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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-00766-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-00766-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia del 04 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que para todos los efectos quedará así: 26 Corte Constitucional, Sentencia C.1005 de 2008 15 de octubre de 2008, M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros. Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01 PRIMERO: RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales por no agotar el requisito de la renuencia. SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en el término de seis (6) meses, de cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1551 de 2012 y proceda a reglamentar las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su aplicación. TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada presentadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Agricultura, como se explicó en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-00766-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de julio de 2024

Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00766-01
Demandante: EMILSE YANIRA VEGA SÁNCHEZ
Demandados: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Y
OTROS.

Tema: Revocar parcialmente la decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio – en adelante MINVIVIENDA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Banco Agrario contra la sentencia del 04 de junio de 2024, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B accedió a las pretensiones de la demanda del medio de control de
la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

La señora Emilse Yanira Vega Sánchez, a través de apoderado judicial1, ejerció
acción de cumplimiento contra MINVIVIENDA, el Ministerio de Agricultura, el
Banco Agrario y CONFENACOL con el fin de obtener el acatamiento del artículo
20 de la Ley 1551 de 2012.

Por tanto, solicitó que:

PRIMERA. Que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
MINISTERIO DE AGRICULTURA, BANCO AGRARIO, CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE CONCEJOS Y CONCEJALES DE COLOMBIA
(CONFENACOL), o las entidades que hagan sus veces, de forma inmediata
realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el
artículo veinte (20) de la ley 1551 de 2012, esto es, reglamentar las condiciones
especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para la adquisición de
vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los concejales y

1 Apoderado Oscar Leonardo Salas Payanne conforme al poder obrante a Índice 2 del aplicativo

Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en especial con lo
relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su aplicación.2

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El Congreso de la República por medio de la Ley 1551 de 2012, artículo 20,
modificó el artículo 6 de la Ley 1148 de 2007 en relación con el deber de
reglamentación de las condiciones de acceso al subsidio de vivienda familiar
para concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, así:

ARTÍCULO 20. Modifícase el artículo 6o de la Ley 1148 de 2007 así:

Artículo 6o. Condiciones de Acceso. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y
la Confederación Nacional de Concejos y Concejales Confenacol,
reglamentará las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de
vivienda para la adquisición de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares
conformados por los concejales y ediles de los municipios definidos en la
Ley 617 de 2000, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el
monto del subsidio y su aplicación.

El 02 de abril de 2024 la accionante solicitó ante MINVIVIENDA, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario y CONFENACOL lo siguiente:

El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE
AGRICULTURA, BANCO AGRARIO, CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
CONCEJOS Y CONCEJALES DE COLOMBIA (CONFENACOL), de forma
inmediata realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado
en el artículo veinte (20) de la ley 1551 de 2012, esto es, reglamentar las
condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para la
adquisición de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por
los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en
especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su
aplicación.

Señaló que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3 y el Banco Agrario4
contestaron la petición indicando que la reglamentación del subsidio de vivienda
familiar urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los concejales se
encuentra en cabeza de MINVIVIENDA, entidad que ha guardado silencio ante
la solicitud.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

2 Transcripción del texto original que puede contener errores.
3 Oficio del 11 de abril de 2024.
4 Oficio del 10 de abril de 2024.

2
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

En sustento de la solicitud, la accionante citó un pronunciamiento del Consejo
de Estado5 en el que se concluyó que la potestad reglamentaria se debe ejercer
independiente si se establece o no un tiempo determinado para ello en la ley
siendo suficiente que exista el deber de reglamentar por parte de este.

De igual forma, sostuvo que la presente acción cumple con los requisitos
mínimos toda vez que:

• El deber que se pide cumplir se encuentra consignado en una norma
aplicable con fuerza material de ley como lo es la Ley 1551 de 2012.
• El mandato es imperativo e inobjetable conforme a lo regulado en el
artículo 20 de la Ley en mención.
• Se encuentra radicada en cabeza de las entidades accionadas.
• Se agotó el requisito de la renuencia.
• E indicó que no existe otro instrumento válido en la legislación para hacer
exigible el cumplimiento de esta norma.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, mediante auto del 30 de abril de 2024, admitió la
demanda por reunir los requisitos y formalidades de ley; ordenó notificar el auto
admisorio a MINVIVIENDA6, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural7, al
Banco Agrario8, a CONFENACOL9 y al agente del Ministerio Público delegado
ante el Tribunal.

1.4.2 Intervenciones:

1.4.2.1 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio10

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones ya que consideró que con la
demanda no se prueba algún comportamiento omisivo por parte de la entidad.
De igual forma señaló que el asunto bajo estudio ya fue dirimido por la
jurisdicción al determinarse que la acción era improcedente por tratarse de una
norma que establece un gasto y un asunto discrecional.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 27

de octubre de 2021, M.P Pedro Pablo Vanegas Gil, 44001-23-40-000-2021-00027-01.
6 Notificado al correo electrónico notificacionesjudici@minvivienda.gov.co, índice 8 de Samai.
7 Notificado al correo electrónico notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co, índice 8 de

Samai.
8 Notificado al correo electrónico notificacionesjudiciales@bancoagrario.gov.co, índice 8 de

Samai.
9 Notificado los correos electrónicos juridicafenacon@gmail.com, fenaconjuridico@gmail.com;

confenacol@confenacol.org, índice 8 de Samai.
10 Índice 09 de Samai.

3
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

Insistió en la existencia de cosa juzgada por el pronunciamiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia del 13 de mayo de 2015 bajo radicado 05001-23-33-
000-2015-00813-00 en el que resolvió que la acción de cumplimiento no procede
para obligar al ejercicio de la potestad reglamentaria; en el caso en mención las
partes que intervienen correspondían a MINVIVIENDA, Presidencia de la
República y la norma estudiada fue el artículo 20 de la Ley 1551 de 2012.

1.4.2.2 Banco Agrario11.

Señaló que, si bien la norma que se pide reglamentar es posterior, ya existe
marco normativo establecido en el Decreto 740 de 2008 que reglamenta el
acceso al subsidio de vivienda especial para concejales y ediles.

Por otro lado, resaltó que teniendo en cuenta su naturaleza social de entidad
financiera que está sometida al control y vigilancia de la Superfinanciera, su
objeto social es exclusivo y excluyente por lo que no le es dable reglamentar una
ley que por virtud de la Constitución Política se encuentra reservada al presidente
de la república.

1.4.2.3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural12

Manifestó que, ante dicha cartera ministerial no se agotó el requisito de
renuencia, ya que el accionante se limitó a solicitar información sin agotar dicha
exigencia. De igual forma resaltó que, a partir del 01 de enero de 2020 la
competencia relacionada con la formulación y ejecución de la política de vivienda
rural está a cargo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio por lo que no se
encuentra en cabeza de la entidad dar cumplimiento a la norma que se requiere.

Así mismo, enunció que respecto de la relación fáctica y jurídica ya existe una
providencia del 13 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia bajo radicado 05001-23-33-000-2015-00813-00.

1.4.2.4 Señora Emilse Yanira Vega Sánchez13

La accionante presentó escrito de respuesta a las excepciones planteadas por
las entidades accionadas pronunciándose frente a cada una así:

• Respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Inicialmente señaló que efectivamente agotó el requisito de renuencia
frente a esta entidad ya que presentó una solicitud de cumplimiento de la
norma frente a la que, a su criterio, la entidad fue renuente al argumentar
que no poseía competencia para llevar a cabo la reglamentación del
artículo 20 de la ley 1551 de 2012.

11 Índice 11 de Samai.
12 Índice 15 de Samai.
13 Índice 17 de Samai.

4
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

Respecto de la cosa juzgada señaló, nos encontramos frente a hechos
nuevos que resultan una excepción a la cosa juzgada ya que, para el
casco concreto existen sentencias novedosas en las que se concluye que
la acción de cumplimiento si se torna como válida para solicitar el ejercicio
de la potestad reglamentaria lo que no había sido desarrolladas para el
año 2015.

• Respecto del Banco Agrario.
Señaló que la norma que menciona esta entidad es anterior a la
expedición de aquella respecto de la que se requiere el cumplimiento y se
refiere específicamente a un subsidio de vivienda para los hogares
conformados por concejales, pero en el área urbana desconociendo la
voluntad del legislador al señalar que es un subsidio urbano y rural.

• En relación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Reiteró los argumentos expuestos respecto a la cosa juzgada en la
contestación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A su vez en
relación con la improcedencia por implicar erogación de recursos
presupuestales la accionante indicó que, esta Corporación ha
manifestado que un subsidio puede ser un auxilio o incentivo, pero no un
gasto por lo que no se está frente a la excepción planteada por el
accionado.

Por otra parte, respecto de la potestad reglamentaria indicó que el
«Gobierno nacional debe ejercer la potestad reglamentaria exista o no un
tiempo determinado en la norma y solo basta el deber de reglamentar».

1.4.3 Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante sentencia del 04 de junio del 2024, accedió a las pretensiones del
medio de control.

En respaldo de esta conclusión consideró que, la norma respecto de la cual se
pretende el cumplimiento va dirigida a que se expida la reglamentación sobre las
condiciones especiales de acceso al subsidio de vivienda, su plazo, modalidad,
monto máximo y mínimo de asignación y la aplicación, más no hace referencia
a la entrega a los solicitantes por lo que no implica una erogación por parte del
Estado.

En relación con la cosa juzgada, el a quo afirmó que desde la expedición de la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia han transcurrido nueve años
sin que las autoridades demandadas hayan dado cumplimiento a la ley, por lo
que no puede dejarse de lado el objetivo de la disposición legal que se encuentra
incumplido a la fecha, siendo así, el mandato consagrado en el artículo 20 de la
Ley 1551 de 2012 sigue sin satisfacerse por lo que el presente asunto puede ser
objeto de análisis en virtud del artículo 7 de la Ley 393 de 1997.
5
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Por otro lado, señaló que la potestad reglamentaria otorgada por el legislador no
puede entenderse como una justificación para evitar las obligaciones que le son
impuestas a las diferentes autoridades, por lo que no sería lógico que se
sustraigan de sus obligaciones ante la ausencia de un plazo en la norma. En
relación con el Decreto 740 de 2008 resaltó que dicha normativa no exime a las
accionadas de cumplir el mandato del legislador que fue impuesto 4 años
después de la promulgación del decreto en mención.

Por lo anterior, concluyó que la norma es clara en cuanto a que la obligación
inobjetable de la Ley 1551 de 2012 en su artículo 20 recae en MINVIVIENDA,
Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, y CONFENACOL, ordenando lo
siguiente:

PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda de cumplimiento
formulada por la señora Emilse Yanira Vega Sánchez, a través de su
apoderado judicial, conforme las razones señaladas y en consecuencia
ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en coordinación
con el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y la Confederación
Nacional de Concejos y Concejales Confenalcol, que en el término de seis
meses, den cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1551 de 2012 y procedan
a reglamentar “las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de
vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los
concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en
especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su
aplicación”.

1.4.4 Impugnaciones

1.4.4.1 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio14

La entidad insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la
presente acción, para el efecto insistió en que la reglamentación respecto de la
cual se solicita cumplimiento está encaminada a la generación de gastos a esa
cartera ministerial ya que necesariamente esto implica una erogación
presupuestal y existen programas actualmente como el denominado «MI CASA
YA» a los que los concejales pueden aplicar y no son excluyentes.

De igual forma reiteró lo expuesto respecto de la cosa juzgada en el caso
concreto pues, a su criterio, el asunto bajo estudio ya fue objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2015 y,
el a quo realizó una interpretación fraccionada de la sentencia sin tener en cuenta
que la acción se torna improcedente al presentarse por los mismos hechos que
ya hubieren sido decididos y en el ámbito de competencia de la misma autoridad.

Adujo que en el caso concreto se configura la improcedencia de la acción de
cumplimiento ya que la potestad reglamentaria no tiene un plazo establecido por
el legislador, máxime cuando el Tribunal señaló cambió el precedente, sin

14 Índice 26 de Samai.

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embargo, no existe sentencia de unificación en la materia y en los casos que se
estudia no son aplicables a la realidad fáctica sub examine.

Finalmente, informó que desde el año 2008 y por medio de la Resolución 98 de
2008 se ha dado cumplimiento a la normatividad actual asignándose subsidios
hasta el año 2014 y con corte a 09 de mayo de 2024 existen 1370 asignaciones
siendo la última el 16 de diciembre de 2014 para un concejal en el municipio de
Momil Córdoba, sin embargo, en la actualidad no hay cupos disponibles ya que
en la actualidad los recursos fueron destinados a los programas «Mi Casa Ya y
Cambia Mi Casa».

1.4.4.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural15

Resaltó que, si bien han transcurrido más de 10 años sin que se haya ejercido la
potestad reglamentaria conferida por el legislador para dar cumplimiento a lo
regulado en el artículo 20 de la Ley 1551 de 2012, también es cierto que han
pasado más de 4 años desde que se expidió la Ley 1955 de 2019, artículo 255
en el que se indicó que a partir del 2020, la formulación y ejecución de proyectos
de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit
habitacional rural estará a cargo de MINVIVIENDA.

Por lo anterior, esta entidad no se encuentra obligada a ejercer la facultad
reglamentaria de un artículo que si bien no ha perdido vigencia no puede ejercer
las funciones administrativas del caso, ya que la competencia recae
exclusivamente en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por lo tanto,
solicitó revocar la orden contenida en el numeral tercero de la sentencia de fecha
04 de junio de 2024.

1.4.4.3 El Banco Agrario16

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la presente
acción y, a su vez, resaltó que la reglamentación de la norma respecto de la cual
se pretende el cumplimiento recae exclusivamente en el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y, a las otras entidades se les invita para la coordinación del
texto de reglamentación sin que ello signifique en ningún caso que esas
entidades fueron delegadas para expedir el reglamento.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario contra la sentencia del 04 de

15 Índice 28 de Samai.
16 Índice 30 de Samai.

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junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393
de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 201117, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo insisten en que se configuró la excepción de cosa juzgada, alegando
que el Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2015 resolvió una acción de
cumplimiento respecto del artículo 20 de la Ley 1551 de 2012.

Por su parte, la accionante alega que existen hechos nuevos, como lo es el
desarrollo jurisprudencial respecto de la exigencia de cumplimiento en relación
con la potestad reglamentaria del ejecutivo, en esta Corporación e insiste en el
incumplimiento de la norma por más de 10 años.

Respecto de la cosa juzgada es preciso recordar que la misma en este tipo de
trámites se presenta ante la identidad de causa, objeto y parte demandada ,
por tratarse de una acción de cumplimiento que produce efectos erga omnes,
dicha figura es oponible de manera general, lo que permite obviar el estudio
sobre la identidad de partes, ya que el carácter público de esta acción admite
que se interponga por cualquier persona y la sentencia tiene efectos para todas
las personas en general y no un sujeto particular.

En relación con la aplicación de la cosa juzgada en la acción de cumplimiento,
el artículo 7 de la ley 393 de 1997, establece:

ARTICULO 7o. CADUCIDAD. Por regla general, la Acción de Cumplimiento
podrá ejercitarse en cualquier tiempo y la sentencia que ponga fin al proceso
hará tránsito a cosa juzgada, cuando el deber omitido fuere de aquellos en
los cuales la facultad de la autoridad renuente se agota con la ejecución del
primer acto. Pero si el deber omitido fuere de aquellos cuyo cumplimiento
pueda demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en
diferentes oportunidades en el tiempo, podrá volver a intentarse sin
limitación alguna. Sin embargo será improcedente por los mismos hechos
que ya hubieren sido decididos y en el ámbito de competencia de la misma
autoridad.

Por lo tanto, esta es una figura que ha de aplicarse a la luz del mandato cuyo
cumplimiento se exige, pues de su contenido se podrá inferir si es posible un
nuevo análisis sobre su contenido.

17 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

En el caso concreto, la sentencia respecto de la cual se considera operó el
fenómeno de la cosa juzgada corresponde al proceso bajo radicado
05001233300020150081300 del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
proceso en cuestión se presentaron las siguientes:

Pretensiones: «El actor pretende que las autoridades accionadas reglamenten
las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para la
adquisición de vivienda urbana y/o rural, de aquellos hogares conformados por
los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en
lo relacionado con sus modalidades, el monto de subsidio y aplicación, tal
como lo dispone el referido Artículo 20»

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de
la demanda, pues, de entrada, concluyó que si bien el legislador en el artículo
20 de la Ley 1551 de 2012 estableció un mandato en cabeza del Ministerio de
Vivienda no existe un término para su ejecución, por lo que el deber legal
reclamado no es uno que pueda ser ordenado a través de la acción de
cumplimiento «ya que implica exigir al Gobierno Nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria que le fue constitucionalmente atribuida, sin que el
legislador consagrara un término para su ejercicio» por lo que a criterio del
tribunal:

(…) a pesar de que el legislador en el artículo 20 de la Ley 1551, en realidad
estableció un mandato al Ministerio de Vivienda, accionada dentro del
presente proceso, éste junto con el Ministerio de Agricultura, el Banco
Agrario, y la Confederación Nacional de Concejos y Concejales
CONFENACOL cuentan con discrecionalidad, para el cumplimiento de la
misma y no tienen un término establecido para hacerlo, lo que es suficiente
para negar las pretensiones de la demanda.

Siendo así, el objeto de la presente acción y de la relacionada en líneas
anteriores corresponde al mismo interés de reglamentación del artículo 20 de
la Ley 1551 de 2012, sin embargo, en la primera acción presentada no se
efectuó un análisis sobre el mandato allí contenido ya que se limitó a resaltar
la facultad discrecional del ejecutivo para reglamentar lo que para la
jurisprudencia vigente para la época era lo correspondiente.

Cabe resaltar que, hubo variación de postura jurisprudencial ante la ausencia
de término para ejercer la potestad reglamentaria, al respecto se indicó en
sentencia del 03 de diciembre de 2015 lo siguiente:

La línea jurisprudencial descrita se evidencia de forma más clara mediante el
siguiente esquema:

¿La acción de cumplimiento
procede para ordenar al

9
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

Gobierno Nacional el
ejercicio de la potestad
reglamentaria que le
impone una ley?
NO, el SI, el
mecanism mecanism
o de la o de la
acción de X acción de
cumplimie Sección Quinta cumplimie
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Gobierno X Nacional
Nacional Sección Quinta el
el Sentencia de 27 de mayo desarrollo
desarrollo de 2004 de la
de la 25000-23-24-000-2003- potestad
potestad 1863-02 reglament
reglament C.P. María Nohemí aria, pero
aria. Hernández Pinzón siempre y
cuando el
X legislador
Sección Quinta haya fijado
Sentencia de 5 de febrero un término
de 2004 para el
25000-23-27-000-2003- efecto.
1963-01
C.P. María Nohemí
Hernández Pinzón

X
Sección Quinta
Sentencia de 19 de
septiembre de 2004
05001-23-31-000-2004-
3577-01
C.P. Darío Quiñones Pinilla

X
Sección Quinta
Sentencia de 6 de
septiembre de 2004
66001-23-31-000-2003-
00619-01
C.P. Reinaldo Chavarro
Buritica

X
Sección Quinta
Sentencia de 20 de
noviembre de 2013
25000-23-41-000-2013-
01712-01
C.P. Alberto Yepes Barreiro

X
Sección Quinta
Sentencia de 4 de
diciembre de 2013
25000-23-41-000-2013-
01775-01

10
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez

X
Sección Quinta
Sentencia de 30 de enero
de 2014
47001-23-33-000-2012-
00458-01
C.P. Alberto Yepes Barreiro
(E)

X
Sección Quinta
Sentencia de 3 de abril de
2014
25000-23-41-000-2013-
02852-01
C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez

X
Sección Quinta
Sentencia de 16 de octubre
de 2014
17001-23-33-000-2014-
00215-01
C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez

X
Sección Quinta
Sentencia de 26 de febrero
de 2015
17001-23-33-000-2014-
00219-01
C.P. Susana Buitrago
Valencia

X
Sección Quinta
Sentencia de 14 de mayo
de 2015
25000-23-41-000-2013-
00493-01
C.P. Alberto Yepes Barreiro
(E)

X
Sección Quinta
Sentencia del 17 de julio de
2015
47001-23-31-000-2015-
00032-01
C.P. Alberto Yepes Barreiro

Pese a lo anterior, la Sala encuentra que es necesario, una vez más, modificar
la línea jurisprudencial expuesta, para en su lugar entender que la acción de
cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria, en
todos los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber
de reglamentar determinada materia, con independencia de si se impuso
término o no al efecto debido a que, como se explicará la ausencia de un lapso
especifico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento. (…)
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Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
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Máxime, a la fecha, la referida norma sigue sin estar reglamentada pese a que
existe un deber específico exigible a través de la acción de cumplimiento que
no requiere del establecimiento de un término de ejecución.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que si
existía un mandato en cabeza del MINVIVIENDA, sin embargo, su decisión
atendió a la jurisprudencia que a la fecha varió por lo que le asiste razón al a
quo, ya que declarar la existencia de la cosa juzgada en el presente asunto
resulta en la pérdida del propósito del mandato legal impartido en el artículo 20
de la Ley 1551 de 2012 lo que se traduciría en una norma que no logra
materializarse en la realidad jurídica y que no satisface las necesidades
respecto de las que fue impuesta.

2.3 Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 04 de junio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que accedió a las pretensiones
del medio de control, para lo cual deberán resolverse los siguientes problemas
jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de las
entidades accionadas, tal como lo establece el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar el cumplimiento del artículo 20 de la ley 1551
de 2012 en el sentido de reglamentar las condiciones especiales
de acceso al subsidio familiar de vivienda para la adquisición de
vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por
los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617
de 2000, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el
monto del subsidio y su aplicación?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; (iii)
requisitos de procedencia y, (iv) análisis del caso concreto.

2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
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mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de
1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida
en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».

Como lo ha señalado la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción
es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar
la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo» 18.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, deben acreditar
los siguientes requisitos mínimos previstos en la Ley 393 de 1997:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)19.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción, omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia
esta que hace procedente la acción. Por lo tanto, es improcedente la
acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el

18 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MagistradosPonentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
19 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9.º).

Una vez suplidas las anteriores exigencias, se analizará la existencia de un
mandato imperativo e inobjetable, radicado en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y
frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un
análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las
pretensiones expuestas en la demanda.

2.4.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con
el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y
con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - MINVIVIENDA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
CONFENACOL y el Banco Agrario antes de instaurar la demanda.

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 02 de abril de 2024, en
el que solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario, «de forma inmediata realicen
las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 20 de
la Ley 1551 de 2012, esto es, reglamentar las condiciones especiales de acceso
al subsidio familiar de vivienda para la adquisición de vivienda urbana y/o rural
de aquellos hogares conformados por los concejales y ediles de los municipios
definidos en la Ley 617 de 2000, en especial con lo relacionado con sus
modalidades, el monto del subsidio y su aplicación»

Para el efecto el accionante aportó constancia de radicación ante las entidades
así:

• Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural.

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• Banco Agrario

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

A tal requerimiento, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y el Banco Agrario
dieron traslado en virtud del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 al Ministerio de

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Vivienda, Ciudad y Territorio al considerarlo competente de atender dicha
solicitud.

En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución
en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 respecto del artículo
20 de la Ley 1551 de 2012 toda vez que se solicitó su cumplimiento al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio quien guardó silencio y al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario, estas últimas, quienes dieron
respuestas contrarias al querer del ciudadano.

En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia respecto del apartado normativo ya identificado en
relación con las entidades señaladas en líneas anteriores.

Ahora bien, en relación con la Confederación Nacional de Concejos y
Concejales de Colombia lo cierto es que, contrario a lo considerado por el a
quo, la accionante no aportó constancia de radicación de la solicitud y, si bien
en el encabezado de la misma se relaciona dicha entidad lo cierto es que no
obra dentro del plenario la remisión o radicación de la solicitud remitida hacia
ella por lo que no se encuentra satisfecho dicho requisito.

Aunado a lo anterior, la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de
Colombia corresponde a una confederación de naturaleza privada que no
cumple funciones publicas en los términos del artículo 6 de la Ley 393 de 1997,
por lo que no estaría legitimada en la presente acción.

Siendo así, respecto de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales
de Colombia es procedente revocar la sentencia impugnada para, en su lugar,
rechazar la demanda respecto de esta entidad.

Por lo anterior, la Sala estudiará la impugnación del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y del Banco Agrario.

2.4.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en el artículo 9. ° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo,
salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para
el accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que en cumplimiento del artículo 20 de
la Ley 1551 de 2012, esto es, reglamentar las condiciones especiales de
acceso al subsidio familiar de vivienda para la adquisición de vivienda urbana
y/o rural de aquellos hogares conformados por los concejales y ediles de los
municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en especial con lo relacionado con
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sus modalidades, el monto del subsidio y su aplicación.

Con relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente con otro medio
de defensa judicial para procurar el acatamiento del precepto que se pide
atender; además, las disposiciones son actualmente exigibles porque no están
derogadas ni suspendidas y su cumplimiento, no implica el establecimiento de
gastos no presupuestados por cuanto lo que se reclama es una obligación de
hacer consistente en reglamentar las condiciones del subsidio de vivienda
urbana y/o rural para los concejales y ediles.

Si bien el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio insiste en señalar que las
normas respecto de las cuales se depreca su cumplimiento derivan en gastos,
lo cierto es que la obligación contenida en el artículo 20 de la Ley 1551 de 2012
se limita a ordenar a la autoridad reglamentar las condiciones de acceso al
subsidio familiar de vivienda para concejales y ediles, específicamente sus
modalidades, monto del subsidio y su aplicación lo que no se configura como
una erogación per se sino por el contrario se limita a la implementación de una
reglamentación normativa derivada de una obligación de hacer que no impide
el conocimiento del presente asunto.

Asimismo, la solicitud de cumplimiento se torna procedente porque lo
pretendido por el accionante no involucra la protección de derechos
fundamentales que puedan ser invocados mediante la acción de tutela.

2.4.4 Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo20

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia
de cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el
mecanismo idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad
reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de
si se impuso término o no al efecto21 debido a que, como se explicará, la
ausencia de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia
que impida la procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo

20 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-

23-41-000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
21 Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número

63001-23-33-000-2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra
cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad
reglamentaria en determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través de
la cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime
necesarias a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de
ellas se advierta la existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse
mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes22.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo
ejerce la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y
como se anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de
colaboración armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha
atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por
un experto que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo,
es de anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la
medida en que se expida la reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de
la discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que
aquella impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros
de contenido en los cuales deba surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar
silencio al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad
reglamentaria no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual
la acción de cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de
esa clase de disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para
ejercer la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la
ley se torna inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que
aquel es plenamente exigible.

22 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165,
y se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como
el mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun
cuando en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.6 Análisis del caso concreto

La parte actora pretende el cumplimiento de la siguiente disposición:

ARTÍCULO 20. Modifícase el artículo 6o de la Ley 1148 de 2007 así:

Artículo 6o. Condiciones de Acceso. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y la
Confederación Nacional de Concejos y Concejales Confenacol, reglamentará
las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para la
adquisición de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por
los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en
especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su
aplicación.

2.5.2. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

A través de esta acción el juez constitucional puede ordenar la ejecución de
disposiciones que contienen prescripciones que se caracterizan como
«deberes» legales o administrativos y constituyen mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Al respecto, se sostuvo recientemente23:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces
desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de
las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en
el ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya
ejecución sea posible de realizar»24.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de

23Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-

41-000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
24 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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1997. Así, por ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es
discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.

En el presente asunto, se invocó tanto en el escrito de renuencia como en la
demanda el artículo 20 de la Ley 1551 de 2012, con la finalidad de ordenar a las
accionadas que regulen las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar
de vivienda para la adquisición de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares
conformados por los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley
617 de 2000, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del
subsidio y su aplicación.

El Consejo de Estado Sección Quinta ha sostenido que la acción de
cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria con
independencia de si se impuso un término o no, es decir, que la ausencia de
plazo para desarrollar ciertas materias no deriva en la inexigibilidad de lo
dispuesto como mandato en la norma.25

La disposición invocada es clara al determinar que «el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Banco
Agrario y la Confederación Nacional de Concejos y Concejales Confenacol,
reglamentará las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de
vivienda para la adquisición de vivienda urbana y/o rural» en ese sentido se
advierte un deber claro expreso e imperativo de reglamentación en cabeza del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sin embargo, esta cartera ministerial
insiste en su discrecionalidad respecto de la potestad reglamentaria dejando de
lado el sentido de la norma y obviando su obligación de reglamentación a pesar
de haber transcurrido 12 años desde su promulgación.

En efecto el artículo 20 de la Ley 1551 de 2012 contiene el verbo rector
reglamentar, lo que implica la expedición de un acto administrativo que desarrolle
las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para
concejales y ediles. Para esta Sala no es de recibo las manifestaciones del
Banco Agrario y MINVIVIENDA en cuanto existen normativas anteriores a la
expedición de la ley y programas que estuvieron vigentes para la obtención de
subsidios familiares de vivienda, puesto que, la existencia de regulación similar
en la materia no agota el cumplimiento del deber establecido en la norma de la
cual se solicita el cumplimiento y no atiende a la intención del legislador de
disponer dicha obligación, por lo que las demás normatividades no solo
anteriores sino particulares no eximen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio de efectuar la reglamentación ordenada.

25 Sección Quinta, sentencias del 3 de diciembre de 2015, radicado 63001-23-33-000-2015-

00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate, 19 de agosto de 2021, radicado. 15001-23-33-000-2020-
02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E), 23 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-41-000-
2020-00270- 02 MP. Pedro Pablo Vanegas Gil y 14 de octubre de 2021, radicado 19001-23-33-
000-2021-00086- 01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
20
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Ahora bien, es preciso aclarar que, en virtud del artículo 189 numeral 11 de la
Constitución Política la potestad reglamentaria es una facultad constitucional
exclusiva del presidente de la república quien puede a través de sus ministerios
asegurar la ejecución de las leyes26

Siendo así, conforme al aparte normativo del cual se requiere su cumplimiento,
se deriva que contrario a lo considerado por el a quo, la obligación de
reglamentar las condiciones de acceso al subsidio familiar de vivienda para
concejales y ediles recae exclusivamente en el Ministerio de Vivienda y Territorio
quien no solo deberá reglamentar sino que también coordinará con Ministerio
Agricultura, el Banco Agrario y la Confederación Nacional de Concejos y
Concejales sin que ello implique que dichas entidades tengan la obligación
cumplir la norma invocada.

Por lo tanto, si bien las entidades relacionadas deben colaborar en la
reglamentación objeto de cumplimiento la obligación de reglamentar recae
exclusivamente en el Ministerio de Vivienda por lo que Ministerio Agricultura, el
Banco Agrario y la Confederación Nacional de Concejos y Concejales
coordinarán en el trámite, pero no son las entidades llamadas a cumplir.

Para el efecto, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 04 de junio de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en el sentido de i) rechazarla respecto de la
Confederación Nacional de Concejos y Concejales, pues sobre ella no se
constituyó en renuencia, ii) ordenar el cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1551
de 2012, en tal medida el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en el
término de seis (6) meses, de cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1551 de 2012
y proceda a reglamentar las condiciones especiales de acceso al subsidio
familiar de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los
concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, en
especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio y su
aplicación, y, finalmente iii) declarar no probada la excepción de cosa juzgada

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia del 04 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que para todos los efectos quedará así:

26 Corte Constitucional, Sentencia C.1005 de 2008 15 de octubre de 2008, M.P Humberto Antonio

Sierra Porto.
21
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Emilse Yanira Vega Sánchez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00766-01

PRIMERO: RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto de la
Confederación Nacional de Concejos y Concejales por no agotar el requisito
de la renuencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en
el término de seis (6) meses, de cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1551
de 2012 y proceda a reglamentar las condiciones especiales de acceso al
subsidio familiar de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares
conformados por los concejales y ediles de los municipios definidos en la Ley
617 de 2000, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto
del subsidio y su aplicación.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada
presentadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio
de Agricultura, como se explicó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

22
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