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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00836-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00836-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Rodrigo Miguel López Borja contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00836-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

16 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00836-00
Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00836-00
Demandante: RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor
Rodrigo Miguel López Borja contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Rodrigo Miguel López Borja interpuso acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“1) Amparar el derecho fundamental al Acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, así como el Principio de Publicidad del quejoso, dentro del trámite radicado No.
130011102000-2022-00443- 00.

2) Se le prevenga especialmente, para que en lo sucesivo se abstenga de tomar esas conductas
lesivas de los derechos fundamentales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El señor Rodrigo Miguel López Borja manifestó que, debido a presuntas
irregularidades cometidas por los abogados Alejandro Miguel Castellanos López y
Karen Vanessa Vejar Ramírez en el trámite de un proceso ordinario laboral,
presentó queja disciplinaria ante la Comisión Seccional del Disciplina Judicial de
Bolívar, a la que le fue asignado el radicado número 13001110200020220044300.

Manifestó que, en aras de conocer qué actuaciones se habían surtido, elevó
petición de acceso al expediente, la cual fue resuelta de manera negativa por el
Consejo Seccional de Bolívar.

Indicó que el despacho de la Comisión Seccional del Disciplina Judicial de Bolívar,
que conoció del asunto, desatendió el material probatorio que obró en el expediente
y dispuso archivar la queja, decisión contra la que ejerció recurso de apelación.

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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 2 de noviembre de
2022, confirmó la decisión de primera instancia.

Indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en Oficio SJ - FAGS 31841
“ratifica la negativa de acceder al expediente, exponiendo que el quejoso no es
sujeto procesal”.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora considera que la Comisión Seccional del Disciplina Judicial de
Bolívar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la decisión que negó el
acceso al expediente incurrió en “exceso ritual manifiesto, convirtiendo dicho asunto en
algo oculto”.

A su juicio, la decisión esta soportada en una “desacertada hermenéutica, que de
manera restrictiva y sin fundamento alguno, asimila “concurrir” al hecho de conocer
el estado de un trámite”.

Explicó que cuando intenta conocer el estado de la queja disciplinaria o su trámite,
no se encuentran vías, canales o medios para hacerlo, porque en la página de la
Rama Judicial esa investigación tiene el carácter de “privada”, sin acceso al público.

Que, por lo anterior, en su condición de quejoso no ha podido conocer el estado de
la investigación. A su juicio, “no se atiende a los principios constitucionales, ni a los enunciados
de la Ley 2213 de 2022, como tampoco a los Acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura ”, sin explicar las razones de su dicho.

Indicó que se están confundiendo los verbos del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007,
pues, según indicó “concurrir” contenido en el parágrafo del artículo se refiere a la
posibilidad de intervenir personalmente en las diligencias desarrolladas. Verbo que
se ha descrito como “acudir a un lugar junto con otras personas” o “hacerse presente
algo o alguien en un lugar y tiempo en que otros también lo hacen”, mientras que, la
contenida en el numeral 4 ibidem, permite inferir que los intervinientes pueden
solicitar copias.

Finalmente, dijo que “Dicha negativa de remitir acceso al expediente que promuevo en
calidad de quejoso no tiene fundamento objetivo, máxime cuando tengo interés directo y
mediante ninguna canal institucional he podido acceder a ello. Quedando el ejercicio de los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo
adjetivo en tela de juicio, ante la negativa de conocer el estado de una investigación, pese a no
figurar cargada en su página oficial, ni en el aplicativo Tyba”.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 20 de febrero de 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al señor Rodrigo Miguel López Borja, a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó informe en la que indicó que
en el escrito de tutela no se identificó un análisis de procedencia de la solicitud,
como la relevancia constitucional o la subsidiariedad, que, en el presente caso, no
se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

Igualmente, relató los hechos que dieron origen al proceso disciplinario y a la acción
de tutela del radicado de la referencia.

Explicó que el señor López Borja no tenía la calidad de interviniente en el proceso
disciplinario y, por lo tanto, no tenía la facultad para solicitar las copias pretendidas,
para lo cual hizo referencia a los artículos 66 de la Ley 1123 de 2007, 65 ibidem y
a la sentencia C-014 de 2004.

6. Intervención de los terceros interesados

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar informó que la queja
disciplinaria correspondió para conocimiento al despacho sustanciador el 21 de
abril de 2022, fue remitido por secretaria al despacho el día 29 de abril y mediante
auto del 9 de mayo de 2022, se dispuso dar apertura al proceso disciplinario en
aras de adelantar investigación disciplinaria en contra de los abogados Alejandro
Miguel Castellanos López y Karen Vanessa Vejar Ramírez, se fijó fecha para llevar
acabo audiencia de pruebas y calificación el día 8 de julio de 2022, situación que
se le comunicó al quejoso.

Que la secretaría expidió el oficio SGD-203-010239-2022 del 23 de junio de 2022,
mediante el que puso en conocimiento del señor Rodrigo Miguel López Borja la
fecha y hora señalada, el cual le fue enviado por correo electrónico
rodrigomiguelopez@gmail.com.

Explicó que el 8 de julio asistieron los abogados investigados en compañía del
abogado Jorge Iván Vargas Rojas, a quien otorgaron poder, como también hizo
presencia el señor López Borja, en donde se dio aplicación al artículo 105 del
Código Disciplinario del Abogado, se otorgó la palabra al quejoso para que ampliara
la queja, quien refirió que en la documentación aportada con el escrito de queja
estaba el contenido fundamental del reproche.

Que el despacho concedió la palabra a cada uno de los disciplinables para que
rindieran su versión libre, por lo cual, procedió a la calificación del mérito de la
instrucción declarando la terminación de la investigación seguida contra los
profesionales del derecho inicialmente relacionados, procedió a motivar el fallo, e
indicó en la parte resolutiva que contra la misma procedía el recurso de alzada.

La decisión se notificó por estrado a los abogados Alejandro Miguel Castellanos
López y Karen Vanessa Vejar Ramírez, así mismo, se notificó al señor López Borja,
quien manifestó no estar de acuerdo y presentó recurso de apelación, por lo que el
magistrado sustanciador concedió el recurso de alzada, en el efecto suspensivo,
para que se surtiera ante el superior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Mediante oficio SGD-203-13854-2022 del 23 de agosto, el secretario Judicial de la
Sala envió el expediente al superior y por medio de correo electrónico del 24 de
agosto de 2022, se remitió al señor Rodrigo Miguel López Borja el oficio SGD-203-
13857, por el cual se le dio a conocer que el asunto había sido enviado ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para lo de su competencia.

En la misma fecha, el quejoso reenvió el correo y solicitó se le facilitara el enlace
de descarga o consulta de dicho expediente, por lo que oficial mayor de la
secretaría remitió la solicitud de copias al superior.

Posteriormente, en constancia secretarial del 4 de octubre de 2022, el secretario
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pasó al despacho de la
magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, sustanciadora del asunto, el correo

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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

electrónico remitido por la Secretaria de la Sala, contentivo de la petición del
quejoso, que, en auto del 7 de octubre de 2022, dispuso:

«(...)
2. Por otra parte, informar que no es posible acceder a la solicitud de copias deprecada
por el peticionario en cuanto el quejoso no es sujeto procesal, de conformidad con el
parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, que dispone “solamente podrá
concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad
del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la
actuación, distintas a la sentencia”. Por consiguiente, no es posible acceder a la solicitud
de copias en la presente actuación disciplinaria.»

Sin embargo, en auto del 2 de noviembre de 2022, la magistrada resolvió modificar
el auto apelado, para, en su lugar, confirmar la decisión de terminación del
procedimiento y archivo de las diligencias, a favor de los abogados Alejandro Miguel
Castellanos López y Karen Vanessa Vejar Ramírez, en lo concerniente a la
interposición y posterior desistimiento de la excepción previa de prescripción, a su
vez, revocó la decisión, para que se continuara la investigación disciplinaria contra
los abogados, por la presunta cita inexacta plasmada en la contestación de la
demanda del proceso ordinario laboral que dio origen al disciplinario.

En consecuencia, el expediente disciplinario fue devuelto a la secretaria de la
Comisión Seccional el 25 de noviembre de 2022 y, una vez el expediente retornó
al despacho, se dispuso fijar fecha para la continuación de la audiencia de pruebas
y calificación el 8 de febrero de 2023, decisión que también fue comunicada al señor
Rodrigo Miguel López Borja, mediante oficio SGD-203-0988-2023 del 23 de enero
de 2023, enviado a su correo electrónico.

El 24 de enero de 2023 el señor Rodrigo Miguel López Borja solicitó nuevamente
se le remitiera el enlace de consulta del expediente o de la providencia que fijaba
la diligencia, frente a lo cual, la citadora, le relacionó el contenido del artículo 66 y
parágrafo el cual contempla las facultades de los intervinientes y las facultades del
quejoso, por ende, con base en lo establecido en el parágrafo, la citadora, le refirió
que no podía dar respuesta a lo pedido.

Se fijó el 8 de febrero de 2023 para continuación de la audiencia de pruebas y
calificación, en obedecimiento a lo dispuesto por el superior, ante lo cual, procedió
la secretaria a librar el oficio SGD-203-0988-2023, enviado al correo electrónico del
señor Rodrigo Miguel López Borja.

Sin embargo, para la fecha señalada el señor López Borja no compareció, no
obstante, dada la asistencia de los sujetos procesales, es decir, los investigados y
defensor contractual, la misma se desarrolló, se suspendió para el 8 de marzo de
2023 a las 9:00 a.m., lo cual también se le comunicó al quejoso mediante el oficio
SGD- 203-02858-2023.

Precisó que el quejoso no tiene la facultad que replica en el escrito de acción de
tutela, respecto tener acceso al expediente, porque solo tiene la facultad de
concurrir al disciplinario para la formulación de ampliación de la queja bajo la
gravedad de juramento, aportar pruebas e impugnar de las decisiones que pongan
fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto, podrá conocerlas en la
secretaría de la Sala respectiva.

Que, por tanto, no es aceptable que el actor afirme que se le está violando el
principio de publicidad, porque siempre se le han comunicado, mediante oficios
enviados a su correo electrónico, cada una de las actuaciones surtidas en el trámite
del proceso disciplinario 2022-00443-00.

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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

Afirmó que, si su deseo es estudiar la decisión adoptada en segunda instancia, la
norma es clara, ya que él puede concurrir a la secretaria de la sala, donde le darán
acceso para que la lea y estudie si ese es su deseo, situación que no se ha
adelantado por el señor López Borja, puesto que no se encuentra que se le hubiere
negado el acceso a la secretaría o que una, vez en ella, no se le hubiere dado
traslado de las decisiones adoptadas.

Dijo que tampoco hay lugar a invocar la vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia, porque dentro del expediente no existe demora ni
dilación en el trámite, que, una vez el asunto ha pasado al despacho, en un término
comprendido dentro de los 10 días siguientes, se ha pronunciado en aplicación a
las normas previstas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Rodrigo Miguel López Borja
cuestiona, específicamente, el auto del 7 de octubre de 2022, que fue la decisión
que negó el acceso a las copias elevada, en calidad de quejoso, en el marco del
proceso disciplinario con radicado número: 13001110200020220044301, por no
tener la condición de sujeto procesal. A su juicio, con la decisión de configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

En ese orden, la Sala determinará si en el presente caso se configura el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, previo a señalar las razones por las que
le asiste legitimación en la causa por activa al señor López Borja para ejercer el
presente mecanismo.

De la legitimación en la causa por activa

En cuanto a la legitimación en materia de tutelas, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier
persona que se encuentre amenazada o lesionada en sus derechos
constitucionales fundamentales, que actuará por sí misma o a través de
representante y, que los poderes se presumirán auténticos.

Aunque esta Sección 1 ha señalado que los derechos del quejoso se encuentran
limitados en sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad víctima, sujeto
procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al análisis que debe

1 Sentenciadel 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de
Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-
02142-00, Consejo de Estado, Sección Cuarta.
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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos expresamente
consagrados en favor de aquel.

No obstante, en el presente caso se está cuestionando un auto que resolvió de
manera precisa una solicitud que ejerció el señor López Borja, en calidad de
quejoso en el proceso disciplinario que se cuestiona por esta vía y, por ende, se
dará por superada la legitimación en la causa por activa.

Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto 2

Como se anticipó, el señor Rodrigo Miguel López Borja cuestiona el auto del 7 de
octubre de 2022, por medio de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
negó el acceso a las copias del proceso disciplinario con radicado número:
13001110200020220044301, porque el señor López Borja no tenía la condición de
sujeto procesal.

Lo anterior, de entrada, permite señalar que la decisión que se está cuestionando
es ajena al trámite del proceso disciplinario referido. Como se indicó, se trata de
una providencia que resolvió una solicitud de copias y acceso al expediente en
concreto al señor López Borja y, por ende, el actor se encuentra legitimado para
cuestionarla.

Ahora, el demandante considera que se están confundiendo los verbos del artículo
66 de la Ley 1123 de 2007, pues, según indicó “concurrir” contenido en el parágrafo
del artículo se refiere a la posibilidad de intervenir personalmente en las diligencias
desarrolladas. Verbo que se ha descrito como “acudir a un lugar junto con otras
personas” o “hacerse presente algo o alguien en un lugar y tiempo en que otros también lo
hacen”, mientras que, la contenida en el numeral 4 ibidem, permite inferir que los
intervinientes pueden solicitar copias.

No obstante, la Sala evidencia que tal argumento no está llamado a prosperar, por
las razones que se pasan a explicar.

El parágrafo del artículo 65 de la Ley 1123 de 2007 establece quiénes son
considerados intervinientes en el proceso disciplinario, para precisar que podrán
intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor
suplente cuando sea necesario y añade que el Ministerio Público podrá hacerlo en
cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por su parte, el artículo 66 ibidem, prevé:

“Artículo 66. Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación
disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y

2
Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido, al respecto, en la sentencia T-310 de 2009 la Corte Constitucional señaló que se trata de un defecto de
naturaleza cualificada, que implica que el trámite judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la
arbitrariedad del funcionario judicial” Además, la desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los
derechos fundamentales de las partes, en especial el derecho al debido proceso.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea
porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones
formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia .
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el
defecto bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga
una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
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4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan carácter
reservado.

Parágrafo. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y
ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las
decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá
conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva”.

De manera que el parágrafo de la norma consagra las facultades del quejoso en
el proceso disciplinario, e indica que su intervención se limita únicamente a “la
formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e
impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia”.

Dicho de otro modo, dentro de las facultades del quejoso en el marco del proceso
disciplinario no se encuentra alguna distinta a la relacionado explícitamente en el
parágrafo de la norma, mucho menos las identificadas en los numerales 1 al 4, que
están enlistadas específicamente como facultades de los intervinientes, que, como
se vio, solo tienen tal calidad el investigado, su defensor y el defensor suplente
cuando sea necesario.

De hecho, la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 2004 3, consideró que
“como la imputación disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal
vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado
materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una persona afectada con la
comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el proceso disciplinario no exista una
persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a
una persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando
unas pretensiones específicas”.

Los anteriores argumentos resultan suficientes para señalar que la autoridad
judicial demandada no incurrió en el defecto procedimental invocado, en tanto, lo
que ocurrió fue que le dio aplicación a las normas que regulan la materia, a pesar
de que la parte actora se encuentre en desacuerdo con la decisión que negó el
acceso a las copias del expediente disciplinario y que no se encuentre acreditada
la vulneración de algún derecho de carácter fundamental del señor López Borja.

Así las cosas, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció
el señor Rodrigo Miguel López Borja contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Rodrigo Miguel
López Borja contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Demandante: Rodrigo Miguel López Borja

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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