Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2025-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2025-00035-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de junio de 2025
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C. cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Tema: Modifica orden de cumplimiento: facultad reglamentaria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional
contra la sentencia de 3 de abril de 2025, y su complementaria del día 10 siguiente,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare accedió a las
pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Ángel Daniel
Burgos demandó a los Ministerios de Educación Nacional y Transporte por el
presunto incumplimiento del artículo 6.º de la Ley 2222 de 2022, con el fin de que
ejerzan la facultad reglamentaria. En la demanda se solicitó lo siguiente: «[…] al no
existir a la fecha la reglamentación de trata el parágrafo del Artículo 56 de la ley
769 de 2002, es procedente solicitar de la autoridad judicial se ordene su
cumplimiento por parte de los Ministerios de Educación Nacional y del Ministerio de
Transporte, en quienes la ley depositó tal responsabilidad [1]».
2. Hechos
2.1. La parte actora señaló que la Ley 2222 de 2022 promovió el uso de la bici
segura y sin accidentes, estableció la obligatoriedad de la enseñanza en educación
vial, en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, con énfasis
especial en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al relacionarse en el espacio
público, con especial atención en el uso adecuado, responsable y seguro de la
bicicleta y otros medios de movilidad.
No obstante, a la fecha, las accionadas no han expedido la reglamentación para su
cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.º de la mencionada Ley;
1 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
como ejemplo, el actor sostuvo que en la ciudad de Yopal no se ha implementado
la enseñanza obligatoria de la educación vial, pese a que en la práctica se realizan,
regularmente, charlas a la salida y entrada de instituciones educativas, pero sin
establecerse el cumplimiento de la enseñanza obligatoria de la educación vial.
2.2. El 13 de enero de 2025, el extremo actor requirió a los Ministerios de
Educación Nacional y Transporte el cumplimiento del deber legal en los términos
del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, con el fin de que acataran el artículo 6.º de la
Ley 2222 de 2022, correspondiente a reglamentar sobre la obligatoriedad de la
enseñanza de la educación vial.
2.3. El Ministerio de Educación Nacional le indicó al actor que no hace falta
reglamentación de la enseñanza obligatoria de la educación vial, pues ya existe un
marco normativo que conmina a las instituciones educativas a impartir dichos
conocimientos entre los educandos.
2.4. Por su parte, el Ministerio de Transporte respondió que existen documentos
elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y que sobre los mismos ha
existido coordinación para su implementación por parte de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
3. Admisión de la demanda
En auto de 7 de marzo de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Casanare admitió la demanda y ordenó notificar a los Ministerios de Educación
Nacional y Transporte, así como a la Procuraduría General de la Nación.
4. Informes
4.1. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a la prosperidad de la acción
de cumplimiento, sostuvo que ha acatado con las obligaciones sobre enseñanza
obligatoria de educación vial conforme a las leyes vigentes (Ley 1503 de 2011, Ley
2222 de 2022 y Ley 115 de 1994). Afirmó que ha desarrollado orientaciones
pedagógicas específicas: ej. Saber Moverse, y que estas guías contemplan un
currículo transversal, adaptado por cada institución educativa en ejercicio de su
autonomía institucional. Recalcó que la ley no exige una asignatura específica de
educación vial, sino que ordena integrar esta enseñanza en los proyectos
educativos institucionales bajo la supervisión de las secretarías de educación
territoriales.
En consecuencia, el Ministerio argumentó que reglamentar específicamente cómo
cada institución debe implementar la educación vial podría afectar la autonomía
institucional garantizada constitucionalmente. Por lo anterior, solicitó desestimar la
acción de cumplimiento al considerar que no ha incumplido con la norma, debido a
que las herramientas pedagógicas necesarias ya han sido entregadas a las
instituciones educativas, y corresponde a estas últimas su ejecución efectiva.
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
4.2. El Ministerio de Transporte guardó silencio, pese a que fue debidamente
notificado como consta en el índice 9 de SAMAI del trámite de primera instancia.
4.3. El Ministerio Público señaló que las normas invocadas en la demanda
contienen un mandato imperativo sobre la enseñanza obligatoria en educación vial,
cuya reglamentación corresponde claramente a los Ministerios de Educación
Nacional y Transporte, los cuales han incumplido a pesar de haber transcurrido
más de dos años desde su vigencia. Además, indicó que aunque los Ministerios
han expedido guías y materiales didácticos sobre el tema, estos no reemplazan la
reglamentación formal exigida por la ley, por lo cual solicitó que se ordene
expresamente a dichas entidades expedir la reglamentación requerida, destacando
además que dicha acción no implica una erogación presupuestal adicional.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 3 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare accedió a las
pretensiones de la demanda. Al respecto, advirtió la existencia del deber de
reglamentación a cargo de las accionadas, a partir del contenido del artículo 6.º de la
Ley 2222 de 2022; mandato que encontró desatendido y, en consecuencia, impuso
su acatamiento en el término de seis meses siguientes a la notificación de esa
providencia.
La mencionada sentencia fue objeto de adición oficiosa el 10 de abril de 2025 y, por
tanto, adicionalmente, se impartieron las siguientes órdenes:
PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Ministerio de Transporte, conforme a los argumentos
anteriormente expuestos.
SEGUNDO: Ordenar al Ministro de Educación Nacional y al Ministro de Transporte, que
dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, cumplan lo
dispuesto en el parágrafo del Artículo 6° de la Ley 2222 de 2022, en cuanto a expedir la
reglamentación ordenada en dicha disposición, de conforme a la parte motiva de esta
sentencia.
6. Impugnación
El Ministerio de Educación Nacional impugnó la decisión del a quo, insiste en que
no existe incumplimiento ni vacío regulatorio, pues la Ley 115 de 1994, modificada
por la Ley 1503 de 2011, ya contempla la obligatoriedad de la educación vial como
proyecto pedagógico integrado al currículo escolar y bajo la autonomía institucional.
Además, mencionó que, en 2025, el Ministerio de Transporte desarrolló el
Programa Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta, ha emitido circulares y otras
orientaciones específicas.
Enfatizó en la autonomía escolar establecida en la Ley 115 de 1994, según la cual,
se permite a las instituciones educativas desarrollar la enseñanza en seguridad vial
de manera flexible, sin necesidad de reglamentación adicional específica mediante
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
decreto. Aseguró que existe suficiente regulación vigente, y advierte que una
reglamentación adicional implicaría duplicidad normativa innecesaria y contraria al
principio de economía procesal.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia del Tribunal, al considerar que se ha
cumplido sustancialmente con lo exigido por la ley y que, en consecuencia, no hay
renuencia en la actuación administrativa, dado que ya se están aplicando
mecanismos efectivos para implementar la educación vial según la normativa
vigente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 3
de abril de 2025 del Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 3
de abril de 2025. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
¿El artículo 6.º de la Ley 2222 de 2022 contiene un deber imperativo, expreso y
exigible a cargo de las demandadas y que sea exigible a través de este medio de
control?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
4
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda escritos de 13 de
enero de 2025, en los que pidió a los Ministerios demandados el obedecimiento del
artículo 6.º de la Ley 2222 de 2022.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que las respuestas de las carteras
demandadas son contrarias al querer del ciudadano. Por tanto, se pasará al estudio
de procedencia de este medio de control.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición legal incumplida el artículo 6.º de la Ley 2222 de 2022 que dispone lo
siguiente:
LEY 2222 DE 2022
(junio 30)
por medio de la cual se promueve el uso de la “bici” segura y sin accidentes
[…]
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 56 de la Ley 769 de 2002, modificado por el
artículo 9° de la Ley 1503 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza. Se establece como obligatoria, en la
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, la enseñanza en
educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y propósitos
señalados en la presente ley, con énfasis especial en las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes al relacionarse en el espacio público, con especial atención de los ciclistas,
a fin de que se promueva el desarrollo de las competencias necesarias en la
educación vial, para el uso adecuado, responsable y seguro de la bicicleta y otros
medios de movilidad.
Parágrafo. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, expedirán la
reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
[…]
De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
caso, dado que la disposición transcrita no ha sido derogada por el legislador o
declarada inexequible por parte de la jurisdicción.
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala no advierte que la parte demandante cuente
con otro mecanismo de defensa judicial, pues lo pretendido es el ejercicio de la
facultad reglamentaria por parte de los Ministerios de Educación Nacional y de
Transporte; tampoco se evidencia que lo procurado pueda ser discutido vía acción
de tutela, ni que el cumplimiento de la norma que se pide acatar implique un gasto
no presupuestado, pues se pretende la materialización de una obligación de hacer,
asunto que no implica la erogación de presupuesto sino la expedición de una acto
administrativo. En consecuencia, se procederá al estudio del fondo del asunto.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
deberes.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera16:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»17.
El fondo del problema jurídico a resolver en esta oportunidad se contrae a
determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la orden de la primera
instancia. Al respecto, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-
00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
17 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social
de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
vigente, en materia de cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional
sí es el mecanismo idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.
La acción de cumplimiento procede para ordenar su ejercicio, en todos los casos
en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de reglamentar
determinada materia, con independencia de si se impuso término o no al efecto18
debido a que, como se explicará, la ausencia de un lapso específico no puede
entenderse como una circunstancia que impida la procedencia de la acción de
cumplimiento.
Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra
cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de reglamentar determinadas
materias.
Ahora bien, dicho mandato se ha entendido como el ejercicio de la atribución
contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través de la cual el
poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias a fin
de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes19.
En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce
la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de
colaboración armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha
atribución.
Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de
anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en
que se expida la reglamentación exigida por la ley.
Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que
18
Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-
2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 25000-23-41-000-2024-
00766-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
19 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6
de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
aquella impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de
contenido en los cuales deba surtirse.
Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional o a los diferentes órganos del poder público para que procedan a hacer
la respectiva reglamentación o guardar silencio al respecto, y únicamente
establecer el deber de reglamentar. Esto es así, porque la ausencia de un
término no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la
acción de cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa
clase de disposiciones.
En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria deriva en que el mandato contemplado en la ley se
torna inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.
En el caso concreto, el artículo 6.º de la Ley 2222 de 2022 contiene el deber de
reglamentación a cargo de los dos Ministerios demandados, tal y como lo concluyó
la primera instancia. Como se observa esta disposición no está sometida a ninguna
condicionalidad ni se impuso término, por tanto, seis meses, luego de ejecutoriada
la sentencia de segunda instancia, es lo que jurisprudencialmente se ha
considerado como razonable tanto para cumplir este tipo de deberes20, así como
límite para que se materialice en sede judicial; adicionalmente, las demandadas no
acreditaron la existencia de un acto administrativo que desarrolle lo dispuesto por el
legislador.
La cartera de Educación en la impugnación insiste en que ha adelantado
actuaciones para cumplir su deber. Sin embargo, debe recordarse que, en materia
de acción de cumplimiento, en sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional
indicó que: «[…] el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no
admite gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no
cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe ser apreciado
dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso concreto.
[…]». (Subraya la Sala).
La Sala no desconoce las actuaciones e instrumentos que se informan se han
implementado para promover la enseñanza y el buen uso de la bicicleta, pero lo
cierto es que no se acreditó que, actualmente, existiera la regulación vigente que le
encomendó el legislador a dichos Ministerios, pese a que han transcurrido más de
2 años desde su exigibilidad.
En efecto, la impugnante se basa en documentos de carácter orientativo y
pedagógico, tales como las guías tituladas «Saber Moverse», el micrositio de la
20 Entreotras muchas sentencias de segunda instancia dictadas en los radicados: 25000-23-41-000-2024-
01762-01 MP. Gloria María Gómez Montoya, 25000-23-41-000-2024-00305-01 MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez y 25000-23-41-000-2015-00789-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
Escuela Virtual de Seguridad Vial, y menciona además la existencia del Decreto
1430 de 2022, relacionado con el Plan de Seguridad Vial 2022-2031. Sin embargo,
tales actuaciones en criterio de la Sala no constituyen la reglamentación específica
exigida pues no desarrollan la obligatoriedad de la enseñanza en educación vial.
Ahora bien, en cuanto al Programa Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta, que
informó la impugnante que desarrolló el Ministerio de Transporte en el año 2025,
verificado el Sistema Único de Información Normativa [SUIN], esta Sala constata
que el Decreto 402 de 3 de abril de 2025, no puede considerarse que desarrolle el
deber que le encomendó el legislador en la disposición que se estudia en esta
oportunidad por las siguientes razones:
El Decreto 204 de 2025, expedido el 3 de abril de 2025, tiene por objeto desarrollar
el artículo 254 de la Ley 2294 de 2023 cuyo fin es el de promover el uso de la
bicicleta en todo el territorio nacional, fortalecer la movilidad activa, segura y
sostenible de los ciudadanos que usan la bicicleta, ampliar la ciclo-infraestructura,
aportar a la creación de hábitos y estilos de vida saludable que mejoren la calidad
de vida de la población colombiana a través de la transformación de sus viajes
cotidianos, además de, fomentar la producción nacional de partes y ensamblaje de
bicicletas. Por su parte, el artículo 6.º tiene un espectro más amplio a pesar de que
se encuentre relacionado con el uso de las bicicletas, pues se encuentra dirigido a
que se desarrolle la obligatoriedad de la enseñanza de educación vial, del uso del
espacio público, con especial atención de los ciclistas e incluso otros medios de
movilidad.
Según da cuenta el acto administrativo mencionado, el Ministerio de Educación
Nacional no suscribió dicha reglamentación, esto es, no fue adoptado con la
participación de esa cartera, contrario a lo dispuesto en el artículo 6.º de la Ley
2222 de 2022.
Finalmente, la impugnante aludió que imponer la enseñanza vial, vía
reglamentación, iría en contra de la autonomía educativa. Sin embargo, se advierte
que dicho principio no es absoluto y, en todo caso, tal garantía deberá tenerla en
cuenta la Administración al momento de adoptar la reglamentación en ejercicio de
su facultad reglamentaria, pero ello no justifica la ausencia y omisión en su deber
legal. Igual consideración descarta la alegada transgresión del principio de
economía procesal, pues tampoco justifica la omisión en la materialización del
mandato que el legislador les impuso desde el año 2022.
Así las cosas, se impone modificar la sentencia impugnada. En mérito de lo
expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Modificar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de 3 de
13
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ángel Daniel Burgos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00035-01
abril de 2025, en el sentido de que el plazo otorgado para el cumplimiento de la
decisión judicial, 6 meses, se contarán a partir del día siguiente a la ejecutoria de
esta sentencia de segunda instancia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.