Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-01993-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de abril de 2025
Demandante: Nicolás Prada Arbeláez
Demandados: Presidente de la república y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01993-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01993-01
Demandante: Nicolás Prada Arbeláez
Demandados: Presidente de la república y otro
Tema: Confirma orden de cumplimiento: facultad reglamentaria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el presidente de la república y
el Ministerio del Interior contra la sentencia de 6 de marzo de 2025, por medio de la
cual la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Nicolás
Prada Arbeláez demandó al señor presidente de la república y el Ministerio del
Interior por el presunto incumplimiento del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, con
el fin de que ejerzan la facultad reglamentaria. En la demanda se formularon las
siguientes pretensiones:
[…] Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo treinta y dos (32) de la ley 1915
de 2018, en el sentido de REGLAMENTAR las indemnizaciones preestablecidas para
generar una alternativa a la hora de probar los perjuicios generados en el derecho de
autor […] [1].
2. Hechos
2.1. La parte actora señaló que en la Ley 1915 de 2018, se establecieron
disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos. El artículo 32
de la citada ley contempló la creación de un sistema de indemnizaciones
preestablecidas como alternativa para probar los perjuicios generados, cuya
reglamentación quedó a cargo del Gobierno nacional.
1 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.
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Demandante: Nicolás Prada Arbeláez
Demandados: Presidente de la república y otro
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2.2. El 23 de febrero de 2024, el Ministerio del Interior publicó en su página web un
proyecto de acto administrativo, incluyendo un borrador de decreto para
reglamentar dichas indemnizaciones. No obstante, la reglamentación no existe, a
pesar de que han transcurrido más de cinco años desde la promulgación de la Ley
1915 de 2018.
2.3. El 8 y 18 de octubre de 2024, el actor solicitó tanto al presidente de la república
y al Ministerio del Interior, respectivamente, el cumplimento del artículo 32 de la Ley
1915 de 2028. El primero remitió al Ministerio del Interior al estimar que es la
entidad competente, y la segunda rindió un informe de lo adelantado para
reglamentar la materia, pero que no existe la respectiva reglamentación, razón por
la cual el actor acudió a la acción de cumplimiento.
3. Admisión de la demanda
En auto de 20 de enero de 20252, el ponente de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó
notificar al presidente de la república y al Ministerio demandado.
4. Informes
4.1. El presidente de la república se opuso a la prosperidad de la acción de
cumplimiento. En ese sentido, sostuvo que el Ministerio del Interior es el
competente para expedir la reglamentación reclamada por el demandante. Sostuvo
que el artículo 32 de la Ley 1915 no impone una obligación clara, expresa, exigible;
indicó que el Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022 no establece dentro de sus
funciones la potestad reglamentaria de las leyes ni la preparación de actos
administrativos de carácter reglamentario. Dichas tareas son responsabilidad de los
ministerios y departamentos administrativos dentro de sus respectivas
competencias sectoriales.
Finalmente indicó que la reglamentación de la Ley 1915 de 2018 implica aspectos
técnicos complejos que requieren estudios y procedimientos especializados, los
cuales deben ser asumidos por entidades con la capacidad operativa necesaria.
4.2. El Ministerio demandado rindió informe en el que indicó que publicó un
proyecto en la página web que, si bien no representa la totalidad del proceso de
reglamentación de la Ley 1915 de 2018, sino solo una fase dentro de un trámite
más amplio que inició meses antes y que sigue en desarrollo.
Sostuvo que la reglamentación de la Ley 1915 de 2018 comprende la expedición
de cuatro decretos que desarrollan disposiciones específicas de los artículos 13,
17, 18 al 27 y 32. Este proceso inició en 2023 con un trabajo conjunto entre la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, y el Ministerio del Interior.
2 Previa remisión por competencia a través de auto de auto de 12 de noviembre de 2024 dictado por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Primera.
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Advirtió que, efectivamente, el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 otorgó un plazo
de 12 meses para la expedición de la reglamentación, el cual ya venció. Sin
embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-345 de 2019, estableció
que la facultad reglamentaria no tiene un límite temporal. En consecuencia, el
vencimiento del plazo no implica la pérdida de la competencia para expedir el
Decreto, sino que esta facultad permanece vigente.
Finalmente manifestó que la reglamentación del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018
es complejo y de gran impacto social y económico. El proceso de reglamentación
continua en curso y la finalización de la publicación de observaciones no implica
que se haya desistido de la iniciativa ni que el Decreto deba firmarse de inmediato.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 6 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda. Al
respecto, advirtió la existencia del deber de reglamentación a cargo del Gobierno
nacional, a partir del contenido del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018; mandato que
encontró desatendido y, en consecuencia, impuso su acatamiento en el término de
tres meses.
6. Impugnaciones
El presidente de la república y el Ministerio demandado impugnaron la decisión del
a quo, respectivamente, reiteraron argumentos de sus contestaciones y señalaron
que no existe incumplimiento a la obligación de reglamentación a su cargo. El
primero, alude que no es una obligación de su competencia sino del Ministerio del
Interior, y este último, sostiene que no ha incumplido porque ha adelantado
gestiones para reglamentar la mencionada ley, pero dada su complejidad no ha
sido posible; alega entonces que la facultad reglamentaria es atemporal y sigue
vigente, por lo que el Gobierno puede expedirla en cualquier momento una vez
concluidos los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.
En todo caso, pidieron que, en caso de mantener la orden de cumplimiento, se
amplie el plazo otorgado por el a quo; lo anterior, ante la complejidad de la materia
a reglamentar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 6
de marzo de 2025 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
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de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 16
de marzo de 2024. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
¿El artículo 32 de la Ley de 1915 de 2018 contiene un deber imperativo, expreso y
exigible a cargo de las demandadas y que sea exigible a través de este medio de
control?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda escritos de 8 y 18 de
octubre de 2024, en los que pidió al presidente de la república y al Ministerio
demandado el obedecimiento del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que el presidente de la república remitió al
Ministerio del Interior la petición y la respuesta de este último es contraria al querer
del ciudadano. Por tanto, se pasará al estudio de procedencia de este medio de
control.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición legal incumplida el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 que dispone lo
siguiente:
15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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LEY 1915 DE 2018
(julio 12)
Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones
en materia de derecho de autor y derechos conexos
[…]
Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas. La indemnización que se cause como
consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos
conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las
medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al
sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba
de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El
Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de
esta ley reglamentará la materia. […]
De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este
caso, dado que la disposición transcrita no ha sido derogada por el legislador o
declarada inexequible por parte de la jurisdicción.
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala no advierte que la parte demandante cuente
con otro mecanismo de defensa judicial, pues lo pretendido es el ejercicio de la
facultad reglamentaria por parte del Gobierno nacional; tampoco se evidencia que
lo procurado pueda ser discutido vía acción de tutela, ni que el cumplimiento de la
norma que se pide acatar implique un gasto no presupuestado, pues se pretende la
materialización de una obligación de hacer, asunto que no implica la erogación de
presupuesto sino la expedición de una acto administrativo. En consecuencia, se
procederá al estudio del fondo del asunto.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
deberes.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera17:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
17Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-
00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»18.
El fondo del problema jurídico a resolver en esta oportunidad se contrae a
determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la orden de la primera
instancia. Al respecto, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente
vigente, en materia de cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional
sí es el mecanismo idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.
La acción de cumplimiento procede para ordenar su ejercicio, en todos los casos
en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de reglamentar
determinada materia, con independencia de si se impuso término o no al efecto19
debido a que, como se explicará, la ausencia de un lapso específico no puede
entenderse como una circunstancia que impida la procedencia de la acción de
cumplimiento.
Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra
cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de reglamentar determinadas
materias.
Ahora bien, dicho mandato se ha entendido como el ejercicio de la atribución
contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través de la cual el
poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias a fin
de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes20.
En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce
la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
18 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social
de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
19 Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-
2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 25000-23-41-000-2024-
00766-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
20 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6
de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de
colaboración armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha
atribución.
Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de
anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en
que se expida la reglamentación exigida por la ley.
Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que
aquella impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de
contenido en los cuales deba surtirse.
Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar
silencio al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar. Esto es
así, porque la ausencia de un término no significa que aquel mandato no sea
exigible, razón por la cual la acción de cumplimiento sí es procedente para
solicitar la materialización de esa clase de disposiciones.
En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria deriva en que el mandato contemplado en la ley se
torna inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.
En el caso concreto, del contenido del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 contiene
el deber de reglamentación a cargo del Gobierno nacional, dentro de los 12 meses
siguientes a su expedición, tal y como lo concluyó la primera instancia. Como se
observa esta disposición no está sometida a ninguna condicionalidad y las
demandadas no acreditaron la existencia de un acto administrativo que desarrolle
lo dispuesto por el legislador. Por tanto. Se impone confirmar la orden del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
La cartera demandada en la impugnación insiste en que ha adelantado actuaciones
para cumplir su deber. Sin embargo, debe recordarse que, en materia de acción de
cumplimiento, en sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…]
el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite
gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple
o incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de
la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso concreto. […]».
(Subraya la Sala).
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La Sala no desconoce las actuaciones que ha adelantado el Gobierno nacional
para reglamentar, pero lo cierto es que no se acreditó que actualmente existiera la
regulación vigente que le encomendó el legislador al Gobierno nacional, pese a que
han transcurrido más de 5 años desde su exigibilidad.
El presidente alude a que no es el competente para cumplir el deber reclamado.
Sin embargo, conforme al artículo 115 Constitucional para este caso particular, el
deber de reglamentación está a cargo del Gobierno nacional, conformado por el
Ministerio demandado y el primer mandatario, por tanto, tal circunstancia es lo que
hace exigible a él el mandato reclamado.
Finalmente, las impugnantes pidieron, en caso de confirmar la orden de
cumplimiento, se aumentará el término de 3 meses concedido por la primera
instancia, para acatar la orden judicial. Lo anterior, en atención a la complejidad y
coordinación debida para expedir la reglamentación. Al respecto, la Sala ampliará
el plazo a 6 meses a partir de la firmeza de esta sentencia, pues se considera que
es el razonable a imponer, atendiendo a la argumentación del Ministerio, y el
avance que acreditó en cuanto a las actuaciones para expedir una nueva
reglamentación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de 6 de
marzo de 2025 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero ampliando el plazo otorgado para el
cumplimiento de la decisión judicial al de 6 meses, siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, por las razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara el voto
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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