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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00807-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00807-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de 13 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero ampliando el plazo otorgado para el cumplimiento de la decisión judicial al de 8 meses, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, por las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conforme a lo expuesto en esta sentencia. TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00807-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de marzo de 2025

Demandante: Jamie McGregor Arango Castañeda
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00807-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00807-01
Demandante: Jamie McGregor Arango Castañeda
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Tema: Confirma orden de cumplimiento: facultad reglamentaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, en adelante DAPRE, y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en adelante Min. Vivienda, contra la sentencia de 13 de
diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Jamie
McGregor Arango Castañeda demandó al Min. Vivienda y al señor presidente de la
república por el presunto incumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 2037 de
2020, así como del artículo 50 de la Ley 2079 de 2021, con el fin de que ejerzan la
facultad reglamentaria. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

[…] Ordenar al Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la República y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dar cumplimiento a lo establecido en los
Artículos 3 y 4 de la Ley 2037 de 2020, en una plazo no superior a seis (6) meses.

2. Ordenar al Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la República y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 50 de la Ley 2079 de 2021, concretamente en cuanto a expedir la
reglamentación de los Artículos 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 40, 41,
53, 55, 56, 57 y 58 de la misma ley, en una plazo no superior a seis (6) meses. […] [1].

2. Hechos

2.1. La parte actora señaló que las Leyes 2037 de 2020 y 2079 de 2021 fueron
publicadas en el Diario Oficial el 27 de julio de 2020 y 14 de enero de 2021
respectivamente.

1 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.

1
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Demandante: Jamie McGregor Arango Castañeda
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00807-01

2.2. Asimismo, sostuvo que, en los artículos 3 y 4 de la Ley 2037 de 2020 y el
artículo 50 de la Ley 2079 de 2021, el legislador estableció las siguientes
obligaciones a cargo del Gobierno nacional:

• Reglamentar la implementación del inventario del espacio público;

• Fijar los lineamientos para las políticas de generación, recuperación,
aprovechamiento y sostenibilidad integral del espacio público, incluyendo las
labores de mantenimiento y conservación de las zonas cedidas;

• Determinar las políticas de generación, recuperación, aprovechamiento y
sostenibilidad integral del espacio público, incluyendo las labores de
mantenimiento y conservación de las zonas cedidas;

• Revisar las experiencias existentes en el manejo de información sobre espacio
público que sirva de base para orientar a municipios y distritos en la elaboración
del inventario;

• Implementar la metodología de medición de indicadores cuantitativos y
cualitativos de los espacios públicos.

2.3. El actor indicó que, si bien se expidió el Decreto 739 de 2021, aquel es una
reglamentación de los artículos 8, 13 y 18 de la Ley 2079 de 2021; por tanto, el 25
de abril de 2023, presentó solicitud de información a Min. Vivienda respecto de la
regulación de las Leyes 2037 de 2020 y 2079 de 2021. Sin embargo, la cartera
ministerial mencionada le indicó que no existía reglamentación porque la nueva
administración se encontraba en proceso de revisión de la agenda normativa.

2.4. El 29 de octubre y 19 de noviembre de 2023, el actor radicó ante el Min.
Vivienda y el señor presidente de la república, respectivamente, requerimientos de
constitución en renuencia respecto de las disposiciones invocadas en la demanda.
El presidente remitió por competencia la petición al Min. Vivienda y, según el
accionante, a la fecha no se ha expedido la respectiva reglamentación, razón por la
cual acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En auto de 27 de noviembre de 2024, el ponente del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó notificar al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al Min. Vivienda.

4. Informes

4.1. El DAPRE se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento. En ese
sentido, sostuvo que el Gobierno nacional ha realizado gestiones de
reglamentación. Informó que en la actualidad se encuentra en curso la revisión de

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todos los instrumentos normativos relacionados con la materia, como el título 3 de
la parte 2 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 739 de 2021. Explicó
que las autoridades de policía son las que ejercen la vigilancia y control del espacio
público, tal y como lo disponen los artículos 204 y siguientes de la Ley 1801 de
2016.

Indicó que en la modificación realizada por el artículo 40 de la Ley 2079 de 2021 se
definieron las condiciones para la administración, mantenimiento y
aprovechamiento económico sin señalar que el Gobierno nacional tuviera la
obligación de reglamentar algunos de los aspectos allí regulados.

Asimismo, señaló que, conforme al artículo 313 de la Constitución Política, los
literales a y b del numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 y la Ley 2079 de
2021, los municipios son los que en el marco de sus competencias reglamentarán
la materia de su territorio, sin que sea obligación del Gobierno nacional expedirla.

Por otra parte, argumentó que el Min. Vivienda tiene proyectada, para el año 2025,
la publicación de la resolución «por medio de la cual se establecen lineamientos
para orientar a municipios y distritos en la conformación del inventario general de
espacio público y en la reglamentación del aprovechamiento económico de los
bienes de uso público», frente al que no se han recibido observaciones de parte de
la ciudadanía.

Explicó que, mediante oficios del 17 de mayo de 2024, el Min. Vivienda dispuso
recaudar información de los entes territoriales, por lo que se requirió a la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, a la Asociación Colombiana de
Ciudades Intermedias y a la Federación Colombiana de Municipios, sobre la
manera en que los entes territoriales realizan el inventario del espacio público. No
obstante, no se ha obtenido respuesta y, por tanto, argumentó que se ha dificultado
la elaboración del instrumento normativo.

4.2. Min. Vivienda rindió informe en el que indicó que no ha incurrido en conductas
omisivas, pues, si bien a la fecha no se tiene una reglamentación, ha surtido
diversas actuaciones en procura de obtener los elementos y fundamentos fácticos y
jurídicos que permitan tramitar y expedir el acto reglamentario. En resumen, señaló
que las disposiciones invocadas contienen diversas condiciones y que no todos los
artículos referidos en la demanda son objeto de la facultad reglamentaría y, otros,
no son mandatos a su cargo sino de otras entidades como el Fondo Nacional del
Ahorro y el «Congreso».

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al respecto, advirtió la
existencia del deber de reglamentación a cargo del Gobierno nacional, a partir del
contenido de los artículos 4.º de la Ley 2037 de 2020 y 50 de la Ley 2079 de 2021;

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mandato que encontró desatendido. En cuanto al artículo 3.º de la Ley 2037 de 2020,
concluyó que no había un incumplimiento porque «el deber del Gobierno Nacional
inicia cuando los entes territoriales realicen el respectivo inventario de espacio
público dentro de sus jurisdicciones». El tenor literal de la parte resolutiva es el
siguiente:

[…]
PRIMERO: ORDENAR a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA por conducto el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(DAPRE) y al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD y TERRITORIO, que, en el marco
de sus funciones, en el término improrrogable de seis (06) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia, realicen las gestiones eficientes para realizar la
reglamentación de los artículos 4 de la Ley 2037 de 2020 y 4, 7, 9, 10, 11, 15, 21, 23,
24, 25, 27, 53, 57 y 58 de la Ley 2079 de 2021, conforme las consideraciones
expuestas.
[…]

6. Impugnaciones

El DAPRE y Min. Vivienda impugnaron la decisión del a quo, respectivamente,
reiteraron argumentos de sus contestaciones y señalaron no existe obligación de
reglamentación a su cargo, que el artículo 4.º de la Ley 2037 de 2020 contiene el
verbo rector «implementar», término que, conforme a Real Academia de la Lengua
Española, significa «[p]oner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc.,
para llevar algo a cabo». A su juicio, el mandato de la norma consiste en poner en
funcionamiento o aplicar métodos y/o medidas respecto de los indicadores de
espacio público.

En otras palabras, estiman que la obligación consiste en brindar asistencia técnica
por parte del Min. Vivienda a los municipios, pues tales entes territoriales son los
competentes para emitir la reglamentación de los usos del suelo, conforme a los
artículos 1.º, 287 y 313 constitucionales y 29 de la Ley 1454 de 2011. Explicaron
que a la fecha no hay solicitudes de los municipios, por ende, considera que la
reglamentación no se puede hacer de manera genérica para todo el país.

Por otro lado, indicaron que sí existe reglamentación sobre el tema, a saber: los
artículos 2.2.3.2.3, 2.2.3.2.4, 2.2.3.2.5 y 2.2.3.2.6 del Decreto 1077 de 2015
atinentes al sector vivienda, ciudad y territorio y que contiene regulación
relacionada con el espacio público. En cuanto a la reglamentación de los artículos
21, 23 y 25 de la Ley 2079 de 2021, indicaron que se expidió la Resolución 0410
del 2 de agosto de 2021. Sin embargo, alegaron que la primera instancia no tuvo
en cuenta dichos actos administrativos ni las gestiones que han adelantado para
emitir la reglamentación completa.

En síntesis, consideran que la argumentación que hicieron no fue atendida
totalmente, que existe omisión legislativa y que para cada una de las normas debe
analizarse la materia que regula, la entidad a cargo de dicha materia y si existen
normas que la regulan. En todo caso, pidieron que, en caso de mantener la orden

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de cumplimiento, se amplie el plazo otorgado por el a quo; lo anterior, ante la
complejidad de la materia a reglamentar, para coordinar de mejor forma la
recolección de la información con los entes territoriales y poder generar de forma
completa la reglamentación solicitada.

7. Trámite en segunda instancia

7.1. En auto de 5 de febrero de 2025, el ponente de este asunto en segunda
instancia advirtió que del contenido de las disposiciones invocadas se encontraban
dirigidas al Gobierno nacional, que conforme al artículo 115 superior se conforma
por la cartera ministerial vinculada y el señor presidente de la república, este último,
quien nunca fue vinculado a este asunto. Por tanto, se ordenó notificar de la
existencia de esta causa al primer mandatario de la Nación, poniéndole en
conocimiento una posible nulidad procesal que, si a bien tenía, podía alegar so
pena de quedar saneada, con la finalidad de garantizar su derecho al debido
proceso, toda vez que quien finalmente compareció a este caso fue el director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, autoridad que fue
la que vinculó el ponente del Tribunal en primera instancia, pero que no es a la que
le corresponde la obligación que se pretendió e impuso en esta causa.

A su turno, el señor presidente de la república guardó silencio; por tanto, la posible
nulidad por su falta de vinculación se entiende saneada.

7.2. La Dra. Gloria María Gómez Montoya, el 5 de marzo de 2025, manifestó
impedimento para conocer y tramitar el presente asunto. Lo anterior, tras considerar
que podría estar incursa en la causal prevista en el numeral 9.º del artículo 141 del
Código General del Proceso2, aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley 1437
de 2011 (en adelante CPACA). En auto de esta misma fecha, con la participación de
los restantes consejeros que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, se
declaró infundado el impedimento3.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
13 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y
243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2 Índice 11 de SAMAI.
3 Índice 14 de SAMAI.

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2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 13
de diciembre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]6.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.

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3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»8.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado9.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
10
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.

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3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

13Sobre el particularesta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»17.

En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda escritos de 29 de
octubre y 19 de noviembre de 2023, en los que pidió al Min. Vivienda y al
presidente de la república el obedecimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 2037 de
2020, así como del artículo 50 de la Ley 2079 de 2021.

Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que no obra respuesta de las autoridades
accionadas en el término previsto en la Ley 393 de 1997. Por tanto, se pasará al
estudio de procedencia de este medio de control.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones legales incumplidas los artículos 3 y 4 de la Ley 2037 de 2020 y 50
de la Ley 2079 de 2021 que disponen lo siguiente:

LEY 2037 DE 2020
(julio 27)
Por la cual se modifica el artículo 6° de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras
disposiciones
[…]
Artículo 3º. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, los municipios y distritos, dispondrán del inventario general de espacio público
que identificará e indexará los bienes de uso público y los bienes afectos al uso
público, en un sistema de información alfanumérico y cartográfico. Dicho inventario
deberá ser objeto de actualización permanente y será la base para calcular los

17
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con el espacio público de
municipios y distritos.

A partir del cumplimiento del término señalado en el presente artículo, las entidades
competentes del Gobierno Nacional reglamentarán la implementación del inventario
general de espacio público, fijarán los lineamientos y formularán las políticas
tendientes a la generación, recuperación, aprovechamiento y sostenibilidad integral
del espacio público, incluyendo las labores de mantenimiento y conservación de las
zonas cedidas.

Parágrafo. El Gobierno Nacional revisará las experiencias existentes en el manejo
de información sobre espacio público que sirva de base para orientar a municipios y
distritos en la elaboración del inventario. Así mismo, prestarán asistencia técnica y
acompañamiento a los municipios y distritos cuando estos lo requieran.

Artículo 4º. Con el fin de atender el déficit de espacios públicos y que sea prioritario
disponer de ellos sobre los demás usos del suelo, dentro de los seis meses
siguientes a promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional implementará la
metodología de medición de indicadores cuantitativos y cualitativos de los espacios
públicos, y brindará asistencia técnica a los municipios y distritos en la formulación
de los planes de ordenamiento territorial y en la adecuada planeación e
implementación de los espacios públicos, cuando estos así lo requieran. […]

LEY 2079 DE 2021
(enero 14)
Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat.

[…]
Artículo 50. Reglamentación. El Gobierno nacional deberá reglamentar lo dispuesto
en la presente ley en un plazo no mayor de un (1) año contado a partir de su
promulgación.
[…]

De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este
caso, dado que las disposiciones transcritas no han sido derogadas por el
legislador o declaradas inexequibles por parte de la jurisdicción.

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala no advierte que la parte demandante cuente
con otro mecanismo de defensa judicial, pues lo pretendido es el ejercicio de la
facultad reglamentaria por parte del Gobierno nacional; tampoco se evidencia que
lo pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela, ni que el cumplimiento de la
norma que se pide acatar implique un gasto no presupuestado, pues se pretende la
materialización de una obligación de hacer, asunto que no implica la erogación de
presupuesto sino la expedición de una acto administrativo. En consecuencia, se
procederá al estudio del fondo del asunto.

3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de

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disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
deberes.

Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera18:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»19.

El fondo del problema jurídico a resolver en esta oportunidad se contrae a
determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la orden de la primera
instancia. Al respecto, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente
vigente, en materia de cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional
sí es el mecanismo idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la
potestad reglamentaria cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y
cuando se materialicen ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de si
se impuso término o no al efecto20 debido a que, como se explicará, la ausencia
de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida
la procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una
serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra
cuando el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad

18
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-
00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
19
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social
de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
20 Sección Quinta, sentencia del 03 de diciembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-33-000-

2015-00227- 01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 25000-23-41-000-2024-
00766-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.

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reglamentaria en determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime
necesarias a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas
se advierta la existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse
mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes21.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce
la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
anotó en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de
colaboración armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha
atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo
pueden ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un
experto que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de
anotar que algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en
que se expida la reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar
determinada materia no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la
discrecionalidad con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que
aquella impone no delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de
contenido en los cuales deba surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar
silencio al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad
reglamentaria no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la
acción de cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa
clase de disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria deriva en que el mandato contemplado en la ley se
torna inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.

En el caso concreto, del contenido del contenido del artículo 3 de la Ley 2037 de
2020, si bien su inciso segundo contine el deber de reglamentación a cargo del
Gobierno nacional, tal y como lo concluyó la primera instancia, lo cierto es que su
21 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en sentencia del 6
de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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obligación está sometida a una condicionalidad, esto es, que los municipios y
distritos tengan dispuesto el inventario general de espacio público que identifique e
indexe los bienes de uso público y los bienes afectos al uso público, en un sistema
de información alfanumérico y cartográfico. Sin embargo, la existencia de tales
sistemas no está acreditada en el plenario y, por tanto, no se puede atribuir
incumplimiento por parte del Gobierno nacional hasta que no existan los inventarios
que encargó el legislador a los entes territoriales. Por tanto, en cuanto a esta norma
se impondrá la negativa de lo pedido.

Ahora bien, del contenido del contenido del artículo 4 de la Ley 2037 de 2020, se
deriva un mandato o deber de naturaleza imperativa, expresa e inobjetable a cargo
del señor presidente de la república y el Min. Vivienda, para este caso quienes
conforman el Gobierno nacional, consistente en implementar una metodología de
medición de indicadores cuantitativos y cualitativos de los espacios públicos, lo
cual, entiende esta Sala que se materializa con la expedición de una
reglamentación que desarrolle ese punto en particular contrario a lo argumentado
por las impugnantes. Como se observa esta disposición no está sometida a
ninguna condicionalidad y las demandadas no acreditaron la existencia de un acto
administrativo que desarrolle lo dispuesto por el legislador. Por tanto, se impone
confirmar la orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por su parte, el artículo 50 de la Ley 2079 de 2021 contiene un mandato o deber de
naturaleza imperativa, expresa e inobjetable a cargo del señor presidente de la
república y el Min. Vivienda, para este caso quienes conforman el Gobierno
nacional, consistente en reglamentar la mencionada ley, que trata sobre política
pública de vivienda y hábitat, estableciendo medidas para garantizar el acceso a
una vivienda digna, reducir el déficit habitacional y mejorar la planificación territorial
en Colombia, con especial énfasis en la vivienda urbana, rural y en poblaciones
vulnerables.

El actor argumentó que existe el Decreto 739 de 2021, pero aquel es una
reglamentación de los artículos 8, 13 y 18 de la Ley 2079 de 2021; por tanto,
extraña la regulación de los artículos 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
27, 40, 41, 53, 55, 56, 57 y 58 ejusdem.

Por su parte, el Gobierno nacional argumentó que la reglamentación existe y es la
contenida en el Decreto 1077 de 2015 en lo atinente al sector vivienda, ciudad y
territorio y la Resolución 0410 del 2 de agosto de 2021.

Al respecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en
sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…] el deber de
cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite gradaciones, esto es, la
autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el
incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de la autonomía e
independencia del juez para juzgar en el caso concreto. […]». (Subraya la Sala).

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En este caso, la Sala no comparte que el mandato se pueda entender acatado con
una regulación de 2015, pues el legislador en el 2021 advirtió la necesidad de una
nueva reglamentación y, por tanto, no se puede partir de la preexistente para
entender por acatado el deber que años después el legislador impuso a las
accionadas.

La Sala no desconoce las actuaciones que ha adelantado el Gobierno nacional
para reglamentar la Ley 2079 de 2021, pero lo cierto es que el Decreto 739 y la
Resolución 0410, ambos de 2021, estos sí posteriores al deber impuesto por el
legislador, no regulan la totalidad de la ley tal y como se dispuso en el artículo 50
que se pidió acatar.

En efecto, el primer acto administrativo desarrolla los artículos 8, 13 y 18 de la Ley
2079 de 2021; mientras que el segundo es una acto particular y concreto por la
cual se asignó un subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario del
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra «Semillero de
Propietarios». Por tanto, la Sala evidencia que la totalidad de la ley no está
reglamentada y, por ende, lo anterior, permite determinar el incumplimiento del
mandato legal, máxime si se tiene en cuante que las demandadas aceptan que
están apenas en etapa de publicación para recibir comentarios frente a un proyecto
de reglamentación nueva con el cual se busca reglamentar la totalidad de Ley 2079
de 2021. Por tanto, como en el expediente no se encuentra acreditado el
cumplimiento del artículo 50, se confirmará la sentencia de primera instancia.

El Min. Vivienda pidió que, en caso de confirmar la orden de cumplimiento, se
aumentara el término de 6 meses concedido por la primera instancia, para acatar la
orden judicial. Lo anterior, en atención a la complejidad y coordinación debida para
expedir la reglamentación. Al respecto, la Sala ampliará el plazo a 8 meses a partir
de la firmeza de esta sentencia, pues se considera que es el razonable a imponer,
atendiendo a la argumentación del Ministerio, el avance que acreditó en cuanto a
las actuaciones para expedir una nueva reglamentación y teniendo en cuenta que,
en el artículo 4 de la Ley 2037 de 2020, el legislador estableció 6 meses y, en el
artículo 50 de la Ley 2079 de 2021, un año, ambos limites más que vencidos, pero
que el termino otorgado resulta suficiente para acatar el ordenamiento legal
incumplido.

Finalmente y de forma adicional, se declarará la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
porque no es la autoridad que, conforme a las disposiciones invocadas, debe
acatar el deber, pues como se ha explicado en este proceso, conforme al artículo
115 y para este caso particular22, el deber de reglamentación está a cargo del
Gobierno nacional, conformado por el Min Vivienda y el primer mandatario, este
último que pese a ser vinculado en esta instancia guardó silencio.

22 Sobre el particular puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 2 de mayo de 2024,

radicado 25000-23-41-000-2023-01267-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de 13
de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero
ampliando el plazo otorgado para el cumplimiento de la decisión judicial al de 8
meses, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, por las razones expuestas en
esta decisión.

SEGUNDO. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conforme a lo
expuesto en esta sentencia.

TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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