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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00342-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00342-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2024-00342-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de junio de 2025

Demandante: Oscar Humberto Rayo Torres
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00342-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00342-01
Demandante: OSCAR HUMBERTO RAYO TORRES
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Tema: Ejercicio de la potestad reglamentaria. Confirma decisión de
primera instancia, dado que la norma sobre la cual recae la
solicitud de cumplimiento perdió vigencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que
declaró la improcedencia de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El ciudadano Oscar Humberto Rayo Torres, obrando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, en
la que pretende se dé cumplimiento al mandato establecido en el parágrafo 3.° del
artículo 90 de la Ley 2276 de 20221.

Conforme lo anterior, formuló a título de pretensión lo siguiente:

Se ordene la reglamentación del art. 90 de la Ley 2276 de 2022, pues conforme se
indica en el ya mencionado artículo, el gobierno nacional tenía dos (2) meses para
reglamentar dicha norma, y el término ha sido ampliamente superado.

1 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones

para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023”.
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Demandante: Oscar Humberto Rayo Torres
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía
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1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

Entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023, el Ministerio de Minas y
Energía publicó en su página web, y con objeto de recibir comentarios de la
ciudadanía, proyecto de decreto de reglamentación2 del artículo 90 de la Ley 2276
de 2022.

El 24 de octubre de 2024, la parte actora solicitó al Ministerio de Minas y Energía3
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 2276 de 2022, en el
sentido de proferir el decreto reglamentario del subsidio de energía para riego. A tal
requerimiento, la autoridad accionada le otorgó el radicado 1-2024-047866, sin que
a la fecha de interposición del mecanismo constitucional de la referencia el señor
Rayo Torres recibiera una respuesta de fondo.

El 28 de octubre de 2024, el accionante reiteró dicho escrito ante la Presidencia de
la República. Frente a este, a través de oficio OFI24-00218572 del 5 de noviembre
del 2024, la entidad comunicó al actor el traslado de la solicitud al Ministerio de
Minas y Energía.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El actor sostuvo que el Ministerio de Minas y Energía ha incumplido el mandato
contenido en el artículo 90 de la Ley 2276 de 2022, en lo que respecta a la
reglamentación del subsidio de energía para riego.

Destacó que la disposición normativa en mención, en su parágrafo tercero, dispone
expresamente que «el Gobierno Nacional deberá asignar los recursos que
corresponden en el primer bimestre de cada año y reglamentará la asignación de
estos subsidios dentro de los dos (2) meses siguientes a la promulgación de la Ley
del Presupuesto General de la Nación».

2 “Por el cual se establecen los términos para la asignación de subsidios de los servicios públicos

domiciliarios de energía eléctrica y de gas natural por red física a los Distritos de Adecuación de
Tierras con fines de riego, y a los usuarios de sistemas de riego ubicados fuera de los Distritos de
Adecuación de Tierras con fines de riego, dirigidos a la producción agropecuaria, con cargo al Fondo
de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos -FSSRI”
3 Por medio de escrito enviado al correo electrónico contactomme@minenergia.gov.co

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Según el accionante, el término de dos meses previsto para la expedición del
decreto reglamentario ha transcurrido en exceso sin que se haya emitido la
reglamentación exigida por la ley.

Finalmente, refirió que, si bien el Ministerio de Minas y Energía cuenta con un
borrador de decreto reglamentario, lo cierto es que no se ha publicado ni expedido
el decreto definitivo.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué, el cual, a través de auto del 15 de noviembre de 2024, declaró
su falta de competencia para conocer del medio de control y ordenó la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo del Tolima.

Así las cosas, por auto del 26 de noviembre de 2024, el magistrado ponente del
referido Tribunal admitió la acción de cumplimiento y ordenó la notificación de la
entidad demandada. Realizadas las notificaciones correspondientes, se recibió la
siguiente contestación:

El Ministerio de Minas y Energía, a través del mandatario judicial designado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de cumplimiento.

Sostuvo que el artículo 90 de la Ley 2276 de 2022 no tiene actualmente fuerza
normativa, por cuanto se trata de una disposición contenida en una ley anual de
presupuesto cuya vigencia estaba limitada al período comprendido entre el 1.° de
enero y el 31 de diciembre de 2023. En ese sentido, argumentó que dicha norma ya
no está vigente ni resulta vinculante para la Administración, dado que las leyes de
presupuesto no tienen vocación de permanencia ni pueden modificar disposiciones
generales consagradas en leyes permanentes.

En segundo lugar, la entidad adujo que la demanda no cumplió con los requisitos
mínimos exigidos para su admisión y trámite, conforme a lo establecido en el artículo
10 de la Ley 393 de 1997 y el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. En particular,
señaló que el accionante no acreditó haberle remitido copia de la demanda y sus
anexos al momento de su presentación.

1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Tolima, clausuró la primera instancia mediante
sentencia del 20 de febrero de 2025, en la que declaró la improcedencia de la acción
de cumplimiento.

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En su análisis, la Sala consideró que, conforme al parágrafo del artículo 9 de la Ley
393 de 1997, la acción de cumplimiento no puede dirigirse al cumplimiento de
normas que establezcan gastos. Bajo esa premisa, explicó que, si bien el subsidio
de energía para riego fue incluido en una partida presupuestal aprobada en la Ley
2276 de 2022, ello no implicaba una obligación jurídica ineludible para la
administración de ejecutarla.

Enfatizó que las partidas consignadas en la ley anual del presupuesto constituyen
autorizaciones máximas de gasto, sujetas a la discrecionalidad del Gobierno
nacional, y no mandatos de ejecución obligatoria. En ese orden, sostuvo que la
omisión en la reglamentación del subsidio no podía calificarse como un
incumplimiento normativo, sino como el resultado de la autonomía de la
Administración en la ejecución de recursos.

Por último, indicó que, aun si fuera admitida la procedencia de las pretensiones,
carecerían de vocación de prosperidad, dado que el artículo 90 de la Ley 2276 de
2022 perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2023, y no es posible exigir por esta
vía el cumplimiento de normas que ya no rigen en el ordenamiento jurídico.

1.6. Impugnación

El 5 de marzo de 2025, el señor Rayo Torres interpuso impugnación contra la
decisión de primera instancia.

Señaló que, a diferencia de lo razonado por el Tribunal, no pretende la creación de
un nuevo gasto. A su juicio, el gasto por concepto de subsidios de energía para los
distritos de riego ya está contemplado y garantizado desde la Ley 1450 de 2011 y
ha sido incorporado en los presupuestos anuales desde entonces.

Aclaró que lo realmente solicitado es que se cumpla el mandato contenido en el
artículo 90 de la Ley 2276 de 2022, en el que se ordena al Ministerio de Minas y
Energía reglamentar la asignación de dichos subsidios dentro de los dos meses
siguientes a la promulgación de la Ley del Presupuesto General de la Nación.

De esta manera, persigue el establecimiento de reglas claras para la asignación de
los subsidios, especialmente para usuarios que se encuentran por fuera de los
distritos de riego oficialmente reconocidos, dado que para los usuarios dentro de
dichos distritos ya existe claridad normativa.

Frente al argumento del Tribunal sobre la pérdida de vigencia de la norma solicitada
en cumplimiento, enfatizó en que el subsidio de riego fue establecido en la Ley 1450
de 2011. Por tanto, afirmó que las normas incluidas en un Plan Nacional de

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Desarrollo no pierden vigencia automáticamente al concluir el periodo del plan, sino
únicamente cuando otra ley expresamente las deroga, lo cual no ha ocurrido.

1.7. Trámite en segunda instancia

El Despacho ponente por auto del 19 de mayo de 2025 advirtió una nulidad de
carácter saneable. Lo anterior, por cuanto la presente acción busca el ejercicio de
la potestad reglamentaria, la cual, conforme lo establece el artículo 115 de la
Constitución Política, se encuentra en cabeza del presidente de la República, los
ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

En ese sentido, se ordenó la notificación del presidente de la República para que
interviniera en el presente asunto, quien concurrió por conducto de apoderado
judicial y dentro de la oportunidad procesal correspondiente solicitó que se confirme
la decisión de primera instancia.

Al respecto, explicó que la norma invocada en la acción perdió vigencia, lo cual hace
improcedente el mecanismo, pues: «[…] el artículo 90 de la referida Ley 2276 de
2022, de la cual pretende el cumplimiento el demandante estaba supeditado a una
vigencia temporal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, es decir, dicha
norma era vinculante y de obligatorio cumplimiento en dicha anualidad»

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad
con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la
Ley 1437 de 20114, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 20
de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento. Con tal fin, deberá absolverse la
siguiente pregunta:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del de

4 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del
parágrafo 3° del artículo 90 de la Ley 2276 de 2022, en el sentido de proferir
la reglamentación del subsidio de energía para riego?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii)
procedencia de la acción de cumplimiento, frente al ejercicio de la potestad
reglamentaria; y, (iv) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa
que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
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posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo»5(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)6.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en
la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último

5 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell

y Hernando Herrera Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Minas y Energía antes de instaurar la
demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento”7.

A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con
ésta, se tiene que el accionante, el 24 de octubre de 2024 radicó ante la autoridad
accionada escrito de constitución en renuencia en el cual solicitó el cumplimiento
del artículo 90 de la Ley 22776 de 2022 y que, en consecuencia, se adelantara la
reglamentación prevista en esta disposición normativa:

7 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

Cuervo
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Asimismo, con base en el escrito de demanda y los medios de prueba aportados,
se tiene que a la fecha la accionada no ha emitido una respuesta de fondo.

Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia frente al Ministerio de Minas y Energía, según lo dispuesto en el artículo
8.º de la Ley 393 de 1997 y respecto de la norma invocada en el escrito inicial.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder
el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica
materializar una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la parte
actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento
del parágrafo 3.° del artículo 90 de la Ley 2276 de 2022.

Al respecto, la jurisprudencia actualmente vigente en materia de cumplimiento8, ha
determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo idóneo para exigir al
Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando el legislador le
ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al

8 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-

41-000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de
si se impuso término o no al efecto9, debido a que la ausencia de un lapso
específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la procedencia
de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias
a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes10.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno Nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto
que usualmente se encuentra en el Gobierno Nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida
la reglamentación exigida por la ley.

Por otro lado, contrario a lo sostenido por el a quo, no se advierte que el parágrafo
3.° del artículo 90 de la Ley 2276 de 2022 contenga un mandato que implique el
establecimiento de gastos no presupuestados para la Administración.

Dicha disposición normativa no ordena a la entidad accionada incurrir en una
erogación presupuestal. Por el contrario, contiene una obligación de naturaleza
reglamentaria alrededor del subsidio de energía destinado a distritos de riego. Se
trata, por tanto, de una actuación normativa cuya finalidad es concretar las

9 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-

23-33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y
se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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condiciones para la eventual distribución del subsidio en comento.

En ese sentido, lo que se persigue a través del presente mecanismo constitucional
no es el desembolso o giro efectivo del subsidio, hipótesis que, en efecto, podría
quedar excluida del ámbito de procedencia de la acción de cumplimiento, sino de
un deber de reglamentación previamente fijado por el legislador y que no conlleva,
en sí mismo, un gasto.

Pese a lo anterior, la Sala confirmará la decisión de improcedencia adoptada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en tanto se advierte que la norma cuya ejecución
se solicita a través del presente medio de control ha perdido su vigencia.

En efecto, tal como lo indicó el apoderado de la entidad accionada en la
contestación de la demanda, el artículo 90 de la Ley 2276 de 2022 hace parte del
marco normativo mediante el cual se adoptó el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de
2023. Por tanto, al concluir dicho periodo, operó la pérdida de vigencia de la
disposición solicitada en cumplimiento.

Como se indicó en el acápite 2.3.1., en el análisis de procedencia de la acción de
cumplimiento se requiere determinar si el «deber que se pide hacer cumplir se
encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos
administrativos vigentes». En este caso, al no encontrarse vigente la disposición
normativa que impone el deber de reglamentar el subsidio en cuestión, resulta
improcedente surtir un estudio de fondo sobre el cumplimiento de un mandato legal
que no es actualmente exigible.

Esta Sala advierte que, en su escrito de impugnación, el accionante sostuvo que la
exigibilidad del subsidio se mantiene, pues su creación tuvo lugar en virtud la Ley
1450 de 201111y que, conforme a su criterio, las normas contenidas en leyes de
planes de desarrollo solo pierden vigencia cuando son expresamente derogadas
por una ley posterior del mismo tipo.

No obstante, sin entrar a verificar la exactitud de dicha afirmación, lo cierto es que
el objeto de la presente acción no es el cumplimiento del subsidio como tal, sino de
su reglamentación conforme al parágrafo 3.° del artículo 90 de la Ley 2276 de 2022,
norma que expresamente establecía un término de dos meses para tal efecto
contados desde la promulgación de dicha ley presupuestal.

Así las cosas, al haber perdido vigencia la disposición invocada por el accionante
para sustentar su pretensión no es posible efectuar un pronunciamiento de fondo,
pues la exigibilidad de su cumplimiento se perdió con el paso del tiempo. De este

11 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”

11
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Demandante: Oscar Humberto Rayo Torres
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00342-01

modo, el medio de control deviene improcedente por ausencia de la vigencia
normativa del mandato cuya ejecución se reclama.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12
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