya contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Aclara voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo de Estado, Sección Cuarta.
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