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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05179-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05179-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por la señora Diana Patricia Giraldo Palacio. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05179-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de septiembre de 2025

Demandante: Diana Patricia Giraldo Palacio
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05179-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05179-00
Demandante: DIANA PATRICIA GIRALDO PALACIO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición. Carencia
de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Diana Patricia Giraldo Palacio, por medio de apoderado, presentó
acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, DEAJ con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

Estimó quebrantadas tales garantías, porque no se ha dado respuesta de fondo
a la solicitud presentada el 22 de julio de 2025, en la cual requirió información
sobre el estado del trámite de cumplimiento de una sentencia en la que se ordenó
el pago de unas acreencias laborales a su favor.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:

Que dentro de un término perentorio e improrrogable resuelva de manera
definitiva, de fondo y en forma congruente la solicitud radicada el día 22 de julio
de 2025, esto es, la solicitud formal de cumplimiento de una sentencia judicial
de carácter laboral, para que se informe sobre la expedición del acto
administrativo correspondiente y el turno de pago asignado.2

1 Índice 2 Samai. Mediante escrito radicado el 21 de agosto de 2025, certificado
32C8A38196C5610C 66BE0D1D91CA2DE0 F467B51F58B276DB 300D46DB2636B657.
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diana Patricia Giraldo Palacio
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05179-00

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La accionante indicó que, mediante escrito radicado el 22 de julio de 2025 a
través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos
Oficiales (SIGOBIUS), solicitó información sobre el trámite para el pago de la
sentencia judicial del 16 de noviembre de 2021 dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-751-2015-00092-01,
que ordenó el pago de derechos laborales a su favor.

Advirtió que, adicionalmente, con el requerimiento anterior solicitó certificar la
fecha cierta o estimada para la expedición del acto administrativo que
contemplara el acatamiento de la sentencia y el correspondiente turno para su
pago material.

Manifestó que, posteriormente, por requerimiento de la entidad complementó la
documentación, mediante el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo
de Documentos Oficiales SIGOBIUS, con radicado EXTDEAJ25-34492.

1.4. Sustento de la vulneración

Aseguró que, hasta la fecha, pese a la relevancia y naturaleza de la solicitud, no
ha recibido respuesta de fondo y en forma definitiva, por lo que no conoce el
estado del trámite para el acatamiento de la sentencia.

Sostuvo que las entidades accionadas han impedido conocer a ciencia cierta el
estado del trámite para el acatamiento de la sentencia, esto es, los trámites
operativos y administrativos agotados, así como los pendientes.

Afirmó que existe una ostensible violación al derecho de petición, comoquiera
que no se ha resuelto de fondo la solicitud dentro de los términos legales, por lo
que es perfectamente procedente esta acción porque no se ha dado respuesta
oportuna a la solicitud realizada respetuosamente a una entidad pública con
plena competencia para resolverla.

Indicó que la presente acción de tutela no versa sobre el contenido económico
de la sentencia pendiente de ser acatada por la entidad accionada, sino que lo
pretendido es que se responda de fondo y de manera definitiva sobre el
procedimiento formal y oficioso para acatamiento de esta, así como respecto de
la expedición del acto administrativo correspondiente.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 21 de agosto de 2025, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira remitió el expediente de la referencia al Consejo de Estado,
al considerar que esta corporación o la Corte Suprema de Justicia, según las
reglas de reparto, debían conocer de la presente acción de tutela, por ser
promovida por un funcionario judicial, esto es, una juez del circuito.

2

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Sometido a nuevo reparto, por medio del auto de 26 de agosto de 2025 se
admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
DEAJ.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, DEAJ

Informó que, mediante correo electrónico del 1° de septiembre de la presente
anualidad, el Grupo de Sentencias de esa dirección emitió respuesta a la petición
del 22 de julio de 2025, con radicado EXTDEAJ25-41143.

Por lo anterior, solicitó analizar si la presunta vulneración de los derechos
fundamentales persistía o si, por el contrario, la pretensión planteada
desapareció al configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura

Señaló que dicha corporación es el órgano de gobierno y de administración de
la Rama Judicial, razón por la cual ejerce funciones netamente administrativas,
sujetas al marco normativo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de
1996.

Indicó que el legislador previó atribuciones propias que han sido
desconcentradas en diferentes órganos, como los Consejos Seccionales de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial junto con sus
seccionales, quienes ejercen sus funciones de manera independiente, bajo los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

Afirmó que, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, indica que quien debe dar
cumplimiento al fallo es aquella autoridad que sea responsable de la vulneración
del derecho fundamental que está siendo tutelado, es decir, será responsable
quien tenga la atribución legal para hacerlo, conforme a las funciones que le sean
encomendadas.

Destacó que el Grupo de Sentencias se encuentra adscrito a la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en virtud
del artículo 98 de la Ley 270 de 1996, el cual señala que «de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación,
Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las demás que cree el Consejo
conforme a las necesidades del servicio».

Indicó que según el Acuerdo PCSJA20-11603 es el Grupo de Sentencias de la
Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
la competente para dar respuesta al presente trámite constitucional.

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Manifestó que la petición de la tutelante fue radicada bajo el consecutivo
EXTDEAJ25-34492 en el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de
Documentos Oficiales, SIGOBIUS y al consultarse se logra establecer que en
efecto se encuentra en conocimiento del Grupo de Sentencias de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Por lo
anterior, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva, y solicitó ser
desvinculada del presente trámite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión Previa

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación de esta acción de
amparo por considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva y en esa
medida, no ha vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante, petición
que la Sala denegará pues su comparecencia al proceso de tutela se realizó en
calidad de demandado y, por ende, su vinculación era necesaria para garantizar
su derecho de defensa y contradicción y, de paso, dilucidar los hechos materia
de controversia como posible responsable de la vulneración alegada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si en este caso se configura una carencia actual
de objeto por hecho superado o si la vulneración que alegó la demandante a sus
garantías fundamentales está vigente y se produce por la actuación u omisión
de las entidades demandadas al no dar respuesta a su petición.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de
la acción de tutela, reiteración; (ii) la figura de la carencia actual de objeto, por
hecho superado y, (iii) el fondo del asunto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela. Reiteración3

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisión del 24 de octubre de 2024,

expediente n.º 05001-23-33-000-2024-01118-01 y del 13 de febrero de 2025, expediente n.º
11001-03-15-000-2025-00158-00.

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Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que
se alega amenazado o vulnerado.

2.5. Protección constitucional y legal al derecho fundamental de petición.
Reiteración4

El artículo 23 de la Constitución Política dispuso que el derecho fundamental de
petición, es la garantía que se le otorga a toda persona para formular peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta y efectiva respuesta, no necesariamente en forma favorable a la
petición.

La Corte Constitucional ha fijado los presupuestos mínimos de protección al
derecho fundamental de petición, en los siguientes términos:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser
puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones
privadas cuando la ley así lo determine.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general,
se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad
o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o
la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, decisiones del 13

de junio y 19 de septiembre de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024-02387-00 y 11001-03-15-000-
2024-04543-00.

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dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada
por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta5.

La alta Corporación también indicó que el alcance de la protección a este
derecho está compuesto por los siguientes aspectos, que satisfacen
completamente su efectividad:

• La pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública,
que deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que
se entienda que ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente.

• La notificación de la respuesta.

De otra parte, La Ley Estatutaria del Derecho de Petición, estableció los plazos
para dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante las
autoridades oficiales y los particulares, de la siguiente forma:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

2.6. Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado6

La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de

5 Corte Constitucional sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994, T-377 de 2000, entre otras.
6 Corte Constitucional, Sentencia T.070 del 24 de febrero de 2022, exp. T-8.363.700.

6

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amparo se extingue o «ha cesado» y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez
de tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario,
dado que «no tendría efecto alguno» o «caería en el vacío».

Dicho fenómeno puede configurarse en tres hipótesis:

(i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando se ha perfeccionado la afectación
que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez
de tutela dé una orden para retrotraer la situación; (ii) hecho sobreviniente, el cual
se presenta cuando acaece una situación que acarrea la inocuidad de las
pretensiones y que no tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro
del trámite de tutela; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la pretensión
contenida en la acción de tutela se satisfizo por completo por un acto voluntario
del responsable.

En todo caso, la corporación ha aclarado que el hecho superado se configura
cuando la satisfacción del derecho parte de «una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado», por razones ajenas a la intervención
del juez constitucional y que el cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces
de instancia no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.

2.7. Caso concreto

En el presente caso, la tutelante cuestiona la presunta falta de respuesta a la
solicitud realizada el 22 de julio de 2025 de la presente anualidad, en la cual
requirió que se le «certificara el estado actual del procedimiento oficioso previsto
en el Decreto 1346 de 2016, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del 16
de noviembre de 2021 de la Sala de Decisión de Conjueces del Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda».

La decisión citada, según la accionante, resolvió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-751-2015-00092-01,
mediante la cual se condenó a la Rama Judicial al pago de la diferencia de todos
los conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir entre el 1º de
noviembre de 2011 hasta el 31 de julio de 2014 en el cargo de juez del circuito.

En su criterio, esta omisión afecta sus derechos fundamentales de petición y al
debido proceso, pues no ha recibido una respuesta de fondo dentro de los
términos que ha preceptuado la normativa, lo que impide conocer a ciencia cierta
el estado del trámite para el acatamiento de la sentencia.

Ahora bien, en este caso se encuentra demostrado que el apoderado de la
señora Giraldo Palacio remitió la petición, por medio del el Sistema de Gestión
de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales SIGOBIUS, el 22 de julio
de la presente anualidad y que ese sistema le confirmó el recibo de dicha
solicitud, al correo electrónico: cristiandavidcortesmerchan@gmail.com, con el
código de documento EXTDEAJ25-41143, como se advierte a continuación:

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Durante el trámite de la presente acción, el Grupo de Sentencias adscrito a la
Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
respondió la petición de la señora Giraldo Palacio, mediante correo electrónico
del 1° de septiembre de esta anualidad, como a continuación se advierte:

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Por medio de esta respuesta, el Grupo de Sentencias de la DEAJ, le informó a
la tutelante que la cuenta de cobro de la sentencia fue radicada el 16 de junio de
2025 y que se le había asignado el número de expediente administrativo 20400.
Además, dicho grupo le aclaró a la señora Giraldo Palacio que la fecha de turno
no solo determinaba el día de radicación de la solicitud de pago, sino que
también situaba la obligación en un contexto temporal específico para su
cumplimiento. También, le informó que, actualmente, la entidad se encuentra en
el proceso de análisis y liquidación de las solicitudes de pago de las providencias
judiciales debidamente ejecutoriadas, que fueron radicadas en los meses de
agosto y octubre de 2021.

Frente a la solicitud de informar la fecha en la que se adoptará el pago de la
obligación, se le comunicó que, actualmente, tenían alrededor de 14.953
providencias judiciales pendientes de pago y que, de acuerdo con el
procedimiento para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones en contra de
la Rama Judicial, la liquidación se efectuaba al momento en que llegaba el turno
de pago, liquidación que, se incorporaba en la parte considerativa del acto que
ordenaba el cumplimiento.

Adicionalmente, le indicó que la DEAJ liquidaba y pagaba las obligaciones
judiciales respetando el derecho de turno de cada uno de los beneficiarios, por

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lo que era su deber respetar el derecho de los beneficiarios que lo antecedían y
no podía realizar liquidaciones con fechas posteriores, ni de forma prioritaria, por
lo que tenía, en este caso, como fecha estimada de pago aproximadamente un
plazo de cuarenta y cuatro meses.

Finalmente, le manifestó que, a la fecha, no existía acto administrativo con la
liquidación y orden de pago a favor de la accionante pues, por turno no le
correspondía aún el análisis, liquidación y pago referenciado.

En esa medida, la pretensión de la tutela se satisfizo con la respuesta del Grupo
de Sentencias de la DEAJ, por lo que se torna innecesaria la intervención del
juez constitucional, como sucede en este caso y actualmente se presenta una
carencia de objeto por hecho superado, según lo indicado por la Corte
Constitucional, en la Sentencia T.070 de 2022.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela promovida por la señora Diana Patricia Giraldo Palacio.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

10

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«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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