Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00315-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandante: Corporación Colonia Venezolana en Colombia -COLVENZ-
Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00315-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00315-01
Demandante: Corporación Colonia Venezolana en Colombia -COLVENZ-
Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: Modifica orden de cumplimiento: facultad reglamentaria
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandada contra la sentencia de
14 de abril de 2026, por medio de la cual la Sala Tercera del Tribunal Administrativo
de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Corporación Colonia
Venezolana en Colombia -COLVENZ-, a través de su representante legal, demandó
al Ministerio de Relaciones Exteriores -Cancillería de Colombia- por el presunto
incumplimiento del artículo 37 de la Ley 2466 de 2025, con el fin de que se ejerza la
facultad reglamentaria sobre el procedimiento destinado a facilitar la regularización
migratoria de trabajadores extranjeros que cuenten con contrato de trabajo.
En la demanda se solicitó lo siguiente: «[…] solicito respetuosamente que se ordene
al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en el término que disponga el Tribunal,
reglamente el proceso el proceso que facilite la regularización migratoria de los
trabajadores migrantes, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 2466 de 2025[1]».
2. Hechos
La parte actora señaló que el artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 dispuso que, una
vez suscrito el contrato de trabajo con persona natural o jurídica, se facilitaría la
regularización migratoria del trabajador extranjero, para lo cual el Ministerio de
Relaciones Exteriores debía reglamentar el proceso correspondiente dentro de los
seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.
1
Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.
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Demandante: Corporación Colonia Venezolana en Colombia -COLVENZ-
Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00315-01
Indicó que el plazo legal otorgado al Ministerio para expedir dicha reglamentación
venció el 25 de enero de 2026, sin que para esa fecha se hubiera expedido el acto
reglamentario correspondiente ni se hubiera publicado el proyecto normativo para
comentarios de la ciudadanía.
Con fundamento en lo anterior, el 27 de enero de 2026, el representante legal de
COLVENZ presentó solicitud de cumplimiento ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en los términos del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, con el fin de
constituir en renuencia a la autoridad y requerirla para que reglamentara el
procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley 2466 de 2025.
El 11 de febrero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió la solicitud
e informó que el Gobierno nacional adelantaba un proceso interinstitucional para la
reglamentación del artículo 37 de la Ley 2466 de 2025, en el que se habían realizado
reuniones técnicas y ciclos de revisión con entidades como el Ministerio del Trabajo
y Migración Colombia.
La entidad también manifestó que el proyecto de decreto había sido objeto de
observaciones de fondo sobre aspectos técnicos y competenciales, por lo que
consideraba necesario continuar con espacios de diálogo técnico y jurídico antes de
avanzar hacia la publicación del proyecto para comentarios ciudadanos.
3. Admisión de la demanda
En auto de 23 de febrero de 2026, el ponente de la Sala Tercera del Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio
accionado, ordenó la vinculación del señor presidente de la República de Colombia,
en atención a las previsiones del artículo 115 de la Constitución, y dispuso informar
de la existencia del asunto a la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos
Administrativos.
4. Informes
4.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ejerció su derecho de defensa en la
oportunidad otorgada por el juez de primera instancia.
4.2. El señor presidente de la República se opuso a las pretensiones de la
demanda al señalar que la reglamentación correspondía principalmente al Ministerio
de Relaciones Exteriores, en articulación con otras entidades competentes; que no
existía renuencia, porque el Ministerio había dado una respuesta clara y de fondo
sobre las gestiones adelantadas; y que el deber jurídico reclamado no recaía
directamente, pues la elaboración de los decretos reglamentarios corresponde al
ministerio o departamento administrativo del respectivo sector, máxime cuando el
artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 asignó expresamente esa función al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
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5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 14 de abril de 2026, La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia
accedió a las pretensiones de la demanda. Al respecto, advirtió la existencia del deber
de reglamentación a cargo de del Gobierno nacional; mandato que encontró
desatendido y, en consecuencia, impuso su acatamiento en el término de un mes
siguiente a la notificación de esa providencia.
6. Impugnación
El Ministerio accionado impugnó la decisión del a quo, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia o, subsidiariamente, modular la orden impartida, al considerar
que no ha sido renuente frente al cumplimiento del artículo 37 de la Ley 2466 de
2025.
Sostuvo que la entidad respondió la solicitud previa del accionante en la que informó
que, desde julio de 2025, viene adelantando actuaciones concretas para expedir la
reglamentación, mediante reuniones técnicas, revisión de observaciones y
coordinación con el Ministerio del Trabajo, Migración Colombia, el Ministerio de Salud
y otras entidades con competencias concurrentes en materia migratoria, laboral y de
seguridad social.
Añadió que la reglamentación exige un análisis técnico, jurídico y operativo complejo,
relacionado con plataformas tecnológicas, trazabilidad laboral, expedición de
salvoconductos, afiliación al sistema de seguridad social, prevención de fraude, trata
de personas o simulación contractual, por lo que no puede entenderse que exista
una omisión negligente, sino un proceso institucional en curso.
También afirmó que la orden de cumplir en un término perentorio desconoce la
necesidad de surtir la participación ciudadana prevista en el CPACA y en el Decreto
1081 de 2015, así como la razonabilidad y proporcionalidad que deben orientar el
ejercicio de la potestad reglamentaria.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 14
de abril de 2026 de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y
243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de
«las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
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2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 14
de abril de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
¿El artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 contiene un deber imperativo, expreso y
exigible a cargo que sea exigible a las vinculadas a través de este medio de control?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto
(iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
2
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se pretenda
5
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-
00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
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la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).
10
Sentencia antes citada.
11
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),
MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
7
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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda escrito de 27 de enero
de 2026, en el que pidió al Ministerio demandado el obedecimiento del artículo 37 de
la Ley 2466 de 2025.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que la respuesta de la cartera demandada es
contraria al querer del ciudadano.
En cuanto al señor presidente de la República, debe precisarse que el presupuesto
de procedibilidad de la renuencia se encuentra cumplido porque fue el juez de
cumplimiento, quien con fundamento en el artículo 5 de la Ley 393 de 1997, vinculó
a este asunto a la autoridad y, por ende, esa circunstancia lleva implícito el
agotamiento de procedibilidad de este medio de control.
Por tanto, se pasará al estudio de procedencia de este medio de control.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
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acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición legal incumplida el artículo 37 de la Ley 2466 de 2022 que dispone lo
siguiente:
LEY 2466 DE 2025
(junio 25)
Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta
una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia.
[…]
Artículo 37. Trabajadores Migrantes. El estatus migratorio no será impedimento para
la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Las personas
trabajadoras extranjeras sin consideración de su situación migratoria en el país
gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a las nacionales, salvo las
limitaciones que establezcan la Constitución o la Ley. Una vez suscrito el contrato de
trabajo con persona natural o jurídica, se facilitará la regulación migratoria de la
persona trabajadora, para lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentará
el proceso correspondiente dentro de los siguientes 6 meses de la entrada en vigencia
de esta Ley. En todo caso a los trabajadores migrantes se les garantizará el acceso a
la justicia laboral.
Parágrafo 1°. Todas las profesiones reguladas para las personas trabajadoras
colombianas también lo serán para las personas trabajadoras extranjeras quienes
deberán acreditar su idoneidad académica y profesional de acuerdo con los
estándares internacionales ante el Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional determinará tas profesiones y los
requisitos que tendrán esta exigencia.
[…]
De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción, esto
es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este caso,
dado que la disposición transcrita no ha sido derogada por el legislador o declarada
inexequible por parte de la jurisdicción.
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala no advierte que la parte demandante cuente
con otro mecanismo de defensa judicial, pues lo pretendido es el ejercicio de la
facultad reglamentaria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores; tampoco se
evidencia que lo procurado pueda ser discutido vía acción de tutela, ni que el
cumplimiento de la norma que se pide acatar implique un gasto no presupuestado,
pues se pretende la materialización de una obligación de hacer, asunto que no
implica la erogación de presupuesto sino la expedición de una acto administrativo.
En consecuencia, se procederá al estudio del fondo del asunto.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,
a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes.
9
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00315-01
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera16:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos
ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades
públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda
actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de
realizar»17.
El fondo del problema jurídico a resolver en esta oportunidad se contrae a
determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la orden de la primera
instancia. Al respecto, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente
vigente, en materia de cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional
sí es el mecanismo idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.
La acción de cumplimiento procede para ordenar su ejercicio, en todos los casos
en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de reglamentar
determinada materia, con independencia de si se impuso término o no al efecto18
debido a que, como se explicará, la ausencia de un lapso específico no puede
entenderse como una circunstancia que impida la procedencia de la acción de
cumplimiento.
Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador impone al ejecutivo el deber de reglamentar determinadas materias.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-
00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
17
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social de
derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
18
Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-
2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 25000-23-41-000-2024-
00766-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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Ahora bien, dicho mandato se ha entendido como el ejercicio de la atribución
contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través de la cual el poder
ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias a fin de
garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes19.
En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce
la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha atribución.
Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de
anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en
que se expida la reglamentación exigida por la ley.
Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella
impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de
contenido en los cuales deba surtirse.
Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional o a los diferentes órganos del poder público para que procedan a hacer la
respectiva reglamentación o guardar silencio al respecto, y únicamente establecer
el deber de reglamentar. Esto es así, porque la ausencia de un término no significa
que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de cumplimiento sí
es procedente para solicitar la materialización de esa clase de disposiciones.
En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.
En el caso concreto, el artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 contiene el deber de
reglamentación a cargo del Ministerio demandado. Como se observa esta
disposición no está sometida a ninguna condicionalidad y se impuso el término de 6
meses, por tanto, seis meses, luego de ejecutoriada la sentencia de segunda
instancia, es lo que jurisprudencialmente se ha considerado como razonable tanto
19
Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6
de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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para cumplir este tipo de deberes20, así como límite para que se materialice en sede
judicial; adicionalmente, las demandadas no acreditaron la existencia de un acto
administrativo que desarrolle lo dispuesto por el legislador.
La cartera accionada en la impugnación insiste en que ha adelantado actuaciones
para cumplir su deber. Sin embargo, debe recordarse que, en materia de acción de
cumplimiento, en sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…]
el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite gradaciones,
esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a
medias; el incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de la autonomía e
independencia del juez para juzgar en el caso concreto. […]». (Subraya la Sala).
La Sala no desconoce las actuaciones e instrumentos que se informan se han
implementado para promover la enseñanza y el buen uso de la bicicleta, pero lo
cierto es que no se acreditó que, actualmente, existiera la regulación vigente que le
encomendó el legislador a dicho Ministerio, pese a que han transcurrido más de 4
meses desde su exigibilidad.
Finalmente, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor
presidente de la República en este trámite, pues el legislador atribuyó el deber de
ejercer la facultad reglamentaría que aquí se exige al Ministerio de Relaciones
Exteriores, por ende, el primer mandatario no tiene a su cargo el deber que se ordena
acatar en sede de cumplimiento pues si bien con amabas autoridades se entiende
que se conforma el Gobierno nacional, para este caso basta que la reglamentación
sea adoptada con la sola participación de la cartera demandada sin la participación
del primer mandatario, por ende, no era necesario acudir a las previsiones del
artículo 115 constitucional para este asunto.
Así las cosas, se impone modificar la sentencia impugnada. En mérito de lo
expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Modificar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de 14 de
abril de 2026 de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido
de que (i) el plazo otorgado para el cumplimiento de la decisión judicial es el de 6
meses, que se contarán a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia de
segunda instancia y (ii) la orden de cumplimiento solo se dirige al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
SEGUNDO. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor
presidente de la República, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
20
Entre otras muchas sentencias de segunda instancia dictadas en los radicados: 25000-23-41-000-2024-01762-
01 MP. Gloria María Gómez Montoya, 25000-23-41-000-2024-00305-01 MP. Omar Joaquín Barreto Suárez y
25000-23-41-000-2015-00789-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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