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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02255-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02255-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02255-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02255-00
Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02255-00
Demandante: HUGO DE JESÚS POSADA ZULUAGA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Contra providencias dictadas en proceso disciplinario. Declara
improcedente por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hugo de Jesús Posada
Zuluaga contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de abril de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Hugo de Jesús Posada Zuluaga pidió la protección de su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del
17 de septiembre de 2024 y del 5 de febrero de 2025, dictadas por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
respectivamente, en el proceso con radicado 05001-25-02-000-2024-01237-00/01 que
dieron por terminada una investigación disciplinaria y se ordenó el archivo en favor del
abogado Juan Fernando Herrera Rodríguez.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Que se ampare el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, vulnerado
por la errónea interpretación de los accionados dentro del proceso disciplinario referido.
Segunda: que se deje sin efectos la sentencia proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL el cinco (5) de febrero de dos mil veinticinco (2025) dentro del proceso radicado
05001250200020240123701, y la proferida en primera instancia, y en su lugar, decretar que la fecha a
partir de la cual inicia el término para la caducidad de la acción disciplinaria en dicho caso, es a partir
del 03 de junio de 2022, fecha en la cual se profirió la sentencia que reconoció prospera la excepción
de PRESCRIPCIÓN.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 29 de abril de 2024, el señor Hugo de Jesús Posada Zuluaga presentó queja
disciplinaria contra el abogado Juan Fernando Herrera Rodríguez, al estimar que no
había atendido con la debida diligencia profesional su representación en el proceso
ejecutivo con radicado 05585-40-89-001-2018-00162-00, que se adelantó ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, departamento de Antioquia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02255-00
Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

La demanda ejecutiva se presentó respecto a los siguientes títulos valores: letra nº 1 con
vencimiento el 14 de enero de 2016 por valor de $61.300.000, letra nº 2 con vencimiento
el 18 de febrero de 2016 por valor de $20.000.000, letra nº 3 con vencimiento el 20 de
enero de 2016 por valor de $500.000, letra nº 4 con vencimiento el 25 de enero de 2016
por valor de $7.000.000. A través de reforma de la demanda presentada el 11 de
diciembre de 2020, fue adicionada la letra nº 5 con fecha de vencimiento del 25 de marzo
de 2016 por valor de $3.000.000.

En la queja disciplinaria, el tutelante explicó que, el mencionado abogado no cumplió con
lo ordenado en el artículo 94 del CGP1, puesto que no notificó a la parte ejecutada el
auto del 14 de septiembre de 2018, por medio del cual se había librado mandamiento de
pago, dentro del año siguiente a la fecha en que le fue notificado al ejecutante.

Que el apoderado había allegado la notificación del auto que libró mandamiento de pago
a la parte ejecutada el 2 de marzo de 2021 y que, en consecuencia, la parte demandada
en el proceso ejecutivo propuso como excepción la prescripción de la acción cambiaria,
que fue declarada en sentencia del 22 de junio de 2022.

La queja se adelantó bajo el radicado 05001-25-02-000-2024-01237-00 y correspondió
a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia que, el 17 de septiembre de
2024, dio por terminada la investigación disciplinaria y ordenó el archivo de la diligencia
en favor del abogado Juan Fernando Herrera Rodríguez, al considerar que se habían
cumplido los presupuestos de la prescripción previstos en los artículos 232 y 243 del
Código Disciplinario del Abogado.

Manifestó que los títulos valores tenían fecha de vencimiento del 14, 20 y 25 de enero y
del 18 de febrero de 2016, que habían sido cobrados a través de la demanda ejecutiva
que fue radicada el 28 de agosto de 2018.

Que el cobro judicial de la letra nº 5 había fenecido el 25 de marzo de 2019 y que la
oportunidad para notificar a la parte ejecutada el auto que libró mandamiento de pago de
las otras cuatro letras finalizó el 14 de septiembre de 2019, que, en consecuencia, el
término de prescripción de los 5 años había empezado a correr desde esas fechas.

Que, por lo anterior, el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria se
había configurado el 25 de marzo y el 14 de septiembre de 2024.

Inconforme, el quejoso apeló y señaló que se había mal interpretado el artículo 24 de la
Ley 1123 de 2007, porque, a su juicio, no habían trascurrido los 5 años que configuraban
la prescripción de la acción disciplinaria.

Dijo que el término debía contabilizarse a partir de dos momentos, a saber: por un lado,
desde el 15 de marzo de 2021, cuando el demandado en el proceso ejecutivo había
propuesto la excepción de prescripción de la acción de cobro y, por otro lado, desde el
22 de junio de 2022, cuando se dictó la providencia que declaró prospera esa excepción.
Que, por lo anterior, no había operado la prescripción de la acción disciplinaria.

1 Artículo 94. Interrupción de la Prescripción, Inoperancia de la Caducidad y Constitución en Mora. La presentación de

la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto
admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado
a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados
efectos solo se producirán con la notificación al demandado.
2 ARTÍCULO 23. CAUSALES. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

(…)
2. La prescripción.
3 Artículo 24. Términos de Prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas

instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del
último acto ejecutivo de la misma.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas.

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Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

Por proveído del 5 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión apelada. Básicamente por las mismas consideraciones.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora no identificó el defecto que
alegaría, sin embargo, la Sala lo resumirá en el siguiente vicio de fondo:

Defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007.
Explicó que era evidente que el decreto de la excepción de prescripción de la acción
cambiaria se debía a la falta de notificación del auto que libró mandamiento de pago en
el proceso ejecutivo, pero que no era dable asumir que el señor Posada Zuluaga tuviera
conocimiento de esa situación, porque desconocía las normas que regulaban la materia,
que, por ello fue que se vio obligado a contratar los servicios del abogado Juan Fernando
Herrera Rodríguez.

Que no era lógico presentar la queja disciplinaria contra el abogado Herrera Rodríguez
sin que se hubiere conocido la decisión que le resultó adversa en el proceso ejecutivo.

Que no era razonable iniciar una acción disciplinaria contra el mencionado abogado sin
que el juez de la causa hubiere decretado la prescripción de la acción de cobro.

Que, por lo anterior, la acción disciplinaria se debía iniciar a partir de la fecha en la que
se dictó la providencia que puso fin al proceso ejecutivo, esto es, el 22 de junio de 2022.

5. Trámite procesal

Por auto del 25 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y como terceros con interés, a los
magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y al señor Juan
Fernando Herrera Rodríguez.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 30 de abril y del 9 de mayo
de 2025.

6. Intervenciones

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adujo que, no había lugar
a amparar los derechos fundamentales de la parte actora, debido a que la investigación
con radicado 05001-25-02-000-2024-01237-00 la había adelantado de manera integral
y la decisión del 17 de septiembre de 2024 la fundamentó en las pruebas recaudadas.

Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario y de la decisión
cuestionada, para señalar que el término de prescripción de la acción disciplinaria no
obedecía al arbitrio del juez, sino que se encontraba consagrado en la Ley 1123 de 2007.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se limitó a compartir el enlace del proceso
disciplinario con radicado 05001-25-02-000-2024-01237-00/01, sin embargo, nada dijo
sobre el fondo del asunto.

El señor Juan Fernando Herrera Rodríguez no se pronunció, pese a que, como se vio,
fue debidamente notificado.

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Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona las providencias
del 17 de septiembre de 2024 y del 5 de febrero de 2025, dictadas por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, respectivamente, el análisis se centrará en la última providencia por ser la que
confirmó la decisión de primera instancia y decidió de manera definitiva sobre la acción
disciplinaria.

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Hugo de
Jesús Posada Zuluaga para dejar sin efectos la providencia del 5 de febrero de 2025,
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso con radicado 05001-
25-02-000-2024-01237-00/01, por medio de la cual se dio por terminada una
investigación disciplinaria y se ordenó el archivo de la diligencia en favor del abogado
Juan Fernando Herrera Rodríguez.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional
porque la parte actora la utiliza como una instancia adicional del proceso disciplinario e
insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural del proceso.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La CorteConstitucional,l en la sentencia C-590 de2005,5 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

7. Análisis del caso concreto

El señor Hugo de Jesús Posada Zuluaga cuestiona la providencia del 5 de febrero de
2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la decisión de
declarar la extinción de la acción disciplinaria nº 05001-25-02-000-2024-01237-00/01 y
ordenó el archivo de la diligencia en favor del abogado Juan Fernando Herrera Rodríguez.

La Sala empezará por precisar que en este caso encuentra acreditada la legitimación en
la causa por activa del accionante, porque la decisión judicial que cuestiona es la de
archivo de la investigación disciplinaria.

Esta Sección5 ha señalado que los derechos del quejoso se encuentran limitados en
sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad víctima, sujeto procesal o
interviniente en el mismo, limitación que se extiende al análisis que debe hacer el juez
de tutela, el cual debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en favor
de aquel.

No obstante, lo cuestionado es la providencia que dispuso la terminación y archivo del
proceso disciplinario, en el cual obró como quejoso el señor Posada Zuluaga, por lo que,
conforme con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1123 de 20076 este puede «recurrir
la decisión de archivo»7 lo cual denota el interés directo que tiene respecto de la decisión,
en esa medida, se dará por superada la legitimación en la causa por activa 8.

Ahora bien, de la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala
advierte que coinciden con los propuestos en el proceso disciplinario. Básicamente, en
ese expediente y en la acción de tutela la parte actora señala que no se debió declarar
la prescripción de la acción disciplinaria y que se debió continuar con el proceso, porque,
a su juicio, el término de prescripción se debe contabilizar desde la providencia que puso
fin al proceso ejecutivo.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el señor Posada Zuluaga contra la
providencia del 17 de septiembre de 2024, dictada por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, se lee lo siguiente:

PRIMERO: la conducta del disciplinable que motivó la presentación de la queja disciplinaria tuvo como
causa la declaratoria de la prescripción de la acción de cobro que se hizo mediante sentencia del 22
de junio de 2022, momento en el cual se conoció el perjuicio generado por la falta de notificación
oportuna del mandamiento ejecutivo, conducta atribuible al disciplinable, a quien le correspondía saber
que dentro de ese año siguiente, posterior a haberse librado el mandamiento ejecutivo, tenía la
obligación de notificar al demandado, para que así operara la suspensión del término de prescripción.

SEGUNDO: como bien se sabe, la prescripción no puede ser declarada de manera oficiosa por el juez,
sino que debe ser pedida por la parte interesada en su declaratoria, lo que en conclusión, no permite
anticipar la declaración, sino hasta que el juez la declare, o mínimamente hasta que sea solicitada por
la parte interesada, lo que en el caso concreto tuvo lugar el 15 de marzo de 2021, cuando el
demandado, a través de apoderado, propuso como excepción de mérito LA PRESCRIPCIÓN de la
acción de cobro.

5 Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado,

Sección Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo
de Estado, Sección Cuarta
6
En concordancia con el parágrafo del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019

8 En ese sentido, se ha pronunciado la Sala en providencias del 9 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2022-

02142- 00 y del 7 de marzo de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-00377-00

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TERCERO: no le era entonces posible al titular de la acción de cobro, conocer la suerte del proceso
ejecutivo, pues la declaración de prescripción estaba sujeta a la contestación de la demanda por parte
del ejecutado, y más aún, a la decisión del operador judicial.

CUARTO: más reprochable es que se pretenda por parte de la magistratura, que el quejoso pudiera
advertir anticipadamente a la terminación del proceso ejecutivo el perjuicio patrimonial por la
imposibilidad de hacer efectivo el cobro por causa de la prescripción dado su desconocimiento, y que
de tal manera, y antes de siquiera haberse emitido una sentencia dentro del proceso ejecutivo, hubiera
iniciado una acción disciplinaria en contra del abogado, para evitar con ello la prescripción de la acción
disciplinaria.

QUINTO: dado que el único argumento para el archivo del presente proceso estuvo fundamentado en
la supuesta prescripción de la acción disciplinaria, y no se hizo siquiera un estudio de los elementos
aportado, ni siquiera en las declaraciones del DISCIPLINADO, quien admitió que por su falta de
experiencia no tuvo presente que la falta de notificación dentro del año siguiente a librarse el
mandamiento ejecutivo, le acarrearía la prosperidad de la excepción de mérito de prescripción
propuesta por el demandado, es necesario entra a estudiar el momento en que realmente se concreta
la conducta disciplinable:

A) EL PRIMER MOMENTO PUEDE SER CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EL 15 DE
MARZO DE 2021. Pues como se advirtió, al no poder ser decretada de oficio la prescripción, no podía
preverse si el demandado alegaría dicha excepción o guardaría silencio, situación que podría además
haber sido el argumento para rechazar una queja disciplinaria en caso de haberse presentado, aún
antes de la contestación de la demanda por parte del demandado.
B) El Segundo memento (sic) y más razonable, es a partir de la sentencia de primera instancia (22 de
junio de 2022), pues es el momento en el cual se conoce con certeza la declaración de prosperidad de
la excepción propuesta por el demandado, que aunque era altamente probable su prosperidad, nada
es cierto y concreto sino hasta que ha sido declarado en sentencia.
Así las cosas, no es de recibo que se esté en presencia del fenómeno de la prescripción de la acción
disciplinaria, pues en las dos situaciones expuestas en los literales A y B, no habrían transcurrido los
cinco (5) años, necesarios para que opere la prescripción de la acción disciplinaria y la potestad para
sancionar.

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:

Si bien, no cabe duda que la falta de notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, para que
tuviera aplicación la interrupción del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro fue lo que
permitió la prosperidad de dicha excepción, no es aceptable que tal situación pudiera ser conocida por
el señor Hugo de Jesús Posada, pues no cuenta con el conocimiento de las normas legales que regulan
la materia, y fue precisamente esa la razón por la que se vio obligado a contratar los servicios del
profesional del derecho.
Tampoco habría resultado lógico que, antes de que el demandado propusiera la prescripción de la
acción de cobro de los títulos, el hoy quejoso hubiera presentado una queja disciplinaria en contra de
su apoderado, sin siquiera conocer el resultado adverso.
Tal interpretación vulnera el derecho de acceso la administración de justicia, pues resulta inadmisible
que se le exija a una persona que no tiene conocimientos jurídicos, prever que sin antes de haber sido
siquiera excepcionada la PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro, estuviera segura de que sería
perjudicada patrimonialmente con la imposibilidad de recuperar un dinero, como ocurrió dentro del
proceso ejecutivo referido.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en la decisión del 5 de febrero de 2025, en la que se consideró:

De la revisión efectuada al proceso ejecutivo identificado con el número de radicado
05585408900120180016200, se evidencia que el día 29 de agosto de 2018, el disciplinable, actuando
como apoderado del señor HUGO DE JESÚS POSADA ZULUAGA, presentó demanda ejecutiva en
contra de Rodrigo Sánchez Bustos, respecto de los títulos valores por $61.000.000, $500.000, $
7.000.000 y $20.000.000, los cuales tenían como fechas de vencimiento días 14, 20 y 25 de enero y
18 de febrero de 2016, respectivamente.
Por lo anterior, mediante auto de 14 de septiembre de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto
Nare Antioquia, dispuso librar mandamiento de pago, entre otras disposiciones; no obstante, el abogado
investigado no cumplió con la carga que le correspondía, esto es, la de efectuar la notificación a la parte
demandada dentro del término dispuesto por el artículo 94 del Código General del Proceso, es decir,
un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que fue notificado el demandante del
mandamiento ejecutivo, acto surtido por estado número 074 del 17 de septiembre de 2018.
Razón por la que se advierte que el investigado como apoderado del demandante contaba con un año
a partir del 18 de septiembre de 2018, para notificar al demandado, del auto que libró el mandamiento
ejecutivo, lo cual no ocurrió; motivos por lo que el apoderado de la parte demandada, el 15 de marzo

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Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

de 2021 formuló excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria, la cual fue despachada
favorablemente en decisión proferida en la audiencia de juzgamiento del 22 de junio de 2022, respecto
de los cuatro títulos valores cobrados inicialmente, por no haberse cumplido con la carga del artículo
94 del Código General del Proceso.
De igual manera, frente al título ejecutivo por valor de $3.000.000, con fecha de vencimiento del 25 de
marzo de 2016, agregado por medio de la reforma de la demanda presentada el 23 de noviembre de
2020, se encontró que este no resultaba exigible al hallarse prescrito al momento del ejercicio de la
acción judicial, toda vez, que la oportunidad para el cobro de dicha obligación había fenecido el 25 de
marzo de 2019, lo que conllevó al Juez de conocimiento a acceder a la excepción de prescripción de
la acción cambiaria en la misma decisión proferida el 22 de junio de 2022.
Así las cosas, esta Comisión debe advertir la concurrencia del fenómeno prescriptivo de la acción
disciplinaria frente a la conducta del abogado JUAN FERNANDO HERRERA RODRÍGUEZ, al interior
del proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 05585408900120180016200, en atención
a que el litigante, por un lado, contaba con un año a partir del 18 de septiembre de 2018, para notificar
el auto que libró el mandamiento ejecutivo al demandado, término que se cumplió el 18 de septiembre
de 2019, y por el otro, la oportunidad para efectuar el cobro de la obligación contenida en el título
ejecutivo presentado con la reforma feneció 25 de marzo de 2019.

Al respecto se pronunció la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 282A de 2012, con ponencia del
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva:
(…)
Con fundamento en lo anterior, resalta esta Colegiatura que habiendo transcurrido más de cinco (5)
años desde el 25 de marzo de 2019 y el 18 de septiembre de 2019, fechas en las cuales se consumaron
las presuntas faltas, es evidente que el Estado no puede ejercer la acción disciplinaria, por lo que es
imperativo para esta Comisión confirmar la extinción de ésta por el surgimiento del fenómeno
prescriptivo conforme al enunciado del artículo 23 de Código Disciplinario del abogado, según el cual
“(…) Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: (…) 2. La prescripción. (…)”.
Por tanto, corresponde a la Comisión confirmar el acaecimiento de la prescripción, según lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, al concurrir causal de extinción de la acción disciplinaria. Lo
anterior, conforme al enunciado del numeral 2 del artículo 23 de la misma norma, las cuales, para el
caso objeto del recurso de alzada, se configuraron el 25 de marzo de 2024 y el 18 de septiembre de
2024 respectivamente, por lo que resulta consecuente ordenar la cesación del procedimiento acorde
con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos del apelante en lo atinente a que no habían transcurrido los 5
años que daban lugar a la prescripción de la acción disciplinaria, pues tal término debió haberse
computado desde el 15 de marzo de 2021, cuando el demandado propuso la excepción de prescripción
de la acción de cobro y a partir de la sentencia del 22 de junio de 2022, cuando fue despachada de
manera favorable tal exceptiva; es oportuno precisar que en el caso objeto de estudio, el fenómeno
prescriptivo se debe computar a partir de la última oportunidad procesal con que contaba el investigado
para adelantar su debida gestión.
Por lo tanto, como se advirtió en la revisión efectuada al proceso ejecutivo con el número de radicado
05585408900120180016200, al abogado le era dable actuar en primer lugar hasta el 18 de septiembre
de 2019, fecha en la cual se venció el término para adelantar la notificación del auto que libró
mandamiento de pago al demandado, ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 94 del Código General
del Proceso; y en segundo lugar hasta el 25 de marzo de 2019, data en la que feneció la oportunidad
de iniciar la acción frente al título ejecutivo por valor de $3.000.000, agregado por medio de la reforma
de la demanda.
De modo que, al advertirse que, desde tales momentos a la fecha, ha transcurso un tiempo superior al
de los 5 años previstos en la Ley para que opere la prescripción de la acción disciplinaria como causal
de extinción, los argumentos expuestos por el apelante no están llamados a prosperar.
En consecuencia, ante el marco fáctico y conceptual del caso, este despacho procederá a CONFIRMAR
el proveído del 17 de septiembre de 2024, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, por medio del cual se ordenó la terminación anticipada del procedimiento en favor del
abogado JUAN FERNANDO HERRERA RODRÍGUEZ, pero por las razones esbozadas en el presente
proveído.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que explicó que, la acción disciplinaria había prescrito el
26 de marzo de 2024 y el 18 de septiembre de 2024, luego de transcurrir cinco años
desde la fecha en la que se debió efectuar el cobro de la obligación contenida en el título
ejecutivo presentado con la reforma de la demanda y cuando se venció el término para
adelantar la notificación del auto que libro mandamiento ejecutivo.

Que el término de prescripción de la acción disciplinaria debía contabilizarse desde la
fecha en que se consumaron las presuntas fallas disciplinarias.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02255-00
Demandante: Hugo de Jesús Posada Zuluaga

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
disciplinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria. La
acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica
diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades
jurisdiccionales de instancia.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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