RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2024-00852-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00852-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00852-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, la sociedad EPS Suramericana S.A. -SURA- y la ARL Positiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00852-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: XIOMARA MARÍA SALCEDO ORREGO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– Se revoca el ordinal tercero del fallo impugnado – La
permanencia del cargo en provisionalidad es relativa y cede frente al mejor derecho
que ostenta aquella persona que hace parte de la carrera.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín contra la sentencia de 18 de julio de 2024,
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Xiomara María Salcedo Orrego solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales “[…] de carrera administrativa, al derecho a acceso a cargos
públicos y al principio del mérito, a la igualdad y al debido proceso […]”, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a la
Oficina de Talento Humano y a la Coordinación de Bienestar Social Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne, a la EPS Sura, a
la ARL Positiva y a la señora Maritza Cañas Vallejo, por la omisión de materializar
su traslado al cargo de secretaria del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Guarne.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que se encuentra vinculada como empleada de carrera en el cargo de
secretaria en propiedad en el Juzgado Primero Promiscuo de Caucasia, y que
solicitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia concepto sobre la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

procedibilidad de ser trasladada al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Guarne.

2.2. Manifestó que el 21 de marzo de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura de
Antioquia emitió concepto favorable para su traslado, con base en lo cual el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne profirió la Resolución núm. 006
de 7 de junio de 2024 y la nombró “[…] en el cargo de Secretaria en provisionalidad
de este despacho judicial, para suplir la vacante en el cargo que se presenta, por
cuenta de la incapacidad por enfermedad común de la que goza MARITZA CAÑAS
VALLEJO […]”. [Negrilla original del texto].

2.3. Señaló que el 30 de mayo de 2024 aceptó el nombramiento e informó que
tomaría posesión el 4 de junio del presente año, pero no pudo hacerlo porque la
señora Maritza Cañas Vallejo fue incapacitada desde el 31 de mayo hasta el 9 de
junio de 2024.

2.4. Refirió
que la Juez Primero Promiscuo Municipal de Guarne profirió la
Resolución núm. 007 de 18 de junio de 2024 informándole sobre la imposibilidad
de posesionarla en razón a la incapacidad de la señora Maritza Cañas Vallejo, por
lo que también se suspendieron los términos de su posesión hasta que terminara
el periodo de la novedad.

2.5. Agregó
que la incapacidad de la señora Maritza Cañas fue prorrogada
nuevamente, esta vez desde el 2 de julio al 25 de julio de 2024.

2.6. Adujo que la situación de salud de la señora Maritza Cañas la está afectando,
porque pese a que son temas administrativos distintos habían “[…] concertado que
el día el martes 04 de junio de 2024, haríamos el empalme del cargo, razón por la
cual, yo hice el empalme de mi cargo como secretaria en el Juzgado 01 Promiscuo
Municipal de Caucasia, Ant, con la persona que iban a nombrar en ese despacho,
y atendiendo a la incapacidad que le fue otorgada en ese momento a la señora
MARITZA CAÑAS […]”.

2.7. Precisóque lo que viene ocurriendo está afectando no solo al despacho
nominador sino al Juzgado Primero Promiscuo de Caucasia -donde trabaja
actualmente-, “[…] en tanto las proyecciones de entrega de trabajo y empalme que
deben realizarse en el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Caucasia, Ant, para la
entrega de la secretaría son muy dispendiosas, en razón a la alta carga de trabajo
que hay en el Bajo Cauca, con casi un cumulo de trabajo de 1.600 a 1.800 procesos
activos por Juzgado solo en materia civil, incluidos los de trámite posterior […]”.

2.8. Puntualizó
que, igualmente, no solo se están vulnerando sus derechos
fundamentales, sino que también se afectan los derechos de toda la comunidad del
Municipio de Guarne, en razón a que un juzgado sin un secretario presta un servicio
ineficiente.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Ordenar los [sic] accionados y vinculados cesar la vulneración
de mis derechos fundamentales de carrera administrativa, al derecho a acceso
a cargos públicos y al principio del mérito, a la igualdad y al debido proceso, y
a los otros que se encuentren vulnerados conforme a la facultad extra petita del
Juez, ponderando el mérito y oportunidad de la carrera judicial, dando
aplicación al debido proceso consagrado en la Ley 270 de 1996.

SEGUNDA: Ordenar a la JUEZ PRIMERA PROMISCUO MUNICIPAL DE
GUARNE, ANTIOQUIA, para que, de manera inmediata, eleve el acta para mi
toma de posesión del cargo como secretaria en propiedad de su despacho
nombrada mediante Resolución Nº 006 de fecha 29 de mayo de 2024, y
consecuencial a ello, se expida la respectiva resolución que disponga la
desvinculación de dicho cargo en provisionalidad, de la señora MARITZA
CAÑAS VALLEJO.

TERCERO: Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE
ANTIOQUIA - DIRECCIÓN SECCIONAL MEDELLÍN, y de la UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS DE LA SECCIONAL DE MEDELLÍN y/o ASUNTOS
LABORALES, y/o quien sea el competente, como consecuencia de la
desvinculación del cargo de la señora MARITZA CAÑAS VALLEJO, continuar
efectuándole los pagos a que hay lugar por concepto de seguridad social hasta
cuando su señoría lo considere pertinente, y/o en subsidio, reubique a la
señora CAÑAS VALLEJO, en otro Juzgado con las mismas funciones o
remuneración, a fin de que cese el hecho detonante de su enfermedad, ya que
ella manifestó que no puede retornar a laborar al Juzgado accionado, y se
garantice una protección extensa a sus derechos fundamentales […]”.
[Mayúscula y negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 9 de julio de 2024, la magistrada a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad
de tercero con interés en el resultado del proceso al Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Caucasia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Juez Primero Promiscuo Municipal de Guarne explicó que “[…] la señora
Cañas Vallejo tiene los derechos propios que otorga el nombramiento en
provisionalidad, pero esto no implica que sus derechos prevalezcan sobre los de
los integrantes de listas de elegibles en traslado, ya que la estabilidad en el empleo
para quien ha sido vinculado a través de un nombramiento en provisionalidad está
condicionado al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sea

4

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

reemplazada por quien se ha hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus
méritos evaluados previamente […]”.

5.2. Sin embargo, señaló que “[…] debe brindársele a esta funcionaria la alternativa
de hacer prevalecer los derechos de carrera de la designada en propiedad, esto es,
poder posesionar a la doctora Xiomara María Salcedo Orrego en el cargo para la
que fue designada, ordenándole en esta acción constitucional y de conformidad con
el artículo 1 del Acuerdo 756 de 2000, a quien corresponda crear un cargo para el
que este capacitada la señora Cañas Vallejo, advirtiendo desde ahora que en el
seguimiento que he podido realizarle a la funcionaria, es necesario concluir que no
está capacitada para ejercer el cargo de secretaria […]”.

5.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
manifestó, a través de su directora, que “[…] [f]rente a los hechos expuestos por la
accionante, se observa que está Dirección Seccional no tiene ninguna injerencia,
toda vez que los mismos corresponden a gestiones o decisiones que como
autoridad nominadora ha efectuado la titular del despacho, en este caso, la Juez
Primera Promiscuo Municipal De Guarne, Antioquia, y de las cuales esta servidora
no conoce, tramita ni interviene […]”.

5.4. Finalmente, solicitó que “[…] se declare y reconozca la falta de legitimación en
la causa por pasiva, al no ser esta Dependencia quien deba cumplir con la
protección y garantía de los derechos fundamentales pretendidos vía acción
constitucional […]”.

5.5. La Sociedad EPS Suramericana S.A. -SURA- solicitó, a través de apoderado
judicial, que se negaran las pretensiones de la acción constitucional por ser
evidente que no vulneraron ningún derecho fundamental de la accionante y que por
ese motivo se le desvincule de este procedimiento.

5.6. La ARL Positiva informó, a través de apoderado judicial, que “[…] [a]nte la
inexistencia de reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral, no se
identifica gestión determinación de origen en primera oportunidad efectuada por
esta ARL o por entidad participe del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(AFP o AFP) y notificada a esta Compañía […]”.

5.7. Por lo anterior, mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

5.8. La señora Maritza Cañas Vallejo manifestó que no se opone “[…] a la posesión
de la accionante, pero si a mí desvinculación teniendo en cuenta la vigencia de mi
incapacidad, que estoy en tratamiento médico y tengo citas médicas pendientes.
Como control por medicina laboral el 12 de julio a las 2:00 p.m., por psicología el
15 de julio a las 8:00 a.m., por psiquiatría el 25 de julio a las 3:30 p.m. y por
psicología el 29 de julio a las 9:30 a.m. […]”.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 18 de julio de 2024, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia amparó los derechos fundamentales de
acceso a la función pública y a elegir y ser elegida de la señora Xiomara María
Salcedo, al considerar que “[…] el servidor que accede al servicio previa
agotamiento y superación satisfactoria de todas las etapas que componen un
concurso previo de méritos, ostenta un mejor derecho que aquel que desempeña
un cargo bajo nombramiento en provisionalidad, quien automáticamente puede ser
retirado del servicio, ante la designación y posesión de quien accede al cargo, en
virtud de nombramiento en propiedad […]”.

7. Igualmente, le ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín que “[…] por el término de tres (3) meses, contados a partir de
la desvinculación del servicio, pague los aportes en salud y pensión de la señora
MARITZA CAÑAS VALLEJO, identificada con número de cedula […]. El pago
cesará, en el evento en que, durante este término, mejore el estado de salud de la
señora CAÑAS VALLEJO cesando las incapacidades por su diagnóstico de
depresión y ansiedad […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto].

8. Concluyó que en los casos en que el servidor en provisionalidad ostente una
protección reforzada producto de afecciones de salud “[…] se le debe hacer
acreedor de las denominadas acciones afirmativas o trato discriminatorio positivo,
que no es otra cosa que una de las maneras de dar vida, a esa protección especial
de que goza, aclarando eso sí, que la figura de la protección reforzada o especial,
no significa que se anteponga o prevalezca sobre el derecho de acceso a la función
pública, de quien ingresa por superar satisfactoriamente un concurso público de
méritos […]”.

9. Al respecto se dispuso en la parte resolutiva de la decisión impugnada:

“[…] PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales de acceso a la función
pública y a elegir y ser elegida, de la accionante XIOMARA MARIA SALCEDO
ORREGO, identificada con número de cedula 1.128.282.851, conforme lo
expuesto en precedencia.

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de GUARNE – Antioquia - por conducto de su titular, que en el
término de dos (2) días contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a posesionar en el cargo de Secretaria de ese Despacho, previa
acreditación de los requisitos de ley, a la señora XIOMARA MARIA SALCEDO
ORREGO identificada con número de cedula 1.128.282.851.

TERCERO. Se ORDENA a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín – Antioquia – Chocó - que por el
término de tres (3) meses, contados a partir de la desvinculación del servicio,
pague los aportes en salud y pensión de la señora MARITZA CAÑAS
VALLEJO, identificada con número de cedula […]. El pago cesará, en el evento

6

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

en que, durante este término, mejore el estado de salud de la señora CAÑAS
VALLEJO cesando las incapacidades por su diagnóstico de depresión y
ansiedad.

CUARTO. Si no fuere impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo a lo preceptuado
en el artículo 31 ibídem […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín impugnó
el fallo de primera instancia, al considerar que “[…] no tiene ninguna injerencia en
las decisiones tomadas por los nominadores de cada despacho, no obstante y para
dar cumplimiento a lo ordenado mediante fallo, estamos prestos a que una vez el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne – Antioquia proceda a posesionar
en el cargo de Secretaria de ese Despacho a la señora XIOMARA MARIA
SALCEDO ORREGO, se continúe realizando los aportes en salud y pensión a la
señora Maritza Cañas Vallejo por el término establecido hasta tanto mejore el
estado de salud de la señora CAÑAS VALLEJO cesando las incapacidades por su
diagnóstico de depresión y ansiedad […]”.

11. En ese sentido, cuestionó la orden del fallo de primera instancia que tiene que
ver con el pago de los aportes en salud y pensión de la señora Maritza Cañas
Vallejo por el término de tres meses o menos en el caso que mejore su estado de
salud antes de cumplirse ese término y, su responsabilidad frente a esa orden.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VIII.2. Cuestión previa

13. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de desvinculación

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

presentadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, la sociedad EPS Suramericana S.A. -SURA- y la ARL Positiva.

14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:

"[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.5

Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir que
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, están
legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de autoridades
públicas, presuntamente responsables de las acciones y omisiones que, a juicio
del accionante, vulneraron sus derechos fundamentales […]". [Subrayado fuera
del texto].

15. En este contexto, la Sala considera frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, la sociedad EPS Suramericana S.A. -SURA-
y la ARL Positiva, que como estas fueron señaladas en el escrito de tutela como
las causantes de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante,
se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

17. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) Requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

18. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

5
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

19. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

20. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un Juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.5. El caso concreto

21. La señora Xiomara María Salcedo Orrego solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales “[…] de carrera administrativa, al derecho a acceso a cargos
públicos y al principio del mérito, a la igualdad y al debido proceso […]”, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a la
Oficina de Talento Humano y la Coordinación de Bienestar Social Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne, a la EPS Sura, a
la ARL Positiva y a la señora Maritza Cañas Vallejo, por la omisión de materializar
su traslado al cargo de secretaria del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Guarne.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

22. En el presente caso la única parte impugnante, esto es la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, solicitó que se revoque el ordinal
tercero de la sentencia de primera instancia, en el que se ordenó a la impugnante “[…]
que por el término de tres (3) meses, contados a partir de la desvinculación del
servicio, pague los aportes en salud y pensión de la señora MARITZA CAÑAS
VALLEJO […]”.

23. Teniendo en cuenta que la impugnación se limitó a controvertir la orden tercera de
la sentencia de primera instancia, la Sala estudiará si es procedente la precitada
orden.

VIII.5.1. Estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección
constitucional nombrados en provisionalidad

24. El derecho al trabajo regulado en el artículo 25 superior lleva implícito el principio
de estabilidad en el empleo. Sin embargo, los servidores públicos que ocupan
cargos en provisionalidad tienen una garantía de carácter relativo e intermedio, en
razón a que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que “[…] los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera […]”, por lo que las
condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al mérito y
no a la discrecionalidad del nominador7.

25. Sobre la anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado:

“[…] [C]uando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su
permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo,
justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]”8.

26. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de estos funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa cede frente
al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso de méritos, por
lo que la estabilidad de los servidores en provisionalidad está condicionada al
término de duración del proceso de selección y a las etapas del concurso de
méritos9.

27. Esta Sección, en sentencia de 25 de mayo de 201710, se refirió al tema de la
estabilidad laboral reforzada frente a los derechos de carrera administrativa, en los
siguientes términos:

7
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
8
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
10
Expediente nro. 2017-00138-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González

10

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

“[…] El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de los trabajadores
que ostentan una condición de debilidad manifiesta, tales como las madres o
padres cabeza de familia, los que estén próximos a pensionarse, o los que se
encuentren en situación de discapacidad o su estado de salud no sea óptimo.
En contraposición al derecho a la estabilidad reforzada, se encuentran los
derechos derivados de la carrera administrativa, que garantizan que una
persona que hubiese cumplido los requisitos y condiciones fijadas en la ley en
relación con el mérito y calidad de los aspirantes, pueda acceder a los empleos
en los órganos y entidades del Estado, salvo los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la Ley. Su retiro, solamente se justifica por la calificación no
satisfactoria en el desempeño del cargo, por violación al régimen disciplinario
y por las demás causales que prevea la Constitución y la Ley. […]

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Sala ha sido clara en
establecer que, en los eventos en que un cargo de carrera ofertado está
provisto en forma provisional por una persona en condición de debilidad
manifiesta, el retiro del servicio de esta última a causa del nombramiento de
quien aprobó todas las etapas del concurso de méritos, se encuentra
claramente justificado, pues es evidente que el retiro del funcionario obedeció
a una causal objetiva expresamente consagrada en la Ley y no con ocasión de
su condición de debilidad.

Sin embargo, también se ha señalado que pese a lo anterior, en atención al
derecho a la igualdad y al principio de solidaridad, al Estado le asiste la
obligación de adoptar medidas de diferenciación positiva a efectos de que las
personas que ostenten cargos de carrera en provisionalidad y se encuentren
en debilidad manifiesta, sean los últimos en ser desvinculados o tener la
oportunidad de ser reubicados, pues existe una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo y la garantía de sus derechos
fundamentales, como el mínimo vital y la igualdad […]”. [Subrayado fuera del
texto].

28. De todo lo anterior es dable afirmar que, aunque el titular del cargo de carrera
tiene un mejor derecho frente aquel que se encuentra vinculado en provisionalidad
y bajo una situación de debilidad manifiesta, la administración debe procurar un
especial trato hacia este y, en tal entendido, adoptar las medidas que tenga a su
alcance para garantizar el derecho a la igualdad y al principio de solidaridad11.

29. Significa lo anterior que, aunque ciertamente las personas que ocupan un cargo
público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en este de manera
indefinida, en el caso de los servidores que tienen una estabilidad laboral manifiesta
por razones de salud, se debe otorgar en su favor un trato preferencial, lo que se
traduce en que dichos funcionarios serán los últimos en ser removidos en caso de
que sea necesario proveer los respectivos empleos con quienes superaron el
concurso de méritos.

30. Enese orden de ideas, es cierto que la señora Maritza Cañas Vallejo fue
diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, por lo que se le
prorrogó la incapacidad desde el 2 de julio al 25 de julio de 2024.

11
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

31. Asimismo, se encuentra establecido que, para el momento de la presentación del
mecanismo de amparo, la señora Maritza Cañas Vallejo se encontraba vinculada
laboralmente con la Rama Judicial, en provisionalidad, desempeñando el cargo de
secretario de juzgado municipal – grado nominado (código 260143) adscrito al
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne – Antioquia.

32. Igualmente, es un hecho cierto que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Guarne profirió la Resolución núm. 006 de 29 de mayo de 202412 mediante la cual
aceptó, previo concepto favorable del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, el traslado y nombramiento de la señora Xiomara Salcedo Orrego en el
cargo de secretaria en propiedad.

33. También consta que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne
suspendió, a través de la Resolución núm. 007 de 18 de junio de 2024 13, los
términos para que se designara a la accionante en propiedad en el cargo de
secretaria, en razón a que la persona que se viene desempeñando en ese cargo se
encuentra incapacitada.

34. Por lo anterior, es evidente que la desvinculación de la señora Cañas Vallejo no
obedecería a su condición de salud, sino que es consecuencia al derecho de
traslado que tiene la aquí accionante por estar inscrita en la carrera de la Rama
Judicial, quien tiene un mejor derecho de acuerdo con la jurisprudencia tanto de la
Corte Constitucional como de esta Corporación.

35. Es por esa razón que esta Sección resaltó, a través de sentencias de 22 de abril14
y 5 de mayo de 202215, que el hecho de ponderar los derechos fundamentales del
servidor de carrera sobre los derechos del servidor nombrado en provisionalidad no
desconoce la figura de la estabilidad laboral reforzada, ni tampoco las graves
afectaciones de salud que puede tener el servidor en provisionalidad, pues lo que
se advierte es que su derecho de permanencia en el cargo es relativo y debe ceder
frente al mejor derecho que ostenta aquella persona que ganó el concurso de
méritos e ingresó a la carrera.

36. Por los anteriores razonamientos esta Sección igualmente puntualizó:

“[…] 37. En este contexto, sea lo primero en destacar que dentro del presente
proceso está plenamente acreditado que la actora padece de una enfermedad
degenerativa denominada A.T.16 con concepto de rehabilitación no favorable,
razón por la que actualmente recibe tratamiento médico.

12
“Por medio de la cual se deciden solicitudes de traslado horizontal y se hace nombramiento en propiedad”.
13
“Por medio de la cual se suspenden los términos para posesionar en propiedad en el cargo de secretaria a la doctora
XIOMARA MARIA SALCEDO ORREGO”.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 05001-23-33-000-2022-00219-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; 22 de abril de 2022.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 76001-23-33-000-2022-00356-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; 5 de mayo de 2022.
16
La Sala se reserva el derecho de identificar la patología que le fue diagnosticada a la accionante, con el propósito de no
revelar información sensible.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

38. También está demostrado que la accionante le fue dada incapacidad
médica desde el 12 de julio de 2021 hasta el 2 de mayo de 2022.

39. Asimismo, se encuentra establecido que, para el momento de la
presentación del mecanismo de amparo, la accionante se encontraba vinculada
laboralmente con la Rama Judicial, en provisionalidad, desempeñando el cargo
de citador nominado adscrito al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera.

40. Igualmente, es un hecho cierto que el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca, mediante Resolución CSJVAR21-717 de 29 de diciembre
de 202117, actualizó la lista de elegibles de los aspirantes que superaron las
etapas del concurso de méritos, y en lo que concierne al asunto de la presente
controversia, estableció que 169 aspirantes habían superado el concurso para
ocupar el cargo de citador de Juzgado Municipal grado 03.

41. El mismo Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca ofertó 17
vacantes definitivas existentes -para el mes de diciembre de 2021- en el cargo
de citador de Juzgado Municipal grado 03. Posteriormente y mediante
Resolución CSJVAR22-61 de 26 de enero de 2022, dicha Corporación
conformó la lista de elegibles de los aspirantes que optaron por el cargo de
citador municipal grado 02 en el Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera -
despacho judicial en el que laboraba la aquí accionante-. En dicha oportunidad,
se postularon 7 aspirantes para ocupar una (1) vacante.

42. También se tiene que, mediante Resolución 005 de 24 de febrero de 2022,
el titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera reconoció a la señora
Pastes Guerrero su condición de sujeto de especial protección y, en ese
sentido, le ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca continuar con el pago de los aportes en salud. Igualmente, requirió
al fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A. para que, de manera diligente
y rápida culminara con el trámite de pérdida de capacidad laboral que inició la
accionante. Finalmente, el 29 de marzo de 2022, la actora fue desvinculada del
cargo que venía ocupando en provisionalidad.

43. Asimismo, obra en el expediente el oficio de 16 de marzo de 2022, por
medio del cual la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca señaló que, de acuerdo con la normatividad, no resultaba dable
«acceder favorablemente a su solicitud en cuanto a continuar con el pago de
aportes a la Seguridad Social a la señora, ISABEL CRISTINA PASTES
GUERRERO, como quiera que una vez se efectúe la posesión en propiedad
del cargo de Citador, se procede a la cancelación de aportes únicamente a la
persona que lo está ocupado».

44. De lo anteriormente expuesto es dable concluir que la desvinculación
laboral de la señora Pastes Guerrero tendría una justificación legal, la cual
tiene fundamento en la provisión del cargo por concurso de méritos, de tal forma
que la Sala de Decisión no encuentra que las autoridades accionadas hubiesen
obrado en contravía de las normas del proceso de selección.

[…]

47. Significa lo expuesto que la desvinculación de la actora no obedecería a su
condición de salud, sino que es consecuencia del nombramiento de una de las

17
“Por medio de la cual se actualiza el Registro Seccional de Elegibles correspondiente al concurso de méritos destinado a
la provisión de cargos para los empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios en los Distritos
Judiciales de Cali y Buga, convocado mediante los Acuerdos Nos. CSJVAA17-71 del 06 de octubre de 2017, CSJVAA17-73
del 11 de octubre de 2017 y CSJVAA17-76 del 23 de octubre de 2017, una vez decididos los recursos de reposición y
apelación interpuestos por los interesados”.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

personas que superó el concurso de méritos y que conforma la lista de
elegibles, quien, valga resaltarlo, tiene un mejor derecho de acuerdo con la
jurisprudencia trazada tanto por la Corte Constitucional como por esta
Corporación, tal como se explicó ampliamente en los acápites precedentes.

48. Es por las anteriores razones que esta Sala de Decisión considera que,
aunque la aquí accionante se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta, lo cierto es que no se puede afirmar que las autoridades accionadas
hayan vulnerado sus garantías fundamentales, dado que el nombramiento en
provisionalidad de la accionante no le otorgaba un derecho de permanencia
indefinida en el cargo, así se encuentre en una condición especial; a lo que se
suma que las entidades demandadas no cuentan con alternativas que les
permitan desplegar un trato preferencial o de discriminación positiva en favor
de la actora y en virtud del cual se le permita su permanencia en el cargo que
viene desempeñando.

49. En este contexto, debe precisarse que, en el sub examine, no se está
desconociendo la figura de la estabilidad laboral reforzada, ni tampoco las
graves afectaciones de salud que padece la actora, pues lo que se advierte es
que su derecho de permanencia en el cargo es relativo y debe ceder frente al
mejor derecho que ostenta aquella persona que ganó el concurso de méritos.

[…]

52. Por último, la Sala advierte que si bien es cierto la Corte Constitucional ha
considerado que en el evento de no existir plaza disponible en la que se pueda
reubicar al trabajador, como es el caso que nos ocupa, «se deberá afiliar al
Sistema de Seguridad Social en Salud»18, la realidad es que no es un criterio
unánime, por cuanto en sentencia T-464 de 2019, esa misma Corporación
señaló que, por el contrario, «no existe vínculo laboral que obligue al ICBF a
realizar la respectiva vinculación y cotización al sistema».

53. Así las cosas y ante la inexistencia de un criterio unificado y reiterado sobre
la materia19, la Sala, dentro del marco de su autonomía e independencia
judicial, acoge la postura según la cual el empleador no está obligado a
continuar con el pago de la seguridad social -en salud- en favor del extrabajador
que se encuentra en situación de especial protección constitucional, teniendo
en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre las partes que así lo
justifique.

54. Lo anterior resaltándose que el sistema de seguridad social en salud se
rige, entre otros, por los principios de universalidad, solidaridad, igualdad y
equidad, a partir de los cuales el Estado está en el deber de garantizar la
prestación del servicio independientemente de la capacidad de pago del
afiliado. […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

37. Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta el criterio adoptado por esta
Sala de Decisión en las sentencias de 22 de abril y 5 de mayo de 2022, se
considera que no existe fundamento jurídico para que, una vez finalizada la
relación laboral con la señora Maritza Cañas Vallejo, se continúe con los aportes
en salud y pensión por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín en favor de esta persona.

18
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19
Así lo reconoció la misma sentencia T-342 de 2021.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

38. Por tal motivo, la Sala revocará el ordinal tercero de la sentencia impugnada y
la confirmará en todo lo demás, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, la sociedad EPS
Suramericana S.A. -SURA- y la ARL Positiva, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia de 18 de julio de
2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 18 de julio de 2024,
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso

15

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00852-01
Accionante: Xiomara María Salcedo Orrego

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.