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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00382-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00382-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 1 de julio de 2025, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Declarar que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia incumplió el artículo 2.2.1.11.2.1.4 del Decreto 1209 de 2024 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen. 16 Entre otras muchas sentencias de segunda instancia dictadas en los radicados: 25000-23-41-000- 2024-01762-01 MP. Gloria María Gómez Montoya, 25000-23-41-000-2024-00305-01 MP. Omar Joaquín Barreto Suárez y 25000-23-41-000-2015-00789-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00382-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

31 de julio de 2025

Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro
Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00382-01
Demandante: LUIS DEIZER LEDEZMA Y OTROS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA Y OTRO

Tema: Revoca sentencia – ordena cumplimiento

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 1 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Luis Deizer
Ledezma, Dayruve Antonia Melean Morillo, Daianna Reyes Poveda, Sebastián
Alejandro Leal Oliveros, Jennifer Andreina Acevedo Sequera, Alixa Anabel
Peña Vásquez, Carmen Yadira González Rivas, Sergio Rodríguez Núñez y
Armando Umaña Cortes presentaron acción de cumplimiento contra el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia - UAEMC - con el fin de que diera cumplimiento a lo
establecido en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5., 2.2.1.11.2.1.10. y
3° del Decreto 1209 de 20241 y cuyas pretensiones, en esencia, buscan lo
siguiente:

PRIMERO. Se ordene y garantice el cumplimiento efectivo del Decreto 1209 de
2024 y de sus artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5, 2.2.1.11.2.1.10 y 3.

1 Por el cual se sustituye el artículo 2.2.1.11.2.5. y se adiciona la Subsección 1 en la Sección 2 del

Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1067 de 2015 para
crear y regular el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales o custodios de niñas,
niños y adolescentes (PEP-TUTOR).

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Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro
Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

SEGUNDO. Se ordene a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
emitir acto administrativo donde se establezcan mecanismos y condiciones para
la expedición y vigencia del permiso.

TERCERO. Que dicho acto administrativo se haga público por medios oficiales
de difusión y que exista un acceso directo al trámite a través de los canales
oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.

2. Como consecuencia, solicitó que ordene a la UAEMC proceder a proferir el
acto administrativo donde se establezcan mecanismos y condiciones para la
expedición y vigencia del permiso PEP-TUTOR.

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente2:

4. La parte actora manifestó que el Decreto 1209 de 2024 fue expedido el 26
de septiembre de 2024 y entró en vigor a partir de su promulgación; no
obstante, no se han implementado las medidas necesarias para hacer efectivo
el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o
Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), así como la falta de
reglamentación y habilitación del sistema para la recepción de solicitudes,
pese a que debía realizarse su implementación en el término de 3 meses
siguientes a la publicación.

5. Indicaron que actualmente las personas de nacionalidad venezolana
quieren regularizar su estatus migratorio en el territorio nacional, con el fin de
acceder a los servicios básicos y obtener la garantía de los derechos
fundamentales, pues pese a tener los requisitos para el PEP-TUTOR, no han
podido iniciar el trámite por obstáculos y desconocimiento de la administración.

6. Agregaron que, el 16 de abril de 2025, elevaron derecho de petición a la
Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la UAEMC, pidiendo el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5. y
3° del Decreto 1209 de 2024, sin que hasta el momento se haya obtenido
respuesta.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

7. Mediante providencia del 5 de junio de 20253, el magistrado sustanciador
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó
la notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la UAEMC 4.

2 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones

sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
3 Índice 00003 de Samai. Expediente del Tribunal.
4 Al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali le correspondió por reparto el asunto, y por

auto del 20 de mayo de 2025 ordenó remitir por competencia el asunto de la referencia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

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4. Contestación de la demanda

8. El Ministerio de Relaciones Exteriores contestó la demanda oponiéndose a
las pretensiones y señaló que, si bien se expidió el Decreto 1209 del 26 de
septiembre de 2024 y se creó el Permiso Especial de Permanencia para
Representantes Legales o Custodios de niños, niñas y adolescentes (PEP-
TUR), lo cierto es que no existe un plazo fijado de implementación de tres
meses.

9. Dijo que la norma contenida en el artículo 2.2.1.11.2.1.10 del citado Decreto,
indicaba que la implementación del PEP-TUR, sería de manera progresiva y
no como indica el actor.

10. Asimismo, afirmó que no existen pruebas que logren determinar trabas
administrativas por parte de la entidad, pues si bien existió un derecho de
petición del 16 de abril de 2025 solicitando el cumplimiento del Decreto 1209
del 26 de septiembre de 2024, el Ministerio lo remitió por competencia a
Migración Colombia e informando al usuario de su traslado, no configurándose
la renuencia.

11. Manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues el
Ministerio no tiene competencia para expedir ni implementar el PEP-TUTOR,
dado que la misma recae sobre la UAEMC, de conformidad con lo dispuesto
en los Decretos 4062 de 2011 y 1209 del 26 de septiembre de 2024.

12. Pidió que se tuvieran en cuenta las gestiones administrativas realizadas
por Migración Colombia, de conformidad con el Decreto, del cual se ha dado
cumplimiento progresivo en la implementación del PEP-TUTOR, consistentes
en:

1) Se llevó a cabo la publicación del proyecto de resolución para la
implementación del trámite del PEP TUTOR y el link.
2) La Publicación del proyecto de resolución sobre el sistema y método
para la determinación de costos y su link.
3) Jornadas de revisión técnica en el acompañamiento de función pública,
las cuales concluyeron con la aprobación formal del trámite el 16 de mayo
de 2025.
4) Actualmente la UAEMC, se encuentra adelantando las acciones
tecnológicas para realizar su habilitación.

13. Por su parte, la UAEMC se opuso también a la prosperidad de las
pretensiones y añadió que carecen de fundamentos facticos y jurídicos,
resultando improcedente la acción interpuesta.

14. Señaló que el Decreto 1209 de 2024 establece una implementación
progresiva del PEP-TUTOR, sujeta a disponibilidad presupuestal, lo que hace
improcedente la acción de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9° de la Ley 393 de 1997.

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15. Manifestó que los aquí actores interpusieron acción de tutela sin informar
de ello en el escrito de demanda, configurándose la mala fe y vulnerando el
principio de non bis in ídem, contraviniendo en igual sentido lo dispuesto en el
artículo 9° de la Ley 393 de 1997, por existir otro medio judicial.

16. Señaló que, la entidad dio respuesta a la petición el 23 de abril de 2025,
reenviándola nuevamente el 9 de junio de 2025, sin que pueda configurarse la
renuencia, pues ha desarrollado gestiones como:

• Publicación del proyecto de resolución.
• Recepción de 207 observaciones ciudadanas.
• Jornadas técnicas con Función Pública.
• Aprobación formal del trámite el 16 de mayo de 2025.
• Desarrollo de sistemas tecnológicos y capacitación de personal.

17. Agregó el concepto emitido por la Subdirección de Extranjería de la
UAEMC, que señaló que «la implementación del PEP-TUTOR, creado
mediante el Decreto 1209 de 2024, requiere una coordinación interinstitucional
y el cumplimiento de un proceso técnico y administrativo complejo, lo que
justifica su implementación gradual. La naturaleza del trámite implica la
interacción entre múltiples áreas funcionales y la adopción de herramientas
tecnológicas e instrumentos normativos que aseguren su correcta operatividad
y accesibilidad para la población destinataria (…)».

18. En cuanto a la implementación del PEP-TUTOR, informó que, culminado
el proceso de implementación progresiva, se comunicará oportunamente a
toda la población interesada, a través de sus canales oficiales, la apertura y
condiciones del trámite a realizar o bien acudir al régimen ordinario de visas,
si se quiere permanecer legalmente en Colombia.

5. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia del
1 de julio de 2025, estimó que la acción resulta improcedente al considerar
que, la implementación de los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5.,
2.2.1.11.2.1.10. y 3° del decreto 1209 de 2024, por parte de las entidades
accionadas, consagra un gasto público.

20. El Tribunal sostuvo que la competencia para cumplir lo dispuesto en las
normas que aquí se invocan recae sobre la UAEMC. Esto, por cuanto al tenor
del artículo 2.2.1.11.2.1.4 del Decreto 1209 de 2024, la expedición del Permiso
Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas,
niños y adolescentes (PEP-TUTOR) está únicamente a su cargo.

21. Indicó que, la entidad accionada ha desarrollado labores como encuestas,
además del proyecto de Resolución para la implementación del referido
permiso, para lo cual requiere de la destinación de recursos públicos, tal y
como logró observarse en el proyecto de Resolución del 12 de agosto de 2024.

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22. Destacó que el artículo 2.2.1.11.2.1.10, determina la implementación del
permiso de manera gradual, cuando se asegure «la disponibilidad de
recursos», y que en la misma norma se evidencia que la entidad podrá «llevar
a cabo pruebas y jornadas piloto, para ajustar progresivamente sus sistemas
técnicos, tecnológicos y operativos», lo cual se advirtió, también ha sido
cumplido en el caso sub examine, de acuerdo con los informes allegados y
visibles en el índice 12 del aplicativo SAMAI.

23. No desconoció los argumentos expuestos por la parte accionante, en
cuanto a que la presente acción constitucional pretende la implementación del
PEP-TUTOR, a través de un acto administrativo y las acciones conducentes a
su efectividad; sin embargo, no pasó por alto el hecho de que, las normas
objeto de cumplimiento, consagran un gasto público para la parte accionada,
el cual se ve reflejado en las acciones tendientes a ello, pues esto implica
habilitar puntos de atención, logística de distribución de documentos, entre
otros.

24. En relación con la cosa juzgada y la temeridad, el Tribunal sostuvo que no
se configuró, por cuanto la acción de tutela que interpusieron los actores
buscaba la defensa al derecho fundamental de petición y, en la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Cali, se declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, al darse contestación al
mismo.

6. La impugnación5

25. La parte accionante precisó que la acción de cumplimiento en el presente
caso sí es procedente, en tanto no se solicita la ejecución directa de una
partida presupuestal ni una orden de gasto, sino la materialización de un deber
jurídico claro, imperativo y exigible, contenido en el Decreto 1209 de 2024, el
cual establece un plazo máximo de tres meses para que Migración Colombia
habilite el Permiso Especial de Permanencia (PEP-TUTOR).

26. Afirmó que la norma invocada no requiere una ejecución presupuestal
inmediata, sino que ordena a la entidad administrativa competente la
expedición de un acto administrativo que viabilice el trámite, para lo cual
Migración Colombia ya ha realizado actividades preliminares, como
publicación de proyectos, recepción de observaciones ciudadanas y jornadas
técnicas. Esto demuestra que el cumplimiento ya ha iniciado, lo cual invalida
el argumento de improcedencia por gasto.

27. Sostuvo que el Decreto 1209 de 2024 no crea erogación alguna, sino que
impone obligaciones administrativas que deben cumplirse con los medios
ordinarios de la administración. Por tanto, no puede considerarse que se esté

5 La sentencia del 14 de mayo de 2025 por correo electrónico el 20 de mayo de 2025, y el escrito de

impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 26 de mayo de 2025, término que se encuentra
oportuno.

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ante una norma que «establece gastos» en los términos del artículo 9 de la
Ley 393.

28. Sostuvo que, si bien el artículo 2.2.1.11.2.1.10 del Decreto 1209 introduce
una cláusula de progresividad, esta no habilita a la administración para dilatar
indefinidamente su obligación legal, mucho menos cuando ya ha transcurrido
el plazo de tres meses otorgado para la implementación. La progresividad
debe estar acompañada de acciones verificables, cronogramas públicos y
resultados concretos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

29. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 1 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, según lo dispuesto en los artículos 1506 y 1527 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado8.

2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 1 de julio de
2025, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para lo cual
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de las entidades
demandadas de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393
de 1997?

31. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse:

(ii) ¿El precepto enunciado como incumplido consagra un gasto público para
su implementación?

¿La norma demandada como incumplida contiene un mandato imperativo
e inobjetable que deba ser cumplido por las entidades demandadas?

6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
7 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones

contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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3. Generalidades de la acción de cumplimiento

32. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

33. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].

34. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

35. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

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4. La constitución de la renuencia

36. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

37. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

38. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»10.

39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano11.

40. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

42. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
copia del correo electrónico dirigido al Ministerio de Relaciones Exterior, el 16
de abril de 2025; pero, no adjuntó copia del contenido del mismo.

43. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la contestación de
la demanda, sostuvo que remitió el correo electrónico a la UAEMC, el 17 de
abril de 2025, a través del cual se requería el cumplimiento de las normas que

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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hoy se demanda como incumplidas, y copió su contenido, que corresponde al
siguiente:

44. En el expediente solo hay prueba de que la UAEMC dio respuesta el 23 de
abril y reiterada el 9 de junio de 2025; sin embargo, solo se aportó la constancia
de envío de la contestación más no su contenido, de conformidad con la
siguiente prueba allegada por la entidad demandada:

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45. Por tanto, para la Sala, está acreditado el agotamiento del requisito de
procedibilidad de la acción en relación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la UAEMC respecto de los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5.,
2.2.1.11.2.1.10. y 3° del Decreto 1209 de 2024.

6. Procedencia de la acción

46. Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo,
salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para
el accionante.

47. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes, los actores pretenden
que, a través de este mecanismo constitucional, la UAEMC proceda a expedir
el acto administrativo que defina los demás mecanismos y condiciones
específicas para el desarrollo y la implementación del PEP-TUTOR, de

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conformidad con loa establecido en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5.,
2.2.1.11.2.1.10. y 3° del Decreto 1209 de 2024;

ARTÍCULO 2.2.1.11.2.1.4 Expedición. La expedición del Permiso Especial de
Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y
adolescentes (PEP-TUTOR), estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, quien definirá mediante acto administrativo los demás
mecanismos y condiciones específicas para su desarrollo e implementación.

PARÁGRAFO. El cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para
acceder al Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o
Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR) no es garantía de su
otorgamiento, lo cual obedece a la facultad discrecional y potestativa del Estado
colombiano a través de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
como autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y de extranjería.

ARTÍCULO 2.2.1.11.2.1.5. Vigencia del permiso. El Permiso Especial de
Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y
adolescentes (PEP-TUTOR) se otorgará con vigencia hasta el 30 de mayo de
2031 y no será prorrogable.

El PEP-TUTOR estará disponible para la entrega al migrante venezolano en los
puntos de atención definidos por la Autoridad Migratoria. En todo caso, el titular
del PEP- TUTOR tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para reclamarlo una
vez haya sido expedido, En caso de no reclamarse en este período, el documento
perderá vigencia automáticamente.

PARÁGRAFO 1. Previo a la terminación de la vigencia del Permiso Especial de
Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y
adolescentes (PEP-TUTOR), el migrante venezolano que desee permanecer en
el territorio colombiano deberá tramitar y obtener una visa expedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los requisitos contemplados en la Ley.

El Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios
de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR) contemplado en la presente
subsección permitirá al migrante venezolano acreditar su permanencia en
Colombia para efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a la
Visa Tipo R, en los términos y bajo las condiciones establecidas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores mediante acto administrativo.

El migrante venezolano que, a la fecha de terminación de la vigencia del Permiso
Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas,
niños y adolescentes (PEP-TUTOR), no hiciere el tránsito al régimen ordinario de
regularización migratoria y no cumpla con los requisitos para permanecer en el
territorio colombiano, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las
medidas administrativas migratorias sancionatorias a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2. Una vez el Permiso Especial de Permanencia para
Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-
TUTOR), pierda vigencia se procederá con su destrucción de acuerdo con el
procedimiento que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia para tal fin.

(…).

ARTÍCULO 2.2.1.11.2.1.10. Progresividad. El Permiso Especial de Permanencia
para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-
TUTOR) será implementado de manera gradual asegurando la disponibilidad de
recursos. Así mismo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

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podrá llevar a cabo pruebas y jornadas piloto, para ajustar progresivamente sus
sistemas técnicos, tecnológicos y operativos.

ARTÍCULO 3. Vigencia. El presente decreto modifica el artículo 2.2.1.11.2.5 y
adiciona la subsección 1 a la Sección 2, del Capítulo 11, del Título 1, de la Parte
2, del Libro 2, del Decreto 1067 de 2015, y entrará en vigor a partir de la fecha de
su publicación en el diario oficial y sus disposiciones serán ejecutables a partir de
los (3) meses siguientes a dicha fecha.

48. La Sala no advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de
defensa judicial para procurar por el cumplimiento de los preceptos que se pide
ordenar acatar, los que además son actualmente exigibles porque no están
derogados ni suspendidos.

49. Adicionalmente, la Sala observa que la pretensión de la demandante no
implica un gasto. En efecto, el argumento consistente en que no se cuenta con
recursos para la expedición del acto administrativo que defina los demás
mecanismos y condiciones específicas para el desarrollo y la implementación
del PEP-TUTOR, no conlleva la improcedencia de este medio de control, pues
la financiación es un asunto que la accionada debe resolver en ejercicio de su
facultad de reglamentación, pero no justifica la inexistencia del acto
administrativo y su expedición no implica un gasto para la administración.

50. Como consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el argumento de
las autoridades accionadas y, en ese sentido se revocará el fallo de primera
instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones, como pasa a
explicarse.

7. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

51. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de
una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87
constitucional. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar
ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen
prescripciones que se caracterizan como deberes.

52. Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos
imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia
precisó su postura de la siguiente manera12:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir
en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces

12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien
estatuyo en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona
solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los
actos administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las
omisiones de las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan
funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o material,
legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»13.

53. El fondo del problema jurídico a resolver en esta oportunidad se contrae
a determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la orden de la
primera instancia. Al respecto, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia
actualmente vigente, en materia de cumplimiento, ha determinado que la
acción constitucional sí es el mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador ha impuesto este deber, siempre
y cuando se materialicen ciertas condiciones.

54. La acción de cumplimiento procede para ordenar su ejercicio, en todos
los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de
reglamentar determinada materia, con independencia de si se impuso
término o no al efecto14 debido a que, como se explicará, la ausencia de un
lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

55. Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las
funciones legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede
imponer una serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público,
con el objetivo de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de
ello se encuentra cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de
reglamentar determinadas materias.

56. Ahora bien, dicho mandato se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través
de la cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime
necesarias a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de
ellas se advierta la existencia de aspectos que deben precisarse o
ahondarse mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes15.

57. En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir
cuándo ejerce la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No
obstante, y como se anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación

13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado

social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
14 Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-

33-000-2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 25000-23-
41-000-2024-00766-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
15 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en
sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo
Chavarro Buriticá.

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del principio de colaboración armónica, es quien compele al Gobierno
nacional a ejercer dicha atribución.

58. Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que
solo pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y
expedida por un experto que usualmente se encuentra en el Gobierno
nacional. Asimismo, es de anotar que algunas normas solo pueden alcanzar
su efecto útil en la medida en que se expida la reglamentación exigida por la
ley.

59. Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de
la discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que
aquella impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los
parámetros de contenido en los cuales deba surtirse.

60. Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al
Gobierno nacional o a los diferentes órganos del poder público para que
procedan a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio al
respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar. Esto es así,
porque la ausencia de un término no significa que aquel mandato no sea
exigible, razón por la cual la acción de cumplimiento sí es procedente para
solicitar la materialización de esa clase de disposiciones.

61. En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo
para ejercer la potestad reglamentaria deriva en que el mandato
contemplado en la ley se torna inane, inexistente o carente de exigencia,
cuando lo cierto es que aquel es plenamente exigible.

62. En el caso concreto, los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5.,
2.2.1.11.2.1.10. y 3° del Decreto 1209 de 2024 contienen el deber, a cargo de
la UAEMC, de definir mediante acto administrativo los demás mecanismos y
condiciones específicas para el desarrollo e implementación del permiso PEP-
TUTOR reglamentado en el Decreto demandado como incumplido.

63. Si bien las disposiciones establecen la implementación de forma
progresiva y asegurando la disponibilidad de recursos, es precisamente el
aseguramiento de esos recursos y la implementación progresiva lo que le
corresponde definir a la administración a través del acto administrativo, en el
cual puede incluso comprometer vigencias futuras para proceder con la
implementación del permiso PEP-TUTOR.

64. Ahora, la norma no establece un término específico para la expedición de
dicho acto administrativo; sin embargo, jurisprudencialmente se ha
considerado un término de seis meses como razonable para cumplir este tipo

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de deberes16; es decir, como límite para que se materialice la orden judicial;
adicionalmente, la demandada acreditó la existencia del proyecto de un acto
administrativo que desarrolla lo dispuesto por el legislador.

65. La UAEMC en la contestación de la demanda señaló que ha adelantado
actuaciones para cumplir su deber. Al respecto, la Sala no desconoce el
esfuerzo de la entidad; sin embargo, debe recordarse que, en materia de
acción de cumplimiento, en sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional
indicó que: «[…] el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo
no admite gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple, y
naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que
debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para
juzgar en el caso concreto. […]». (Subraya la Sala).

66. Como consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda y ordenar, a la UAEMC que, en un término de
6 meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, proceda a emitir
el acto administrativo de que trata el artículo 2.2.1.11.2.1.4. del Decreto 1209
de 2024.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 1 de julio de 2025, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la improcedencia de la acción
de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Declarar que la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia incumplió el artículo 2.2.1.11.2.1.4 del Decreto 1209 de 2024 expedido
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

16 Entre otras muchas sentencias de segunda instancia dictadas en los radicados: 25000-23-41-000-

2024-01762-01 MP. Gloria María Gómez Montoya, 25000-23-41-000-2024-00305-01 MP. Omar Joaquín
Barreto Suárez y 25000-23-41-000-2015-00789-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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