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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01118-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01118-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 24 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava amparó los derechos fundamentales de la señora Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa. 3 Corte Constitucional, T-349 de 2013. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 05001-23-33-000-2024-01118-01 SEGUNDO: En su lugar, declárase la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de tutela. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01118-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de octubre de 2024

Demandante: Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2024-01118-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2024-01118-01
Demandante: INGRITH LORENA VERDUGO PASACHOA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Temas: Tutela por falta de pago oportuno de salarios. Carencia actual
de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 24 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava, amparó los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna de la señora Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa, en
contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia
(en adelante DESAJ), con el fin de obtener el amparo de los sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por parte de las
entidades accionadas con ocasión de la omisión de pagarle de manera oportuna
el salario correspondiente al mes de agosto del presente año.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante solicitó:

PRIMERO: TUTELESE los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
en condiciones dignas vulnerados al no realizar el pago de mi salario del mes
de agosto del 2024.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2024-01118-01

SEGFUNDO: Respetuosamente solicito la protección rápida y eficaz de mis
derechos fundamentales anteriormente mencionados.
TERCERO: Solicito que el despacho ordene a DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓNJUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA – CHOCÓ Y AL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ASUNTOS LABORALES
NOMINA 02 - ANTIOQUIA – MEDELLÍN que efectué el pago del salario
correspondiente al mes de AGOSTO 2024, de manera inmediata.1

1.3. Hechos

De escrito de demanda se extraen como hechos jurídicamente relevantes, los
siguientes:

La señora Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa empezó a trabajar como oficial mayor
en el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, a
partir del 24 de julio del año en curso. Fecha desde la cual, envió el formato de
novedades a la oficina de asuntos laborales. El 31 de julio recibió el pago de la
nómina del mes de julio, con los días laborados del 24 al 31 de julio, que laboró
en ese cargo.

Continuó trabajando de manera ininterrumpida, sin que presentara alguna
situación administrativa. El jueves 28 de agosto la DESAJ consignó el salario a
sus compañeros, pero a ella no le hicieron pago alguno. El 2 de septiembre al ver
que su sueldo no fue consignado, envió una petición a la oficina de asuntos
laborales, con la cual, solicitó información sobre la nómina del mes de agosto.

Mediante oficio del 3 de septiembre de 2024, la oficina de asuntos laborales le
indicó que, debido a la congestión que tenían en el correo, no se percataron de
su nombramiento, que el despacho judicial les envió desde el 24 de julio y
tampoco observaron el correo que ella envió el lunes 2 de septiembre siguiente.

Explicaron que su petición solo fue revisada luego de cerrar todas las novedades
del mes, motivo por el cual, el pago se vería reflejado cuando se pagara el mes
de septiembre.

1.4. Sustento de la petición

La tutelante argumentó que su correo no fue revisado por un motivo de descuido
interno de la oficina de nómina, por lo que consideró que no es una justificación
válida.

Sostuvo que la falta de pago de su salario en la fecha oportuna le genera un grave
perjuicio y trasgrede sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas, toda vez que no tendría con que pagar la alimentación,
vivienda, transporte y demás gastos básicos, puesto que el salario es el único
ingreso y fuente de subsistencia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1
Copiado del texto original con posibles errores.

2

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Mediante auto del 13 de septiembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Consejo
Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia.

Se presentó la siguiente intervención:

1.5.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en su
respuesta, admitió que hubo un retraso en el pago, pero argumentó que este se
debió a un error involuntario en la liquidación de la nómina, originado por la
omisión de una novedad en el sistema. Señaló que la accionante fue notificada
telefónicamente sobre el error el 3 de agosto de 2024, y que el pago se efectuará
junto con la nómina de septiembre siguiente, ya que, para la fecha del reclamo, la
nómina de agosto se encontraba cerrada. Además, informó que se publica
anticipadamente una pre-nómina para que los empleados puedan detectar
posibles errores, algo que la accionante no hizo.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava, consideró que la tutela era
el medio adecuado para proteger los derechos fundamentales de la accionante,
dado que no existen otros medios eficaces de protección.

Señaló que la entidad no desvirtuó la presunción de afectación del mínimo vital,
al no proporcionar argumentos suficientes para justificar la falta de pago
adecuado.

Explicó que la actora demostró depender exclusivamente de su salario y, que el
error, aunque involuntario, resultó en una afectación significativa a su
subsistencia. Además, la falta de pago oportuno generó incertidumbre en la
satisfacción de las necesidades básicas de la servidora.

Concluyó que el incumplimiento en el pago del salario de agosto vulneró los
derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital y a la vida digna y ordenó
el pago inmediato del salario de agosto y la notificación del cumplimiento de esta
orden.

1.7. Impugnación

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
argumentó que, si bien hubo un retraso en el salario de agosto, debido a un error
involuntario en la liquidación de la nómina, el pago se realizó el 26 de septiembre
de 2024, junto con la nómina general de ese mes, tal como se había informado
previamente. Adjuntó como prueba una orden de pago presupuestal.

Sostuvo que, para la fecha del reclamo por la falta de pago (2 de septiembre), la
nómina de agosto se encontraba cerrada.

3

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Argumentó que la situación se encuentra superada, dado que el pago se efectuó
antes de la impugnación, lo que produjo un hecho superado, dado que la
vulneración de los derechos fundamentales cesó antes de la decisión final, lo que
implica que la acción perdió su objeto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala verificar si en este caso se configura una carencia actual
de objeto por hecho superado como lo alegó la entidad demandada o si la
vulneración que alegó la demandante a sus garantías fundamentales continua
vigente.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela; (ii) alusión a la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, y (iii) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.4. Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado2

La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de
amparo se extingue o «ha cesado» y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez
de tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario,
dado que «no tendría efecto alguno» o «caería en el vacío».

2
Sentencia T.070 de 2022.

4

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Dicho fenómeno puede configurarse en tres hipótesis:

(i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando se ha perfeccionado la
afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es
factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la
situación; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la inocuidad de las pretensiones y que no tiene origen
en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela;
y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la pretensión contenida en la
acción de tutela se satisfizo por completo por un acto voluntario del
responsable.

En todo caso, la corporación ha aclarado que el hecho superado se configura
cuando la satisfacción del derecho parte de «una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado», por razones ajenas a la intervención
del juez constitucional y que el cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces
de instancia no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.

2.5. Estudio del caso concreto

La accionante acudió a la acción de tutela, con el fin de reclamar el pago del
salario correspondiente al mes de agosto de 2024, dado que este es su único
sustento, y la falta de pago le impedía cubrir sus necesidades básicas. Consideró
que la justificación ofrecida por la oficina de asuntos laborales era insuficiente
para explicar la omisión.

La accionante alegó que esta falta de diligencia y la subsecuente falta de pago
constituían una negligencia grave por parte de la entidad demandada, que le
generó una situación de vulnerabilidad que comprometía directamente sus
derechos fundamentales al mínimo vital y a una vida digna.

Por lo tanto, solicitó al juez el pago inmediato de su salario de agosto, la protección
efectiva de sus derechos fundamentales y una respuesta ágil y eficaz por parte
de la accionada. La solicitud incluía como evidencia, el Acta de posesión, la
resolución de nombramiento y el comprobante del envío de la novedad.

Revisado el expediente se advierte que, la accionante elevó una petición ante la
entidad accionada, el día 2 de septiembre de 2024. En la que colocó de presente
la novedad presentada. Al día siguiente, la dependencia encargada le contestó
indicándole lo siguiente:

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Como se observa, la DESAJ Medellín le informó a la accionante, que la falta de
consignación del salario correspondiente al mes de agosto obedeció a errores
involuntarios, y que estos fueron corregidos en la nómina del mes siguiente, en la
que aparece la liquidación del sueldo de ambos meses. Sin embargo, señaló que,
por situaciones presupuestales, el pago no podía efectuarse de manera
inmediata, sino que debía realizarse cuando se consignaran los emolumentos del
mes de septiembre. Acompañó esta respuesta con una imagen de la nómina
actualizada que se publicaría el 26 de septiembre, fecha en que también haría
efectivo el pago. Esta postura fue reiterada en el informe rendido con ocasión de
la presente accion.

En el trámite del mecanismo constitucional, la entidad indicó que el pago del
salario a la accionante se efectuó el 26 de septiembre del presente año, para
acreditarlo aportó la orden de pago presupuestal número 341238824.

Para determinar si en el presente caso se produce una vulneración de los
derechos fundamentales del accionante o, si esta tuvo lugar, pero ya cesó con la
actuación de la DEAJ - Medellín, es pertinente indicar que, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, la falta de pago puntual y completo del salario,
imposibilitan al trabajador atender sus necesidades básicas de carácter personal
y familiar lo que implica la violación del mínimo vital.

La relación entre la falta de pago de manera oportuna y la vulneración al mínimo
vital, se presenta cuando ocurren los siguientes supuestos:

1) Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador que por
su parte ha cumplido con sus obligaciones laborales.

2) Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona. Esto
se presume cuando:

a) El incumplimiento es prolongado o indefinido. La falta de satisfacción de
este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación del mínimo
vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para que
proceda la acción de tutela.

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b) El incumplimiento es superior a dos meses, salvo que la persona reciba
como contraprestación a su trabajo un salario mínimo.

3) La presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada por el
demandado o por el juez, mientras que al demandante le basta alegar y
probar siquiera sumariamente que el incumplimiento salarial lo coloca en
situación crítica, dada la carencia de otros ingresos o recursos diferentes al
salario que le permitan asegurar su subsistencia.

4) Argumentos económicos, presupuestales o financieros no son razones
que justifiquen el incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al
trabajador. Lo anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en
cuenta al momento de impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente
a que se consigan los recursos necesarios para hacer efectivo el pago.3

En este escenario, es claro que se produjo una amenaza al derecho al mínimo
vital de la accionante, que tuvo lugar por la omisión de la entidad encargada de
los asuntos laborales de pagarle el salario del mes en la fecha programada, lo
que puso en peligro su subsistencia y el acceso a los bienes y servicios que
garantizan la vida en condiciones de dignidad, situación que se presume porque
así lo afirmó la actora y la entidad accionada no aportó prueba siguiera sumaria
que permitiera desvirtuar esta presunción.

No obstante lo anterior, dicha omisión no se prolongó por más de 30 días, puesto
que, en la nómina del mes siguiente se incluyó a la accionante y, el día 26 de
septiembre del presente año, la entidad pagó el salario adeudado más el que
correspondía a ese mes laborado.

Pese a que el pago se produjo en el término de ejecutoria de la sentencia de
primera instancia (24 de septiembre de 2024), no podría decirse que se realizó en
cumplimiento de la orden de tutela, pues ya la entidad había informado que estaba
programado para esa fecha, por temas presupuestales, y se hizo efectivo el día
indicado.

De acuerdo con lo expuesto, actualmente se presenta una carencia de objeto por
hecho superado, puesto que, la situación que amenazaba los derechos
fundamentales de la actora cesó durante el trámite de la acción amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 24 de septiembre de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava amparó los derechos
fundamentales de la señora Ingrith Lorena Verdugo Pasachoa.

3 Corte Constitucional, T-349 de 2013.

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Radicado: 05001-23-33-000-2024-01118-01

SEGUNDO: En su lugar, declárase la carencia actual de objeto por hecho
superado de la presente acción de tutela.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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