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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00093-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00093-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, ORDENAR al Presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de seis meses computados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, expidan la 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jorge Andrés Gélvez Peñaranda Demandados: Presidencia de la República y otro Radicado: 68001-23-33-000-2026-00093-01 reglamentación establecida en el parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025, referente a «[…] las exigencias de infraestructura técnica requeridas para que los centros de conciliación y las notarías adquieran competencia nacional». SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00093-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00093-01
Demandante: JORGE ANDRÉS GÉLVEZ PEÑARANDA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Tema: Función reglamentaria. Revoca decisión de primera instancia
y ordena cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante, contra la
sentencia del 18 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El señor Jorge Andrés Gélvez Peñaranda, obrando en nombre propio, promovió
demanda1 en ejercicio de la acción de cumplimiento establecida en el artículo 87 de
la Constitución Política, reglamentado a través de la Ley 393 de 1997, en contra del
Gobierno nacional en la que solicita se ordene el acatamiento del mandato
establecido en el parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por
la Ley 2445 de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025.
Conforme lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que el Gobierno nacional, a través del Presidente de la República
y el Ministro de Justicia y del Derecho, ha incumplido lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido
por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025, en lo referente a la reglamentación de las
exigencias de infraestructura técnica requeridas para que los centros de conciliación
y las notarías adquieran competencia nacional para tramitar procedimiento de
negociación de deudas por medios virtuales, sincrónicos y remotos.

1 Ver índice 1 de Samai – Cuaderno de primera instancia..

1
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Demandante: Jorge Andrés Gélvez Peñaranda
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00093-01

2. Que se ordene a la autoridad accionada expedir, dentro del término que fije el
despacho, la reglamentación de las exigencias de infraestructura técnica necesarias
para que los centros de conciliación y las notarías adquieran competencia nacional
para tramitar procedimiento de negociación de deudas por medios virtuales,
sincrónicos y remotos independiente del lugar de domicilio del deudor, conforme a lo
dispuesto en la norma legal citada.

3. Que se disponga que la autoridad accionada informe al despacho el cumplimiento
de la orden impartida, dentro del término que éste señale2.

1.2. Hechos

El accionante explicó que la norma invocada estableció a cargo del Gobierno
nacional la expedición de una reglamentación en la que se regule lo atinente a las
«[…] exigencias de infraestructura técnica requeridas para que los centros de
conciliación y las notarías adquieran competencia nacional».

Refirió que el 10 de diciembre de 2025 presentó una petición ante el Ministerio de
Justicia y del Derecho en la que solicitó información sobre el asunto, haciendo
mención a la posibilidad de que los centros de conciliación rechacen el trámite.

Afirmó que recibió respuesta el 27 siguiente, en la que la cartera ministerial precisó
que no se contaba aún con la reglamentación correspondiente. Por lo anterior,
radicó escrito de constitución en renuencia el 9 de enero de 2026, exigiendo al
Gobierno nacional el acatamiento del mandato que, en su sentir, se desprende del
parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445 de
2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025.

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, ninguna de las autoridades emitió
respuesta alguna al respecto.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

Por auto del 2 de marzo de 20263, corregido el 3 siguiente, la Magistrada ponente
del Tribunal encontró cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
Ley 393 de 1997, por lo que admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente de
la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de autoridades
demandadas.

El Presidente de la República4, por conducto de la Presidencia de la República,
presentó escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

2 Transcripción original con posibles errores
3 Ver índice 6 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
4 Ver índice 18

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Demandante: Jorge Andrés Gélvez Peñaranda
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demanda. Al respecto, como primer argumento, alegó que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, dado que, con base en el numeral 2. º del
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, es competencia única de los ministerios elaborar
los proyectos de actos administrativos.

Por otro lado, explicó que la reglamentación echada de menos por la parte
accionante ya se profirió. En ese sentido, trajo a colación que mediante el Decreto
0042 de 2026, que sustituyó y modificó parcialmente el Decreto 1069 de 2015, se
establecieron las exigencias técnicas correspondientes.

El Ministerio de Justicia y del Derecho5 explicó que la disposición fundamento de
la acción constitucional no consignó un término en el que debía ser acatado el deber
endilgado. En ese sentido, acotó que la expedición del acto administrativo
reclamado debe agotar las etapas propias para este tipo de actuaciones.

Aunado lo anterior, mencionó la Circular No. MJD-CIR25- 0000025 del 31 de marzo
de 2025, en virtud de la cual invitó a los centros de conciliación, notarías, operadores
de insolvencia, academia y ciudadanía en general, a presentar propuestas de
articulación sobre la materia.

Refirió que no se encuentra constituida en renuencia la autoridad, dado que, frente
al escrito que en su momento presentó la parte actora, se expidió una respuesta de
fondo explicando lo atinente a su consulta.

Con base en lo anterior, formuló las excepciones de mérito que denominó: i)
improcedencia de la acción por no agotamiento de renuencia, ii) inexistencia de un
deber claro, expreso y actualmente exigible, y iii) la disposición exige un desarrollo
normativo posterior.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, profirió sentencia el 18 de marzo de 20266,
en la que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto, en su
criterio, el deber había sido cumplido por parte del Gobierno nacional con ocasión
del Decreto 042 de 2026. Al respecto, indicó lo siguiente:

No obstante, tal disposición no puede interpretarse de manera aislada por cuanto, de
acuerdo con el Decreto 042 de 2026, por medio del cual se sustituye y modifica de
forma parcial el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho en lo relacionado con los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, en
la Sección 10 sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en

5 Ver índice 19 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
6 Ver índice 22 de Samai – Cuaderno de primera instancia.

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los centros, en su artículo 2.2.4.2.10.2 se establece que, para la prestación de los
servicios de los centros por medios virtuales o electrónicos se requerirá lo siguiente:

[…]

En consecuencia, no resulta dable concluir que, debe exigirse el cumplimiento del el
parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445 de
2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025 si bien, contiene un
mandato claro, expreso, ya se ha acatado lo relacionado con la reglamentación
sobre las exigencias de infraestructura para los centros de conciliación y las
notarías, por lo que, sin ahondar en mayores consideraciones, la Sala dispondrá
negar las pretensiones, por las razones expuestas en precedencia.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 19 de marzo de 2026.

1.5. Impugnación

La parte accionante, dentro de la oportunidad legal correspondiente 7, presentó
escrito en el que reprochó la conclusión del Tribunal Administrativo de Santander,
el cual estimó que el mandato se había cumplido con la expedición del Decreto 042
de 2026.

Precisó que dicha normatividad no responde al deber de reglamentación
establecido por el legislador, pues no hace referencia alguna a las exigencias de
infraestructura técnica a efectos que los centros de conciliación y notarías adquieran
competencia nacional.

Asimismo, indicó que el a quo no valoró el memorial de contestación emitido por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que reconoció que hasta ahora se
encuentran en una fase previa a la expedición de la reglamentación ordenada y, por
ende, no es factible aseverar que ya se agotó el deber reclamado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionada
contra la sentencia del 18 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo
de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393
de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las

7 El escrito de impugnación se radicó el 24 de marzo de 2026. Ver índice 25 de Samai – Cuaderno

de primera instancia.

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«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la decisión de
primera instancia, que resolvió de forma adversa las pretensiones a la parte
demandante. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes
problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Gobierno nacional se encuentra en el deber de cumplir el mandato
establecido en el en el parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012,
modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto
1136 de 2025?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii)
procedencia de la acción de cumplimiento, frente al ejercicio de la potestad
reglamentaria; y, (iv) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

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Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)8

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [9]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 10,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»11.

En el presente caso se tiene que el señor Jorge Andrés Gélvez Peñaranda, previo
a instaurar la acción constitucional, el 9 de enero de 2026 remitió escrito dirigido al
Presidente de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que
formuló la siguiente solicitud:

So pena de proceder con la acción constitucional y judicial de cumplimiento, se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012,
modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de
2025, en el sentido de expedir de la reglamentación relacionada con las exigencias
de infraestructura tecnológica requeridas para que los centros de conciliación y las
notarías que manejen la virtualidad adquieran competencia nacional para adelantar
procedimientos de negociación de deudas de persona natural no comerciante y de
pequeños comerciantes.

9 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
11 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Asimismo, se tiene por demostrado que la solicitud fue remitida a través de correo
electrónico y dirigida a los buzones establecidos para tales fines por parte de las
autoridades accionadas.

Por último, se tiene que los destinatarios pese a haber conocido la constitución en
renuencia presentada por el accionante, dentro del término legalmente establecido
en la Ley 393 de 1997, guardaron silencio y, en consecuencia, la Sala considera
superado el requisito de procedibilidad.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder
el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica
materializar una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la parte
actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento
del parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445
de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025; además, se tiene
que la norma se encuentra actualmente exigible, no ha sido derogada, tampoco
declara inexequible, ni suspendida; finalmente, tampoco se advierte que conlleve
un gasto no presupuestado.

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Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección
de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que
torna procedente la acción de cumplimiento.

2.3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo12

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo
idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria
cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen
ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de
si se impuso término o no al efecto13 debido a que, como se explicará, la ausencia
de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias
a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes14.

12 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-

41-000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
13 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-

23-33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
14 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y
se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno Nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto
que usualmente se encuentra en el Gobierno Nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida
la reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no
delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los
cuales deba surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio
al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.

Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando
en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.4. Análisis del caso concreto

Como punto de partida, merece la pena traer a colación la disposición legal invocada
por la parte actora, a partir de la cual, en su criterio, se establece la existencia de
un mandato a cargo de las accionadas, el cual se contrae al ejercicio de la función
reglamentaria.

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Artículo 533. Competencia para conocer de los procedimientos de negociación de
deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural. Conocerán de los
procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona
natural los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente
autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de
procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar
de domicilio del deudor lo harán a través de los conciliadores inscritos en las listas
conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

Los abogados conciliadores no podrán conocer directamente de estos procedimientos y
en consecuencia, ellos solo podrán conocer de estos asuntos a través de la designación
que realice el correspondiente centro de conciliación.

Cuando en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación
autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni notaría que tenga lista de
conciliadores inscritos, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier
centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial
o círculo notarial, respectivamente.

En todo caso, los centros de conciliación autorizados para este tipo de procedimientos
constituidos de conformidad con la ley colombiana para prestar servicios en el país y las
notarías que cuenten con conciliadores inscritos tendrán competencia para adelantar
virtualmente los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de
acuerdos privados, cualquiera que sea el domicilio del deudor, siempre que cuenten con
la infraestructura tecnológica que les permita hacerlo, inclusive si el deudor se encuentra
domiciliado en el exterior, en cuyo caso solamente harán parte del procedimiento las
obligaciones sujetas a la ley colombiana.

Parágrafo. El Gobierno nacional dispondrá lo necesario para garantizar que todos los
notarios y conciliadores del país reciban capacitación permanente sobre el procedimiento
de insolvencia para persona natural y reglamentará lo relacionado con las exigencias
de infraestructura técnica requeridas para que los centros de conciliación y las
notarías adquieran competencia nacional. (Énfasis de la Sala)

Precisado lo anterior, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es toda
persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo
87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,

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expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera15:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»16.

Con base en lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto existe un deber
de reglamentación en cabeza del Gobierno nacional, el cual no se encuentra
cumplido, circunstancia que impone revocar la decisión de primera instancia y, en
su lugar, ordenar el acatamiento del mandato.

El Decreto 042 de 2026; por medio del cual se sustituye y modifica en forma parcial
el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho en
lo relacionado con Métodos Alternativos de Solución de Conflictos; no atiende la
obligación en cabeza de las autoridades convocadas que emana de la disposición
legal invocada, pues, revisado su articulado, no se advierte disposición alguna que
tenga como fin establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los centros de
conciliación o notarias a efectos que tengan competencia nacional en materia de
insolvencia de persona natural no comerciante.

Asimismo, de la revisión de las consideraciones del citado decreto, no se encontró
argumento alguno que guarde relación la disposición acá invocada, pues en ningún
momento se consignó que la finalidad de este fuese expedir la reglamentación sobre
la cual versa la presente acción constitucional.

En efecto la Sección 10, referente a uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones en los centros, constituye un avance importante en la materia, no
obstante no resuelve el aspecto establecido por el legislador, pues, como su
nomenclatura indica, se contrae a indicar la posibilidad de adelantar un trámite
haciendo uso de tales herramientas.

15Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-

000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
16 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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No obstante, se recuerda que el objeto de la acción constitucional del asunto es que
el Gobierno nacional reglamente lo atinente a que requisitos deben cumplirse para
que una entidad ejerza la competencia a nivel nacional, lo cual no se hace evidente
de las normas anteriormente referenciadas y que sirvieron de fundamento para que
el Tribunal Administrativo de Santander negara las pretensiones de la demanda.

En este punto, vale la pena mencionar que no se desconocen los esfuerzos
adelantados por la cartera ministerial enfilados a lograr la reglamentación ordenada
por el legislador, tales como la Circular No. MJD-CIR25- 0000025 del 31 de marzo
de 2025, las cuales, a su turno, ponen en evidencia la situación de incumplimiento
en el que se encuentran las autoridades convocadas.

No obstante, lo anterior, la Sala considera, que a pesar de que se han adelantado
gestiones tendientes al cumplimiento demandado, resulta evidente que aún subsiste
el incumplimiento respecto a la norma sobre la cual se presentó el mecanismo
constitucional.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que
debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]». (Subraya la Sala).

Conforme lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia y se concederá
un término de seis meses para que el Presidente de la República y el Ministerio de
Justicia y del Derecho expidan la reglamentación de que trata el parágrafo del
artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido
por el artículo 3 del Decreto 1136 de 2025.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, ORDENAR al Presidente de la
República y el Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de seis meses
computados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, expidan la

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reglamentación establecida en el parágrafo del artículo 533 de la Ley 1564 de 2012,
modificado por la Ley 2445 de 2025 y corregido por el artículo 3 del Decreto 1136
de 2025, referente a «[…] las exigencias de infraestructura técnica requeridas para
que los centros de conciliación y las notarías adquieran competencia nacional».

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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