Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00326-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00326-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00326-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 15001-23-33-000-2025-00326-01
Demandante ROSAURA DÍAZ PINZÓN
Demandado COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOYACÁ
Temas Acción de tutela. Derecho de petición en trámite de proceso
disciplinario. Mora judicial en proceso disciplinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Rosaura Díaz Pinzón
contra el fallo de tutela del 2 de diciembre de 2025, proferido por la Sala de Decisión
nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que dispuso:
«PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Rosaura Díaz Pinzón, por las razones
expuestas en esta providencia.»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de noviembre de 20251, la señora Rosaura Díaz Pinzón, por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Boyacá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, al derecho de petición y de acceso a la administración de justicia,
por la falta de respuesta de fondo a la solicitud del 23 de octubre de 2025.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«Con base en lo anterior, imploro se declare la vulneración del derecho de petición, del
derecho al debido proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia perpetrado por
los accionados y por tanto, Conminar a los accionados para que en el término de 48 horas a
partir de la notificación de su providencia ordenar que sean amparados los derechos
fundamentales que le asisten a mi mandante, tales como el derecho de petición y que están
siendo vulnerados por la accionada y por tanto conminar a los accionados a que le den una
respuesta de fondo, clara, precisa, concisa y congruente a lo incoado, en especial al derecho
de petición impetrado por el suscrito el 23 de octubre de 2025»2 (sic para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 23 de octubre de 2025, Rosaura Díaz Pinzón, por conducto de apoderado
judicial, radicó petición ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Boyacá para que se le informara sobre el trámite impartido a la queja que
presentó contra el señor Oscar Alexander Chaparro Cardozo y, en caso de
que se hubiere iniciado el proceso disciplinario, que se le pusieran en
conocimiento las actuaciones adelantadas.
La solicitud se presentó en los siguientes términos:
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Samai, índice 2.
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Samai, índice 2. Página 3 del escrito de tutela.
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Demandante: Rosaura Díaz Pinzón
«PRIMERA: Sírvase informarme cuál fue el trámite dado a mis peticiones anotadas
anteriormente (queja en contra del señor OSCAR ALEXANDER CHAPARRO CARDOZO
cedulado con el Número 4.218.416 de Aquitania, el cual labora para la fiscalía general de la
nación en el cargo de Asistente de Fiscal I) y las cuales fueron trasladadas a su despacho por
competencia acorde a lo narrado anteriormente desde el 22 de septiembre de 2025.
SEGUNDA: Así mismo, de haber iniciado el respectivo proceso disciplinario acorde a la ley, le
solicito me notifique de todas las actuaciones que se surtan y así poder acudir y ejercer el
derecho de defensa y contradicción en procura de los derechos de mi prohijada ROSAUARA
DIAZ PINZON.»
2.2. En la tutela se indicó que el día de la radicación de la petición, una funcionaria
de la entidad receptora le informó que la queja fue radicada bajo el número
15001250200020250080600 y, que por reparto le correspondió al magistrado
Pablo Emilio Cepeda Novoa, razón por la cual la petición le sería remitida a
ese despacho.
2.3. La accionante señaló que transcurrieron más de 15 días sin que hubiera
obtenido respuesta.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela, la señora Rosaura Díaz Pinzón alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales, al no haber obtenido respuesta a su petición pese a que
trascurrió el término legal previsto para ello.
Agregó que la queja fue remitida a la autoridad disciplinaria por la Fiscalía General
de la Nación desde el 22 de septiembre de 2025, sin que el despacho ponente
hubiera reportado actuación alguna.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 20 de noviembre de 2025, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela presentada por Rosaura Díaz Pinzón
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.
4.2. El magistrado Pablo Emilio Cepeda Novoa solicitó desestimar las
pretensiones de la acción de tutela.
Informó que el 22 de septiembre de 2025, el apoderado de la accionante
presentó queja disciplinaria contra funcionario de la Fiscalía General de la
Nación, la cual fue radicada el 25 de septiembre de 2025 bajo el número
15001250200020250080600 y asignada a su despacho el 3 de octubre de 2025.
Dijo que la queja se encuentra en estudio para decidir sobre la apertura de la
investigación
Indicó que la solicitud presentada el 23 de octubre de 2025 ha sido tramitada
dentro de la actuación disciplinaria en un tiempo razonable teniendo en cuenta
la sobrecarga laboral del despacho.
Finalmente, sostuvo que la tutela es improcedente dado que las solicitudes
formuladas en procesos disciplinarios no se rigen por la Ley 1755 de 2015, y
precisó que el mismo día de su presentación se informó a la accionante sobre
la radicación de la queja, su radicado y el despacho competente.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 2 de diciembre de 2025, la Sala de Decisión nro. 1 del Tribunal
Administrativo de Boyacá negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por la señora Rosaura Díaz Pinzón.
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Precisó que lo realmente pretendido por la accionante era el impulso procesal de la
queja disciplinaria que radicó el 22 de septiembre de 2025 ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, lo cual implica un pronunciamiento
jurisdiccional que no se rige por las reglas del derecho fundamental de petición. En
consecuencia, descartó la vulneración del mencionado derecho.
En relación con los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, dijo que debía analizarse el caso como una mora judicial debido a que la
queja disciplinaria ha permanecido en el despacho luego de reparto sin gestión por
parte del magistrado ponente. A ese respecto, recordó que la queja fue radicada en
la Comisión el 22 de septiembre de 2025 y que ingresó al despacho del magistrado
el 3 de octubre de ese año.
El a quo señaló que la Ley 1952 de 2019 no establece un término para que la
Comisión se pronuncie sobre una queja disciplinaria. Recordó que los plazos legales
de seis meses aplican solo a las etapas de indagación previa e investigación,
cuando ya han iniciado. Con base en ello, consideró que el tiempo transcurrido entre
la recepción de la queja y la interposición de la acción de tutela (1 mes y 28 días)
era razonable y no daba cuenta de una dilación injustificada que vulnerara el
derecho al debido proceso o el de acceso a la administración de justicia. Finalmente,
descartó el alegado riesgo de prescripción de la acción disciplinaria dado que el
término para ello es de cinco años.
6. Impugnación
La señora Díaz Pinzón impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que
el a quo desconoció que la entidad accionada sí vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia.
Afirmó que la Comisión, a través del magistrado Pablo Emilio Cepeda, se abstuvo
de dar respuesta de fondo al derecho de petición que presentó el 23 de octubre de
2025, solo se le informó sobre la radicación y reparto, lo cual no constituye respuesta
idónea, conforme a los criterios jurisprudenciales de claridad, precisión y
congruencia, ni satisface el término legal previsto en el artículo 14 de la Ley 1437
de 2011. A ese respecto, invocó, entre otras, la sentencia SU-191 de 2022, para
sostener que el derecho de petición se vulnera tanto por omisión en la respuesta
como por la emisión de una respuesta que no sea de fondo y conforme a lo
solicitado. Agregó que la inactividad prolongada frente a la queja disciplinaria,
justificada en la carga laboral del despacho, afecta además sus derechos de acceso
a la administración de justicia y el debido proceso.
Finalmente, sostuvo que el juez de tutela tiene competencia para conminar a la
autoridad accionada a cesar la vulneración de sus derechos fundamentales, aunque
ello implique impulsar la actuación disciplinaria, por lo que requirió que se revoque
el fallo de primera instancia y se ampare su derecho fundamental de petición.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al negar el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, de petición y de acceso a la
administración de justicia de la señora Rosaura Díaz Pinzón.
3. Cuestión previa. Legitimación
En cuanto a la legitimación en materia de tutelas, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 dispone que la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona
que se encuentre amenazada o lesionada en sus derechos constitucionales
fundamentales, que actuará por sí misma o a través de representante y, que los
poderes se presumirán auténticos.
Previo a realizar el estudio del caso se debe precisar que, tratándose de procesos
disciplinarios, esta Sección4 ha sido del criterio que los derechos del quejoso se
encuentran limitados en sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad
víctima, sujeto procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al
análisis que debe hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos
expresamente consagrados en favor de aquel.
En este caso la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
la accionante, porque una de las facultades del quejoso en el proceso disciplinario
es presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, como lo autoriza el
parágrafo 1° del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 110. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales
podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la
actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga
carácter reservado.
PARÁGRAFO 1o. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo
establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la
gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de
archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en la
Secretaría del Despacho que profirió la decisión. (Énfasis propio).
PARÁGRAFO 2o. Las víctimas o perjudicados, cuando se trate de investigaciones por
violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
actos constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.»
Se advierte que la señora Rosaura Díaz Pinzón solicitó información sobre el trámite
impartido a la queja que interpuso contra Oscar Alexander Chaparro Cardozo, quien
labora para la fiscalía general de la nación en el cargo de Asistente de Fiscal I; la
cual fue trasladada por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Boyacá, desde el 22 de septiembre de 2025. En su solicitud también pidió que
se le notificaran las actuaciones que se surtan en el citado proceso disciplinario.
Por tal razón, para la Sala en este caso se encuentra acreditada la legitimación en
la causa por activa del accionante porque la falta de respuesta frente a la solicitud
4
Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado, Sección
Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo de Estado,
Sección Cuarta. expediente número: 11001-03-15-000-2023-00836-00, Consejo de Estado, Sección Cuarta.
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de información sobre el trámite impartido a un proceso disciplinario en el que figura
como quejosa y, respecto de la cual alega tardanza en su trámite, la habilita para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales, pues tales actuaciones hacen
parte del ámbito de las intervenciones que le son permitidas como quejosa en el
marco del proceso disciplinario.
4. Análisis del caso particular
4.1. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia al coincidir con
el a quo en que la controversia planteada no comporta la vulneración del
derecho fundamental de petición de la señora Díaz Pinzón. En efecto, la
solicitud por ella formulada se orientó a obtener el impulso y pronunciamiento
dentro de un trámite disciplinario en curso, lo cual se enmarca en funciones
jurisdiccionales del magistrado a cargo, y no en actuaciones de carácter
administrativo.
4.2. Al respecto, conviene reiterar la distinción entre las solicitudes dirigidas a
jueces o magistrados que versan sobre asuntos jurisdiccionales y aquellas que
versan sobre materias de naturaleza administrativa. Si bien, en principio, toda
solicitud presentada ante autoridades públicas o privadas puede entenderse
como ejercicio del derecho fundamental de petición, lo cierto es que existen
requerimientos que no se rigen por las disposiciones del artículo 23 de la
Constitución ni de la Ley 1755 de 2015.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha insistido en señalar que las
reglas propias del derecho de petición no son aplicables cuando se solicita a
un servidor de la Rama Judicial que actúe en ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales. Ello se debe a que las solicitudes relacionadas con
actuaciones judiciales (en este caso disciplinarias) se encuentran reguladas
por procedimientos específicos, propios de cada proceso, y no por las normas
del derecho de petición.
Para determinar si una solicitud presentada ante un juez constituye un
verdadero derecho de petición o, por el contrario, una actuación judicial, la
Corte Constitucional ha señalado que debe atenderse a su naturaleza y
finalidad. En particular, debe establecerse si la respuesta solicitada implica una
decisión judicial sobre aspectos relacionados con la litis o con el trámite
procesal. En tales eventos, la respuesta constituye un acto jurisdiccional, razón
por la cual el juez no está obligado a resolverla conforme a las reglas del
derecho de petición, sino que debe sujetarse a los términos, procedimientos y
garantías del proceso, en observancia del debido proceso.
En concordancia con lo anterior, la sentencia T-482 de 2024 reiteró que, si
bien todas las personas pueden presentar solicitudes ante los jueces de la
República, aquellas solo se rigen por las normas del derecho de petición
cuando su objeto no recae sobre procesos judiciales en curso. Asimismo, la
Corte precisó que los jueces también emiten actos de naturaleza
administrativa, frente a las cuales sí son aplicables las reglas del derecho de
petición, por tratarse de actuaciones desplegadas en ejercicio de la función
administrativa.
Por lo anterior, los memoriales, solicitudes y recursos presentados dentro de
un proceso judicial se rigen por los términos, etapas y reglas procesales
establecidos por el legislador en las leyes procesales correspondientes. Se
reitera, entonces, que las normas que regulan el derecho de petición no son
aplicables a las solicitudes que pretenden obtener pronunciamientos judiciales
dentro de un proceso (como ocurre en el caso que nos ocupa), aun cuando dichas
solicitudes se presenten formalmente bajo la denominación de derecho de
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petición. De no hacerse esta distinción, se afectarían las formalidades
procesales que garantizan el debido proceso de las partes y de los demás
intervinientes.
4.3. A partir de lo anterior, la Sala reitera que la solicitud presentada el 23 de
octubre de 2025 por la señora Rosaura Díaz Pinzón no se rige por las
disposiciones del derecho fundamental de petición debido a que no se orientó
a obtener una actuación administrativa, sino a requerir información y
pronunciamiento sobre el trámite y eventual impulso procesal de una actuación
disciplinaria en curso. En consecuencia, la petición se inscribe dentro de las
funciones jurisdiccionales del juez disciplinario y se encuentra sujeta a los
términos y reglas propias de ese procedimiento.
Por ello, el transcurso del término previsto en la Ley 1755 de 2015, no resulta
aplicable al caso particular y, en consecuencia, no configura la vulneración del
derecho de petición.
Debe agregarse que las providencias judiciales invocadas por la accionante5
como sustento de su impugnación no resultan aplicables al asunto analizado,
en tanto desarrollan el núcleo esencial del derecho de petición en supuestos
fácticos diferentes, mientras que, como se ha explicado, dicho derecho no
regula la solicitud objeto de análisis.
4.4. Ahora bien, aunque la solicitud de información que originó esta acción de tutela
no se rige por las reglas del derecho de petición, es posible afirmar que guarda
relación con los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia la señora Díaz Pinzón, en su calidad de quejosa dentro de la
actuación disciplinaria objeto de análisis. Lo anterior, en la medida en que la
solicitud no tenía por finalidad promover una actuación procesal, sino obtener
información sobre el trámite que se ha dado a la queja por ella promovida.
A ese respecto, se recuerda que en la respuesta a esta acción de tutela el
magistrado ponente indicó que, el 23 de octubre de 2025, se contestó la
solicitud, informando a la quejosa que «la queja fue recibida y asignada al expediente
con radicado No. 15001250200020250080600, el cual fue repartido al magistrado Pablo
Emilio Cepeda Novoa el 25 de septiembre de 2025. Además, en dicha respuesta, se le
indicó al accionante que el expediente ya se encontraba a despacho para ser decidido,
cumpliendo con el principio de transparencia en la administración pública».
En el expediente constitucional obra prueba de la respuesta a la solicitud de
información, remitida, el 23 de octubre de 2025, desde el correo electrónico de
la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá al
apoderado de la señora Díaz Pinzón6, lo cual corrobora la defensa expuesta
por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, a juicio de la Sala, la solicitud de información relativa a la
gestión que se dio a la queja disciplinaria promovida por la accionante fue
atendida de manera adecuada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Boyacá, razón por la cual no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante a este respecto.
4.5. Ahora, frente a la alegada inactividad en el trámite de la queja, conviene
recordar que no toda dilación en la gestión de una actuación (en este caso
5
Página 1 del escrito de impugnación: «(…) en concordancia con múltiples precedente jurisprudenciales tales como T-066-
24, T-272/23, C-818/11, T-487/11 y T-329/16 entre otras a su turno la sentencia SU-191 de 2022, de la Sala Plena de la
Corte Constitucional señaló que este derecho se vulnera en dos escenarios: (i) cuando se evidencie que no se ha otorgado
respuesta dentro del término legal previsto para cada tipo de petición; o (ii) en aquellos casos en los que, no obstante
haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o de fondo, de conformidad con el contenido
de la solicitud y de los parámetros previamente desarrollados en esta sentencia (v.gr., claridad, precisión, congruencia,
etc.), sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder necesariamente a lo requerido»
6 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 15001233300020250032600, índice 11.
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disciplinaria) constituye un retardo injustificado, pues pueden presentarse
circunstancias objetivas y externas que expliquen razonablemente la tardanza.
En consecuencia, corresponde al juez de tutela valorar en cada caso si la
demora resulta injustificada y atribuible a una conducta negligente del
funcionario competente.
Establecido lo anterior, esta Sala estima que el tiempo transcurrido desde el
reparto de la queja al magistrado ponente para decidir sobre la apertura de la
investigación no es irracional ni desproporcionado ni evidencia negligencia
atribuible al ponente al que le corrrespondió del conocimiento del asunto.
La consulta del expediente nro. 15001250200020250080600 en el sistema de
información de la Rama Judicial7 da cuenta de que la queja disciplinaria fue
asignada por reparto al magistrado Pablo Emilio Cepeda Novoa el 3 de octubre
de 2025. Consta además una actuación del 24 de octubre de 2025, mediante
la cual la Secretaría de la Comisión incorporó la correspondencia que contiene
la petición radicada por el apoderado de la señora Díaz Pinzón el 23 de octubre
de ese año8.
Como ya se vio, el 23 de octubre de 2025, la Comisión dio respuesta a la
solicitud presentada por el apoderado de la quejosa, comunicándole el número
de radicación y el estado del trámite. Indicó, además, que el proceso se
encontraba a despacho para decidir sobre la apertura de la investigación
disciplinaria respecto de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, y
precisó que el proceso no está inactivo, sino que se adelanta conforme a los
tiempos del procedimiento disciplinario, sin que se configure una demora
injustificada. En sus palabras: «no se trata de una falta de actuación, sino de un periodo
razonable de tiempo para una decisión adecuada, dado el volumen de casos y la relevancia
de la decisión que debe adoptarse».
De acuerdo con lo anterior, se advierte que, al momento de la interposición de
la acción de tutela había transcurrido un mes y dieciséis (16) días desde la
asignación del proceso al despacho del magistrado ponente. Dicho lapso se
estima razonable, si se atiende a la etapa procesal de la actuación, a la
naturaleza de la decisión pendiente y a la carga laboral del despacho, según
se afirmó en el informe rendido; circunstancias que descartan la existencia de
negligencia atribuible a la autoridad judicial.
7
Cfr. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
8
Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 15001233300020250032600, índice 11.
7
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Demandante: Rosaura Díaz Pinzón
Ha de tenerse en consideración, además, que la Ley 1952 de 20199 no
establece un término para que, una vez repartida la queja disciplinaria al
ponente, éste profiera el auto de apertura de la investigación disciplinaria, de
la indagación previa o de archivo o adopte cualquier otra determinación inicial
que estime procedente. En consecuencia, el tiempo transcurrido desde el
reparto del asunto sin que el ponente haya adoptado una determinación frente
a la queja disciplinaria, no evidencia por sí mismo negligencia en el trámite de
la queja.
4.6. Así las cosas, no se acredita la mora judicial injustificada, ni la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración
de justicia, razón por la cual resulta acertada la conclusión del juez de tutela
de primera instancia al negar el amparo solicitado.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 2
de diciembre de 2025 por la Sala de Decisión nro. 1 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, al no encontrar acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la señora Rosaura Díaz Pinzón.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de tutela del 2 de diciembre de 2025 proferida por la
Sala de Decisión nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de
la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
8
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