Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00356-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00356-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00356-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: ISABEL CRISTINA PASTES GUERRERO
Accionados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO
– las accionadas no vulneraron derecho alguno al ofertar el cargo
que ocupaba en provisionaliad la actora – la permanencia de la
accionante en el cargo es relativo y cede frente al mejor derecho
que ostenta aquella persona que ganó el concurso
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Isabel Cristina Pastes
Guerrero en contra de la sentencia de 7 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Isabel Cristina Pastes Guerrero solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales «a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, salud,
vida y vida digna», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca y al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera
Valle, por la «aplicación de la lista de legibles CSJVAR22-61 de enero 2 de 2022,
para proveer el cargo de CITADOR».
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que desde el 8 de octubre de 2018 se desempeña, en
provisionalidad, en el cargo de citador nominado adscrito al Juzgado Promiscuo
Municipal de Pradera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
2.2. Señaló que: «desde hace aproximadamente 7 u 8 años, fui diagnosticada con
una patología llamada [A.C.]1, dicha enfermedad es degenerativa y no tiene cura,
por ende, con el trascurrir de los años se van desarrollado más los síntomas que
esta produce».
2.3. Comentó que: «a raíz de la situación de salud por la que atravieso, me han
examinado diferentes especialidades dentro de la medicina, entre ellas el médico
fisiatra, neurólogo, genetista, psiquiatra, psicólogo, optómetra etc».
2.4. Puntualizó
que desde el 12 de julio de 2021 se encuentra incapacitada con
concepto de rehabilitación no favorable.
2.5. Refirióque, debido a que el concepto de rehabilitación resultó no favorable,
inició el proceso de pérdida de calificación laboral ante el fondo de pensiones y
cesantías Porvenir S.A., siéndole programada una cita para tal fin el 3 de marzo
de 2022.
2.6. Afirmóque: «se me ha informado por parte del titular del Despacho la
obligatoriedad de aplicación de las listas de elegibles remitidas por el Consejo
Superior de la Judicatura Seccional valle del Cauca Cali, para el cargo que
desempeño en provisionalidad en el Juzgado promiscuo Municipal de Pradera
CITADOR, GRADO 3 , término que se vence el día 24 de febrero del año en curso
y que de darse aplicación generaría mi desvinculación laboral sin tener en cuenta
la discapacidad presentada y por ende la protección constitucional que me asiste».
2.7. Aseguró que «hay una evidente amenaza a mis derechos a la estabilidad
laboral reforzada, primero por parte del Consejo Superior de la Judicatura
Seccional valle del Cauca Cali, quien amparado en la circular CJC22-2, transfiere
al nominador en este caso al Juzgado Promiscuo Municipal el trámite de
resolución de solicitud laboral reforzada, pues si bien estos deben y pueden emitir
un acto administrativo que determine la existencia de tal calidad, las
consecuencias del mismo serán solo de la órbita del primero, pues comportan
decisiones presupuestales, inclusive de movimiento y reubicación de personal
entre las diferentes sedes, hecho que debe ser anterior a la conformación en la
lista de elegibles de tal suerte que no se afecten los derechos de quien están
desempeñando dichos caros ni de quienes por virtud del concurso de mérito
aspiran a proveer o posesionarse en dichas vacantes y por parte del nominador
porque al efectuar la ponderación de derechos puede optarse por el de quien
concursó lo que me desvincularía de la rama sin poder culminar mi proceso de
calificación de las mismas condiciones que hoy ostento».
2.8. Consideró que se encuentra en situación de estabilidad laboral reforzada, dada
la condición médica que padece; sin embargo, la autoridad accionada no adoptó
ninguna medida para garantizarle su empleo.
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La Sala se reserva el derecho de identificar la patología que le fue diagnosticada a la accionante, con el propósito de no
revelar información sensible.
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
2.9. Añadió que el 3 de marzo de 2022 radicó la
-en el trámite de la tutela-
documentación pertinente ante el fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A.
con el propósito de que se realizara la calificación de su pérdida de capacidad
laboral, y que dicha sociedad le informó que tendría respuesta al respecto en un
período máximo de tres (3) meses.
III. PRETENSIONES
3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los
derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a
las entidades accionadas que:
Como MEDIDA PROVISIONAL se suspenda la aplicación inmediata de la
lista de elegibles conformada para el cargo de citador grado 03 del juzgado
promiscuo municipal Pradera, considerando que su aplicación inmediata
genera mi desvinculación y por ende interrumpe el proceso de calificación
o por lo menos cambia las condiciones y prerrogativas laborales que en
este momento me asisten, lo anterior hasta tanto se resuelva la acción
constitucional y de ser procedente hasta que culmine mi proceso de
calificación definitiva.
Segundo: Que el Consejo superior seccional valle y el Juzgado Promiscuo
Municipal de pradera valle, suspendan la aplicación de listas al cargo de
citador grado 03 hasta culminar mi proceso de calificación de pérdida de
capacidad laboral. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de
Buga, mediante auto de 23 de febrero de 2022, remitió, por competencia, el
expediente de la referencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
5. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado a
cargo de la sustanciación y en auto de 24 de febrero de 2022, admitió el presente
mecanismo de amparo, asimismo, negó la medida provisional solicitada por la
accionante y vinculó como terceros con interés directo en los resultados del
proceso «a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al Fondo de Pensiones y
Cesantías PORVERNIR, a la EPS EMSSANAR SAS, a la ARL POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y a las personas que integren el registro de
elegibles para el cargo de CITADOR GRADO 03 del JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PRADERA».
6. Posteriormentey mediante auto de 1° de marzo de 2022, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado sustanciador
del proceso, resolvió decretar como medida provisional «que el JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA de manera inmediata suspenda la
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
orden emitida mediante Resolución No. 005 del 24 de febrero de 2022 “Mediante
la cual se decide sobre una solicitud de estabilidad reforzada y se dispone la
aplicación de lista de elegibles para Citador Municipal Grado 3”, en lo concerniente
a nombrar y posesionar en el cargo Citador Municipal Grado 3 al señor JULIO
CESAR ANCHICANOY TORRES hasta tanto se profiera sentencia de primera
instancia por esta Corporación».
7. En la misma providencia, se requirió al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera
para que informara «cómo está provista la planta de personal del juzgado, esto es,
informar cuantos, y cuales cargos existen y si estos se encuentran ocupados en
carrera o provisionalidad, indicando si en alguno de ellos existen personas con
alguna situación de especial protección constitucional».
V. INTERVENCIONES
8. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:
8.1. Ladirectora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en el que advirtió que carece
de competencia funcional para atender la pretensión de amparo de la accionante
porque «no tiene la facultad para emitir el acto administrativo de nombramiento, y
tampoco está facultada para satisfacer las pretensiones de amparo sobre
decisiones de estabilidad laboral reforzada».
8.2. Asimismo, señaló que no existe la vulneración que alega la accionante, ya que
ella al estar «nombrada en provisionalidad, la estabilidad en el cargo que
desempeñaba depende de la provisión del mismo por quien obtuvo el derecho en
desarrollo del concurso de méritos y/o – traslado del empleado, situación de la
cual ella tenía conocimiento desde el momento de su posesión en provisionalidad
en un cargo de carrera».
8.3. A
partir de lo anterior, advirtió que «el hecho de que la accionante este
ocupando en provisionalidad el cargo de citador de juzgado municipal grado 3 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, Valle del Cauca, no le otorga derechos
de carrera sobre este cargo».
8.4. El
Juez Promiscuo Municipal de Pradera rindió informe en los siguientes
términos:
[…] Frente al planteamiento que trae la tutela, me remito a la decisión
adoptada por este Despacho mediante acto administrativo No. 005 del 24 de
febrero reciente, mediante el cual, se aplicó la lista de elegibles para el cargo
de citador municipal grado 3º, nombrando para el efecto al señor JULIO
CÉSAR ACHICANOY TORRES, quien manifestó el día de hoy, renunciar a los
términos para posesionarse del cargo el próximo 4 de marzo, resolución en la
cual, también se reconoció la estabilidad laboral de la servidora judicial, que
en virtud de dicha decisión quedó desvinculada del Juzgado, ISABEL
CRISTINA PASTES GUERRERO.
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
Evidentemente señor magistrado, como puede examinar en la resolución en
comento, el titular de este Juzgado para no violentar los derechos
fundamentales de la accionante realizó juicio de ponderación constitucional a
efectos de dotar de legitimidad y racionalidad el acto administrativo en
comento, en cumplimiento del presupuesto del principio iusfundamental de la
estabilidad laboral reforzada, en cuanto que se ponderó frente al derecho de
acceder a cargos públicos del
concursante que se nombró, concluyéndose que la accionante se encuentra
en situación de vulnerabilidad debido a su estado de debilidad manifiesta por
el doloroso y grave concepto médico laboral no favorable emitido el 12 de
noviembre pasado, encontrándose la actora en el trámite de la pérdida de la
capacidad laboral, la cual tiene programada cita de valoración para invalidez el
próximo 3 de marzo.
Ante ese escenario, y de acuerdo al análisis de ponderación constitucional,
debió disponerse la continuación de la accionante al sistema de seguridad
social, para no interrumpir su tratamiento especializado, medicamentos,
consultas médicas, incapacidades y todas las prestaciones que se derivan de
esa situación, como el agotamiento del trámite de la pensión por invalidez.
Si bien es cierto la jurisprudencia constitucional aplicada al caso – Sentencia
T-464 de 2019- dispone que “antes de proceder al nombramiento de quienes
superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en
provisionalidad deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la
medida de las posibilidades deberán vincularse de manera provisional en
cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían
ocupando.”, dicha medida no pudo ser tomada por este operador judicial,
primero, dado que en el Despacho no queda cargo vacante del mismo nivel
para la accionante, y segundo, por cuanto no es de su competencia decidir
sobre traslado laborales. […]
8.5. La Compañía de Seguros Positiva S.A., por intermedio de apoderado judicial,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo, en razón a que la
accionante no ha reportado «ningún evento ante esta compañía».
8.6. LaEPS EMSSANAR S.A.S., a través de apoderada judicial, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, luego de considerar que no ha
vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno a la accionante, y no tiene
competencia para dirimir o atender las pretensiones de amparo.
8.7. El señor Julio César Achicano Torres solicitó negar el amparo deprecado por
la accionante, en tanto que él superó todas las etapas del concurso de méritos
para acceder al cargo de carrera, razón por la cual no se puede inaplicar la lista
de elegibles.
VI. FALLO IMPUGNADO
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 7 de
marzo de 2022, resolvió negar el amparo deprecado por la accionante, al
considerar, en síntesis, lo siguiente:
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
[…] Las anteriores circunstancias, hacen que la accionante se encuentra en
debilidad manifiesta, beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, de la cual
gozan los funcionarios públicos en provisionalidad que sufren de un grave
estado de salud.
Pero pese a lo anterior, también reconoce la Sala que conforme la
jurisprudencia referenciada, debe respetarse el derecho a la carrera
administrativa del que goza en el presente asunto el señor Julio César
Achicanoy Torres.
En ese sentido, la Sala no puede acceder a las pretensiones de la accionante,
pues esta decisión vulneraría los derechos fundamentales del señor Julio
César Achicanoy Torres, quien aceptó posesionarse en propiedad en el cargo
de Citador Municipal Grado III en el Juzgado Promiscuo Municipal de Prader,
como quiera que conforme lo informado por el juez de ese despacho judicial,
no existen vacantes disponibles en provisionalidad de ese mismo cargo en
donde pueda ser nombrada la señora Isabel Cristina Pastes Guerrero.
Por todo lo expuesto, esta Sala de Decisión, concluye que si bien la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que en el caso de sujetos de
especial protección constitucional que ejerzan cargos en provisionalidad, las
entidades deben otorgar un trato preferencial con el propósito de garantizar el
goce efectivo de sus derechos fundamentales, lo cierto es que en el asunto,
pese a la situación de salud que presenta la actora, no existen vacantes
disponibles en el Juzgado accionado, en donde pueda ser vinculada, por ello,
se impone negar el amparo constitucional deprecado. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. Laaccionante presentó impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia, al considerar que es sujeto de especial protección constitucional, por lo
que se le debe garantizar la permanencia en el cargo que ocupa en
provisionalidad.
11. Como sustento de su disenso con la decisión de primera instancia, destacó que
si bien es cierto el a quo resolvió negar la solicitud de amparo con fundamento en
lo dispuesto en la sentencia T-464 de 2019 dictada por la Corte Constitucional, la
realidad es que aplicó dicha decisión judicial de forma parcial, en el entendido de
que no analizó su situación concreta y particular en aras de garantizar la
protección de sus derechos fundamentales. En ese sentido, añadió lo siguiente:
[…] Como puede observarse, los señores magistrados parten de una
conclusión que no concuerda con la sentencia T-464 de 2019 de la Corte
Constitucional y lo que hizo, sin mayor esfuerzo, fue reproducir lo señalado por
el Juez Promiscuo Municipal de Pradera en su respuesta a la acción de tutela
para negar la protección laboral solicitada. Veamos como se muestra esta
afirmación:
Mediante escrito del 28 de febrero de 2022 el doctor ANDRÉS FERNANDO
DÍAZ GUTIÉRREZ, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Pradera al
contestar la acción de tutela informó que el señor JULIO CÉSAR ACHICANOY
TORRES, en la fecha renunció a los términos para posesionarse del cargo, el
próximo 04 de marzo y que, si bien es cierto la jurisprudencia constitucional
aplicada al caso – Sentencia T464 de 2019- dispone que “…antes de proceder
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al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los
funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en
removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades deberán
vincularse de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o
equivalencia de los que se venían ocupando.” , dicha medida no pudo ser
tomada dado que en el Despacho no queda cargo vacante del mismo nivel
para la accionante porque no es de su competencia decidir sobre traslados
laborales.
Señores magistrados ¿Y es que no existen más cargos de Citador para
juzgado Municipal Grado 3 en los despachos de la Rama Judicial? Las cosas,
sin mayor discernimiento a veces parecen obvias, como que en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Pradera no existe en su planta de cargos más de un
Citador Grado 3.
No se puede sacar de contexto la protección laboral de las personas en
situación de debilidad manifiesta según lo señalado por la Corte Constitucional
para concluir que la vacante debe presentarse en el mismo Juzgado
Promiscuo Municipal de Pradera.
Este es una situación que atañe a toda la Rama Judicial y, particularmente en
cabeza del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a quien el
Tribunal Contencioso debió requerir para que informara cuáles son los cargos
de Citador Grado 3 para los juzgados de categoría Municipal que están
vacantes en los Juzgados del Valle del Cauca, incluso, ha debido requerir al
Consejo Seccional para que informara cuáles son los cargos vacantes
equivalentes al de Citador Grado 3 de la categoría Municipal.
Y es que lo dicho tiene sustento en la misma premisa fáctica de la Sentencia
T464 de 2019 de la Corte Constitucional que permite de manera excepcional
conceder el amparo constitucional, esto es, que se debe nombrar a la persona
“…a un cargo igual o equivalente al que ocupaba, hasta tanto sus cargos
se provean en propiedad mediante el sistema de carrera o su
desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la Ley y la
jurisprudencia constitucional”. La Corte Constitucional no limita la existencia
de otras vacantes en el mismo despacho, lugar u oficina donde está nombrada
la persona. La sentencia es clara y lo que dispone es que se debe nombrar a
la persona en un cargo igual o equivalente al que ocupaba, hasta tanto sus
cargos se provean en propiedad mediante el sistema de carrera. En el caso,
hasta que se provean en propiedad todos los cargos de citador grado 3 de
juzgado municipal o sus equivalentes en los demás despachos judiciales del
Valle del Cauca.
Y es que la misma Corte Constitucional, incluso en la sentencia que sirvió de
fundamento al Tribunal para negar la acción, ha señalado que en el evento de
que no haya una plaza vacante, se deben iniciar las actuaciones necesarias
para que la persona sea vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud,
hasta que sea afiliada por otro empleador o sea afiliada en calidad de
pensionada. Al respecto el Tribunal hizo mutis por el foro. Lo dicho tiene
sustento en la misma sentencia T-464 de 2019 que sirvió de fundamento al
Tribunal para la decisión, como también lo reiteró la Corte Constitucional
recientemente en la Sentencia T342- de 2021. […]
12. De otra parte, advirtió que el a quo no emitió ningún pronunciamiento «sobre el
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral que se tramita ante la
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
S.A. y que podría verse afectado por mi desvinculación, pudiendo lesionar incluso
mi potencial derecho a la pensión de invalidez». Al respecto, expuso lo siguiente:
[…] En el trámite de la acción de tutela informé que el 03 de marzo de 2022
acudí a la cita que tenía señalada por el Fondo de Pensiones Porvenir, en la
que no me realizaron la valoración física, que solo les remití la documentación
y según información de la administradora de pensiones, solo debía esperar a
que me notificaran la decisión de la calificación de pérdida de capacidad
laboral, en un periodo máximo de tres meses. Tres (3) meses no se
compadece con la desvinculación inmediata de mi trabajo y las consecuencias
frente a mi proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y mi
posible derecho pensional. Una razón más para solicitar al superior que se
atienda la acción constitucional protegiendo mis derechos fundamentales.
Por las anteriores razones, solicito al Consejo de Estado que resuelva la
impugnación con el verdadero interés constitucional que merece mi caso y, si
es de aplicar la jurisprudencia constitucional, se haga atendiendo los
presupuestos señalados por la Corte Constitucional para que de manera
excepcional proceda el amparo constitucional solicitado, pues no es objeto de
discusión que soy persona en estado de debilidad manifiesta en razón a la
enfermedad degenerativa que padezco, por lo que, quedarme sin empleo
implicaría la desafiliación del sistema de salud y las consecuencias que ello
trae, como lo es la ausencia de ingresos para garantizar el mínimo vital, la
interrupción en mi proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral y
por consiguiente la posibilidad de obtener la pensión de invalidez como un
derecho social que garantice la posibilidad de mejorar mi calidad de vida. […]
13. Con fundamento en las anteriores premisas, la accionante solicitó revocar el
fallo impugnado para que, en su lugar, se disponga lo siguiente:
[…] 1. Ordenar a la Rama Judicial en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura del Valle del Cauca por intermedio del respectivo nominador, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, vincule a ISABEL CRISTINA PASTES GUERRERO en forma
provisional, en un cargo de igual rango y remuneración al que ocupaba,
solamente en el evento de que haya un cargo de esta naturaleza que se
encuentre vacante y hasta que sea incluida en nómina de pensionados con
ocasión del reconocimiento de la pensión de invalidez.
2. Que en el caso de que no haya una plaza vacante, se ordene a la Rama
Judicial en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca,
Dirección de Administración Judicial que, dentro de las setenta y dos (72)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, inicie las actuaciones
necesarias para que ISABEL CRISTINA PASTES GUERRERO sea vinculada
al Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta que sea afiliada por otro
empleador o sea afiliada en calidad de pensionada.
3. Ordenar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PORVENIR S.A. que, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, notifique a ISABEL CRISTINA
PASTES GUERRERO el dictamen de pérdida de capacidad laboral. […]
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
VIII. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
14. Mediante auto de 23 de marzo de 2022, el Despacho a cargo del consejero que
actúa como ponente en esta providencia requirió al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca para que informara lo siguiente:
[…] i) ¿Cuántos cargos de citador Municipal, Grado 3, y/o equivalentes, fueron
ofertados mediante el Acuerdo CSJVAA17-71 de 6 de octubre de 2017?
ii) ¿Cuántos de los cargos de citador Municipal, Grado 3, y/o equivalentes,
ofertados mediante el Acuerdo CSJVAA17-71 de 6 de octubre de 2017,
actualmente se encuentran provistos bien sea en propiedad o en
provisionalidad?
iii) ¿Cuántos de los cargos de citador Municipal, Grado 3, y/o equivalentes,
ofertados o no mediante el Acuerdo CSJVAA17-71 de 6 de octubre de 2017, y
que actualmente están provistos en provisionalidad, se encuentran ocupados por
personas en situación de especial protección constitucional o con debilidad
manifiesta? […]
15. Posteriormente y en providencia de 8 de abril de 2022, el Despacho
sustanciador del proceso dispuso lo siguiente:
[…] PRIMERO: REQUERIR a la EPS EMSSANAR S.A.S. para que, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la notificación de esta decisión, certifique si
la señora Isabel Cristinas Pastes Guerrero, quien se desempeña como
Citadora, grado 3, del Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera (Valle del
Cauca) y se identifica con cédula de ciudadanía número 1.144.136.788,
actualmente se encuentra con incapacidad médica. En caso afirmativo, indicar
la fecha de inicio y de finalización de esta.
SEGUNDO: REQUERIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera (Valle
del Cauca), para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación de esta decisión, informe si la señora Isabel Cristinas Pastes
Guerrero, actualmente se encuentra vinculada a dicho despacho judicial. […]
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IX.1. Competencia de la Sala
16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 20173 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre
de 20184, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del
Consejo de Estado.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
IX.2. Problemas jurídicos
17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.
b) Si ello es así, determinar si las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del extremo accionante, con ocasión de la «aplicación de la
lista de legibles CSJVAR22-61 de enero 2 de 2022, para proveer el cargo
de CITADOR».
18. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la
estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; (iii) de la
provisión de cargos con lista de elegibles cuando los funcionarios nombrados en
provisionalidad se encuentren en situación de debilidad manifiesta; procediendo
posteriormente a (iv) resolver el caso concreto.
IX.3. La estabilidad laboral reforzada
19. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y
adoptará medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También
dispensará protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las
cuales se encuentran los sujetos que por su condición de salud están en situación
desfavorable para el desarrollo de su trabajo.
20. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una
política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles
capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo
acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.
21. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral
1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con
Discapacidad. También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del
Trabajo, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
22. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho
fundamental5 debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la
existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores
sociales y el Estado6; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los
derechos fundamentales7, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que
comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos,
o de personas en condición de debilidad manifiesta8.
23. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido
definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene
el trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por
presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el
cargo para el cual fue contratado.
24. De igual forma, la Corte Constitucional también considera que «estas medidas
cobijan tanto a quienes acreditan una discapacidad médicamente calificada por los
órganos competentes, como a las personas que se hallan en condición de
debilidad manifiesta por una condición de salud, con independencia de si el
despido se produce en el transcurso de una incapacidad por enfermedad general,
o si ocurre después, en circunstancias de las que se puede inferir que la persona
no ha recobrado plenamente su estado de salud»9.
IX.4. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad
25. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo regulado en el artículo 25
superior lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo,
quienes ocupan cargos en provisionalidad, tienen una garantía de carácter relativo
e intermedio, comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece
que «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera», por lo
que las condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al
mérito y no a la discrecionalidad del nominador10.
26. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que
[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su
permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo,
justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]11. (Negrillas por fuera del
texto original)
5
Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
6
Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política.
7
A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política.
8
Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
9
Sentencia T-901 de 2013.
10
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
27. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en
provisionalidad está condicionada al término de duración del proceso de selección
y a las etapas del concurso de méritos12.
IX.5. La provisión de cargos con lista de elegibles cuando los funcionarios
nombrados en provisionalidad se encuentren en situación de debilidad
manifiesta
28. Sobre este particular aspecto, es necesario poner de relieve que la Corte
Constitucional, en distintos pronunciamientos, se ha referido a la estabilidad
laboral relativa que se predica de los empleados que ocupan cargos de carrera
provistos en provisionalidad. Por ejemplo, en sentencia T 326 de 2014, la referida
Corporación precisó lo siguiente:
[…] los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad
cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o
intermedia, que implica, sin embargo, que el acto administrativo por medio
del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe
contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima
derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del
principio de publicidad.
(…)
Esta Corporación ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial
protección constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de
familia sin alternativa económica, funcionarios que están próximos a
pensionarse o personas en situación de discapacidad, “concurre una
relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo
público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el
mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la
Jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de
un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que
informan la carrera administrativa”.
Si bien, estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera
indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso
de méritos, sí debe otorgárseles un trato preferencial como acción
afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los
primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos,
con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Ello, en virtud de los mandatos contenidos en los incisos 2º y 3º del artículo
13 Superior, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de
grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en las
12
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
cláusulas constitucionales que consagran una protección reforzada para
ciertos grupos sociales, tales como las mujeres (art. 43 CP), los niños (art.
44 CP), las personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con
discapacidad (art. 47 CP).
En relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los funcionarios
que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional ha
precisado algunas medidas adoptadas para garantizar los derechos
fundamentales de quienes ameritan una especial protección
constitucional por estar en condiciones de vulnerabilidad.
(…)
Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios públicos
nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los
derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de
vulnerabilidad deben observarse unos requisitos propios de la
estabilidad relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos (i) la
adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger
efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en
provisionalidad, y (ii) la motivación del acto administrativo de desvinculación
[…]13. (Resaltado fuera del texto original).
29. En consonancia con lo anterior, esta Sección, en sentencia de 25 de mayo de
201714, se refirió al tema de la estabilidad laboral reforzada frente a los derechos
de carrera administrativa, en los siguientes términos:
[…] El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de los
trabajadores que ostentan una condición de debilidad manifiesta, tales como
las madres o padres cabeza de familia, los que estén próximos a
pensionarse, o los que se encuentren en situación de discapacidad o su
estado de salud no sea óptimo.
En contraposición al derecho a la estabilidad reforzada, se encuentran
los derechos derivados de la carrera administrativa, que garantizan que
una persona que hubiese cumplido los requisitos y condiciones fijadas en la
ley en relación con el mérito y calidad de los aspirantes, pueda acceder a los
empleos en los órganos y entidades del Estado, salvo los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la Ley. Su retiro, solamente se justifica por la
calificación no satisfactoria en el desempeño del cargo, por violación al
régimen disciplinario y por las demás causales que prevea la Constitución y
la Ley.
(…)
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Sala ha sido clara en
establecer que, en los eventos en que un cargo de carrera ofertado está
provisto en forma provisional por una persona en condición de
debilidad manifiesta, el retiro del servicio de esta última a causa del
nombramiento de quien aprobó todas las etapas del concurso de
méritos, se encuentra claramente justificado, pues es evidente que el
retiro del funcionario obedeció a una causal objetiva expresamente
consagrada en la Ley y no con ocasión de su condición de debilidad.
13
Sentencia T-326 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
14
Expediente nro. 2017-00138-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
Sin embargo, también se ha señalado que pese a lo anterior, en atención al
derecho a la igualdad y al principio de solidaridad, al Estado le asiste la
obligación de adoptar medidas de diferenciación positiva a efectos de que
las personas que ostenten cargos de carrera en provisionalidad y se
encuentren en debilidad manifiesta, sean los últimos en ser
desvinculados o tener la oportunidad de ser reubicados, pues existe
una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo y
la garantía de sus derechos fundamentales, como el mínimo vital y la
igualdad […]15. (negrillas fuera del texto original)
30. Siguiendo esa misma línea argumentativa, es de advertir que la Corte
Constitucional, en pronunciamiento de 11 de octubre de 202116, sostuvo lo
siguiente:
[…] Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos en los que
la persona que ocupaba un cargo con nombramiento provisional estaba en
debilidad manifiesta por razones de salud. En esas circunstancias, esta
Corporación ha definido que, si bien las personas que desempeñan un
cargo público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en el
mismo de manera indefinida, “si debe otorgárseles un trato preferencial
como acción afirmativa antes de efectuar el nombramiento de quienes
ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo
concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales”.17
8.2. De manera que “antes de proceder al nombramiento de quienes superaron
el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad
deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las
posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos
vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando
[…]18.
31. De todo lo anterior es dable afirmar que, aunque el titular del cargo de carrera
tiene un mejor derecho frente a aquel que se encuentra vinculado en
provisionalidad y bajo una situación de debilidad manifiesta, la administración
debe procurar un especial trato hacia este y, en tal entendido, adoptar las medidas
que tenga a su alcance para garantizar el derecho a la igualdad y al principio de
solidaridad19.
32. Significa lo anterior que, aunque ciertamente las personas que ocupan un cargo
público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en este de manera
15
La Sección también se había referido a la tensión existente entre la provisión de cargos de carrera mediante concurso de
méritos, respecto de la protección de aquellas personas que los ocupan en provisionalidad por encontrarse en
circunstancias especiales, en la sentencia de 22 de octubre de 2015 (Expediente nro. 2015-00354-01, Consejero ponente:
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, en la cual señaló: «[…] En ese escenario, se deben tener presentes que las
mismas normas que regulan la provisión de cargos de carrera han establecido algunas circunstancias en las que es posible
realizar el trato diferencial, como es el caso del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 1º del
Decreto 1894 de 2012, en el que se contempla que, en caso de que la lista de elegibles sea de menor número que los
cargos ofertados, la entidad deberá proveer otros cargos cuyo nombramiento sea en provisionalidad antes de hacerlo
respecto de aquellos ocupados por las personas que se encuentren en circunstancias de especial protección (madres o
padres cabezas de hogar, prepensionados y personas en condición de discapacidad). También se plantea la posibilidad de
reubicar a las personas que estaban nombradas en provisionalidad, en cargos que se encuentren vacantes y que no vayan
a ser provistos todavía en concurso y hasta que éste se realice […]».
16
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlensinger.
17
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2017, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
18
Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2019, MP. José Antonio Lizarazo, que reiteró la sentencia T-373 de 2017, MP.
Cristina Pardo Schlesinger
19
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
indefinida, en el caso de los servidores que tienen una estabilidad laboral
manifiesta por razones de salud, se debe otorgar en su favor un trato preferencial,
lo que se traduce en que dichos funcionarios serán los últimos en ser removidos
en caso de que sea necesario proveer los respectivos empleos con quienes
superaron el concurso de méritos.
IX.6. El caso concreto
33. La ciudadana Isabel Cristina Pastes Guerrero solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales «a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, salud,
vida y vida digna», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca y al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera
Valle, por la «aplicación de la lista de legibles CSJVAR22-61 de enero 2 de 2022,
para proveer el cargo de CITADOR».
34. El a quo negó el amparo pretendido por la accionante, luego de considerar que
si bien es cierto la actora se encuentra en situación de especial protección
constitucional, la realidad es que la posible desvinculación de su cargo
obedecería a una justa causa, y no «existen vacantes disponibles en el Juzgado
accionado, en donde pueda ser vinculada».
35. En el escrito de impugnación, la accionante insiste en que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que se encuentra en
situación de especial protección constitucional, con ocasión de su grave condición
de salud, por lo que deben garantizarle su empleo.
36. Sumado a lo anterior, destacó que no se tuvo en cuenta que la Corte
Constitucional ha sostenido que, en casos como el suyo, se deben adoptar
medidas en favor de las personas que son sujetos de especial protección, como lo
son, entre otras, deben ser reubicadas o las últimas en ser removidas y, ante la
imposibilidad de lo anterior, el empleador debe continuar con el pago de la
seguridad social en salud.
37. En este contexto, sea lo primero en destacar que dentro del presente proceso
está plenamente acreditado que la actora padece de una enfermedad
degenerativa denominada A.T.20 con concepto de rehabilitación no favorable,
razón por la que actualmente recibe tratamiento médico.
38. También está demostrado que la accionante le fue dada incapacidad médica
desde el 12 de julio de 2021 hasta el 2 de mayo de 2022.
39. Asimismo, se encuentra establecido que, para el momento de la presentación
del mecanismo de amparo, la accionante se encontraba vinculada laboralmente
con la Rama Judicial, en provisionalidad, desempeñando el cargo de citador
nominado adscrito al Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera.
20
La Sala se reserva el derecho de identificar la patología que le fue diagnosticada a la accionante, con el propósito de no
revelar información sensible.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
40. Igualmente, es un hecho cierto que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca, mediante Resolución CSJVAR21-717 de 29 de diciembre de
202121, actualizó la lista de elegibles de los aspirantes que superaron las etapas
del concurso de méritos, y en lo que concierne al asunto de la presente
controversia, estableció que 169 aspirantes habían superado el concurso para
ocupar el cargo de citador de Juzgado Municipal grado 03.
41. Elmismo Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca ofertó 17
vacantes definitivas existentes -para el mes de diciembre de 2021- en el cargo de
citador de Juzgado Municipal grado 03. Posteriormente y mediante Resolución
CSJVAR22-61 de 26 de enero de 2022, dicha Corporación conformó la lista de
elegibles de los aspirantes que optaron por el cargo de citador municipal grado 02
en el Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera -despacho judicial en el que laboraba la
aquí accionante-. En dicha oportunidad, se postularon 7 aspirantes para ocupar una
(1) vacante.
42. También se tiene que, mediante Resolución 005 de 24 de febrero de 2022, el
titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera reconoció a la señora Pastes
Guerrero su condición de sujeto de especial protección y, en ese sentido, le
ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
continuar con el pago de los aportes en salud. Igualmente, requirió al fondo de
pensiones y cesantías Porvenir S.A. para que, de manera diligente y rápida
culminara con el trámite de pérdida de capacidad laboral que inició la accionante.
Finalmente, el 29 de marzo de 2022, la actora fue desvinculada del cargo que
venía ocupando en provisionalidad.
43. Asimismo, obra en el expediente el oficio de 16 de marzo de 2022, por medio
del cual la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
señaló que, de acuerdo con la normatividad, no resultaba dable «acceder
favorablemente a su solicitud en cuanto a continuar con el pago de aportes a la
Seguridad Social a la señora, ISABEL CRISTINA PASTES GUERRERO, como
quiera que una vez se efectúe la posesión en propiedad del cargo de Citador, se
procede a la cancelación de aportes únicamente a la persona que lo está
ocupado».
44. De lo anteriormente expuesto es dable concluir que la desvinculación laboral de
la señora Pastes Guerrero tendría una justificación legal, la cual tiene fundamento
en la provisión del cargo por concurso de méritos, de tal forma que la Sala de
Decisión no encuentra que las autoridades accionadas hubiesen obrado en
contravía de las normas del proceso de selección.
45. En armonía con lo anterior, y aunque es un hecho cierto que la aquí accionante
viene padeciendo una enfermedad degenerativa con concepto de rehabilitación no
21
“Por medio de la cual se actualiza el Registro Seccional de Elegibles correspondiente al concurso de méritos destinado a
la provisión de cargos para los empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios en los Distritos
Judiciales de Cali y Buga, convocado mediante los Acuerdos Nos. CSJVAA17-71 del 06 de octubre de 2017, CSJVAA17-73
del 11 de octubre de 2017 y CSJVAA17-76 del 23 de octubre de 2017, una vez decididos los recursos de reposición y
apelación interpuestos por los interesados”.
17
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Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
favorable, y que el nominador tiene pleno conocimiento de esta patología, la
realidad es que tal situación no implicaba que su cargo no pudiese ser ofertado
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en atención a que
la lista de elegibles estaba conformada por 169 aspirantes y solo existían 17
vacantes, motivo por el cual la lista de elegibles superaba el número de cargos
vacantes a proveer.
46. Sumado a lo anterior, cabe recordar que en el despacho judicial en el que
labora la accionante solo existe una vacante de citador grado 03, pero hay siete
personas que superaron las etapas del concurso de mérito y que aspiran a ocupar
dicha vacante.
47. Significa
lo expuesto que la desvinculación de la actora no obedecería a su
condición de salud, sino que es consecuencia del nombramiento de una de las
personas que superó el concurso de méritos y que conforma la lista de elegibles,
quien, valga resaltarlo, tiene un mejor derecho de acuerdo con la jurisprudencia
trazada tanto por la Corte Constitucional como por esta Corporación, tal como se
explicó ampliamente en los acápites precedentes.
48. Es por las anteriores razones que esta Sala de Decisión considera que, aunque
la aquí accionante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, lo cierto
es que no se puede afirmar que las autoridades accionadas hayan vulnerado sus
garantías fundamentales, dado que el nombramiento en provisionalidad de la
accionante no le otorgaba un derecho de permanencia indefinida en el cargo, así
se encuentre en una condición especial; a lo que se suma que las entidades
demandadas no cuentan con alternativas que les permitan desplegar un trato
preferencial o de discriminación positiva en favor de la actora y en virtud del cual
se le permita su permanencia en el cargo que viene desempeñando.
49. En este contexto, debe precisarse que, en el sub examine, no se está
desconociendo la figura de la estabilidad laboral reforzada, ni tampoco las graves
afectaciones de salud que padece la actora, pues lo que se advierte es que su
derecho de permanencia en el cargo es relativo y debe ceder frente al mejor
derecho que ostenta aquella persona que ganó el concurso de méritos.
50. Por los anteriores razonamientos la Sala confirmará el fallo impugnado que
negó el amparo solicitado por la accionante, no sin antes adoptar una medida
tendiente a que el fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A., dentro del marco
de su competencia y autonomía, pero en el término de cinco (5) días siguientes a
la notificación de esta providencia22, resuelva el trámite de calificación de pérdida
de capacidad laboral que inició la señora Isabel Cristina Pastes Guerrero.
51. La
anterior determinación resulta necesaria en razón a que la actora se
encuentra en situación de vulnerabilidad y dicho proceso de calificación de pérdida
22
Frente al término que se estima razonable, la Sala acoge el lapso de cinco (5) días teniendo en cuenta que fue el término
que la Corte Constitucional en sentencia T-342 de 2021 adoptó en el caso concreto para exhortar a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca para que resolviera el recurso de apelación presentado contra el
dictamen de pérdida de capacidad laboral.
18
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
de capacidad laboral guarda una estrecha relación con el eventual reconocimiento
de una pensión de invalidez en favor de la aquí accionante, lo cual garantizaría su
mínimo vital, aclarándose que con ello no se está considerando que el fondo de
pensiones y cesantías Porvenir S.A. ha vulnerado los derechos fundamentales de
la accionante.
52. Porúltimo, la Sala advierte que si bien es cierto la Corte Constitucional ha
considerado que en el evento de no existir plaza disponible en la que se pueda
reubicar al trabajador, como es el caso que nos ocupa, «se deberá afiliar al
Sistema de Seguridad Social en Salud»23, la realidad es que no es un criterio
unánime, por cuanto en sentencia T-464 de 2019, esa misma Corporación señaló
que, por el contrario, «no existe vínculo laboral que obligue al ICBF a realizar la
respectiva vinculación y cotización al sistema».
53. Así las cosas y ante la inexistencia de un criterio unificado y reiterado sobre la
materia24, la Sala, dentro del marco de su autonomía e independencia judicial,
acoge la postura según la cual el empleador no está obligado a continuar con el
pago de la seguridad social -en salud- en favor del extrabajador que se encuentra
en situación de especial protección constitucional, teniendo en cuenta que no
existe ninguna relación laboral entre las partes que así lo justifique.
54. Lo anterior resaltándose que el sistema de seguridad social en salud se rige,
entre otros, por los principios de universalidad, solidaridad, igualdad y equidad, a
partir de los cuales el Estado está en el deber de garantizar la prestación del
servicio independientemente de la capacidad de pago del afiliado.
55. En conclusión, la Sala confirmará el fallo impugnado; sin embargo, exhortará al
fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A. para que, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el trámite de
calificación de pérdida de capacidad laboral que inició la señora Isabel Cristina
Pastes Guerrero.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR al fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A. para
que, dentro del marco de su competencia y autonomía, pero en el término de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el trámite
23
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24
Así lo reconoció la misma sentencia T-342 de 2021.
19
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00356-01
Accionante: Isabel Cristina Pastes Guerrero
de calificación de pérdida de capacidad laboral que inició la señora Isabel Cristina
Pastes Guerrero.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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