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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00448-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00448-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud desvinculación presentada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. SEGUNDO: CONFIRMAR el amparo de los derechos fundamentales solicitados por la parte actora dispuesto en la sentencia del 20 de marzo de 2024, con la siguiente precisión en cuanto a las órdenes: i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal Superior de Antioquia adopte las medidas que se requieren para que el señor Galvis Petro goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, esta última entidad le deberá comunicar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de justicia. TERCERO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, respecto a la desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Armando Galvis Petro Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y otros Radicación: 05001-23-33-000-2024-00448-01 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00448-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de abril de 2024

Demandante: Armando Galvis Petro
Demandados: Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central y otros
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00448-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00448-01
Demandante: ARMANDO GALVIS PETRO
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –
NIVEL CENTRAL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Confirma amparo. Vacaciones individuales de
funcionarios de la Rama Judicial. Derecho al descanso laboral1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

1. La Sala resuelve la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Antioquia contra la sentencia proferida en
primera instancia el 20 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta de Oralidad. En esta providencia se amparó el derecho fundamental
solicitado por el señor Galvis Petro.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

2. El señor Armando Galvis Petro, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Antioquia y el Consejo
Superior de la Judicatura. Consideró que las mencionadas autoridades le
vulneraron su derecho fundamental «al descanso remunerado» con la falta de
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (en adelante CDP), que le
permita gozar de sus vacaciones por el periodo laborado entre el 11 de enero de
2023 y el 10 de enero de 2024.

1 En idéntico sentido se decidió la acción de tutela con radicado 15001-23-33-000-2023-00223-01,

la cual tiene similares supuestos fácticos y jurídicos al presente.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Armando Galvis Petro
Demandados: Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central y otros
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00448-01

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó como pretensiones lo siguiente:

ÚNICO: Tutelar mi derecho fundamental al DESCANSO LABORAL y en
consecuencia garantizar la contratación de un remplazo durante su periodo de
descanso ordenar a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL MEDELLÍN, la DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, que se eliminen las barreras para que el suscrito pueda acceder
al disfrute de las vacaciones a que tengo derecho por haber laborado en el curso
de la última anualidad y en consecuencia se expida el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal para que el Tribunal Superior de Antioquia pueda
hacer la designación de mi reemplazo. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. El señor Armando Galvis Petro es juez primero promiscuo de familia de
Rionegro (Antioquia) desde el 4 de julio de 2023. Mencionó que el 26 de enero de
2024, la coordinadora del Grupo de Asuntos Laborales le informó que se encontraba
pendiente por disfrutar de un periodo de vacaciones individuales, por el desempeño
de su labor en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2023 y el 10 de enero
de 2024.

5. Mencionó que, por la anterior comunicación, solicitó el certificado de
disponibilidad presupuestal ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, con el fin que se nombrara alguien que reemplace sus
funciones mientras goza de su descanso. Sin embargo, el 29 de febrero de 2024, el
asistente administrativo del área financiera de la referida autoridad negó su solicitud.

6. La Dirección Seccional explicó que, «de acuerdo con la apropiación
presupuestal, actualmente no hay disponibilidad, debido a las medidas de
austeridad en el gasto implementadas por el Gobierno Nacional».

1.4. Fundamentos de la vulneración

7. El señor Galvis Petro indicó que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley
270 de 1996 «las vacaciones deben ser concedidas de acuerdo con la necesidad
del servicio por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio».
Asimismo, que, el artículo 103 de la misma norma contempla que «los directores
seccionales de la Rama Judicial (…) tienen la función de “ejecutar el Plan Sectorial
y las demás políticas definidas para la Rama Judicial».

8. Sostuvo que dejar su cargo sin alguien que lo reemplace afectaría
ostensiblemente el servicio de acceso a la administración de justicia, pues los
asuntos a su cargo no tendrían suspensión de términos. Añadió que tramita asuntos
constitucionales, de responsabilidad penal de adolescentes, entre otros.

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9. Precisó que la Corte Constitucional concluyó en la sentencia SU-296 de
2023, al resolver múltiples casos similares al suyo, que el derecho al descanso
remunerado lo ostentan los funcionarios judiciales y es una obligación para los
nominadores concederlo.

10. Concluyó que el derecho al descanso ha sido reconocido a través de
instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como lo son los artículos 7
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 7 del
Protocolo de San Salvador.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Por auto del 11 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta de Oralidad admitió la presente solicitud de amparo. En consecuencia,
dispuso notificar como accionados al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Nivel Central y Seccional
Antioquia y vinculó como tercero con interés al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia.

1.6. Informes

12. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Antioquia

13. Manifestó que mediante CDP 012724 se certificó la disponibilidad
presupuestal para cancelar las vacaciones y primas vacacionales del tutelante.
También se le indicó que «a finales del mes de febrero se enviaría el certificado
para cubrir el reemplazo de sus vacaciones». Sin embargo, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Nivel Central no ha remitido los recursos para cubrir
reemplazos, aunado a que, el 29 de febrero el área financiera le informó que no
había disponibilidad presupuestal y no era posible expedir el CDP para nombrar el
reemplazo del señor Galvis Petro.

14. Aclaró que, pese a lo anterior, no hay acto administrativo que niegue las
vacaciones del actor ni una solicitud puntual al respecto de su parte. Agregó que no
cuenta con presupuesto propio y que no se pueden asignar funciones sin
contraprestación a una persona para que ejerza sus funciones.

15. Concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Galvis
Petro y que le ha brindado todas las respuestas sobre sus peticiones de forma clara,
completa, congruente y de fondo. Adicionalmente, que no se encuentran dados los
parámetros para declarar la configuración de un perjuicio irremediable.

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1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia

16. Aclaró que los hechos y pretensiones relatados por el tutelante no eran «su
responsabilidad», toda vez que los certificados de disponibilidad presupuestal
corresponden a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial –
Seccional Antioquia. Afirmó que dicha autoridad es la encargada del manejo
presupuestal y el personal de la Rama Judicial.

17. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite tutelar.

1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia

18. Indicó que, si bien está encargado de conceder o negar las vacaciones del
señor Galvis Petro, por desempeñarse como juez promiscuo de familia de Rionegro
(Antioquia), no media una solicitud proveniente de él al respecto. Ante la ausencia
del mencionado requerimiento, solicitó que se le desvincule del proceso.

1.6.4. El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central, pese a ser notificados en debida forma
guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

19. En sentencia del 20 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta de Oralidad accedió a las pretensiones tutelares. En
consecuencia, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al descanso, invocado por el señor
ARMANDO GALVIS PETRO, en la acción de tutela promovida en contra de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
MEDELLÍN – ANTIOQUIA – CHOCÓ, la DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE
ASMINISTRRACIÓN JUDICIAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA; a
la cual se vinculó al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA y
al TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA – SALA DE GOBIERNO.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUA – CHOCÓ que, a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia, realice las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para
suplir el reemplazo del accionante durante el periodo de vacaciones solicitado,
expidiendo el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual
deberá remitirse, junto con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el pago
del periodo de vacaciones y primas vacacionales (CDP Nro. 012724), a más tardar el
día hábil siguiente a su expedición al nominador del accionante.

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TERCERO: REQUERIR al señor ARMANDO GALVIS PETRO para que, dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la SALA
DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA su solicitud de
autorización para el disfrute de su periodo vacacional.

CUARTO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA – SALA DE
GOBIERNO que, una vez reciba la solicitud del accionante y los certificados de
disponibilidad presupuestal por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA –CHOCÓ, a más tardar
dentro del día hábil siguiente, se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones al señor ARMANDO GALVIS PETRO.

20. Adicionalmente, desvinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Nivel Central, al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia. Cabe aclarar que, el último de los sujetos fue el único
que elevó tal solicitud.

21. Señaló que, si bien no obra dentro del expediente una solicitud expresa en
torno a la obtención de las vacaciones del señor Galvis Petro dirigida a su
nominador, previo a la concesión del respectivo periodo de receso, era necesario
contar con el CDP que garantizara el nombramiento de alguien en reemplazo del
tutelante en su cargo de juez.

22. Arguyó que la garantía a un descanso remunerado se veía transgredida y
que es necesaria la actuación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, en el sentido de que se designe a alguien en reemplazo de
sus funciones para que no se afecte la prestación del servicio de administración de
justicia en el despacho en el que se desempeña como juez.

1.8. Impugnación

23. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
adujo que no es la encargada de ordenar el reemplazo de la persona que realice las
funciones del juez tutelante mientras disfruta de sus vacaciones, y que es el Nivel
Central el que emite directrices para atender este tipo de situaciones.

24. Agregó que no es ordenadora del gasto, pues los fondos y recursos que
administra dependen de lo que se sitúe sobre los mismos por parte de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Asimismo, que, para garantizar el cabal y adecuado manejo de los
recursos que tiene a cargo, es necesario que, quienes pretendan gozar de su
periodo de descanso remunerado realicen la solicitud con por lo menos dos meses
de antelación, tanto para la expedición del CDP, como para el pago de las primas y
vacaciones correspondientes.

25. Aludió que no era propio del juez de tutela decidir sobre los asuntos públicos
de orden presupuestal y que aceptar lo contrario implicaría desconocer la

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Constitución Política. Se refirió a la sentencia del 12 de diciembre de 2018 en la
que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso lo
siguiente:

… si la juez impugnante estima que la carga laboral de su despacho es exagerada al
punto que permitir el descanso a sus empleados implica asumir una congestión
insuperable con el personal asignado, lo que le corresponde no es supeditar la
concesión de este derecho a disposiciones administrativas que suplan el periodo de
vacaciones, sino solicitar las correspondientes ayudas administrativas para equilibrar
la carga laboral permanente en relación con el personal disponible, lo cual, por
supuesto, debe prever la cantidad de días y horas reales de servicio así como los
lapsos de descanso obligatorio, entre estos las vacaciones.

26. Pese a lo anterior, informó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial expidió el CDP requerido y se lo notificó al actor previo al envío de este
recurso. Sin embargo, reiteró que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
tutelante. Por ende, solicitó que se revoque la decisión en lo atinente a la
responsabilidad que se le atribuyó, pues pese a ser ordenadora del gasto, se
encuentra sujeta al presupuesto asignado por el Nivel Central y sus determinaciones
al respecto.

27. Finalmente, aportó el Oficio DESAJMEO24-1138 del 21 de marzo de 2024
en el que le informó al señor Galvis Petro que expidió el CDP 124 con disponibilidad
presupuestal para cubrir una persona que reemplace sus funciones, entre el 1 y el
25 de abril de 2024.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta de Oralidad. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

29. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad desvinculó
del trámite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central. Lo
anterior, pesa a ausencia de informe o intervención de esta autoridad en la tutela de
la referencia y sin fundamento visible en la providencia impugnada.

30. Esta colegiatura revocará tal determinación, toda vez que, de acuerdo a la
tesis pacífica de esta sala, las Direcciones Seccional de Administración Judicial
deben trabajar mancomunadamente con la Dirección Ejecutiva de Administración

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Judicial – Nivel Central «para garantizar los derechos fundamentales al trabajo y al
descanso»2 de los servidores judiciales. Adicionalmente, la Circular PSAC 11-44 del
23 de noviembre de 2011, atinente a las vacaciones de los funcionarios judiciales,
fue proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

31. Asimismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia solicitó ser
desvinculado de la tutela, ante la ausencia de petición relativa a la concesión de las
vacaciones por parte del señor Galvis Petro. Sin embargo, su solicitud será negada
teniendo en cuenta que, al ser el nominador del juez tutelante, podrían desplegarse
órdenes relacionadas con el asunto que tengan que ver con el ejercicio de sus
funciones.

2.3. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que el accionante está
legitimado en la causa por activa. Esto, porque en su condición de juez primero
promiscuo de familia de Rionegro (Antioquia), consideró desconocido su derecho al
descanso remunerado por la falta de expedición de un CDP que permita nombrar
una persona que reemplace sus funciones mientras disfruta de su periodo de
descanso.

34. Por su parte, esta colegiatura considera que las entidades accionadas están
legitimadas en la causa por pasiva al ser las autoridades que según lo previsto en
la Ley 270 de 1996 tienen a su cargo la administración de los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial.

2.4. Problema jurídico

35. Considerando la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, esta Sala debe determinar
si confirma, modifica o revoca la sentencia de primer grado, a partir del siguiente
problema jurídico:

• ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia vulneraron el derecho al
descanso remunerado del actor al negarse a expedir el respectivo certificado

2 Sentencia del 27 de julio de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, exp. 15001-23-33-000-2023-

00223-01. En la mencionada sentencia se accedió al amparo del tutelante, quien se desempeñaba
como juez promiscuo municipal de Pachavita (Boyacá).

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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de disponibilidad presupuestal para efectos de nombrar un reemplazo
mientras disfruta de sus vacaciones?

36. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela, ii) requisitos de procedencia de la acción de
tutela; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv) el caso en concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

37. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.

38. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

39. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia.

40. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.

2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Subsidiariedad

41. El 12 de febrero de 2024, el señor Galvis Petro solicitó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia la expedición del CDP que
permitiera la designación de una persona que reemplace sus funciones. Lo anterior,
con el fin de gozar de su periodo de vacaciones entre el 1 y el 25 de abril de 2024.

42. Sin embargo, mediante oficio del 29 de febrero de 2024, el asistente
administrativo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia
negó la expedición del CDP para el nombramiento de un reemplazo durante el
período de las vacaciones del actor. Mencionó que no había disponibilidad
presupuestal para el efecto, por razones de austeridad. Ello impidió que el

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accionante solicitara la concesión de sus vacaciones, pues es consciente de la
necesidad de alguien que lo reemplace, dadas sus funciones en el servicio de la
administración de justicia.

43. En este contexto, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP,
puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del CPACA.

44. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción de
tutela es el mecanismo adecuado para proteger los derechos invocados por la parte
actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, sino su idoneidad en el presente caso, en el que está plenamente
demostrado que el accionante ve amenazado su derecho al descanso remunerado,
el cual está íntimamente relacionado con el derecho al trabajo.

45. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios para
la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de la
primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano3.

46. En el presente caso nos encontramos ante un funcionario judicial que ve
amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado, el cual se encuentra
íntimamente relacionado con su derecho fundamental al trabajo.

47. Lo anterior, ante el riesgo eminente de que el señor Armando Galvis Petro no
pueda disfrutar de su periodo de vacaciones (pese a cumplir con los requisitos para
ello), ante la falta de disponibilidad presupuestal para que su nominador – el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia - pueda designar un reemplazo durante el
tiempo en el que aquel se encuentre en descanso.

48. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo
con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta
controversia.

2.6.2. Inmediatez

49. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
señalado que el estudio de este criterio obedece a la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente tardanza
injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.

3 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.
4 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.

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50. De esta manera, en el caso en concreto el peticionario presentó la acción de
tutela el 8 de marzo de 2024, esto es, menos de un mes después de que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia negara la expedición
del CDP para nombrar su reemplazo. En consecuencia, la Sala considera que en el
presente caso se supera el requisito de la inmediatez.

2.7. El derecho al descanso del servidor judicial

51. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana5, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.

52. Adicionalmente, en el marco internacional existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo
7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al
goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo indica
el artículo 7 del Protocolo de San Salvador6.

53. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada línea
jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga»7. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria
de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos esenciales del
trabajo.

54. En ese contexto, el descanso es considerado como la manera de recuperar
las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar
o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de
dificultad para ejecutarlas.

5 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004

y C-035 de 2005.
6 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en
el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) h).
El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales”.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.

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55. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina «vacaciones»,
siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de
laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus
capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las
funciones asignadas por el empleador, pueda el servidor público, como en este
caso, disfrutar de un merecido descanso que le permita compartir un mayor espacio
de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y
tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades
laborales.

56. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es
el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho del trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.

57. En relación con lo anterior la Corte Constitucional, en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

[…]

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador
que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa necesita su apoyo
en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus
fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo,
enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el
trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe
reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo
contrario se agota, envejece o muere prematuramente (i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii)
que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal.

58. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
poner trabas administrativas, que afecten el núcleo fundamental de este derecho.

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2.8. Caso Concreto

59. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la parte
accionante consideró vulnerado su derecho al descanso remunerado, el cual quiso
gozar entre el 1 y el 25 de abril de 2024, por la ausencia de CDP que permitiera que
su nominador designe a alguien que reemplace sus funciones.

60. Frente a esta situación, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia indicó que no existía presupuesto para garantizar el pago del reemplazo
para el periodo de vacaciones del accionante, ya que se trata de recursos que no
tenía asignados la entidad.

61. Ante esto, salvo las excepciones legales, todo servidor público tiene derecho
a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado en
cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8 de los Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran
establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 19969. Esta norma establece que
los funcionarios que pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben
ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

62. En ese orden, si bien es el nominador el encargado de emitir el acto por el
cual se concede o niega las vacaciones, lo cierto es que las direcciones seccionales
de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias en los casos
en que esté demostrado que la ausencia de un funcionario, que se va a disfrutar de
sus vacaciones, puede generar un traumatismo que afecte el funcionamiento de la
dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la administración de justicia.

63. Así, y en contraposición a lo planteado por la Dirección Seccional Ejecutiva
de Administración Judicial de Antioquia, esta sí resulta ser la entidad trasgresora de
las garantías constitucionales del demandante pues, ante su negativa, se ve
amenazado el derecho fundamental al descanso del señor Armando Galvis Petro.

64. Por tanto, en el caso concreto, le corresponde a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, como órgano encargado de administrar los
bienes y recursos destinados para el correcto funcionamiento de la Rama Judicial8,
garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades de los
despachos judiciales a su cargo, lo que incluye proveer el reemplazo del juez, quien

8 «ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director
Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes,
directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes
funciones: (…) 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. 3. Suscribir en nombre de la Nación-
Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme
a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial. (…) 6. Actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».

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tiene el derecho de gozar de su tiempo de descanso para que se garantice el debido
servicio de la administración de justicia en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Rionegro (Antioquia).

65. A su vez, la Sala observa que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial al ser el órgano técnico y administrativo tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, según lo previsto en la Ley 270 de
19969. Por lo tanto, tiene el deber de actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que le atañan10.

66. Lo anterior permite determinar que a esa autoridad le corresponde actuar de
forma coordinada con su par a nivel seccional para garantizar las asignaciones
presupuestales que le permitan cumplir con el deber de proveer el reemplazo del
funcionario que tiene el derecho de gozar de su tiempo de descanso remunerado
con el fin de que se garantice el debido servicio de la administración de justicia en
el Juzgado que preside.

67. En este contexto, para la Sala es evidente que la omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los funcionarios judiciales del régimen
individual de vacaciones, en el caso concreto, no encuentra excusa en el
fundamento que expone por la autoridad impugnadora relacionado con la falta de
asignación presupuestal.

68. Esta Sección debe insistir en que esta omisión no puede volverse un
obstáculo para que los funcionarios judiciales puedan disfrutar de su garantía
constitucional al descanso remunerado. Este derecho debe entenderse como uno
de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima
que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual
como física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo
de sus actividades.

69. Por lo tanto, los asuntos de orden presupuestal y administrativo, tales como
lo que alega la Seccional para excusar el hecho de no garantizar los recursos para
proveer el reemplazo del funcionario que tiene el derecho de gozar de su tiempo de
descanso remunerado en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro
(Antioquia) y la postura de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia sobre su falta de competencia en el asunto particular, no
justifican el hecho de que el accionante no tenga garantizadas las condiciones
mínimas para acceder al gozo efectivo de su descanso.

9 «ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas
y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
10 Esto, sin desconocer que la Ley 270 de 1996 estableció la desconcentración de aquellas funciones

en las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, pues se torna imposible que
desde el nivel central se puedan atender los requerimientos de cada despacho judicial que se
encuentre dentro del territorio nacional.

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70. Por ello, en el caso concreto, comporta una grave afectación a los derechos
del accionante el hecho de que las autoridades accionadas no garanticen los
recursos para proveer el reemplazo del empleado que tiene el derecho de gozar de
su tiempo de descanso remunerado, como hasta la fecha se advierte.

71. Finalmente, como lo señaló recientemente la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-296 de 2023, el derecho a disfrutar de las vacaciones implica que las
labores del empleado judicial no se acumulen en el tiempo en que este disfruta de
su descanso remunerado. Lo anterior para evitar un estrés posterior en el ámbito
laboral fruto del ejercicio legítimo de un derecho fundamental como lo es el
descanso.

72. Adicionalmente, se aclara que, si bien no se acreditó o mencionó por parte
del tutelante el haber solicitado el disfrute de sus vacaciones ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, lo cierto es que, se abstuvo de tal situación
ante la respuesta negativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Antioquia de expedir el CDP que permitiera designar un reemplazo para el
desarrollo de sus funciones y el conocer las necesidades de la administración de
justicia que impiden que un despacho judicial carezca de juez que lidere la función.

73. En definitiva, la Sala confirmará la sentencia del 20 de marzo de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad, con la siguiente
precisión en cuanto a las órdenes:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Tribunal Superior de Antioquia adopte las medidas que se requieren para que el
señor Galvis Petro goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.

ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, esta última entidad le deberá comunicar al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia quien a su vez deberá, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación,
adoptar las medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho
al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud desvinculación presentada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Antioquia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el amparo de los derechos fundamentales solicitados por
la parte actora dispuesto en la sentencia del 20 de marzo de 2024, con la siguiente
precisión en cuanto a las órdenes:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Tribunal Superior de Antioquia adopte las medidas que se requieren para que el
señor Galvis Petro goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.

ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, esta última entidad le deberá comunicar al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia quien a su vez deberá, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación,
adoptar las medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho
al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.

TERCERO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia,
respecto a la desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Nivel Central.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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