Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2024-00436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00436-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez (E)
Bogotá DC, 26 de junio de 2024
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Vacaciones
individuales | Funcionaria judicial
Síntesis del caso: La parte actora alegó la vulneración de sus derechos al trabajo en
condiciones dignas, igualdad, salud y descanso, ante la falta de expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para cubrir el nombramiento su reemplazo
como funcionaria judicial, lo cual impidió el disfrute de sus vacaciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia contra la Sentencia de 19 de marzo de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió
el amparo de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas
y descanso de la parte actora2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación. 1.3. Actuaciones surtidas durante el trámite de la segunda instancia de la
presente acción de tutela.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 7 de marzo de 2024, María Victoria Gómez Botero presentó acción
de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo
Seccional de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia,
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: SE CONCEDE EL AMPARO de los derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo y al descanso a
favor de la señora MARÍA VICTORIA GÓMEZ BOTERO. // SEGUNDO: En consecuencia, SE ORDENA al Consejo
Seccional de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia, que
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, lleve a cabo todas las
gestiones administrativas necesarias y tendientes a expedir el Certificado de disponibilidad presupuestal para que
se efectúe el nombramiento de una persona que reemplace a la señora María Victoria Gómez Botero mientras
esta disfruta de su período vacacional, debiendo poner dicho certificado, una vez expedido, en conocimiento
del juez nominador, en este caso del Tribunal Superior de Medellín.”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo en condiciones
dignas, igualdad, salud y descanso.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales a Trabajo en condiciones
dignas, la igualdad, a la Salud, al descanso real, efectivo y remunerado.
SEGUNDO: Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN,
o al competente, otorgar el presupuesto requerido para el pago del reemplazo
de mis vacaciones.
TERCERO: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN - ÁREA FINANCIERA, que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la
provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REEMPLAZO DE VACACIONES que se
requiere para que se proceda a concederme las vacaciones remuneradas de
dos períodos, esto es, desde el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2024, ambas
fecha inclusive y el segundo período del 14 de mayo hasta el 4 de junio de la
presente anualidad, ambas fechas inclusive”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) María Victoria Gómez Botero trabaja como juez, en propiedad, en
el Juzgado 3 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Medellín, desde el 8 de junio de 1998.
5. 2) El 29 de enero de 2024, la señora Gómez Botero solicitó ante el Área
Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
• Antioquia, la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
(CDP) para el disfrute de sus vacaciones entre (a) el 1 y el 22 de abril de 2024
y (b) el 14 de mayo y el 4 de junio de 2024, así como para el nombramiento
de un reemplazo durante los períodos de disfrute de sus vacaciones.
6. 3) El 6 de febrero de 2024, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia expidió el CDP No. 008924 para el pago de
vacaciones y demás acreencias laborales del período comprendido entre
el 4 y el 25 de marzo de 2024. Adicionalmente, informó que el CDP para el
nombramiento de un reemplazo, sería expedido a finales de febrero.
7. 4) El 8 de febrero de 2024, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia expidió el CDP No. 011124 para el pago de
vacaciones y demás acreencias laborales del período comprendido entre
el 14 de mayo y el 4 de junio de 2024. Asimismo, indicó que el CDP para el
nombramiento de un reemplazo, se expediría con posterioridad.
2 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
8. 5) El 1 de marzo de 2024, tras no haber sido expedidos los CDP para el
nombramiento de su reemplazo, la señora Gómez Botero ofició al Área
Financiera y a la directora Seccional de Administración Judicial de Medellín
• Antioquia para solicitar nuevamente la expedición de aquellos.
9. 6) El 4 de marzo de 2024, el Área Financiera de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Medellín - Antioquia dio respuesta en la que
se señaló que, de acuerdo con la apropiación presupuestal y debido a
medidas de austeridad en el gasto, no había disponibilidad presupuestal
para el reemplazo de sus vacaciones.
10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que (1)
pertenece al régimen individual de vacaciones, (2) le es aplicable la
destinación excepcional de recursos para el nombramiento de un
reemplazo durante sus vacaciones, de conformidad con la Circular PSAC11-
44 de 23 de noviembre de 2011, y (3) la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín - Antioquia, al no expedir el CDP para su
reemplazo, imposibilitó materializar sus vacaciones, comoquiera que su
despacho es un juzgado de control de garantías, en el que todas las
audiencias que ingresan deben realizarse de manera inmediata, así como
la atención y trámite de las acciones constitucionales que le sean repartidas,
razón por la cual el mismo no puede quedarse sin un juez.
11. Agregó que se le vulneró su derecho fundamental a la igualdad ya
que, durante el transcurso del 2024, se han expedido CDP para vacaciones
y reemplazos a compañeros que laboran en despachos que cuentan
igualmente con régimen de vacaciones individuales.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
12. Mediante Sentencia de 19 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia amparó los derechos a la igualdad, descanso y trabajo en
condiciones dignas de María Victoria Gómez Botero. Para ello, indicó que,
al no existir negativa alguna por parte del Tribunal Superior de Medellín para
conceder las vacaciones solicitadas por la accionante, centró su estudio en
la negativa por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Medellín - Antioquia de expedir el CDP solicitado para el nombramiento
de un reemplazo durante los períodos de descanso (vacaciones) de la parte
actora. Destacó el concepto del derecho al descanso y ubicación como
derecho fundamental objeto de protección constitucional, a partir de las
consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-19 de
2004. Hizo alusión al régimen de vacaciones de los servidores judiciales3,
diferenció las calidades de empleados y funcionarios judiciales y concluyó
3 Ley 270 de 1996. Artículo 146.
3 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
que la señora Gómez Botero pertenece al régimen de vacaciones
individuales. Mencionó que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-296
de 2023, estableció, entre otros, la importancia y necesidad del
nombramiento de un reemplazo respecto de los funcionarios o empleados
públicos que solicitan el período de descanso.
13. En ese orden, el Tribunal ordenó al Consejo Seccional de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia que, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del
fallo, adelantara todas las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondieran, tendientes a expedir el CDP para que se efectúe el
correspondiente reemplazo de la accionante mientras esta disfruta de sus 2
períodos vacacionales pendientes.
14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia presentó escrito de impugnación en el que adujo que no era la
autoridad responsable de la vulneración alegada, comoquiera que no
ostenta la calidad de nominador y solo este último sería el llamado a definir
si autoriza, o no, el disfrute vacacional de la accionante. Agregó que no era
dable que el juez de tutela impartiera órdenes de carácter presupuestal. A
pesar de ello, señaló que no ha sido la intención socavar los derechos de la
señora Gómez Botero, por lo que, en cumplimiento del fallo de tutela de
primer grado, procedió a expedir el CDP requerido y lo notificó a la parte
actora el 20 de marzo de 2024. Finalmente, solicitó la declaratoria de nulidad
de la actuación por indebida integración del contradictorio, ya que no se
vinculó a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, como gestor
del presupuesto ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
1.3. Actuaciones surtidas durante el trámite de la segunda instancia de la
presente acción de tutela
15. El 29 de abril de 2024, el despacho ponente resolvió dejar sin efectos
el auto que concedió la impugnación contra la Sentencia 19 de marzo de
2014, con el fin de que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolviera la
solicitud de nulidad.
16. Mediante Auto de 8 de mayo de 2024, el tribunal negó la solicitud de
nulidad y concedió la impugnación presentada por la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Medellín - Antioquia, tras considerar que, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, así como con lo
dispuesto en la Sentencia SU-296 de 2023 de la Corte Constitucional, cada
dirección seccional tiene competencia y se encuentra legitimada por
pasiva en las acciones de tutela, razón por la cual no se advirtió la
necesidad de la vinculación al trámite constitucional de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
4 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Verificación de la afectación de
derechos alegada. 2.3. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
17. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de la
acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales4 al trabajo digno, descanso, salud e igualdad.
María Victoria Gómez Botero es la titular de los derechos invocados como
violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la
causa5.
18. De igual manera, el Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia tiene
legitimación pasiva en la causa6, porque de esta autoridad se predica la
vulneración y de sus competencias se advierte relación con el presente
asunto.
19. Frente al requisito de subsidiariedad7, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Asimismo, dado el objeto de la solicitud de
amparo (obtener el disfrute de vacaciones), el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el CPACA no resulta eficaz dado
el tiempo que implica el desarrollo y trámite de un proceso judicial, de cara
a la presunta afectación de las garantías constitucionales al trabajo en
condiciones dignas, descanso remunerado e igualdad de la parte actora.
20. En relación con el requisito de inmediatez8, este se satisface,
comoquiera que, entre las decisiones por las cuales se negó la expedición
del CDP para el reemplazo de la señora Gómez Botero (4/3/24) y la
presentación de la acción de tutela (7/3/24), hubo un plazo razonable.
2.2. Verificación de la afectación de derechos alegada
21. La Sala revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, negará las
súplicas de amparo, por las razones que pasan a explicarse:
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Ídem
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
5 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
22. En primer lugar, debe señalarse que, de conformidad con los
documentos que reposan en el expediente, está demostrado que la señora
María Victoria Gómez Botero (1) se desempeña como Juez 3 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín; (2) pertenece
al régimen de vacaciones individuales; (3) tiene causado, a su favor, 2
períodos de vacaciones por haber trabajado de forma ininterrumpida del 1
de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022 y del 1 de febrero de 2022 al 31
de enero de 2023; (4) solicitó, ante el Consejo Seccional de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, la
expedición de un CDP para el disfrute de los 2 períodos vacacionales
pendientes por disfrutar y para cubrir su reemplazo en las vacaciones, el 29
de enero de 2024; y (5) a la fecha de presentación de la acción de tutela,
no había solicitado, a su nominador (Tribunal Superior), el disfrute de dichos
períodos de descanso.
23. Igualmente, logró evidenciarse que el Área Financiera de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia dio respuesta
a la solicitud de 29 de enero de 2024 elevada por la señora Gómez Botero
en la que se informó que, de acuerdo con la apropiación presupuestal y
debido a medidas de austeridad en el gasto, actualmente no había
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de sus vacaciones.
24. Sobre estos supuestos, la Sala estima que, si bien la acción de tutela,
de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del
Decreto 2591 de 1991, está prevista para lograr la protección frente a la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, este último
escenario, esto es, el de la amenaza, supone que ella sea cierta y no
constituya un mero riesgo. Sobre el particular, la Corte Constitucional,
expresamente, ha señalado (se trascribe)
"4.11 En suma, el riesgo al que está expuesto un derecho es una vulneración
aleatoria del mismo, la amenaza es una vulneración inminente y cierta del
derecho y la vulneración consumada es la lesión definitiva del derecho. Como
ya se expresó, la amenaza implica de por sí inicio de vulneración del derecho
y se sitúa antes de que la violación inicie su consumación definitiva pero no
antes de su existencia; es decir que la amenaza presenta datos reales y
objetivos que permiten prever el agravamiento inminente que conlleva la
vulneración del derecho. La amenaza menoscaba el goce pacífico del
derecho y, por lo tanto, es un inicio de vulneración en el sentido de que el
ejercicio del derecho ya se ha empezado a perturbar. En definitiva, existe un
riesgo en abstracto sobre todos los derechos, riesgo que se puede convertir en
amenaza y luego en daño consumado. La diferencia entre riesgo y amenaza
dependerá del material probatorio que se sustente en cada caso en particular.
Hay que advertir que la acción de tutela solo es procedente en los casos de
amenaza o peligro cierto de vulneración, pero no en los casos de riesgo.”9
9 Esta conclusión estuvo precedida de las consideraciones que se trascriben a continuación: “4.5 Como se dijo
anteriormente, resulta necesario que se haga una precisión conceptual de los conceptos de riesgo y de amenaza
para evitar que toda probabilidad, eventualidad o contingencia que genere la posibilidad de peligro de
vulneración de los derechos fundamentales, sea tutelable. En este sentido resulta pertinente diferenciar los
conceptos de amenaza y de riesgo. // 4.6 Como ya se estableció por esta Sala en la Sentencia T – 339 de 2010 de
acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el riesgo es la “contingencia o proximidad de un daño”,
6 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
25. Así las cosas, contrario a lo indicado por el juez de tutela de primera
instancia, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que, como no se
ha solicitado el disfrute de vacaciones al competente (Tribunal Superior)
como lo exige la norma, sino que se ha efectuado solicitudes atinentes a la
disponibilidad presupuestal a la Dirección Ejecutiva y, en ese orden, a fecha
de hoy, no se ha negado el mismo o insinuado una decisión en tal sentido
por parte del nominador, esto es, la autoridad competente para decidir
sobre la concesión del mencionado descanso remunerado, mal podría
hablarse de una amenaza del derecho al trabajo digno y/o al descanso.
26. Es claro que no resulta constitucionalmente admisible que la
concesión de las vacaciones, así como el respectivo disfrute, se supedite a
cargas administrativas (aspectos presupuestales para garantizar el
nombramiento de un reemplazo) que no está llamado a soportar el
trabajador. Sin embargo, no hay prueba, siquiera precaria, de que podrían
llegar a verse afectados los derechos de la parte actora, ante las
manifestaciones por parte del Consejo Seccional de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia, pues
dicha autoridad no tiene poder de decisión sobre la concesión de
vacaciones de funcionarios judiciales, comoquiera que no ostenta la
calidad de nominadora de aquellos, por lo menos, en lo que a este caso
corresponde.
27. Asimismo, es preciso señalar que la falta de nombramiento de un
reemplazo en el cargo que desempeña la parte actora y la eventual
y la contingencia es la “posibilidad de que algo suceda o no suceda” o “cosa que puede suceder o no suceder”.
Por su parte, la amenaza es la “acción de amenazar”, y a su vez, amenazar significa “dar indicios de estar
inminente algo malo o desagradable”. En esta medida el riesgo es siempre algo abstracto y no produce
consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan
suponer que algo malo va a suceder de manera certera e inminente. En otras palabras, la amenaza supone la
existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño, mientras que el riesgo está
ligado a la noción de probabilidad y de eventualidad de aquel. // 4.7 Siguiendo con la diferenciación desde el
punto de vista doctrinal para M. Boutonnet, “la amenaza se expresa en una ´manifestación, en una ´señal que
supone temer de algo´”, es decir que desde el punto de vista jurídico es una situación que objetivamente presenta
un riesgo de daño y se manifiesta a través de elementos concretos y de un resultado inmediato con hechos de
cierta materialidad. Por el contrario el riesgo, puede ser solamente abstracto y no manifestar ninguna
consecuencia concreta, sino una mera expectativa de la ocurrencia de un daño que no se manifiesta en un
hecho certero. Por esta razón para esta jurista existen tres eslabones que se pueden identificar para la
consumación o vulneración del derecho: en primer lugar el riesgo, que es la mera posibilidad de la ocurrencia de
un daño (daño aleatorio), en segundo término la amenaza que se refiere a hechos concretos y expectativas
certeras de la ocurrencia del hecho (daño inminente) y por último la vulneración efectiva del derecho o la
consumación del daño (daño consumado). // 4.8 Hay que subrayar que los riesgos sobre un derecho fundamental,
en virtud de su carácter abstracto de su falta de certeza, y la ausencia de elementos objetivos que permitan
predicar su inminente lesión consumada, no se pueden proteger vía acción de tutela. Nadie puede reclamar del
Estado una protección especial frente a un riesgo, ya que éste es inherente a la existencia humana y a la vida en
sociedad. Sin embargo, se debe advertir que el juez constitucional debe ser cuidadoso en la determinación de la
gravedad, la certeza y la inminencia de la vulneración del derecho amenazado, ya que la frontera entre el riesgo
potencial y una amenaza cierta es muchas veces difusa. Por esta razón considera la Sala que en los casos de
duda el material probatorio resulta determinante. // 4.9 Por otra parte hay que subrayar que la amenaza es de
por sí una etapa de la vulneración del derecho, pues en realidad ella misma supone comienzo de vulneración
dentro de la cadena evolutiva que implica la violación de un derecho y que finaliza con la frustración definitiva
del mismo, o con lo que el artículo 86 superior denomina simplemente como “vulneración” a secas. En efecto, la
amenaza como elemento que envuelve ya de por sí vulneración constituye una alteración o perturbación en el
goce tranquilo y pacífico del derecho y, por consiguiente, se reputa como una violación cierta del derecho, así
aún no se haya consumado el daño completamente. Es decir, la amenaza de un derecho es por sí misma daño.”
Sobre el riesgo y la amenaza de los derechos fundamentales, puede consultarse igualmente: Consejo de Estado,
Sección Cuarta. Sentencia de 4 de mayo de 2017, Rad – 25000-23-41-000-2016-02323-01
7 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
congestión a la que se vería enfrentado el respectivo despacho judicial
durante el período de vacaciones son problemáticas propias del mismo
aparato judicial, que necesariamente deberán superarse para lograr una
eficiente y adecuada prestación del servicio de justicia, sin que ello pueda
perjudicar al trabajador que ha prestado sus servicios de forma interrumpida
durante un año de servicio. Es decir, las problemáticas derivadas de la
situación administrativa que se produce por la salida a vacaciones de un
empleado o funcionario, de cara a la prestación del servicio, son aspectos
que se salen de la órbita de amparo de la acción de tutela presentada por
quien estimó amenazados sus derechos al trabajo en condiciones dignas,
descanso e igualdad.
28. Finalmente, no sobra aclarar que este caso es sustancialmente
diferente a aquellos que previamente ha conocido la Sala con relación a la
concesión y disfrute de vacaciones de empleados y funcionarios judiciales
de régimen individual o colectivo (suspendidas), pues, en esos, la parte
actora si había presentado solicitud de concesión de vacaciones ante sus
respectivos nominadores y estos, a su turno, habían negado las mismas por
razones de índole administrativo y/o presupuestal.
2.3. Conclusión
29. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la Sentencia de 19
de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en
su lugar, negará las súplicas de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 19 de marzo de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de
amparo de María Victoria Gómez Botero, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
8 de 9
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: María Victoria Gómez Botero
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
____________________________________________________________________________________________________________
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Ausente con excusa
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 de 9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.