Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2023-00223-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de julio de 2023
Demandante: José Abel Pulido Calixto
Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00223-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00223-01
Demandante: JOSÉ ABEL PULIDO CALIXTO
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS
Temas: Tutela de fondo - Vacaciones individuales de empleados de la
Rama Judicial. Derecho al descanso laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja contra la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 7 de julio de 2023. En
ese fallo se accedió a las pretensiones de la acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 23 de junio de 2023 el señor José Abel Pulido Calixto, quien se desempeña
como juez promiscuo municipal de Pachavita – Boyacá, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
2. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad y al descanso, en razón a que se le negó el disfrute de
sus vacaciones. Esto, con fundamento en que no hay un certificado de
disponibilidad presupuestal –en adelante CDP– para designar a alguien que lo
reemplace en las funciones que desempeña.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:
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Demandante: José Abel Pulido Calixto
Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00223-01
Primera. Declarar que la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja vulneraron mis derechos
fundamentales al descanso y a la igualdad.
Segunda. Que, en consecuencia, ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que dentro del término que el Juez
Constitucional señale, adelante las gestiones administrativas y presupuestales a que
hubiere lugar, con el fin de que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, proceda dentro del término que el Juez Constitucional señale, a
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, en el término que el juez constitucional señale, nombre a la
persona que deba reemplazarme en el disfrute de mis vacaciones.
1.3. Hechos
4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes
para la decisión que se adoptará, los cuales que se extraen del escrito de tutela y
de las demás piezas procesales aportadas al proceso:
5. El señor José Abel Pulido Calixto es titular del Juzgado Promiscuo Municipal
de Pachavita – Boyacá desde el 8 de abril de 2021.
6. La Sala Plena Ordinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
mediante Resolución No. 051 del 1º de diciembre de 2022, suspendió el disfrute de
las vacaciones colectivas del accionante por haber laborado en el periodo
comprendido entre el 1.º de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023. Esto, con el
fin de atender la función de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio
durante la vacancia de fin de año comprendida el 20 de diciembre de 2022 y el 10
de enero de 2023.
7. El 21 de febrero de 2023, el señor José Abel Pulido Calixto elevó petición a
la coordinadora de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Tunja, para que certificara el tiempo pendiente de vacaciones y
expidiera el CDP para el disfrute de su descanso por el periodo restante.
8. La entidad demandada, en oficio del 23 de mayo de 2023, dio respuesta a la
petición presentada por el accionante. En aquel certificó que al señor Pulido Calixto
solamente se le deben 22 días de vacaciones. Sin embargo, no expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal.
9. Finalmente, el 30 de mayo de 2023, el accionante le solicitó al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja que le fuera concedido el disfrute de sus
vacaciones a partir del 26 de junio hasta el 17 de julio de 2023. Sin embargo, esta
solicitud fue negada por la autoridad en comento mediante Resolución No. 24 del 8
de junio del mismo año.
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1.4. Sustento de la vulneración
10. La parte accionante señaló que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad y al «descanso», al suspender las vacaciones
concedidas sin estudiar la posibilidad de realizar el trámite de autorización para
asignar recursos tendientes al reemplazo por vacaciones.
11. Además, trajo a colación dos pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado en los que se ordenó expedir el CDP para nombrar
el reemplazo de un empleado y un funcionario de la Rama Judicial:
• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 24 de
junio de 2021. Rad. T-05001220300020210011101.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de mayo de
2023. Rad. 11001031500020230202200.
1.5. Trámite de la acción
12. Mediante auto del 27 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá
admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó
notificar como accionados a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central
13. La entidad demandada rindió informe en el que solicitó que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Esto, porque no es la obligada a disponer
los recursos para la contratación del reemplazo del actor para la concesión de
vacaciones.
14. Al respecto, adujo que la entidad encargada de sufragar y expedir las
respectivas resoluciones mediante las cuales se establece el periodo de vacaciones
y valores a sufragar por este concepto es la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, de conformidad con lo señalado en la ley estatutaria de la
administración judicial. Por último, solicitó que ordene y conmine al nominador del
señor José Abel Pulido Calixto a que de forma inmediata conceda el periodo de
vacaciones solicitado por aquel.
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1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
15. La entidad demandada solicitó que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela. Esto, porque el actor al ser funcionario judicial debe recurrir a su
nominador, quien discrecionalmente debe decidir sobre el disfrute de sus
vacaciones, según el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
16. También, la Dirección Ejecutiva Seccional citó el numeral 6.º de la Circular
PSAC11-44 del 13 de noviembre de 2011, para argumentar que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno. También, indicó que cuenta con la apropiación
presupuestal para cancelar la liquidación de las vacaciones que le correspondan al
actor José Abel Pulido Calixto –juez promiscuo municipal de Pachavita–, como es
su obligación, mas no para proveer un reemplazo.
17. Así, la autoridad demandada explicó que esta última situación no era un
requisito legal para que el accionante acceda al disfrute de sus vacaciones y está
siendo exigido por el nominador, contraviniendo la normativa vigente sobre el
otorgamiento del beneficio mencionado.
18. Luego, la entidad accionada señaló que la Circular PSAC11-44 del 13 de
noviembre de 2011 regula la expedición de los CDP pero no para el caso del
accionante. Esto, porque él está vinculado al sistema de vacaciones colectivas, no
al régimen individual. Por esto, no es posible la asignación de recursos que permita
al tribunal como ente nominador, efectuar el nombramiento en provisionalidad de su
reemplazo comoquiera que el procedimiento aplicable a esta situación es otro.
19. Finalmente, solicitó que se desvincule del presente trámite con fundamento
en que carece de legitimación en la causa por pasiva. Ello, porque no se está
oponiendo al disfrute de las vacaciones del accionante.
1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
20. El tribunal demandado expuso que no se ha opuesto de manera alguna al
derecho de descanso solicitado por el accionante. Sin embargo, relató que la
solicitud de sus vacaciones fue tramitada y negada, al no existir la disponibilidad
presupuestal que debió expedir la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para de esta forma reemplazar temporalmente al funcionario durante su ausencia.
21. Finalmente, expuso que no vulneró los derechos fundamentales del actor; y
solicitó que se ordenara a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –nivel
central–, gestionar lo pertinente para la expedición del CDP necesario y que a futuro
no avoque a funcionarios judiciales a tener que procurar la realización de sus
derechos laborales a través de acciones de tutela.
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1.7. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 7 de julio de
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2023 amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al descanso remunerado.
23. En consecuencia, el tribunal de primera instancia ordenó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - nivel central que, en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo, realice toda las gestiones y trámites
administrativos para que le asigne un presupuesto a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja a fin de que pueda expedir el CDP
destinado a cubrir el nombramiento de la persona que reemplazaría al accionante
mientras disfruta del periodo de sus vacaciones.
24. Asimismo, dispuso que una vez se dé cumplimiento a lo anterior, se ordene
al representante legal o a quien haga sus veces de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja expedir dentro del término de las 48 horas
siguientes, el respectivo CDP.
25. Por último, instó a las accionadas para que en lo sucesivo se abstengan de
vulnerar los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales a quienes se les
suspende su derecho al disfrute de sus vacaciones por razones del servicio para
atender la función del control de garantías en los periodos de vacancia colectiva y,
en su lugar, expidan los CDP para nombrar su reemplazo mientras disfrutan de su
periodo de vacaciones.
26. El tribunal consideró que existía una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que las gestiones de tipo administrativo no
pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente
le corresponde al actor, quien se desempeña como juez promiscuo municipal de
Pachavita, menos cuando el descanso en temas laborales constituye un derecho
fundamental que se deriva del derecho al trabajo y sus condiciones mínimas, las
cuales deben ser garantizadas y amparadas.
27. El tribunal señaló que lo anterior no desconoce el deber de preservar la
continuidad del servicio público de acceso a la administración de justicia, que exige
que el Juzgado Promiscuo Municipal de Pachavita –del cual es titular el
demandante– siga funcionando. Pero, consideró que aquella circunstancia no es un
argumento válido para que el nominador y la Dirección Ejecutiva Seccional se
mantengan en la negativa de otorgarle el disfrute de su periodo de descanso por un
asunto netamente administrativo o presupuestal.
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Esta decisión fue notificada el 12 de julio de 2023.
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1.8. Impugnaciones2
1.8.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
28. La entidad accionada señaló que, en virtud de lo establecido por las
directrices nacionales y la normatividad vigente, el disfrute de las vacaciones está
bajo la discrecionalidad del nominador del despacho según la necesidad del
servicio, el cual para el caso concreto corresponde al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja.
29. Por lo anterior, la entidad indicó que no vulneró los derechos fundamentales
del accionante; y que por el contrario, cuenta con la debida apropiación presupuestal
para cancelar la liquidación que por vacaciones le correspondió al demandante
como juez promiscuo municipal de Pachavita como es su obligación legal, más no
para proveer un reemplazo que no es un requisito legal para conceder el disfrute de
las vacaciones del funcionario judicial y que está siendo exigido por el nominador
del despacho.
30. Finalmente, reiteró que la Circular PSAC11-44 de 2011 regula hasta el
momento, y de manera expresa y general la expedición del CDP para funcionarios
de la jurisdicción penal vinculados con el sistema de vacaciones individuales. Por
esta razón no le es aplicable al accionante, pues aquel es servidor judicial y se
encuentra vinculado con el sistema de vacaciones colectivas. Por lo anterior,
consideró que no era procedente asignar recursos que le permitan al tribunal como
ente nominador efectuar un nombramiento en provisionalidad de su reemplazo.
1.8.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central
31. A su vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central
impugnó la decisión de primera instancia y para ello reiteró los argumentos
expuestos en el informe rendido en el curso de la primera instancia.
32. Mediante auto del 14 de julio de 2023, el magistrado ponente de primera
instancia concedió los recursos de impugnación aludidos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para resolver los recursos de impugnación
presentados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja contra la
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Los escritos de impugnación fueron radicados el 14 de julio de 2023.
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sentencia de primera instancia proferida el 7 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante,
o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
36. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que José Abel Pulido Calixto
está legitimado en la causa por activa. Esto, en la medida en que es quien solicitó
el amparo de los derechos a la igualdad y al descanso, mediante la petición de
disfrute de vacaciones a partir del partir del 26 de junio de 2023, por tener un periodo
causado y no disfrutado como consecuencia de la suspensión de sus vacaciones
colectivas.
37. Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel Central,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja están legitimados en la causa por pasiva. Esto, por ser las
autoridades ante las cuales se radicó el requerimiento referido. Además, es preciso
indicar que sus vinculaciones se hicieron debido a que fueron las entidades
demandadas por el actor en su escrito de tutela y en tal sentido, su comparecencia
al presente trámite tutelar se tornaba necesario en aras de que pudieran defender
sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste.
38. Finalmente, es preciso señalar que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – nivel central y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva porque les corresponde ejecutar
las labores administrativas tales como la provisión de recursos para los reemplazos
que se requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los
servidores judiciales, tal como ocurre con el accionante. A su vez, al Tribunal
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Superior del Distrito Judicial de Tunja, en su condición de nominador del señor José
Abel Pulido Calixto – juez promiscuo municipal de Pachavita–, le corresponde
decidir sobre la concesión o no de las vacaciones solicitadas por aquel.
39. Por lo anterior, la Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – nivel central y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja.
2.3. Problema jurídico
40. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los
recursos de impugnación presentados, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia. Para tales efectos, se resolverá el
siguiente problema jurídico:
• ¿La decisión de no ordenar la aprobación presupuestal y la expedición del
CDP para designar el reemplazo del señor José Abel Pulido Calixto en su
labor como juez promiscuo municipal de Pachavita a quien le correspondía
gozar de su periodo de vacaciones desde el 26 de junio hasta el 17 de julio
de 2023, como consecuencia de la suspensión de sus vacaciones colectivas,
vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al descanso?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) el derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
42. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
43. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio
se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de
los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
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44. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede
decidir sobre la controversia propuesta.
45. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.5. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
2.5.1. Subsidiariedad
46. El accionante solicitó ante el Tribunal Superior de Tunja la concesión de sus
vacaciones por el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2023.
Sin embargo, esta autoridad judicial, en oficio del 8 de junio de 2023, le negó su
petición «por no contar con el certificado de disponibilidad presupuestal».
47. También, el accionante solicitó a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Tunja el CDP para que se designara su remplazo y pudiera disfrutar de
sus vacaciones. Dicha entidad mediante oficio DESAJTUO23-2269 del 23 de mayo
de 2023, negó la petición por lo que dispone la Circular PSAC11-44 de 2011.
48. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de tutela
no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Tunja y la de no conceder las
vacaciones por parte de su nominador –Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja–, puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho establecido en el artículo 138 del CPACA.
49. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la solicitud de
amparo es el mecanismo adecuado para proteger los derechos invocados por el
accionante. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad, en el que está plenamente
demostrado que el señor José Abel Pulido Calixto ve amenazado su derecho al
descanso remunerado, el cual se relaciona íntimamente con los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.
50. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios para
la protección efectiva y eficaz de los derechos. Esta falta de idoneidad hace
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imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de la primacía de los
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano3.
51. En el presente caso, se advierte que el tutelante es un funcionario judicial
que ve amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado el cual, a su
juicio, transgrede además el cúmulo de garantías constitucionales sobre las que
invoca la protección.
52. Lo anterior, ante el posible riesgo inminente de que el señor José Abel Pulido
Calixto no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones, ante la falta de
disponibilidad presupuestal para que su nominador pueda designar su reemplazo,
durante el tiempo en el que se encuentre en descanso.
53. Esto resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia.
2.5.2. Inmediatez
54. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha señalado que el estudio
de este requisito obedece a la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados sin que se genere tardanza injustificada o irrazonable en
la presentación de la acción4.
55. De esta manera, en el caso en concreto el tutelante presentó este mecanismo
constitucional el 23 de junio de 2023. Es decir, menos de treinta días después de
que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja le negó su derecho al descanso
ante la falta del CDP para designar una persona que reemplace sus funciones. En
consecuencia, la Sala considera que se supera el requisito de inmediatez5.
2.6. El derecho al descanso del servidor judicial
56. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana6, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.
3
Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.
4
Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
5
Dicha circunstancia ocurrió el mismo 15 de marzo de 2023.
6
Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004 y
C-035 de 2005.
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57. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo
7° determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al
goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo indica
el artículo 7° del Protocolo de San Salvador7.
58. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada línea
jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga»8. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria
de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo.
59. En ese contexto, las vacaciones son consideradas como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado
a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor
grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se
denomina «vacaciones», siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido
con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de
entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de una
manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el servidor
público, como en este caso, disfrutar de un merecido receso que les permita
compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras
actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con
energía sus actividades laborales.
60. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es
el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.
7
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en
el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) h). El
descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días
feriados nacionales”.
8
Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.
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61. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al
empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
[…]
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador
que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo
en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus
fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades,
muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a
su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir
entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece
o muere prematuramente.
[…]
(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está
previamente determinado de manera constitucional y legal.
62. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho.
2.7. Caso concreto
63. En el presente asunto, el accionante considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al descanso, por cuanto no se le ha otorgado el
disfrute de sus vacaciones por el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 17
de julio de 2023, a las cuales considera tiene derecho debido a que sus vacaciones
colectivas le fueron suspendidas mediante la Resolución No. 051 del 1.º de
diciembre de 2022, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
64. A fin de resolver este caso, para la Sala es importante resaltar los siguientes
hechos probados:
65. Como viene de decirse se encuentra acreditado que el accionante le solicitó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que le fuera concedido el disfrute
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de sus vacaciones a partir del 26 de junio hasta el 17 de julio de 2023. Sin embargo,
esta solicitud fue negada por la autoridad en comento mediante Resolución No. 24
del 8 de junio del mismo año, por falta de CDP.
66. Asimismo, se encuentra acreditado que la coordinadora del Área de Talento
Humano mediante certificación DESAJTUCER23-736 del 23 de mayo de 2023,
ratificó que el José Abel Pulido Calixto se desempeña actualmente como juez
promiscuo municipal de Pachavita en propiedad, perteneciendo al régimen de
vacaciones colectivas que le correspondía disfrutar del 20 de diciembre de 2022 al
10 de enero de 2023. Sin embargo, aquellas le fueron suspendidas por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja para atender la función de control de garantías
durante el tiempo de vacaciones colectivas.
67. También, está acreditado que el accionante le solicitó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja el CDP para que se designara su
reemplazo y pudiera disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, dicha entidad
mediante oficio DESAJTUO23-2269 del 23 de mayo de 2023, negó la petición por
lo que dispone la Circular PSAC11-44 de 2011.
68. Para la Sala es evidente que la ausencia de un CDP no puede volverse un
obstáculo para que los funcionarios judiciales puedan disfrutar de su garantía
constitucional al descanso remunerado. Este derecho debe entenderse como uno
de los fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece
la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física,
para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus
actividades.
69. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8 de los Decretos 3135
de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 19969. Esta norma
establece que los funcionarios que pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo
con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año
de servicios.
9
Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas;
y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las
vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio”.
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70. En ese orden, si bien es el nominador el encargado de emitir el acto por el
cual se concede o niega las vacaciones, lo cierto es que las direcciones seccionales
de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias en los casos
en que esté demostrado que la ausencia de un funcionario, que se va a disfrutar de
sus vacaciones, puede generar un traumatismo que afecte el funcionamiento de la
dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la administración de justicia.
71. Así, y en contraposición a lo planteado por la Dirección Seccional Ejecutiva
de Administración Judicial de Tunja, esta sí resulta ser la entidad trasgresora de las
garantías constitucionales del demandante pues, ante su negativa, se ve
amenazado el derecho fundamental al descanso del señor José Abel Pulido Calixto.
72. En otras palabras, el derecho al descanso del actor se vio truncado ante la
decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja de suspenderle las
vacaciones por falta del CDP que permitiera designar un reemplazo, dado que, de
no proveerse el cargo en el periodo de su descanso, existiría exceso de carga
laboral en los demás empleados de su dependencia.
73. Así las cosas, negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, constituye, de plano, la vulneración de la
garantía alegada por el señor José Abel Pulido Calixto, concretamente al descanso
remunerado luego de cumplir 1 año de labor, así como el derecho a la igualdad
respecto de la gran mayoría de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a
nivel nacional que durante el 20 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023
tuvieron acceso al periodo de descanso remunerado colectivo, mientras que el
señor José Abel Pulido Calixto tuvo que atender funciones relativas al sistema de
oralidad debido a que su despacho fue designado para cumplir tales deberes en el
referido periodo de la vacancia judicial.
74. Máxime, en un caso como el que se debate, en el cual el único momento del
año que está designado legalmente para disfrutar de la vacancia colectiva, es entre
los meses de diciembre y enero; de manera que, al continuar vinculado con la Rama
Judicial, año tras año se causan las vacaciones concernientes a cada periodo de
labores y se tornaría en un imposible que el actor agote esos 22 días de descanso
que se le adeudan por laborar la vigencia 2022.
75. Por tanto, comoquiera que en el presente caso el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja está imposibilitado para cubrir la vacante temporal y por
tanto el despacho no puede quedar sin su titular, resulta previsible entender que,
tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Nivel Central como la
Seccional de Tunja deben trabajar mancomunadamente para garantizar los
derechos fundamentales al trabajo y al descanso del señor José Abel Pulido Calixto,
así como la de los usuarios que pretenden acceder a una adecuada administración
de justicia del despacho judicial en cuestión, por lo que para la Sala el nombramiento
de un reemplazo en provisionalidad es una alternativa idónea que permite
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compatibilizar los mentados presupuestos.
76. La determinación de no otorgar los recursos necesarios para el reemplazo,
sí generan una vulneración a los derechos fundamentales del accionante, pues,
como se vio, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, puede obstaculizar la garantía para que el tutelante disfrute de su
descanso remunerado, máxime si se tiene que el señor José Abel Pulido Calixto
tiene derecho a gozar de sus vacaciones, pues cumple con los requisitos para
acceder a ellas y que el deber de garantizar la adecuada prestación del servicio
público de administrar justicia no puede ser admitida como una excusa válida para
no permitirle a un funcionario gozar del referido derecho.
77. Por todo lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia en el sentido de amparar el derecho fundamental al trabajo en condiciones
dignas y al descanso remunerado. Sin embargo, es necesario realizar unas
precisiones en alcance y contenido de las órdenes a impartir. Lo anterior en la
medida que para esta Sala de decisión las medidas para la protección del derecho
vulnerado deben incluir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dado que
es el nominador del accionante, así como respecto de las demás entidades
demandadas a quienes les compete garantizar dicho derecho.
78. En este sentido, se modificarán las ordenes emitidas en el numeral de la
decisión de primera instancia, las cuales quedarán de la siguiente forma:
a) A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que
en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, solicite a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Nivel Central (Unidad de Planeación o la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja adopte las medidas que
se requieren para el disfrute de las vacaciones al señor José Abel Pulido
Calixto.
b) A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad le deberá comunicar
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, quien a su vez deberá, en
un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, adoptar las medidas que corresponda para que el funcionario
pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la
administración de justicia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
SEGUNDO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el sentido de amparar el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado; y se
modificarán las ordenes emitidas en el numeral de la decisión de primera instancia,
las cuales quedarán de la siguiente forma:
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente providencia, solicite a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – nivel central (Unidad de Planeación o la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja adopte las medidas que se requieren
para el disfrute de las vacaciones al señor José Abel Pulido Calixto.
A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial nivel central dispondrá
de cinco (5) días, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos. Una vez la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad le deberá
comunicar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, quien a su vez deberá,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, adoptar las medidas que corresponda para que su servidor judicial
pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la administración
de justicia
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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