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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00551-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00551-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00551-01

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

Demandante: Roger Adrián Villalba Ortega
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00551-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00551-01
Demandante: ROGER ADRIÁN VILLALBA ORTEGA
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tema: Confirma decisión que accedió a pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores
contra la sentencia del 3 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

Actuando en nombre propio, el señor Roger Adrián Villalba Ortega ejerció acción de
cumplimiento contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener el
acatamiento del artículo 84 de la Ley 2136 de 20211.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«(…) Solicito amablemente que se ordené al Ministerio de Relaciones Exteriores el
cumplimiento de la Ley 2136 del 2021, por tanto, se reglamente el Art 84 de la Ley
2136 del 2021».

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 19 de enero de 2024, el accionante solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores
el cumplimiento del numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 del 2021 en el sentido de

1 «Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y
orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Roger Adrián Villalba Ortega
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que reglamentara los grados y tipos de parentesco a los que se extiende el derecho
de unidad familiar en materia migratoria.

El 31 de enero de 2024, el ministerio respondió a la solicitud elevada por el señor
Villalba Ortega. Al respecto, explicó que durante el 2023 se realizaron varias reuniones
entre el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, Migración Colombia y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, -en adelante ICBF-, para revisar la
propuesta presentada por esta última entidad.

Mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2024, el actor requirió nuevamente al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y al ICBF, «(…) el
cumplimiento del Numeral 1 del Artículo 84 de la Ley 2136 del 2021; es decir, la
regulación de los grados y tipos de parentesco a los que se extiende el derecho de
unidad familiar en materia migratoria».

Las entidades requeridas respondieron en los siguientes términos:

• El 21 de marzo de 2024, Migración Colombia traslado la solicitud al Ministerio
de Relaciones Exteriores por considerarlo como la entidad competente para
pronunciarse sobre el asunto.

• El 3 de abril de 2024, el ICBF contestó manifestando que había elaborado una
propuesta de reglamentación del numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 de
2021, y que desde 2023 había acompañado las mesas de trabajo organizadas
para la discusión. Explicó que no tiene la competencia para cumplir lo
requerido, puesto que la facultad reglamentaria es propia del Presidente de la
República y los Ministerios quienes pueden ejercerla en cualquier tiempo al no
estar limitada a ninguna restricción temporal.

• El Ministerio de Relaciones Exteriores le otorgó al requerimiento el radicado
911949-RA sin que le hubiese dado respuesta a la fecha de radicación de la
demanda de referencia.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En sustento de la solicitud, el accionante mencionó que la competencia para cumplir
la normativa invocada recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque a la
revisión del proyecto de codificación del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 puedan
concurrir otras autoridades.

Arguyó que, si bien el accionado indicó en la respuesta del 31 de enero de 2024 que
buscaría llegar a un consenso sobre el articulado de la normativa durante la siguiente
mensualidad, nada garantizaba el cumplimiento de su deber. En este sentido, refirió
que habían transcurrido cerca de tres años desde la expedición de la Ley 2136 de
2021, sin que se hubiese proferido la reglamentación requerida.

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Argumentó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de un
término estipulado por el legislador al imponer al ejecutivo un deber de reglamentar
no significa que el mandato se torne inexigible a través de la acción de cumplimiento.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 8
de abril de 2024, admitió la demanda por reunir los requisitos y formalidades de ley.
Así mismo, ordenó notificar personalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al
agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal.

1.4.2. Vinculación de Migración Colombia y el ICBF

A través de providencias del 18 y 23 de abril de 2024, se ordenó vincular y notificar
personalmente del proceso a la Unidad Especial Migración Colombia y al ICBF de la
acción de cumplimiento.

1.4.3. Intervenciones

La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Antioquia, en cumplimiento a lo
ordenado en el auto admisorio y los autos de vinculación, surtió las notificaciones
personales dirigidas a los sujetos procesales en virtud de las cuales se recibieron los
siguientes escritos:

1.4.3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores

Actuando a través de apoderado2 alegó que el accionante no había agotado el
requisito de procedibilidad de constitución en renuencia, pues el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Migración Colombia y el ICBF habían dado respuesta a las
solicitudes del actor en relación con el mandato del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021,
demostrando el interés y disposición de la entidad para cumplir el deber jurídico
inobjetable de regulación.

Narró que desde la promulgación de la Ley 2136 de 2021, el Ministerio convocó a
múltiples entidades del Estado para identificar los temas que requerían desarrollo.
Reconoció que en el caso específico del numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 de
2021, el legislador dispuso la directriz de reglamentación, y consideró que para darle
cumplimiento es necesario un proceso de articulación interinstitucional en el que se
identifique lo ya regulado al respecto y se armonice el concepto de grado y parentesco
en el marco de la Política Integral Migratoria.

Detalló una serie de actividades que ha liderado, coordinado y articulado la entidad
para cumplir con el deber jurídico. Entre ellas, solicitó al ICBF una propuesta de

2 El abogado Jorge Enrique Barrios Suárez.

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codificación y surtió cinco reuniones entre el 17 de febrero de 2023 y el 16 de febrero
de 2024 con el ICBF y Migración Colombia para consensuar el articulado. Comentó
que se habían identificado varios temas puntuales que presentaban mayor
complejidad en el asunto y, teniendo esto en cuenta, se recibió concepto de la Oficina
Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del contenido del
texto reglamentario y el instrumento idóneo para proceder con su ejecución.

Concluyó que no se debe acceder a las pretensiones de la acción de cumplimiento
puesto que no se encontraba probada la renuencia en el cumplimiento del numeral 1
del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 en vista de las distintas actuaciones que se
han adelantado en conjunto con Migración Colombia y el ICBF.

1.4.3.2. Migración Colombia

En memorial allegado por la apoderada de la entidad3, se opuso a las pretensiones
de la demanda. Manifestó que la competencia para reglamentar el numeral 1 del
artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 la ostenta el Ministerio de Relaciones Exteriores,
por lo cual no se encontraba legitimada en la causa por pasiva.

Relató que Migración Colombia tiene funciones como autoridad de vigilancia y control
migratorio y de extranjería del Estado sin tener a su cargo la formulación, orientación,
ejecución y evaluación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano. En
este sentido, subrayó que no posee competencia funcional, ni material para cumplir
con las pretensiones del actor.

Finalmente, precisó que el actor no agotó el requisito de procedibilidad de renuencia
frente a Migración Colombia, por lo que alegó la improcedencia de la acción frente a
la entidad.

1.4.3.3. ICBF

El apoderado del ICBF4 envió escrito de contestación se opuso a la prosperidad de
las pretensiones del actor frente a la entidad representada. Consideró que, si bien el
numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 involucra cuestiones sobre los niños,
niñas y adolescentes, no era de su competencia cumplir con tal mandato, pues este
le correspondía al sector de relaciones exteriores liderado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Explicó que desde el 2023 el ICBF había acompañado las mesas de trabajo tendientes
a lograr la reglamentación en comento frente a la cual la entidad había elaborado una
propuesta de articulado. En todo caso, reiteró que la entidad estaba contribuyendo
para la consolidación de dicho objetivo en observancia del principio constitucional y
legal de colaboración armónica, pero aclaró que no era la competente para expedir la
normativa.

3 La abogada Myriam Buitrago Espitia.
4 El abogado Rodrigo Alfredo Mariño Montoya.

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1.4.4. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 3 de mayo de 20245,
accedió a las pretensiones del medio de control y ordenó al Ministerio de Relaciones
Exteriores que en un término máximo de seis meses contados a partir de la ejecutoria
de la providencia diera cumplimiento al numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 de
2021. Por otro lado, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Migración
Colombia y el ICBF.

En respaldo de su decisión, consideró que el numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136
de 2021 contiene un mandato imperativo e inobjetable de reglamentación dirigido al
Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en el escrito de contestación de la demanda
reconoció que era la llamada a cumplir la normativa sobre la que se señala incumplida.

El Tribunal indicó que a pesar de que el legislador no estableció plazo para el
acatamiento de la normativa, esa Corporación ha precisado que: «la acción de
cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria, en todos
los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de regular
determinado tema con independencia de si se impuso término o no, es decir, que la
ausencia de un plazo para ejercer la facultad que se otorga para desarrollar ciertas
materias no deriva en la inexigibilidad de lo dispuesto como mandato en la norma».

Advirtió que habían transcurrido tres años y ocho meses desde la expedición de la
Ley 2136 de 2021, tiempo suficiente para que la entidad encargada hubiese
reglamentado el numeral 1 del artículo 84. En consecuencia, encontró que no era de
recibo el argumento del accionado según el cual no se había logrado la concreción de
la norma por la complejidad del asunto.

1.4.5. Impugnación

Por medio de memorial radicado el 6 de mayo de 2024, el Ministerio de Relaciones
Exteriores se opuso a la sentencia de primera instancia. Reiteró los argumentos
presentados en la contestación de la demanda, a través del cual alegó la omisión del
requisito de renuencia debido a que la entidad había dado respuesta a las peticiones
presentadas por el actor, y le indicó las actuaciones adelantadas en conjunto con el
ICBF y Migración Colombia tendientes a lograr lo ordenado en el numeral 1 del artículo
84 de la Ley 2136 de 2021.

Manifestó que el ministerio ha dado respuesta a las solicitudes del accionante
demostrando con ello el interés y disposición de la entidad en el cumplimiento del
deber jurídico inobjetable invocado, sin que hubiese incurrido en una ausencia de
gestión administrativa. Sin embargo, expuso que para proferir la reglamentación es
necesario un proceso de articulación de conceptos y entidades en relación con los
temas sensibles e importantes implicados en este ejercicio.

5 La sentencia se notificó por correo electrónico enviado por la Secretaría General del Tribunal el 3 de mayo de

2024.
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Observó desacertada la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva
del ICBF y Migración Colombia puesto que el artículo 84 de la Ley 2136 de 2021
requiere un trabajo articulado con estas entidades en virtud del principio de
colaboración armónica.

Finalmente, reprodujo la narración contenida en la contestación de la demanda sobre
las actuaciones administrativas adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
en pro de cumplir el mandato estipulado en el numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136
de 2021.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el Ministerio de
Relaciones Exteriores contra contra la sentencia del 3 de mayo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 6, y el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 3
de mayo de 2024, dictada por Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a
las pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del
Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con lo previsto en el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del numeral
1 del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 en el sentido de que reglamente
los grados y tipos de parentesco a los cuales se extiende el derecho a la
unidad familiar en asuntos de Política Integral Migratoria?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)

6 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

6
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naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis
del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa
que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» 7(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas

7 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando

Herrera Vergara.

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aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1º)8.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

d) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9º).

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de
instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para

8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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los fines de la acción de cumplimiento»9.

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 16 de marzo de 2024, en
el que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores el cumplimiento del numeral 1
del artículo 84 de la Ley 2136 de 2021 para que reglamentara los grados y tipos de
parentesco a los cuales se extiende el derecho a la unidad familiar en asuntos de
Política Integral Migratoria.

Conforme con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez,
se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

2.3.4. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento del numeral 1 del artículo 84 de la Ley
2136 de 2021, que dispone:

«Ley 2136 de 2021
Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para
la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado
Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones.
Artículo84. Derechos concordantes con la PIM. Para efectos de la aplicación de
la presente ley, se tendrán en cuenta los siguientes derechos ya consagrados en el
ordenamiento jurídico colombiano:
1. Derecho a la Unidad Familiar: La familia, elemento natural y fundamental de la
sociedad tiene el derecho a vivir unida, recibir respeto, protección, asistencia y apoyo
conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales. La reglamentación de
esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este
derecho en materia migratoria.
(…)»

En el sub judice la parte actora solicitó que en cumplimiento de la anterior disposición
para que se ordene a la entidad accionada la expedición de la reglamentación
mandada por el legislador, lo que implica materializar una obligación de hacer. Con
relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa
judicial para procurar por el acatamiento del precepto que se pide atender; además,
la disposición es actualmente exigibles porque no está derogada ni suspendida y su
cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento de gasto no presupuestado
para la Administración.

Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección

9 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo

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de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que
torna procedente la acción de cumplimiento.

2.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo10

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo
idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria
cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen
ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de
si se impuso término o no al efecto11 debido a que, como se explicará, la ausencia
de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias
a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes12.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno Nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto
que usualmente se encuentra en el Gobierno Nacional. Asimismo, es de anotar que

10 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-41-000-2022-

00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-

2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
12 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6 de
septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida
la reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no
delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los
cuales deba surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio
al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.
Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer la
potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.

Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando
en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.5. Análisis del caso concreto

2.5.1. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
«deberes». Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a
través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos, expresos e
inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente
manera13:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,

13Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-00243-

01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y
de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»14.

En el presente asunto, es claro para la Sala que el numeral 1 del artículo 84 de la
Ley 2136 de 2021 el cual se pretende hacer cumplir, contiene la obligación a cargo
del Ministerio de Relaciones Exteriores, como la entidad misma lo reconoce en el
escrito de contestación de la demanda, consistente en expedir la reglamentación en
relación con los grados y tipos de parentesco a los cuales se extiende el derecho a
la unidad familiar en asuntos de Política Integral Migratoria.

Si bien, el numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 del 2021 no especifica a que
autoridad le compete cumplir con el deber de reglamentación que contiene, esto no
significa que el mandato no sea imperativo e inobjetable. En observancia de una
interpretación sistemática de la normativa, se puede concluir que el Ministerio de
Relaciones Exteriores es la entidad a quien está dirigido el mandato de
reglamentación.

Por un lado, el artículo 1.1.1.1. del Decreto el Decreto 1067 de 2015 15, determina
que al Ministerio de Relaciones Exteriores, como organismo rector del Sector
Administrativo de Relaciones, le corresponde la formulación de la política exterior
de Colombia bajo la dirección del Presidente de la República. Así mismo, el inciso
primero del 2136 de 2021 estipula que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como
autoridad rectora en materia migratoria formula, orienta, ejecuta y evalúa la Política
Integral Migratoria.

La disposición normativa cuyo cumplimiento es demandado, guarda relación con el
derecho a la unidad familiar en concordancia con la Política Integral Migratoria. Por
tal razón y en vista de las competencias anteriormente referidas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, es claro que atañe a esta entidad la reglamentación de los
grados y tipos de parentesco a los que se extiende el derecho a la unidad familiar
en materia migratoria.

Concluir lo contrario, es suponer que la norma invocada no contiene un mandato
imperativo e inobjetable por no prever expresamente la autoridad encargada de su
cumplimiento, lo que equivaldría a realizar una interpretación parcial del
ordenamiento jurídico, que de manera inequívoca fijó este deber de reglamentación
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

14 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social de

derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
15 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de

Relaciones Exteriores.”
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Ahora bien, se observa que en el escrito de contestación de la demanda la cartera
de Relaciones Exteriores manifestó que se encuentra en proceso de atender dicha
disposición. Sin embargo, precisó que, aunque ha desplegado las actividades
tendientes al cumplimiento del mandato invocado, lo anterior no ha sido posible en
vista de la complejidad del asunto y la articulación interinstitucional requerida.

Señaló que su implementación ha conllevado una serie de actuaciones para revisar
con detalle la articulación de conceptos y entidades en temas sensibles e
importantes como la soberanía y seguridad nacional, y los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Indicó que este análisis debe ser riguroso para evitar el
desconocimiento de aspectos vitales para el orden público, el interés general y
salvaguardar el derecho a la unidad familiar.

No obstante, lo anterior, la Sala considera, que a pesar de que se han adelantado
gestiones tendientes al cumplimiento demandado contenido el numeral 1 del artículo
84 de la Ley 2136 de 2021, resulta evidente que la reglamentación que prevé la
norma no ha sido proferida a pesar de que fue publicada el 4 de agosto de 2021 y,
si bien no se impuso un plazo para su expedición, ello no implica que el mandato no
sea exigible.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: “[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que
debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]”. (Subraya la Sala).

Con fundamento en lo anterior, es evidente que las normas analizadas contienen un
mandato imperativo e inobjetable, en la medida en que corresponde al Ministerio de
Relaciones Exteriores ejercer la facultad reglamentaria sobre los grados y tipos de
parentesco a los cuales se extiende el derecho a la unidad familiar en asuntos de
Política Integral Migratoria. Razón por la que se confirmará la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, en relación con los argumentos del impugnante sobre la legitimación en
la causa por pasiva del ICBF y Migración Colombia, para la Sala carecen de
fundamento, en cuanto se advierte que en este caso, aunque las referidas entidades
se vincularon como terceras con interés y deben actuar en observancia al principio
de colaboración armónica, fueron válidamente desvinculadas del trámite
constitucional debido a que el mandato imperativo e inobjetable de reglamentación
está radicado en cabeza exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y de sus
funciones tampoco se desprende que las aludidas entidades tengan el deber de
reglamentación en relación con la Política Integral Migratoria, razón suficiente para
advertir su falta de legitimación por pasiva.

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2.6. Conclusión

Esta Sala, encuentra que el numeral 1 del artículo 84 de la Ley 2136 contiene un
verdadero mandato imperativo, expreso e inobjetable consistente en ordenar al
Ministerio de Relaciones Exteriores expedir la reglamentación sobre sobre los
grados y tipos de parentesco a los cuales se extiende el derecho a la unidad familiar
en asuntos de Política Integral Migratoria, mandato plenamente exigible a través de
esta acción, razón por la que se confirmará la sentencia del 3 de mayo de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que la entidad accionada,
en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
cumplan con la prerrogativa de que trata la norma invocada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la acción de
cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Con salvamento

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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