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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00298-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00298-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 21 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido que la reglamentación de que trata el artículo 6 de la Ley 2394 de 2024 deberá ser expedida en un término de 3 meses computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión. 11 Artículo 10. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Melany Sofia Jiménez Calderón Demandado: Ministerio de Educación Nacional Radicado: 20001-23-33-000-2025-00298-01 SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00298-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

28 de agosto de 2025

Demandante: Melany Sofia Jiménez Calderón
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00298-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00298-01
Demandante: MELANY SOFIA JIMÉNEZ CLADERÓN
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tema: Ejercicio de la potestad reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional
contra la sentencia del 21 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar en la que se accedieron a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

La señora Melany Sofia Jiménez Calderón, actuando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia,
reglamentado en la Ley 393 de 1997.

Lo anterior, a efectos de obtener el acatamiento del mandato establecido en el artículo
6 de la Ley 2394 de 2024, en el que se estableció la obligación en cabeza de la cartera
accionada de reglamentar la citada ley, incluyendo los lineamientos para que las
Secretarías de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación establezcan las
medidas pertinentes para su cumplimiento.

En ese orden, formuló a título de pretensión lo siguiente:

1. Ordene al Ministerio de Educación Nacional a cargo del Doctor Daniel Rojas Medellín
o quien haga de sus veces cumpla lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 2394 de 2024.

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Demandante: Melany Sofia Jiménez Calderón
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00298-01

2. Que se declare improcedente la prórroga presentada por el Ministerio de Educación
Nacional, por ser extemporánea según el régimen especial previsto en el artículo 8 de
la ley 393 de 1997 y el parágrafo del articulo 14 de la ley 1755 de 20151.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

Relató que el 26 de julio de 2024 se expidió la Ley 2394 de 2024 «por medio del cual
se garantiza la protección de los derechos de estudiantes gestantes, estudiantes en
periodo de lactancia y estudiantes en licencia de paternidad en las instituciones
educativas del país».

La norma en comento estableció que al Ministerio de Educación Nacional le
correspondía su reglamentación en los 6 meses siguientes a su entrada en vigor. Por
tanto, resaltó que, tras más de 10 meses de vigencia, el ministerio accionado se ha
abstraído de su obligación.

Indicó que, el 23 de mayo de 2025, requirió a la cartera ministerial enunciada para que
diera cumplimiento al mandato antes indicado. Al respecto, recibió comunicación el
día 17 de junio del mismo año, en la que la entidad accionada refirió una prórroga de
15 días hábiles para contestar, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 1755 de
2015.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En criterio de la accionante, la norma solicitada en cumplimiento satisface los
requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia para ser demandado vía acción de
cumplimiento, pues se trata de un mandato imperativo que no ha sido cumplido.
Asimismo, citó jurisprudencia de esta Corporación en la que se reconoce la
procedencia de la acción de cumplimiento para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

Por auto del 25 de junio de 2025, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo
del Cesar avocó el conocimiento de la acción y ordenó la notificación del Ministerio de
Educación y del Ministerio Público. Asimismo, requirió a la autoridad accionada para
que informara sobre los antecedentes que motivan el mecanismo constitucional de la
referencia.

1 Transcripción original del texto con posibles errores.

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El Ministerio de Educación Nacional, por conducto de apoderado judicial, concurrió
al trámite explicando que, pese a no existir reglamentación de la Ley 2394 de 2024,
esta ordena garantizar el acceso y permanencia de estudiantes gestantes, en
lactancia o con licencia de paternidad, sin discriminación desde su entrada en vigor.
Por lo anterior, y tras explicar el contenido de la ley en mención, consideró que la
acción de cumplimiento resulta improcedente toda vez que su aplicación no depende
de una reglamentación.

1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar clausuró la primera instancia, mediante sentencia
del 21 de julio de 2025, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Al
respecto, indicó lo siguiente:

Vale precisar frente a este contexto, que la Ley 2394 de 2024 fue expedida el 26 de julio
de 2024, fecha misma en la que fue publicada y entró en vigor, por ello el Ministerio
accionado contaba hasta el 26 de enero de 2025 para expedir su reglamentación, fecha
desde la cual se hace exigible su cumplimiento como lo ha hecho la accionante a través
de este medio de control, sin que a la fecha el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL haya esbozado justificación alguna para no acatar la orden impartida.

Ahora, si bien como lo afirma la entidad en su contestación la ausencia de
reglamentación de la Ley 2394 de 2024 no exime a las instituciones educativas del país
de su cumplimiento, lo cierto es que dejar al arbitrio y liberalidad de los estamentos
educativos los criterios a aplicar para materializar el beneficio otorgado a los estudiantes
que se encuentren en las circunstancias que prevé ese cuerpo normativo, podría
conllevar a que se impartiera un trato desigual frente a una misma circunstancia de
hecho y posibles irregularidades que a la postre generen el resultado no deseado, la
deserción estudiantil.

Por lo anterior, se hace imperioso que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
reglamente la Ley 2394 de 2024, por lo que se ordenará que dentro del término de los
treinta (30) días siguientes, dé cumplimiento al artículo 6° de ese cuerpo normativo,
término que se concede tomando en cuenta que debe realizarse una articulación con
todas las secretarías de educación territoriales.

1.6. Impugnación

El Ministerio de Educación presentó escrito en el que reprodujo íntegramente los
argumentos contenidos en el escrito de contestación. Reiteró que, pese a la ausencia
de la reglamentación solicitada, la Ley 2394 de 2024 obliga a las instituciones de
educación superior a implementar sus medidas desde su entrada en vigor.

Sostuvo que, mediante directiva interna publicada en su página web el 6 de febrero
de 2018, dirigida a autoridades territoriales, docentes y directivos docentes, adoptó el
“protocolo de atención de la menor de 15 años embarazada”, elaborado junto con el
Ministerio de Salud. Dicha directiva impone obligaciones específicas a los
destinatarios, encaminadas a prevenir la deserción escolar por embarazo

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adolescente. En ese sentido, el Ministerio afirmó que ha venido estableciendo desde
lineamientos para garantizar la adecuada atención de la población estudiantil.

Posteriormente, dentro de la oportunidad procesal para impugnar, la autoridad
accionada presentó escrito en el que indicó que se encuentra elaborando un
documento de orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para la atención
educativa de estudiantes en condición de enfermedad o en centros hospitalarios.
Dichas orientaciones contemplan apoyos académicos especiales para estudiantes en
periodo de gestación y lactancia, así como para quienes, por indicación médica, no
puedan asistir regularmente a clases o se encuentren desescolarizados.

Por otro lado, reparó que para el cumplimiento del mandato de reglamentación
requiere un término superior a los 30 días indicados en la sentencia de primera
instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad con
lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley
1437 de 20112, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para
conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 21
de julio de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las
pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Ministerio de
Educación Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar al Ministerio de Educación Nacional la expedición de la

2 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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reglamentación de que trata el artículo 6 de la Ley 2394 de 2024?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis del
caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción,
la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual
sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material
de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a
toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir
ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la
ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de
un orden jurídico, social y económico justo” 3(Subraya fuera del texto).

3 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y

Hernando Herrera Vergara.

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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)4.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (Art. 8º).

d) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción.
Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos
que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido

4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

6
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por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Educación Nacional antes de instaurar la
demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
la acción de cumplimiento”5.

Conforme se precisó en los antecedentes de la presente acción, se tiene que el 23 de
mayo de 2025 la accionante remitió comunicado dirigido al Ministerio de Educación
Nacional en el que solicitó el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 6 de
la Ley 2394 de 2024. Asimismo, se tiene que la cartera ministerial no emitió respuesta
dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la solicitud.

Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta suficiente para dar por satisfecho el requisito
de procedibilidad establecido en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se
cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

2.3.4. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 2394 de 2024, que
dispone:

LEY 2394 DE 2024
(julio 26)

“Por medio del cual se garantiza la protección de los derechos de estudiantes
gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de
paternidad en las instituciones educativas del país.”

Artículo 6. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará en los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley todos los asuntos concernientes
a la misma, incluyendo los lineamientos para que las Secretarías de las Entidades
Territoriales Certificadas en Educación establezcan las medidas pertinentes para el

5 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo

7
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cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Así mismo, creará un plan por conducto
de formo asociado <sic> con las Secretarías de las Entidades Territoriales Certificadas
en Educación para que aquellas instituciones educativas que no cuenten con los medios
para adoptar las disposiciones de esta ley puedan hacerlo a la mayor brevedad posible.

Parágrafo. Las instituciones de educación superior que incumplan las disposiciones de
la presente ley podrán ser sancionadas en virtud a la disposición contenida en el
artículo 48 de la Ley 30 de 1992 y el procedimiento sancionatorio establecido en el
capítulo IV de la misma ley. (Subraya propia)

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica materializar
una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente
con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento del precepto que
se pide atender; además, la disposición es actualmente exigible porque no está
derogada ni suspendida y su cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento
de gasto no presupuestado para la Administración.

Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que torna
procedente la acción de cumplimiento.

2.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad reglamentaria
del poder ejecutivo6

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo idóneo
para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando el
legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen ciertas
condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de si
se impuso término o no al efecto7 debido a que, como se explicará, la ausencia de
un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando el

6 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-41-

000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-

33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la cual
el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias a fin de
garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la existencia
de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes8.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración armónica,
es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto que
usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida la
reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no delimita
la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los cuales deba
surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno nacional
para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio al respecto,
y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer la
potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es plenamente
exigible.

8 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en
sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo
Chavarro Buriticá.
9
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Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando
en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.5. Análisis del caso concreto

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera9:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y
de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»10.

En el presente asunto, es claro para la Sala que el artículo 6 de la Ley 2394 de 2024,
contiene la obligación a cargo del Ministerio de Educación Nacional de expedir su
reglamentación, incluyendo los lineamientos para que las Secretarías de las
Entidades Territoriales Certificadas en Educación establezcan las medidas
pertinentes para su cumplimiento.

9Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado

social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Melany Sofia Jiménez Calderón
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00298-01

La Sala no desconoce los esfuerzos adelantados por la accionada encaminados a
emitir lineamientos que versan sobre a prevención de la deserción escolar por
embarazo adolescente y la garantía de apoyos académicos especiales a estudiantes
en gestación, lactancia o con condiciones médicas que limiten su asistencia regular a
clases. No obstante, resulta evidente que la reglamentación que prevé la norma no ha
sido proferida a pesar de que la norma entró a regir el 26 de julio de 202411 habiendo
culminado el término de 6 meses con que contaba el Ministerio de Educación para su
reglamentación.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: “[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe
ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]”. (Subraya la Sala).

Con fundamento en lo anterior, es evidente que las normas analizadas contienen un
mandato imperativo e inobjetable, en la medida en que corresponde al Ministerio de
Educación Nacional ejercer la potestad reglamentaria sobre lo dispuesto en la Ley
2394 de 2024 y, en consecuencia, debe expedir los lineamientos con destino a la
«Secretarías de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación». Razón por la
que se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la demanda.

Ahora bien, en atención a lo solicitado por la cartera ministerial accionada, referente
a la modificación del plazo establecido en la decisión impugnada, se accederá
parcialmente al pedimento y, en consecuencia, se modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia. En ese sentido, la Sección estima que un plazo de 3
meses resulta razonable para que se expida la reglamentación correspondiente,
atendiendo que ha informado sobre los avances realizados para cumplir el mandato.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 21 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido que la reglamentación
de que trata el artículo 6 de la Ley 2394 de 2024 deberá ser expedida en un término
de 3 meses computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

11 Artículo 10. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones

que le sean contrarias.
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Demandante: Melany Sofia Jiménez Calderón
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00298-01

SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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