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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00040-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00040-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de marzo de 2026, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 05001-23-33-000-2022-00219-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 22 de abril de 2022. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 76001-23-33-000-2022-00356-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 5 de mayo de 2022. 13 Radicación: 52001-23-33-000-2026-00040-01 Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2026-00040-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 52001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: ADEYSA MAUREN YÉPEZ REINA
Accionados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO Y
OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA.
La permanencia de la accionante en el cargo es relativa y cede frente al
mejor derecho que ostenta aquella persona que hace parte de la carrera.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
11 de marzo de 2026, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Adeysa Mauren Yépez Reina solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, lactancia materna
e interés del menor cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
• Oficina de Talento Humano, Oficina de Asuntos Laborales y al Juzgado Promiscuo
Municipal de Gualmatán, por haber sido desvinculada a pesar de encontrarse en
periodo de lactancia.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que
mediante Resolución núm. 002 del 31 de enero de 2025 fue
nombrada en provisionalidad en el cargo de secretaria del Juzgado Promiscuo
Municipal de Gualmatán.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

2.2. Relató que el 28 de abril de 2025, comunicó al Juzgado Promiscuo Municipal de
Gualmatán, su estado de embarazo, por lo que, la autoridad judicial profirió la
Resolución núm. 006 de 30 de abril de 2025, a través de la cual resolvió:

“[…] PRIMERO: Aplicar FUERO DE MATERNIDAD en favor de la Dra. ADEYSA
MAUREN YEPEZ REINA, titular de la c.c. No. 1.086.106.941, Secretaria
designada en provisionalidad del Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán,
Nariño, mediante Resolución002 (sic) de 31 de enero de 2025, según lo
anteriormente expuesto.

SEGUNDO: Comuníquese en el menor tiempo posible a la Oficina de Talento
Humano de Administración Judicial Pasto, Consejo Seccional de la judicatura y
Oficina de Asuntos Laborales de éste Distrito Judicial, la novedad relacionada
con el estado de embarazo de la Dra. ADEYSA MAUREN YEPEZ REINA,
secretaria designada en provisionalidad de éste Juzgado, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, para lo cual se
librará atento oficio, al cual se anexará la comunicación presentada por la
funcionaria, así como la certificación médica que acredita su estado de
gestación, anotando que se trata de un embarazo de 6.4 semanas de alto riesgo
obstétrico.

TERCERO: Solicítese comedida y respetuosamente al Honorable Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante atento oficio, coadyuve la
adopción de medidas o acciones afirmativas de estabilidad laboral reforzada
para la protección de la empleada a que hace referencia el numeral precedente,
originado en su estado gestacional , como sujeto de especial protección del
Estado, por encontrarse designada en provisionalidad en el cargo de Secretaria
del Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán, conforme a las
consideraciones de ésta Resolución. (Sentencia T-356 de 2024 y Sentencias de
unificación citadas) […]”.

2.3. Indicóque el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño remitió lista de
elegibles y conceptos de traslados favorables, motivo por el cual el Juez Promiscuo
Municipal de Gualmatán profirió la Resolución núm. 011 de 6 de junio de 2025, a
través de la cual nombró en propiedad en el cargo de secretario al señor Caros
Eduardo Ruiz Velasco y suspendió su posesión hasta el cumplimiento de la licencia
de maternidad.

2.4. Comentó que el 5 de diciembre de 2025 nació su hijo, razón por la cual el Juez
Promiscuo Municipal de Gualmatán profirió la Resolución núm. 028 de 10 de
diciembre de 2025, mediante la cual resolvió:

“[…] PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE MATERNIDAD, por el término de
DIECIOCHO (18) SEMANAS, contadas a partir del día 05 de diciembre de 2025,
hasta el 09 de abril de 2026, a la Doctora: ADEYSA MAUREN YEPEZ REINA,
con c.c. No. 1.086.106.941, SECRETARIA PROVISIONAL del Juzgado
Promiscuo Municipal de Gualmatán, Nariño, según lo expuesto en las
consideraciones de esta Resolución.

SEGUNDO: No acceder a la solicitud de extensión del fuero de maternidad por
lactancia presentado por la Dra. ADEYSA MAUREN YEPEZ REINA, según lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

TERCERO: Ordenar la SUSPENSIÓN de las vacaciones colectivas a que tiene
derecho la Secretaria provisional, Dra. ADEYSA MAUREN YEPEZ REINA, por

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Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

concurrir con licencia de maternidad. Al efecto, la interesada realizará las
gestiones pertinentes ante la Oficina Seccional de Administración Judicial Pasto
para su reconocimiento.

CUARTO: Oportunamente, a la fecha de vencimiento de la licencia de
maternidad de la Secretaria designada en provisionalidad se dará posesión en
propiedad en el cargo de Secretario titular al Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ
VELASCO, previa la acreditación de los requisitos o documentos respectivos.

QUINTO: Comunicar esta Resolución a la interesada, al secretario designado en
propiedad, Oficina de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Pasto, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y
Oficina de Asuntos laborales. Remítanse los certificados y soportes de la licencia
de maternidad.

SEXTO: Con el fin de dar cumplimiento a las medidas afirmativas en favor de la
peticionaria, solicítese mediante atento oficio dirigido al H. Consejo Seccional de
la Judicatura, envíe con destino a la presente actuación administrativa, el listado
de los cargos vacantes de Secretario de Juzgado Promiscuo Municipal cercanos
a ésta jurisdicción a fin de que la Dra. ADEYSA MAUREN YEPEZ REINA, pueda
optar para su nombramiento en provisionalidad, con carácter preferente.

SÉPTIMO: Dejar a salvo el derecho de la Dra. ADEYSA MAUREN YEPEZ
REINA, para solicitar ante el Honorable Consejo Seccional de la Judicatura y
Dirección Seccional de Administración Judicial Pasto, el pago de las cotizaciones
en Seguridad social a que tiene derecho, luego de cumplida su licencia de
maternidad, con fundamento en la Sentencia del Consejo de Estado 08001-23-
33-000-2022-00294-01, con Ponencia del H. Consejero LUIS ALBERTO
ALVAREZ PARRA, proferida en sede de Tutela […]”

2.5. Señaló que interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la
anterior decisión, los cuales le fueron declarados improcedentes.

2.6. Adujo que las autoridades accionadas vulneran sus derechos fundamentales,
toda vez que actualmente goza de estabilidad laboral reforzada, en razón a que
“[…] la garantía contra el despido comprende el estado de embarazo y hasta el
período de lactancia […]” esto es, hasta los dos años del menor, de conformidad
con lo señalado en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.7. Informó que el Juez Promiscuo Municipal de Gualmatán profirió la Resolución
núm. 004 de 10 de abril de 2026, a través de la cual resolvió declararla insubsistente
a partir del 10 de abril de 2026 y ordenó dar posesión al titular del cargo en
propiedad, al señor Carlos Eduardo Ruiz Velasco.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Solicitó comedidamente SUSPENDER el acto administrativo
proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán (Nariño), a través
de la resolución 011, y consecuente posesión en propiedad del titular del cargo
de Secretario de dicho Juzgado, hasta tanto la señora ADEYSA MAUREN
YEPEZ REINA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número
[…], quien ocupa el mismo en provisionalidad, con licencia de maternidad ,

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Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

termine el período de lactancia de los dos (2) años de su hijo menor de edad
[…].

SEGUNDA: INFORMAR AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NARIÑO, OFICINA DE ASUNTOS LABORALES, OFICINA DE TALENTO
HUMANO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PASTO, Y JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUALMATÁN (N), para
el cumplimiento del fallo y competencias propias de sus dignidades. […]”.
[Negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo de Nariño admitió la presente acción de
tutela.
V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán manifestó su oposición a las
pretensiones de la accionante, para lo cual señaló que, adoptó las medidas
positivas tendientes a garantizar la estabilidad laboral de la accionante durante su
periodo de gestación y lactancia, informando del estado de embarazo al Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño y suspendiendo la posesión de la persona que
nombró en propiedad en el cargo de secretario, hasta tanto se cumpliera el término
de la licencia de maternidad de la actora, lo cual ocurría en el mes de abril de 2026.

5.2. Señaló que la desvinculación de la accionante no era un acto discriminatorio en
su condición de madre, sino que obedeció a una causa y motivación objetiva,
originada en la designación y orden de posesión en propiedad en el cargo de
secretario conforme a la lista de elegibles, lo cual encontraba respaldo en los
pronunciamientos del Consejo de Estado, según el cual, el fuero de maternidad no
cubría el reintegro cuando el origen de la desvinculación era que el cargo ocupado
por la mujer embarazada sea provisto por concurso de méritos.

5.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto rindió
informe a través del área de talento humano informó que hasta la fecha ha pagado
la nómina de la accionante teniendo en cuenta la licencia de maternidad otorgada
a su favor, la cual finaliza el 9 de abril de 2026.

5.4. LaCoordinación de Asuntos Laborales Pasto informó que licencia de
maternidad finaliza el 9 de abril de 2026, por lo cual hasta esa fecha se cancelará
dicho concepto y que, corresponde al Juez Promiscuo Municipal de Gualmatán
tomar las decisiones correspondientes dentro del asunto y notificarlas a tiempo a
esa dirección a fin de darle el respectivo cumplimiento.

5.5. ElConsejo Seccional de la Judicatura de Nariño afirmó que, aunque se
recibió la resolución que otorgaba el fuero de maternidad a la accionante, la

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estabilidad laboral reforzada era competencia exclusiva del nominador. Por ello, el
Consejo Seccional de la Judicatura no tenía facultades para intervenir en el
nombramiento ni en las decisiones sobre la permanencia de la accionante en el
cargo, limitándose únicamente al ejercicio de sus funciones administrativas legales.

5.6. Indicó que la comunicación del fuero de maternidad no generaba competencia
para pronunciarse sobre la continuidad laboral de la actora ni para impartir
instrucciones al nominador, ya que no era jurídicamente viable interferir en sus
decisiones. Asimismo, la publicación y divulgación de vacantes se consideró una
actuación administrativa ordinaria dentro de la gestión de la carrera judicial,
orientada a garantizar sus principios, sin que existiera orden judicial que
suspendiera dichas actuaciones.

5.7. Finalmente, sostuvo que no se vulneró ningún derecho fundamental de la
accionante, pues el Consejo actuó dentro del marco de sus competencias legales,
sin interferir en las atribuciones propias del nominador.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 11 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Nariño negó las pretensiones de la acción de tutela al concluir que las autoridades
accionadas garantizaron los derechos fundamentales de la accionante por cuanto
se respetó el fuero de maternidad y dado a que la terminación del vínculo laboral
se dio por la llegada de una persona que ostenta los derechos de carrera en el
cargo que la actora ocupa en provisionalidad, por lo que, su desvinculación no
constituyó en una actuación discriminatoria en razón de la lactancia.

6.1. El a quo advirtió que “[…] En cuanto al periodo de lactancia posterior a la licencia
de maternidad, la jurisprudencia ha señalado que en ese momento no es posible
finalizar el vínculo laboral si no existe una razón objetiva y justificada, y corresponde
a la interesada acreditar que su desvinculación obedeció a razones discriminantes
por su condición de madre lactante, pues en los términos de la Corte Constitucional,
se recuerda que “entre la semana dieciocho (18) posterior al parto y hasta los dos
(2) años siguientes, el fuero de maternidad subsiste de manera parcial” y por lo
tanto, “la carga de acreditar el carácter discriminatorio del despido recae en
principio en la trabajadora” […]”.

6.2. Por lo anterior, indicó que“[…] la Sala observa que la desvinculación de la
accionante se condicionó al cumplimiento de la licencia de maternidad. Teniendo
en cuenta que el juez también dispuso suspender sus vacaciones colectivas,
entiende la Sala que la terminación del vínculo de la accionante opera cuando
finalice también el periodo de sus vacaciones […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La señora Adeysa Mauren Yépez Reina solicitó revocar el fallo de tutela para en
su lugar amparar los derechos fundamentales al mínimo vital estabilidad laboral

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reforzada, lactancia materna e interés superior del menor con base en los
siguientes argumentos:

7.1. Expuso que, aunque el a quo reconoce el fuero de maternidad y lactancia,
permite la desvinculación por provisión del cargo mediante concurso de méritos sin
realizar un juicio estricto de proporcionalidad ni ponderación de derechos
fundamentales.

7.2. Alegó que el concurso no elimina automáticamente la protección reforzada, y
que existen medidas menos lesivas, como la suspensión temporal de la posesión
del funcionario de carrera mientras dure la lactancia por lo que se “[…] ignoro (sic)
que la protección constitucional reforzada prevalece cuando está en juego los
intereses superiores del menor y el mínimo vital […]”.

7.3. Finalmente indicó que su desvinculación durante la lactancia genera un perjuicio
grave e inminente, afectando la subsistencia del hogar y los derechos del menor, lo
que hace procedente la tutela como mecanismo de protección.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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b) Determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante por su desvinculación del cargo de Secretaria
del Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán, pese a encontrarse en
periodo de lactancia.

10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

11. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

12. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

13. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

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Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

VIII.4. El caso concreto

14. La señora Adeysa Mauren Yépez Reina solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, lactancia materna
e interés del menor cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
• Oficina de Talento Humano, Oficina de Asuntos Laborales y al Juzgado Promiscuo
Municipal de Gualmatán, por haber sido desvinculada a pesar de encontrarse en
periodo de lactancia.

VIII.4.1. Análisis del caso concreto

15. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales indicados
supra y pretende con esta acción que se ordene “[…] SUSPENDER el acto
administrativo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán
(Nariño), a través de la resolución 011, y consecuente posesión en propiedad del
titular del cargo de Secretario de dicho Juzgado, hasta tanto la señora ADEYSA
MAUREN YEPEZ REINA […] quien ocupa el mismo en provisionalidad, con licencia
de maternidad , termine el período de lactancia de los dos (2) años de su hijo menor
de edad […]”.

16. Como fundamento de su petición aduce que goza de estabilidad laboral
reforzada en razón a que “[…] la garantía contra el despido comprende el estado
de embarazo […]” y hasta el periodo de lactancia fijado en el artículo 238 del Código
Sustantivo del Trabajo, el cual indica que el periodo de lactancia va hasta los dos
años del hijo o hija de la trabajadora, periodo que aún no ha finalizado.

17. El juez de primera instancia al resolver la controversia negó el amparo, al concluir
que: i) las autoridades accionadas garantizaron los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que se respetó el fuero de maternidad; y, ii) como la
terminación del vínculo laboral se dio por la llegada de una persona que ostenta los
derechos de carrera en el cargo que la actora ocupa en provisionalidad, su
desvinculación no constituyó en una actuación discriminatoria debido a la lactancia.

18. La accionante en la impugnación sostuvo, en síntesis, que: i) el concurso de
méritos no elimina automáticamente la protección reforzada, ii) existen medidas
menos lesivas, como la suspensión temporal de la posesión del funcionario de
carrera mientras dure la lactancia por lo que se “[…] ignoro (sic) que la protección
constitucional reforzada prevalece cuando está en juego los intereses superiores
del menor y el mínimo vital […]”, iii) se desconoció la sentencia SU-049 de 2017 a
través de la cual se indica que la estabilidad laboral reforzada opera incluso en
cargos en provisionalidad y que la desvinculación no puede ser automática y debe
evaluarse su impacto en derechos fundamentales.

19. El derecho al trabajo regulado en el artículo 25 superior lleva implícito el principio
de estabilidad en el empleo. Sin embargo, los servidores públicos que ocupan
cargos en provisionalidad tienen una garantía de carácter relativo e intermedio, en

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razón a que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que “[…] los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera […]”, por lo que las
condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al mérito y
no a la discrecionalidad del nominador8.

20. Sobre lo anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado:

“[…] [C]uando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su
permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo,
justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]”9.

21. En ese sentido, la terminación del vínculo laboral en provisionalidad como
consecuencia del nombramiento de una persona que fue seleccionada en el
concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los derechos de estos
funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa cede frente al mejor derecho
que tienen las personas que ganaron un concurso de méritos, por lo que la
estabilidad de los servidores en provisionalidad está condicionada al término de
duración del proceso de selección y a las etapas del concurso de méritos10.

22. Esta Sección, en sentencia de 25 de mayo de 2017 11, se refirió al tema de la
estabilidad laboral reforzada frente a los derechos de carrera administrativa, en los
siguientes términos:

“[…] El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de los trabajadores
que ostentan una condición de debilidad manifiesta, tales como las madres o
padres cabeza de familia, los que estén próximos a pensionarse, o los que se
encuentren en situación de discapacidad o su estado de salud no sea óptimo.
En contraposición al derecho a la estabilidad reforzada, se encuentran los
derechos derivados de la carrera administrativa, que garantizan que una
persona que hubiese cumplido los requisitos y condiciones fijadas en la ley en
relación con el mérito y calidad de los aspirantes, pueda acceder a los empleos
en los órganos y entidades del Estado, salvo los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la Ley. Su retiro, solamente se justifica por la calificación no
satisfactoria en el desempeño del cargo, por violación al régimen disciplinario
y por las demás causales que prevea la Constitución y la Ley. […]

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Sala ha sido clara en
establecer que, en los eventos en que un cargo de carrera ofertado está
provisto en forma provisional por una persona en condición de debilidad
manifiesta, el retiro del servicio de esta última a causa del nombramiento de
quien aprobó todas las etapas del concurso de méritos, se encuentra
claramente justificado, pues es evidente que el retiro del funcionario obedeció
a una causal objetiva expresamente consagrada en la Ley y no con ocasión de
su condición de debilidad.

8
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
9
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Expediente nro. 2017-00138-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González

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Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

Sin embargo, también se ha señalado que pese a lo anterior, en atención al
derecho a la igualdad y al principio de solidaridad, al Estado le asiste la
obligación de adoptar medidas de diferenciación positiva a efectos de que las
personas que ostenten cargos de carrera en provisionalidad y se encuentren
en debilidad manifiesta, sean los últimos en ser desvinculados o tener la
oportunidad de ser reubicados, pues existe una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo y la garantía de sus derechos
fundamentales, como el mínimo vital y la igualdad […]”. [Subrayado fuera del
texto].

23. De todo lo anterior es dable afirmar que, aunque el titular del cargo de carrera
tiene un mejor derecho frente a aquel que se encuentra vinculado en
provisionalidad y bajo una situación de debilidad manifiesta, la administración debe
procurar un especial trato hacia este y, en tal entendido, adoptar las medidas que
tenga a su alcance para garantizar el derecho a la igualdad y al principio de
solidaridad12.

24. Significa lo anterior que, aunque ciertamente las personas que ocupan un cargo
público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en este de manera
indefinida, en el caso de los servidores que tienen una estabilidad laboral reforzada,
se debe otorgar en su favor un trato preferencial.

25. Tratándose de mujeres en estado de embarazo que ocupan cargos de carrera en
provisionalidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el derecho
a la estabilidad laboral reforzada, pero ha precisado que dicha garantía debía ceder
al mejor derecho que ostenta la persona que accede en virtud del principio del mérito.
Al respecto se ha señalado lo siguiente:

“[…] [L]as mujeres en estado de embarazo gozan de una especial protección
constitucional en todos los ámbitos de su vida, incluido el laboral. Una de las
maneras en que se materializa esta protección es a través de la estabilidad laboral
reforzada. Este derecho implica que ninguna mujer podrá ser despedida durante
el periodo de gestación, o dentro de las 18 semanas posteriores al parto o los 3
meses posteriores a la pérdida gestacional (en caso de las empleadas públicas).
Ahora bien, para que proceda un despido sin que se entienda que fue
discriminatorio, en el caso de las empleadas públicas debe existir un acto
administrativo que esté debidamente justificado, por ejemplo, al demostrar que la
persona titular debe regresar a sus labores. A pesar de que la funcionaria pública
en embarazo pueda ser retirada de su cargo, la administración puede garantizar
sus derechos a través la implementación de diversas medidas afirmativas y del
pago de prestaciones sociales que cubran las necesidades particulares de la
gestante.

[…]

116. De acuerdo con el artículo 43 superior, las sentencias SU-070 de 2013 y SU-
075 de 2018, así como las reglas del CST y de la normativa de la función pública,
todas las mujeres en embarazo, sin excepción alguna ni distinción por el tipo de
contrato o vinculación laboral que las cobije, tienen derecho a una estabilidad
laboral reforzada. Para garantizar este derecho el juez debe acreditar que el
empleador sabía de esa condición de embarazo cuando tomó la decisión de
desvincular a la mujer. Dependiendo de si el empleador conocía o no de la

12
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 52001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

gestación, la Corte ha establecido diversos niveles de protección. En lo referente
a las mujeres en embarazo que ejercían cargos de provisionalidad, este Tribunal
reconoció que la decisión de una entidad de desvincular a una empleada pública
en embarazo deberá estar justificada en una causa legal y constar en un acto
administrativo emitido por la entidad competente, so pena de inferir que ese
despido fue discriminatorio. Adicionalmente, estas sentencias establecieron que
para maximizar la protección de la mujer en embarazo el puesto de esta debe ser
el último que se supla a través de los concursos de mérito. De no poder garantizar
la permanencia de la mujer gestante, la entidad nominadora deberá aplicar otras
medidas afirmativas en su favor, así como reconocerle a la mujer ciertas
prestaciones económicas, como el pago de salarios dejados de percibir y sus
correspondientes pagos a la seguridad social.

117. En el caso en concreto la Corte encuentra que la Secretaría de
Educación conocía del estado de embarazo de la accionante cuando decidió
desvincularla. Sin embargo, la entidad territorial justificó el retiro de la señora en
una causa legal y legítima, como lo es la garantía de la carrera administrativa. Por
esa razón, el despido de la señora Adriana no fue discriminatorio. A pesar de ello,
la autoridad no implementó todas las medidas a su disposición para proteger a la
accionante, no fue célere en la protección de sus derechos y tampoco le reconoció
las prestaciones económicas que la jurisprudencia le ha otorgado a las empleadas
públicas en embarazo. A continuación, la Corte abordará cada uno de estos
puntos. […]”. [Subrayado fuera del texto].

26. En el caso objeto de estudio se encuentra acreditado que la autoridad nominadora
mediante Resolución 006 de 30 de abril de 2025, concedió “[…] FUERO DE
MATERNIDAD […]” a la accionante en el cargo de secretaria en provisionalidad del
Juzgado Promiscuo Municipal de Gualmatán, lo cual prueba la adopción oportuna
y expresa de medidas que garantizaron su fuero de maternidad.

27. Sin embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño remitió lista de
elegibles para el cargo de secretario del citado juzgado y debido a ello, el Juez
Promiscuo Municipal de Gualmatán profirió la Resolución núm. 011 de 6 de junio
de 2025, a través de la cual nombró en propiedad en el cargo de secretario al señor
Caros Eduardo Ruiz Velasco, sin embargo, suspendió su posesión hasta el
cumplimiento de la licencia de maternidad de la accionante.

28. A su vez, una vez se comunicó el nacimiento del hijo de la accionante, el Juez
Promiscuo Municipal de Gualmatán a través de la Resolución núm. 028 de 10 de
diciembre de 2025, le concedió licencia de maternidad y le negó la solicitud de
extender su fuero de maternidad por lactancia, por lo que, ordenó que “[…] a la
fecha de vencimiento de la licencia de maternidad de la Secretaria designada en
provisionalidad se dará posesión en propiedad en el cargo de Secretario titular […]”,
asegurando su estabilidad laboral durante el periodo de protección integral que
cobija la gestación y el postparto inmediato.

29. Finalmente se observa que mediante Resolución 004 de 10 de abril de 2026 se
declaró la insubsistencia de la accionante, con ocasión a la terminación de la
licencia de maternidad y se ordenó la posesión del titular del cargo nombrado
mediante Resolución 011 de 6 de junio de 2025.

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Radicación: 52001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

30. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la desvinculación de la señora
Adeysa Mauren Yépez Reina no obedeció a su condición de madre lactante; sino
que esta obedece a un hecho objetivo, previo y ajeno a dicha condición, esto es, la
provisión definitiva del cargo público por quien ostenta derechos de carrera.

31. Enconsecuencia, se evidencia que el fuero de maternidad fue plenamente
garantizado, sin que se configure trato discriminatorio ni desconocimiento de la
protección constitucional reforzada.

32. En este punto, resulta necesario recordar, que esta Sección a través de
sentencias de 22 de abril13 y 5 de mayo de 202214, señaló que el hecho de ponderar
los derechos fundamentales del servidor de carrera sobre los derechos del servidor
nombrado en provisionalidad no desconoce la figura de la estabilidad laboral
reforzada, pues lo que se advierte es que su derecho de permanencia en el cargo
es relativo y debe ceder frente al mejor derecho que ostenta aquella persona que
ganó el concurso de méritos e ingresó a la carrera.

33. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones
expuestas, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de marzo de 2026, proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 05001-23-33-000-2022-00219-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; 22 de abril de 2022.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 76001-23-33-000-2022-00356-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; 5 de mayo de 2022.

13

Radicación: 52001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Adeysa Mauren Yépez Reina

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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