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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00029-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00029-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el sentido que la reglamentación de que trata el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023 deberá ser expedida en un término de 6 meses computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión. SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2025-00029-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de junio de 2025

Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios De Armenia
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00029-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 63001-23-33-000-2025-00029-01
Demandante: PROCURADOR 34 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
AMBIENTALES Y AGRARIOS DE ARMENIA
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Tema: Ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno nacional,
para la creación, conformación, funcionamiento y articulación de
los Consejos Territoriales del Agua.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible contra la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío en la que se accedieron a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

Carlos Alberto Arrieta Martínez, en su condición de Procurador 34 Judicial I para
Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia1, promovió acción de cumplimiento en
contra de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme lo
dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado en
la Ley 393 de 1997.

Lo anterior, a efectos de obtener el acatamiento del mandato establecido en el artículo
34 de la Ley 2294 de 2023, en el que se estableció la obligación en cabeza del poder
ejecutivo de reglamentar la conformación, funcionamiento y articulación de los
Consejos Territoriales del Agua.

1 Nombrado mediante Decreto 3384 del 8 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la Nación.

1
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Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios De Armenia
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00029-01

Conforme lo anterior, formuló a título de pretensión lo siguiente:

7.1.- Declarar que la Nación- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha
incumplido con el deber imperativo contemplado en el inciso segundo del artículo 34 de
la ley 2294 de 2023.

7.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Nación- - Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el término perentorio y razonable que ustedes
honorables magistrados consideren, expedir la reglamentación contenida en la norma
incumplida, consistente en reglamentar la conformación, funcionamiento y articulación
de los consejos territoriales del agua con otros espacios de participación y consulta
previstos en los instrumentos de la política nacional de gestión integral del recurso
hídrico, o la que haga sus veces, y en los instrumentos de ordenamiento del territorio2.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

Relató que mediante la Ley 2294 de 2023 se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo –
Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026, en el que se estableció en su
artículo 34 la creación de los Consejos Territoriales del Agua.

La norma en comento estableció que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, proferiría la reglamentación correspondiente para
la conformación, funcionamiento y articulación de éstos.

Indicó que el 4 de octubre de 2024, mediante Oficio 980, la parte actora requirió a la
cartera ministerial enunciada para que diera cumplimiento al mandato antes indicado.
Al respecto, recibió respuesta el 4 de diciembre del mismo año, en donde se le informó
que estaba en fase de construcción el proyecto de decreto.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En criterio del accionante, el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023 satisface los requisitos
establecidos en la ley y la jurisprudencia para ser demandado vía acción de
cumplimiento, pues se trata de un mandato imperativo que no ha sido cumplido, pese
a que ha transcurrido más de un año a partir de vigencia del referido cuerpo normativo.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

Por auto del 8 de abril de 2025, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del
Quindío avocó el conocimiento de la acción, ordenó la notificación del Ministerio de

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

2
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, e informó de la existencia del trámite al Ministerio
de Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por conducto de apoderado
judicial, concurrió al trámite solicitando que se declare la improcedencia de la acción,
por no haberse constituido en renuencia a la entidad, o, de manera subsidiaria, que
nieguen las pretensiones de la acción.

Frente al primer punto, estableció que la cartera ministerial no se ha sustraído del
cumplimiento del deber que le fuere encomendado en la ley, es decir, en otros
términos, no se hace evidente que exista inacción o rebeldía en cuanto a la expedición
del decreto correspondiente.

Por otro lado, refirió que está surtiendo el procedimiento de elaboración de
instrumentos normativos, el cual se conforma de las etapas de planeación y
formulación, consulta y ajuste, y expedición.

La Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Trece
Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia, concurrió al trámite
solicitando que se acceda a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, acotó que la norma alegada como incumplida se encuentra en el Plan de
Desarrollo, lo que significa que es un compromiso establecido en un mandato electoral
cuya ejecución debe hacerse en un plazo determinado.

Finalmente, refirió que en este caso no se configura causal alguna de improcedencia
del mecanismo. Frente al tema de gasto, indicó que lo pretendido es la expedición de
la reglamentación, sin que ello implique una ejecución automática e inmediata.

1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío clausuró la primera instancia, mediante
sentencia del 2 de mayo de 2025, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, indicó lo siguiente:

Verificados los anteriores presupuestos de procedencia de la acción, la Sala constata
que en efecto la cartera ministerial no ha dado cumplimiento al mandato incorporado en
el artículo 34 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por lo que corroborada su
desatención al deber de reglamentación que le asiste, se hace necesario disponer a
través de esta decisión de un término prudencial para que se materialicen las pautas
necesarias para el debido funcionamiento de los Consejos Territoriales de Agua, pues
a la fecha han transcurrido aproximadamente dos años desde la expedición del Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 y lo cierto es que la entidad se limitó a señalar que la
reglamentación se encuentra en etapa de construcción, y si bien aportó un memorando
en el que se alude a observaciones realizadas al instrumento normativo que adiciona el

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Decreto 1076 de 2015 en desarrollo del artículo 34 de la Ley 2294 de 2023, no es posible
determinar con precisión el avance actual de la actuación a su cargo.

1.6. Impugnación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó escrito en el que indicó
que existen circunstancias financieras y procedimentales no imputables a la cartera
ministerial que han impedido la expedición de la reglamentación.

Específicamente, refirió que el aspecto económico es uno de los principales
obstáculos que ha presentado pues se requiere la ejecución e implementación de los
Consejos Territoriales de Agua.

Asimismo, enfatizó que el plazo conferido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Quindío resulta precario para lograr el cabal cumplimiento de la
decisión, circunstancia por la que solicitó que se ampliara éste a 12 meses.

1.7. Trámite en segunda instancia

Por auto del 27 de mayo de 2025, el despacho sustanciador advirtió una posible
nulidad en el trámite, dado que en el presente trámite no fue vinculado el presidente
de la República.

La norma de forma clara, establece que el destinario del mandato es el Gobierno
nacional, el cual, conforme lo dispone el artículo 115 de la Constitución Política, se
encuentra en cabeza del presidente de la República, los ministros del despacho y los
directores administrativos.

Surtida la notificación por conducto de la Secretaría General, la autoridad guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad con
lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley
1437 de 20113, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para
conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

3 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 2 de
mayo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a las
pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de
la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar al Gobierno nacional la expedición de la reglamentación
de que trata el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis del
caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción,
la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual
sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material
de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.

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De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a
toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir
ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la
ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de
un orden jurídico, social y económico justo” 4(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)5.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (Art. 8º).

d) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción.
Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos
que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el

4 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y

Hernando Herrera Vergara.

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes
de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
la acción de cumplimiento”6.

Conforme se precisó en los antecedentes de la presente acción, se tiene que el
Procurador 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia remitió
comunicado dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el que
solicitó el cumplimiento del mandato establecido en la norma. Asimismo, obra prueba
en la que la cartera accionada dio respuesta indicando que se encontraba en trámite
la expedición del respectivo decreto.

Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta suficiente para dar por satisfecho el requisito
de procedibilidad establecido en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

Ahora bien, el presidente de la República también se encuentra cobijado por la anterior
situación dado que, conforme se relató en los antecedentes del asunto, fue vinculado
como autoridad llamada a cumplir el mandato.

6 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo

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2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se
cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

2.3.4. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento del del parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley
2195 de 2022, que dispone:

LEY 2294 DE 2023
(mayo 19)
por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”.

Artículo 34. Consejos territoriales del agua. Créense Consejos Territoriales del Agua
en cada una de las eco regiones y territorios estratégicos priorizados en el Plan Nacional
de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, cuyo objeto será
fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el
ordenamiento del territorio en torno al agua buscando la consolidación de territorios
funcionales con enfoque de adaptabilidad al cambio climático y gestión del riesgo. Para
tal efecto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, reglamentará la conformación, funcionamiento y articulación de estos
Consejos con otros espacios de participación y consulta previstos en los instrumentos
de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico, o la que haga sus veces,
y en los instrumentos de ordenamiento del territorio.

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada la
expedición de la reglamentación mandada por el legislador, lo que implica materializar
una obligación de hacer. Con relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente
con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento del precepto que
se pide atender; además, la disposición es actualmente exigible porque no está
derogada ni suspendida y su cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento
de gasto no presupuestado para la Administración.

Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que torna
procedente la acción de cumplimiento.

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2.4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a la potestad reglamentaria
del poder ejecutivo7

Sea lo primero advertir, que la jurisprudencia actualmente vigente, en materia de
cumplimiento, ha determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo idóneo
para exigir al Gobierno nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando el
legislador le ha impuesto este deber, siempre y cuando se materialicen ciertas
condiciones.

La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al
ejecutivo el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de si
se impuso término o no al efecto8 debido a que, como se explicará, la ausencia de
un lapso específico no puede entenderse como una circunstancia que impida la
procedencia de la acción de cumplimiento.

Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 constitucional, puede imponer una serie
de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con el objetivo de
garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se encuentra cuando el
legislador impone al ejecutivo el deber de ejercer la potestad reglamentaria en
determinadas materias.

Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la cual
el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias a fin de
garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la existencia
de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes9.

En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se anotó
en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración armónica,
es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha atribución.

Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto que

7 Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número 25000-23-41-

000-2022-00942-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-23-

33-000-2015-00227 01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
9 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 16 de agosto de2002, dictada en el expediente número AC-0165, y se reiteró en
sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-01(ACU) MP. Reinaldo
Chavarro Buriticá.
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usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida la
reglamentación exigida por la ley.

Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no delimita
la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los cuales deba
surtirse.

Así pues, el legislador a través de la ley puede imponer un plazo al Gobierno nacional
para que proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar silencio al respecto,
y únicamente establecer el deber de reglamentar.

Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer la
potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es plenamente
exigible.

Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento, se erige como el
mecanismo idóneo para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando
en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla.

2.5. Análisis del caso concreto

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser

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cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera10:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y
de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»11.

En el presente asunto, es claro para la Sala que el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023,
contiene la obligación a cargo del Gobierno nacional consistente en expedir la
reglamentación en relación con los Consejos Territoriales del Agua.

La Sala no desconoce los esfuerzos adelantados por la accionada encaminados a
lograr tal objetivo. No obstante, se estima que a pesar de que se han adelantado
gestiones tendientes al cumplimiento demandado, resulta evidente que la
reglamentación que prevé la norma no ha sido proferida a pesar de que la norma entró
a regir el 19 de mayo de 202312 y, si bien no se impuso un plazo para su expedición,
ello no implica que el mandato no sea exigible.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: “[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe
ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]”. (Subraya la Sala).

Con fundamento en lo anterior, es evidente que las normas analizadas contienen un
mandato imperativo e inobjetable, en la medida en que corresponde al Gobierno
nacional ejercer la facultad reglamentaria sobre los Consejos Territoriales del Agua.
Razón por la que se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.

10Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado

social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
12 Artículo 372. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga

todas las disposiciones que le sean contrarias.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios De Armenia
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00029-01

Ahora bien, en atención a lo solicitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, referente a la modificación del plazo establecido en la decisión impugnada,
se accederá parcialmente al pedimento y, en consecuencia, se modificará
parcialmente la sentencia de primera instancia. En ese sentido, la Sección estima que
un plazo de 6 meses resulta razonable para que se expida la reglamentación
correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 2 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el sentido que la
reglamentación de que trata el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023 deberá ser expedida
en un término de 6 meses computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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