Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2024-00436-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2024-00436-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 13001-23-33-000-2024-00436-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de diciembre de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: Dayana Patricia González Arias
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: DAYANA PATRICIA GONZÁLEZ ARIAS
Demandado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – Carencia actual de objeto por hecho
superado.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 4 de octubre de la presente anualidad, la señora Dayana Patricia González Arias
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital y móvil, con ocasión de la tardanza en la que, a su juicio,
1 Se advierte que, el 18 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00436-01
Demandante: Dayana Patricia González Arias
incurrió la accionada en el marco del proceso ejecutivo radicado 13001-33-33-004-
2015-00306-00. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se tomen medidas inmediatas para salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de mi
representado, dada la urgencia de la situación.
2. Que se ordene al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena
resolver de manera inmediata los escritos presentados en el marco del proceso
ejecutivo laboral y tomar las medidas necesarias para que se ejecute el embargo
ordenado, con el fin de garantizar el pago de la pensión de sobreviviente.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Dayana Patricia González Arias presentó demanda ejecutiva a
continuación de proceso ordinario ante el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartagena en contra del FOMAG por la falta de pago de la pensión de sobrevivientes
que le fue reconocida.
4. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, se libró mandamiento ejecutivo en favor
de la señora González Arias. El 25 de abril siguiente se decretaron las medidas
cautelares de embargo y secuestro de los dineros de la ejecutada que son
administrados por la Administradora Fiduciaria La Previsora S.A.
5. En providencia del 6 de septiembre se ordenó seguir adelante la ejecución, se
ordenó la liquidación del crédito y se condenó en costas a la ejecutada. La parte
ejecutante, el 12 de septiembre siguiente pidió que se decretara el embargo de las
cuentas que tenía la ejecutada en el Banco BBVA.
6. El 11 de enero de 2024, se modificó la liquidación del crédito y, mediante
providencia del 5 de febrero de la presente anualidad, se decretó el embargo y
retención de los dineros que tenga o llegare a tener la ejecutada en el Banco BBVA.
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Demandante: Dayana Patricia González Arias
7. El 21 de febrero siguiente, el Banco se abstuvo de aplicar la medida, toda vez que,
en su criterio, esos dineros gozaban de la garantía de inembargabilidad. Mediante
auto del 15 de julio de 2024, se negó la solicitud de levantamiento de embargo y
retención de dineros solicitada por la parte ejecutada y se requirió al Banco BBVA que
diera cumplimiento a la orden de embargo. En Oficio del 31 de julio de 2024, el banco
se abstuvo de aplicar la medida, por considerar que esos recursos eran
inembargables.
8. En providencia del 23 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartagena dio apertura al trámite incidental de desacato contra el vicepresidente
ejecutivo del Banco BBVA. El 10 de septiembre siguiente, el Banco BBVA informó que
afectó la cuenta de ahorros de la ejecutada y retuvo el valor de $337.423.120 y solicitó
que se le comunicara si debía constituirse un depósito judicial.
9. De acuerdo con la solicitud de amparo, a pesar de haber transcurrido más de un
año desde la presentación del proceso ejecutivo y nueve años desde que inició la
gestión para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, no se
han obtenido avances significativos.
10. La demandante también afirmó que su salud se encuentra comprometida, pues
necesita una intervención quirúrgica para la reconstrucción de la pared abdominal y
terapias que la EPS no cubre. Agregó que su apoderado ha presentado, sin éxito,
varios memoriales de impulso procesal y oficios de embargo al BBVA.
Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto del 8 de octubre de 2024, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la titular del
Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, en calidad de demandada, y al FOMAG
y al Banco BBVA, como terceros con interés.
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12. El FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, toda vez
que no está legitimada para dar cumplimiento a lo pedido en la solicitud de amparo.
13. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena indicó que la titular del
Despacho le fue concedido permiso para ausentarse de la jornada laboral el 8, 9 y 10
de octubre de 2024, para asistir a estudios médicos. A partir del 11 de octubre y hasta
el 11 de noviembre, le fue concedida la licencia por enfermedad mediante la
Resolución 206 del 8 de octubre de 2024.
14. Luego de realizar un recuento de las actuaciones que se han adelantado en el
proceso ejecutivo, expuso que el expediente se encuentra al Despacho para proveer
sobre el incidente de desacato y sobre lo solicitado por el Banco BBVA «sin embargo,
se está a la espera que el H. Tribunal Administrativo de Bolívar designe un juez quien
reemplazará a la juez titular en su licencia por enfermedad para que proceda a proveer
sobre el asunto».
Fallo impugnado
15. En sentencia del 16 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
16. Para tal efecto, explicó que en primer lugar debía resolverse sobre la solicitud del
Banco BBVA del 10 de septiembre de 2024, sobre si era su obligación constituir un
depósito judicial con los recursos retenidos sobre la cuenta ahorros de Fiduciaria La
Previsora, toda vez que esa entidad los considera inembargables.
17. Asimismo, precisó que le correspondía al juez natural resolver sobre el incidente
de desacato al cual se le dio apertura en contra del vicepresidente ejecutivo del Banco
BBVA.
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18. Así las cosas, concluyó que como el proceso está en curso la solicitud de amparo
debía declararse improcedente.
19. Finalmente, indicó que estaba probado que a la titular del Juzgado Cuarto
Administrativo de Cartagena le reconocieron permiso para ausentarse de la jornada
laboral el 26, 27 y 28 de agosto de 2024 y que posteriormente le concedieron licencia
por enfermedad otorgada desde el 11 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2024.
Impugnación
20. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó y argumentó que no tuvo
en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, pues su salud está
comprometida y necesita de una intervención quirúrgica urgente.
21. Asimismo, señaló que, a pesar de las múltiples solicitudes de impulso procesal y
medidas cautelares presentadas, no se ha obtenido ningún pronunciamiento
definitivo, pues el Banco BBVA desacata la orden de embargo, al argumentar que los
recursos son inembargables.
22. Sostuvo que el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena ya ordenó el archivo
del incidente de desacato, lo que demuestra la falta de efectividad de los mecanismos
judiciales.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la sentencia
del 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Para
tal efecto, teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, la Sala examinará si
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Demandante: Dayana Patricia González Arias
se vulneraron los derechos fundamentales de la señora Dayana Patricia González
Arias, por la supuesta mora judicial en que incurrió el Juzgado Cuarto Administrativo
de Cartagena al no haber tramitado diligentemente el proceso ejecutivo con radicado
13001-33-33-004-2015-00306-00.
Análisis de la Sala
De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
24. Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas,
esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos
para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones estructurales
como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas2.
25. Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la
congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios
judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a
las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-15-
000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-15-
000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza
o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial
injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió desproporcionadamente
el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación
para justificar la demora.
26. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar i)
la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de la
autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el turno en
el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 446 de 19985.
27. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20206,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
Caso concreto y solución del problema jurídico
28. A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la mora
judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado cierto
4
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos
de sentencia anticipada o de prelación legal».
6 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza alegada
se encuentra o no objetivamente justificada.
28. De modo que para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la demora,
la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de los
funcionarios judiciales dentro del proceso. Así, el simple hecho de sobrepasar los
términos legales dispuestos para fallar no configura per se la mora judicial, ya que
deben analizarse otras circunstancias particulares.
29. En el caso particular, sería del caso determinar si el despacho accionado vulneró
o no los derechos fundamentales invocados por la señora Dayana Patricia González
Arias, sin embargo, la Sala advierte que actualmente la tutela carece de objeto, toda
vez que, mediante providencia del 25 de octubre de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Cartagena se abstuvo de declarar en desacato al vicepresidente
ejecutivo del Banco BBVA y lo requirió para que constituyera el depósito judicial de
los recursos retenidos a órdenes del proceso ejecutivo.
30. Asimismo, se observa que, mediante auto del 13 de noviembre de la presente
anualidad, la autoridad judicial accionada ordenó el fraccionamiento del título de
depósito judicial por valor de $337.423.120, así como el pago y entrega del título por
valor de $224.948.747, a favor de la señora Dayana González Arias.
31. El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por
hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es
decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia,
la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas:
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el hecho superado y el daño consumado7. Empero, la Corte también ha dicho que
«es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño
consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto»8.
32. El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el presente caso se configuró el hecho superado, dado que el
Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena profirió la decisión que requería la parte
actora mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, pues resolvió el incidente
de desacato y, además, ordenó el fraccionamiento y pago del título judicial a favor de
la señora González Arias.
33. De manera que si se encuentra superado el hecho que dio origen a la
interposición de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala examine si la autoridad
demandada vulneró o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Es por ello que la Sala modificará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.
34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modificar la sentencia del 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:
7 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
8 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Demandante: Dayana Patricia González Arias
PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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