Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01762-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01762-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2024-01762-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de abril de 2025
Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01762-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01762-01
Demandante: ANDREA PADILLA VILLARRAGA
Demandados: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OTROS
Tema: Ejercicio de la potestad reglamentaria frente al Sistema
Nacional de Protección y Bienestar Animal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por el presidente de la República, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Departamento Nacional de
Planeación, contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que
accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
La ciudadana Andrea Padilla Villarraga, obrando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, en la que pretende se dé
cumplimiento al mandato establecido en el artículo 31 de la Ley 2294 de 2023 1.
Conforme lo anterior, formuló a título de pretensión lo siguiente:
1 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de
la Vida”.
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Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
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PRIMERO: DECLARAR que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República incumplieron la obligación jurídica impuesta en el
artículo 31 de la Ley 2294 de 2023, respecto de definir la organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal dentro del
término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley
2294, el 19 de mayo del 2023.
SEGUNDO: ORDENAR que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, definan la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Protección y Bienestar Animal, en el término razonable que establezca
el despacho2.
1.2. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
Explicó que el artículo 31 de la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema Nacional de
Protección y Bienestar Animal – Sinapyba, el cual, en el parágrafo 1º estableció
en cabeza del Gobierno nacional la obligación de definir su organización y
funcionamiento, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Indicó que la citada ley le concedió un plazo al Gobierno nacional de un año,
computado a partir de la entrada en vigor de ésta, sin que a la fecha se cuente
con la reglamentación correspondiente.
Informó que en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
aparece un documento borrador denominado: «por medio del cual se adiciona el
Capítulo 3A. del Título 2. de la Parte 2. del Libro 2. del Decreto 1076 de 2015,
relacionada con la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección y Bienestar Animal SINAPYBA».
Conforme lo anterior, presentó el 27 de agosto de 2024 escrito de constitución en
renuencia ante las entidades demandadas, sin que a la fecha de interposición de
la acción constitucional haya recibido una respuesta de fondo.
Al respecto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural remitieron las anteriores solicitudes
por competencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad última
que le asignó el radicado 2024E1043660, pero sin un pronunciamiento de fondo.
2 Transcripción original con posibles errores.
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1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
En sentir de la accionante, la norma sobre la cual versa la presente acción cumple
los requisitos legales y jurisprudenciales para ordenar su cumplimiento, por
cuanto contiene un mandato imperativo e inobjetable, aunado que, pese a
haberse dado un plazo para la expedición de la reglamentación pertinente, no se
ha materializado dicha obligación a cargo de las demandadas.
1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.
Por auto del 15 de octubre de 2024, el magistrado sustanciador de la primera
instancia, avocó el conocimiento del caso, se ordenó la notificación de las
entidades demandadas, y se vinculó al presidente de la República. Realizadas las
notificaciones correspondientes, se recibieron las siguientes intervenciones:
El Departamento Nacional de Planeación, por conducto de apoderado judicial,
manifestó que la actora no presentó escrito alguno ante la autoridad, por medio
del cual la constituyó en renuencia, desconociendo lo ordenado en el artículo 8
de la Ley 393 de 1997.
Por otro lado, respecto a la reglamentación del Sinapyba, precisó que su rol en la
elaboración del proyecto es de carácter técnico y asistencial, sin que dicha
circunstancia implique que sea la entidad encargada de acatar el mandato.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del mandatario
judicial designado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
por cuanto, indicó que se han adelantado mesas de trabajo las cuales han dado
lugar a un borrador del documento que reglamenta lo ordenado.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, mediante abogado
titulado, sostuvo que actualmente se encuentra en curso el proceso de
reglamentación ordenado, por lo que se nieguen las pretensiones de la demanda.
Al respecto, enfatizó que ya existe el proyecto de decreto reglamentario que tiene
como objeto el Sinapyba.
El presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, por medio del apoderado designado, solicitaron
que se nieguen las pretensiones de la demanda.
Como primer punto, explicaron que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República no cuenta con legitimación en la causa, por cuanto
no es la entidad llamada a verificar su cumplimiento. Lo anterior, a partir de la
lectura del artículo 65 de la Ley 489 de 1998.
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En segundo lugar, respecto al presidente de la República, adujeron que, con base
en los artículos 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA, la representación
judicial se encuentra en cabeza, única y exclusivamente, del ministro o director
correspondiente.
Por otro lado, acotaron que frente al requisito de constitución en renuencia, éste
no se cumplió de cara al presidente de la República, por cuanto la solicitud a que
hace mención la accionante fue remitida al buzón del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
1.5. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
clausuró la primera instancia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2024,
en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
Conforme lo anterior, ordenó que en el término de 3 meses se expida la
reglamentación del Sinapyba por parte del presidente de la República, los
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural,
y el Departamento Nacional de Planeación. Al respecto, precisó lo siguiente:
Así las cosas, para la Sala es claro que, conforme a la jurisprudencia transcrita, el
Gobierno Nacional, encabezado en el asunto por el Presidente de la República, los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural
y el director del Departamento Nacional de Planeación, se encuentra en mora de
cumplir lo ordenado en esa disposición normativa, siendo este el mecanismo
procedente para ordenar su cumplimiento.
Por otro lado, respecto al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, advirtió que dicha autoridad no cuenta con legitimación en la causa
por pasiva y, como consecuencia de ello, fue desvinculado del trámite.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 12 de diciembre de 2024.
1.6. Impugnaciones
El Departamento Nacional de Planeación, alegó que el a quo no tuvo en cuenta
que frente a dicha entidad no se agotó el requisito de renuencia, lo cual era razón
más que suficiente para negar las pretensiones frente a dicha autoridad.
Asimismo, reiteró que, dentro del marco de sus competencias constitucionales y
legales, no es la llamada a reglamentar el Sinapyba.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reprochó el precario
término concedido en la sentencia para proferir la reglamentación de que trata el
artículo 31 de la Ley 2294 de 2023, por cuanto el tema objeto de regulación tiene
un alto grado de complejidad.
Ratificó las actuaciones adelantadas con miras a proferir el correspondiente
decreto, para dar cumplimiento a la disposición legal alegada con la demanda, el
cual se encuentra sujeto a las directrices generales de técnica normativa que
impone el agotamiento de unas fases.
El presidente de la República adhirió los argumentos expuestos por la citada
cartera ministerial, esto es que se debe tener en cuenta las acciones positivas
realizadas con miras a dictar el acto administrativo correspondiente. Asimismo,
solicitó que se prorrogue el plazo ordenado en primera instancia, atendiendo las
vicisitudes que conlleva un cuerpo normativo de esta naturaleza.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad
con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de
la Ley 1437 de 20113, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del
21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que accedió a las pretensiones
de la demanda de cumplimiento. En ese sentido, se deben abordar los siguientes
planteamientos:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si
se cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, resolverá si:
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del
artículo 31 de la Ley 2294 de 2023, en el sentido de proferir la
reglamentación del Sinapyba?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii)
procedencia de la acción de cumplimiento, frente al ejercicio de la potestad
reglamentaria; y, (iv) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa
que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley
para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de
Ley o actos administrativos».
Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza
material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
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de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»4(Subraya fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)5.
b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia
esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción
que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
4 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera
quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el
actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible antes de instaurar la demanda.
En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha
señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”6.
A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con
el escrito inicial, se tiene que la actora el 27 de agosto de 2024 radicó ante las
accionadas escrito de constitución en renuencia.
El Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal fue creado en virtud del
artículo 31 de la ley 2294 de 2023, el cual consiste en el “conjunto de políticas,
orientaciones, normas, actividades, programas, instituciones y actores que
6 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
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permiten la protección y el bienestar animal, así como la implementación de la
política nacional de protección y bienestar animal.” Dada la importancia del sistema
el legislador estableció la siguiente obligación:
PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno nacional definirá la organización y el
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal en
un término de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Es importante resaltar que la ley 2294 de 2023 entró en vigencia el día 19 de mayo
de 2023 y fue publicada en el Diario Oficial No.52.400 de la misma fecha, por lo
cual el plazo para definir la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección y Bienestar Animal venció el 19 de mayo de 2024 sin que a la fecha
dicha obligación se haya cumplido
Asimismo, con base en el escrito de demanda y los medios de prueba aportados,
se tiene que a la fecha ninguna de las accionadas emitió una respuesta de fondo,
por lo que se encuentra superado el presupuesto respecto al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Frente al presidente de la República y el Departamento Nacional de Planeación,
basta indicar que la constitución en renuencia no era obligatoria, pues, como se
advierte del auto admisorio de la demanda, fueron vinculadas por el a quo a partir
de la aplicación del artículo 5 de la Ley 393 de 1997, que dispone, en lo pertinente,
lo siguiente: «En todo caso, el Juez de cumplimiento deberá notificar a la
autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir
con el deber omitido».
En ese sentido, no podría el juez de cumplimiento rechazar el mecanismo
constitucional, por la falta del citado requisito, cuando se tiene que la entidad fue
vinculada al proceso por orden judicial y no por el querer de la parte al momento
de formular su pretensión.
2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento
Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no
proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica
materializar una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la
parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el
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acatamiento del artículo 31 de la Ley 2294 de 2023; además, las disposiciones
son actualmente exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y su
cumplimiento, en principio, no implican el establecimiento de gastos no
presupuestados para la Administración.
Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección
de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que
torna procedente la acción de cumplimiento.
2.3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo7
Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo
idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria
cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen
ciertas condiciones.
La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia
de si se impuso término o no al efecto8 debido a que, como se explicará, la
ausencia de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia
que impida la procedencia de la acción de cumplimiento.
Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra
cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad
reglamentaria en determinadas materias.
Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime
necesarias a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas
se advierta la existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante
7 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-
23-41-000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-
23-33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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la expedición de decretos, resoluciones y órdenes9.
En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce
la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno Nacional a ejercer dicha atribución.
Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el Gobierno Nacional. Asimismo, es de
anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en
que se expida la reglamentación exigida por la ley.
Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella
impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de
contenido en los cuales deba surtirse.
Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio
al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.
Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad
reglamentaria no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la
acción de cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa
clase de disposiciones.
En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se
torna inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.
Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun
cuando en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.
9 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165,
y se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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2.5. Análisis del caso concreto
Como punto de partida, la Sala advierte que la impugnación formulada por el
Departamento Nacional de Planeación, en lo que tiene que ver con su falta de
legitimación en la causa por pasiva, tiene vocación de éxito. Al respecto, se debe
tener en cuenta el inciso 1 del artículo 5 de la Ley 393 de 1997, que dispone lo
siguiente:
La Acción de Cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el
cumplimiento de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo.
En ese sentido, la disposición legal invocada por la demandante, esto es el
artículo 31 de la Ley 2294 de 2023 indica:
LEY 2294 DE 2023
(mayo 19)
por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”.
Artículo 31. Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba).
Créese el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), como el
conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, programas, instituciones
y actores que permiten la protección y el bienestar animal, así como la
implementación de la política nacional de protección y bienestar animal.
El Sinapyba estará integrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección
Social, el Ministerio de Transporte, y el Departamento Nacional de Planeación.
Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a las disponibilidades
presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional definirá la organización y el funcionamiento del
Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal en un término de un (1) año
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, bajo el liderazgo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
[…] Énfasis de la Sala
Si bien es cierto que el Departamento Nacional de Planeación hará parte del
Sinapyba, la norma es clara en indicar que la reglamentación que determine la
estructura y funciones de éste, se encuentra en cabeza del Gobierno nacional a
través de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rular y Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Es decir, en otros términos, el Departamento Nacional de Planeación no es la
autoridad que goza de legitimación en la causa por pasiva, bajo el entendido que
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no es la dependencia llamada a la producción del acto administrativo que
materialice la obligación dispuesta en el citado artículo.
Ahora bien, por otro lado, se remembra que la finalidad de la acción de
cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial
competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un acto
administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
“imperativo e inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos
imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó
su postura de la siguiente manera10:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de
las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución
sea posible de realizar»11.
Para la Sala resulta irrefutable que el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 2294
de 2023 estableció a cargo del Gobierno nacional, por conducto del presidente de
la República y de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rular y Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a quienes se les encargó proferir la reglamentación
pertinente para materializar el Sinapyba.
10Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-
000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del
Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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En este punto, vale la pena mencionar que no se desconocen los esfuerzos
adelantados por las accionadas encaminados a lograr la reglamentación
ordenada por el legislador, tales como las mesas de trabajo, el borrador de
proyecto, el espacio de discusión de éste, entre otros.
No obstante, lo anterior, la Sala considera, que a pesar de que se han adelantado
gestiones tendientes al cumplimiento demandado, resulta evidente que aún
subsiste el incumplimiento respecto a la disposición invocada.
En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en
sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…] el deber de
cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la
autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el
incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia
del juez para juzgar en el caso concreto. […]». (Subraya la Sala).
Finalmente, en atención a la solicitud realizada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, coadyuvada por el presidente de la República, enfilada a
la ampliación del plazo concedido en la sentencia de primera instancia, la Sala
estima procedente lo anterior y, en consecuencia, concederá un término de seis
meses computados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 3 de la sentencia del 21 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, en el sentido de declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Departamento Nacional de Planeación y, como
consecuencia de ello, negar las pretensiones de la demanda frente a esta entidad.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 4 de la sentencia del 21 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, en el sentido que el término con el que cuenta el presidente de la
República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para proferir la reglamentación del Sinapyba es de
seis (6) meses computados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: En todo lo demás se CONFIRMA la decisión de primera instancia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
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Ley 393 de 1997.
QUINTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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