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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00942-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00942-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para, en su lugar, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que, en cumplimiento del mandato contenido en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021 y en un término máximo de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, reglamente los parámetros técnicos del etiquetado frontal conforme lo dispone esta norma y por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2022-00942-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de octubre de 2022

Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00942-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00942-01
Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Temas: Revoca para ordenar cumplimiento. Potestad reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 13 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Carlos Mario Salgado Morales ejerció la acción de la referencia para
que se ordene al Ministerio de Salud y Protección Social acatar lo preceptuado en el
inciso segundo del artículo 51 de la Ley 2120 de 20212 y, en consecuencia, reglamente
los parámetros técnicos para el etiquetado de los empaques de productos con
excesivo contenido de nutrientes críticos.

1.1. Hechos

2. La parte actora señaló que el 2 de agosto de 2022 requirió, entre otras
autoridades no accionadas, al Ministerio de Salud y Protección Social el cumplimiento
del deber contenido en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021.

1 “ARTÍCULO 5o. ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA (…) El Gobierno nacional, en cabeza

del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiquetado
definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño
y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia
científica disponible y libre de conflicto de intereses. Para tal fin, podrá tener en cuenta la evidencia
científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
2 “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir

enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones”.

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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
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3. Mediante comunicación del 11 de agosto de 2022, el referido ministerio le
informó que con apoyo en estudio adelantado con la Universidad de Antioquia elaboró
proyecto normativo para obedecer lo dispuesto en el precepto señalado como
incumplido.

4. El actor destacó que, pese a lo anterior, actualmente esa cartera ministerial no
ha reglamentado los parámetros técnicos de etiquetado de los productos descritos en
el inciso segundo indicado y, por tanto, no ha dado cumplimiento al mandato que
reclama se ordene obedecer.

2. Actuaciones procesales

5. Por auto de 25 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y ordenó notificar al ministro de
Salud y Protección Social.

3. Contestación

3.1. Del Ministerio de Salud y Protección Social.

6. Su apoderado solicitó no acceder a las súplicas de la parte actora. Afirmó que
su representada, amparada en la Ley 1355 de 20093, expidió la Resolución 810 de
20214 a través de la cual fijó, entre otros, parámetros técnicos para determinar la forma,
contenido, figura, proporción, símbolos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación
de los productos que deban tener el etiquetado frontal del sello de advertencia,
tendientes a advertir al consumidor de los contenidos excesivos de los nutrientes
críticos. Por tanto, resaltó que no desatendió el inciso segundo del artículo 5 de la Ley
2120 de 2021.

7. Expuso el procedimiento de expedición de la Resolución 810 de 2021 y precisó
que, si bien, fue emitida con anterioridad a la promulgación de la Ley 2120 de 2021,
se encuentra motivada y sustentada en la mejor evidencia técnica obtenida en su
momento. Por ello sostuvo que no es posible afirmar que en Colombia no existe un
reglamento técnico que cumpla con los parámetros establecidos en la norma frente a
la cual se solicita su cumplimiento y que, a partir de su promulgación, dicha cartera
procedió con las acciones pertinentes a fin de establecer si se debían efectuar
adiciones y/o modificaciones a dicho acto administrativo.

8. De igual manera informó que, para obedecer el mandato contenido en el artículo
5 de la ley 2120 de 2021, la entidad adelantó las siguientes acciones:

3 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a

esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”.
4 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a

esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”.

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«(…)• Suscripción del contrato con la Universidad de Antioquia para revisar la evidencia
de: forma, figura, tamaño, color, ubicación, texto y proporción a través de un estudio de
revisión sistemática de la literatura, el cual, concluyó que la mayor evidencia científica
libre de conflicto de interés, en cuanto a la forma es octagonal, con el texto de la palabra
“Exceso”, color: negro, ubicación tercio superior y proporciones de acuerdo al área de la
cara principal de exhibición, en ese sentido, este estudio recomienda modificar el artículo
32 de la Resolución 810 de 2021.
(…)
• Elaboración del documento técnico de la búsqueda sistemática de la literatura, para
valores máximo o modelo de perfil de nutrientes para etiquetado frontal de advertencia,
encontrando que el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de
la Salud, cumple con los requisitos de la Ley 2120 de 2021, en lo que se refiere al nivel
de procesamiento y a la evidencia encontrada en la literatura, en tal sentido, este estudio
sugiere modificar la tabla 17 del artículo 32 de la Resolución 810 de 2021, así como
adicionar al artículo 3, las definiciones de: ingrediente culinario, alimento sin procesar,
producto alimenticio procesado, alimento mínimamente procesado y producto alimenticio
ultraprocesado.
(…)
• Construcción del Análisis de Impacto Normativo Expost de etiquetado frontal de
advertencia, en el cual se analizaron los resultados de los dos estudios anteriores y se
recomienda revisar y modificar los artículos 2, 3 y 32; y los numerales 16.1.3, 16.1.4,
25.4 y 25.5 (sobre las restricciones a las declaraciones de propiedades nutricionales y/o
de salud) de la Resolución 810 de 2021. Este documento surtió consulta pública del 30
de julio (5:00 p.m.) al 1 de agosto de 2022 (8:00 a.m.) y no se recibieron comentarios.
• Como resultado de lo anterior, se procedió a formular el proyecto normativo que
modifica la Resolución 810 de 2021, quedando con los siguientes ajustes:

1. Forma: octagonal
2. Color: negro, borde blanco
3. Texto: EXCESO en
4. Sin símbolos
5. Adopción del modelo de perfil de nutrientes de la OPS
6. Restricción de las declaraciones de propiedades nutricionales y/o de salud, cuando
tengan sello de advertencia. (…)»

9. Reitero que la Ley 2120 de 2021 se promulgó con posterioridad a la Resolución
810 de 2021 pero que es lo cierto que reglamentó, entre otros aspectos, lo relacionado
con el etiquetado frontal de advertencia, en todo caso, precisó que desde la vigencia
de la referida ley, el ministerio adelantó acciones pertinentes y determinó, con apoyo
en nueva evidencia científica, que era necesario efectuar modificaciones y adiciones
a la regulación existente, trámite que “espera” finalizar en diciembre de 2022.

4. Sentencia impugnada

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2022, resolvió negar las pretensiones del
demandante.

11. Indicó que el ministerio accionado expidió la Resolución 810 de 16 de junio
2021, la cual reglamentó el etiquetado frontal de advertencia para alimentos

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envasados para consumo humano y que, a pesar de que fue expedida con anterioridad
a la Ley 2120 del 30 de junio de 2021 -norma que se pide cumplir -, se demostró que
la entidad adelanta trámites para adecuar su contenido a las nuevas órdenes
impartidas por el legislador.

12. Afirmó que la norma omite fijar límite temporal para la expedición del reglamento
técnico, por lo que no puede afirmarse que el Ministerio de Salud y Protección Social
haya desatendido el mandato del inciso segundo del artículo 5 de la Ley 2021 de 2021.

13. De esta forma, concluyó que la entidad no ha sido renuente a cumplir lo
establecido en el precepto señalado como desacatado, que adelanta gestiones para
expedir un proyecto de resolución que incluya las modificaciones pertinentes, con base
en la nueva evidencia científica obtenida; por tanto, denegó las pretensiones de la
demanda.

5. Impugnación

14. La parte actora solicitó revocar el fallo del 13 de septiembre de 2022 y, en
consecuencia, que se ordene a la entidad accionada dar cumplimiento al inciso
segundo del artículo 5 de la Ley 2021 de 2021.

15. Indicó que la Resolución 810 del 16 de junio 2021, expedida antes de la Ley
2021 de 2021, contrario a lo concluido por el Tribunal, no responde a las obligaciones
que impone la nueva normativa, resulta deficiente y deja un vacío respecto de la
reglamentación para el etiquetado frontal de advertencia que se debe adaptar a la
información científica encontrada.

16. Señaló que no está de acuerdo con el fallo cuando argumenta que la norma «no
establece un límite temporal para la expedición del nuevo reglamento técnico», toda vez que
el parágrafo 4 del artículo desacatado ordena que el Ministerio de Salud y Protección
Social, regule lo dispuesto en dicho precepto en un plazo máximo de un año contado
a partir de la promulgación de la ley, esto es, desde el 30 de julio de 2021.

17. Aunado a lo anterior, sostuvo que la cartera ministerial no ha obedecido el
mandato de reglamentación que se exige porque no ha expedido la regulación técnica.
Precisó que «[n]o puede alegarse el cumplimiento de una obligación contraída hoy, con un
acto que se ejecutó ayer, por cuanto al momento de su ejecución no existía la obligación. Por
lo tanto, la resolución 810 de 2021, bajo ninguna óptica cumple con la obligación dispuesta en
el artículo 5 de la ley 2120 de 2021, ni siquiera parcialmente, pues cuando esta fue expedida
no entraba en vigor la ley».

18. Advirtió que con su omisión la accionada impide la labor de prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. En consecuencia, insistió
que se debe acceder a sus pretensiones.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

19. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la
sentencia del 13 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1255, 1506 y 2437 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA- Ley 1437 de 20118, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

20. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto
es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

21. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de 19979,
que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

22. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en
efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
8 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia. (…)”.
9 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.

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b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, el cumplimiento de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos,
ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la
acción de tutela.

3. Del agotamiento de la renuencia como requisito de procedibilidad

23. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de
la solicitud.

24. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado
que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
la acción de cumplimiento»11.

25. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

«(…) Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de

10 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir

en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende,
exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de
renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento
de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741
de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál
de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la
jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, Exp. 2011-

00024-01. M.P: Susana Buitrago Valencia.

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cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del
destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de
la petición de cumplimiento que previamente debió formular la demandante, pues, como
se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial
para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
(…)»13 (Negrillas fuera de texto).

26. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

«(…) Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud (…)».

27. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo
prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de esta que lo pretendido es el
cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el
propósito de agotar el requerimiento en mención.

28. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando el requerimiento «…tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»14.

29. En el caso concreto, la parte actora aportó la solicitud de 2 de agosto de 2022
en la cual requirió al Ministerio de Salud y Protección Social que «en un término expedito
dé cumplimiento al deber legal, ordenado en la Ley en cita. (LEY 2120 DE 2021 ARTÍCULO

13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. 2003-

00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.

ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

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05 INCISO SEGUNDO)».

30. También obra en el expediente respuesta del accionado que data de 11 de
agosto de 2022, que da cuenta de las gestiones que adelanta para la revisión y ajuste
de la Resolución 810 de 2021. Por tanto, no hay duda de que previo a ejercer esta
acción, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia.

4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

31. Respecto del precepto que fue objeto de la demanda, esto es, el inciso segundo
del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021, encuentra la Sala que se satisface el primero de
los requisitos de procedencia de la acción constitucional, toda vez que se busca la
materialización de una norma vigente ya que no ha sido derogada, ni suspendida.

32. De igual forma advierte que su acatamiento no implica gasto, ni la protección de
derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento respecto a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo.

33. La jurisprudencia actualmente vigente, en esta materia, ha determinado que
este sí es el mecanismo idóneo para exigir al gobierno nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.

34. La acción procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria, en
todos los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de
reglamentar determinada materia, con independencia de si se impuso término o no
al efecto15 debido a que la ausencia de un lapso específico no puede entenderse como
una circunstancia que impida su procedencia.

35. Conviene advertir, que el Congreso de la República, al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 de la Constitución Política, puede imponer
una serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador delega al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

36. Ahora bien, esta facultad se ha entendido como el ejercicio de la atribución
contenida en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la cual el poder
ejecutivo tiene la potestad de dictar las normas que estime necesarias a fin de

15 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-

2015-00227-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la existencia
de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes16.

37. En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo
ejerce la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como
se anotó, en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al gobierno nacional a ejercer dicha atribución.

38. Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el gobierno nacional. Asimismo, es de anotar
que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida
la reglamentación exigida por la ley.

39. Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para regular, pues el mandato que aquella impone
no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los
cuales deba surtirse.

6. Del caso concreto.

40. La parte actora pretende que se ordene el cumplimiento del inciso segundo del
artículo 5 de la Ley 2120 de 2021, que prevé:

«LEY 2120 DE 2021
(Julio 30)
“Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios
saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones...”

(…)

ARTÍCULO. 5°. ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA. (…)

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará
los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo, la forma, contenido, figura,
proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los
empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia
científica disponible y libre de conflicto de intereses. Para tal fin, podrá tener en cuenta
la evidencia científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (…)»
(Negrilla de la Sala).

16 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 16 de agosto de 2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6 de
septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) CP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00942-01

41. Del precepto transcrito se advierte la existencia de un mandato imperativo e
inobjetable, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social consistente en el
mandato de reglamentar los parámetros técnicos del etiquetado frontal donde se
incorpore un sello de advertencia que tienen que tener todos los productos comestibles
o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de procesamiento con cantidad excesiva de
nutrientes críticos establecidos por esta cartera ministerial, para lo cual debe basarse
en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses y podrá
tener en cuenta la suministrada por la OMS.

42. Según el dicho del ministerio accionado, que acoge y complementa el fallo del
Tribunal, el deber de reglamentar se advierte cumplido por: (i) la expedición de la
Resolución 810 del 16 de julio de 2021 17 ; (ii) las gestiones orientadas a revisar y
modificar dicha resolución en consideración de las nuevas orientaciones contenidas
en la ley 2120 de 2021 y; (iii) porque la norma no establece un límite temporal para la
expedición del nuevo reglamento técnico.

43. Ahora bien, la parte actora afirma en su impugnación que el precepto incumplido
sí establece el término de un año para ejercer el mandato -parágrafo 4º del artículo 5-
, que la Resolución 810 de 2021 se expidió con anterioridad a la Ley 2120 de 2021 y
que se evidenció que no ha sido expedido el reglamento técnico que dé cuenta de lo
ordenado en la norma señalada como desacatada.

44. Para la Sala es claro que las partes no ponen en duda el deber que tiene a
cargo la entidad accionada consistente en reglamentar los parámetros técnicos del
etiquetado frontal conforme lo ordena el inciso que se acusa desobedecido y que la
controversia orbita en torno a cómo y cuándo se cumple dicho deber.

45. Esta Sección debe precisar que, conforme lo señaló en su impugnación la parte
actora y contrario a lo afirmado en el fallo del Tribunal, el mandato por disposición
expresa del parágrafo 418 del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021, debe acatarse en un
plazo máximo de un año contado a partir de la promulgación de la ley, esto es desde
el 30 de julio de 2021, fecha en la que se expidió, publicó y entró en vigor dicha
legislación.

46. Lo anterior indica que el deber de la entidad demandada se encuentra vigente
desde el 30 de julio de 2021 y el plazo máximo establecido por el legislador para
acatarlo expiró el 30 de julio 2022, por lo que a partir del vencimiento de dicho término
podía acusarse su incumplimiento como, en efecto, lo hizo la parte actora.

17 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas

a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y
prevención”.
18 “PARÁGRAFO 4. El Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo máximo de un año contado

a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará lo dispuesto en el presente artículo”. Negrilla
fuera de texto.

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Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
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47. Ahora, pese a que la entidad alega que dictó la Resolución 810 de 2021 y, por
tanto, actualmente existe un reglamento técnico en la materia, lo cierto es que dicha
regulación es anterior a la expedición de la Ley 2120 de 2021 y no supone la
reglamentación de la misma. Sobre este particular se precisa que la Sala en casos
similares19 ha determinado que la obligación no se puede entender cumplida con una
normativa emitida con antelación a la vigencia de la ley que la impone. Así las cosas,
no se puede sostener que con la referida resolución se cumple con el mandato
contenido en el inciso segundo del artículo 5.

48. Prueba de ello deriva del dicho del propio accionado según el cual, después de
adelantar los estudios y análisis pertinentes, advirtió la necesidad de modificar la
regulación existente para acompasarla con las exigencias impuestas en la nueva
normativa, para lo cual encaminó sus acciones a elaborar documentos técnicos y el
proyecto de regulación para modificar la resolución mencionada, lo que permite afirmar
que es evidente que deviene insuficiente para dar por cumplido el mandato
reglamentario requerido.

49. Ahora bien, no se desconoce que el ministerio aportó pruebas20 que buscan dar
cuenta de los avances relacionados con gestiones, acciones e insumos para modificar
y adicionar el actual reglamento técnico, sin embargo, es lo cierto que las mismas
permiten concluir que el mandato que se reclama no se ha cumplido y no puede
justificarse que vencido el término establecido por el legislador, a la fecha no se haya
materializado el ejercicio de la facultad reglamentaria ordenado.

50. Así las cosas, para la Sala es claro que el deber contenido en el inciso 2º del
artículo 5º de la Ley 2120 de 2021, se encuentra desatendido. No obstante, también
considera que la cartera ministerial accionada informó que, previo agotamiento de los
trámites previstos21, tiene la expectativa de expedir prontamente la reglamentación

19
Consultar entre otros: Sección Quinta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente con radicado
número 15001-23-33-000-2022-00131-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
20
Obran en el expediente, anexos al escrito de contestación de la demanda presentado por el Ministerio
de Salud y Protección Social, los siguientes documentos: “1. copia Cuestionario previo Resolución 810
de 2021– Anexo técnico No. 1. 2. Memoria justificativa Resolución 810 de 2021– Anexo técnico No. 2.
3. Análisis de Impacto Normativo fundamento de la Resolución 810 de 2021. 4. Estudio completo
elaborado por la Universidad de Antioquia “Documento técnico de los resultados de la revisión
sistemática de la literatura libre de conflicto de interés sobre la forma, contenido, figura, proporción,
símbolos, textos, colores, tamaño, ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo,
entre otros, para etiquetado frontal”. 29 de julio de 2022. 5. Documento técnico elaborado por el
Ministerio de Salud y Protección Social “Modelo de perfil de nutrientes para etiquetado frontal de
advertencia Búsqueda sistemática de la literatura” 2022. 6. Proyecto de Resolución “Por la cual se
modifican los artículos 2, 3, 16, 25, 32 y 37 de la Resolución 810 de 2021 y se dictan otras disposiciones”
21
Sobre el particular refiere que «(…) el proyecto debe continuar con todos los trámites establecidos en
el Decreto 1595 de 2015 y su modificatorio 1468 de 2020 incorporados en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, incluida la consulta pública Internacional (…)»

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pertinente22, por tanto, se dispondrá que el cumplimiento del mandato desacatado
debe surtirse en un término no mayor a 2 meses, contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia.

51. En conclusión, la Sala revocará la sentencia del 13 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, ordenar al
Ministerio de Salud y Protección Social que, en cumplimiento del mandato contenido
en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021 y en un término máximo de
2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, reglamente los
parámetros técnicos del etiquetado frontal conforme lo dispone dicha norma, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para, en su
lugar, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que, en cumplimiento del
mandato contenido en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 2120 de 2021 y en un
término máximo de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
reglamente los parámetros técnicos del etiquetado frontal conforme lo dispone esta
norma y por las razones expuestas en este fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

22
Según refirió en la contestación de la demanda “(…) se espera su finalización en diciembre de
2022 (…)”

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Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00942-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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