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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01054-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01054-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de 10 de septiembre de 2024, que denegó la solicitud de amparo y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción y al acceso a la administración de justicia de la E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado desde la notificación de los autos de: i) 21 de junio de 2024 dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 05001-33-33-001-2024-00028-00 y, ii) 21 de junio de 2024 dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 05001-33-33-001-2024-00072-00 y, ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN que en el término de dos (2) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice la notificación en debida Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 05001-23-33-000-2024-01054-01 ACTORA: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN forma, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01054-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-01054-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO
SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS POR INCURRIR EN EL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO. NOTIFICACIÓN POR ESTADOS ELECTRÓNICOS
(ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 806 DE 2020) Y ENVÍO DE MENSAJE DE DATOS DE
LA FIJACIÓN DEL ESTADO A LOS SUJETOS PROCESALES (ARTÍCULO 201
CPACA).

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,
CONTRADICCIÓN Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 10 de septiembre de 2024, mediante la cual el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 denegó la

solicitud de amparo de la referencia.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción, al acceso a la administración de justicia y al principio

de confianza legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por

el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE MEDELLÍN2 al haber incurrido en una indebida notificación de

las providencias de: i) 21 de junio de 2024 dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-001-2024-00028-00 y, ii) 21 de junio de 2024 dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-001-2024-00072-00.

I.2.- Hechos

2
En adelante el JUZGADO

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN

Relativos al proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2024-00028-00

Señaló que el señor EOLICER DE JESÚS LOPERA PATIÑO

promovió proceso ejecutivo en su contra, al estimar que se le adeuda

un saldo respecto de la sentencia de 11 de octubre de 2018 proferida

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

conocido bajo el número de radicación 05001-33-33-001-2016-

00926-00.

Indicó que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2024-00028-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en

auto de 9 de febrero de 2024, libró mandamiento de pago en su

contra, lo cual fue notificado electrónicamente, de conformidad con

el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-.

Refirió que contra la anterior decisión interpuso recurso de

reposición, toda vez que, a su juicio, la sentencia que se pretende

ejecutar no contempla el pago de sumas de dinero.

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Adujo que, mediante auto de 21 de junio de 2024, el JUZGADO

decidió no reponer la decisión y ordenó seguir adelante con el

trámite, providencia que, según la plataforma de SAMAI, fue

notificado por fijación de estado para el 24 de junio de 2024, sin

realizar en debida forma la notificación como lo prevé el artículo 201

del CPACA, pues se omitió enviar el mensaje de datos al canal digital

de los procesados sobre la fijación del estado electrónico en la página

web de la Rama Judicial.

Sostuvo que, por lo anterior, no tuvo la oportunidad de contestar ni

de proponer excepciones, por lo que propuso incidente de nulidad

procesal por la causal establecida en el numeral 8 del artículo 133

del Código General del Proceso, el cual fue denegado en proveído de

9 de agosto de 2024, pues de conformidad con el artículo 9° de la

Ley 2213 de 20223, se eliminó el deber de enviar el mensaje de datos

al canal de los sujetos procesales sobre la fijación del estado

electrónico.

3
“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio
de justicia y se dictan otras disposiciones”.

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Relativos al proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2024-00072-00.

Afirmó que la señora LUZ DARY IDARRAGA GÓMEZ inició proceso

ejecutivo en su contra, al considerar que se le adeuda un saldo

respecto de la sentencia de 11 de octubre de 2018 proferida dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

conocido bajo el número de radicación 05001-33-33-001-2016-

01022-00.

Alegó que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2024-00072-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en

auto de 22 de marzo de 2024, libró mandamiento de pago en su

contra, notificación realizada de conformidad con el artículo 199 del

CPACA.

Refirió que contra la mencionada decisión interpuso recurso de

reposición, pues, a su juicio, la sentencia que se presentó para

ejecución no prevé el pago de sumas de dinero.

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Comentó que en providencia de 21 de junio de 2024 el JUZGADO

desató el recurso de reposición en el sentido de no reponer la decisión

y continuar con el respectivo trámite, lo cual fue notificado por

fijación de estado para el 24 de junio de 2024, sin cumplir con lo

dispuesto en el artículo 201 del CPACA, pues se omitió el envío de

mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales sobre la

fijación del estado electrónico.

Sostuvo que lo anterior le impidió contestar o proponer excepciones,

razón por la cual interpuso incidente de nulidad procesal por la causal

establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del

Proceso, el cual fue denegado en proveído de 9 de agosto de 2024,

pues de conformidad con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, se

eliminó el deber de enviar el mensaje de datos al canal de los sujetos

procesales sobre la fijación del estado electrónico.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la indebida notificación de las decisiones

proferidas el 21 de junio de 2024, a través de las cuales se

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resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra los autos

que libraron mandamiento de pago en los procesos ejecutivos bajo

los radicados 2024-00028-00 y 2024-00072-00, vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción y al acceso a la administración de justicia.

Resaltó que el artículo 201 del CPACA es claro en señalar la forma en

la que se debe realizar la notificación por estados electrónicos de

aquellos autos no sujetos al requisito de la notificación personal, en

el cual se indica que las notificaciones por estado se fijaran

virtualmente con inserción de la providencia y se enviará mensaje de

datos al canal digital de los sujetos procesales.

En ese sentido, aseveró que si bien es cierto el estado a través del

cual se notificaron los autos de 21 de junio de 2024 fue publicado

virtualmente en el aplicativo de consulta SAMAI, el 24 de junio de

esa misma anualidad, no es menos cierto que el JUZGADO omitió el

deber legal de enviar un mensaje de datos al canal digital de los

sujetos procesales sobre la existencia del estado electrónico, tal y

como lo prevé la norma.

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Aseguró que, si la autoridad judicial accionada es de la posición que

se debe aplicar el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, en la que no se

prevé el deber de enviar un mensaje de datos al canal digital de los

sujetos procesales, no es menos cierto que dicha disposición no

puede ser aplicable a las actuaciones judiciales proferidas en la

jurisdicción contenciosa administrativa, comoquiera que las normas

especiales prevalecen sobre las generales.

Adujo que la anterior situación conlleva que los sujetos procesales

que se encuentren en la jurisdicción contenciosa administrativa

tengan la confianza legítima de que los estados electrónicos que se

publiquen en la página web serán informados a través de mensaje

de datos.

Así las cosas, afirmó que el JUZGADO desconoció lo dispuesto en el

artículo 201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080

de 2021, al no comunicar de la existencia del estado electrónico del

24 de junio de 2024; además de que desconoció el auto de

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unificación de 29 de noviembre de 20224, proferido por la Sala Plena

del Consejo de Estado, en el que se dejó claro que la notificación de

los autos no sujetos al requisito de notificación personal se

notificaran de conformidad con lo dispuesto en el CPACA.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, SE
DECRETE LA NULIDAD de lo actuado dentro de los procesos
ejecutivos conexo bajo los radicados 05001-33-33-001-2024-
00028-00 y 05001-33-33-001-2024-00072-00, desde la
notificación de los autos del 21 de junio de 2024 que resolvieron
los recursos de reposición interpuestos contra los mandamientos
de pago librados dentro de los procesos ejecutivos antes señalados.

TERCERA.- Se ordene que por secretaría del juzgado accionado,
se proceda a comunicar en los términos del artículo 201 del CPACA,
modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, el ESTADO a
través del cual se notificaron los auto del 21 de junio de 2021,
proferidos dentro de los procesos ejecutivos conexo bajo los
radicados 05001-33-33-001-2024-00028-00 y 05001-33-33-001-
2024-00072-00.

CUARTA.- SE EXHORTE al JUZGADO PRIMERO (1º)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN para que la
notificación de los autos no sujetos al requisito de la notificación
personal, se realice de conformidad con lo dispuesto en el artículo

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 29 de noviembre
de 2022, radicación núm. 68001-23-33-000-2013-00735-02.

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201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de
2021, en procura de no seguir vulnerando derechos fundamentales
a los sujetos procesales […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO informó que la exigencia que refiere la actora

fue eliminada y sustituida por la de permanencia del estado junto con

la providencia notificada para consulta en línea.

Sostuvo que, si bien es cierto que el artículo 201 del CPACA es la

norma especial para la jurisdicción contenciosa administrativa, la Ley

2213 de 2022 cobija la especialidad administrativa, por lo que dio

aplicación a ésta con el fin de mantenerse actualizado con los

parámetros legales.

Advirtió que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la

Ley 2213 de 2022, las notificaciones por estado son virtuales, lo que

presupone el conocimiento verídico de la providencia y garantiza la

publicidad y transparencia de la comunicación por ese canal.

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Por último, solicitó denegar el amparo solicitado, máxime cuando lo

pretendido por la parte actora es reabrir un debate jurídico y

probatorio zanjado por el juez natural del asunto.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 10 de septiembre de 2024,

denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial

accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados,

comoquiera que la notificación de los autos proferidos en los procesos

ejecutivos se surtió mediante la anotación en los estados electrónicos

del 24 de junio de 2024, insertados en los medios informáticos de la

Rama Judicial y a los cuales se adjuntaron las respectivas

providencias, por lo que no solo se cumplió con lo dispuesto en la

norma vigente, esto es, en el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022,

sino que se garantizó el derecho fundamental al debido proceso de

la accionante.

Adujo que el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 dispuso, entre otras

cosas, que las notificaciones por estados, al igual que el artículo 201

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del CPACA, se fijaran virtualmente con inserción de la providencia y

no será necesario imprimirlos y firmarlos por el secretario, ni dejar

constancia con firma al pie de la providencia, eliminando la parte

atinente a que se debe enviar mensaje de datos al canal de los

sujetos procesales.

Sostuvo que lo anterior no quiere decir que los despachos judiciales

no puedan informar de forma electrónica la fijación de los estados,

pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 2213 de

2022, se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las

comunicaciones cuando se dispongan de ellas, para efectos del

trámite de los procesos judiciales con el fin de facilitar y agilizar el

acceso a la justicia, pero ello, por una parte, no significa que se trate

de una notificación personal y, por otra parte, no implica que los

apoderados se puedan desprender de las obligaciones que deben

asumir en el proceso judicial, como la de vigilar las decisiones que se

profieran dentro del proceso y consultar los estados electrónicos que

se cargan en la página web de la Rama Judicial, respecto de los

procesos a su cargo.

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Así las cosas, consideró que no resultaba suficiente tal argumento

para entender desconocidos los derechos invocados por la parte

actora al alegar la falta de remisión del respectivo mensaje de datos

al correo electrónico, conforme al artículo 201 del CPACA, pues el

artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 eliminó tal exigencia y, además,

el artículo 8 ibidem, que regula las notificaciones personales, se trata

de un procedimiento al cual no estaban sujetas las providencias

acusadas, toda vez que debían ser puestas en conocimiento de los

interesados como efectivamente ocurrió.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, en

los siguientes términos:

Afirmó que el TRIBUNAL no realizó un adecuado análisis del caso

concreto, pues los estados del 24 de junio de 2024 no fueron

notificados conforme el artículo 201 del CPACA, al no enviarse el

mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales sobre la

fijación del estado electrónico.

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Alegó que en ningún momento está alegando la vulneración al debido

proceso por el hecho de no haberse enviado inserta la providencia

que se notifica en estados, sino la omisión del envío por mensaje de

datos a los sujetos procesales.

Aseveró que el a quo omitió analizar la prevalencia de la ley especial

sobre la general, pues si bien se transcribió apartes de la sentencia

C-420 de 2020 que estudió la constitucionalidad del artículo 9° del

Decreto Legislativo 806 de 2020, incorporado como ley permanente

a través de la Ley 2213 de 2022, en ella no se dispuso que dicha

disposición prevalecía sobre el CPACA.

Adujo que, si bien es cierto el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 que

regula la notificación por estado de las providencias, no previó la

obligación del envío del mensaje de datos al canal digital de los

sujetos procesales, no es posible concluir que dicha normativa haya

modificado o suprimido la forma de notificar los estados electrónicos

que establece el artículo 201 del CPACA, máxime cuando la

interpretación de las normas procesales debe garantizar los derechos

fundamentales de las partes.

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Refirió que el fallo de tutela5 mencionado por el a quo no puede ser

aplicado al caso concreto, pues el asunto que se estudió en dicha

oportunidad no tiene similitud con el asunto bajo examen, ya que lo

debatido en aquel proceso fue el numeral 2 del artículo 205 del

CPACA.

Así las cosas, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en

su lugar, acceder al amparo deprecado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, radicación 11001-03-15-000-2023-02936-00.

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones

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inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se notifique en debida forma las providencias de: i) 21 de junio

de 2024 dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 05001-33-33-001-2024-00028-00 y, ii) 21 de

junio de 2024 dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 05001-33-33-001-2024-00072-00; esto es, de

conformidad con el artículo 201 del CPACA, y se envíe mensaje de

datos al canal digital de los sujetos procesales de la notificación por

estados electrónicos.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción, al acceso a la administración de justicia y al principio

de confianza legítima, habida cuenta que, a juicio de la parte actora,

la autoridad judicial accionada omitió el deber legal de enviar

mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales sobre la

existencia de los estados electrónicos por medio de los cuales se

notificaron los autos de 21 de junio de 2024, de conformidad con el

artículo 201 del CPACA.

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Para lo anterior, la actora alegó que el JUZGADO incurrió en error al

aplicar el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022, pues la norma dispuesta

para el asunto es el artículo 201 de CPACA, el cual prevé la forma en

la que se debe realizar la notificación por estados electrónicos de

aquellos autos no sujetos al requisito de la notificación personal, en

el cual se indica las notificaciones por estado se fijaran virtualmente

con inserción de la providencia y se enviará mensaje de datos al canal

digital de los sujetos procesales.

Sumado a lo anterior, afirmó que se desconoció el auto de unificación

de 29 de noviembre de 20226, proferido por la Sala Plena del Consejo

de Estado, en el que se dejó claro que la notificación de los autos no

sujetos al requisito de notificación personal se notificara de

conformidad con lo dispuesto en el CPACA.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de septiembre de 2024,

denegó las pretensiones al considerar que la autoridad judicial

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 29 de noviembre
de 2022, radicación núm. 68001-23-33-000-2013-00735-02.

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accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados,

comoquiera que los autos de 21 de junio de 2024 fueron notificados

en debida forma.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos

expuestos en el escrito de tutela, esto es que, de conformidad con el

artículo 201 del CPACA, se debió enviar mensaje de datos al canal

digital de los sujetos procesales de la notificación electrónica de los

autos de 21 de junio de 2024.

En este punto es del caso advertir que, si bien es cierto la actora no

alegó de forma específica la existencia de defecto alguno, sus

inconformidades planteadas están encaminadas a demostrar que la

autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental

por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente,

razón por la cual, en virtud del principio de oficiosidad, el juez de

tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva la

solicitud de amparo, por lo que resulta procedente analizar el caso a

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partir de las aludidas causales de procedencia de la acción de tutela

contra providencia judicial.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados.

La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se

configuraron los defectos alegados; contra la decisión cuestionada

no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

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tutela se interpuso en un plazo razonable7, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente asunto cumple con los requisitos generales de

procedibilidad, la Sala hará mención del marco jurídico de los

defectos procedimental y desconocimiento del precedente, para

enseguida efectuar el estudio del fondo del asunto.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 8 lo

siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo
de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301.

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ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”9. De otra parte, se ha afirmado
que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e
irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para
la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus
actuaciones se convierten en una clara denegación de
justicia10. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no
favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el
acceso efectivo a la administración de justicia […]”.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional discurrió sobre el

particular en sentencia T-398 de 201711, en la cual consideró:

“[…] El segundo se llama defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, y se configura cuando“(…) un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia
del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen
en una denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial
incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
cuando “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un
medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii)
porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que
dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales”.

[…]

En esta medida, se puede entonces concluir que las formalidades

[9] “Sentencia T-327 de 2011”.
[10] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger-

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procesales son esenciales en los procesos judiciales para
garantizar el respeto de un debido proceso, a efectos de que las
personas puedan defender sus derechos conforme a un conjunto
de etapas y actos que lo que buscan es asegurar el
funcionamiento de la administración de justicia, la validez de las
actuaciones de las partes y la garantía de sus derechos. No
obstante, estas no se pueden convertir en fórmulas
sacramentales y rigurosas que sacrifiquen el goce efectivo de los
derechos subjetivos, pues el fin último del derecho procesal es
precisamente contribuir a la realización de la justicia material.
De hecho, cuando se aplican de manera taxativa las normas
procesales en desmedro del amparo de los derechos de las
personas, se configura un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales […]”

De acuerdo con la postura de la Sala, una de las causales de

procedibilidad de la acción de tutela por defecto procedimental es el

exceso ritual manifiesto, en el cual el juez hace nugatoria la

prevalencia del derecho sustancial, al aplicar de manera rigurosa el

derecho procesal, afectando el derecho fundamental de acceso a la

administración de justicia.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los jueces

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en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente12”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

12
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial13.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)14.

Caso concreto

En el asunto bajo examen la actora solicita el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al

acceso a la administración de justicia y al principio de confianza

13
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Ver sentencia T-292 de 2006.

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legítima, los cuales estima vulnerados por la indebida notificación de

los autos de 21 de junio de 2024, a través de los cuales se resolvieron

los recursos de reposición interpuestos contra los autos que libraron

mandamiento de pago en los procesos ejecutivos bajo los radicados

2024-00028-00 y 2024-00072-00.

A juicio de la accionante, el JUZGADO incurrió en el defecto

procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que el

artículo 201 del CPACA es claro en señalar que las notificaciones por

estado se fijaran virtualmente con inserción de la providencia y se

enviará mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales

informando de la existencia del mismo.

Así las cosas, la actora destacó que el JUZGADO al realizar la

notificación por estado de los autos de 21 de junio de 2024, omitió

el deber legal de enviar un mensaje de datos al canal digital dispuesto

para ello sobre la existencia del estado electrónico, tal y como lo

prevé la norma.

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Sumado a lo anterior, afirmó que se incurrió en desconocimiento del

precedente judicial del auto de unificación de 29 de noviembre de

202215, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el que

se dejó claro que la notificación de los autos no sujetos al requisito

de notificación personal se notificara de conformidad con lo dispuesto

en el CPACA.

Con el fin de analizar el contenido de las normas en cuestión, se hace

necesario transcribirlas a continuación.

El artículo 201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley

2080 de 2021, dispone:

“[…] Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no
sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por
medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea
bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se
hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:

1. La identificación del proceso.

2. Los nombres del demandante y el demandado.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 29 de noviembre
de 2022, radicación núm. 68001-23-33-000-2013-00735-02.

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3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama
Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante
el respectivo día.

Inciso modificado por el art. 50, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto
es el siguiente> Las notificaciones por estado se fijarán
virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con
firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se
conservará un archivo disponible para la consulta permanente en
línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10)
años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos
electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados
[…]”.

Por su parte, el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022, prevé:

“[…] ARTÍCULO 9. Notificación por estado y traslados. Las
notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de
la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el
secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia
respectiva.

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las
providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a

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menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar
sujetas a reserva legal.

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse
por fuera de audiencia.

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán
en línea para consulta permanente por cualquier interesado […]”.

De lo anterior es dable inferir que mientras el artículo 201 del CPACA

dispone que cuando una providencia deba ser notificada por estado,

dicha actuación será enviada por mensaje de datos al canal digital

de los sujetos procesales, el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 no

previó tal exigencia, por lo que bastaba fijar el estado virtualmente,

con inserción de la providencia.

Sobre el particular, la Sala pone de relieve que el artículo 9° de la

Ley 2213 de 2022 es complementario y debe leerse en armonía con

lo dispuesto en el artículo 201 del CPACA, por ser esta última la

norma especial, de tal forma que no es acertado afirmar que la

mencionada disposición haya derogado el estatuto procesal de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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Para el efecto, es del caso traer a colación el parágrafo 2 del artículo

1° de la Ley 2213 de 2022, el cual establece lo siguiente:

“[…] PARÁGRAFO 2. Las disposiciones de la presente ley se
entienden complementarias a las normas contenidas en los códigos
procesales propios de cada jurisdicción y especialidad […]”
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que con el fin de lograr una

interpretación adecuada y armónica del régimen jurídico aplicable a

las notificaciones por estado prevista en la Ley 2213 de 2022, era

necesario complementar su aplicación con lo dispuesto en la norma

especial que para el caso era el CPACA, por lo que le asiste razón a

la actora al asegurar que no bastaba con realizar la fijación del estado

en el aplicativo SAMAI.

En efecto, al ser la notificación de los autos de 21 de junio de 2024

una actuación surtida dentro de un proceso Contencioso

Administrativo, se debía fijar un estado virtual, en cumplimiento de

lo previsto en el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 y, además,

enviarse un mensaje de datos al correo electrónico de los sujetos

procesales, conforme el artículo 201 del CPACA.

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Tal criterio ha sido adoptado por esta Sala de decisión en otras

oportunidades, entre ellas, en sentencia de 1o. de febrero de 202416,

por medio de la cual, en un caso similar al presente, se ampararon

los derechos fundamentales de la parte actora y, en consecuencia,

se ordenó realizar la notificación, conforme lo dispuesto en el artículo

201 del CPACA, y su complementario, el Decreto 806 de 2020, para

lo cual se consideró lo siguiente:

“[…] Ello es así, pues con la expedición del Decreto Legislativo 806
de 2020, precisamente se buscaba que el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones dote al usuario del servicio de
administración de justicia de herramientas que permitan el acceso
a los medios para el conocimiento de las providencias que se
emiten en los asuntos de su interés sin que implique el nivel de
búsqueda en las plataformas y menos aún la comparecencia a las
instalaciones de los despachos judiciales, sobre todo por el
contexto en el que se encontraba el mundo enfrentando una
pandemia que impedía, en muchos casos incluso, el acceso a la
tecnología.

Así las cosas, lo que observa la Sala es que la interpretación
realizada por las autoridades demandadas es consecuencia de un
apego excesivo e irrestricto de lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto 806 de 2020, que no solo da al traste con el carácter
complementario y no derogatorio de esa ley, sino que se transluce
de su aplicación un obstáculo para el ciudadano al limitar el
conocimiento de las decisiones judiciales que son de su interés e
implica el desconocimiento de los principios de publicidad y más

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Fallo de tutela de 1o. de
febrero de 2024. Identificado con número único de radicación 11001 03 15 000 2023 04676 01. M.P.
Oswaldo Giraldo López.

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aún en la denegación de justicia […]”. (Destacado del texto
original)

En ese mismo sentido, en auto de 19 de noviembre de 202017, la

Sala al resolver un recurso de reposición por indebida notificación de

una providencia, consideró:

“[…] Sin perjuicio de lo explicado en precedencia, cabe señalar que
la notificación del auto de 31 de agosto de 2020 se surtió en debida
forma, atendiendo lo establecido en el artículo 20118 del CPACA, en
concordancia con el artículo 9º19 del Decreto 806 de 4 de junio de

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 19 de noviembre
de 2020. Proceso identificado con número de radicación 25000-23-41-000-2018-00597-01. C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
18
ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en
línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la
fecha del auto y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de
medio notificador durante el respectivo día.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la
providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección
electrónica.
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la
consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la
consulta de los estados.
19
Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán
virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el
secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.
No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares
o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva
legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente
por cualquier interesado.
Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los
demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del
traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío
del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.

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202020, pues además de que se realizó la fijación del estado
electrónico el 9 de octubre de 2020, -como se advierte en el
Sistema de Gestión Judicial y en las páginas web de consulta de
procesos, tanto de la Rama Judicial como del propio Consejo de
Estado-21, el día 6 de octubre de 2020, la Secretaría de la Sección
le envió a la parte actora el respectivo mensaje de datos (correo)
con la providencia adjunta a la dirección electrónica
servsolucionesop@hotmail.com, tal como obra en la constancia
visible a folio 49 […]”.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que no le asistió razón al

JUZGADO al omitir el envío del mensaje de datos al correo

proporcionado por las partes de la fijación de los estados virtuales

por medio de los cuales se notificó las decisiones de 21 de junio de

2024 en los procesos ejecutivos bajo los radicados 2024-00028-00

y 2024-00072-00, por realizar un apego excesivo y restrictivo de lo

dispuesto en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020, lo cual no solo

socava el carácter complementario de dicha ley, sino que también

crea barreras para que los ciudadanos accedan a información sobre

decisiones judiciales relevantes para ellos.

20
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”
21
En la cual se puede descargar directamente el auto, a través de la ruta “servicios en línea” – “consulta
de estados”.

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Tal situación creada por el JUZGADO contraviene principios

fundamentales como la publicidad y puede llevar a la denegación de

justicia, limitando así el derecho de los ciudadanos a estar

informados sobre asuntos judiciales que les conciernen, teniendo en

cuenta que no resulta cierto afirmar que el artículo 9° de la Ley 2213

de 2022, busca eliminar el deber de enviar el mensaje de datos

informando la notificación por estado.

En ese mismo orden de ideas, en auto de unificación jurisprudencial

del 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo radicado interno (68177), se señaló que,

si bien el envío del mensaje de datos al canal digital de las partes no

implica una notificación personal o por medios electrónicos, el mismo

comunica a las partes acerca de la anotación del estado sin que

implique su notificación, tal como se observa de los siguientes

apartes trascritos:

“[…] Debe precisarse que la notificación por estado no puede
asimilarse a una notificación electrónica, pues si bien el precitado
artículo 201 dispone que se enviará un mensaje de datos al canal
digital de los sujetos procesales, tal actuación se limita a comunicar
a las partes sobre la existencia de la notificación por estado, pues

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la providencia se encuentra inserta en el estado fijado virtualmente
en la página web de la autoridad judicial.

Lo anterior incide en la contabilización de los respectivos términos
procesales, pues los mismos empezarán a correr al día hábil
siguiente a la desfijación del estado […]”

En cuanto a la vulneración del derecho fundamental al debido

proceso por indebida notificación de las actuaciones surtidas dentro

de un proceso, la Corte Constitucional22 ha discurrido sobre el

particular así:

“[…] En síntesis, conforme con lo establecido por la jurisprudencia
de esta Corporación, la indebida notificación viola el debido
proceso y, cuando es consecuencia de la conducta omisiva de la
autoridad, es un defecto procedimental absoluto porque: (i)
concurre cuando el juez actúa inobservando el procedimiento
establecido en la ley; (ii) se entiende como un defecto de
naturaleza calificada que requiere para su configuración que el
operador jurídico haya desatendido el procedimiento establecido
por la norma; y, además, (iii) implica una evidente vulneración al
debido proceso del accionante.

Lo anterior, puesto que desconocer las etapas procesales
establecidas por la ley, ya sea porque prescinde de ellas en el
proceso o porque la forma de aplicación del procedimiento se
convierte en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial,
implica que las fases de contradicción y defensa pueden ser
incumplidas y así los derechos de las partes son desconocidos y
vulnerados. […]”.

22
Sentencia T-276 de 31 de julio de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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De lo anteriormente expuesto es posible concluir que la autoridad

judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso

ritual manifiesto, pues las formalidades y procedimientos

establecidos en la notificación de las providencias de 21 de junio de

2024 obstaculizaron el acceso efectivo a la administración de justicia

de la parte actora.

En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión del a quo que

denegó el amparo solicitado y, en su lugar, concederá el amparo de

los derechos deprecados y, en consecuencia, declarará la nulidad de

todo lo actuado desde la notificación de los autos de 21 de junio de

2024 en los procesos ejecutivos bajo los radicados 2024-00028-00 y

2024-00072-00 y ordenará al JUZGADO que en el término de dos

(2) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice

la notificación en debida forma, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia, de 10 de septiembre de 2024, que

denegó la solicitud de amparo y, en su lugar, AMPARAR los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción y al

acceso a la administración de justicia de la E.S.E. HOSPITAL

GENERAL DE MEDELLÍN, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado

desde la notificación de los autos de: i) 21 de junio de 2024 dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

05001-33-33-001-2024-00028-00 y, ii) 21 de junio de 2024 dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

05001-33-33-001-2024-00072-00 y, ORDENAR al JUZGADO

PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN que en el término de dos (2) días, contados a partir de

la notificación de esta sentencia, realice la notificación en debida

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forma, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de

esta providencia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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