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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00043-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00043-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, bajo el entendido que las normas que se encuentran en estado de incumplimiento y sobre las que se debe expedir la reglamentación correspondiente son los artículos 7, 9, 11 y 19 de la Ley 2232 de 2022 y 52 de la Ley 2277 de 2022. SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respecto a los artículos 4, 13, 17, 18 y 34 de la Ley 2232 de 2022, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: CONFIRMAR el numeral tercero de la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Félix Antonio Quintero Chalarca Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Radicado: 54001-23-33-000-2024-00043-01 razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión. CUARTO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. QUINTO: En todos lo demás se CONFIRMA la decisión de primera instancia. SEXTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. SÉPTIMO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2024-00043-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de diciembre de 2024

Demandante: Félix Antonio Quintero Chalarca
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00043-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00043-01
Demandante: FÉLIX ANTONIO QUINTERO CHALARCA
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Tema: Confirma parcialmente decisión que accedió a pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, contra la sentencia del 28 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió a las pretensiones de la
demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

Con escrito radicado el 29 de enero de 2024, el señor Félix Antonio Quintero
Chalarca, obrando en nombre propio, presentó acción de cumplimiento en los
términos del artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, en contra
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con miras a obtener la
reglamentación ordenada en los artículos 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 31 y 34
de la Ley 22321 de 2022 y el artículo 52 de la Ley 22772 de 2022

Conforme lo anterior, formuló a título de pretensión lo siguiente:

Se ordene, Al gobierno nacional por intermedio DE LA SEÑORA MINISTRA DEL
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio de sentencia que ponga fin a
la presente acción, proferir LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS
CORRESPONDIENTES, necesarios para la implementación de las leyes 2232 y 2277
de 2022, toda vez que los decretos reglamentarios, se requieren para resguardar los

1 Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo

de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones.
2 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan

otras disposiciones.

1
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Demandante: Félix Antonio Quintero Chalarca
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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derechos fundamentales a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano, y con tal
fin establece medidas orientadas a la reducción de la producción y el consumo de
plásticos de un solo uso en el territorio nacional, en tal contexto, se dictan
disposiciones que permitan su sustitución gradual por alternativas sostenibles y su
cierre de ciclos, y se establecen medidas complementarias.3

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Quintero Chalarca indicó que el 17 de diciembre de 2023 remitió ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, escrito por medio del cual constituyó
en renuencia a la entidad respecto a los artículos 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19,
31 y 34 de la Ley 2232 de 2022 y el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022 del mismo
año, sin que a la fecha de interposición del mecanismo constitucional hubiese
recibido respuesta alguna.

Explicó que las normas sobre las cuales versa la acción de cumplimiento, contienen
plazos establecidos para que el Gobierno nacional proceda a expedir las
reglamentaciones pertinentes, los cuales se encuentran más que vencidos.

Refirió que pese a haber radicado la solicitud en debida forma, no recibió respuesta
alguna por parte de la accionada.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En sentir del accionante, las normas sobre las cuales versa la presente acción
cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para ordenar su cumplimiento, por
cuanto contienen mandatos imperativos e inobjetables, aunado que, pese a haberse
dado un plazo para la expedición de los decretos reglamentarios correspondientes,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha desplegado ninguna acción.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

Mediante proveído del 1º de febrero de 2024, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander avocó el conocimiento del asunto y ordenó
notificar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Notificado el accionado, por conducto de apoderado judicial y dentro de la
oportunidad procesal pertinente, contestó la demanda en la que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda. En ese sentido, replicó una a una las
disposiciones que fueron invocadas como incumplidas en los siguientes términos:

3 Transcripción original con posibles errores.

2
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Indicó que, respecto a los artículos 4 y 13 de la Ley 2232 de 2022, actualmente se
está trabajando en un proyecto de resolución que modifique la Resolución 1407 de
20184, con lo cual se lograría la reglamentación parcial.

En cuanto al artículo 7 de la citada ley, precisó que ya se cuentan con los insumos
provenientes de los sectores público y privado, con base en los cuales se ha
elaborado el documento inicial de política pública, el cual será sometido a la
consideración de los interesados.

Frente al artículo 9, afirmó: «A la fecha se construyó, de forma conjunta, la hoja de
ruta con el contenido general y se avanza en la construcción del documento del plan
de reconversión productiva y adaptación laboral para dar cumplimiento al artículo 9
de la ley 2232 para la gestión sostenible de plásticos».

Respecto al artículo 11, puntualizó que la expedición del reglamento técnico
pertinente se encuentra sujeto al análisis de impacto normativo.

En el caso de los artículos 12, 16 y 34, se expidió el Decreto 2192 de 2023, el cual
reglamentó lo atinente a la Prohibición de ingreso de plásticos de un solo uso a
áreas protegidas y Ecosistemas Sensibles (2.2.7C.3), Incorporación en los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS (2.2.7C.5) y Empresas
Transformadoras (2.2.7C.6)

En lo que atañe a los artículos 17 y 18, adujo que en «[…] el marco del Decreto
2192, se ha formulado un nuevo proyecto de la modificación a la Resolución 1407
de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual
se reglamenta la gestión ambiental de residuos de envases y empaques en el marco
de la responsabilidad extendida del productor – REP».

En el artículo 19 informó que actualmente se está avanzando en la elaboración del
documento técnico pertinente, a partir del cual se logre establecer los mecanismos
e incentivos para mejorar la cadena de valor de la madera plástica.

El artículo 31, correspondiente a las alternativas de prevención, se refirió a una
política nacional para evitar el consumo en envases plásticos de un solo uso.

Por otra parte, mencionó que ya se cuenta con un borrador del proyecto de
resolución que reglamente el artículo 34, el cual «[…]establece los Requisitos
técnicos específicos para las alternativas sostenibles de biodegradabilidad en
condiciones naturales y/o de compostabilidad».

Finalmente, de cara al artículo 52 de la Ley 2277 de 2022, indicó que la cartera
ministerial encargada de su reglamentación es la de Hacienda y Crédito Público.

4 Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel,

cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.

3
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1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander clausuró la primera instancia
mediante sentencia del 28 de febrero de 2024, en la que resolvió acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cumplimiento de los artículos 4, 7,
9, 11, 13, 17, 18 y 19 de la Ley 2232 de 2022 y el artículo 52 de la Ley 2277 de
2022.

Lo anterior, por cuanto, en su criterio, se encontraban satisfechos los presupuestos
de procedencia de la acción y las normas invocadas contenían mandatos
imperativos e inobjetables en cabeza del citado ministerio.

Respecto a los artículos 14 y 31 de la Ley 2232 de 2022 negó la solicitud de
cumplimiento. Frente al primer artículo, precisó que la accionada acreditó la
realización de actividades de socialización, lo cual, desde su punto de vista,
constituye un acatamiento de la norma. En cuanto al otro, acotó que la disposición
no establecía un deber en cabeza del ministerio.

Finalmente, de los artículos 12, 16 y 34 declaró improcedente la solicitud, dado que
la constitución en renuencia no se agotó con el Gobierno nacional y, por ende, no
era viable seguir adelante con el trámite.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 4 de marzo de 2024.

1.6. Impugnación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible alegó que la sentencia de primera
instancia se limitó a realizar un estudio formal del caso, sin ahondar en las acciones
desplegadas por la cartera encaminadas a dar cumplimiento a cada una de las
normas que fueron objeto de cumplimiento.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en subsidio
de lo anterior, que se modifique el plazo establecido por el a quo fijando un periodo
estimado entre 12 y 18 meses.

El Despacho ponente, por auto del 10 de abril de 2024 rechazó por extemporáneo
el recurso interpuesto, pues, se estimó que éste había sido formulado de manera
extemporánea; no obstante, posteriormente, mediante proveído del 26 de
noviembre del mismo año, se declaró la ilegalidad de la anterior decisión, pues, de
la revisión de las piezas procesales se estableció que la alzada se promovió en la
oportunidad procesal correspondiente.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad
con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la
Ley 1437 de 20115, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia 28 de
febrero de 2024 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a
las pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento de los
artículos 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 31 y 34 de la Ley 2232 de
2022 y el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis
del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa
que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o

5 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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actos administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo»6(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)7.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en

6 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell

y Hernando Herrera Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes
de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento”8.

A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con
ésta, se tiene que el señor Quintero Chalarca el 15 de diciembre de 2023 radicó
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escrito en el que elevó las
siguientes solicitudes:

8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

Cuervo

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1. De manera respetuosa me permito solicitar a su distinguido despacho se me
informe si ha sido proferido el Decreto que reglamenta la LEY 2232 de 2022, por la
cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y
consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones.

2. En el evento de que la LEY 2232 de 2022, no se encuentre reglamentada al
momento de presentar esta petición, solicito se PROCEDA A EFECTUAR la
reglamentación ordenada en la ley.

3. Se me informe si ya se procedió por parte de su despacho a efectuar la
Reglamentación del artículo 52 de la ley 2277 de 2022.

4. En el evento de que dicho artículo no haya sido reglamentado, me permito
peticionar se proceda a su reglamentación.

Acto seguido, en el mismo escrito indicó sobre cuáles disposiciones legales versaba
sobre su solicitud individualizando y trascribiendo cada una de ellas.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible guardó silencio,
pues, pese a que en su contestación de la demanda alegó haber dado respuesta,
se echa de menos los medios de prueba que sustente su dicho.

Conforme con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder
el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica
materializar una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la parte
actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento
de los artículos 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 31 y 34 de la Ley 2232 de 2022 y
el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022; además, las disposiciones son actualmente
exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y su cumplimiento, en principio,
no implican el establecimiento de gastos no presupuestados para la Administración.

Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección
de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que
torna procedente la acción de cumplimiento.

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2.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad
reglamentaria del poder ejecutivo9

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo
idóneo para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria
cuando el legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen
ciertas condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de
si se impuso término o no al efecto10 debido a que, como se explicará, la ausencia
de un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando
el legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias
a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes11.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno Nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto
que usualmente se encuentra en el Gobierno Nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida

9 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-

41-000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-

23-33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
11 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y
se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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la reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no
delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los
cuales deba surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno
nacional para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio
al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.

Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando
en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.5. Análisis del caso concreto

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera12:

12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-

000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»13.

Expuesto lo anterior, acomete la Sala el estudio de la acción constitucional, la cual,
se reitera, pretende el cumplimiento de los artículos 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 31 y 34 de la Ley 2232 de 2022 y el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022, para lo
cual resulta pertinente indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el 24 de junio de 2024 expidió la Resolución No. 80314, «Por la cual se desarrollan
parcialmente las disposiciones de la Ley 2232 de 2022, sobre la reducción gradual
de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso, el artículo
2.2.7C.7 del Decreto 1076 de 2015 que establece medidas tendientes a la reducción
gradual de la producción y consumo de ciertos plásticos de un solo uso y se adoptan
otras disposiciones».

En ese sentido, en aras de verificar el eventual cumplimiento del deber
reglamentario en cabeza del Gobierno nacional, se hará un paralelo entre las
disposiciones invocadas como incumplidas y la producción del ejecutivo con miras
a reglamentar cada una de estas.

Ley 2232 de 2022 Resolución 803 de 2024
Artículo 4. Prohibición y sustitución gradual de Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 de la
los plásticos de un solo uso. […] Resolución 1407 de 2018, el cual quedará así:
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente
Parágrafo 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo resolución aplica en todo el territorio nacional a los
Sostenible reglamentará en un plazo de doce (12) productores de envases y empaques y fabricantes o
meses, contado a partir de la entrada en vigencia de importadores de productos plásticos de un solo uso,
la presente ley, las características, requisitos y según lo dispuesto en el parágrafo transitorio del
certificación de los productos que sustituirán los artículo 4 y el artículo 17 de la Ley 2232 de 2022; a
plásticos de un solo uso referidos en el artículo 5°, los productores de productos plásticos de un solo
incluyendo aquellos productos que sean uso, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del
comercializados mediante plataformas digitales. parágrafo del artículo 5, el parágrafo 3 del artículo 18
Para lo cual, el Ministerio deberá garantizar la de la Ley 2232 ibídem y el artículo 2.2.7C.7 del
participación ciudadana efectiva previa a la Decreto 1076 de 2015 y a las entidades públicas y
expedición de esta reglamentación. privadas conforme al parágrafo 2 del artículo 13 de la
Ley 2232 de 2022.
Artículo 7°. Política nacional de Sustitución del No cuenta con reglamentación alguna hasta la fecha.
Plástico de Un Solo Uso. El Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces,
elaborará y pondrá en marcha una Política nacional
cuyo objeto principal será la reducción de la
producción y consumo de productos plásticos de un

13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
14 https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-0803-del-24-de-junio-de-2024/

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solo uso, para lo cual deberá incluir acciones
efectivas para lograr la sustitución progresiva por
alternativas sostenibles en los términos del artículo
2°, en cumplimiento del Plan nacional para la Gestión
Sostenible de los plásticos de un solo uso y hacer
efectiva la prohibición relativa a la introducción al
mercado, comercialización y/o distribución de estos
productos en los plazos señalados en el artículo 5°.
Para la formulación de la Política, se debe tener en
cuenta la participación efectiva del sector público, el
sector privado y a la sociedad civil con el fin de
promover la sustitución de plástico de un solo uso por
alternativas sostenibles.

[…]

Parágrafo 2°. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible o quien haga sus veces tendrá doce (12)
meses desde la entrada en vigencia de la presente
ley para desarrollar la Política nacional y su
respectivo plan de acción. Al término de los plazos
establecidos en el artículo 6º, la meta de sustitución
de plásticos de un solo uso consagrados en dicho
artículo deberá ser del 100% de los productos.
Artículo 9°. Plan de Reconversión Productiva y No cuenta con reglamentación alguna hasta la fecha.
Adaptación Laboral. El Gobierno nacional en
cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con la participación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e innovación, el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo y Ministerio de Trabajo,
en el término diez y ocho (18) meses desde la
entrada en vigencia de la presente ley, formulará un
Plan de Adaptación Laboral y reconversión
productiva para la sustitución de productos plásticos
de un solo uso por alternativas sostenibles en los
términos de la presente ley, que permita a los
trabajadores y a las empresas, adaptarse a las
disposiciones contempladas en la presente ley.

[…]
Artículo 11. Etiquetado de los productos. El No cuenta con reglamentación alguna hasta la fecha.
Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el término de
doce (12) meses desde la entrada en vigencia de la
presente ley, expedirá un reglamento técnico de
etiquetado para los plásticos de un solo uso,
incluidos los plásticos biobasados y los plásticos de
un solo uso que no estén referidos en el artículo 5º
de la presente ley y que, de acuerdo con el artículo
18, deberán ser incorporados por el sector privado y
el Gobierno nacional dentro del cierre de ciclos del
modelo de economía circular y de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP), con el objetivo de
informar:

[…]
Artículo 12. Prohibición de ingreso de plásticos Reglamentado por el Gobierno Nacional con ocasión
de un solo uso en áreas protegidas y del Decreto 2192 de 2023, que dispone en su
ecosistemas sensibles. Se prohíbe el ingreso y uso artículo 2.2.7C.3:
de plásticos de un solo uso en las áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, páramos, La prohibición establecida en el artículo 12 de la Ley
humedales Ramsar, ecosistemas marinos sensibles, 2232 de 2022 aplica para todas las áreas
reservas de biósfera y, en general, a las Áreas del pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Protegidas, según se determinan en el artículo
2.2.2.1.2.1 de este reglamento, al igual que para las
Para efectos del presente artículo, se consideran áreas del Sistema Regional de Áreas Protegidas de
prohibidos los elementos listados en el artículo 5° de acuerdo con los lineamientos que establezcan las
la presente ley, así como las bolsas plásticas para autoridades ambientales competentes. Aplica
contener líquidos y las botellas plásticas personales igualmente a humedales incluidos en la lista de
para agua y demás bebidas incluyendo sus tapas. humedales de importancia internacional (RAMSAR),

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Parágrafo 1°. El Gobierno nacional en un término de ecosistemas de páramos, ecosistemas marinos
doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de sensibles y reservas de biósfera.
esta ley, reglamentará la materia.

Parágrafo 2°. Se exceptúan de la restricción del
ingreso de plásticos de un solo uso a las
comunidades y guardaparques que viven en estas
áreas protegidas.

Parágrafo 3°. Se exceptúan de la restricción
señalada en el presente artículo aquellos plásticos
de un solo uso señalados en el parágrafo del artículo
5° de la presente ley.
Artículo 13. Prohibición institucional del uso de Artículo 25. Medidas Administrativas para la
elementos y/o productos elaborados y/o que Reducción Gradual del Uso de los Productos
contengan plásticos de un solo uso y fomento a Plásticos de Un Solo Uso y Transición Hacía
las compras públicas de productos sustitutos. Alternativas Sostenibles en Entidades Públicas.
Para la reducción gradual de los productos plásticos
[…] de un solo uso y su transición hacía alternativas
sostenibles en entidades públicas, se establecen las
Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo siguientes medidas administrativas:
Sostenible o quien haga sus veces dictará las
medidas administrativas y brindará la asistencia […]
técnica necesaria para garantizar el cumplimiento de
lo establecido en la presente ley.
Artículo 14. Estrategia de comunicación y La norma en estricto rigor no contiene un deber de
sensibilización ambiental en las entidades reglamentación en cabeza del Ministerio de Ambiente
públicas. Todas las entidades del Estado que y Desarrollo Sostenible.
integren las ramas y funciones del poder público,
como la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la banca
pública, los entes de control y demás órganos
autónomos e independientes; así como todas las
personas jurídicas que ejerzan la función
administrativa, deberán realizar campañas de
difusión y concientización sobre el consumo
responsable del plástico y la promoción del plástico
reutilizable al interior de las instituciones.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o quien haga sus veces, impulsará
campañas de sensibilización ambiental y estrategias
de comunicación para la reducción de los plásticos
de un solo uso.
Artículo 16. Formalización de los actores de la Reglamentado por el Gobierno Nacional con ocasión
cadena de valor del plástico. del Decreto 2192 de 2023, que dispone en su
artículo 2.2.7C.6:
[…]

Parágrafo. El Gobierno nacional definirá las En el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la
entidades competentes para promover la Ley 2232 de 2022, los Ministerios de Comercio,
formalización de los actores de la cadena de valor del Industria y Turismo y de Ambiente y Desarrollo
plástico en un término de seis (6) meses contados a Sostenible promoverán las acciones orientadas a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. estimular la formalización de las empresas
transformadoras de plástico, así como la divulgación
de la oferta programática para el desarrollo e impulso
de este sector.
Artículo 17. Responsabilidad extendida del El Capítulo II de la Resolución 803 de 2024,
productor. denominado Cumplimiento de las Metas,
[…[ instrumentos de manejo y control ambiental para
implementar la Responsabilidad extendida del
Dicha incorporación deberá realizarse de forma productor – REP.
articulada con los instrumentos de manejo y control
ambiental previstos en la normativa vigente en Ver los artículos 4 a 12.
materia de gestión de residuos posconsumo de
envases y empaques. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, dentro de los doce (12) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
determinará los instrumentos de manejo y control
ambiental requeridos para la implementación de la
REP, considerando, pero sin limitarse al
establecimiento de metas de aprovechamiento en

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porcentaje en peso, relacionadas con la cantidad de
producto puesto en el mercado, la cantidad de
residuos plásticos de un solo uso generados y el
establecimiento de mecanismos de reporte de
información ante las autoridades y su certificación.
Artículo 18. Alternativas sostenibles con enfoque Artículo 14. Proceso de evaluación de la
de economía circular. conformidad. Los procesos de evaluación de la
conformidad de las alternativas sostenibles con
[…] enfoque de economía circular deberán cumplir con
los requisitos que garanticen la veracidad y
Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo transparencia de la información. Por solicitud del
Sostenible reglamentará en un plazo máximo de seis productor, el organismo Evaluador de la Conformidad
(6) meses posteriores a la entrada en vigencia de de la Certificación de Productos, Procesos y
esta norma los aspectos técnicos necesarios para Servicios, será el encargado del proceso de
implementar lo señalado en el presente artículo. evaluación del cumplimiento de la acción 100, o la
acción 110, del artículo 18 de la Ley 2232 de 2022, o
la norma que la modifique o sustituya, y deberá emitir
un certificado de cumplimiento de tercera parte.
Artículo 19. Incentivo a la madera plástica y otros No cuenta con reglamentación alguna hasta la fecha.
productos derivados de materiales de fuentes de
reciclaje nacional, incluyendo el polialuminio.

[…]

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las
demás entidades que considere relevantes,
reglamentará, dentro de los doce (12) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
las condiciones técnicas necesarias para
materializar el incentivo señalado en el presente
artículo.

Artículo 31. Alternativas de prevención. En aras La norma en estricto rigor no contiene un deber de
de reducir el consumo de envases de un solo uso, reglamentación en cabeza del Ministerio de Ambiente
especialmente las botellas PET de agua potable y Desarrollo Sostenible.
tratada, las entidades públicas fomentarán
gradualmente el consumo de agua potable en su
interior, así como en otros espacios públicos, lo
anterior mediante el uso de dispensadores de agua
o el uso de envases reutilizables, entre otros.

Así mismo, los establecimientos pertenecientes al
sector de hotelería y turismo deberán ofrecer a los
consumidores, clientes o usuarios de sus servicios,
la posibilidad de consumo de agua no envasada de
manera gratuita y complementaria a la oferta del
mismo establecimiento.
Artículo 34. Criterios para determinar los Artículo 19. Alternativas sostenibles de
productos plásticos biodegradables en biodegradabilidad y/o compostabilidad en
condiciones naturales. condiciones ambientales naturales. El Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá la
[…] reglamentación técnica que deberá ser adoptada
para que los productores que estén fabricando o
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional, a través de la importando productos plásticos objeto de la
entidad que señale, expedirá las normas técnicas prohibición y sustitución gradual en virtud de lo
referentes a las condiciones que deben cumplir los establecido en el artículo 5° de la ley de la Ley 2232
productos plásticos de un solo uso que se de 2022 puedan acogerse a lo dispuesto en el
biodegraden en condiciones ambientales naturales artículo 34 ibidem. Lo anterior, sin perjuicio de la
y/o composten en condiciones ambientales aplicación de los términos de las prohibiciones de
naturales. Para ello, tomará en consideración lo conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la
dispuesto por la Sociedad Americana para la Prueba citada Ley.
(ASTM) y la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO), sin perjuicio de la existencia […]
de otras entidades o normas que considere a título
de referencia. Así mismo, se reglamentarán las Dentro de los doce (12) meses siguientes a la
condiciones necesarias para que la industria del expedición de esta resolución, los productores a los
plástico, en el territorio nacional, pueda desarrollar que se hace referencia en el inciso anterior y cuyo
los estudios e investigaciones técnicas para el plazo de prohibición inicia dos años después de la
cumplimiento de los estándares de biodegradación expedición de la Ley 2232 de 2022, deberán
presentar el “ANEXO VIII, REPORTE DE

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en condiciones ambientales naturales señalados en RESULTADOS DE BIODEGRADABILIDAD Y/O DE
el presente artículo. COMPOSTABILIDAD EN CONDICIONES
AMBIENTALES NATURALES”, que se incorpora
[…] como parte integral de esta resolución y presentarlo
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Parágrafo 3°. Lo expuesto en el presente artículo acompañado de los resultados de verificación del
deberá ser reglamentado por parte del Gobierno porcentaje de biodegradación de los productos
nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la plásticos de un solo uso en condiciones ambientales
entrada en vigencia de la presente norma. naturales y/o compostaje en condiciones
ambientales naturales y que demuestren la ausencia
de sustancias de interés en los resultados de la
biodegradación del ensayo de laboratorio, así como
los métodos de ensayo acreditados nacional o
internacionalmente para tales efectos

ARTÍCULO 52° Ley 2277 de 2022. NO No cuenta con reglamentación alguna hasta la fecha.
CAUSACIÓN. El impuesto nacional sobre productos
plásticos de un solo uso utilizados para envasar,
embalar o empacar bienes no se causará cuando el
sujeto pasivo presente la Certificación de Economía
Circular - CEC, que será reglamentada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un
plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de
expedición de esta ley en el marco de las
obligaciones y las metas de aprovechamiento del
plástico contenidas en la Ley 2232 de 2022.

Parágrafo. El impuesto nacional sobre productos
plásticos de un solo uso utilizados para envasar,
embalar o empacar bienes no será deducible en el
impuesto sobre la renta y complementarios.

A partir del anterior cuadro, la Sala anticipa que revocará parcialmente la decisión
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en atención a lo siguiente:

El a quo concluyó que los artículos 12, 16 y 34 de la Ley 2232 de 2022 no podían
ser demandados vía cumplimiento, dado que no se constituyó en renuencia al
Gobierno nacional; no obstante, se tiene que, con independencia del acatamiento
de requisito de procedibilidad, los artículos 12 y 16 ya habían sido reglamentados
con ocasión del Decreto 2192 de 202315, el cual fue expedido con antelación a la
presentación de la demanda, y el artículo 34 que fue reglamentado en el artículo 19
de la Resolución 803 de 2024.

En este punto, resulta pertinente precisar que la falta de constitución en renuencia
es una causal de rechazo de la acción de cumplimiento, dado que ésta se erige
como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción, conforme se colige del
artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

Por lo que erró el juez de primera instancia al estimar que esta circunstancia
constituye una causal de improcedencia, en la medida que los escenarios en que
debe acudirse a esta figura se contraen a la existencia de otros mecanismos de
defensa, el acatamiento de la norma conlleva un gasto, o el debate involucra la
protección de derechos fundamentales que sean susceptibles de amparo vía acción
de tutela.

15 La norma entró a regir el 22 de diciembre de 2023.

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En suma, se revocará el numeral cuarto de la decisión, para en su lugar negar la
pretensión de cumplimiento conforme lo expuesto en líneas precedentes.

Ahora, en lo que atañe a los artículos 14 y 31 de la Ley 2232 de 2022, se debe
indicar que la norma no estableció deber alguno de reglamentación en cabeza del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que significa que se debe negar
la pretensión respecto a estas disposiciones.

Los artículos 4, 13, 17, 18 y 34 de la Ley 2232 de 2022 consignaron la obligación
de reglamentación en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
sobre las materias de «i) Prohibición y sustitución gradual de los plásticos de un
solo uso, ii) Prohibición institucional del uso de elementos y/o productos elaborados
y/o que contengan plásticos de un solo uso y fomento a las compras públicas de
productos sustitutos, iii) Responsabilidad extendida del productor, Alternativas
sostenibles con enfoque de economía circular, y iv) Criterios para determinar los
productos plásticos biodegradables en condiciones naturales».

A su turno, se tiene que las disposiciones de la Resolución 803 de 2024 abordaron
las anteriores temáticas, sin que sea competencia del juez de cumplimiento
determinar si la reglamentación se encuentra acompasada con el ordenamiento
jurídico, dado que dicha circunstancia implicaría un juicio de validez sobre la
decisión de la administración, tema que excede la naturaleza de la acción
constitucional.

Por lo anterior, se revocará parcialmente la decisión de primera instancia, por cuanto
la Resolución 803 de 2024 reglamentó los artículos 4, 13, 17, 18 y 34 de la Ley 2232
de 2022 y, en ese sentido, se negarán las pretensiones de la demanda frente a
estas disposiciones.

En lo que atañe a los artículos 7, 9, 11 y 19 de la Ley 2232 de 2022 y 52 de la Ley
2277 de 2022, contienen un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la
accionada el cual, conforme quedó consignado en el cuadro que antecede, no se
ha cumplido por cuanto no se han expedido las disposiciones correspondientes para
su garantizar su reglamentación y acatamiento.

En este punto, vale la pena mencionar que no se desconocen los esfuerzos
adelantados por la accionada encaminados a lograr la reglamentación a plenitud de
los dos cuerpos normativos.

No obstante, lo anterior, la Sala considera, que a pesar de que se han adelantado
gestiones tendientes al cumplimiento demandado, resulta evidente que aún subsiste
el incumplimiento respecto a varias de las disposiciones sobre las cuales se
presentó el mecanismo constitucional.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia

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C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que
debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]». (Subraya la Sala).

2.5.1. Síntesis de la decisión

La Sala confirmará parcialmente el numeral primero de la decisión del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en lo que tiene que ver con la orden de
cumplimiento, únicamente respecto a la reglamentación de los artículos 7, 9, 11 y
19 de la Ley 2232 de 2022 y 52 de la Ley 2277 de 2022.

En el caso de los artículos los artículos 4, 13, 17, 18 y 34 de la Ley 2232 de 2022,
sobre los que se ordenó el cumplimiento, se revocará parcialmente el numeral
primero de la decisión de primera instancia, para, en su lugar, negar las
pretensiones en razón a que las normas ya fuero reglamentadas.

Frente a los artículos 14 y 31 de la Ley 2232 de 2022 se confirmará el numeral
tercero de la decisión de primera instancia, haciendo la salvedad que es por la
inexistencia de un mandato en cabeza de la accionada sobre el deber de
reglamentación.

En cuanto a los artículos 12, 16 y 34 de la Ley 2232 de 2022 se revocará el numeral
cuarto de la decisión que declaró improcedente la acción, para, en su lugar, negar
las pretensiones al haberse expedido la reglamentación demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 28
de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
bajo el entendido que las normas que se encuentran en estado de incumplimiento y
sobre las que se debe expedir la reglamentación correspondiente son los artículos
7, 9, 11 y 19 de la Ley 2232 de 2022 y 52 de la Ley 2277 de 2022.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 28 de
febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
respecto a los artículos 4, 13, 17, 18 y 34 de la Ley 2232 de 2022, para, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONFIRMAR el numeral tercero de la sentencia del 28 de febrero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las

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razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

CUARTO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia del 28 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

QUINTO: En todos lo demás se CONFIRMA la decisión de primera instancia.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

SÉPTIMO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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